Arde Jujuy: quién es quién detrás de causas políticas e intereses sociales

La represión durante la jura de la nueva constitución provincial en Jujuy se da en el contexto de una movilización popular masiva inusual en los últimos años. La reforma de la Carta Magna -impulsada por el gobernador Gerardo Morales y acompañada por el PJ local- unificó en el reclamo a comunidades originarias, sindicatos, organizaciones sociales y políticas que están dispuestas a continuar en las calles a pesar de la violencia policial. Si bien el domingo Morales dispuso que se retrocediera en la modificación de dos artículos que atañen a los pueblos originarios, las y los manifestantes continúan con su reclamo porque consideran que la reforma es “ilegítima e ilegal” porque no sólo cercena el derecho a la protesta sino, también, habilita el extractivismo de los recursos naturales (sobre todo el litio) y promueve el debilitamiento de los organismos de control de las cuentas públicas.

“Acá es Pachamama o muerte. Preferimos morir, antes que dejar que nos robe en nuestra cara”, le dijo a elDiarioAR Natalia Machaca, referenta de la comunidades de Yala, Lozano y León, durante el corte de la Ruta 9, en Purmamarca. Con los ojos colorados por el llanto y la bronca, la dirigenta expuso el pedido unánime de las comunidades: dar marcha atrás con la reforma constitucional. Las comunidades anticiparon que no solo sostendrán los cortes de ruta, que hasta el momento son 22 en toda la provincia, sino que el Tercer Malón por la Paz se trasladará a Buenos Aires y realizará, además, denuncias ante organismos internacionales. La semana pasada, los pueblos originarios caminaron tres días desde Abra Pampa, en el norte de la provincia, y  Salinas Grandes, en el oeste, para rechazar la Constitución que viola el artículo 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango constitucional a través de la Ley 24.071) que reafirma “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.

El domingo por la noche, Morales anunció que daba marcha atrás con los artículos 50 y 36, que incidían en la propiedad privada de las tierras y le daba potestad al Estado provincial para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por la presión de la gente en las rutas y, de manera personal -sin debatirlo en la Convención Constituyente-, Morales indicó que esos dos artículos volvían a su redacción original (que data de 1986). Indicó a los constituyentes las modificaciones y procedió a la jura.

Los pueblos originarios, a través de sus representantes, consideraron insuficiente la concesión del gobernador y reclamaron: “La reforma se tiene que caer”. “No hemos sido consultados. No son solo esos dos artículos, nos atraviesa transversalmente porque no se habla nada del agua y del medio ambiente. Esta reforma viene a seguir profundizando el extractivismo”, afirmó este martes Jorge Angulo, representante del Consejo de Pueblos Originarios de Llankaj Maqui e integrante del Tercer Malón de la Paz, en una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy.

En los últimos días, las comunidades originarias irrumpieron como un actor social clave contra las intenciones de Morales, pero no es una lucha reciente. Hace años reclaman por la consulta previa y denuncian el avance del negocio del litio. Un antecedente inmediato fue la movilización de los pueblos de la Quebrada hasta San Salvador de Jujuy en abril de este año para rechazar  el proyecto estatal de exploración y extracción de litio sobre 11 mil hectáreas de la Puna jujeña. Los pueblos de Salinas Grandes y de Laguna de Guayatayoc marcharon en “defensa del agua y la vida” en sus territorios ancestrales.

El litio está en el trasfondo de la disputa. “Esta reforma constitucional viene a consolidar una situación de hecho que ya vivíamos de forma previa. No es el comienzo de algo nuevo, las comunidades vienen desarrollando estrategias de resistencia de sus territorios desde hace muchísimos años”, afirmó a este diario Marina Vilte, abogada de Mesa jurídica de las Comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. “El conflicto está en que si bien el Estado argentino reconoció la preexistencia de estas comunidades, el Estado jujeño pretende obligar a las comunidades a adoptar una forma jurídica para recién reconocer su existencia y con eso, recién, reconocer la propiedad comunitaria de esas tierras. Tenemos una emboscada en que es el propio gobierno de la provincia el que no está otorgando esas personerías y que no puede obligar a las comunidades a adoptar esas formas. Si no tenemos acceso a esa personería jurídica, que es totalmente arbitraria, se abre el camino para que todas las empresas extractivistas sean autorizadas a extraer y explotar recursos”, explicó.

El reclamo se extendió por toda la provincia y tuvo repercusión en las personas ajenas a las comunidades. Muchas se acercan a llevarles ropa, bebidas calientes y bollos para que pasen la noche en el medio de la quebrada, cuando el sol cae y el frío se siente con fuerza. Los automovilistas suman su acompañamiento con bocinazos y brazos agitados desde las ventanillas. A pesar de las horas de espera por el corte intermitente, la mayoría de las personas que pasan por los cortes se solidarizan con el reclamo.

Otro de los grupos determinantes en este conflicto es de los docentes, que iniciaron un paro y medidas de fuerza a principios de junio para reclamar mejoras salariales y sostienen el reclamo desde hace semanas. Jujuy es una de las tres provincias con peores salarios después de Santiago del Estero y Formosa. Según el Informe Educativo del Salario Docente realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en diciembre del 2022, un maestro o maestra jujeña de grado con 10 años de antigüedad ganaba 110.037 pesos. Lo que comenzó como un reclamo sobre las condiciones laborales continuó con el rechazo a la reforma constitucional que criminaliza la protesta.  En medio de las movilizaciones de los docentes, Morales tuvo que dar marcha atrás con el decreto provincial 8464, firmado pocos días antes, al que las organizaciones sociales denunciaron por antidemocrático. Sin embargo, mantuvo el artículo 67 de la nueva Constitución que se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. Sostiene que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, a prohibir el corte de calles y rutas, entre otras restricciones.

“La reforma viene a darle al Gobierno de la provincia una legitimidad a lo que ya venía aplicando. Acá se venía aplicando el Código Contravencional como una forma de acallar la protesta social”, explicó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems). Además, los gremios también vincularon la violencia provincial con la explotación de los recursos naturales. “Esto tiene que ver con lo que Morales describe como la matriz productiva, es una política extractivista sin que haya un control. Uno de los reclamos es que el Tribunal de Cuentas de la provincia desaparece y pasa a ser un organismo que informa pero no evalúa, eso es para seguir desarrollando la matriz extractivista, hay precarización a los empleados estatales. No da garantías al pueblo, sino a los intereses a los que viene respondiendo”, agregó la sindicalista.

En rechazo a la represión, CTERA anunció un paro de 48 horas a partir de este miércoles en todo el país y una concentración en el Obelisco. Además, la secretaria General del gremio, Sonia Alesso, estará en Jujuy junto al referente de ATE Capital, Daniel Catalano. 

El reclamo docente sostenido dio lugar a un tercer actor preponderante en Jujuy: la Intergremial. Se trata de un conjunto de sindicatos del ámbito público y privado que se unieron para acompañar el reclamo educativo y continuaron después con el rechazo a la reforma constitucional. Aglomera a gremios como la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (Apoc), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unju (Adiunju), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación Bancaria, Mineros de Aguilar y la CTA-Autónoma, entre otros.

Desde la Intergremial indican que la Carta Magna también ataca los derechos laborales, afecta la carrera administrativa y reduce el alcance y funciones de organismos de control. “No reúne toda la legalidad ni la legitimidad que debe tener un cuerpo normativo. Las modificaciones son insuficientes porque sostiene graves declaraciones contra la protesta social. Además, ha reducido el alcance y la función del Tribunal de Cuentas, que tiene 88 años de vida, y que en esta Constitución es el único organismo que deja de existir creando una auditoría con alcance y funciones disminuidas. El control público en la provincia está en riesgo”, explicó la secretaria general Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez. 

Las organizaciones sociales también se sumaron. “Es un pequeño laboratorio que se va armar en Jujuy y se va a replicar a nivel nacional”, indicó Gonzalo Maurín, referente del Movimiento Popular Nuestra América, en una conferencia de prensa realizada este martes. “En estos 7 años sufrimos persecución política y hoy se ve el fruto de una reforma. La única respuesta que recibimos las organizaciones sociales es la persecución política. Eso se ve reflejado en el intento de reformar,  donde se vulneran derechos como el de la libertad de expresión y protesta social”, agregó. 

En el otro extremo, Gerardo Morales acusa al kirchnerismo de fomentar las protestas y también apunta contra Milagro Sala, presa desde 2016 cuando él llegó a la gobernación. “Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”, escribió en Twitter. Sin embargo, las declaraciones contrastan con el desinterés inicial del gobierno nacional por la situación en la provincia. Las expresiones de las principales figuras llegaron cuatro días después de la represión cuando el presidente y la vicepresidenta respondieron por Twitter a Morales. Solo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en la provincia en busca de una reunión con el gobierno de Morales para frenar la violencia. Recién el lunes por la noche (la primera represión fue el sábado), el ministro del Interior Wado De Pedro condenó la violencia. En ese contexto, el mandatario local denunció la presencia de infiltrados financiados por el gobierno nacional. 

Los manifestantes también denunciaron infiltrados, pero enviados por el gobierno jujeño. Antes de la segunda represión, en Purmamarca tres policías vestidos de civil fueron expulsados del corte al ser descubiertos. Morales denunció el secuestro de los efectivos, pero en videos publicados en redes sociales se ve como las comunidades echan a los efectivos sin violencia.

Por último, el peronismo jujeño también tiene un rol importante en este escenario. Sus constituyentes le dieron los votos al gobierno radical para que la Constitución sea aprobada por unanimidad. Guillermo Jenefes, José Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ros, Alberto Matuk, Rosana Aldapi, Vicente Apaza, Anahí Massari y Jorge Noceti fueron quienes acompañaron la iniciativa oficial. En estos días, militantes peronistas jujeños pidieron la intervención del PJ dirigido por el diputado provincial Rubén Rivarola. 

CDB /MF