El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una ofensiva que se da en paralelo con una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas a nivel nacional contra la norma recientemente sancionada por el Congreso.

La acción pampeana fue promovida junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y quedó radicada en el juzgado federal de Santa Rosa. La presentación, patrocinada por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicita la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y advirtió sobre el impacto directo que podría tener la norma en la provincia. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, afirmó.

Según el mandatario, la reforma vulnera derechos ambientales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el amparo pide declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley, así como la suspensión de cualquier acto administrativo derivado de su implementación.

El agua, en el centro del conflicto

La disputa por los recursos hídricos es estructural para La Pampa, que mantiene desde hace décadas un litigio con Mendoza por el río Atuel y reclama el cumplimiento de un fallo que garantiza un caudal mínimo. En ese contexto, el gobierno provincial sostiene que cualquier modificación en el manejo de cuencas aguas arriba impacta directamente en su territorio.

Ziliotto también subrayó la importancia estratégica del río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana. En la misma línea, Schmidt advirtió que el daño “no es abstracto, sino real”, ya que una eventual disminución en la cantidad o calidad del agua afectaría a toda la población.

El planteo judicial sostiene que la reforma de la ley, que modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido por la norma 26.639, vulnera los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de la Ley General del Ambiente y tratados internacionales. Entre otros puntos, cuestiona que reduce el nivel de protección ambiental y configura un retroceso normativo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos sectores. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, destacó el compromiso histórico de la institución con la defensa del agua. El diputado provincial Hernán Pérez Araujo advirtió, en tanto, sobre tensiones políticas en torno a un tema que consideró estratégico.

Desde las organizaciones sociales, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, sostuvo que el río Colorado es “vital” para la provincia, mientras que Roberto Rodríguez alertó que la reforma podría priorizar la inversión minera por sobre el consumo humano de agua.

Demanda colectiva y rechazo ambiental

En paralelo, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace lanzaron una demanda colectiva contra la reforma y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la presentación judicial.

Las entidades advirtieron que la modificación representa un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y cuestionaron el proceso de sanción parlamentaria. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron en un comunicado.

Entre los puntos más criticados, remarcaron que la nueva ley otorga a las provincias la potestad de definir las zonas periglaciales en las que se podrán habilitar actividades como la minería, lo que, según advirtieron, pone en riesgo ecosistemas clave y el acceso al agua de millones de personas.

También denunciaron que el tratamiento legislativo se realizó “a espaldas de la sociedad”, con limitaciones en las instancias de participación pública y sin incorporar aportes científicos y técnicos.

La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, modifica una norma considerada pionera en América Latina en materia de protección de glaciares. Ahora, con múltiples frentes judiciales abiertos, su implementación queda bajo revisión mientras crece la disputa por el alcance de la política ambiental en el

CRM

La defensa de la tierra, de recursos naturales como el agua, contra la deforestación o la contaminación son algunos de los temas por los que cientos de defensores ambientales sufren amenazas o son asesinados en el mundo, ante la imparable agroindustria o la industria extractivista como la minería.

Las personas defensoras del territorio y el ambiente son defensores de derechos humanos, según la organización internacional Global Witness que lleva desde 2012 contabilizando los casos de ataques y asesinatos y analizando la realidad de los defensores ambientales.

De acuerdo a sus datos, en 2024 fueron asesinados 146 defensores. Un número que se eleva a 2.157 asesinatos y 96 desapariciones contabilizados desde 2012, en un proceso realizado con la verificación de “diversas fuentes para garantizar su credibilidad”, aseguran.

Para asegurar las actividades de los defensores, en 2018 se firmó el Acuerdo de Escazú en la localidad que lleva su nombre en Costa Rica, un documento pionero en la defensa de los derechos y la protección de los defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia en asuntos ambientales mediante mecanismos que garanticen la resolución de conflictos y la participación pública y recoge asimismo el “reconocimiento y la protección específica de los defensores ambientales”, un hito pionero en todo el mundo.

No obstante, otros tratados internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos recogen los derechos de los defensores del medioambiente como guardianes de la tierra, el agua, el aire, la fauna y la flora. Sin olvidar que la Agenda 2030 es la hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y el planeta a un desarrollo sostenible.

Sin embargo, los defensores de esos derechos en muchos lugares se quejan por ser hostigados ante la ampliación de las fronteras agrícolas para el cultivo de soja, algodón, maíz o palma por una agroindustria cada vez más expansiva en territorios de Sudamérica, Asia o África, donde sus actividades degradan el suelo, incrementan el uso de químicos potencialmente dañinos así como la usurpación de tierras indígenas o comunidades locales, donde muchos defensores alzan su voz.

La industria extractiva como la minería, ante la cada vez mayor demanda de minerales estratégicos para la economía, la tecnología o para uso militar ha dejando desde hace años huellas imborrables por la extracción de cobre a cielo abierto en Chile, una situación similar se denuncia por parte de pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por la extracción de litio en Argentina, Chile o Bolivia.

El joven activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares aseguró a EFE durante su participación en un foro en Madrid que cuidar el medioambiente y mejorar la calidad de vida en términos sociales, económicos o de bienestar en general “son dos cosas que van intrínsecamente de la mano, porque tener un medioambiente sano es un indicador de bienestar, el medioambiente es un derecho humano”.

Las amenazas obligaron a este joven promotor de la ecoesperanza, defensor ambiental y creador del movimiento Guardianes por la Vida a salir de Colombia, país que según el informe de Global Witness en 2024 y por tercer año consecutivo fue el más mortal para los defensores ambientales.

En enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos presentó el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el que se denuncia la vulnerabilidad con la que trabajan las personas que defienden el medioambiente y sus recursos.

La relatora especial Mary Lawlor considera que “muchos de los ataques y amenazas, así como los obstáculos prácticos, que impiden el trabajo de los defensores de los derechos humanos, están relacionados con su ubicación”.

Según Lawlor, “los asesinatos no son el único problema que afecta a los defensores de los derechos humanos en contextos aislados, remotos y rurales”. La relatora ya había recogido en el informe anterior que uno de los mayores problemas que afrontan los defensores es la marginalidad, personas que se encuentran lejos de la protección de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las embajadas extranjeras.

La relatora subraya que muchos defensores alertan de que a pesar de los avances en relación con el derecho de consentimiento libre, previo e informado para proyectos que afectan a sus territorios, “los Estados no respetan ese derecho y las autoridades y las empresas lo violan o ignoran sistemáticamente”.

Por su parte, la organización Survival denuncia que el avance de las industrias extractivas, la agroindustria, el narcotráfico, proyectos de infraestructura, misioneros o el turismo y las redes sociales ponen en peligro a muchos pueblos aislados y sus defensores.

Precisamente, la Comisión Europea, con el voto de la derecha y extrema derecha, han simplificado las medidas de diligencia debida recogidas en la tan debatida Directiva Omnibus.

Por Lourdes Uquillas, para la agencia EFE.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.

El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.

Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.

“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.

EFE.

IG

Los países ricos del Norte están adoptando duras y poco claras medidas disciplinarias para reprimir la protesta contra el cambio climático, a la vez que critican a las autoridades del Sur por aplicar políticas similares.

Son las conclusiones de un informe de la ONG Climate Rights International (CRI), que deja al descubierto el trato cada vez más severo con que se juzga a los activistas climáticos en Australia, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Entre las medidas de represión que emplean los países ricos, el informe detecta detenciones preventivas, situaciones de acoso y largas penas de prisión. Una vulneración en la obligación de los gobiernos de proteger derechos básicos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación. 

El informe de CRI también subraya las críticas que desde estos mismos gobiernos se suele hacer a las autoridades de países en desarrollo por no respetar el derecho a la protesta pacífica. En palabras de Brad Adams, director de CRI, “los gobiernos adoptan con demasiada frecuencia una postura firme en lo que se refiere al derecho de protesta pacífica en otros países, pero cuando en su propio país hay un tipo de protesta que no les gusta, la impiden aprobando leyes y desplegando a la policía”.

Las autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Europa respondieron a las protestas no violentas contra el cambio climático con detenciones multitudinarias y leyes draconianas que tienen como consecuencia largas condenas de prisión. Algunos políticos y medios de comunicación calificaron de vándalos, saboteadores o ecoterroristas a las personas que participan de este tipo de protestas.

Varios activistas por los derechos humanos y por la protección medioambiental expresaron su preocupación ante estas medidas de represión y piden a los gobiernos que protejan el derecho a la protesta no violenta.

“Estos activistas intentan salvar el planeta y, con ello, salvar a la humanidad”, dijo el año pasado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, al periódico británico The Guardian: “Son personas a las que deberíamos proteger, pero los gobiernos y las empresas las ven como una amenaza a neutralizar; al final, es una cuestión de poder y de economía”.

El agravamiento de la crisis climática significó temperaturas récord por todo el mundo en 2024, lo que provocará escasez de alimentos, dificultades económicas y desplazamientos multitudinarios, por no hablar de letales incendios e inundaciones.

Según el informe de CRI, en lugar de tomar medidas urgentes para reducir a toda velocidad los combustibles fósiles y evitar el derrumbe ecológico, muchos países relativamente ricos se centraron en frenar a los que dan la voz de alarma con protestas y actos de desobediencia civil.

“No hace falta estar de acuerdo con las tácticas de los activistas climáticos para comprender la importancia de defender su libertad de expresión y su derecho a la protesta”, dijo Adams: “Los gobiernos deberían escuchar la petición que hacen los manifestantes por el clima de medidas urgentes para enfrentar la crisis climática, en lugar de encarcelarlos y de debilitar los derechos civiles”.

Los autores del informe se refieren a varios casos de naciones desarrolladas que ensalzan el derecho a la protesta en otros países a la vez que emprenden duras y disciplinarias medidas para reprimir a los activistas climáticos dentro de su territorio.

En julio de este año, por ejemplo, el gobierno británico reaccionó así a un informe de Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión y a la protesta pacíficas: “Estos derechos son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, ya que proporcionan a los ciudadanos una plataforma para luchar por un cambio positivo. No obstante, este espacio cívico está cada vez más en entredicho por gobiernos y actores autoritarios que tratan de silenciar a la disidencia porque se sienten vulnerables ante el escrutinio y la rendición de cuentas”.

Estos son algunos de los hallazgos del informe de Climate Rights International: sentencias récord de cárcel por protestas sin violencia en varios países, entre los que figuran Alemania, el Reino Unido, y Estados Unidos; detención preventiva de personas sospechosas de planear protestas pacíficas; aprobación de leyes draconianas para ilegalizar una gran mayoría de las protestas pacíficas; medidas para impedir que los miembros del jurado conozcan durante el juicio las razones por las que los activistas participaron en las protestas pacíficas, lo que según los críticos representa un atentado contra los fundamentos de un juicio justo.

La ONG Climate Rights International hizo un llamamiento a los gobiernos democráticos de todo el mundo para que terminen con la represión autoritaria y protejan el derecho de las personas a la protesta. 

En palabras de Adams, “los gobiernos deben considerar a los manifestantes y a los activistas como aliados en la lucha contra el cambio climático, y no como delincuentes. La represión de la protesta pacífica no solo es una violación de sus derechos básicos, sino que puede ser interpretada por gobiernos autoritarios como una luz verde para perseguir en sus países a los activistas por el clima, por el medio ambiente y por los derechos humanos”.

–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

El obispo de Rawson, Chubut, monseñor Roberto Álvarez, apuntó a las autoridades provinciales sobre el megaproyecto petrolero que abarca la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro, que atravesará la meseta patagónica y terminará en un puerto en Punta Colorada, sobre las costas del Golfo San Matías, a unos 30 kilómetros de Península Valdés. 

Haciéndose eco del reclamo de diversas ONG, ambientalistas y vecinos de Chubut, Álvarez le envió una carta el pasado 31 de julio al gobernador Ignacio Torres en la que le pregunta al mandatario o demás autoridades provinciales si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península de Valdez que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

Para el pastor de la iglesia chubutense, “ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, pregunta Álvarez.

Además, cuestiona si “el asunto” es exclusiva responsabilidad de Río Negro, que modificó leyes para darle vía libre al proyecto; o si Chubut también debería estudiar “si el emprendimiento gasífero atenta contra el artículo 99” de la Constitución provincial“.

Según el obispo, “el único objetivo es ayudar a los poderes del Estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial”.

Asimismo, en la carta que, además de tener como destinatario a Torres, también dirige al vicegobernador, Gustavo Menna; al procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; y a diversos legisladores provinciales, el sacerdote avanza con sus dudas con respecto a vaca Muerta: “¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden?”.

Y concluye: “En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: ”Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente“.

Los reclamos de Álvarez van en sintonía con los que expresó días atrás el obispo de Alto Valle de Río Negro, Alejandro Benna, en el marco de la peregrinación anual a la localidad rionegrina de Chimpay, donde nació el beato Ceferino Namuncurá, cuando, ante la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, les pidió “a quienes no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra, que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

La respuesta de Torres y la insistencia del obispo

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

Además, Torres plantea: “Los intereses sectoriales y las inquietudes que puedan generarse deben encauzarse dentro de estos procedimientos y pautas. No es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad y de las normas que organizan el poder del Estado”.

Ante este argumento, en su respuesta del pasado 26 de agosto, el obispo Álvarez parafrasea un fragmento de una encíclica del papa Francisco al sostener que “el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos”, al tiempo que reclama que, como dice el documento del vaticano, “en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida”.

Según el líder de la iglesia de Chubut, “la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear.”

Más planteos de la Iglesia de Chubut

IG

Andrea Calcina, de 58 años, con la piel color caoba teñida por el sol, ha vivido toda su vida en la comunidad de Calcha K, un conjunto de casas de adobe a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En este punto de los andes bolivianos, donde todo parece secarse rápidamente, Calcina señala un pozo de agua que sigue abasteciendo a los residentes, aunque no como antes.

“Antes había más. Con esta agua lavamos, sembramos, regamos hortalizas y quinua”, dice Andrea, quien vive en una comunidad de 100 familias, donde la queja es recurrente: “ya no llueve como antes”. Calcha K es parte del municipio de Colcha K, en el sudoeste del departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Forma parte de las 46 comunidades asentadas en los alrededores de los salares de Uyuni y Pastos Grandes, dos de los tres grandes reservorios de litio que tiene el país. El tercero, Salar de Coipasa, se encuentra en Oruro, en el oeste de Bolivia.

Este año, el gobierno boliviano ha anunciado una serie de acuerdos para construir complejos industriales de litio en esta zona: un consorcio formado por la rusa Uranium One Group y la china CITIC Guoan construirá plantas en Pastos Grandes y Uyuni, mientras que CATL, también china, construirá plantas en Uyuni y en Coipasa.

La empresa estatal de litio Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), socia de estos acuerdos, ha organizado periódicamente charlas públicas sobre los proyectos en las zonas cercanas, con el fin de obtener la aprobación de las comunidades. Pero algunos de los asistentes consideran que no se trata de una verdadera “consulta”, derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En estas charlas, funcionarios han explicado los beneficios que obtendrá Bolivia una vez que cuente con una industria operativa para producir carbonato de litio, precursor de las baterías de iones de litio y el producto de litio con mayor volumen de transacción a nivel internacional.

Aquilina Mamani, antigua dirigente de una comunidad cercana llamada Aguaquiza, dice que las explicaciones en estas charlas han sido técnicas, por lo que muy poca gente las entiende. Además, hablan al público en español, cuando muchas personas solo hablan quechua, su lengua materna.

Aunque la producción de litio ha sido una promesa para el país sudamericano desde hace mucho tiempo, la agenda retomó fuerza la última semana de junio, cuando el presidente Luis Arce dio a conocer la firma de convenios que comprometen una inversión extranjera de 2.800 millones de dólares para industrializar el metal. Anuncio que no cayó del todo bien en los alrededores de los salares.

“El miedo es [perder] el agua”, sentencia Marcial Muraña Ramos, cacique justiciero de Mallku Villamar, una comunidad próxima al salar de Pastos Grandes. Quizá sea un temor justificado ante una actividad que consume mucha agua y cuyas promesas para los países latinoamericanos ricos en litio han ido acompañadas hasta ahora de dudas sobre sus posibles impactos.

El estado del litio sudamericano

Según un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Chile, Argentina y Bolivia ―el llamado “triángulo del litio” que se extiende por sus fronteras andinas― concentran el 68% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras, los yacimientos con mayor concentración del metal. Sin embargo, el ritmo de extracción de cada país es diferente.

Chile lleva produciendo litio desde 1984 y la producción total en 2022 fue de 39.000 toneladas. Argentina, que lo hace desde 1997, produjo 6.200 toneladas el año pasado. Bolivia, sin embargo, lleva mucho tiempo luchando por hacer despegar su extracción, aunque el gobierno afirma que podrá producir 100.000 toneladas anuales en 2025, cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas.

Argentina tiene cinco proyectos en distintas etapas avanzadas de construcción, que se sumarían a los tres que se encuentran en producción: Salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, y Salar de Olaroz y Salar de Cauchari-Olaroz, ambos en Jujuy.

Chile, el segundo mayor productor mundial de litio detrás de Australia, tiene dos explotaciones en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en el norte del país. Entretanto, ya se realizan perforaciones en el Salar Cuenca Francisco en Atacama, también en el norte, y se prevé producir carbonato de litio y cloruro de potasio como subproducto en el Salar de Maricunga, en la misma región.

Bolivia tenía prevista la inauguración de su primera planta industrial de carbonato de litio en agosto de este año, 15 años después de iniciada su construcción. Esto finalmente no se concretó y el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, removió al presidente de YLB, Carlos Ramos, y posesionó en su lugar a Karla Calderón Dávalos.

Este año también se firmaron convenios para emplazar cuatro plantas, aunque se desconocen tiempos y condiciones, porque los documentos no fueron hechos públicos y ni siquiera congresistas tuvieron acceso a ellos, según respondió a Diálogo Chino el equipo de prensa de la senadora Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Con unos yacimientos relativamente pequeños, aún sin explotar, situados más allá del extremo norte del triángulo, Perú es un actor menor y un recién llegado al escenario del litio. En mayo, sin embargo, el país aprobó la exploración del proyecto de litio Falchani, en la región suroriental de Puno, por parte de Macusani Yellowcake, filial de la empresa canadiense American Lithium Corp.

Perú puede convertirse en un cuarto punto destacado del “triángulo del litio”. “Se ha obtenido una alta recuperación de carbonato de litio puro” en el yacimiento Falchani, según declaró en junio Ulises Solís Llapa, director general en Perú de la empresa canadiense American Lithium Corp. Con una reserva de 880 mil toneladas, Perú rápidamente podría competir con sus vecinos.

Grandes reservas, grandes desafíos

Aunque las legislaciones sobre inversión extranjera son diferentes en los cuatro países, el desarrollo del litio en América Latina está en manos de grandes compañías transnacionales.

En Argentina el control sobre la producción primaria y sobre los salares está en manos de empresas estadounidenses, francesas y chinas, con participación de provincias y del gobierno nacional a partir del cobro de impuestos y regalías.

Lo mismo puede decirse de la incipiente industria peruana, donde el ministro de Economía, Álex Contreras, le dijo al medio Swissinfo que la apertura de su país “es total”. “Nuestro objetivo es atraer inversión en diferentes etapas del proceso productivo [de extracción del litio], en aquello en lo que somos competitivos”, enfatizó.

Bolivia, en cambio, ha priorizado el control estatal. Sin embargo, tras 15 años de esfuerzos infructuosos por industrializar el metal en solitario, en 2022 el gobierno se abrió a recibir inversiones. El litio seguirá siendo boliviano, pero las corporaciones china y rusa que comprometieron inversión de capitales recibirán un trato “prioritario”, dijo Álvaro Arnez, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, a la red Unitel.

En Chile, por su parte, el mandatario Gabriel Boric presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para crear la Empresa Nacional del Litio. De acuerdo con la intención oficial, el Estado buscará tener mayor presencia en actividades de exploración, explotación y agregación de valor. En la actualidad, la producción corre a cargo de dos empresas privadas, la chilena SQM (una cuarta parte de la cual es propiedad de la china Tianqi Lithium) y la estadounidense Albemarle.

Detalles no menores son tanto el precio internacional del litio como la demanda mundial, que se prevé siga aumentando. En 2022 una tonelada de carbonato de litio llegó a costar 80 mil dólares, sin embargo, en abril de este año, el precio cayó casi un 50%, debido a un aumento de la producción y la desaceleración de la venta de vehículos eléctricos de China, entre otros factores.

Impactos ambientales

De vuelta al salar de Pastos Grandes, en Bolivia, Marcial Muraña Ramos señala el horizonte. “Hemos visto, tanto en Argentina como en Chile, las consecuencias que han sufrido en sus salares y estamos corriendo el mismo riesgo”, aludiendo a cuestiones como los conflictos con comunidades y el impacto en las fuentes de agua que han acaparado la atención cerca de los lugares de producción de litio.

“Quizás en 10, 20 años no va a pasar nada, pero en 30 a 40 años, todo esto va a quedar desierto”, afirma.

El territorio de Mallku Villamar al que se refiere Muraña Ramos está lleno de agua dulce que desemboca en la laguna salina de Pastos Grandes, parte del humedal de Los Lípez en el extremo suroccidental del país, catalogado de importancia internacional por la Convención de Ramsar y definido como “un complejo de lagunas salinas, hipersalinas y alcalinas, así como bofedales y humedales geotérmicos”. Aquí la gente vive de la cría de llamas, la agricultura de al menos cuatro variedades de quinua y el turismo, debido a la majestuosidad de los paisajes.

Bárbara Jerez Henríquez, investigadora de la Universidad de Valparaíso en Chile, dijo a Diálogo Chino que las investigaciones que abordan la temática de litio en términos ambientales, sociales, culturales, arqueológicos y biológicos “son muy pocas”, a pesar de que los salares son “ecosistemas naturales dinámicos y frágiles”, según cita el estudio sobre la extracción de litio y los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia y Chile realizado por investigadores de la ONG chilena Observatorio Ciudadano y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Para Jerez, es innegable que los riesgos ambientales asociados a la actividad son altos. Uno de ellos es el desconocimiento de la hidrología y de la biodiversidad de los salares, asegura. “Lo que observamos en el Salar de Atacama [en Chile] es que hay una profunda crisis hídrica a raíz del impacto [de la extracción de litio] en las reservas de agua y en la biodiversidad”, explica.

El método de extracción dominante y más utilizado hasta ahora en la industria del litio es la evaporación, que implica el bombeo de enormes cantidades de salmuera al día. En este proceso, el agua se extrae constantemente de la salmuera y se evapora en enormes piscinas. La producción de una tonelada de litio puede requerir la evaporación de hasta 2 millones de litros de agua.

Existen otros métodos, todavía poco explorados a nivel industrial, como la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que permite extraer salmuera de los acuíferos para obtener el litio sin necesidad de usar piscinas de evaporación, como sucede con el método tradicional de extracción. El material se bombea a una planta de procesamiento donde, mediante procesos químicos, se extrae el mineral y la salmuera gastada se reinyecta en los acuíferos. Existen diferentes métodos y propuestas de EDL, y cada empresa puede patentar su propia tecnología.

El gobierno boliviano lo promociona como el “más amigable con el medioambiente” de los dos métodos y ha apostado por su uso en su industria. Sin embargo, expertos en la temática como Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Educación e Información Bolivia (Cedib), advierten que estas tecnologías “pueden alterar todo el sistema hidrogeológico de la zona”, debido al “alto desarrollo químico” que utilizan en la separación de materiales para la obtención del carbonato de litio.

Otro obstáculo es que no se sabe qué se hará con los residuos que deje el proceso. En julio pasado, el todavía presidente de YLB, Carlos Ramos, aceptó una entrevista con Diálogo Chino. Sin embargo, luego de conocer los temas que se iban a conversar, como el manejo de los residuos del litio, el departamento de comunicación de la empresa anunció que el presidente se encontraba de viaje y canceló la entrevista.

Para hablar de los impactos ambientales y sociales de la minería de litio, Edwin Ramos, líder máximo de la comunidad originaria Mallku Villamar, adelantó que en los próximos meses se reunirán con líderes indígenas de comunidades de Argentina y Chile. “Necesitamos saber qué va a pasar con todo esto”, dice Edwin, mientras señala el gran humedal en el que desembocan arroyos de agua dulce.

En Argentina, el tema del litio ya provocó una revuelta en Jujuy el pasado julio, cuando comunidades rechazaron una nueva y controvertida constitución provincial que, según afirman, pretende aumentar la extracción de litio en sus territorios. Estos grupos aseguran que el gobierno no les consultó antes de redactar el nuevo documento.

En todos los países sudamericanos ricos en litio, la preocupación por lo que pueda deparar el futuro es compartida por las comunidades indígenas y locales que viven en los alrededores de los salares. Mientras los gobiernos buscan aprovechar el auge del litio y tratan de impulsar sus industrias y exportaciones en medio de la creciente demanda del llamado “oro blanco”, es probable que estos problemas y conflictos sigan rodeando a los proyectos y requieran una gestión cuidadosa.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

El Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, dispuso no hacer lugar a la solicitud de desalojo del predio ubicado en avenida San Roque y Ruta 20, donde ambientalistas acampan desde el pasado lunes en rechazo a la construcción de la megaobra “Parque Acueducto Vulpiani” que pretende realizar el Gobierno provincial.

La medida había sido solicitada por la Fiscal de Instrucción Nº 4 de la 1º Circunscripción Judicial, Dra. María del Valle Durán y en sus considerandos el juez sostuvo que “no se encuentra claramente justificado e individualizado el o los delitos que provocan la competencia de este Juzgado de Garantías”.

Esta decisión judicial provocó el retiro de los trabajadores y de las máquinas de la empresa del lugar.

La “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani” recibió en la tarde de ayer el resolutorio judicial que distendió la protesta que continúa hoy con el objetivo de frenar la obras, hasta lograr los acuerdos de resguardo ambiental necesarios.

Esto es así porque los asambleístas sostienen que la obra diseñada por el Gobierno de la Provincia de San Luis, “destruiría el ultimo pulmón verde” que posee la citada localidad de Juana Koslay.

Asimismo, el Magistrado, que cuenta con formación en derecho ambiental, puso como obligatoriedad lo dispuesto por la Ley Yolanda para fundar su resolución con “perspectiva en desarrollo sostenible, con énfasis en el cambio climático, considerando la dimensión ambiental y los impactos secos sistémicos, económico-productivos y sociales de cualquier acto, sea este ejecutado por particulares o el Estado”.

Destacó la postura sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente de la CIDH en la Opinión Consultiva y su importancia “para todos los Estados del Planeta distinguiendo el derecho al medio ambiente sano como protector de otros derechos humanos como la vida, la salud y la integridad personal, estableciendo la necesidad de que los Estados realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de derechos humanos”.

Finalmente, el juez dijo que existe la necesidad de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad de todo los estudios de impacto ambiental aludidos por la Fiscal de Instrucción, y los que pudieran practicarse en el futuro por la justicia especializada, a los fines de “evitar la posible conculcación de derechos de incidencia colectiva, de titularidad de futuras generaciones y amparados constitucionalmente como los del denunciante”.

Paralelamente a la resolución que trajo alivio a los y las asambleístas, quienes vivieron momentos de tensión bajo la amenaza de criminalizar la protesta, presentaron al jefe comunal de Juana Koslay, Jorge Videla, un proyecto de reserva natural comunal con el apoyo académico de geólogos y biólogos que colaboran con la asamblea.

En este proyecto, además, convocaron a la participación popular con propuestas a definir sobre el manejo del espacio común.

“No nos oponemos a que el espació sea intervenido”, afirmaron los asambleístas, y para ello solicitan que se haga “con racionalidad y consulta pública popular para garantizar la licencia social que requiere el espacio que es vital para la vida de nuestra comunidad”.

La Asamblea continúa acampando y deliberando en el lugar, con un flujo de personas que en forma permanente se acercan para brindar su apoyo, contribuir con alimentos diarios y participar de las deliberaciones que se dan para definir el futuro de un espacio, que desde hace una semana, se convirtió en un punto común del aporte ciudadano.

Con información de agencias.

IG

Un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de los derechos humanos marcharán este miércoles a las 17, desde el Obelisco hasta la sede del Ministerio de Salud, en contra del “modelo del agronegocio, los transgénicos y el uso de agrotóxicos, que atenta contra la salud socioambiental y la soberanía alimentaria”, informaron los convocantes a la movilización.

Se trata de una nueva edición de la denominada “Marcha Mundial contra Bayer-Monsanto y los agronegocios”, que se realizó por primera vez 2013, en forma simultánea en distintos países y que iba a concretarse el último sábado en el centro porteño, pero fue reprogramada.

Según adelantaron los organizadores, se alertará sobre que en Argentina “se rocía con 500 millones de litros de agrotóxicos al año” y que “tiene el récord de ser el país que más glifosato por persona aplica del mundo”.

“La Argentina tiene el lugar de primer país colonizado por este modelo en Latinoamérica, con la rápida expansión de la frontera sojera y el abandono de cultivos alimentarios en pos de commodities o insumos de exportación para el mercado global”, aseguraron desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones.

Además, criticaron “la reciente aprobación del trigo transgénico HB4 en el país” y advirtieron que “ya son 25 las empresas que están comercializando esta molienda a la población en forma de pan, fideos y otros productos”, según denunciaron en un comunicado.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones ambientalistas y locales celebraron este miércoles el rechazo del Gobierno chileno al controvertido megaproyecto Dominga para la extracción de concentrado de hierro y cobre, que se ha valorado en 2.500 millones de dólares, pero pidieron más protección para la reserva natural única en el mundo donde se iba a emplazar la mina.

“Esperamos que a este rechazo del Gobierno se sume la declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y sus alrededores que permita blindar definitivamente este ecosistema de la ambición y corrupción que rodeó la creación este proyecto”, señaló el director de Greenpeace Chile, Matías Asun.

La ONG Oceana Chile aseguró por su parte en su cuenta de Twitter que es “necesario” y “urgente” declarar en la zona “un Área Marina Protegida libre de industrias de alto impacto”.

“Dominga es solo uno más de los muchos proyectos que buscan industrializar este prístino ecosistema”, añadió.

El Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía, decidió de manera unánime emitir una “evaluación desfavorable” sobre el proyecto, que incluye una mina y un puerto.

La polémica construcción se ubicaría a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

La ministra explicó en rueda de prensa que el proyecto supone riesgos para la vida marina y la calidad del agua y el aire, entre otras razones.

“Han sido más de 15 años de vivir bajo amenazas, primero con la casi instalación de tres termoeléctricas a carbón, luego el puerto Cruz Grande y ahora Dominga, ya estamos cansados y necesitamos vivir tranquilos sabiendo que estamos protegidos de industrias de alto impacto”, dijo a medios locales Lucía Ossandón, presidenta de la comunidad indígena Changa Juana Vergara y Familia, en La Higuera.

“Queremos que, de una vez por todas, esta empresa se vaya de nuestro territorio, ya ha causado demasiado daño, nosotros queremos continuar con nuestro trabajo sustentable y seguir siendo los líderes en producción pesquera artesanal del centro-norte de Chile”, afirmó por su parte Gabriel Molina, de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

Desde su presentación hace una década, el proyecto ha estado envuelto en distintas polémicas, que incluso salpicaron al expresidente Sebastián Piñera.

La investigación periodística “Papeles de Pandora” reveló a finales de 2021 presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto de Piñera, quien se negó a declarar un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la mina.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación días después de la publicación de los “Papeles de Pandora”, pero a día de hoy aún no han imputado cargos a nadie.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018), el Comité de Ministros ya revisó el proyecto y lo rechazó, pero la empresa recurrió a los tribunales y Dominga volvió a la instancia gubernamental.

EFE.

IG

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó este jueves una carta en rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, a través de la cual más de 5.000 profesionales y ambientalistas solicitaron a Alberto Fernández que revea el nombramiento del ex ejecutivo de la multinacional del agronegocio.

Aracre trabajó en Syngenta durante 36 años y en los últimos 12 se desempeñó como CEO para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado renunció a la compañía de capitales chinos para asumir como funcionario público a partir del 1° de febrero. 

En un texto publicado en su sitio web, la organización ambientalista afirmó que “Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior”. 

Encabezada por las firmas de los ambientalistas Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, entre otros tantos, la asociación sostuvo que “en 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas”. 

“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, explicaron los especialistas en la carta.

“Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea. Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros”, afirmaron los ambientalistas. 

Sobre el glifosato, dijeron: “Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”.

“Antonio Aracre tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la ‘grieta’-, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales”, criticaron desde la asociación. 

“Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018”, aseguraron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. 

“Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias’: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito”. 

También resaltaron que en la legislación argentina, la problemática de posibles conflictos de intereses entre privados y el Estado está prevista por la Ley de Ética Pública, que establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.

“Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más”, resaltó la carta pública. 

“Si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país”, reclamaron.

“Es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, resaltó la carta. 

El Presidente publicó en su cuenta de Twitter: “Le encomendé (a Aracre) seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina”.

A través de la misma red social, Aracre afirmó que su tarea sería “una oportunidad única para aprender acerca del estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos”.

Tras reunirse con el Presidente esta semana, Aracre expresó en declaraciones a la prensa su intención de “trabajar en acercar el mundo privado, el mundo de las inversiones al sector público”, con el fin de “potenciar todas las oportunidades” que existen “en los próximos tres a cinco años”.

Nota: este artículo se actualizó el 5 de enero de 2023 a las 17:46.

ED

El Vaticano casi se queda sin el emblemático árbol de Navidad de la plaza de San Pedro de este año debido al juez y ambientalista italiano Dario Rapino, que durante dos años ha luchado y conseguido, in extremis, que no se cortase el imponente ultracentenario abeto blanco destinado al papa Francisco y que se encontraba en una reserva protegida

La historia comenzó hace dos años cuando Alessio Monaco, alcalde de Rosello, un pequeño pueblecito en la región de Los Abruzzos, centro de Italia, de sólo un centenar de habitantes, anunció jubiloso que en Vaticano habían aceptado su propuesta de donación para la Navidad de 2022 de uno de los abetos blancos de la zona.

El anunció sorprendió a Rapino, juez de la cercana ciudad de Pescara y que colaboraba con la reserva como ambientalista, porque “en la zona no hay abetos blancos y estos árboles ultracentenarios solo se encuentran en la reserva, están protegidos y no se pueden cortar, pero además después de ir a controlar el ejemplar elegido se encontraba en la región limítrofe de Molise”, explicó en una entrevista a EFE. Y entonces empezó su lucha.

“Lo primero que hice fue escribir al papa pidiéndole que detuviese la tala e indicando como referencia su encíclica 'Laudato si' donde se habla de la importancia de la simbiosis del hombre con la naturaleza, pero nunca me contestó”, señaló Rapino.

Rapino describe las numerosas irregularidades entorno a la elección de este magnífico árbol cómo que además de estar en otra región, no había autorización por parte de las autoridades regionales necesarias para este tipo de ejemplares protegidos, pero todas sus iniciativas para evitar que fuese talado no tuvieron éxito. Hasta este lunes.

“El domingo me jugué la última carta. Advertí a los Carabineros de la región de Molise de que se iba a proceder de manera inmediata a la tala de uno de los árboles de la reserva del bosque del Monte Castel Barone. El lunes me planté ante el abeto que estaba ya preparado para ser cortado y transportado, pero cuando me fui, de los forestales no había rastro”, lamentó.

Pero mientras volvía en el coche: “Me llamaron y avisaron de que habían aparecido los Carabineros y que habían detenido la tala del árbol. Un milagro”.

Al final, ante la prohibición y la aparición en las noticias de lo sucedido, el alcalde de Rosello ha tenido que echar marcha atrás y elegir uno de los ejemplares que crecen en un vivero regional en la cercana Palena: un abeto igual de majestuoso, pero no blanco, y de aquellos que se dedican a la producción de madera.

El abeto finalmente podrá llegar para la inauguración en la plaza de San Pedro el 3 de diciembre.

Rapino destacó que esta historia enseña además de la necesidad de “respetar las leyes” la importancia de “considerar la naturaleza no como una propiedad que usar a nuestro antojo, sino como nuestra casa que hay que respetar” tal y cómo indica el papa Francisco.

Este ecologista aseguró a EFE que está muy feliz porque “aunque no había abandonado las esperanzas cuando lo vi ya todo preparado lo di por perdido”. “Ahora puede imaginar mi felicidad y espero que esto sirva para una reflexión que nos ayude a dar pasos adelante en estos momentos de crisis climática”, añadió.

“¿Qué necesidad había de cortar este árbol protegido para exhibirlo en San Pedro?”, se sigue preguntando el juez.

Y concluye: “Yo he hecho lo que había que hacer. No soy un héroe. Sólo he hecho algo justo y ahora espero que todo se calme y volver a mis bosques”.

En su página Facebook, Rapino publica la que sería la carta de agradecimiento del abeto blanco de Castel Barone: “No sé si tuviste algo que ver, pero el hecho es que después de ti, llegaron otros humanos en un coche verde, con uniformes, y, como por arte de magia, toda esa basura que me habían colocado desapareció. Mi corazón volvió a latir lentamente y durante toda la noche el bosque lo celebró, No sé cuántos años más estaré aquí, vivo. Lo que sí es cierto es que no morí ayer. Mi vida está aquí. Díselo también a los demás”.

Cristina Cabrejas, para la agencia EFE.

IG

Más de un centenar de organizaciones ambientalistas de 66 localidades argentinas, con apoyo de la asociación civil AVAAZ, marcharon en Washington y entregaron una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para rechazar el actual acuerdo de ese organismo con el país por “las consecuencias negativas” que ese convenio tiene “para la biodiversidad y el ambiente, así como para las comunidades que allí habitan”, indicaron a través de un comunicado.

En el escrito, que entregaron en la puerta de la sede del organismo en Estados Unidos, los firmantes alertaron acerca del aumento de nuevos proyectos extractivistas que son impulsores directos de la pérdida de biodiversidad como la megaminería, exploración y extracción de hidrocarburo, expansión de la frontera agroganadera en bosques y humedales y plantaciones forestales.

“Estos factores han provocado un daño irreversible en paisajes de bosques nativos y humedales, así como la alteración y/ o reducción de reservas vitales de agua dulce, todo ello con consecuencias altamente negativas en la actual crisis climática”, advirtieron.

Denunciaron que “en su búsqueda acelerada de dólares para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI”, el Gobierno argentino promueve “proyectos extractivistas y que supondrán más presión de la ya existente en los ecosistemas que sostienen la vida y la economía de millones de ciudadanos”.

Señalaron que “existe un particular interés por hacer cambios de uso de suelo en los humedales argentinos a pesar de que son ambientes estratégicos para detener la emergencia climática y que han sido degradados por grandes incendios” después de “tres años de sequía continua en el país”.

Afirmaron también que Argentina “es una acreedora ambiental”. Y en ese sentido, sostuvieron que “los países ricos que integran el directorio del FMI pretenden ser acreedores financieros de la deuda que enfrenta el país, pero son deudores ambientales con el mundo entero”.

Argentina "es una acreedora ambiental". Y en ese sentido, sostuvieron que "los países ricos que integran el directorio del FMI pretenden ser acreedores financieros de la deuda que enfrenta el país, pero son deudores ambientales con el mundo entero"

En otro punto solicitaron que el FMI “genere mecanismos para colaborar con el cumplimiento de los objetivos financieros del Acuerdo de París” (entre otros tratados vigentes aplicables), así como con las “convenciones internacionales para mitigar las consecuencias de la crisis climática (COP 27 en Sharm El Sheikh, Egipto) y para la protección de la biodiversidad (COP 15 en Montreal, Canadá)”, entre otros compromisos internacionales.

“El sistema financiero no puede ser diferente a la crisis de biodiversidad que ha puesto en peligro de extinción un millón de especies y a los pobladores locales que con ellas habitan. La economía no puede funcionar si no tenemos ecosistemas sanos”, indicó Emilio Spataro, Campaigner de AVAAZ, la mayor organización civil del mundo con mas de 70 millones de miembros, 

CC

“No al FMI y al Banco Mundial” dice la campaña internacional “Deuda x Clima”, la cual convocó a una movilización a las 11:00 de hoy viernes. Fue frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Paraguay al 1178, en Buenos Aires. Como parte la Semana de Acción Global sobre la Deuda, agrupaciones políticas, sociales, ambientalistas y sindicales se sumaron a esta jornada global.

Entre los diversos frentes que protestan, se destaca el sindical, que toma la temática ambiental y le suma la lucha por la justicia social. En el debate sobre la crisis climática global, reclaman que los países desarrollados no tienen en cuenta su “neocolonialismo al sur global”, el cual se manifiesta en deudas financieras ilegítimas. Acusan a los “sectores de poder” como grupos financieros, bancos y corporaciones, de pretender profundizar la concentración de la riqueza para algunos y el endeudamiento para otros. Es por eso que el reclamo principal de la convocatoria es la anulación de las deudas, bajo el mensaje “La deuda es con los pueblos y la naturaleza”.

Juan Pablo Olsson es sociólogo ambientalista y coordinador de la campaña Deuda x Clima en América Latina. En diálogo con elDiarioAR, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alertó que existen 54 países en un período de crisis de deuda, cuya magnitud es tal que puede llevar a sus poblaciones a la pobreza extrema. En el contexto del calientamiento global, Olsson argumenta que los países en vías de desarrollo son más vulnerables ante catástrofes climáticas. Menciona el caso de Pakistán, que sufrió un período de monzones extraordinario y derivó en una crisis humanitaria.

En cuanto a la Argentina, Olsson describe su situación con el Fondo Monetario como “la mayor estafa financiera de la era moderna” por la deuda de 44.000 millones de dólares, que considera ilegítima y destinada a la fuga de capitales. El sociólogo habla de un vigente modelo agro-minero-exportador, el cual depende de la extracción de recursos para obtener divisas. Menciona la Ley de Humedales, que tiene apoyo social para su avance pero presión del lobby de corporaciones y terratenientes para su parálisis en el Congreso.

Asimismo, califica al reciente desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo como una profundización “de un modelo negativo de préstamo para pagar deuda”. Sin embargo, lo considera parte de una problemática mayor que genera “condiciones de saqueo” en estos 54 países. “En definitiva, un préstamo impagable lo que hace es condicionar tu economía hacia modelos de ajuste y profundizar acuerdos que benefician a las corporaciones”, lo que va en contra de los intereses de las mayorías, según el ambientalista.

El miembro de la Internacional Progresista destaca que el FMI, el Banco Mundial, el G7 ni la COP27 de Egipto parecieran comprender que con su “agenda de colonialismo financiero” exponen a entre 3500 y 4000 millones de personas pobres del sur global a lo que el Papa Francisco llama “una situación de población descartable”. Agrega el ejemplo de Noam Chomsky, quien describe este momento como una conjugación de múltiples crisis económicas, sociales y climáticas.

Además de Buenos Aires, la convocatoria se difundió por otros 20 países, entre ellos los de África y el Sudeste Asiático, y se dio en articulación con los movimientos originarios de Paraguay, Brasil y Colombia. De cara al futuro, plantean desde sus movimientos sociales que los programas de esta nueva ola de gobiernos progresistas -el caso colombiano, chileno y quizás el brasileño- incorporen las nociones de justicia ambiental y climática, además de la social. “Si hay modelo solo de justicia social sin defensa del ambiente, tenemos el riesgo de seguir profundizando la destrucción del ecosistema”, dijo Olsson.

En su sede de Washington D.C., este 14 de octubre se da la cumbre anual entre el FMI y el Banco Mundial, donde Debt for Climate (su versión norteamericana) estará movilizándose junto a otros movimientos como Extinction Rebellion y Fridays For Future. La intención es crear un movimiento internacional solidario, que manifieste los reclamos del sur global por la cancelación de las deudas financieras.

Bajo Deuda x Clima, adhieren a la manifestación diversos frentes: la CTA Autónoma, la Internacional Progresista, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Unidad Popular, Pymes para el Desarrollo Nacional, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Soberanxs, la Corriente Nacional Martín Fierro, el Grupo Bolívar, Causa Nacional, la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), Rebelión o Extinción Argentina, el Movimiento Verde Cordobés, el Movimiento La Ciudad Somos los que la Habitamos y la Cátedra Laudato Si.

LC

Integrantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales manifiestan este jueves frente al Congreso para que se apruebe la Ley de Humedales y denunciaron la existencia de “un lobby que presiona para que no salga” esa iniciativa, luego de que suspendiera el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tenía previsto reunirse hoy para emitir dictamen sobre el tema.

Con carteles con leyendas como “Basta de ecocidio al servicio del FMI”, “Destruir humedales es ecocida-No sancionar la Ley también” y “Basta de extractivismo. Ley de humedales ya”, los manifestantes cortaban desde las 10 el tránsito sobre la avenida Rivadavia a la altura de calle Riobamba, frente al Palacio Legislativo.

Ayer, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, fue suspendido el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto que hoy trataría los proyectos de ley para la protección y gestión sostenible de los humedales.

Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que “se fije una nueva fecha” para la continuidad del debate, “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.

Así sucedió luego de una carta enviada por los gobernadores de la región Norte Grande, que pidieron que en el debate sea tenida en cuenta una propuesta elaborada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente que, no obstante, aún no fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

En este sentido, indicaron que ese proyecto de ley “representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años” y plantearon que “debería ser tomada en cuenta en este debate”.

En ese contexto, las organizaciones ambientalistas que se habían convocado para reclamarle al plenario de comisiones la urgente sanción de una norma -en un contexto agravado por los recurrentes incendios forestales que afectan a esos ecosistemas- redoblaron el reclamo frente a la suspensión del encuentro en el que las expectativas estaban puestas en dar un paso clave con la emisión de un dictamen de mayoría.

Protesta en Rosario

“No saben producir sin devastar”

Al respecto, Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, declaró a Télam que “la situación es verdaderamente vergonzosa, estos son los lobbies que vienen presionando desde hace más de 10 años para que la ley no salga y que durante todo el año operan desde las sombras, pero que en algún momento cuando lo consideran estratégico salen a la luz como lo vimos esta semana con falacias y falsos estudios”.

“La verdad que es lamentable que se expongan tantas mentiras y que queda completamente a la vista de todos que esto es una ley que viene a diferenciar lo que es producir de lo que es destruir y es evidente que hay gente que no le conviene porque no saben producir sin devastar los territorios y sin someter a la población a la enfermedad y a la pobreza”, denunció.

Por su parte, Jésica Gentile, coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, sostuvo que la movilización es porque “el escándalo que volvió a protagonizar la clase política ayer cuando decidió de manera unilateral e improvisada suspender el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales cuando había un cuarto intermedio de la semana pasada donde había un compromiso de que saliera un dictamen hoy”.

“Sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por más de 300 organizaciones, donde están universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales. Es crucial proteger nuestros principales aliados para enfrentar la crisis climática como son los humedales”, sentenció Gentile, en declaraciones a Télam.

En el mismo sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que “la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores, no surge por generación espontánea, nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos.

“Esto no solamente atenta contra un reclamo histórico, como lo es la exigencia por la aprobación de una ley que no solo protege a los ecosistemas sino también interviene directamente sobre la calidad de vida de la gente, sino que también es un atentado contra la calidad democrática”, aseveró Rodríguez.

Con información de agencias.

IG

El asesinato de tres personas de la comunidad,  entre ellos una autoridad de gobierno, en una zona rural del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, fue denunciada por los indígenas awá del suroeste de Colombia.  

La Fiscalía General de Colombia (FGC)“dispuso un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para adelantar investigación por homicidio del gobernador suplente Orlando Moreano y dos escoltas de UNP, así como otros miembros de comunidad AWA que resultaron heridos en resguardo Inda Sabaleta, Nariño”, informó el ente acusador. 

La masacre ocurrió durante la tarde del domingo en el Resguardo Awá Inda Sabaleta, que pertenece al municipio de Tumaco, conocido como la “Perla del Pacífico” de Colombia,  mientras los indígenas, que integran la organización Unidad Indígena del pueblo Awá (UNIPA), se encontraban realizando una reunión para analizar la situación derechos humanos de su comunidad. 

El documento detalla que  “fueron asesinados por grupos armados ilegales que operan en la zona tres compañeros de nuestra organización, entre ellos el suplente gobernador del Resguardo Awá Inda Sabaleta, Juan Orlando Moreno”.  

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), los grupos armados organizados que interactúan en la zona son el Frente Oliver Sinisterra que tiene el mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico, el Bloque Occidental Alfonso Cano, una de las siete unidades de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Los Contadores vinculados al  narcotráfico en el Pacífico, cuya presencia ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo a través de una alerta temprana, en la que destacaban la afectación particular para la población Awá. 

El coordinador de Indepaz, Leonardo González, precisó que los grupos armados se encargan de prestar servicios de seguridad al narcotráfico y disputan las diferentes rentas de la economía ilegal.“Seguimos insistiendo en la necesidad de una presencia del Estado integral en el territorio y no solamente por parte de la fuerza pública, la cual es insuficiente sino va a acompañada de la garantía de los derechos esenciales”, señaló González.

La UNIPA asegura que hay otras personas heridas que están graves y que necesitan atención médica urgente, aunque no dan más detalles del asunto.

Debido a losasesinatos y otros hechos violentos los indígenas habían solicitado  de manera “inmediata y urgente” la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño, la FGC y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para que se investigue lo ocurrido.

Según datos proporcionados por Indepaz, la masacre ocurrida es el número 49 durante 2022 y con la muerte de Orlando Moreano ya son 96 los líderes asesinados este año, así como 1.323 desde la firma del Acuerdo de Paz despuésde 50 años de conflicto armado entre el gobierno del expresidente Juan ManuelSantos y las FARC-EP  en 2016.

AGB con información de agencias y medios

El asesinato del periodista británico Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira en el Valle de Javari, el extremo oeste de la selva amazónica brasileña, puso de relieve una vez más la extrema violencia que tiraniza al país. El ataque que los victimó es el último de una serie que comenzó en enero y que muestra, hasta ahora, un récord para los primeros cinco meses del año: 19 ambientalistas, indígenas y pequeños agricultores, perdieron la vida a manos de organizaciones criminales. La denuncia es de la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

Los últimos cuatro años Brasil alcanzó los primeros puestos en el ranking de ferocidad contra activistas ambientales. En 2019, primer año del gobierno Bolsonaro, hubo 24 homicidios; en 2020, otros 20 ambientalistas e indígenas perdieron la vida; y en 2021 el exterminio trepó a 35 muertes. Y la selva amazónica representa 80% de todos los casos.

El coordinador nacional de la Comisión Pastoral, Carlos Lima, apunta a las causas de la creciente trayectoria asesina. Las describe como una combinación de dos factores: el Palacio del Planalto, en Brasilia,  optó por abandonar el control de los conflictos, promovidos por quienes buscan apropiarse ilegalmente de las minas de oro, voltear árboles, incendiar la densa vegetación tropical y apropiarse de las tierras; como consecuencia, la delincuencia organizada percibe que puede actuar con total impunidad e intensifica sus acciones depredadoras. “La violencia que se vive es el resultado de un gobierno que optó por colocar el Estado al servicio de la apropiación ilegal, de la busca clandestina de oro, de la extracción de madera. Es un Estado que va en sentido contrario a la vida de las comunidades que habitan la región y a la conservación de la floresta” evaluó Lima.

Los documentos de la CPT revelan que 70% de los asesinatos ocurrieron contra defensores de las florestas, que se oponían a la deforestación. El 30% restante incluyó ataques a ambientalistas que luchaban contra la explotación ilegal de minas (los “garimpos”), la construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura (rutas en medio de los bosques tropicales), y se enfrentaban con representantes del agro negocio. Como sea, esas luchas no lograron frenar la tala de los árboles amazónicos: en mayo último hubo un nuevo récord con 1.475 kilómetros cuadrados de devastación; el peor índice de los últimos 15 años. Fue justo en 2007 cuando el gobierno de Lula da Silva logró, finalmente frenar la destrucción. Con el gobierno de Michel Temer, que asumió en 2016 luego de la destitución golpista de Dilma Rousseff, la curva de derribamiento forestal comenzó a trepar y Bolsonaro acentuó esa tendencia al punto tal que en 2019 hubo 74% más de áreas selváticas aniquiladas.

La “política anti ambiental” del bolsonarismo tuvo un punto álgido en abril último, cuando a la Corte Suprema se le presentó una oportunidad única de juzgar un proceso, que había iniciado la magistrada Carmen Lúcia, y que obligaba al gobierno a elaborar en un máximo de 60 días un plan de control de la deforestación. El juicio formaba parte de otro paquete judicial bautizado “proyecto verde”, acerca de temas ambientales. Pero el Palacio del Planalto se interpuso en el camino a través de André Mendonça, un juez del Supremo Tribunal Federal aliado del presidente brasileño. Este ministro del SRF pidió más tiempo para analizar el caso y eso llevó a la suspensión del juicio por tiempo indeterminado, ya que dependerá del magistrado la reactivación de la causa.

En medio de semejante contexto, el Amazonas –una región de 5 millones de kilómetros cuadrados que incluye nueve estados provinciales brasileños y 29 millones de habitantes—se convirtió en la zona geográfica donde el narcotráfico actúa libremente y se asocia con los forjadores de delitos ambientales. Los informes de las ONG ambientalistas describen la actuación directa de los carteles de Medellín y Sinaloa en el Alto Solimoes, es decir el área que circunda el Valle de Javari, donde fueron cruelmente atacados el periodista británico Dom y el indigenista Bruno.

Allí, los zares de la droga mantienen un sistema de transporte de armas y narcóticos, y de lavado de dinero, que incluyen en los negocios a comerciantes, pescadores, garimpeiros y madereras depredadoras. Los cargamentos de madera les sirve para “ocultar” el transporte de drogas, que usan jangadas sobre el río Amazonas y luego en camiones para llevar la “mercancía” a los puertos del norte del continente sudamericano, y de allí a Europa. “Esos grupos crean empresas, que se adueñarán del contrabando” advirtió Aiala Couto del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En definitiva, la “soberanía” sobre la extensa selva de la que habla Bolsonaro no es otra cosa que el traslado del verdadero gobierno regional al crimen organizado.

CC

El periodista inglés Dom Phillips, antiguo colaborador en 'The Guardian' y 'The Washington Post', y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) desaparecieron en el Valle del Javari, en el Amazonas (Brasil), una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.

El reportero inglés viajaba con Araújo, un exfuncionario del gobierno encargado de proteger a los pueblos indígenas aislados de Brasil, quien durante mucho tiempo recibió amenazas de los madereros y mineros que buscan invadir sus tierras, según el diario 'The Guardian'.

“'The Guardian' está muy preocupado y busca información urgente sobre el paradero y la condición de Phillips. Estamos en contacto con la embajada británica en Brasil y las autoridades locales y nacionales para tratar de establecer los hechos lo antes posible”, dijo un portavoz del medio.

Según un comunicado de la asociación Univaja y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas Aislados, los dos viajaron a la zona en un bote con el objetivo de visitar un equipo de vigilancia ubicado en el pueblo Lago do Jaburu, cerca de la base de la FUNAI, para realizar algunas entrevistas con líderes indígenas, informó el diario 'O Globo'.

El último registro de Phillips y Araújo se produjo en la mañana del domingo en San Rafael, donde se detuvieron para hablar con un residente llamado 'Churrasco', quien no se encontraba en el lugar, por lo que hablaron con la esposa y la hija.

“Luego partieron para Atalaia do Norte, un viaje qaue dura aproximadamente dos horas. Por lo tanto, deberían haber llegado a la ciudad alrededor de las 8.00 o 9.00 horas (hora local), lo que no sucedió”, sostuvieron las instituciones portuguesas, según publicó el diario 'Folha de Sao Paulo'.

El Ministerio Público Federal comunicó que ya inició los procedimientos para llevar a cabo la investigación y alertó, asimismo, a la Policía Civil, al Frente de Protección Etnoambiental de la zona y a la Marina, tal y como indicó el citado medio.

El Comité para la Protección de los Periodistas manifestó en un comunicado que las autoridades brasileñas “deben realizar una búsqueda rápida y exhaustiva del periodista Dom Phillips y asegurarse de que sea encontrado lo antes posible”.

“La desaparición del periodista británico Dom Phillips durante un viaje periodístico en la Amazonía brasileña es extremadamente preocupante, y las autoridades brasileñas deben trabajar para localizarlo a él y a su compañero de viaje, el experto en temas indígenas Bruno Pereira”, dijo el director de la organización, Carlos Martínez de la Serna.

Con información de Europa Press.

IG

Con el argumento de la parálisis generada por la pandemia, la Secretaría de Energía extendió por dos años el plazo del primer período de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino otorgado a las empresas YPF, Equinor y Shell. Así, el período original de cuatro años dispuesto en abril de 2019, se extenderá a seis. 

De acuerdo con la resolución 372/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, la exploración de hidrocarburos en áreas “costa afuera” requiere la contratación de buques especiales, cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, logística de la operación y ventanas climatológicas, entre otras variables. La norma resalta que la pandemia implicó “la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país”, lo que afectó la exploración, del mismo modo que el aislamiento obligatorio y la suspensión de los plazos de los procesos administrativos dentro del Estado.  

La exploración a la que se hace referencia es sobre el área identificada como CAN_100, que tiene en total 15.000 kilómetros cuadrados. Es el bloque más grande de los 14 que integran la Cuenca Norte del Mar Argentino y está ubicado a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. El acta acuerdo original fue firmada en abril de 2019 entre el la Secretaría de Energía e YPF, empresa que en 2020 le cedió participación del permiso de exploración a las subsidiarias argentinas de las multinacionales Equinor y Shell.  

Esta primera etapa –que se complementa con un segundo período de cuatro años y una prórroga posible de cinco más– está destinada a realizar “la registración de 1.500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D”. Esto es: un buque especialmente preparado para eso avanza a baja velocidad mientras arrastra unos cables gruesos (streamers) que contienen sensores que captan datos sísmicos del subsuelo, generados adrede con ráfagas de aire comprimido. Esos datos permiten identificar posibles acumulaciones de petróleo y gas.

Una vez culminada esa etapa las empresas deben informar si tienen voluntad de continuar con la exploración, que entonces incluiría la perforación de un pozo de 1.500 metros por debajo del lecho marino.

La iniciativa avanza pese algunos reveses judiciales que fueron apelados por el Estado y frente a la reticencia de sectores ambientalistas, que entre otras cosas advierten sobre posibles efectos perjudiciales sobre la fauna marina. 

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Energía, solo el área CAN_100 tiene el potencial de generar 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos en caso de que la exploración sea exitosa y se encuentre presencia de hidrocarburos. No se trataría de la primera extracción de hidrocarburos offshore del país. Hace más de 30 años existe este tipo de explotación frente a la costa de Tierra del Fuego y alrededor del 18% del gas consumido en el país proviene de plataformas marinas.

Este martes el secretario de Energía, Darío Martínez, estuvo en Mar del Plata donde firmó “un convenio para la capacitación de futuros trabajadores y trabajadoras en la producción offshore” junto al secretario general de la CGT de Mar del Plata, Miguel Guglielmotti; el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, y Guillermo Bianchi por la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras. 

Según Martínez, “el desarrollo offshore significará un gran hito en la creación de trabajo para nuestro país”. “Hoy la actividad hidrocarburífera es el mayor multiplicador de empleo de Argentina: Por cada puesto de trabajo directo en hidrocarburos se crean 5 más en otras actividades”, dijo. 

DT

El jueves pasado el Ministerio de Agricultura autorizó la comercialización en el país de la semilla y los productos derivados del trigo HB4, modificado genéticamente para ser más tolerante a la sequía. La autorización estaba pendiente –en calidad de “condicionada”– desde 2020, a la espera de que fuera avalado también por Brasil, el principal comprador del trigo argentino, lo que sucedió a fines del año pasado.  

El trigo HB4 fue desarrollado por la científica del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral Raquel Chan en asociación con la empresa Bioceres, que tiene entre sus accionistas a Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel. Incorpora un gen del girasol que le permite mejorar su rendimiento en condiciones de estrés hídrico y también fue autorizado en las últimas semanas por Australia, Nueva Zelanda y Colombia. 

En el caso de la soja HB4, que incorpora el mismo “evento de transformación genética”, fue aprobada hace dos semanas por China, el principal consumidor de soja en el mundo. Un trámite crucial para la Argentina que –del mismo modo que ocurrió con Brasil para el caso del trigo– esperaba que se destrabara esa gestión para hacer efectiva su autorización interna.

La aprobación de los transgénicos toma velocidad en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que, en suma, producen un tercio de la oferta mundial de trigo. Con los puertos bombardeados y las cosechas alteradas, los gobiernos buscan diversificar las fuentes de aprovisionamiento de alimentos. A esa circunstancia se suma la reciente prohibición impuesta para exportar este cereal en India, el segundo mayor productor de trigo, con el objetivo de garantizar el consumo de sus propios habitantes.

El presidente Alberto Fernández estuvo de gira en Europa la semana pasada y buscó ofrecer a la Argentina como proveedor de alimentos y energía. Según pudo saber este medio de fuentes del sector, los papeles para que el Viejo Continente habilite también los cultivos HB4 están presentados, pero hasta ahora no fueron aprobados. Esta demora no se explica por que sea una región más rigurosa que otras (de hecho Australia, de los países con protocolos más estrictos, habilitó el trigo HB4) ni porque tenga una reticencia especial a los transgénicos, sino porque suelen utilizarlo como una barrera para arancelaria que protege la producción nacional.  

“De hecho en este contexto España empezó a importar maíz que necesita para alimentar a sus animales sin mirar demasiado qué maíz, con autorizaciones de emergencia que flexibilizan los requisitos fitosanitarios vigentes”, graficó una fuente. 

Críticas de ambientalistas y productores 

Dentro del país, el trigo y la soja HB4 encuentran su principal resistencia en dos grupos muy distintos, incluso enfrentados entre ellos en algunos aspectos: sectores ambientalistas y los actores más tradicionales del campo. 

“Los productores agropecuarios recibimos con mucha preocupación la decisión del gobierno nacional que permite sembrar trigo HB4. Si bien estamos a favor de la tecnología, no tenemos certezas del impacto que puede tener en la comercialización del producto en los mercados externos”, escribió en sus redes Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Esta norma provoca un enorme riesgo comercial dado que todos los países que nos compran no aceptan”, completó en un comunicado el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En el evento A Todo Trigo 2022, que se realizó el jueves y el viernes pasado en Mar del Plata, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respondió las críticas. “No soy un trastornado que toma gestos para comprometer el trigo argentino. Ayer mandamos todos los protocolos a China del evento genético [que ya está aprobado para el caso de la soja]. Estamos tomando todos los recaudos para tener toda la previsibilidad en los mercados asiáticos”, sostuvo. 

En los hechos, la aprobación no cambiará, al menos en el corto plazo, el escenario productivo. Actualmente solo produce trigo transgénico la empresa Bioceres, que en 2021 cultivó 55.000 hectáreas y planea mantener ese volumen este año. Esos granos HB4 son procesados por 13 empresas que elaboran productos para alimentación animal y de personas, que son comercializados en la Argentina y Brasil. 

Pese al alerta de algunos sectores ambientalistas, que en mayo del año pasado iniciaron una campaña contra Havanna por anunciar que comenzaría a producir alfajores con trigo modificado y forzaron a la empresa a volver sobre sus pasos, los argentinos y argentinas (y los brasileños y brasileñas) ya comemos, sin saberlo, trigo HB4. En el país no existe ninguna obligación de rotulado.

“Queremos llevarle tranquilidad a la cadena. No vamos a vender semillas HB4 por más que estemos autorizados porque queremos seguir produciendo bajo identidad preservada, controlando con rigurosidad. Seguimos esperando otras aprobaciones para liberarlo comercialmente”, explicaron en Bioceres a elDiarioAR. 

Entre los sectores ambientalistas que se oponen, el punto más sensible apunta contra los efectos nocivos que podría generar en la salud el mayor uso de productos fitosanitarios. Un informe del ingeniero agrónomo Fernando Frank para Acción por la Biodiversidad señala que se suele evitar mencionar “el otro transgén que contiene el trigo de Bioceres, que le otorga tolerancia al herbicida agrotóxico glufosinato de amonio”. El uso de este producto generaría efectos adversos no solo en las comunidades cercanas a los cultivos por su mayor presencia en “aire, aguas, suelos”, sino que, de acuerdo con este trabajo, podría dejar rastros en los alimentos. 

Es un argumento que la científica Chan buscó refutar en distintas entrevistas. Según su explicación, el gen resistente al glufosinato de amonio se introduce como “marcador de selección”, para poder identificar cuáles fueron las plantas que se transformaron; una vez terminado el proceso, se sabe que las plantas que son rociadas con este producto y sobreviven son las que incorporaron exitosamente el gen HB4. Si bien se usa el glufosinato, podría utilizarse cualquier otro herbicida de los que se usan en la agricultura.

También se cuestiona que, frente a la posibilidad de cultivar soja o trigo con menor necesidad de agua, esta tecnología impulse una expansión de la frontera agrícola, lo que podría traer aparejado desmontes y desplazamiento de comunidades. En la otra vereda, los defensores de la tecnología HB4 opinan que estas semillas permiten “mejorar el rinde donde ya se produce” o “plantar trigo donde solo se podía plantar soja”, pero no “cultivar en el desierto”. 

Argentina, tercero en el ranking de países con más cultivos transgénicos 

En la Argentina, esta tecnología no es una novedad. Los cultivos genéticamente modificados que se siembran a gran escala son soja, maíz y algodón y las características que se han incorporado son tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, o ambas características en la misma planta. Hace poco se comenzó a cultivar también alfalfa tolerante a herbicida y con menor contenido de lignina. A muy pequeña escala, se cultiva cártamo transgénico para producir quimosina (un insumo para la fabricación de quesos) y, dentro de poco, se cultivará papa resistente al virus PVY, según información oficial. 

En total hay 65 “eventos de transformación genética” aprobados en el país y solo el HB4 es un desarrollo íntegramente argentino. El primero en obtener luz verde fue la soja tolerante al glifosato, en 1996, desarrollado por la multinacional Nidera. 

En cada aprobación intervienen tres estructuras bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. La Coordinación de Innovación y Biotecnología (Conabia), que evalúa los posibles riesgos sobre los agroecosistemas; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que analiza los riesgos potenciales para la salud humana y animal derivados del consumo y la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que chequea la conveniencia de la comercialización del producto genéticamente modificado en el mercado mundial. 

Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, pos sus siglas en inglés) unos 17 millones de agricultores siembran cultivos genéticamente modificados en más de 190 millones de hectáreas, distribuidas en 29 países. Argentina es el tercer país del mundo con mayor superficie con cultivos transgénicos; se siembran todos los años unos 25 millones de hectáreas y, además, los productos elaborados a partir de estos cultivos se exportan a decenas de países, incluyendo a la Unión Europea, China, países del sudeste asiático, India, gran parte de los países de Latinoamérica y de Medio Oriente.

DT/MG