Tomás Tello Ferreyra murió a causa de una una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón. Así lo determinó la autopsia cuyos datos fueron revelados este martes. El motivo: una venganza. Esa fue la explicación que dio el fiscal sobre las razones que llevaron a matar al joven de 18 años. Al asesinato lo perpetró una patota, el 1 de enero a la madrugada en la localidad bonaerense de Santa Teresita, durante los festejos de Año Nuevo.

Por el homicidio hay siete detenidos, además de dos menores de edad aprehendidos, quienes iban a ser indagados este martes en una sede del fuero de Responsabilidad Juvenil de la localidad bonaerense de Dolores. Según confirmó el fiscal general de la jurisdicción, Pablo Gamaleri, el móvil del crimen fue una “venganza”.

Este martes también se conocieron dos videos caseros donde se puede ver como fue el ataque.

El fiscal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, decidió posponer para este miércoles la declaración indagatoria de los detenidos mayores de edad.

De acuerdo con la autopsia, Tello murió a causa de una “una laceración en la aurícula derecha del corazón” luego de sufrir una “herida punzocortante en la línea media de tórax”, lo que derivó “en un taponamiento cardíaco y el posterior fallecimiento de la víctima”.

Los investigadores todavía no pudieron encontrar el arma homicida. El fiscal Gamaleri decidió modificar la carátula del hecho, de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía”, la misma calificación que se le aplicó a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en enero del 2020.

Fuentes de la investigación señalaron los sospechosos tienen 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años, y aseguraron que uno de ellos es el padre de Damián Kopelian (21), señalado como autor material del crimen.

Por otro lado, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, manifestó que los asesinos de Tello obraron con “un plan de antemano”, que se originó el 23 de diciembre a raíz de una disputa anterior con la víctima, quien trabajaba como albañil.

“No sabemos muy bien qué pasó el 23 de diciembre. Varios testigos señalan que pasó eso. Esto se aprovechó como una venganza o represalia por ese hecho anterior”, aportó Escoda en declaraciones a Radio Mitre. 

En referencia a los nueve detenidos, el fiscal general comentó que “algunos de los capturados son autores y otros son partícipes”. “A los detenidos no se les extrajo muestras para saber si estaban alcoholizados. Igualmente eso no influiría en la causa”, expresó.

Para el abogado, hay una “gran cantidad de evidencia” que prueba la alevosía

Esta mañana, el abogado Miguel Ángel Pierri asumió la representación legal de los familiares de la víctima y adelantó que existe “una gran cantidad de evidencia” para probar la alevosía y premeditación del hecho.

“Es una postal que lamentablemente se repite. Hemos aprendido muy poco como sociedad. Estos hechos los estamos naturalizando, hechos como los de Fernando Báez Sosa y Tomás suceden regularmente. Una vez más vemos a la juventud en el peor de los escenarios”, comentó Pierri en diálogo con el canal de noticias C5N.

Sobre los atacantes, la mamá de la víctima, Samanta, dijo que no los conoce, aunque recordó que Tomás le había comentado que, dos días antes de Navidad, él había hecho una fiesta en la que tres personas de Buenos Aires se pelearon con un amigo de su hijo y que perdieron sus documentos.

“Aparentemente de tres de los atacantes Tomi tenía el documento pero no sé quiénes son”, agregó la mujer, quien recordó que su hijo le había pedido ayuda para localizar a esas personas y devolvérselos, aunque nunca llegó a entregárselos.

Daniel Tello, padre del joven asesinado, criticó la labor policial durante el hecho y pidió “que se haga justicia”. “Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo”, advirtió.

Los investigadores pudieron determinar que la secuencias comenzó minutos antes de las 7 de la mañana, cuando Tomás Valentín Tello Ferreyra (18) festejaba con sus amigos el Año Nuevo en la playa, a la altura de la calle 38 y la avenida Costanera, en Santa Teresita. En ese lugar empezaron a ser golpeado y perseguido por una decena de personas, por lo que trató de escapar corriendo alrededor de 600 metros.

El joven intentó refugiarse en un domicilio ubicado en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera, pero fue interceptado otra vez por la patota. Allí volvieron a atacarlo con pedradas, botellazos, puntapiés, golpes de puño y al menos un arma blanca. Tras el ataque fue trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Las detenciones se produjeron poco después del hecho gracias a que hubo varios testigos del crimen y a las cámaras de seguridad donde los agresores aparecen caminando por la playa, intentando escapar de la zona. Cerca de las 9 de la mañana, otros dos sospechosos fueron detenidos a unas diez cuadras del lugar del ataque y, uno de ellos, identificado como Damián Kopelian (21), fue señalado por los pesquisas como el autor de la puñalada mortal que recibió la víctima.

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna, ordenada por el juez Luis Alberto Schelgel del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, terminó este mediodía en la Morgue Judicial. La misma permitió la extracción de “mucho material que oportunamente fuera inyectado” a la modelo y actriz fallecida el jueves pasado, el cual será “motivo de pericia”, según confirmó el abogado de la familia, Fernando Burlando.

Los procedimientos habían comenzado alrededor de las 10 tras la ratificación del pedido por parte del juez, luego de que Burlando pidiera ayer domingo “que se posterguen” hasta que se cumplan “todas las garantías” procesales y sean notificadas las partes.

“Fue una diligencia como se realiza habitualmente”, precisó el letrado en declaraciones a la prensa una vez finalizado el procedimiento. Agregó que la familia observó desde afuera de la mesa forense por “razones de bioseguridad” y “sin peritos de parte por el momento”.

“Se llevó adelante preservación de los riñones y demás órganos y se extrajo mucho material que oportunamente fuera inyectado a Silvina, que será motivo de pericia”, detalló Burlando, quien representó a Luna en el juicio que terminó el año pasado con la condena de Aníbal Lotocki. El médico fue condenado a cuatro años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por “lesiones graves” en perjuicio de su clienta, de Stefania Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Según Burlando, la muerte de su defendida ameritó la presentación de “una nueva denuncia” por parte de la familia Luna, en la que su hermano Ezequiel se constituyó como particular querellante y solicitó que “se castigue al responsable con el máximo legal”. “Denunciamos a Lotocki por homicidio”, sentenció.

“Silvina se fue sin tener una respuesta de la justicia, fueron muchos años litigando. Tenemos una justicia que no se pone en ningún momento en el lugar de las víctimas, le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique y haga una investigación seria”, expresó el abogado.

En el escrito, el hermano de la actriz denunció que Lotocki implantó en el cuerpo de la víctima “un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo donde no estaba permitido su uso totalmente prohibido y en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica”.

“El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki”, añadió en la presentación.

“Entiendo que el deceso de mi hermana se corresponde con una muerte violenta, es obligación de la justicia realizar con la celeridad del caso, todas las medidas necesarias para determinar las causas de la muerte y de esa forma dar una respuesta adecuada a las víctimas en mi caso familiar por ser el hermano de Silvina”, manifestó.

“Lotocki ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015”, se lee en otro párrafo del texto.

Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, había solicitado el jueves pasado a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Luna para realizar la correspondiente autopsia, por lo que se vio postergado el entierro.

La modelo falleció tras permanecer casi tres meses internada en el Hospital Italiano, como consecuencia de complicaciones propias de una insuficiencia renal luego de las prácticas estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

LC con información de agencias

El hijo del diputado formoseño y titular del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMF), Jorge “Koki” Zarza, está acusado del femicidio de su pareja de 35 años, cometido el pasado 6 de agosto en el partido bonaerense de Moreno. Se trata de Cristian Manuel Zarza, imputado por el “homicidio agravado por el vínculo y violencia de género” de Vida Cecilia Manzano, quien estudiaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Moreno.

El pasado 7 de agosto, el acusado habría denunciado ante las autoridades policiales la muerte de su pareja en su domicilio en la calle Remedios de Escalada del mencionado partido del oeste de la provincia de Buenos Aires. Según declaró, ambos se encontraban viendo una película cuando Manzano se desvaneció sobre su cama sin signos vitales, luego de que manifestara sentirse mal. Al revisarse la historia clínica de la joven, los investigadores detectaron que la mujer presentaba antecedentes de enfermedades coronarias, por lo que se decidió realizar una autopsia que determinara si la causa de muerte estaba asociada a aquello.

Lejos de confirmar la hipótesis original, el procedimiento que llevó adelante la Policía Científica de Moreno-General Rodríguez reveló que Manzano había fallecido como consecuencia de “una compresión brusca en el cuello en el contexto de una estrangulación manual”.

“Por lo descripto, se interpreta que la muerte se produce como consecuencia de una falla cardíaca aguda, secundario a una falla respiratoria aguda, secundaria a broncoaspiración por comprensión extrínseca brusca del cuello, en el contexto de una estrangulación manual; causa esta idónea y suficiente para provocar la muerte en forma inmediata”, indicaron los peritos en el informe de la autopsia. La víctima presentaba también una fractura en el hueso hioides, una típica lesión en los casos de estrangulamiento.

El documento también determinó que todas las lesiones que sufrió se dieron mientras se encontraba con vida y que su cuerpo “no presentaba signos de lucha o defensa”.

Según indica el informe, Manzano habría fallecido entre las 00.00 y las 06.00 del día 6 de agosto. Por tal motivo, los investigadores no descartan que el asesino haya retenido el cadáver de la mujer durante 24 horas antes de denunciar el fallecimiento e intentar tergiversar lo ocurrido.

Tras conocer los resultados de la autopsia, el fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dispuso la inmediata detención de Zarza, quien se negó a declarar y continuará detenido.

Con información de agencias.

La autopsia realizada al cuerpo Facundo Molares Schoenfeld, el manifestante que falleció el jueves por la tarde tras participar de una protesta en el Obelisco que fue reprimida por la Policía de la Ciudad, reveló que murió por “congestión, edema, hemorragia pulmonar”, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Los peritos, de acuerdo con esta información oficial, destacaron en su informe médico que “no se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes sobre la superficie corporal ni sobre los órganos internos salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha”.

En esa línea, se señaló que “las fracturas costales e infiltrados hemáticos en tórax descriptas, podrían ser compatibles con las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) consignada en la Historia Clínica del Hospital Ramos Mejía”, adonde había sido trasladado Molares y donde finalmente falleció.

La autopsia fue realizada por los siguientes profesionales: Dr. Héctor Enrique Di Salvo, Perito Médico Tanatologo, Dra. Patricia Elizabeth Ares Perito Médica Tanatologa, Dra. Miriam Matoso Perito Médica Patóloga, Dra. Buzzi Mara Matilde Perito Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes, Dra. Marta Maldonado, Perito Odontóloga Forense, Dr. Mariano Brzezinky Médico Obductor, Sr. Víctor Baldioli Fotógrafo, y Sr. Alfredo Speroni Fotógrafo.

El Ministerio Público Fiscal informó que los profesionales “también tuvieron en cuenta los antecedentes médicos” de Molares: “paciente con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y pericarditis constrictiva medicado con enalapril 5 mg7 día, espironalactona 100mg/día, bisoprolol5 mg/día”.

“De la documentación médica proveniente del Servicio Penitenciario, del Hospital Nacional Alejandro Posadas y de una internación en el Hospital de Clínica, en la Ciudad de La Paz, Bolivia, se desprende que el occiso ha padecido sucesivos cuadros de Insuficiencia Cardíaca Congestiva, Insuficiencia Renal Aguda, Hipertensión Pulmonar, Hipertensión arterial, Infección respiratoria por COVID-19 y una cardiopatía dilatada en tratamiento”, indicó la autopsia.

Quién está a cargo de la causa y cómo sigue

La causa está a cargo de Manuel Gorostiaga, del Juzgado Criminal y Correccional nº2. Quien instruye la investigación es la fiscalía de turno, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 30, dirigida por Marcela Sánchez.

La fiscalía confirmó que la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a su vez que ordenó apartar a la Policía porteña del caso y que intervenga en su lugar la Policía Federal Argentina (PFA).

La fiscalía, que impartió directivas para “identificar a todos los efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron en el operativo”, también había ordenado “el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su correspondiente autopsia”.

Además, pidió “el secuestro de todas las cámaras de seguridad de la zona” y la recopilación de los videos que circulan en redes sociales, donde que se observa a Molares en el piso rodeado de efectivos policiales y recibiendo maniobras de reanimación.

Según la familia, la fiscalía les negó presentar peritos propios

Eduardo Soares, abogado de la familia Molares, afirmó este viernes en declaraciones a C5Nque desde la fiscalía les negaron la posibilidad de presentar sus propios peritos.

“Cuando ayer hablamos con la fiscal le dijimos que nos vamos a constituir como querellantes y que queríamos presentar un perito de parte, ante lo que nos respondieron: 'La autopsia la hacemos nosotros y les damos los resultados, ahí presenten los peritos que quieran pero no van a participar'”, contó el letrado.

Soares manifestó su “preocupación” y la de la familia ante la “falta de actitud de colaboración” de la fiscal, a quien ayer jueves le “pidieron inmediatamente identificar el cuerpo y nos dijeron 'no, ya lo identificamos nosotros'”.

“Hoy tuvimos una reunión con la fiscal en los mismos términos tratando de explicarle que 'estamos del mismo bando'. Dejamos los escritos para constituirnos como parte querellante firmados por el padre de Facundo, Hugo Molares, y aún estamos esperando el despacho de fiscalía que nos permita constituirnos como tal”, remarcó el abogado.

En cuanto al material que están recogiendo para aportar a la causa, Soares indicó que tienen “un montón de videos”, que están confeccionando la lista de testigos y que esperan que la fiscal pida todos los registros de las cámaras de “uno de los lugares más monitoreados de la capital”.

Además, solicitarán que se incluyan los “registros de identificación de personas para ver si también lo estaban monitoreando a Molares”.

“La hipótesis es que ellos sabían perfectamente el estado de salud de Molares. Abren el cordón para integrarlo a Facundo y lo cierran. Los seis militantes detenidos son personas que fueron a reclamarle a la policía cuando ya estaba detenido y hay dos testigos que están tirados junto a él y que también le avisan a la Policía cómo su estado de salud estaba evolucionando desfavorablemente”, puntualizó el abogado de los Molares.

LC/JJD con información de las agencias Télam y NA

Conservado a una temperatura que oscila entre los -12 y los -20 grados, el cadáver de John McAfee, el magnate norteamericano conocido por sus antivirus,  sigue en una morgue de Barcelona. Lleva ahí congelado más de dos años, esperando una resolución judicial que le permita regresar a Estados Unidos y recibir un funeral.

“No recuerdo un caso similar”, admite Eneko Barbería, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya, organismo dependiente de la conselleria de Justicia y responsable de la morgue en la que está McAfee. “Cuando tenemos un cuerpo durante tanto tiempo suele ser porque no está identificado”.

A finales de junio de 2021, los funcionarios de la cárcel de Brians 2, situada a 40 kilómetros de Barcelona, se encontraron al creador del antivirus más famoso del mundo colgado en su celda. La primera autopsia no dejó lugar a dudas: McAfee se había suicidado pocas horas después de conocer que sería extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo Janice McAfee, exmujer del magnate de la tecnología, solicitó una segunda necropsia. “No puedo creer que John se suicidara”, explicaba en conversación con elDiario.es hace menos de un año. 

El juzgado de Martorell que investigaba la muerte de McAfee se negó a autorizar esa segunda autopsia y su abogado, Javier Villalba, presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona que fue admitido a trámite en febrero de 2022. A día de hoy, más de un año y medio después, el recurso sigue sin resolverse y ni siquiera se indicó fecha para su deliberación, votación y fallo. 

El cadáver, mientras, permanece en Barcelona ante la incredulidad de los miles de seguidores que tenía McAfee, abonados a teorías conspirativas de todo tipo. Fuentes de la defensa aseguran sentirse “desolados” ante unos retrasos que achacan al “caos” de la Justicia española tras varias huelgas en los tribunales. 

Una morgue con capacidad para 90 cuerpos

La morgue que alberga a McAfee está situada en el sótano de la Ciutat de la Justicia de Barcelona. En este lugar de suelo azul caben unos 90 cadáveres, divididos en grandes neveras verticales de acero inoxidable, numeradas y con cuatro pisos cada una. Una pantalla en su parte superior indica el nombre de cada fallecido.

“Normalmente estamos entre el 60 y el 70% de nuestra capacidad”, explica Barbería. “Solo en algunas ocasiones tenemos problemas de espacio”, añade. Los veranos, por ejemplo, suelen ser periodos en los que se puede rozar el límite de capacidad. Aproximadamente el 20% de las autopsias que se practican en este recinto son de personas de fuera de Catalunya. 

En el espacio hay también varias salas para practicar autopsias, con pizarras blancas en las que los forenses apuntan la información relevante de cada cuerpo. Aproximadamente se realizan entre ocho y nueve necropsias diarias, unas 3.000 al año.

También hay un espacio de tratamiento de aguas residuales y otro dedicado a la antropología forense. En un corcho situado en una sala, un pequeño cartel indica los días que se han sucedido sin registrarse ningún homicidio.

Una autopsia “clara y básica”

Uno de los argumentos que esgrime la defensa de McAfee en su recurso para pedir una segunda autopsia “independiente” es que la que se aportó en la causa era “incompleta”. Fuentes de la defensa aseguran a elDiario.es que, por ejemplo, el informe no tenía fotografías. 

Barbería, responsable de la entidad que llevó a cabo la autopsia, niega cualquier teoría conspirativa. “Es un caso muy claro y básico”, sostiene. “No tenemos ninguna duda sobre nuestro trabajo o nuestras conclusiones”.

Este médico forense explica que no siempre se realizan fotos en las autopsias. “Para que una autopsia sea completa necesita que se abran las tres cavidades y se hagan todas las pruebas complementarias que se requieren”, abunda. “Desde el punto de vista metodológico [la necropsia de McAfee] se ajusta al protocolo del Instituto y a lo que se recomienda a nivel internacional”.

Con todo, Barbería no tiene ningún reparo en que su equipo lleve a cabo una segunda autopsia si el juez lo requiere. Es escéptico, no obstante, sobre lo que podría aportar. “Nunca aportará una información tan precisa como la que aporta la primera, con el cuerpo fresco”, precisa.  “La información que puedes obtener ahora es limitada”, señala. 

En el Instituto de Medicina Legal no tienen ninguna voluntad de retener el cadáver de McAfee. Ellos, indirectamente, también se ven perjudicados por la lentitud de la justicia. “Una vez realizadas las pruebas, cuánto antes se lo lleven para nosotros mejor”, afirma Barbería. “No tenemos ningún interés en mantener un cuerpo aquí durante tanto tiempo”.

La muerte del magnate en una prisión catalana fue el final de una vida azarosa que llevó a McAfee a ser un prófugo de la justicia en distintos países, en una deriva truculenta que incluso le valió una acusación por homicidio en Belice. Cuando fue detenido en el aeropuerto de Barcelona, en octubre de 2020, llevaba unos meses residiendo en Cambrils (Tarragona) en un hotel cerrado al público convertido en una granja de criptomonedas. 

Dos años después de morir, la viuda de McAfee sigue esperando en Málaga una decisión sobre la autopsia que no llega. La opción de renunciar al recurso para que se pueda repatriar el cadáver ni siquiera se contempla, señalan desde su defensa. Tampoco Janice quiere abandonar el país sin el cuerpo del que fue su marido. “No me voy a ir ir sin él”.

Susana Cáceres, la mujer encontrada asfixiada, apuñalada y golpeada en el cuerpo y en la cabeza junto al Río Reconquista en el partido bonaerense de Ituzaingó, tenía signos de haber sufrido un abuso sexual. Su familia despedirá sus restos durante esta tarde en el cementerio municipal de Moreno.

El informe final de la autopsia estableció también que la data de muerte es de 3 a 7 días previo al hallazgo del cadáver, pero los investigadores creen que la mataron entre el jueves y viernes de la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron que el cuerpo de la víctima tenía lesiones propias de haber padecido un abuso sexual, sufrió múltiples heridas punzocortantes, hematomas en el cuerpo a causa de palazos, un golpe en la cabeza con un objeto contundente y tenía marcas en el cuello por asfixia.

La hipótesis de los investigadores es que la mujer fue llevada muerta desde otro sitio. Además estaba tapada con una lona blanca y ramas que estaban quemadas, por lo que sospechan que la habían intentado prender fuego.

Tras la autopsia, el cuerpo de Cáceres fue entregado a la familia para cumplimentar los trámites para su inhumación, que fue realizado a las 14 en el cementerio municipal de Moreno, ubicado en Belisario Roldán y Güemes de la localidad de La Reja.

Adriana, la prima de la víctima, dijo que acompañarán a Susana hasta el cementerio para darle su despedida. “Queremos que mi prima descanse en paz y podamos darle la paz que merece. Estamos muy dolidos todos, pero tenemos que estar fuerte para comenzar otro camino que es el del reclamo de justicia y para que atrapen a los responsables de su crimen”, afirmó.

La fiscal Luisa Pontecorvo, jefa de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, en tanto, pidió nuevamente otras imágenes de cámaras de seguridad de la zona al hallazgo y espera los resultados de otras pericias.

“Se tiene que investigar de cero porque no hay sospechosos del asesinato. Tenemos que seguir lo que indique el informe forense para avanzar”, sostuvo un vocero judicial.

La fiscalía comenzará durante la semana próxima a tomar nuevos testimonios a personas cercanas a la víctima para indagar más sobre su círculo cercano, añadieron las fuentes.

Así encontraron asesinada a Susana Cáceres

El hallazgo ocurrió pasadas las 13 de este viernes en medio de pastizales, a la vera del río Reconquista, a metros del Camino del Buen Ayre, en jurisdicción de ese distrito de la zona oeste del conurbano, y el cuerpo fue reconocido por sus familiares.

Las fuentes informaron que el reconocimiento fue posible en base a un tatuaje con el símbolo de “Chevrolet” que llevaba Cáceres en uno de sus antebrazos y la vestimenta que tenía puesta antes de desaparecer.

Los investigadores detallaron que el cuerpo fue encontrado durante un rastrillaje que había sido solicitado por la fiscal y realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno en una zona de pastizales junto al lecho del río, a unas 20 cuadras de la casa de la víctima. Hasta allí llegaron decenas de policías, buzos tácticos, bomberos y perros adiestrados que comenzaron a “peinar” un predio que, si bien tenía sectores alambrados, era de acceso público.

Pocos minutos después de iniciado el rastrillaje, los policías encontraron el cadáver, dijeron las fuentes consultadas.

La sospecha de los investigadores es que se trata de una escena secundaria, es decir que la pudieron haber matado en otro lugar y arrojado el cadáver donde finalmente fue encontrado.

Susana Cáceres, madre de cuatro hijos y de 42 años, salió de su casa de la localidad de Villa Trujui el martes 8, cerca de las 16, y dejó a la menor de sus hijas, una beba de un año y medio, al cuidado de su madre. “Ahí vengo má”, le dijo a la mujer antes de ir a pagar una deuda por unos electrodomésticos que había comprado la semana anterior.

La última vez que fue vista fue la madrugada del miércoles 9 de noviembre, en el barrio de Mariló, en Moreno, y vestía un short de jean azul y zapatillas negras. Ante testimonios que indicaron que la mujer estaba con unas personas a bordo de una camioneta se secuestró el vehículo y fueron citados a declarar su expareja y los hermanos de ésta.

MB con información de agencia de noticias Télam

El equipo de fiscales que investiga el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el viernes pasado en la ciudad pampeana de Santa Rosa presuntamente por su madre y la pareja de ésta, recibió el informe de la autopsia que confirma que la víctima presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data.

En tanto, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa solicitó al Ministerio de Salud provincial un informe sobre los ingresos del niño a distintos hospitales y centros de salud de dicha ciudad ya que, de acuerdo con la historia clínica, fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad.

Fuentes judiciales informaron que este pedido, realizado por el fiscal Juan Carlos Carola, se fundamenta en la cantidad de veces que Lucio ingresó a centros de salud con distintas lesiones, algunas graves, sin que se registrara denuncia alguna por parte de las autoridades sanitarias intervinientes.

Uno de los fiscales que integra el equipo creado especialmente para investigar el crimen, Walter Martos, reiteró hoy lo que ya se había difundido oficialmente desde el Poder Judicial pampeano: “Dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal o en la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia, no existe una denuncia formal de maltrato contra Lucio”.

No obstante, en la historia clínica del niño figura que el 15 de diciembre de 2020 fue asistido por “traumatismos de miembro superior” en el Hospital Evita y el 18 de ese mismo mes, en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron “fractura a nivel de la muñeca y de la mano”.

También que el 22 de enero de 2021 fue llevado a la posta del barrio Río Atuel, donde los médicos constataron “traumatismos de miembro superior”, mientras que el 1 de febrero volvió al Hospital Evita por un “código T14-1”, es decir, un traumatismo en el cuerpo.

Finalmente, el 23 de marzo último le diagnosticaron en el Hospital Evita “mallet finger”, una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea de la falange distal.

Las lesiones que Lucio sufrió tiempo antes del asesinato, fueron ahora ratificadas por el forense Juan Carlos Toulouse, quien en la autopsia se refirió a mordeduras, quemaduras y golpes de antigua y reciente data y ayer aseguróque en sus casi 30 años de profesión “nunca” vio algo igual.

Asimismo, la autopsia confirmó que la causa de muerte del niño fue consecuencia de “politraumatismos” en distintas partes del cuerpo y una “hemorragia interna”.

Ahora, desde la FIA procuran establecer los motivos por los cuales las autoridades médicas no hicieron las denuncias correspondientes y el niño no llegó a ser auxiliado y puesto a resguardo por algún organismo del Estado provincial.

Lucio murió el viernes 26 por la noche tras ser golpeado y por el crimen fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y a la pareja de ésta Abigail Páez (27), quienes están bajo prisión preventiva, la primera acusada por “homicidio calificado por el vínculo” y la segunda por “homicidio simple”.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan tras las rejas mientras se instruye la causa y hasta que sean sometidas a juicio.

La mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, ya que fueron sacadas de La Pampa tras los violentos incidentes registrados la noche del pasado domingo en la seccional 6ta. de Santa Rosa donde estaban presas.

El fiscal Martos detalló que ambas fueron indagadas el sábado, al día siguiente del asesinato, y que luego se realizó la audiencia de formalización de la acusación, en la que a pedido de la fiscalía y por decisión del juez, quedaron bajo prisión preventiva por 90 días, lapso durante el cual se instruirá la causa para ser elevada a juicio.

Martos relató que la causa comenzó el viernes pasado cuando Lucio “prácticamente llegó sin vida” al hospital Evita, donde murió “pese a todas las maniobras que se le hicieron de reanimación”.

“A partir de ese mismo momento se detienen a la madre y a su pareja y se lleva adelante todo el procedimiento, con la indagatoria, la formalización de las imputaciones y la orden de prisión preventiva hasta la finalización del proceso”, resumió.

Sobre las acusadas, el funcionario judicial dijo que la calificación legal de los delitos que se les imputan van a ir variando de acuerdo con los elementos que vayan encontrando.

Martos informó que ya inspeccionaron la vivienda en la que Lucio vivía con las acusadas, de donde se secuestraron elementos que luego se determinarán si aportan o no a la investigación.

DA con informacíón de agencias