La Cámara Federal porteña revisará el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el supuesto lavado de activos donde se condenó al empresario Lázaro Báez. Fue después de aceptar este jueves como querellante a una asociación civil vinculada a la oposición.

La decisión fue por mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con el desacuerdo del tercer integrante Eduardo Farah, según la resolución. Farah advirtió que la causa ya lleva diez años de trámite, y la referida Asociación Civil “Bases” pidió ser querellante sólo tras del sobreseimiento de la expresidenta.

Por dos votos a uno, la Cámara aceptó a la asociación como querellante y habilitó la apelación, con lo cual revisará el sobreseimiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello. La decisión se tomó el 5 de junio pasado a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuan, por entender que no existen pruebas en su contra. El magistrado también consultó a las partes querellantes, AFIP y UIF, que también pidieron la desvinculación definitiva de Fernández de Kirchner.

La titular del Senado tenía dictada falta de mérito en la causa que investigó a Báez, sus hijos y otros acusados por multimillonarias maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, a través de la empresa “Austral Construcciones”.

Apenas se conoció la noticia del sobreseimiento, la asociación integrada por Valeria Viola como presidenta y Pablo Nocetti pidió ser querellante. “Bases” es presidida por Viola, hija de la ex funcionaria menemista Adelina D'Alessio de Viola, y estuvo vinculada al Gobierno de Cambiemos por un cargo en el Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en el Gobierno porteño.

Nocetti fue exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Báez fue condenado a doce años de prisión tras un juicio oral y la Cámara Federal de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a diez años. Ahora, esa sentencia está bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Casanello sobreseyó a la exmandataria y rechazó tener como querellante a Bases, pero la Asociación apeló y ahora logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa. Además, la Cámara Federal porteña aceptó el recurso de queja de la Asociación, declaró “mal denegada” el rechazo de la apelación y la concedió.

La “labor aislada de la asociación” es la “última ocasión que tienen los habitantes de la República para verificar el alcance que tiene esta denuncia”, consideró el camarista Llorens en su voto al recordar que las querellas ya existentes en la causa consintieron el sobreseimiento.

En disidencia, Farah advirtió que “Bases” se presentó en la causa “a más de diez años de iniciada” y “cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado”. En minoría, remarcó: “Lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante”.

LC con información de agencia Télam

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan advirtieron hoy que, en caso de confirmarse el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal, se sentará un “grave precedente”. Desde la querella aseguraron que, ante este escenario, se estarían legalizando “las tareas de inteligencia sobre quienes reclamen por sus derechos”.

“De quedar firme, quedará habilitada la persecución ideológica política y cercenados derechos fundamentales de todos los argentinos. Está en crisis el sistema judicial, y están en riesgo los derechos de todos”, expresaron los familiares representados por la abogada Valeria Carreras. En este marco, pidieron el apoyo de toda la sociedad ante un posible “fallo tan inmoral como haber espiado a las víctimas”.

La sala segunda del máximo tribunal penal del país deberá revisar los sobreseimientos del ex mandatario de Juntos por el Cambio, y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su administración: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La Cámara Federal de Casación Penal estableció que tal análisis comenzará el próximo 30 de agosto.

El ex presidente Macri está investigado por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017.

Con información de agencias.

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Borinsky fue designado por sorteo luego de que las defensas de Macri y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran el apartamiento del juez Alejandro Slokar. La decisión se tomó como consecuencia de la conexidad de esta causa con el caso D'Alessio en la que el juez dejó de intervenir tras una presentación de la ex diputada Elisa Carrió.

Los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma también intervendrán en la revisión del sobreseimiento del ex presidente y los ex jefes de la AFI, dictado en julio pasado por la Cámara Federal porteña en tanto las maniobras investigadas correspondían a tareas necesarias para garantizar la seguridad presidencial. Ante esta decisión, el fiscal José Luis Agüero Iturbe ya había reclamado la nulidad del fallo. “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar la contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, destacó en aquella oportunidad el fiscal.

ACM con información de Télam

El Juzgado Federal N°1 de La Plata dispuso hoy el sobreseimiento de Jorge Macri en una causa en la que se lo investigaba por supuestamente no haber podido acreditar debidamente el origen y destino los fondos asignados al PRO durante los años 2012 y 2013, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo firmado por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla explica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 inc. “b” de la ley 26.215, cuando un partido político no logra justificar el origen y el destino de los fondos que recibe “debe llevarse a cabo una investigación penal contra el presidente y el tesorero de la agrupación”. La pena que establece esa norma es de hasta 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

El juez Ramos Padilla, al analizar si correspondía aplicar una sanción penal de inhabilitación, con las posibles consecuencias proscriptivas que tiene, tuvo en cuenta otros criterios como el de la “proporcionalidad de la pena”, y antepuso “el derecho a la participación política de los ciudadanos y el de la sociedad a elegir libremente a sus representantes”.

“La pena de inhabilitación acarrea consecuencias que van más allá de los meros derechos individuales del condenado, pues afecta la oferta electoral y, por lo tanto, la libertad e igualdad con la que debe llevarse a cabo la contienda entre las distintas fuerzas políticas”, sostuvo en el texto el magistrado.

Además, remarcó que “la aplicación automática de esta sanción podría derivar en que sean magistrados los que decidan quiénes pueden o no participar de la contienda electoral, lo que afectaría el principio de la soberanía popular consagrado en el art. 33 de la Constitución Nacional, así como la forma republicana de gobierno”.

Para dictar el sobreseimiento de Jorge Macri, el juez tuvo en cuenta que, en su carácter de presidente del PRO bonaerense, el registro administrativo de los fondos no estaba entre sus funciones específicas.

También explicó que no había logrado acreditarse un dolo directo por parte del imputado -es decir, intencionalidad o conocimiento respecto de la cuestión técnica a la que se vinculaba la irregularidad contable- ni la comisión de otros delitos autónomos relacionados con el caso, por lo cual, el hecho investigado quedaba limitado a una deficiencia en la documentación presentada.

Sin embargo, respecto de la situación del tesorero Claudio Sívori, el juez ordenó que se siguiera investigándolo, y convocó a un testigo a prestar declaración testimonial el próximo 3 de mayo, ya que éste “cumplía funciones específicas vinculadas a los registros contables”.

“No puede obviarse que las funciones del tesorero de una agrupación política se hallan estrictamente dirigidas al manejo de los fondos partidarios, su control y registración contable pertinente, y que existe una cuestión de orden público en el interés en el debido cumplimiento de estas funciones”, sostuvo el escrito.

DA

El juez federal Federico Villena decidió hoy sobreseer a 14 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio pasado, al tiempo que los otros cinco fueron citados a indagatoria y ya comenzaron a declarar.  Asimismo, Villena levantó la prohibición de salida del país que regía sobre dos de ellos.

  La medida dispuesta por el magistrado tiene que ver con el pedido de la Cámara Federal de La Plata, que dos semanas atrás había autorizado la salida del país de 12 tripulantes y le había dado diez días de plazo para tomar una decisión, el cual finalizaba este martes.

  En ese fallo, el tribunal había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

  Los otros siete tripulantes se quedaron en Buenos Aires. Pero solo cinco fueron citados a indagatoria.

 De esta manera, los 14 tripulantes sobreseídos son Mahdi Mouseli; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velasquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marín Ovalles; Nelson Coello; y José García Contreras.

  Khosraviaragh y García Contreras, además de ser sobreseídos, podrán volver a sus países porque el juez también dispuso el levantamiento de la prohibición de salida del país.

  En la resolución, el magistrado indicó que no hay pruebas para llamar a indagatoria a 14 de los 19 tripulantes, pero destacó que la investigación sigue adelante.

  “Debo mencionar que la detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios glosados al sumario, valorados a la luz de la sana crítica racional, impone su profundización, toda vez que el suscripto no descarta que hayan existido maniobras delictivas por parte de los nombrados”, sostuvo Villena.

  El lunes el juez arrancó con las indagatorias de dos venezolanos: Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, quienes están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión.

  Cuando tuvo que justificar la prohibición de salida del país, Villena mencionó la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.

  También están citados a indagatoria el piloto Gholamreza Ghasemi y otros dos iraníes que integraban la tripulación: Abdolbaset Mohammadi y Saeid Valizadeh.

  Esas declaraciones estaban previstas para este martes, pero se postergaron por cuestiones de seguridad.

  Según la querella de la DAIA, los cinco tripulantes citados a indagatoria están sospechados de haber participado “en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas”.

  En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa en su contra sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah.

DA con información de NA

El fiscal Diego Velazco presentó este lunes un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Hotesur-Los Sauces, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. El magistrado solicitó a la Cámara Federal de Casación que revise los sobreseimientos dictados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, y que ordene la realización del juicio.

La expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron sobreseídos antes del juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado. Sus defensas habían planteado una serie de nulidades.

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo dependía hasta este lunes de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas. Tendrá un rol clave en el futuro del juicio anulado el fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión. Allí, los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deberán analizar los argumentos de los fiscales y decidir si ordenan la realización del juicio.

Son días clave en este tribunal, que debe elegir a su próximo presidente o presidenta. Si uno de los tres jueces de la Sala I es elegido por sus pares no podría integrar la sala momentáneamente, como sucedió con el actual presidente de Casación, Gustavo Hornos. Eso requeriría que otro magistrado del tribunal comience a intervenir en las causas contra la vicepresidenta. Podría ser una decisión clave para el futuro judicial de Fernández de Kirchner, ya que en Casación hay tanto jueces con posturas jurídicas tanto en sintonía como en oposición a las de su defensa.  

Los sobreseimientos

El 26 de noviembre último, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso presentado por Velazco para reclamar la realización del juicio buscan contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción.

Los jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED