El futuro ambiental de Argentina, la conservación de su invaluable patrimonio natural y las medidas y omisiones en política ambiental están en la fila de las decisiones pendientes del presidente electo Javier Milei y la mesa chica que integra con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich. 

Lo único que está claro hasta el momento, informaron en La Libertad Avanza (LLA) a elDiarioAR, es que la cartera gubernamental descenderá de categoría, presupuesto, infraestructura y relevancia: pasará de ministerio nacional a secretaría, como mínimo.  

LLA sí tiene hasta el momento un interlocutor con algunos espacios del sector ambiental: Federico Caeiro, exfuncionario porteño, del espacio de Bullrich y enviado por Guillermo Francos, futuro ministro de Interior de Milei. Hasta el momento, se dedicó a escuchar a diferentes referentes ambientales, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas.

Caeiro no es un negacionista del cambio climático, a diferencia del presidente electo, pero sí tiene una concepción del ambiente diferente a la de las muchos ONGs argentinas que trabajan por la conservación del ambiente y la biodiversidad. El exfuncionario es técnico agropecuario y su visión es sobre todo económica o sobre los impactos del cambio climático en la actividad económica. Fue director de la Reserva Ecológica Costanera Sur, bajo la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Bajo qué ministerio estará englobada la cartera de Ambiente también está por definirse. Las opciones que se barajan hasta el momento indican que podría estar bajo el mando del ministerio de Interior de Francos; la Jefatura de Gabinete, que estará al mando de Nicolás Pose, ex Corporación América; o Capital Humano, el ministerio que por el momento está a nombre de Sandra Pettovello y engloba Salud, Educación, Trabajo y Niñez y Familia (hoy Desarrollo Social).

Cambios climáticos

La asunción de Milei tendrá un marco ambiental central a nivel internacional: coincidirá con los últimos días de la cumbre climática más importante a nivel global, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28, que se realizará en Dubai, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. 

La COP28 es la reunión anual de líderes de gobiernos, negocios, ONG y sociedad civil para intentar alcanzar soluciones concretas al Cambio Climático, cuya existencia el presidente electo argentino niega por considerarlo  una “invención del socialismo”.

El saliente ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, tenía planificado hasta el martes encabezar la comitiva argentina del gobierno saliente, que estará en Dubai entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre, pero el funcionario decidió no viajar, al igual que el director General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Martín Illescas, según fuentes de su cartera a elDiarioAR, aunque no explicaron los motivos del cambio repentino.

Argentina estará representada por una comisión integrada por técnicos y encabezada por la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, quienes defenderán la posición del gobierno de Alberto Fernández: que el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero es producido en el hemisferio norte, en tanto el hemisferio sur representa el 14% y que por lo tanto no deben exigirse a los países del Sur Global niveles de compromiso que son incumplidos por quienes los reclaman (el Norte Global). De fondo, los países pugnan por cientos de miles de millones de dólares que los países más pobres reclaman a las potencias por las consecuencias del Cambio Climático, como la profundización de inundaciones y sequías. 

LLA aún no confirmó si enviará representantes del nuevo gobierno.

También está pendiente decidir el futuro de la Administración de Parques Nacionales y bajo qué ministerio quedaría englobada. Este organismo es central en la conservación del patrimonio natural de la Nación, ya que es el encargado de mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (55 a nivel federal), destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos culturales del país. Actualmente depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y las versiones hasta el momento hablan de un traspaso a Defensa o Agricultura, que tendrá el nombre de Bioeconomía.

Nota: este artículo se modificó el 24 de noviembre a las 21:36 y el 25 de noviembre a las 11:38.

ED/JJD

La primera manifestación exigiendo una mayor intervención estatal en el combate del incendio forestal de Tierra del Fuego se produjo este miércoles en la ciudad de Ushuaia, donde un grupo de unas 500 personas autoconvocadas se concentraron frente a la Casa de Gobierno para pedir “mas aviones hidrantes” brigadistas y elementos para contener el fuego en la reserva Corazón de la Isla.

Los vecinos nucleados a traves de las redes sociales y al ritmo de bombos y redoblantes exhibieron consignas contra el Gobierno provincial al que culparon de “inacción” y “desidia” durante los dias posteriores a que el siniestro fuera declarado en las proximidades del municipio de Tolhuin.

Los manifestantes llamaron a “autoorganizarse” para “defender el bosque” sin “banderías políticas” y se refirieron al incendio como un “ecocidio”. “Justicia por nuestros bosques”, “30 mil estadios de futbol arden” y “pidan ayuda a Chile” sostenían algunos de los carteles.

Aunque una ventana climática de algunos días volvió a traer alivio a los brigadistas que combaten el incendio forestal en el centro de Tierra del Fuego, las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) prefieren no hacer pronósticos acerca de cuánto tiempo se demorará en controlar el mayor desastre ambiental de la historia de la provincia y preparan a la población para una batalla de largo aliento.

El fuego iniciado el 30 de noviembre a 1,5 kilómetros de la ex estancia Carmen, al parecer a raíz de un fogón mal apagado por pescadores, se extendió a través de la reserva natural “Corazón de la Isla”, un área de unas 100 mil hectáreas ubicada a unos 30 kilómetros del municipio de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla fueguina.

El lugar alberga un bosque milenario de lengas y ñires, dentro de un ecosistema con un complejo sistema de lagos y lagunas y una variada fauna y avifauna autóctonas. La situación del incendio se complicó debido a la sequía que afecta la zona y a la presencia de fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en los días iniciales.

“Estamos trabajando para que el fuego se extinga lo más rápido posible, pero queda claro por lo sucedido en estos días que, aún en condiciones que no son tan tremendas en materia climática, el escenario que ofrece la sequía continuada es tan propicio para que el fuego prospere, avance y se mantenga, que hace muy difícil tener una perspectiva sobre en qué momento se va a poder controlar definitivamente”, aseguró hoy el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, luego de un sobrevuelo por la zona junto con el gobernador fueguino Gustavo Melella.

En su paso por la provincia, Federovisky dejó claro que lo mejor en estos casos es trabajar sin metas temporales, e incluso se mostró contrario a cuantificar la cantidad de superficie afectada.

Si bien la coordinadora regional patagónica del SNMF, Carolina Juárez, habló de 9000 hectáreas involucradas, aclaró que “no se sabe bien si dentro de esa área todo el bosque está quemado” y advirtió que “posiblemente sea mucho menos”.

El viceministro anunció el envío de 20 nuevos brigadistas nacionales, que se sumarán a los 80 ya afectados al operativo. 50 de ellos serán relevados por otro grupo similar el próximo lunes, y el viernes 23 habrá un nuevo recambio de la dotación. La tarea terrestre es apoyada por cinco medios aéreos, dos helicópteros con helibalde y tres avionetas hidrantes, una aportada por el SNMF y dos alquiladas por la provincia.

“Hoy la situación está un poco más calma comparativamente con días anteriores. Ha soplado muchísimo menos viento. Hemos sobrevolado la zona con el Gobernador y lo que hemos visto es una situación más calma, sin que esto signifique que esté definitivamente controlada”, declaró Federovisky.

La mejora de las condiciones fue confirmada a este medio por habitantes de La Rinconada, la única urbanización del “Corazón de la Isla” donde habitan 60 familias, y por propietarios de las estancias establecidas en la zona.

“Después de lo que pasamos el lunes a la noche (cuando el fuego se acercó a metros de la propiedad) hoy estamos mucho más tranquilos. También cayó un poco de lluvia y eso dio tiempo a hacer nuevos cortafuegos. Fue un gran alivio, aunque todo es paso a paso”, contó Noelia Ruiz, integrante de la familia propietaria de la ex estancia Carmen, hoy reconvertida en el refugio turístico “Corazón Fueguino”.

Lo mismo confirmaron allegados a los emprendimientos que funcionan en Isla Guanaco, ubicada a unos 200 metros de la costa del Lago Yehuin y también alcanzada por las llamas.

Los expertos coinciden en que la sequía que afecta el lugar, producto del impacto del cambio climático, fue un desencadenante clave del desastre.

Durante cuatro años consecutivos se registraron precipitaciones inferiores al período anterior, y ello origina una acumulación de materia orgánica sobre el suelo, mientras que el aumento de la temperatura impone un “estrés hídrico” sobre la vegetación. 

Con esos argumentos científicos, el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea y el Consejo Federal de Medio Ambiente instó a todas las provincias a declarar la prohibición de encendido de fuego en lugares agrestes, medida que está vigente en Tierra del Fuego.

Si bien el incendio en el “Corazón de la Isla” es atribuido a negligencia humana, los lugareños no ocultaron su molestia con la respuesta estatal, sobre todo en las primeras jornadas posteriores a la aparición de las llamas.

“Nos abandonaron”, “nos dejaron solos”, tardaron en reaccionar“, son frases que se repitieron durante toda la primera semana de la catástrofe forestal. De hecho, los vecinos mostraron cortafuegos hechos por ellos mismos, valiéndose de herramientas y maquinaria propia. 

Pero la respuesta de las autoridades es que en esos primeros días el clima hacía imposible cualquier otra actividad a la que se desarrolló, y que en ningún caso existieron o existe falta de recursos.

“Si solo se tratara de acumulación de recursos, no habría incendios regulares en Estados Unidos que tiene el sistema forestal mejor equipado del mundo, o en Australia”, refutó hoy el viceministro de Ambiente.

También dijo que no hace falta ayuda internacional para combatir el fuego y que el SNMF tiene en la actualidad “más medios aéreos que en toda su historia”.

Sin embargo, el secretario de Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, admitió que se hicieron gestiones para obtener cooperación internacional y que uno de los países consultados fue Chile, aunque “el país trasandino está atravesando una situación similar en materia de incendio forestales, por lo que nos ha comunicado de manera oficial que los aviones hidratantes de gran porte estarían recién disponibles para el mes de enero”. precisó.

En tanto, otro organismo que se expidió sobre el incendio en tierras fueguinas fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se solidarizó con los productores de la zona y fue muy crítica del Gobierno nacional. 

“Nos preguntamos donde están las brigadas nacionales de manejo y control del fuego, los aviones hidrantes, los recursos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Necesitamos soluciones para los productores del sur argentino, hoy desamparados y un Estado nacional ausente”, fustigó la entidad en un comunicado.

Así, mientras continúan los chisporroteos entre sectores y personas con posturas antagónicas, las otras chispas, las del fuego real, siguen saltando entre los árboles del bosque milenario fueguino, a la espera de que la situación quede definitivamente bajo control.

GR/MG

Una grieta se produjo en el seno del oficialismo con la respuesta del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a un posteo en la red social Twitter por parte del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. “Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales” escribió Cabandié a través de un tweet, para añadir que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego había detectado un nuevo foco ígneo en Entre Ríos y que luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas habían logrado controlarlo.

La respuesta de Bordet no se hizo esperar, primero a través de sus redes sociales y luego en declaraciones en medios de comunicación, le indicó a Cabandié que hable menos y trabaje más. “Tuvimos que crear brigadas específicas que significa la incorporación de personal; hemos hecho acuerdos con Bomberos Voluntarios; hay 150 bomberos capacitados para combatir el fuego en Entre Ríos; estamos incorporando lanchas y con los helicópteros de la policía de la provincia estamos trabajando todo el día”, enumeró Bordet ante la prensa para agregar que “hay que trabajar más y hablar menos que es lo que hace falta en estos momentos”. 

El mandatario entrerriano señaló también que “lograr la solución en definitiva es controlar el incendio y después ver concomitantemente cómo se penaliza y se castiga a quienes intencionalmente provocan los focos de incendios”.

La respuesta significó -además de una crítica a un ministro que es cuestionado por su gestión ante distintos problemas ambientales- una ruptura con el tradicional estilo del gobernador, la moderación. Bordet es un dirigente que se ha caracterizado por evitar la confrontación, incluso con sus adversarios políticos. Esta particularidad le ha garantizado tener una imagen positiva por encima del 60 por ciento, incluso en este su segundo mandato. 

Sin embargo, la crítica hacia el gobernador entrerriano ha provenido generalmente por parte de sectores que buscan definiciones más categóricas en distintas cuestiones, como por ejemplo la gestión ambiental. Referentes de distintas organizaciones de Entre Ríos reclaman desde hace tiempo acciones concretas en relación a los incendios en el Delta, la ley de humedales, la ley del uso de agroquímicos, entre otros temas de injerencia directa en una provincia de neto perfil agro-ganadero y donde el tema ambiental es central.

Referentes de distintas organizaciones de Entre Ríos reclaman acciones concretas en relación a los incendios en el Delta, la ley de humedales, el uso de agroquímicos, entre otros temas en una provincia de perfil agro-ganadero

El enfrentamiento de Bordet con Cabandié profundiza un debate urgente sobre la gestión ambiental, al tiempo que abre las aguas dentro del propio oficialismo. Por eso legisladores nacionales de Entre Ríos como el senador Edgardo Kueider, la diputada Carolina Gaillard y el diputado Marcelo Casaretto, al igual que dirigentes provinciales, salieron a respaldar al gobernador, mientras que el diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, fustigó a ambos funcionarios a través de sus redes. “Las cosas no se arreglan por Twitter. Agarrá el teléfono, vení a la provincia. Hablen. Coordinen. Actúen. Lo que sea, pero hagan algo. Ambos son responsables”, expuso el legislador.

Un debate que falta y críticas que no son oídas

La crítica situación provocada por los incendios en el Delta entrerriano dispara nuevamente un punto de inflexión sobre un debate que no se ha saldado, la productividad y el desarrollo sustentable en una de las mayores áreas naturales del litoral. El planteo es sostenido por distintas organizaciones ambientalistas de toda la provincia y se basa en datos y documentos técnicos como los informes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE- que dan cuenta que hasta el jueves 18 de agosto se quemaron 95.000 hectáreas en Entre Ríos y Santa Fe, lo que ha generado invaluables pérdidas en la biodiversidad que afectan la vida de esta generación y las futuras.

Para Enzo Culasso Orué, abogado activista de la Multisectorial por los Humedales de la ciudad de Paraná e integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, las acciones para frenar el fuego deberían ser coordinadas por el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná. Culasso Orué explicó que el PIECAS nace a partir de las intensas quemas que hubo en el 2008 como forma de articular las acciones entre todas las jurisdicciones comprometidas, pero “lamentablemente de alguna manera se lo ha puesto a dormir”. También señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Equística instó nuevamente a la creación de un Comité de Emergencia Ambiental en el marco del Plan Estratégico, que debía ser el responsable de informar periódicamente sobre las medidas a ejecutar, pero tampoco tuvo efecto. 

“Las quemas en el territorio del Delta son ilegales porque la Ley de Manejo del Fuego provincial establece la prohibición, excepto que se otorguen autorizaciones y hasta donde sabemos sobre ese territorio no se ha otorgado ninguna autorización”, aseguró el abogado para quien es fundamental contar con la información catastral de esas tierras para confeccionar actas de infracción e ir teniendo un registro de quienes son las personas que prenden fuego.

“Entre Ríos tiene plena jurisdicción sobre el Delta ya que los recursos naturales pertenecen de manera originaria a las provincias, por ende tiene plena potestad y poder de policía”, indicó Culasso Orué y añadió que “esto no se soluciona poniendo más brigadistas yendo a apagar los incendios porque el camino es otro, es ordenar el territorio y entender que es un Área Natural Protegida, donde no se debe incendiar jamás y mucho menos puede haber ganadería descontrolada”.

Natacha Crimella, de la organización ambientalista “Salvemos el río Gualeguaychú”, con sede en esa ciudad, también coincide en la falta de instrumentación del PIECAS aún cuando hubo consensos entre los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires para suscribir el plan. “Deberían trabajar en conjunto en el marco de este plan, para terminar con los incendios en el Delta”, dice Crimella y advierte que según los informes del Conicet “llevará más de 300 años restaurar los humedales del Río Paraná tras las quemas”. 

“Tenemos que empezar a hablar de un desarrollo sustentable”, dice Crimella para quien el cambio de denominación de “sostenible” a “sustentable” trata de arrojar luz sobre las demandas actuales sin que ello comprometa las necesidades de generaciones futuras. En este sentido la ambientalista explicó que esta idea garantiza el equilibrio de las economías y el respeto al medio ambiente y el bienestar social.  “No se puede hablar de un equilibrio si no pensamos que el Delta es un bien común y no un recurso. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma de producción y recordar que la Ley general de Ambiente -25675- habla del principio de equidad intergeneracional, lo que quiere decir que los responsables de la protección ambiental, deben velar por el uso apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras”, señaló.

Tironeo de responsabilidades

En relación a los cruces entre el gobernador Bordet y el ministro Cabandié, Crimella habló de un tironeo de responsabilidades interjurisdiccionales. “Hay que recordarles a estas tres provincias, a los gobernadores que en el 2008 firmaron el Plan Estratégico para conservar el Delta, que ahora lo tienen que volver a reactivar”, dijo para advertir que “hay que dejar de discutir y de hacer un uso político de este tema porque estamos de cara a las elecciones del 2023 y los discursos pseudo ambientalistas, salen a la luz”.

Con dureza la ambientalista señaló una “falta de conocimiento y arraigo al medio ambiente” por parte de funcionarios tanto municipales, de la provincia como de Nación. “Tienen que dejar de ver al ambiente como una fuente de recursos para la economía”, afirmó para entender que se trata de un bien social finito y por lo tanto estos bienes deben ser considerados como persona no humana sujeta de derechos. “Si no se dejan de discutir que son los que tienen que tomar las decisiones políticas, difícilmente esta situación llegue a buen puerto”, apuntó Crimella para agregar que los funcionarios “tienen que dejar las diferencias políticas para ponerse a la altura de las consecuencias que ellos han generado”. 

Para la ambientalista de Gualeguaychú, el problema es parte de un lobby inmobiliario “no me atrevería a decir agropecuario porque la tierra va a quedar tan inservible que no se va a poder usar para la producción”, refirió.

Culasso Orué sindica como responsable de las quemas al sector ganadero que busca renovar las pasturas. “Estos espacios jamás deben incendiarse y tampoco debe haber ganadería descontrolada”, explicó el abogado y señaló que habría que preguntarse quiénes son los dueños de estas explotaciones ganaderas, cuántos animales se están introduciendo en las islas y con qué parámetros se ingresan. El especialista advirtió que es urgente la sanción de una Ley de Humedales que promueva el uso racional del ecosistema. “Este es uno de los sitios con mayor biodiversidad de la provincia y también de Argentina y por lo tanto tendría que ser un reservorio para poder hacerle frente al cambio climático y a los efectos que ya estamos teniendo en la actualidad”, puntualizó.

Para Tula Nuñez, guía de pesca e integrante de Guardianes de Victoria, baqueano de la zona del Delta, el problema tiene que ver “con el gran dragado del Río Paraná y el no dragado de las bocas de ingreso al humedal” que ha profundizado que el resto de los arroyos, lagunas y riachos se sequen, lo que constituía un cortafuego natural en la zona. 

“Desde hace años más de 15 años se vienen comprando tierras, sembrando soja, construyendo terraplenes, y la justicia no ha hecho nada con respecto a eso”, dice Nuñez en relación a la situación que se ve agravada en cada bajante. Los relevamientos que han hecho baqueanos del lugar han registrado más de veintidós terraplenes construidos en la zona. Estos terraplenes se han convertido en muros de contención, un obstáculo que va secando paulatinamente el inmenso sistema de vasos comunicantes, característico del Delta. 

Para Nuñez, quienes tienen animales y emprendimientos productivos en las islas saben que no se debe prender fuego porque corren el riesgo de perderlo todo y advierte que los incendios se están produciendo frente a la ciudad de Rosario, donde se sabe que hay un gran interés inmobiliario que se ha incrementado en los últimos años.

SM

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien recorrió y sobrevoló la zona del delta del Paraná afectada por los incendios, sostuvo que “varias cuestiones” hacen a la problemática, la cual está “principalmente está atravesada por factores climáticos, pero también por factores productivos”.

Sobre los factores climáticos, Cabandié remarcó “el incremento de la temperatura global, que aumentó en comparación con 10, 15, 20, o 30 años atrás”, y enfatizó que “no hay que descartar otros factores que inciden como la sequía y la bajante de la cuenca hídrica del Paraná que tiene tres años consecutivos”.

El ministro, que sobrevoló este viernes la zona, evaluó que es necesario remontarse “al año 94 cuando Argentina toma el modelo sojero y empieza a capitalizar cada vez más el monocultivo”, por lo que “en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, la soja expulsó al ganado del continente a las islas del Delta del Paraná”.

“Estamos hablando de dos millones de hectáreas, principalmente de Entre Ríos”, dijo Cabandié y agregó que “lo que sucede es que la avaricia del sector productivo. En vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera y esto es lo que estamos viviendo hoy”.

Y subrayó: “Esta es la razón principal, hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios, quemar para preparar la tierra, un cambio de suelo con futuro de proyectos inmobiliarios, pero el 90% es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado”.

Consideró también que están “muy lejos de discutir el modelo productivo que es dañino por varias cuestiones”. “Acá hay culpables, hay 100 o menos delincuentes que están perjudicando a 5 millones de personas. Entonces, si queremos analizar esta problemática desde la perspectiva ambiental, háganlo, pero esto es un tema productivo, tiene consecuencias ambientales pero las razones de por qué tenemos estos fuegos, es un tema productivo”, señaló.

Cabandié, acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y el director del SNMF, Alberto Seufferheld, sobrevoló este viernes la zona afectada y recorrió la base operativa de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se emplaza el Comando de Operaciones de Emergencias (COE) y que es uno de los puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios de pastizales.

En declaraciones radiales realizadas esta mañana, el ministro también afirmó que “nadie duda que el sector agropecuario es estratégico, la idea no es estigmatizar o generar un encono, pero no pueden hacer lo que están haciendo”. “Le pedimos a la fiscalía y al juez una medida ejemplificadora” y “le planteamos a la justicia que en dos años no hicieron nada”, dijo en declaraciones a Radio con Vos.

“Son 2 millones de hectáreas, no hay población y el sector ganadero lo que hace es quemar pajonales”, aseguró y continuó que “las geolocalizaciones están presentadas y hay distintas firmas de familias poderosas”. “Podrían invertir en pasturas pero lo que están haciendo es optimizar sus recursos a costa de los ecosistemas”, afirmó.

“La Constitución del 94 dice que son las provincias las responsables y que tienen que llamar a la Nación cuando se encuentren desbordadas”, indicó.

MB con información de agencias de noticias Télam

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está analizando la posibilidad de “iniciar acciones legales por atentado contra la naturaleza” directamente a los dueños o a quienes trabajan en los lugares donde se inician los incendios en las islas del delta del río Paraná, dijo la mañana de este sábado el viceministro de esa cartera, Sergio Federovisky, quien destacó las dificultades para contener el fuego “en condiciones tan adversas” por la sequía.

“El Ministerio de Ambiente está analizando seriamente la posibilidad de obtenido el dominio, es decir conociendo quienes trabajan en cada uno de esos lugares, iniciarles acciones legales directamente por atentando contra la naturaleza”, aseguró Federovisky en diálogo con la señal de noticias C5N.

El funcionario sostuvo que “prácticamente la totalidad de los incendios en la zona son intencionales” e insistió en la responsabilidad de la justicia para investigar los casos.

“Pedimos a la justicia mayor celeridad. Hace dos años que la justicia tiene una denuncia en trámite iniciada por el Ministerio y hace dos semanas le alcanzamos a los jueces federales de Victoria y Paraná datos y herramientas para que, cruzando con los datos catastrales, puedan identificar a los dueños de los establecimientos o a quienes trabajan en los campos donde se enciende fuego”.

Federovisky detalló que se entregaron a los funcionarios judiciales “los registros de las cámaras de detección de humo y calor que el Ministerio de Ambiente instaló a lo largo de todo el Delta, donde se obtiene la localización exacta del sitio donde se inician los incendios”.

“Entendemos que cruzando esa información con los datos catastrales es bastante sencillo dar al menos con quienes están trabajando en ese lugar o los dueños delos campos, para indagarlos y saber si efectivamente son ellos o no quienes iniciaron los incendios”, precisó.

Este sábado la provincia de Buenos Aires tiene seis focos activos de incendios entre San Fernando y Baradero, mientras hay otros cuatro en Entre Ríos y uno en Santa Fe, precisó de acuerdo a los últimos reportes oficiales.

“El eje de los incendios del Delta que va de Rosario- Victoria hasta Zárate-Campana es un escenario profundamente adverso desde el punto de vista climático por una sequía que entra en su cuarto año consecutivo y la bajante histórica del río Paraná, con vegetación seca en el suelo que arde con facilidad y sobre eso se monta una cantidad inédita de incendios intencionales”, describió.

En ese sentido, dijo que “si uno tiene una situación climática muy adversa y se encienden recurrentemente nuevos focos de incendios de manera temerario y deliberada, las posibilidades reales de contener esa situación en un área que abarca un millón de hectáreas es muy difícil”.

Con respecto al trabajo para contener el fuego, aseguró que hay una dotación récord trabajando, con más de 120 brigadistas y que a los diez medios aéreos que se encontraban el viernes, se sumaron en las últimas horas otros tres: un helicóptero con helibalde, un avión hidrante y un helicóptero para transporte de brigadistas.

CRM con información de la agencia Télam

Después de un lunes frío y gris, la mañana del martes 12 de julio presentó las condiciones climáticas ideales para el sobrevuelo en avioneta. La aeronave despegó de una pequeña pista cercana a la localidad de Las Lomitas, casi en el centro de Formosa, un poco hacia el oeste de la provincia. 

El monte, como se conoce al bosque nativo en la región del Gran Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y parte de Salta), parece inacabable desde el cielo formoseño. Alrededor del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, el ojo no llega a dimensionar dónde termina el manto verde. Pero termina, cuando se observan las topadoras o los restos de bosque que dejan al pasar, antes de que el suelo se prepare para otros fines.

Estas tierras intentan seguir siendo el territorio del tigre manchado. La panthera onca o jaguar. El felino más grande de América y el tercero en el mundo. El yaguareté, “verdadera fiera”, en guaraní. 

Durante cinco días, elDiarioAR visitó esta región, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía, en un viaje organizado y financiado por la ONG Greenpeace con el objetivo de evidenciar los efectos de la deforestación en el norte argentino para introducir la ganadería extensiva y la plantación de soja. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina. En Formosa es donde los ambientalistas creen que tienen mejores posibilidades de ganarle a la extinción provocada por la caza y la desaparición de su hábitat, ya que la provincia aún tiene una mejor conservación de bosque nativo contiguo con respecto a otras provincias de la región chaqueña.

Pero esas chances se apagan con el avance de la deforestación en Formosa, aseguran los ambientalistas de cuatro organizaciones distintas consultadas por este medio. ¿Qué sucederá si el yaguareté se extingue en el Gran Chaco argentino?

En julio de 2019, la organización demandó en nombre del yaguareté a los gobiernos de la Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, un animal no humano era representado como sujeto jurídico. 

Tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, la Corte anunció que realizaría durante el primer semestre de 2022 una audiencia pública por el caso para escuchar a la demandante y sus apoyos, y a los gobiernos demandados y sus aliados, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal. La convocatoria nunca se concretó. La Corte “perdió interés jurídico” en la causa y tiene “otros casos medioambientales que son prioridad”, dijo una fuente del tribunal ante la consulta de este medio.

Formosa

La fauna del monte sobrevive en Formosa. Cuatro días por los caminos de tierra, las recorridas por las costas, los humedales, los ríos Bermejito y Bermejo y el bañado La Estrella -que se nutre del río Pilcomayo- permiten avistar osos hormigueros, yacaré, tucanes, cigüeñas, zorros, cardenales y aves de muchos tipos, monos, jabirús -la cigüeña más grande de América- y hasta huellas de una familia de tapires.   

“Actualmente, Formosa desmonta cuatro veces más que antes de la Ley Nacional de Bosques -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- porque la ley provincial es muy permisiva”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Sólo en lo que va de 2022, Formosa perdió 10.056 hectáreas de bosque nativo. La mitad de la ciudad de Buenos Aires en sólo seis meses, de acuerdo con el monitoreo satelital de la ONG. elDiarioAR se comunicó con el director de Recursos Naturales y Gestión de Formosa, quien declinó responder las consultas. 

A través de imágenes satelitales, Greenpeace detectó varios desmontes recientes en la zona y viajó para corroborarlos por aire y por tierra. Uno de estos desmontes se ubica a unos 50 kilómetros de Las Lomitas y representa el 20% de lo deforestado en Formosa en el primer semestre del año. “Estamos en una zona que los científicos marcan como de posible presencia del yaguareté, una zona que obviamente se fue reduciendo a partir del avance de la frontera agropecuaria, de la soja, de la ganadería, mucha de la cual se termina exportando a China y a Europa”, afirmó Giardini.

Por aire, el paso de las topadoras se ve en cuadrados inmensos de color tierra o quemados por el fuego. Por tierra, parece un cementerio de cuerpos desenterrados. Muchos de estos futuros campos para la producción agropecuaria no tienen tranqueras ni alambrados, aún. Apenas se puede caminar entre los árboles derrumbados, las palmeras tumbadas, las plantas que vivían en ellos, ahora en el suelo. 

Se puede ver cómo cortan y preparan el quebracho blanco y el colorado para vender la madera de árboles que tardaron unos 50 años en crecer. Luego, vendrá el proceso de quitar las raíces y erradicar el monte por completo para sembrar pasturas africanas o soja. 

Depredador tope

En Argentina, el yaguareté solía extender su territorio desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte. Actualmente, perdió el 95% de su territorio en el país, según los expertos de Proyecto Yaguareté. 

En territorio argentino, quedan alrededor de 250 individuos distribuidos en tres regiones. En las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) se estima la presencia de más de un centenar. En la provincia de Misiones, habita un número estimado de entre 90 y 110 individuos. 

Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre) aseguró a elDiarioAR que en la selva paranaense se ha logrado casi triplicar la población de yaguaretés. “Es un trabajo enorme que venimos haciendo en Misiones con muchas organizaciones desde hace más de 20 años, monitoreado por científicos del Conicet”, dijo.

En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado. “La situación en Chaco está complicada desde hace tiempo. Se está mejorando a través de planes de gestión”, aseguró. 

El Litoral es una de las regiones en donde llegó a extinguirse. Desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding busca reintroducir al yaguareté desde hace años. Marisi López, vocera de la institución, explicó a elDiarioAR que las causas por las cuales se llegó a la casi extinción en el Gran Chaco fueron principalmente la caza por posibles conflictos con el ganado y por considerarlo un trofeo. “También el desmonte y el uso de cambio de suelo fueron achicando la frontera o el ambiente del yaguareté, desplazándolos, haciendo que lleguen hacia zonas más urbanas, donde también eran por supuesto perseguidos y cazados”, afirmó. 

“El yaguareté tiene un rol como predador tope súper importante -afirmó López-, ya que es el que equilibra y hace que el ecosistema esté más completo y funcional, es quien regula hacia abajo en la cadena alimenticia”.

“Un ecosistema con la presencia de sus depredadores topes, es un ecosistema más saludable, más funcional, más completo y que ayuda a enfrentar estas tres crisis ambientales la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y la desaparición de epidemias y pandemias”, concluyó López.

La guardaparque y cordobesa Lucero Corrales sigue las huellas, excrementos, pelos, marcos y presas del yaguareté por el Gran Chaco. Integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidades, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Gracias a una red de colaboradores que viven y trabajan en el monte, intenta rastrear la presencia de estos felinos en la región y concientizar a los lugareños para que no los maten.

“Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto”, asegura Corrales. En los últimos años, sólo han podido identificar a dos individuos en la región. 

Palacio o monte

En 2001, el yaguareté fue declarado por ley Monumento Natural de la Nación. En 2014, se creó el Parque Nacional El Impenetrable (provincia de Chaco) para proteger una porción de su hábitat. 

El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte busca que el máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino e incluye una medida cautelar para que el tribunal frene los desmontes mientras analiza la situación, lo que aún no sucedió.

Desde que la ONG presentó el amparo y medida cautelar (julio 2019) hasta junio de este año, en estas cuatro provincias las topadoras se llevaron unas 300.000 hectáreas de bosques nativos, según surge de las sumas relevadas cada año por la ONG y el ministerio de Ambiente. Esa superficie equivale a 15 ciudades de Buenos Aires. 

En la Corte afirmaron que el tribunal estuvo consultando informalmente qué organizaciones ambientalistas podrían presentarse para apoyar la demanda y que ninguna de las consultadas mostró interés. No descartan que la audiencia sea convocada durante el segundo semestre del año o incluso que el tribunal tome una decisión directamente sobre el amparo. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Greenpeace informó que ya tiene confirmadas para la eventual audiencia pública los apoyos y exposiciones de Alberto Acosta, ex presidente de la Convención Constituyente de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza; a Maristella Svampa y las escritoras de Mirá; a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo; a la organización EARTH LAW; a universidades del exterior especializadas en derecho ambiental; y a organizaciones indígenas y ambientalistas locales.

Sociedades del monte

“Donde vive el yaguareté, viven también personas”, afirma Pablo Chianetta, veterinario, formoseño por adopción y co-fundador de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG local que trabaja con los cuatro pueblos originarios que habitan en el oeste de Formosa: Wichí, Qom, Pilagá y Nivaclé. 

En estas tierras, la mayor parte de la población es originaria, afirmó. “Son entre 30.000 y 40.000 personas, la mayoría habitantes del oeste de la provincia” y sus problemáticas -explicó- están directamente ligadas a las causas de la cuasi desaparición del felino. 

“En Formosa, hay un proceso inmobiliario de los últimos 15 años basado en el manejo del agua, por dónde pasa y quién tiene acceso o control de la esclusa del bañado La Estrella por ejemplo,”, aseguró Chianetta. “Aquí la tierra es más barata que en la región pampeana y los productores agropecuarios vienen de afuera de la región atraídos por eso”, agregó.

Hay una falsa dicotomía entre la intención de preservar este ecosistema llamado Gran Chaco y el progreso económico de cuatro de las provincias más pobres del país, aseguran Giardini y Chianetta. “Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Pero en los últimos 30 años de deforestación, la población de estas cuatro provincias sigue estando entre las más pobres del país”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

A unos 35 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes de la comunidad wichí de Tres Pozos, sostiene que uno de sus principales reclamos es la titularidad efectiva de sus tierras. 

“Acá todo alrededor de nosotros es privado, no podemos ir a pescar al río o a buscar miel al monte”, dijo Ramírez con la voz suave y pausada del wichí. “A nosotros, los criollos nos decían: ‘¿Para qué quieren tener tierras los indios si no tienen animales?’. Nosotros les decimos: ‘¿Para qué quieren los criollos tener vacas si no tienen tierra’?´”.

Florencio González es uno de los más jóvenes de la dirigencia wichí en Tres Pozos. “Estamos defendiendo lo poco que tenemos: el monte”. El bosque es fuente de la harina de algarroba para el pan, de la miel, del alimento de sus cabras y vacas. Pero también es proveedor de medicinas naturales y el lugar donde los originarios van a pensar, descansar, respirar hondo, dice González.

Chaco

En Resistencia, Chaco, Karina Alonso, comunicadora del pueblo Qom y maestra bilingüe, se unió a Somos Monte, un colectivo de chaqueños que ya juntaron 40.000 firmas para exigir “desmonte cero” en su provincia. “Las comunidades originarias están organizadas pero no nos escuchan y para poder llegar al Estado necesitamos que los hermanos se acoplen a nuestra lucha”, asegura Alonso, sentada bajo unos árboles junto al físico italiano Riccardo “Dardo” Tiddi, chaqueño por adopción.   

Chaco rearmó su mapa de zonas protegidas y zonas donde autorizará desmonte para cambio de uso de suelo, que debe ser aprobado por el ministerio de Ambiente de la Nación. “Creemos que ese nuevo mapa es regresivo. Venimos reclamando que en el nuevo mapa ya no haya áreas de bosque donde se permitan los desmontes y que todo lo que no es zona protegida pase a la categoría de conservación intermedia, con actividad sostenible, sin topadoras ni cadenas”, aseguró Tiddi. La ganadería bajo monte, sin deforestar el bosque, es posible, explica.

Ante la consulta de elDiarioAR, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco respondió que el nuevo mapa respeta la Ley Nacional de Bosques, contempla 65,48% de los bosques como categoría de conservación intermedia y 9,48% en categoría de alta conservación.

Topadoras

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra dialogando con el Gobierno Nacional para presentar propuestas muy diferentes a las de quienes buscan la conservación del bosque nativo. Andrés Costamagna, director de Sustentabilidad de la entidad agropecuaria, dijo a elDiarioAR: “No hay posibilidad de conservar los bosques si no hay rentabilidad”. 

“En el estado actual de los bosques nativos sólo son un reservorio de carbono de alto riesgo de incendios que se expanden. Por lo tanto dejarlos como tal de manera intangible es una opción muy delicada y riesgosa, no generar los incentivos necesarios hace que ocurran desarraigos y las personas migren en busca de oportunidades, quedando muy poca población para hacer frente a los siniestros”, aseguró Costamagna. 

“El incendio de Corrientes fue muy claro: donde había personas habitando el lugar se pudo contener el incendio y cuando era una responsabilidad de los guardaparques y del estado esto no sucedió”, agregó. 

Costamagna aseguró que ya presentaron un proyecto al Gobierno para “remover árboles viejos y árboles enfermos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes y ramas sanas''. ”Esto es manejo sostenible del bosque nativo“, dijo: utilizarían los árboles talados para producir electricidad. ”No hay cambio de uso del suelo y el nuevo crecimiento remueve carbono del aire“, agregó. Reconoció resistencia del ministerio de Ambiente.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

La directora general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero,  Noelia Zanichelli, dijo a elDiarioAR que el organismo oficial detectó 16.281 hectáreas deforestadas entre enero y junio de 2022, y que la mayor parte fue autorizada por la provincia (10.772 hectáreas). Las otras 5.509 fueron desmontadas sin los permisos oficiales.

En Salta, el desmonte se redujo en el último semestre (4.947 hectáreas) debido a que la provincia ha suspendido la deforestación mientras concluye un nuevo mapa de zonas protegidas y deforestables.

En Chaco, se registraron 10.223 hectáreas en el primer semestre del año. La mayoría (más de 8.800 hectáreas) fue desmontada de manera ilegal, según el monitoreo de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia, ya que la Justicia suspendió la deforestación a finales de 2020. Luciano Olivares, titular del organismo, explicó a este medio que ante los incumplimientos “se aplica el procedimiento administrativo vigente para la aplicación de sanciones a los responsables”.

Tanto Olivares como Zanichelli aseguraron que las provincias no han sido notificadas aún de la demanda de Greenpeace ante la Corte y que ambas gobernaciones están a disposición de la Justicia.

“Es imposible ser indiferente al yaguareté”, dijo la guardaparque Corrales. Pero quien aún es temido o adorado en la profundidad del monte, ha quedado atrapado en el olvido de la gran ciudad.

ED

Más del 80 por ciento de los argentinos se opone a la caza por trofeos, práctica que consiste en matar animales para competir o por placer y así obtener partes de los animales para exhibirlos. En tanto, el 92 por ciento se manifestó a favor de la prohibición de esta práctica.

Cuando la caza de trofeos se trata de especies amenazadas o en peligro de extinción como leones, elefantes y jirafas, la cifra asciende al 93 por ciento, de acuerdo a una encuesta que realizó la organización Humane Society International (HSI).

Asimismo, consultados respecto de la presencia de cazadores extranjeros en territorio argentino, el 91% estuvo de acuerdo en que debería estar prohibida, al igual que las exportaciones de los trofeos que resultan de la caza junto con la importación de trofeos argentinos en el exterior.

Esta tendencia está en línea con el crecimiento de un movimiento mundial que aboga por el bienestar animal, informó este martes la organización en un comunicado de prensa.

“La caza de trofeos es una práctica destructiva que perjudica el bienestar animal y la protección de las especies. Lamentablemente la caza de este tipo existe en todo el mundo y Argentina es uno de los países con mayor nivel de exportación de trofeos de caza”, expresó Marina Ratchford, representante de Argentina de HSI.

Y agregó que “estamos a tiempo de convertirnos en un agente de cambio. Incentivando el cese de esta actividad podemos ser un ejemplo a seguir”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, destacó la importancia de la encuesta y señaló que “evidencia la conciencia ambiental creciente” que hay en nuestro país, y remarcó que la cartera ambiental prohibió la importación, exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la fauna silvestre autóctona a través de la Resolución 133/22.

 En ese sentido, anticipó que el Ministerio se encuentra en elaboración de una actualización normativa para prohibir la importación de todo trofeo de caza a nuestro país.

También restaltó los operativos de rescate de especies víctimas del tráfico ilegal llevados adelante por la Brigada de Control Ambiental, que al momento ya rescató más de 700 ejemplares que actualmente se encuentran en centros de rescate y rehabilitación de fauna.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas instituyó una política que prohíbe el transporte de trofeos de caza de fauna nativa de nuestro país en cualquier vuelo nacional o internacional.

“Argentina es un importante contribuyente a esta industria poco ética y el país tiene el poder de dar un paso adelante como líder mundial en conservación y poner fin a la importación y exportación de estos macabros trofeos de una vez por todas”, expresó Teresa Telecky vicepresidenta del departamento de vida silvestre de HSI.

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), Argentina estuvo entre los diez países con mayor nivel de exportación de trofeos a nivel mundial entre 2014 y 2018; y fue el vigésimo tercer país con mayor nivel de importación de trofeos de caza de mamíferos protegidos en el mundo.

Entre los animales que fueron más importados se encuentran el elefante africano, la cebra de montaña de Hartmann, el león africano, el hipopótamo y el papión negro.

Por último, detallaron que la mayoría de las exportaciones de trofeos de caza fueron de antílopes negros y pumas, con caso todos los antílopes negros tomados de la naturaleza y la mayoría de los pumas criados en cautiverio.

DL

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, afirmó este lunes que el cambio de clima posterior a la ola de calor permitió “apaciguar un poco la situación” en referencia a la emergencia ígnea en el país, pero aseguró que se transita “una temporada de incendios muy complicada”.

“Por suerte, el cambio de clima de los últimos días después de la ola de calor de ayer y hoy ha permitido apaciguar un poco la situación, pero indudablemente estamos en una temporada de incendios muy complicada”, dijo el viceministro a Radio 10.

También indicó que la actual situación fue prevista porque “veníamos de una sequía muy extrema en prácticamente todo el país y la ola de calor obviamente funcionó como un detonante para la aparición de fuegos en distintos lugares”.

En relación a los incendios que se reportaban hasta ayer en ocho provincias del país, Federovisky señaló que el más complicado es el desatado en Bariloche, en la provincia de Río Negro, desde el 7 de diciembre como consecuencia de un rayo.

“La situación más complicada la tuvimos y la seguimos teniendo lamentablemente en la zona de Bariloche, cerca del Lago Steffen y Lago Martin, un fuego que es bastante difícil de controlar y se inició hace más de un mes en un área muy inaccesible del Parque Nacional Nahuel Huapi”, detalló.

Cambio climático, incendios y el rol del Estado

En cuanto a las acciones necesarias para dar respuesta a la emergencia ígnea que vive el país, Federovisky apuntó a seguir en el “mismo trabajo” que se viene realizando desde el Ministerio de Ambiente.

Además, sumó la importancia de “avanzar hacia el futuro en políticas de prevención mucho más contundentes”, como “trabajar en la temporada inmediatamente anterior a la de incendios para que haya menos probabilidades de que el fuego se propague de la manera en que lo ha hecho”.

Sin embargo, destacó la repercusión que el cambio climático tiene en el actual contexto.

En este sentido, remarcó la necesidad de “entender, tanto desde la política pública como desde la sociedad en su conjunto, que estamos ante un fenómeno global altamente complicado que no es simplemente un incendio forestal que uno va y lo apaga, sino que necesita de otras estrategias para poder ser abordado”.

“Lo que tenemos hoy es el cambio climático trabajando a full y generando condiciones muy adversas que no son las condiciones que se provocaban algunas décadas atrás para la aparición de los incendios”, indicó.

En esta línea, Federovisky aseguró que el calentamiento global generó un “escenario completamente distinto” con “incendios de sexta generación, con una vegetación que tiene un estrés hídrico colosal acumulado a lo largo de los últimos años”.

Además, al ser consultado sobre los incendios intencionales, el viceministro de Ambiente dijo que en Argentina se dan en “un porcentaje muy alto” y que es necesario discutir una nueva figura delictiva.

“En Argentina esto se da en la zona del Delta del Río Paraná y en la provincia de Córdoba, donde se utiliza el fuego como un reemplazo de la topadora para el avance de la frontera agropecuaria”, detalló.

Y agregó que “desde el Ministerio de Ambiente no solo hemos denunciado y presentado querellas judiciales, sino también hemos bregado por discutir en el Congreso una nueva figura delictiva”.

“No puede ser igual el castigo de una persona que prende fuego en estas condiciones que cuando lo hacía antes”, dijo y aseguró que “hay una voluntad de avanzar en esa dirección”.

FS con información de Télam

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, hizo referencia al estudio de impacto ambiental que se realizó sobre exploración offshore en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114.

“Es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años”. Sin embargo, “a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental”, dijo Cabandié, y explicó que es “para revisar, asistir, tener presencia física en la prospección sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.

Las actividades de exploración —que realizará un buque que recorrerá el área— “se realizarán cumpliendo los más altos estándares internacionales”, según informan desde el Gobierno, tomando las experiencias de Canadá y Brasil. “El Plan de Gestión Ambiental aumentó medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina”, agregan.

Cabandié también se refirió a la necesidad de generar una transición energética y aclaró: “No se puede cortar de la noche a la mañana el uso de hidrocarburos, gas o petróleo, porque entraríamos en un colapso social y económico inimaginable. Tenemos que profundizar la transición energética, ir hacia energías renovables o limpias”.

Por otro lado, el ministro señaló: “Si Argentina tiene sobrantes de gas, podemos exportarlo y eso puede redundar en que países que tienen su matriz energética en base a carbón reduzcan emisiones y consigamos dólares para comprar molinos eólicos”. Cabe señalar que la Contribución Determinada a Nivel Nacional que Argentina presentó en la COP 26 sobre Cambio Climático en Glasgow plantea la necesidad de promover las energías renovables y utilizar el gas natural como combustible de transición energética.

Además, el titular de la cartera de Ambiente enfatizó que “tenemos actividad hidrocarburífera desde 1970. Hoy el 17 % del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el mar argentino”. El funcionario también resaltó: “La política energética la define el Estado Nacional a través de sus órganos correspondientes, en este caso el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”.

Las actividades de exploración permitirán mejorar el conocimiento de los recursos existentes en el lecho submarino, para poder planificar el uso de los hidrocarburíferos en el marco de la transición justa hacia una matriz energética sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero.

AB

En una semana auge de la temporada de verano en la costa de Miramar, Camila y Manuel repartían por la noche folletos con la consigna “No a las petroleras en el mar”. Les llamaba la atención que la mayoría de los turistas, como también puesteros de la feria artesanal de la ciudad, no estaban al tanto de la noticia. La noticia es que el pasado 30 de diciembre se publicó mediante el Boletín Oficial, una resolución firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se autoriza a la empresa noruega Equinor a extraer petróleo en tres zonas del Mar Argentino.

La renombrada figura de material “M” de Miramar, ubicada en Av. Costanera y peatonal, esta vez no será epicentro de shows musicales ni espectáculos de payasos. Allí, desde las 18 horas, vecinos y turistas se sumarán al “Atlanticazo”; la asamblea por un “Mar Libre de Petroleras” con concentraciones en Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, el Partido de la Costa y Mar de las Pampas. En el caso de Mar del Plata, la marcha comenzará en la Rambla y finalizará en el municipio. 

“Hoy sentimos que no queda otra que salir a la calle y visibilizarlo. Sumado a que la gente no conoce lo que está pasando, menos conoce lo que puede llegar a pasar si se producen estas prácticas. Esto es muy grave para una ciudad costera que vive del turismo. Por ejemplo, el puerto de Mar del Plata es la mayor red de comercio de pescado de la provincia. Esto trae un montón de consecuencias que la gente no lo ve, no tiene la información y desconoce. Esto empieza en cada uno de nosotres: qué queremos consumir y cuánto”, advierte Camila.

“Hay instancias legales que se agotaron y los datos reflejan que no es viable para la salud y el bienestar de toda la provincia de Buenos Aires. La única instancia que nos queda es concientizar y masivamente exigir que esto vuelva para atrás”, agrega.

La marcha de este martes 4 de enero por la tarde “es plurinacional”, explica Camila “porque invita a manifestarse por todo lo que está pasando en el país, hay provincias quemándose y no están separadas unas cosas de otras”.

Al salir a volantear “queda claro que la gente no está informada. Los medios hegemónicos no comunican y el Estado aprovecha el distanciamiento y aislamiento social para este tipo de gestiones a nuestras espaldas”, agrega Manuel.

Marina Aizen de Periodistas por el Planeta publicó en elDiarioAR que en julio pasado, cuando la Secretaría de cambio climático llevó adelante tres días de audiencias de consulta popular sobre la prospección y posible actividad offshore, “no hubo ninguna voz ni de la sociedad, ni de los sectores económicos clave, como el turismo y la pesca, que estuvieran de acuerdo”.

“Las cuestiones ambientales son ineludibles”, insiste Manuel. “Nuestra casa, que es el planeta tierra, no está para estas bromas. Esto se hizo de manera fraudulenta sin el acuerdo del pueblo y lo que hay que hacer es poner el cuerpo en las calles como pasó en Chubut. El diálogo no existe, no porque no queramos, si no porque desde arriba no lo proponen”.

“Durante la pandemia se freno el mundo y la naturaleza comenzó a regenerarse, lo tuvimos en la cara. No es el momento de intervenir negativamente en la naturaleza”, cierra.

Impactos de la sísmica en el mar

Las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicaron en un comunicado.

“Los bloques con permiso para exploración se localizan en el talud, un área clave para la estructura ecológica y funcional del mar argentino y de la región, con gran influencia de la corriente de Malvinas y donde se genera el mayor y más productivo frente marino a nivel regional. Las áreas frontales influyen en procesos de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, historias de vida, flujos de CO2, entre otros y por lo tanto su conservación es prioritaria.

La prospección sísmica genera intensas explosiones acústicas bajo el agua que pueden ser registradas a miles de kilómetros de distancia. La introducción de ruido en el mar puede afectar las funciones biológicas esenciales de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves. Los efectos potenciales sobre la fauna marina son diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la muerte, efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición, enmascaramiento, y cambios del comportamiento.

Sumado al impacto de la prospección sísmica, la posterior explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia a amenazas potenciales para la vida marina y sus hábitats, como los riesgos de derrame de petróleo y las emisiones de gases por la quema de combustibles fósiles que empeoran los efectos del cambio climático. En un escenario donde se manifiestan a diario los devastadores efectos del cambio global, la aprobación de este proyecto resulta en un retroceso para la vida y salud del ambiente y de las personas“.

La postura de los intendentes

Tanto el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony (FdT), como el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (JxC), expresaron su rechazo por las tareas de exploración de Equinor. Ambos, utilizaron sus cuentas personales de Twitter para pronunciarse.

“𝗠𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗹𝘃𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼. Creo que existe mayor riesgo que beneficios en una explotación petrolera off shore frente al Partido de General Alvarado. Desde el primer momento (Julio 2021), me opuse de manera firme a esta posibilidad a través de diversas actuaciones, como la participación en la Audiencia Pública realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, puntualizó Ianantuony en un hilo de Twitter.

Por su parte, Montenegro decidió publicar un video dirigido a los marplatenses. “Mi responsabilidad es defender a los marplatenses y cuidar a nuestra ciudad. Por eso quiero que sepan que desde que tomamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente trabajamos para realizar una presentación judicial que frene esta medida”, publicó el 31 de diciembre.

AB

El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró este martes la “emergencia ígnea en todo el territorio nacional” por un plazo de 12 meses, en función del “riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales”.

En una reunión realizada en forma remota, también se recomendó al Poder Ejecutivo nacional replicar la medida para que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para robustecer las acciones, informó el Ministerio que conduce Juan Cabandie en un comunicado.

Durante el encuentro también se solicitó la articulación entre las jurisdicciones y el Estado nacional con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención.

“La declaración de la emergencia ígnea es importante porque estamos ante una situación que necesita obligatoriamente de una coordinación de esfuerzos y una conjugación de voluntades para poder enfrentar un panorama muy adverso; la temporada que viene en la Patagonia es complejísima”, explicó el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

“Estamos frente a un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un periodo de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada una de las estaciones, de temporadas sin lluvias”, amplió.

Y agregó que “muy probablemente, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año, situación que implica un abordaje muy diferente al que veníamos teniendo hasta ahora”.

El funcionario explicó que en este contexto “será necesario en un futuro cercano trabajar con un énfasis diferente y más profundo en las políticas de prevención”.

En este sentido, Federovisky declaró que “las políticas del combate contra el fuego en situaciones climática adversas y con tanto material combustible en el suelo, resultan ineficientes más allá de todos los recursos a disposición que se pongan”.

“Por lo tanto -continuó-, la necesidad de trabajar en la prevención es esencial, entendiendo por esta acción, la reducción de las condiciones que favorecen la llegada y la posterior propagación de los incendios una vez que la temporada de fuego ya está lanzada”.

A su turno, el secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del Cofema, Santiago Azulay, señaló que “ante un evento de estas características es necesario que todas las jurisdicciones articulemos como cuerpo” y mencionó “la actual situación en la Patagonia e incluso en otras provincias como en Santa Fe y Entre Ríos, donde hoy también tenemos focos ígneos activos”.

Durante el encuentro se instó al Gobierno nacional a emular la declaración de emergencia para que se habiliten los mecanismos administrativos de excepción y “se autoricen las partidas presupuestarias necesarias para robustecer las acciones que se están implementando con el Fondo Nacional del Manejo del Fuego”, se indicó en el comunicado.

También se establecieron líneas de trabajo con el objeto de afrontar la temporada de fuego trabajando sobre políticas de prevención, tales como reducción de material orgánico y combustible en el suelo, manejo de forestaciones y de áreas de plantaciones de exóticas.

Con información de agencias.

IG

La Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible evalúa el derrame de petróleo verificado el sábado en el área de Medanito, 20 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Catriel, y exigió a la empresa responsable la presentación del seguro de caución ambiental, se informó este lunes.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la BCA, “se encuentra en la provincia de Río Negro donde realiza una inspección. Se busca evaluar el daño ocasionado y garantizar el ejercicio del control frente a la emergencia ambiental en la zona donde ocurrió el siniestro de hidrocarburos, ubicada entre las estaciones de bombeo Medanito y Crucero Catriel”, indicó la cartera encabezada por el ministro Juan Cabandié en un comunicado.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, expresó que el ministerio exige “el seguro ambiental obligatorio que la empresa debe tener para poder aventar una situación de riesgo de estas características para proteger a las y los ciudadanos y al Estado de un desastre ambiental”, bajo el amparo de la Ley General del Ambiente exigimos

“La presentación del seguro es para que el pasivo no recaiga sobre nosotros, sino para que se haga cargo la empresa que fue responsable del incidente”, agregó.

“Por orden del ministro Cabandié, la BCA viajó a Río Negro y se encuentra trabajando en la zona. Estamos a la espera del informe de nuestros inspectores para conocer el daño ocasionado por el derrame”, resaltó el funcionario.

La cartera de Ambiente nacional impulsa en todo el territorio nacional el cumplimiento de lo establecido por la Ley 25675 -general del ambiente- en su artículo 22.

“Esto quiere decir que aquellas actividades riesgosas que potencialmente puedan conllevar un incidente ambiental deben contar con una garantía financiera para responder por los siniestros que la actividad pudiera causar. El objetivo es que los posibles pasivos ambientales generados se mitiguen por medio de este instrumento”, concluyó el comunicado.

La avería se verificó ayer en Medanito, en el oleoducto que une a la Cuenca Neuquina, la principal región productora de petróleo del país, con Puerto Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires y desde allí con las más grandes refinerías argentinas.

Medanito es la principal zona productiva de Río Negro, pero además, el incidente ocurrió en un sector en donde el sistema ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde los yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta.

Ayer mismo, la empresa Oleoductos del Valle (Oldeval) informó en un comunicado que el derrame de hidrocarburos “fue contenido” y que las tareas actuales “se abocan a remediar la zona afectada”.

Asimismo, señaló que “las causas del hecho aún continúan en investigación”.

Con información de agencia Télam.

AB