La Justicia francesa abrióuna investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de Raphaël Graven, un streamer conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones. En la noche del domingo al lunes, y después de una grabación de casi 300 horas de violencia extrema, Graven, de 46 años y más conocido como Jean Pormanove, fallecía.

La Fiscalía de Niza confirmó dicha investigación para determinar las causas de la muerte de Graven, que en redes sociales contaba con más de medio millón de seguidores, y en cuyos vídeos se mostraban vejaciones y humillaciones de las que él era la víctima.

En las últimas imágenes de Graven se puede apreciar el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha después de horas de violencia ejercida por otros dos influencers. El vídeo fue divulgado por la plataforma 'Kick', lo que alertó a las autoridades, que aún debían practicar la autopsia al cadáver y realizar interrogatorios sobre el suceso.

“Su muerte y la violencia que sufrió son un horror absoluto”

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, indicó este martes que, más allá del procedimiento judicial, se pidió la intervención de Pharos, la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea y de la Arcom, la autoridad de regulación del sector.

En un mensaje en su cuenta de X, Chappaz subrayó que “la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto” y ha denunciado que “fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”.

Chappaz también dijo que se puso en contacto con 'Kick' porque “la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley” y advirtió que ese tipo de comportamientos “puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa”.

Se refería así al hecho de que se divulgaron imágenes en esa red en las se veía lo que parecía el cuerpo inanimado de este creador de contenidos mientras otros hombres trataban de despertarlo con gestos y expresiones teñidas de cierto desprecio. Estas imágenes fueron retiradas finalmente de la red.

Jean Pormanove, que tenía 46 años y contaba con unos 500.000 seguidores, había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones por parte de otros influencers.

El caso de Lucio Dupuy tuvo una gran cobertura mediática por las atrocidades que padeció el nene de cinco años que murió después de una fuerte golpiza en La Pampa y, en gran parte, también porque las acusadas son su mamá y su novia. Este caso de violencia extrema y abuso sexual pone el foco en el maltrato infantil y las estrategias deficientes para detectarlo. Si bien no hay cifras oficiales a nivel nacional, un dato de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema permite tomar dimensión de la magnitud: 3 de cada 10 personas que sufren violencia doméstica son niños, niñas y adolescentes. En el 80% de los casos las personas que ejercen violencia son sus progenitores. 

Según los datos recolectados por la OVD, en el tercer trimestre del año pasado se contabilizaron 2690 presentaciones por violencia doméstica, más de una denuncia por hora. De ese total, el 30% afecta directamente a niños, niñas y adolescentes (NNyA). Los cifras son de la Ciudad de Buenos Aires, pero ante la ausencia de un registro nacional permite ver una muestra del problema. “El caso Lucio muestra lo que hasta ahora no se quería ver que la tortura, los malos tratos, vejaciones y las humillaciones contra los niños y niñas son prácticas cotidianas que ocurren en todas las clases sociales. No son respetados como sujetos de derecho y deseo. Se cree que se puede hacer cualquier cosa con ellos. La violencia es un crimen pero la invisibilización de esta problemática es complicidad”, sostiene la psicóloga Sonia Almada, magister en Violencias contra la mujer y el niño en la UNESCO.  

Aldana Prost es abogada y docente de la Universidad de La Pampa, ejerce en Santa Rosa, la ciudad donde este jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio. Sostiene que es clave adoptar un paradigma de protección de derechos. “Creo que muchas situaciones se han naturalizado. Hemos pensado histórica y estructuralmente que una paliza era válida para poner límites. Nada de eso. Es tiempo de que analicemos esto lejos de un paradigma que considere a las NNyA como sujetos a quienes se les reconocen derechos, y si quienes deben cuidarlas y  cuidarlos los vulneran, entonces deben tomarse medidas de protección. Parece una locura tener que aclararlo en 2023 cuando tenemos años de instrumentos internacionales de protección. Un golpe es violencia, un insulto a tu hijo o hija es violencia, zamarrear a tu hija o hijo es violencia. Sea en privado o en público. Y es grave sea quien sea el o la agresora”, le dijo la letrada que trabaja en territorio a elDiarioAR.

No existen datos sobre el sexo de los agresores en caso de niños, pero sí hay cifras sobre el total de las personas denunciadas: 75% son hombres y 25% mujeres.

Por su parte, la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina, Nora Schulman, sostiene que si bien los casos de violencia extrema como el de Lucio no son habituales, existe mucho maltrato infantil que no está contemplado. “Hay mucho maltrato, mucha violencia. Durante la pandemia surgieron un montón de casos. Estamos en una situación en la que no podemos paliar la violencia. No hay estadísticas, no sabemos cuántos chicos hay en Argentina en situación de violencia, cuántos abusados. Las cifras se hacen en base a supuestos, en base a los que entran al servicio público. ¿Qué pasa con la población que no va al servicio público? Sabemos que hay muchos casos, pero es una palabra ambigua. Hay fallas grandes”, describió la especialista. 

Frente a este panorama, las herramientas parecen ser escasas. No hay un sistema que permita la detección de estos casos, tampoco un Poder Judicial que se involucre. “En el caso de Lucio se trata de un mal fallo judicial porque si bien dicen que se usó un enfoque de género no es así porque el enfoque de género también es darse cuenta de que hay una mamá que no puede maternar. Esta muerte podría haberse evitado. Muchos profesionales no quieren involucrarse en esto, no denuncian en los hospitales, tampoco los docentes. Si llegan a denunciar, la Justicia falla como le parece. De todos los juicios penales a los abusadores, condenan a pocos. No les creen a los chicos”, agregó  Schulman. 

Por su parte, Prost considera que el Estado tiene que intensificar el control de aquellas situaciones que generen alarma en los organismos que interactúan directa o indirectamente con los NNyA. “Sobre todo, agilizar los procesos tanto judiciales como administrativos. Si bien tengo una postura crítica en relación a muchos aspectos, también debo reconocer que vamos camino a procesos más ágiles y menos burocráticos, al tiempo que la muerte de Lucio abrió muchos debates en torno a la detección temprana de estas situaciones. Sin embargo, como todo cambio y puesta de límites a quienes ejercen el poder (en este caso, en sus hogares sobre sus hijos e hijas), siempre se cuenta con cierto grado de resistencia que poco a poco va cediendo atento el empoderamiento que la Educación Sexual Integral y formas de autocuidado y preservación van generando en NNyA”, detalló.

En abril de 2022, distintas organizaciones presentaron un proyecto de ley para crear un Ministerio de la Infancia que se aboque exclusivamente a la agenda de la niñez con enfoque en la prevención sostenido en el trabajo territorial. “El deber del Estado es proteger a la infancia y puede realizar grandes e importantes acciones para prevenir el maltrato en la infancia. Es solo una decisión ética y política. Desde campañas de prevención y promoción de derechos, monitoreos desde los efectores hasta capacitación. No solo para los tres poderes sino para familias, profesionales y organismos que trabajan con infancias y adolescencias”, explicó Almada, que también es la presidenta de Aralma, la asociación civil que trabaja contra las violencias y que es una de las impulsoras del proyecto.

¿Qué falló en el caso Lucio?

Shulman sostiene que hay responsabilidades en los distintos organismos que trataron con el nene por no alertar, pero también en la Justicia por darle la tenencia a la madre. “No todas las mujeres pueden maternar. No se tomaron el trabajo de ver por qué el chiquito no estaba con los abuelos. No es que siempre hay que darle la tenencia a la mujer, es una cuestión de darse cuenta cuál es el interés superior de un niño. ¿Con quién va a estar mejor? Mandar una trabajadora social que investigue. Era una muerte evitable”, explica. 

“Y no tiene nada que ver con que las mujeres eran lesbianas. Lo grave es que no hay personal capacitado, la Justicia tarda mucho para dictar sentencia y cuando lo hace, lo hace mal. Esto no es una cuestión de feminismo, hay que poner en primer lugar el interés superior del niño, con quién va a vivir mejor. ¿Qué tiene que ver si la madre era lesbiana? Lo que hay que evaluar es la situación de violencia y el interés del niño. La jueza se equivocó al no evaluar que estas dos mujeres no estaban en condiciones de maternar y de criar un niño. No tiene nada que ver con la condición sexual”, agrega Shulman. 

En ese sentido también se expresa Almada: “La crueldad contra los niños y niñas no tiene género. Así como hace poco tiempo las mujeres y diversidades pudimos alzar la voz contra todo tipo de violencia, todavía esa posibilidad no ha llegado a la infancia porque no tienen representación política y justamente son el grupo más vulnerable”. 

Y agregó: “El caso Lucio no es la excepción y y probablemente se haya mediatizado justamente porque las asesinas son mujeres y muchos grupos que combaten el feminismo han aprovechado esta circunstancia para lograr sus objetivos que no es no más ni menos que desprestigiar un movimiento que lucha y trabaja por la igualdad”.

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El próximo jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. Después de 18 audiencias en las que participaron más de 100 testigos, la fiscalía y la querella las acusaron de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua. Durante el proceso se presentaron pruebas que indican que el nene sufrió maltrato y abuso sexual crónico. Así lo confirmaron las pericias a los teléfonos, dibujos de Lucio y los relatos de vecinos y allegados. 

El 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa decidirá si el veredicto es condenatorio o absolutorio. Al mediodía, la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si las mujeres son culpables o inocentes, pero no fijarán una pena porque la defensa pidió la división del debate, por lo que se conocerá recién en un lapso de 15 días. Paralelamente, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para la mañana de ese día. “Esperamos a la gente que quiera venir a manifestarse pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del nene. 

La fiscalía pidió que Magdalena Espósito Valenti, la madre del pequeño, y su pareja Abigail Páez, sean sentenciadas por abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Además de homicidio triplemente calificado “por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Por su parte, el abogado de la familia paterna también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”. Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo. 

Los chats entre Espósito Valenti y Paéz indican que el maltrato fue previo y crónico. También los dibujos del nene y los relatos de vecinos. Los golpes que recibió el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40 le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte, pero todo indica que se enmarca en un contexto general de violencia y abuso sexual. “Hubo un maltrato infantil grave prolongado en el tiempo. No fue solo físico, también psicológico y sexual”, afirmó el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos. En declaraciones a elDiarioAR, indicó que quedó ampliamente probado y que las pericias informáticas fueron muy contundentes para probar la violencia infantil. De la información recuperada de los celulares de las mujeres, hay evidencias del maltrato físico y psicológico y de las estrategias que utilizaban para taparlo. En esos intercambios hablaban de los golpes que recibía Lucio y planificaban la manera de evitar que se conozca la situación en la escuela y ante el resto de las personas.

Martos, que integra el equipo del Ministerio Público Fiscal  junto a Verónica Ferrero y María Mónica Rivero , indicó que las pruebas muestran que el maltrato, por lo menos, llevaba un año y medio, desde que el nene quedó a cargo de su madre cuando tenía poco más de tres años. “Se hizo una historicidad de la vida de Lucio desde que nació. La mamá estuvo con él al principio y después no. Posteriormente estuvo de nuevo y lo que se pudo probar es que en el momento en que Lucio retomó el vínculo se produjeron estos maltratos. Eso no quiere decir que antes no hayan ocurrido pero no tenemos evidencia de eso”, indicó Martos. 

Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzó un tironeo en cuanto al régimen de visitas y la tenencia que finalizó con un acuerdo a favor de Espósito Valente que homologó la jueza Ana Clara Pérez Ballester y fue  revisado por la asesora de menores Eliza Catán. 

Días atrás, el abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, pidió el juicio político para la magistrada y criticó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no iniciarlo. “Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente”, indicó en declaraciones a la Agencia Télam.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y sostuvo que “la única testigo fue Abigail”,  la pareja de la mujer. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. 

La defensa también indicó que la parte acusatoria hizo recortes de los hechos y que no se hizo mención a la responsabilidad del padre.  “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque ‘padre’ le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, dijo Espósito Valenti cuando habló durante los alegatos.

Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, describió siete conductas de la mujer para evitar la muerte de Lucio, entre ellas, la reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. Agregó que ninguna de las tres agravantes para el homicidio quedaron probadas y pidió la absolución para el abuso sexual por el beneficio de la duda. 

“Sé que Lucio me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, afirmó Páez ante el tribunal. “No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas”, agregó la mujer.

Después de un receso ( las audiencias finalizaron a fines de diciembre), el tribunal decidirá la semana próxima si las mujeres son culpables o inocentes, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión.  La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo. Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Como en este caso la particularidad es que si las personas son declaradas culpables y la pena es de perpetua, es prácticamente sobreabundante hacer una segunda etapa de debate si no hay monto de pena para discutir. Los jueces no tienen una escala penal para decidir sobre qué pena le imponen”, explicó Martos.

Mientras tanto, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para el jueves a las 9 de la mañana. “Estamos abocados a que condenen a estas asesinas”, le dijo el abuelo de Lucio, Mario Dupuy,  a este diario.  “Estamos viviendo con ansias, son interminables los días para que llegue el 2 de febrero y saber la culpabilidad de estas asesinas. Las pruebas fueron contundentes para culparlas del grave hecho que cometieron con Luisito. La estrategia que armaron no les va a dar la absolución”, afirmó el hombre.

El abogado de la familia anticipó que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que atendieron al nene en situaciones previas por no alertar sobre las agresiones que presentaba. El niño había sido atendido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación. Es por eso que Aguerrido anticipó que denunciará a las autoridades en los tribunales locales y que también recurrirá al exterior para determinar la responsabilidad del Estado. Prevé hacer presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Ley Lucio se debatirá en sesiones extraordinarias

A principios de esta semana, el Gobierno nacional confirmó que se incluirá el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, conocida como Ley Lucio, en las sesiones legislativas extraordinarias. El proyecto que ya tiene media sanción en Diputados deberá ser tratado ahora en el Senado, después de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que la semana pasada habló con Ramón Dupuy por teléfono. 

La norma busca la prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes y establece un plan de capacitación para funcionarios públicos. “El presidente me llamó para decirme que se comprometía personalmente, es la ley más importante que deberíamos tener porque va a servir para cuidar a los chicos, para que no sigan matando como lo mataron a Lucio. En nuestro caso, el Estado falló en todo”, dijo el abuelo.

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El suicidio de Paolo Alexander Pino Quintero, un soldado de 19 años que estudiaba en el  Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) N° 11 de Tupungato, Mendoza, puso el foco sobre supuestas situaciones de maltrato y humillaciones en ese espacio del Ejército Nacional. La familia del chico hizo una denuncia penal por “instigación al suicidio” por el hostigamiento que recibió desde abril de este año cuando comenzó la carrera. Según relata su abogado, era obligado a cargar con una piedra y obligado a comer del piso. Desde el Ejército iniciaron una investigación militar interna para determinar si se cometieron faltas de disciplina. Además, una sargento primera hizo una denuncia ante la Oficina de Género de la institución por violencia de género laboral en ese mismo lugar. 

En abril de este año, Paolo Pino Quintero ingresó como voluntario en el RIM 11 para convertirse en soldado. Meses después, el 4 de octubre se quitó la vida mientras estaba en su casa durante un franco. Su mamá denunció que la decisión del joven es consecuencia de los padecimientos que sufrió durante su formación militar en Tupungato. “Él mismo le enviaba mensajes a su madre contando lo que pasaba, hay mucha prueba ahí”, le contó el abogado Daniel Gustavo Álvarez a elDiarioAR. “Le hacían cargar una piedra de  60 kg en su espalda y con eso tenía que transitar las actividades diarias. Como ningún compañero quería estar con él porque tenían miedo a las represalias, le pusieron de compañero una piedra.  Para internalizar esta situación, Paolo le puso nombre y la llamó Rocky. Eso sucedió a partir de los primeros meses de preparación, antes de ser ordenado como soldado. Está en los mensajes”, agregó el letrado. Desde el Ejército sostienen que parte de la rutina es hacer ejercicios con piedras.

Fuentes militares le confirmaron a este diario que realizan una investigación interna para determinar si hubo violación a las normas de disciplina. Sin embargo, resaltaron que no existe ninguna denuncia hacia las autoridades del Ejército, más allá de la causa por el esclarecimiento del suicidio. Paralelamente a la investigación penal, la Ley Militar ordena una auditoría sobre los personas involucradas que puede terminar en una destitución, como sucedió en el caso del soldado Matías Chirino que murió en Corrientes después de un “bautismo”. En ese caso, el Ministerio de Defensa destituyó a nueve integrantes del Ejército, que perdieron todos los beneficios que le daba la fuerza.

La familia también denunció que, por momentos, Paolo tenía que comer en el piso y que dormía en el baño. “Le daban un plato de comida y tenía que correr con un solo pie de una punta a la otra de la cuadra. Sí se caía comida, tenía que comerla del piso, como un perrito. El tema del lugar para dormir fue admitido por el segundo jefe del Regimiento, el mayor Roberto Armando Grosso. La madre se lo hizo saber en su momento. Ubicaron al soldado Miranda, que es un soldado antiguo, que tenía mando sobre Paolo y efectivamente lo estaba haciendo dormir en el baño sin asignarle cama. Hay cosas que están probadas”, detalló el abogado.

La causa está caratulada como posible instigación al suicidio y es investigada por el fiscal de Homicidios de Mendoza, Facundo Garnica. Para estos días se esperan los resultados del análisis del teléfono celular y las redes sociales del joven, además de la declaración de un testigo de identidad reservada que también estuvo en el RIM 11 durante estos meses. Garnica también se puso en contacto con el auditor del Ejército para solicitarle las actuaciones internas. Según anticipó el abogado de la familia Quinteros, el joven también sufrió violencia verbal por su aspecto físico y por una dificultad motriz en el brazo que le impedía hacer algunos ejercicios como fuerza de brazo.

Otra denuncia por violencia de género

Esta no es la primera denuncia que recibe el RIM 11. En agosto, la sargento primera Hebe Gabriela Aguilera se presentó ante la Oficina de Género del Ejército para denunciar a su superior en Protocolo y Ceremonial, Ítalo Ramón Cattaneo. Según detalló la mujer, en noviembre del año pasado el hombre la acusó de manera infundada ante otros superiores y fue trasladada a una oficina dentro del mismo regimiento. “La mandaron a trabajar en condiciones insalubres y eso repercutió en su salud. La mandaron a un lugar de dos metros por dos metros, un edificio de machimbre dentro de otro edificio sin calefacción, agua ni baño. Con el tiempo, explotó a nivel salud y emocional. Sus propios compañeros se sumaron a las burlas. El mismo médico del Ejército constató que tenía un trastorno de ansiedad e hipotiroidismo, todo provocado por esta situación, le contó a elDiarioAR la abogada María Florencia Fiadino. 

“En vez de protegerla, la castigaron”, agregó la letrada. “Ella piensa que van a tomar represalias en su contra. La movieron de lugar (dentro del RIM) y Cattaneo sigue ahí. Cuando se cruzan, es constante el maltrato. Se vivió con el otro chico que llegó a la drástica decisión de quitarse la vida porque nadie actuó en su momento. Ellos no saben cómo puede repercutir en los demás la actitud que tienen, eso depende de los mecanismos de cada uno para sobrellevar la situación. Eso no lo ven, actúan ciegos. Hay gente que no está capacitada emocionalmente para recibir esos maltratos de manera permanente”, agregó Fiadino. 

Al no tener respuesta por parte del área de Género del Ejército, la mujer hizo una presentación ante el Ministerio de Defensa para pedir medidas de protección. 

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El 25 de abril es el Día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil, jornada que invita a reflexionar sobre las múltiples formas de vulneraciones de derechos que sufren las niñeces y las adolescencias, sus escandalosos números y la complicidad social que garantiza la dificultad para erradicarlas.

La gran parte de estos atropellos se encuentra oculta, situación que no sorprende en una sociedad de gobernanza netamente adulta, que tiende a encriptar todo tipo de violencias y hasta nombrarlas tramposamente (incluso cuando -paradójicamente- la intención de nombrarlas tiene la clara intención de transformar esta realidad). Adjetivar de “infantil” a este tipo de maltrato, es una invitación a confundir agresores con agredidos. Definitivamente, estas violencias distan -de modo grosero- de ser infantiles, porque quienes las ejercen, son personas adultas. O sea que el ejercicio de renombrar, es un modo urgente de militancia y necesidad de cambio. Entonces ayer, 25 de abril, fue el Día de la visibilización de los malos tratos contra lxs niñxs y lxs adolescentes. 

Según UNICEF, antes de la pandemia, la llamada “disciplina violenta” (que incluye castigo físico y psicológico) afectaba al -por lo menos- 75 por ciento de los niños de América Latina y el Caribe. Analizar el impacto de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en el contexto de la pandemia, sobre las situaciones de maltrato, implica un gran capítulo aparte. Sin embargo, existe consenso sobre el agravamiento, producto de la desarticulación de instituciones como la escuela (uno de los escenarios naturales por los que transcurren las infancias) y que, en otros marcos, se configuraban como lugares para la detección de riesgo o daño.

Por su parte, la Organización Mundial de La Salud, en sus cifras del 2020, expresó que el abuso sexual afecta a 1 de cada 5 niñas mujeres y 1 de cada 13 niños varones (existen relatos estadísticos aun más escalofriantes) y que a nivel mundial, son víctimas de homicidio 41 mil personas menores de 15 años. La lista de los subtipos de violencias contra las niñeces es tristemente extensa y cada clase, se impregna de un número desalentador, se cite la fuente que se cite. 

Estas violencias, en la amplia mayoría de los casos, ocurren en el seno de -teórica- confianza de lxs niñxs y con tolerancia social al maltrato, se estructura un blindaje para su detección temprana.

La sociedad adultocéntrica tolera (incluso promueve y fomenta) modos de maltrato bajo cierta idea (profundamente falaz) de que los modos de criar y de educar pueden ser diversos (y claro que pueden serlo, siempre y cuando las garantías de derechos sean plenas!). Dicho de otra forma, existe una noción errada pero arraigada, sobre los alcances de las familias: desde esta óptica confundida, lxs adultxs responsables tienen la potestad de elegir la modalidad de criar (a la carta) e incluir penalidades emocionales y físicas (en distintos espectros y muchas veces no identificadas como atropellos de los derechos constitutivos de las niñeces). “Si de Familia se trata, estas decisiones deben ser con fines nobles”. La Sagrada Familia. 

Es cierto que esta (ya intolerable) tolerancia, por mucho tiempo, corrió a la par (armoniosamente) de leyes avaladoras de estas prácticas aberrantes. Por ejemplo, el viejo Código Civil y Comercial de La Nación (vigente hasta mediados del 2015), acreditaba, en su artículo 278, el “poder de corrección” y aclaraba: siempre que se lo ejerza “moderadamente”. Entre otras descaradas contradicciones, en nuestro país convivieron normas como las enunciadas en el anterior Código Civil, con la (celebrada) Ley de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ( Ley 26061) sancionada en el año 2005, prima hermana local de la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes (1989). Progresivamente, las normas cambiaron (mejoraron) y le dieron muerte a la membresía parental para entrar al club de los castigos correctivos. Pero no es necesario poner la lupa, para notar que todavía existe una disociación -bastante brutal- entre las expresiones normativas y los sucesos violentos diarios (diría: horarios!) que impactan negativamente a lxs niñxs y adolescentes y trascienden clases sociales y otras categorías.

Frente a este panorama, se vuelve urgente profundizar en el conocimiento de las causas de las violencias, para generar estrategias de prevención. Se vuelve urgente también, problematizar sobre los relatos (de tinte mitológico) y las acciones discriminatorias sobre las infancias, que incluyen considerarlos ciudadanos de segunda, en términos de acceso a sus derechos (aun se piensan en términos de objetos de protección y no de sujetos de derecho). Nos debemos (les debemos a lxs chicxs) la profundización de conceptos centrales como el de Corresponsabilidad de Cuidado y la problematización sobre los modos de crianza, para lograr formas democráticas, alejadas de los modelos permisivos (asociados al abandono emocional, a la desatención y al descuido negligente) y de los modelos autoritarios paternalistas, que no parecen haber atravesado, ni cercanamente, el tamiz de la época.

EC

La Policía de la Ciudad rescató en las últimas horas un total de 24 perros de diferentes razas que se encontraban en malas condiciones de salud en un criadero ilegal montado en un departamento del barrio de Caballito.

Los dueños de la vivienda, una pareja de ancianos, quedó detenida en su domicilio por decisión de la Justicia e imputada en una causa por maltrato animal, mientras que los animales fueron asistidos y llevados a una ONG.

Personal de la División Delitos Ambientales del Departamento Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento de esta forma a una orden de allanamiento dispuesto por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo de Carlos Rolero Santurián.

La causa se inició por una investigación de esa división de la Policía de la Ciudad, que determinó que en una casa de la avenida José María Moreno al 100, en el barrio de Caballito, funcionaría un criadero clandestino de caniches, según indicó un comunicado oficial.

En el procedimiento se comprobó que en la casa, donde reside una pareja de adultos mayores, había 24 perros, en su mayoría caniches.

El departamento tenía seis ambientes, sin salida al exterior, y los perros estaban hacinados, casi desnutridos y sin las medidas de higiene necesarias.

Ante la consulta a la fiscalía interventora, se dispuso la detención domiciliaria de la pareja, ya que ambos tienen más de 70 años y en prevención por su estado de salud, a la espera de la indagatoria.

También la fiscalía ordenó hacer entrega de los animales a una ONG destinada al resguardo. Para tal fin dispuso la presencia de un móvil de la División Perros de la Policía de la Ciudad para contar con el transporte para el traslado.

Un veterinario de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad (APRA) revisó a los animales, en tanto para el cumplimiento de la manda judicial dio colaboración un representante de la ONG Soplo de Vida.

DA con información de Télam

La colectiva Periodistas Argentinas emitió este lunes un comunicado que, en sintonía con las denuncias públicas de varias de sus colegas contra Antonio Laje, conductor del informativo “Buenos Días América”, llamó a “terminar con la violencia laboral YA”.

“Exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas”, propuso Periodistas Argentinas en su escrito.

La organización señaló que “en estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes”.

“Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados”, se enumeró.

El texto de Periodistas Argentinas alertó que “considerar que estas conductas, explícitamente sancionadas por la ley vigente, buscan la 'exigencia profesional' en pos de una excelencia informativa es la peor injusticia que estamos denunciando: sin dignidad no hay calidad”.

Dicho párrafo pareció una respuesta grupal al descargo que Laje realizó en la mañana de este lunes desde el ciclo que comanda donde entre lágrimas y sollozos, atribuyó las denuncias en su contra al “nivel de exigencia” que él requiere para el programa.

“No tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. De corazón le pido disculpas cara a cara donde sea”, aseguró.

Pero Laje también atribuyó la divulgación pública de sus actitudes profesionales y personales a que “están tratando de liquidarme, de bajarme, de sacarme del aire”.

Desde fines de la semana pasada, Laje fue denunciado por la nutricionista Fiorella Viteli, Mai Pistiner y Eugenia Morea, aunque a la nómina puede ampliarse a María Belén Ludueña, quien abandonó el ciclo en medio de lágrimas, aunque tras interrumpida al aire por el periodista, evitó pronunciarse sobre un posible maltrato.

También el Sindicato de Prensa de Buenos Aires indicó este lunes desde su cuenta de Twitter que “ante las denuncias públicas contra Antonio Laje por el acoso laboral ejercido sobre distintas trabajadoras de prensa, junto a la Comisión Interna de A24 y América TV, las acompañamos y refrendamos nuestro compromiso con la construcción de medios de comunicación sin violencias”.

El descargo de Antonio Laje

Con información de agencias.

IG