Hotesur-Los Sauces es un caso que vuelve a quedar en etapa de juicio, pero que lejos está de llevarse adelante en lo inmediato y aún no se tiene certeza sobre cuándo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, eventualmente podrá estar en el banquillo de los acusados junto a su hijo, Máximo, ante sospechas de lavado de dinero y otros delitos.

Tras el fallo de Casación que ordenó realizar el juicio, pues se había dictado el sobreseimiento de los más de veinte implicados sin hacer una audiencia, todavía queda un largo camino.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

La titular del Senado y los demás implicados tiene dos caminos: hacerlo por la vía normal mediante un recurso extraordinario que debe conceder el propio Tribunal o bien “en queja” ante la Corte si aquel no lo concede.

Es decir, en el caso de que la vicepresidenta o cualquiera de los otros implicados apele, llegará a la Corte y ahí no hay plazos para que el máximo tribunal resuelva. Eso llevará su tiempo.

En paralelo, el Tribunal Oral 5, que había sobreseído a los implicados con la firma de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, ya no será el mismo, porque como ambos ya opinaron que no hay delito sin hacer juicio, serán otros magistrados quienes intervengan.

Sólo quedará la jueza Adriana Palliotti, quien nunca opinó sobre el fondo del asunto.

Por ello, habrá todo un proceso para integrar el Tribunal y los nuevos integrantes también quedarán sujetos a posibles recusaciones o planteos de las partes. La integración es probable se haga una vez que haya fallo de la Corte Suprema, con lo cual no será en lo inmediato.

Además, el Tribunal Oral antes del arranque del juicio tiene pendiente la realización de algunos peritajes en esta causa en la que se sospecha de Cristina y Máximo Kirchner y los demás acusados de haber estado involucrados en maniobras de lavado de dinero.

Qué dicen los fiscales

Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar argumentan que las sociedades Hotesur y Los Sauces funcionaron como una “pantalla” para llevar adelante contratos “simulados” y así recibir dinero de privados a quienes la entonces presidenta, Cristina Kirchner, habría beneficiado con licitaciones durante su gestión.

Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenían con el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.

En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la “Ruta del Dinero K” a diez años de prisión, a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el Gobierno de Cristina Kirchner.

Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado.

Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.

También la acusación de los fiscales apunta a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López.

Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.

Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y el caso Vialidad.

La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados, algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.

Antecedentes del caso

Hotesur-Los Sauces es un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner atravesó hasta ahora un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Con información de NA.

IG

El interbloque de senadores del Frente de Todos resignó sus chances de lograr quórum para la sesión de este jueves para tratar 75 pliegos que incluyen el de la jueza Ana María Figueroa, magistrada de la Cámara Federal de Casación y una de los tres jueces a cargo de la revisión de la causa Hotesur, en la que deben decidir si confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. En caso de no aprobar en la Cámara Alta su continuidad en el cargo, deberá jubilarse dado que el próximo miércoles 9 de agosto cumple 75 años, edad máxima para ejercer según la Constitución Nacional.

La salida de Figueroa del máximo tribunal penal de país perjudica a CFK, ya que Figueroa ha votado en coincidencia con los pedidos de su defensa y sostiene que en los tribunales se practicó el lawfare o “guerra mediático-judicial” contra la expresidenta.

Con la próxima sesión frustrada, ahora el oficialismo buscará conseguir el senador número 37, necesario para lograr el quórum y aprobar la permanencia por cinco años de Figueroa, quien debe decidir junto a sus colegas si confirma los sobreseimientos del a causa de lavado de activos o si ordena la realización del también frustrado juicio oral. La tarea del Frente de Todos se vuelve incluso más compleja luego de que el senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, se negara a tratar la designación de nuevos jueces hasta después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

A esta situación se suma la decisión del legislador entrerriano Edgardo Kueider, de Unión Federal (ex Frente de Todos), de condicionar su apoyo a la aprobación de un proyecto en pos de aliviar la tarifa del servicio eléctrico. Dicha iniciativa fue tratada este miércoles en la comisión de Minería, Energía y Combustible presidida por Rubén Uñac y alcanzó dictamen con la firma de senadores oficialistas.

En este marco, Kueider debería acompañar al bloque del Frente de Todos en la sesión de la semana próxima, pero, de todos modos, todavía restaría hallar un legislador adicional para garantizar quórum. Ante la postura de Weretilneck, quienes apoyan a la vicepresidenta podrían intentar persuadir al correntino Carlos “Camau” Espínola, cercano al precandidato presidencial de “Hacemos por nuestro país” y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Con información de agencias.

El senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que no acompañará ninguna sesión que busque designar jueces antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esta decisión, deja sin quórum al bloque oficialista que quiere aprobar 75 pliegues judiciales, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa.

Se trata de la presidenta de la Cámara de la Casación Penal y miembro de la sala del tribunal que trabaja sobre la causa Hotesur-Los Sauces, en la que están involucrados la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero. En este marco, deberá definir si la causa se mantiene cerrada o si, por el contrario, avanza a una instancia de juicio oral y público.

Por este motivo, la ex mandataria quiere que, pese a que la magistrada debería jubilarse el 9 de agosto, se extienda su permanencia en el cargo por cinco años más. La determinación de Weretilneck representa un nuevo cimbronazo hacia sus aspiraciones.

El oficialismo ya había encontrado obstáculos para concretar los deseos de Cristina Fernández de Kirchner en tanto, el pasado 12 de julio, tras la convocatoria a una sesión para abordar el pliego de jueces, no reunió quórum. El Frente de Todos ─actual Unión por la Patria─ necesitaba 37 legisladores para habilitar la sesión, pero sólo consiguió 34. Una de las ausencias en ese primer intento de aprobar el pliegue fue la de Weretilneck.

Si no se llega a un consenso antes del 9 de agosto, Figueroa deberá abandonar su cargo en tanto cumple 75 años, edad máxima para ejercer como juez, según establece la Constitución Nacional. Sólo un acuerdo del Senado permitiría extender sus funciones, pero sin el apoyo del rionegrino tal escenario continúa como una posibilidad remota.

Con información de agencias.

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

Referentes de Juntos por el Cambio lanzaron hoy duras críticas al Gobierno tras el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y advirtieron que podrían ir por el juicio político contra los jueces del Tribunal Oral Federal 5.

El jefe del interbloque de diputados nacionales de JxC, Mario Negri, ironizó: “El único plan del Gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la Vicepresidenta”.

“Tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner este año. Logró sobreseimientos en las causas Dólar futuro, Tratado con Irán y ahora en la del lavado en Hotesur y Los Sauces. Triste récord”, se quejó el cordobés en su cuenta de la red social Twitter.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en tanto, adelantó que podrían buscar el juicio político contra los integrantes del TOF 5, que este viernes sobreseyeron a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, al igual que al resto de los imputados por el caso de lavado de dinero a través de Hotesur y Los Sauces.

“Esto es parte de la capacidad de daño que va a tener la vicepresidente hasta diciembre. Hay dolo en la conducta de los jueces e iremos por su juicio político cuando llegue el momento. Hay que tener paciencia, Cristina Kirchner y sus socios van a pagar por estos delitos”, recalcó Carrió en Twitter.

A su turno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó: “Impunidad. Con decisión la vamos a erradicar. No debemos bajar los brazos. Tener una justicia independiente es un objetivo que vamos a cumplir con el apoyo de los casi 10 millones de argentinos que nos votaron. ¡Y lo vamos a lograr! Por eso: ¡todos a luchar! Puño alzado”.

El Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó de manera anticipada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces. En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. 

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Este es el tercer expediente en el que la expresidenta es sobreseída este año antes del inicio del juicio oral y público. Ya lo había conseguido en el caso Memorándum con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, y en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. 

La decisión del tribunal 5, que respondió a un pedido de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg inclinaron el fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia (pareja de la fiscal Natalia Mercado, otra de las sobrinas de la vice), entre otros.

El Código Procesal Penal admite el sobreseimiento anticipado en casos en los que surja nueva prueba que demuestre la inexistencia de delito, entre otros argumentos, pero este juicio aún tiene dos peritajes contables pendientes, solicitados por la defensa de Fernández de Kirchner, cuyos resultados aún no han sido entregados. 

La defensa de CFK argumentó que la entrega de resultados parciales de una de las pericias es argumento suficiente para plantear nueva prueba a su favor pero la jueza Palliotti resaltó en su voto de este viernes que esos resultados parciales no podían considerarse “prueba nueva” y que aún restaba la conclusión final de ambos informes contables y las declaraciones testimoniales de los peritos para explicar en el juicio el por qué de sus argumentos. Fue uno de los argumentos de la magistrada para oponerse a los sobreseimientos anticipados.   

Los Kirchner no niegan haber recibido dinero de Báez y López por el pago de alquileres Los abogados de la vicepresidenta sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según el escrito presentado por la defensa ante el planteo.

El fiscal del juicio, Diego Velazco, se había opuesto a los sobreseimientos anticipados y había solicitado que se permitiera el desarrollo del juicio para determinar luego si los imputados debían ser condenados o absueltos. Además, cuestionó duramente los resultados parciales de una de las pericias contables. En su último escrito, Velazco afirmó que el planteo de la defensa implicaba “una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal” y sostuvo que pretendía una “ficción de juicio”.

Valle Mitre, la sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013 le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia del hotel Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL.

Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. Entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.

Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresa del Grupo Báez por 2alquileres para viviendas u oficinas“. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.

Los argumentos para sobreseer

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que los fondos utilizados para pagar los alquileres eran de “origen lícito” porque estaban bancarizados y porque “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades públicas” que autorizaron las contrataciones a las constructoras de Báez y López. 

“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, afirmaron los jueces Obligado y Grünberg.

Los magistrados también sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en otro juicio contra Fernández de Kirchner y Báez, entre otros argumentos. Se refirieron al caso Vialidad, el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011.

La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento.

Jueces Obligado y Grünberg.

Antecedentes

El fiscal Velazco podrá apelar la decisión del tribunal ante la Cámara Federal de Casación. Esta semana, los jueces que eventualmente revisarán el fallo de sobreseimiento anticipado también fallaron ante un planteo de la defensa en Hotesur-Los Sauces. La Sala I, compuesta por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, rechazó por dos votos contra uno un pedido de nulidad de la elevación del expediente a juicio, según publicó La Nación. 

En el caso Hotesur-Los Sauces, la defensa de Fernández de Kirchner ya había solicitado los sobreseimientos con anterioridad y los jueces Obligado y Palliotti habían rechazado el planteo en abril de 2019, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

Las pruebas de Hotesur-Los Sauces están relacionadas con el juicio por el caso Vialidad (que está en pleno desarrollo y debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y a la sentencia del juicio contra Báez por lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”). En el veredicto anunciado en febrero último, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado agravado de activos y los jueces de Tribunal Oral Federal número 2 establecieron en sus argumentos que los US$55 millones fugados y blanqueados por el exsocio de la familia Kirchner fue dinero proveniente de la corrupción. 

La particularidad de Hotesur-Los Sauces es que el caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia integran la lista de acusados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso. 

Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía, que constan en el expediente, tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa.

La instrucción complementaria del caso también se centraba en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo). 

ED