La foto de Mauricio Macri y Julio Conte Grand, un mediodía cualquiera en Kansas, es el hecho público pero con ramificaciones privadas que figura como kilómetro cero del plan que puso en marcha el Frente de Todos y que, de manera inédita, cuenta con el OK de todos los clanes que integran el dispositivo oficial para someter a juicio político al Procurador General bonaerense.

Aquella instantánea -que tomó y luego difundió en su cuenta de Twitter el periodista Pablo Duggan- es una pieza política clave: no solo porque se invoca en la denuncia que diputados bonaerenses del FdT citan como elemento para probar la pertenencia partidaria de Conte Grand a Juntos por el Cambio, sino por cómo se tradujo el encuentro a cielo abierto en el FdT, puntualmente en el entorno de Cristina Kirchner, respecto a lo que dice y sugiere sobre la interna cambiemita.

En el micro mundo K, el desfile público entre Macri y Conte Grand fue un mensaje a los propios, un despliegue sobre a quién el procurador reconoce como su jefe político y, en ese proceso, como una visibilización de las tensiones domésticas de JxC. Fue, se afirma, el episodio que hizo que Cristina Kirchner considere que era el momento para dar curso al varias veces anunciado pedido de jury al jefe de los fiscales de la Provincia, posición que se reforzó con la aparición, luego, del video de la Gestapo antisindical en la que se hace referencia al funcionario designado en tiempos de María Eugenia Vidal.

El martes pasado, diputados del FdT bonaerense anunciaron la presentación de un proyecto para iniciarle el juicio político a Conte Grand. El vocero principal del anuncio fue César Valicenti, jefe del bloque e histórico dirigente de La Cámpora. Lo hizo horas después de que Alberto Fernández, por Twitter, hiciera mención a la Gestapo sindical y recordara que Conte Grand fue, durante la gestión de Gustavo Arribas al frente de la AFI en el gobierno de Macri, uno de los funcionarios -también Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Cristian Ritondo, entre otros- que recibió un teléfono encriptado de la AFI.

Casi en paralelo, Alberto Pérez -quien fue jefe de Gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires hasta el 2015-, se presentó ante el juzgado Federal 3 de La Plata. Fue para pedir que se investiguen los dichos del subcomisario y contador Hernán Casassa, publicados por Página/12, donde se detalla la dinámica de la llamada “mesa judicial bonaerense”. Pérez lo hizo como particular damnificado: Casassa fue el efectivo que encabezó un allanamiento a su casa.

Fueron tres movimientos que replican una matriz política: como en pocos temas, en la decisión de juzgar a Conte Grand, dentro del FdT no aparecen matices. Los legisladores avanzaron con un pedido que se atribuye a Cristina Kirchner, Fernández trazó un vínculo entre el accionar de la AFI y el Procurador y Pérez planteó otra vía de investigación que puede engrosar la pesquisa en torno a la Gestapo antisindical.

Como en pocos temas, en la decisión de juzgar a Conte Grand, dentro del FdT no aparecen matices

La respuesta llegó con 48 horas de delay: el jueves al atardecer, la mesa de JxC bonaeresne emitió un comunicado de respaldo a Conte Grand mientras Vidal, que nada dijo desde la difusión de los videos donde aparecen dos ministros suyos, un viceministro junto a tres miembros de la AFI y empresarios, desplegó una serie de argumentos imprecisos sobre el hecho. Dijo que era una reunión “de trabajo” pero habló de un video obtenido de manera ilegal.

Un dato no menor: la reunión se realizó en el 7 piso de la sede porteña del Banco Provincia, edificio donde estaba la oficina que -como otros gobernadores- la gobernadora utilizaba en CABA.

El respaldo a Conte Grand, promovido por Jorge Macri, presidente del PRO bonaerense y a la vez ministro de Gobierno porteño, y acompañado por Maximiliano Abad, jefe del bloque de diputados de JxC y presidente del Comité Provincia de la UCR, es una señal clara de que el radicalismo no tiene en sus planes soltarle la mano al Procurador lo que limita los márgenes que tiene el FdT para avanzar, como pretende, con el inicio del juicio político.

Una señal clara es que el radicalismo no tiene en sus planes soltarle la mano al Procurador lo que limita los márgenes que tiene el FdT para avanzar, como pretende, con el inicio del juicio político

Fecha, votos, nombres

Hay una primera fecha: con período de extraordinarias convocado, el 20 de enero hay sesión prevista en La Plata y el plan del oficialismo es poner en discusión ese proyecto. Tiene, por delante, una traba matemática: el FdT cuenta con 42 diputados y requiere 46. Se puede nutrir de dos monobloques y buscar el apoyo, probable aunque sin garantías, de la izquierda que tiene dos bancas. Con eso alcanzaría el número imprescindible, justísimo, para aprobar el inicio del juicio político.

Es parte de una ingeniería muy compleja, que casi no permite margen de error, y que incluye un capítulo más osado: involucrar en el “jury” a los libertarios, bloque de tres votos que reportan, aunque algunos tiene perfiles silvestres, a José Luis Espert. Aunque no sea una urgencia numérica, que ese bloque se sume a la investigación de Conte Grand, sería una señal de que no es una cruzada exclusivamente del FdT. En la Legislatura dicen que hay conversaciones y que si bien falta conocer la letra chica, no se descarta que formen parte del proceso.

En torno a la fecha hay diferencias. Unos dan por hecho que el 20 de enero habrá sesión; otros dicen que no está definido que se incorpore en ese temario. Desde la izquierda, que pidió la remoción de Conte Grand -pero también la renuncia de Berni- deslizan que no tienen posición tomada porque no saben los argumentos del oficialismo. El proyecto firmaron por Valicenti, la diputada Susana González y el massista Rubén Eslaiman, enumera entre las razones del juicio su involucramiento público con Juntos, además de episodios vinculados, según la presentación, a hechos de espionaje o armado de causas contra opositores.

El rol de los libertarios, que en su relato político suelen renegar del FdT y de JxC, pero que expresan más sintonía con la oposición -con la que, incluso, comparten votantes- podría ser mucho mayor. Una hipótesis, que se menciona en el FdT, sugiere que si el bloque de Espert acompaña el pedido de juicio político podría tener una de las cinco butacas de la comisión investigadora que se creará al aprobarse el juicio.

Aparecen, en ese punto, diferencias. Una fuente oficial le dijo a elDiarioAR que si JxC rechaza en el recinto el inicio de un juicio político no tendría derecho a pedir integrar la comisión investigadora de cinco miembros. Otro operador afirmó que aunque no acompañen se le ofrecería al principal bloque opositor que ponga dos de los 5 integrantes. Si eso ocurriese, ¿Juntos aceptaría formar parte del cuerpo de investigación o preferiría excluirse para tratar de deslegitimarlo?

“La comisión, una vez creada e integrada, tiene seis meses para investigar y puede tomar declaraciones y citar a involucrados o denunciantes, escuchar planteos”, explicó un legislador y dio a entender que, per se, ese proceso puede ser muy desgastante para Conte Grand por el hecho de las denuncias públicas, las citaciones, y la visibilización de otras imputaciones. “Cuando empieza después otros se animan: nadie sabe lo que puede aparecer”, apuntó un diputado a elDiarioAR.

Desgaste

Con Eduardo Casal, que está a cargo de la Procuración a nivel nacional luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y con Conte Grand, designado luego de la renuncia de María del Carmen Falbo, hay un proceso similar que cruza de manera transveral al peronismo. No tienen, en términos legislativos, número para removerlo. “Eso nos paralizó durante dos años. Ahora hay que avanzar por más que, al final, no se logre lo que buscamos”, dijo un funcionario del FdT.

Ahí juega, entonces, la idea del desgaste. “Se lo hicieron a Gils Carbó y a Falbo, y las hicieron renunciar”, agregó y señaló que un enjuiciamiento público puede quebrar la resistencia de Conte Grand. “Tiene que saber, y eso se lo tenemos que hacer saber: que va en serio. No tendremos los números en el Senado pero habrá una comisión dedicado a investigarlo durante seis meses”, agregó un legislador que apuesta a que avanzando el proceso, en medio de las tensiones internas de JxC, la UCR pueda modificar su posición y abandonar su actitud de defensa cerrada de Conte Grand. Quizá, una fantasía navideña.

PI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó en las últimas horas a la senadora nacional Juliana Di Tullio, y consideró como “vergonzosa” la difusión de un comunicado del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina en defensa del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

“Una vergüenza esta defensa corporativa y el ataque a una senadora nacional que sólo está diciendo lo que resulta evidente en este escándalo”, posteó el mandatario provincial en sus redes sociales.

El gobernador luego citó a Di Tullio, quien había cuestionado que el Consejo Federal de Procuradores haya hecho un comunicado “sobre las opiniones de una senadora nacional en el recinto” durante la sesión del pasado 29 de diciembre en la Cámara alta.

“Es curioso: no se expresan sobre la mesa ilegal y estatal para perseguir sindicalistas; eso no afecta la convivencia democrática”, ironizó la senadora.

En la sesión, la legisladora había defendido un proyecto de declaración de su autoría -que el Cuerpo votó por unanimidad- en el que responsabilizó a Conte Grand como autor de “un accionar ilegal”.

En su alocución, Di Tullio repudió “las maniobras en 2017 de los gobiernos de Mauricio Macri (Nación) y María Eugenia Vidal (Provincia) para armar causas judiciales contra dirigentes sindicales” en el marco del video difundido días atrás en donde el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habló de la necesidad de impulsar una “Gestapo antigremial”.

En ese marco, la senadora aseguró que el procurador bonaerense era “un delincuente” y dijo que “debe ser sometido a juicio político”.

Frente a esto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, planteó el lunes que “las expresiones desmedidas e injuriantes (...) lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y el respeto por la división de poderes”.

Los diputados bonaerenses del Frente de Todos (FdT) pidieron hoy el juicio político del procurador Julio Conte Grand por presunto mal desempeño de sus funciones, al estar sospechado de participar de la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el supuesto fin de espiar y armar causas judiciales contra dirigentes opositores y sindicalistas.

“Como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires tenemos el deber y la responsabilidad de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la ley 4434 de juicio político al Procurador General de la provincia”, anunció el titular del bloque del FdT, Cesar Valicenti.

El pedido de juicio político fue anunciado por representantes de esa bancada en conferencia de prensa en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados provincial en la ciudad de La Plata.

El inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense establece que es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Susana González, detalló que la nota con el pedido de juicio político “será sometida a sesión extraordinaria, con las 2/3 partes se podrá hacer prosperar la denuncia, o no, y si prospera se debe designar una comisión integrada por 5 miembros que deberán verificar la documentación que se aporte y requiera para poder formalizar la acusación ante el Senado y que el Senado haga su juicio de mérito al juicio político al Procurador y decida el apartamiento preventivo”.

En el texto, firmado por los 43 legisladores del oficialismo, se destacan tres elementos tenidos en cuenta para el pedido: “La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.

En tanto, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Ruben Eslaiman, fue otro de los oradores de la conferencia. “Hoy decimos basta, no queremos más espionaje, más escuchas, ni que se persiga, ni que se espíe a ningún ciudadano de la provincia, sea quien sea, estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestro país ni en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Los tres legisladores brindaron un detallado recorrido por varias medidas y acciones tomadas por Conte Grand en relación a la presunta manipulación y armado de causas a opositores a la gestión de Gobierno de Cambiemos y el hostigamiento a funcionarios judiciales que tenían a su cargo causas que implicaban a exfuncionarios de ese espacio.

“Hemos sido testigos todos los bonaerenses y los argentinos de una dinámica política y judicial de la que fuimos víctimas todos porque ese método afecta a toda la sociedad y es un medio para llegar a un fin”, destacó Valicenti

La diputada Susana González destacó por su parte que “en esta provincia, con la aprobación de Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir y encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan”.

La diputada, en su exposición, también recordó la persecución macrista a periodistas, y citó el caso de los 357 despedidos sin causa de la agencia de noticias Télam, durante la administración de Cambiemos.

En declaraciones a esta agencia, González puntualizó que “hay más videos sobre otras reuniones en ese mismo lugar”, en referencia a la sede porteña del Bapro, “con esos mismos exfuncionarios y otros, pero siempre con el mismo fin de construir prueba armada para iniciar mediante el lawfare la denuncia en los medios de comunicación, luego encontraban sobres y escuchas debajo de la puerta e iniciaban causas judiciales”.

La legisladora recordó que uno de los dirigentes que sufrió persecución fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien durante este año será enjuiciado por un incidente ocurrido en la Legislatura provincial en diciembre de 2017, causa en la que Conte Grand “colocó dos fiscales que no estaban de turno” y promovió un cambio de carátula de “desobediencia” a coacción agravada“.

Durante la conferencia, Eslaiman detalló que se citará a los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; a Pablo y Hugo Moyano; a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; a Marcelo Villegas y Gustavo Ferrari, exministros de Vidal; al senador Juan Pablo Allan y al intendente de La Plata, Julio Garro, y que pedirán “oficio a la AFI por las filmaciones y teléfonos encriptados”.

Por otro parte, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso hoy el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, en el marco de la causa conocida como “Mesa judicial bonaerense”, el mismo expediente en el que el dirigente sindical de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina fue aceptado como querellante.

La causa fue iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se muestran proclives a diseñar una estrategia para encausar a dirigentes sindicales.

DA