La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos como España y Alemania. En la Argentina es, todavía, ilegal. Hay cinco proyectos de ley listos para ser debatidos en el Congreso, cuatro por Diputados y uno por Senadores. En la Cámara Baja, a pesar de dos pedidos de tratamiento urgente, los tres borradores están cajoneados en la Comisión de Salud.

Ayer, en el Auditorio del Congreso, cinco especialistas, la representante de una organización que pide la legalización de la eutanasia y una persona diagnosticada con ELA dieron testimonio. La actividad fue organizada por la diputada del Frente de Todos en representación de la Ciudad, Mara Brawer. Ella es autora del último proyecto presentado, el quinto en menos de dos años. Bajo la consigna “La eutanasia como derecho. Panel de debate”, los invitados compartieron estadísticas que sugieren que mientras el Poder Legislativo demora el debate, la sociedad se muestra menos conservadora sobre el derecho a morir de lo que se cree.

Mario Pecheny, doctor en Ciencia Política y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de Sociología de la Salud, compartió resultados de la encuesta realizada el año pasado por la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET, de la que es miembro. De acuerdo al informe, en los últimos tres años el 45% de los profesionales de la salud recibió pedidos de información sobre eutanasia de parte de sus pacientes. El 53% de los pedidos de información sobre eutanasia lo hicieron familiares de pacientes que padecen enfermedades que los hacen sufrir. En esos registros se nota, al menos, la necesidad de saber sobre el tema.

¿Y qué opinan los profesionales de la salud sobre esta prácticamente? El 80% de los encuestados está a favor de legislar la eutanasia. El 73% considera que debe incluirse la objeción de conciencia, pero el 49% no se abstendría. De la muestra de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET participaron 745 personas en todas las regiones del país. La mitad atiende pacientes graves y el 55% dijo tener creencias religiosas, lo que no parece ser un obstáculo para legalizar la práctica. En su exposición, Pecheny remarcó que “hay un mundo oficioso donde las prácticas ilegales igual existen”. “¿Si la sociedad está preparada? Es como hablar de divorcio, aborto o matrimonio igualitario. Nunca es el momento adecuado por eso es ahora”, cerró Pecheny.

Por otro lado, los especialistas mencionaron el resultado del relevamiento de Pulsar.UBA, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, difundido hace pocos días. La pregunta era sobre agendas y posicionamiento y era, además, específica: “¿Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas?”. El 46% respondió que está muy de acuerdo y el 26%, bastante de acuerdo. En suma, el 72% de los encuestados aceptaría, al menos, la discusión sobre la eutanasia en el marco legislativo. La mayoría de quienes están “muy” y “bastante” de acuerdo con el derecho a morir se ubicaron en los sectores de menores ingresos, el 83%. Por otro lado, la aprobación atraviesa todos los rangos generacionales: de 18 a 29 y de 50 a 75 años. El universo de la muestra es de mil personas mayores de edad repartidas en la Argentina.

“No estamos hablando de la muerte sino de la vida”

Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética, estuvo presente en el panel. Participó de la elaboración del proyecto de ley del Frente de Todos, al que llamaron “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Soriano pidió que al auditorio que note que mientras él hablaba había mucha gente, con un sufrimiento insoportable, esperando la ley. El público, la mayoría mujeres, asintió.

Luego fue el turno del médico Mario Sebastiani, obstetra y autor de “Si pudieras elegir de qué manera morir ¿qué harías?”. Sebastiani señaló que “estamos cerca” de la ley porque “ya tenemos una orden de no rehabilitación” (un paciente puede manifestar que no le practiquen maniobras de resucitación), de suspensión de soporte vital (un paciente puede pedir que le retiren las vías de aire y alimentación) y la posibilidad de redactar las directivas anticipadas. Pero remarcó que falta la ley que legalice la eutanasia: “No estamos hablando de la muerte sino de la vida”. Pidió, de paso, la menor cantidad de burocracia posible. Se refiere a los comité de evaluación profesional, que acepta o rechaza los pedidos. Los cinco proyectos de ley contemplan diferentes tipos de comités.

No existe un aluvión de gente dispuesta a morir

Datos de España, donde la eutanasia es legal desde 2021: en una año, 173 personas solicitaron la eutanasia, pero se efectivizaron 75 prácticas. ¿Qué pasó con el resto? 18 murieron esperando una resolución del comité evaluador; 30 pedidos fueron rechazados por el comité; siete personas se arrepintieron; seis pacientes decidieron postergar la práctica. La mayoría de ellos tienen o tenía diagnóstico por enfermedades neurodegenerativas. La eutanasia representa en España menos del 3% de las muertes. La paliativista Graciela Jacob quien ofreció estos datos. “Tenemos que hablar de la muerte, gente”, alentó.

La jurista, la militante y la mujer que tiene un último deseo

A su turno, la jurista Aída Kemelmajer habló de eutanasia en relación directa “autonomía de la voluntad” y con “la libertad”. Recordó al español Ramón Sampedro, que pidió por su muerte luego de que le diagnosticaran una tetraplegía, un hombre que se convirtió en un símbolo de la lucha por la eutanasia. Elisa Lisnofsky, Kuky, psicóloga social y técnica en psicogerontología, también habló. Es la creadora de “Eutanasia: derechos y final de vida”, un grupo que milita por la ley de eutanasia.

El cierre de Adriana Stagnaro, abogada, escribana y antropóloga, diagnosticada con ELA. Aquí contó que “quiere la eutanasia y poder morir plácidamente”. Al ritmo que le permite la enfermedad y con un sentido del humor que sorprende, Stagnaro dijo: “Finalmente la vida se basa en el cuerpo. Si hay alma, si hay espíritu, encarniza en el cuerpo. Osea, el cuerpo situado, es la condición, la posibilidad de la vida. Y por lo tanto estamos atravesados por las condiciones materiales de la existencia”. Dijo que en ese conversatorio, donde todos hablaban de su último deseo, se sentía “una ciudadana”.

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Con el que presentó en octubre por la diputada nacional por el Frente de Todos, Mara Brawer, son cinco los proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina. A pesar de dos pedidos de tratamiento urgente que atañen al artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados -que indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario- no habilitan el debate en la Comisión de Salud. Ante la consulta de elDiarioAR, la socialista Mónica Fein, presidenta de la Comisión, dijo que “hay pedido de debate para este año”, pero no preciso cuándo. Sobre los motivos de la demora hizo saber que “hay consenso en otros temas primero”.

Así como hay varios borradores a discutir sobre el mismo tema, los proyectos para darle marco legal a la eutanasia son cinco. Cuatro surgieron de la Cámara de Diputados y uno del Senado. El de la UCR se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021, al igual que el del entonces senador radical Julio Cobos, llamado Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

A esos se sumó el de Mara Brawer, llamado Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida y cuenta con la firma pares del Frente de Todos: Pablo Carro, Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Carolina Gaillard, Susana Landriscini, María Rosa Martínez, Itaí Hagman, Lisandro Bormioli y de Daniel Gollán que es, además, vicepresidente primero de la Comisión de Salud. De la confección del borrador participó la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, integrado por investigadores del Conicet.  

El proyecto de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos porque permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años.

Distingue dos modalidades: la eutanasia, en la que el mismo paciente se administra la sustancia que le provoca la muerte; y la práctica “asistida”, en la que un profesional competente suministra la sustancia. En ambos casos debe mediar la petición libre, informada y reiterada de la persona que sufre, siempre que cumpla con los requisitos. Sobre los requisitos: argentino o con residencia permanente por el plazo de un año como mínimo, mayor de 18 años, plenamente capaz. Debe justificarse la enfermedad o lesión grave e incurable o crónica, que le provoque intensos dolores o padecimientos psíquicos, o “una condición de gran dependencia y disminución de su integridad, que, a juicio de la persona, resulten indignos o intolerables”. Si la persona no puede manifestar el pedido a causa de la enfermedad no podrá aplicarse la ley si no dejó directivas anticipadas.

El borrador prevé la creación de dos comisiones de alcance jurisdiccional y nacional. Estarán integradas por especialistas en salud mental y en cuidados paliativos, abogados, y profesionales de las ciencias sociales y humanas. Entre sus funciones, están la de resolver controversias o rechazos de las solicitudes; verificar el cumplimiento de los procedimientos previstos; resolver dudas que puedan surgir durante la aplicación de la norma; crear y administrar archivos con los casos de todo el país; y elaborar informes y sugerencias para la mejora continua de la de prestación de la muerte voluntaria médicamente asistida. Contempla la objeción de conciencia.

También está en carrera el que presentó en agosto del año pasado la diputada nacional por Jujuy, la peronista Carolina Moisés. “Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente” es el nombre de su proyecto. Prevé dos figuras, la de médico “responsable” y la de médico “consultor” que deben intervenir durante el proceso. El médico consultor es el que debe hacer una nueva valoración sobre el diagnóstico (y el pronóstico), la capacidad y autonomía del paciente. Hay una tercera instancia en la que una Comisión Nacional de Garantía y Evaluación puede denegar la práctica.

Es el primer proyecto que presenta Moisés. Y, como el, de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos: permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años. El de la UCR fue redactado por la diputada Jimena Latorre, Alfredo Cornejo -al momento de la presentación del proyecto era diputado, ahora senador y candidato a Gobernador de Mendoza-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. El resto contempla el pedido a partir de los 18 años. De todas maneras, todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

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A más de un año de que tres proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina -dos por Diputados y uno por Senadores- entren en el Congreso, todo indica que el Derecho a Morir está lejos de discutirse. Tampoco prosperó el intento de siete diputadas de distintos bloques que firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en las reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021.

“La presidenta de la Comisión de Salud ni siquiera habilitó las reuniones informativas a pesar, incluso, de haber ofrecido el listado de expositores y estábamos muy avanzadas entre las coautores. Y presentamos dos veces el artículo 109 pidiendo que se trate el tema pero no hemos avanzado”, dijo a elDiarioAR Jimena Latorre, diputada por Mendoza. El artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.

En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Debe intervenir un escribano. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo.

Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse

En diciembre del años pasado, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

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Adela De Giuseppe murió un mediodía de agosto, a los 67 años, de un infarto. Llevaba más de un mes internada en un centro de rehabilitación. Dependía de un tubo de oxígeno, no caminaba, comía papilla y alucinaba, un comportamiento diagnosticado como principio de demencia senil. Le habían diagnosticado EPOC -desglosado: enfermedad pulmonar obstructiva crónica- hacía doce años y había superado a varias internaciones por el Epoc. Adela dijo que “ya no quería más”, pidió que “la durmieran”. Quería la eutanasia, la pidió hasta el final. Cuenta su hija, Ana Clara Benda: “Mi mamá le tenía terror a la decadencia, quería evitar ser una carga para otra persona. Y eso que estaba ahí, viejita, chiquita y arrugada como una pasa de uva ya no era mi mamá”. 

Durante la internación, en un divague, pidió a las enfermeras que quitaran el decorado, como si la habitación en la que estaba no fuese de hospital. Un día habló de Batman. Otro día apenas Ana Clara entró en su habitación, Adela la increpó: “¿Mañana van a venir todos, no?”. Ana la miró extrañada y le respondió que no, que a la habitación sólo podían entrar de a uno y apenas una hora. Adela volvió a la carga: “Pero yo ya hablé con el médico, porque mañana es mi último día. Mañana me van a dormir. Ya me dijeron”. No era la primera vez que Adela hablaba de ese sueño irreversible. A principios de años, ya sin ganas de nada, había dicho que si por ella fuera ya no estaría con vida.

Ana Clara salió de la habitación y buscó al médico. El médico le explicó que era lógico, dentro del cuadro de demencia senil, tener ese tipo de alucinaciones. “Sí -devolvió Ana Clara-, pero esto es lo que ella quiere. Y me lo dijo hace un año y me lo repitió hace dos meses. Eso que está ahí en esa cama no es mi mamá”. El médico entendió, pero repitió que lo de su madre había sido producto de la imaginación, que lo que ella planteaba no era posible y que podía estar así, en ese estado, mucho tiempo más. Un tiempo largo, incalculable.

Ana Clara volvió a la habitación y le dijo a su mamá que no iban a dormirla. Adela entró en crisis. Lo cuenta, quebrada, Ana Clara: “Lloró como una nena, pero como una nena de tres años, frustada. Decía que cómo puede ser que un perro tenga derecho a la eutanasia, al sacrificio, y que ella no pueda decidir sobre su muerte… Que cómo puede ser, si ella no comía no se movía, que todos los días era una molestia nueva. Me decía: ‘Gordita, llevame a Colombia, llevame a Colombia que allá se puede… Es mi cuerpo, yo no quiero más’”. Colombia es el único país sudamericano donde la eutanasia es legal, pero Adela siendo argentina no podría acceder a la práctica en ese país.

A Ana Clara le quedó tatuada la angustia que le produjo la desilusión de su mamá, la impotencia de no poder ayudarla. No recuerda cómo se despidió de ella ese día, pero sí que le hizo una promesa: iba a averiguar de qué manera, al menos, atenuar el sufrimiento. Cuando llegó a su departamento hizo un hilo en Twitter que se viralizó. No sólo recibió apoyo, sino que por mensaje privado mucha gente le contó su historia y le pasó información académica, producida afuera pero también en la Argentina. “Me di cuenta que había muchas personas que estaban pasando o habían pasado una situación como la mía. Un familiar que no quiere más; un sistema de salud público o privado, da igual, que no contempla estos casos y familias, que no tiene recursos económicos o emocionales para transitarlos. El Estado está un paso atrás”, dice Ana Clara a elDiarioAR. Esa misma noche, después de la serie de tuits, empezó a estudiar. Y encontró, digamos, una solución.

“Me dijo que ya no quería más, que para ella ya estaba”

La historia de Adela empieza mucho antes que ese final que será, ya veremos, programado e imprevisto al mismo tiempo. Adela fue una ama de casa madre de tres hijos. Una mujer que se separó y decidió estudiar para colorista y abrió su propio salón de belleza en Torcuato: eran los noventa y lo llamó New Age. Antes de los últimos cuatro meses que pasó postrada, ahogada por el humo de los cigarrillos que hasta que pudo fumó, Adela fue una tipa luminosa y vital, de ojos verdes y escote, un minón que iba al Solos y Solas con las manos hechas y el deseo de toda mujer de cuarenta que ya tiene los hijos criados: un bronceado tono rayito de sol, minifalda, tacos y pasión. Para el año 98, fundió el local. Se sobrepuso poniendo en práctica algo que había estudiado mientras tanto, la astrología. En 2002 se instaló en Santiago de Chile y dio clases de astrología. Si Adela ya tenía una salud frágil, la pandemia la arrasó. En abril decidió volver a Buenos Aires. Ese fue el principio del final.

¿Qué tanto impactó la pandemia en la salud de tu mamá?

Ella tenía un EPOC severo, porque no había dejado de fumar. Tenía un infarto encima, era hipertensa… Pero la pandemia terminó de liquidarla. No caminó más, sólo salió tres veces en más de dos años para vacunarse contra el Covid. Su calidad de vida fue deteriorándose. También se alejó de nosotros. No nos atendía o ponía excusas para hablarnos. Una vez la encaré en una videollamada, le pregunté qué le pasaba. Me dijo que ya no quería más, que para ella ya estaba. Hacía todo para maltratarse, digamos. En un momento dejó de trabajar y cuando no pudo pagar el alquiler, con mis hermanos decidimos que volviera a Buenos Aires. Se instaló en la casa que era de sus padres, en Torcuato. Acondicionamos un cuarto, con los colores que ella quería. Hicimos un cerramiento para que pudiera salir a la terraza, que caminara un poco. Pero llegó en un estado…

¿Cómo?

Tenía 67 años pero parecía una ancianita. Se había dejado estar. Le sangraba la boca, algo que después se infectó y terminó en necrosis. Muy flaquita, muy ida. Estaba acostada en su cama. Hacía tres años que no nos veíamos. Ni atinó a abrazarme. Pero más allá de eso, estaba muy limitada físicamente. No era sólo un estado de ánimo. Llamábamos a la ambulancia casi todos los días porque se ahogaba, no había dejado de fumar. Pero la internaban, le daban oxígeno y el alta. Y de vuelta a casa. Nosotros no sabíamos cómo cuidarla ni teníamos lo que se necesita para que una persona en ese estado tenga una vida más o menos digna.

En una de esas idas y vueltas al hospital, Adela se contagió Covid. Ana Clara, su hermana, su sobrino y una prima se turnaban para ir a verla. A Ana le tocó llevarle camisones. Cuando entró en la sala y se acercó a su mamá, ella no la reconoció. Aun cuando la hija insistiera con “mami, mami, mami…”. Cuando Ana se dio cuenta, se corrió el barbijo y le dijo: “Mami, soy yo, Ana Clara”. Adela abrió los ojos, lloró, le pidió perdón por no haberla reconocido. Ana Clara juntó fuerza, hizo como si no pasara nada. Pero se lo contó al médico a cargo de la sala. “Pero tu mamá tiene 87 años y demencia senil”, le dijo el médico mientras miraba la planilla. Ana Clara corrigió: su madre tenía, en ese momento, 67 años y nadie les había dicho que estaba diagnosticada con demencia senil. “Y pero acá lo anotaron así”, le respondió el jefe de la sala.

¿Y qué hiciste?

Me desesperé. El médico se acercó a la cama de mi mamá y le hizo preguntas. Mi vieja acertaba, pero tardaba o dudaba. En ese momento decidí que mi mamá no podía irse del hospital. Que de ninguna manera iban a darle el alta. Y ahí empezó toda la burocracia. Mi mamá se atendía por Pami. Parece una pavada pero en un hospital público que te vea un médico clínico no es tan fácil. Yo tenía clarísimo que no podía llevármela a casa en ese estado. Pedí que le revisaran qué tenía en la cadera que hacía que se quejara todo el tiempo, que la viera un psiquiatra. Algo “integral”. No hubo caso. Llegaron a mandar un patrullero a la casa de mi hermana por “abandono de persona”.

Una manera de juzgar.

Este año aprendí que yo no soy quien para juzgar a nadie, mucho menos en estos casos. Tenía que lidiar con la mirada de afuera. Y la mirada del afuera es muy cruel. Porque hay una cultura que dice que uno tiene que cuidar a sus papás. Y más a la madre: “madre hay una sola”, “cómo la vas a dejar tirada a tu mamá”. Es muy duro porque también tenés que cargar con la culpa que sentís, porque sos hija y sos hija por esa madre que se dejó estar. Eso y la mirada del otro que te juzga permanentemente. Les pedí a mis amigas que si pensaban que yo era una mala hija, que no me lo dijeran. Necesitaba apoyo, no que me fusilaran. 

Ana Clara es periodista e hizo lo que la mayoría de las personas no pueden: tocar contactos, hacer puentes, pedir ayuda y pedir por favor. Dirá: “En un momento dificilísimo yo pude hacer lo que la familia de la mujer que estaba en la cama de al lado no pudo porque tengo este trabajo”. Habló con un funcionario público, con un especialiasta en medicina legal, con una diputada, y logró que derivaran a su madre a un centro de rehabilitación, su destino final.

“¿Quién soy yo para ir en contra de su deseo?”

Como la eutanasia no está regulada en la Argentina, Ana Clara encontró una práctica intermedia que podía aliviar la pena de su mamá y que no está prohibida. Luego de aquel hilo que se viralizó en Twitter, Ana Clara buscó información y habló con especialistas. Remarcará ahora el lado positivo de las redes sociales: ella expuso una situación personal y la respuesta de parte de los usuarios fue de cariño y sostén. Se tomó unos días y armó una carpeta que llevó al centro de rehabilitación donde Adela estaba internada. Pidió, de manera formal e informada, la sedación paliativa para su mamá. La sedación paliativa es la administración dosificada de medicamentos para disminuir los niveles de consciencia y evitar el sufrimiento del paciente. La finalidad no es la muerte, sino evitar el padecimiento. Tiene un doble efecto: el fallecimiento ocurrirá de manera indirecta y a causa de la enfermedad. La cuestión es el tiempo. Adela cumplía con todos los requisitos que requiere la práctica.

El médico que la atendía agradeció la información y se comprometió a elevar el pedido. Ese día, que fue martes, Ana Clara y su hermana aprovecharon para visitar a su mamá. Le contaron que habían encontrado una forma, algo posible. A Adela le importó poco, estaba resignada. Las hermanas partieron, con la esperanza de que el pedido fuera aceptado. El jueves por la mañana, dos días después, el médico les dio la noticia: habían autorizado la sedación. Las hermanas debían ir a firmar unos papeles ese mismo día por la tarde para realizar la práctica. La muerte llegó antes: Adela murió de un infarto al mediodía.

“Saber de la muerte natural de mamá no fue menos triste que prometerle que haríamos lo posible por cumplir la promesa que le habíamos hecho. Mucha gente nos dijo ‘por suerte te liberaste de la decisión de sedarla porque se fue antes…’. Pero yo sólo fui un instrumento de información. Yo no tomé la decisión, la decisión la tomó ella. Porque… ¿quién soy yo para ir en contra de su deseo?”, dice Ana Clara, tres meses después de la muerte de su mamá. Adela está por todos lados. Está en una carpeta de audios que conserva su hija en la nube. Está en el camisón que guardó, en el anillo fastuoso de piedra que Ana Clara se quedó. Adela: su nombre está marcado en una página de Nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enríquez, que Adela leyó hasta que pudo.

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El Derecho a Morir está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Como indica el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario. Con esa regla a su favor, siete diputadas de distintos bloques firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en próximas reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados el año pasado.

El pedido lleva la firma de una de las autoras del proyecto Ley de Buena Muerte, la diputada radical Jimena Latorre, que representa a Mendoza. La acompañan las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer (Ciudad de Buenos Aires), Jimena López (Provincia de Buenos Aires) y Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos). Por Evolución Radical, que integra Juntos por el Cambio, firmaron Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) y Marcela Antola (Entre Ríos). Se sumó la diputada de la UCR Soledad Carrizo (Córdoba).

“La Comisión de Salud, dentro de muchos temas que tiene, también incorporará en 'Asesores', en primer lugar, los proyectos referidos a eutanasia por el pedido que hicieron diputadas de distintos bloques”, dijo a elDiarioAR Mónica Fein, presidenta de la Comisión. ¿De qué se trata que incorporen el asunto a “Asesores”? La convocatoria de especialistas en tema, a favor y en contra. “Una asesoría a los miembros de la Comisión regidos por la Ciencia, la Bioética y el Derecho. Creemos que para el próximo mes empezarían las reuniones informativas”, agregó a este diario la diputada Latorre.

La idea es llegar a un dictamen de mayoría para que pase al recinto. Pero el proceso llevará tiempo. El contexto no ayuda: la prioridad sigue siendo la atención de la pandemia y la crisis económica no da tregua. Latorre es, sin embargo, optimista: “La regulación del derecho a morir puede llegar al Congreso este año. Estamos preparados. Logramos el derecho al divorcio vincular, al matrimonio igualitario y a la IVE; no hay que subestimar a la ciudadanía. Por otro lado, no sería justo decirle a un padeciente que hay otros temas, más importantes o urgentes, que el suyo”.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.

En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo. 

Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse

En diciembre, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas del año pasado, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM

En apenas diez días ingresaron en el Congreso tres proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina, el derecho a morir. El primero fue llamado “Ley de Buena Muerte” y fue presentado por tres diputados radicales, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre -en representación de Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-. El segundo es del senador radical Julio Cobos, que representa a Mendoza, y lo nombraron “Interrupción Voluntaria de la Vida”. "Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente", por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”, es el tercero y lo firma la diputada cordobesa Gabriela Estévez, del Frente de Todos.

Todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad grave, crónica e irreversible, sin pronóstico vital ni cura, y cuya dignidad se vea afectada, pueda decidir cuándo morir. Pero hay diferencias, en algunos casos marcadas, sobre el paso a paso previo al procedimiento, que es médico y voluntario. El proyecto del radical Cobos establece, en principio, la figura del médico responsable y la del médico consultor, al igual que el del Frente de Todos. Y contemplan un tercer interventor en el proceso, figuras parecidas con nombres diferentes: una comisión, en el primer caso, y una consejería, en el segundo. Son el último eslabón en la cadena y tienen poder aprobatorio sobre la decisión que ya haya tomado el paciente.

Por otro lado, ambas propuestas piden una serie de trámites. En el caso del proyecto Interrupción Voluntaria de la Vida -Cobos- el paciente que requiera la práctica debe presentar un consentimiento informado, rubricado ante un escribano público o juzgado de primera instancia y convocar a dos testigos. Pero ese es sólo el primer paso de un camino que podría extenderse, según los cálculos que surgen de la propuesta, por el transcurso de un mes. También solicita al paciente que formule dos solicitudes de manera voluntaria, más otra solicitud para presentar ante un equipo de apoyo conformado por especialistas en psiquiatría y psicología que ayudará a “confirmar la madurez del juicio del paciente y su inequívoca voluntad de morir”. La “Ley Alfonso” también introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso.

“Lo que queremos señalar es un denominador común: la burocratización del procedimiento. Es así que una decisión personal, única, trascendental, de la más absoluta esfera íntima queda convertida en una sucesión de contralores y comisiones, que fuera de resguardar parecen entrometerse en esa intimidad y prolongar la agonía de los que solicitan esa asistencia”, dice la carta pública posteada por la organización Derecho a la Muerte Médicamente Asistida. El grupo, que es cerrado y funciona en Facebook, fue creado por mujeres que acompañan, informan y capacitan a personas que sufren una enfermedad terminal o a sus familiares. Nuclea, además, a otros interesados en que se legisle sobre eutanasia en la Argentina.

Una decisión personal, de la más absoluta esfera íntima queda convertida en una sucesión de contralores y comisiones, que fuera de resguardar parecen entrometerse en esa intimidad y prolongar la agonía de los que solicitan esa asistencia.

Otro punto de la carta, tiene que ver con el consentimiento informado ante escribano público o juzgado de primera instancia: “Otro aspecto que no podemos definir sino como alarmante es la intromisión de la figura del notario público o de jueces de primera instancia. En 2009, la Ley de Derechos del Paciente trajo precisiones acerca de lo exigible para el respeto a la autonomía de las personas. (...) Reincidir en este punto y someter a pacientes al contralor de quienes nada tienen que ver con su atención sanitaria es por lo menos imprudente”. Aquí, la carta completa:

Mayores de edad, plenamente capaces y argentinos: esos son otros requisitos que los tres proyectos tienen en común. Pero la Ley de Buena Muerte, de los diputados radicales Cornejo, Latorre y Cacace contemplan a los menores de edad: los mayores de 16 años, pueden prestar consentimiento y los adolescentes de entre 13 y 16 años deben, además, estar asistidos por sus representantes. Esta propuesta también requiere que el paciente formule dos solicitudes con una separación de tiempo entre una y otra de quince días.

VDM

La llamaron “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética. Con este son tres los proyectos de ley que buscan que una persona que sufre una enfermedad grave, crónica e irreversible decida cuándo morir. Podrían debatirse el año que viene.

De acuerdo a este proyecto, quien requiera el procedimiento médico, deberá ser argentino o acreditar una residencia mayor a un año en el país, ser mayor de edad y plenamente capaz. En el caso de que la persona sea incapaz o no pueda manifestar su voluntad, sólo se le dará curso a la eutanasia si existe una directiva anticipada, es decir, que el paciente haya dejado asentado que ese es su deseo. Un médico responsable y un médico consultor, independientes entre sí, y una consejería compuesta por psicólogos y psiquiatras intervendrán en el proceso. Deben certificar que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. También evaluarán su voluntad de morir y si fue debidamente informado sobre la práctica durante todo el proceso.  

Contempla dos modalidades. La eutanasia, que es cuando un profesional de la salud administra la sustancia que provoca la muerte, y la muerte asistida, caso en el que el profesional de la salud prescribe la sustancia para que quien pide el procedimiento se la autoadministre. La prestación estaría incluida en el Programa Médico Obligatorio y en el Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Contempla, además, la objeción de conciencia individual o de las instituciones de salud, en los mismos términos que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También prevé la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Control con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley.

El proyecto del Frente de Todos se suma al presentado la semana pasada por tres diputados de la UCR, “Ley de Buena Muerte”, y el del senador, también radical, Julio Cobos, “Interrupción Voluntaria de la Vida”. La “Ley Alfonso”, del FdT, es “un mix” entre los dos que ya están en el Congreso. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de los diputados radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

La “Ley Alfonso” empezó a escribirse en 2019, cuando Alfonso Oliva ya había fallecido. Oliva nunca se rindió ante la enfermedad, aun sabiendo que era progresiva. Lo que le dijo a su familia es que él quería ser quien eligiera el momento de su muerte. “Yo no voy a llegar pero quiero que las personas que sufran esta enfermedad y otro montón de enfermedades de este tipo, tengan la posibilidad de elegir. Porque para mí, esta elección es un derecho de vida”, decía Alfonso, en palabras de Milagro, su hermana.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

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Apenas cinco días después de que tres diputados radicales presentaran en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en la Argentina, ayer ingresó otro desde el Senado. Se trata de “Interrupción Voluntaria de la Vida” y lo firma Julio Cobos, senador radical en representación de Mendoza. El borrador empezó a tomar forma en febrero, a partir de una experiencia personal del legislador. En otro año marcado por el Covid-19, ambos proyectos podría empezar a discutirse el año próximo.

El objetivo de cada propuesta es el mismo: que una persona que padece una enfermedad grave, crónica e incurable, y que ve afectada su dignidad, sin diagnóstico de mejoría, pueda decidir cuándo morir. Sin embargo, a diferencia del proyecto presentado por los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre -por Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-, el proyecto del senador Cobos es más riguroso en cuanto a los requisitos para acceder al derecho a morir.

Médico responsable, médico consultor y una Comisión de garantía y evaluación

La propuesta establece, en principio, la figura del médico responsable y la del médico consultor. El médico responsable es un profesional de la medicina a cargo del cuidado del paciente. Como interlocutor principal, debe informarlo durante todo el proceso desde que la persona que sufre pide la eutanasia. Es, también, quien puede denegar la práctica si considera que no se cumplen los requisitos. El médico consultor debe estar especializado en la patología de quien requiera el derecho y ser independiente del responsable. Es quien otorga la confirmación médica del diagnóstico, las opciones terapéuticas y el pronóstico de vida del paciente.

El paciente que requiera la eutanasia debe cumplir una serie de requisitos. En principio, ser mayor de edad y argentino, o con una residencia en el país mayor a un año. Su salud debe estar alterada de manera “irreversible” por una enfermedad grave, crónica o imposibilitante. Y según el proyecto “con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces”. Esa condición debe haber sido diagnosticada, certificada y confirmada no sólo por los médicos responsable y consultante, sino por una Comisión de Garantía y Evaluación.

Quien pida la eutanasia debe prestar consentimiento informado. Esa manifestación de voluntad tiene que ser por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia. Tiene, además, que convocar a dos testigos. También debe haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito u otro medio, con fecha y firma. Puede hacerlo en su lugar una persona mayor de edad y plenamente capaz, si el paciente no está en condiciones de salud para encarar el trámite.

Terminadas esas gestiones y en un plazo máximo de dos días, el médico responsable iniciará con el paciente que haya solicitado la eutanasia un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, e información sobre cuidados paliativos. En un plazo no menor a quince días, el paciente deberá presentar otra solicitud al médico responsable, que vuelve a iniciar el proceso de deliberación sobre su caso. En esta segunda instancia, participará un equipo de apoyo conformado por especialistas en psiquiatría y psicología que ayudará a “confirmar la madurez del juicio del paciente y su inequívoca voluntad de morir”.

Una vez terminado ese proceso, el médico responsable consultará al paciente si quiere continuar o desistir de la solicitud de interrupción voluntaria de la vida. Si el paciente quiere avanzar con la práctica, el médico responsable debe pedir que firme un documento de consentimiento informado y someter la solicitud al médico consultor. El médico consultor debe estudiar la historia clínica y examinar al paciente. Si cumple con las condiciones que establece el proyecto, redactará un informe.

Si el médico consultor confirma que el paciente reúne las condiciones para acceder a la eutanasia, el caso pasará a la Comisión de Garantía y Evaluación, que hará el control previo a la práctica: el presidente de la Comisión designará a dos miembros de la misma, un profesional médico y un abogado especializado en Salud, para que verifiquen los requisitos. Si hay acuerdo entre médico y profesional, y si la decisión es favorable, emitirán un informe en el que autorizaran la eutanasia.

Ahora, si el médico consultor deniega, con argumentos, la práctica, el paciente que la haya solicitado podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación en un plazo máximo de quince días. Lo mismo sucedería si el médico consultor la aprueba, pero los miembros de la comisión no.

Modalidades, lugar, cobertura de la práctica y objeción de conciencia

El proyecto “Interrupción Voluntaria de la Vida” contempla dos modalidades para realizar el procedimiento: la práctica eutanásica o muerte asistida. En la práctica eutanásica es el profesional de la salud quien administra la sustancia que provoca la muerte. En la muerte asistida el profesional de la salud suministra la sustancia pero es el paciente quien se la administra.

El procedimiento puede realizarse instituciones de salud públicas o privadas, o en el domicilio que indique el paciente. El sistema de salud público, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las prepagas, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria de la vida.

El proyecto contempla la objeción de conciencia. Pero el rechazo o la negativa a realizar la prestación debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Los establecimientos que no cuenten con profesionales para realizar la práctica por este motivo, deberán derivar a quien requiera la eutanasia a un efector que la realice y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó.

Hay otros dos anteproyectos que aún están en instancia de “borrador”

La diputada nacional en representación de Córdoba por el Frente de Todos, Gabriela Estévez elaboró durante 2019 un anteproyecto para legalizar la eutanasia. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia. Brenda Austin, diputada nacional de la UCR por Córdoba, también trabajó en un anteproyecto.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM/MS

El primer proyecto para legalizar el Derecho a Morir en la Argentina ya está en el Congreso. Así lo anunciaron esta tarde, en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mendoza, los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre -en representación de Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-. Estuvo presente Julio Cobos, senador radical por Mendoza, quién también presentará un proyecto para legalizar la eutanasia. El texto final de su autoría entrará en la Cámara Alta la semana próxima. Los proyectos son sutilmente diferentes pero tienen el mismo objetivo: que las personas que sufren una enfermedad terminal o un sufrimiento incontrolable por la enfermedad que padecen puedan decidir sobre el final de su vida.

El proyecto regula el derecho de toda persona de solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Pueden pedirlo los y las ciudadanas argentinas, mayores de 16 años, informados y capaces. También los adolescentes entre 13 y 16 años. Se creará, si la ley es sancionada, una comisión médica de asistencia y evaluación que funcionara en cada provincia y en la Ciudad. Está contemplada la objeción de conciencia. El sistema de Salud público garantiza la cobertura y calidad de la prestación.

De acuerdo al texto presentado, una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, es aquella que limita e incide “directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, que impacta sobre la capacidad de expresión y relación, y que implica un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, y que esas limitaciones persistan en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable”. Tiene en cuenta para acceder a una muerte asistida la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

Los requisitos que establece el proyecto para poder acceder al derecho a morir: 

Cómo es el procedimiento

Según el proyecto, el paciente debe presentar la solicitud de ayuda para morir ante la Comisión Médica de Asistencia y Evaluación de su jurisdicción. El presidente de esa comisión designará a dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si concurren los requisitos establecidos por la ley. Estos deberán expedirse en un plazo de 5 días corridos. Si el informe es negativo el paciente puede pedir la revisión por la comisión en pleno, la que deberá expedirse en el plazo de 5 días corridos. El procedimiento podrá ser realizado por los médicos (lo que se llama “muerte asistida”) o en casos en que sea posible y elegido por el paciente puede ser autoadministrada, es decir, es el paciente quien activa el mecanismo que administra la dosis tóxica.

Daniel Ostropolsky, el hombre que “inspiró” el proyecto que abrirá el debate en el Congreso

Daniel Ostropolsky es abogado, tiene 72 años, 5 hijos. Fue funcionario en diferentes gestiones radicales, también presidente del colegio de abogados de la primera circunscripción de Mendoza entre 2010 y 2012 y consejero de la magistratura por los abogados del interior entre 2010 y 2014. Fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y desde entonces pelea por una ley que legalice el Derecho a Morir. “Yo amo la vida. Y como tal me siento muy conmovido de que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que el amor por la vida sea consagrado en profundidad”, dijo Ostropolsky, quien acompañó a los diputados en el anuncio del ingreso del proyecto al Congreso. Su historia fue contada por el diario Los Andes.

Hay otros tres anteproyectos que aún están en instancia de “borrador”

La diputada nacional en representación de Córdoba por el Frente de Todos, Gabriela Estévez elaboró durante 2019 un anteproyecto para legalizar la eutanasia. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia. Brenda Austin, diputada nacional de la UCR por Córdoba, también trabajó en un anteproyecto.

El tercer borrador que considera la interrupción voluntaria de la vida como un derecho es de Julio Cobos. Después de varias revisiones, su propuesta se convirtió en texto final y será formalizado en el Congreso la semana próxima. elDiarioAR pudo saber que el proyecto de Cobos tiene más pautas de control que el anunciado hoy, pero que el objetivo es el mismo. Lo que motivó a Cobos a trabajar en un proyecto de ley que regule la eutanasia es una historial personal.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM/WC