En una ciudad atravesada por la violencia narco y la desigualdad, la Iglesia busca tender puentes entre el Poder Judicial y los barrios más golpeados. Este sábado, en la sede de la Comunidad Padre Misericordioso —parte de la red del Hogar de Cristo— se lanzó en Rosario la Pastoral Judicial, una iniciativa que apunta a “humanizar la justicia” y acercarla a las realidades de exclusión.

El encuentro fue convocado por el arzobispo Eduardo Eliseo Martín y reunió a representantes de los tribunales provinciales y federales junto con organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de encierro y adicciones. Participaron, entre otros, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco, de la Corte Suprema de Santa Fe, y el juez Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Pastoral Judicial nació en el conurbano bonaerense bajo el impulso del obispo de San Justo, Eduardo García, y ahora empieza a replicarse en otras diócesis del país. Su propósito, explicó García, es generar espacios de diálogo entre magistrados y comunidades vulnerables: “Tenemos que trabajar juntos con el poder judicial para que aquel que por su condición social es víctima no termine despedazado por los cuatro costados como Tupac Amaru”.

Durante la jornada, integrantes de la Comunidad Padre Misericordioso compartieron sus testimonios sobre el consumo problemático y la recuperación comunitaria. “Perdemos el físico, la mente y el espíritu por culpa de la droga”, resumió uno de ellos.

El ministro de la Corte santafesina Daniel Erbetta recordó una antigua práctica judicial: “Teníamos una acordada que obligaba a los jueces —incluso a los de la Corte— a visitar las cárceles. Es hora de retomar eso: los presos son responsabilidad de los jueces”.

En la misma línea, Falistocco señaló que fue “el propio Jesucristo quien incluyó entre las obras de misericordia visitar a los presos”. También participó Virginia Barreyro, directora de la DCAEP del Ministerio Público de la Defensa, quien remarcó la necesidad de articular el trabajo institucional con las comunidades “poniendo en el centro la dignidad de cada persona”.

El cierre estuvo a cargo del padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Adicciones, que sintetizó el sentido del encuentro: “El crimen está organizado. Necesitamos organizar el bien”.

Con el encuentro rosarino, la Pastoral Judicial suma una nueva escala en su camino nacional: un intento de acercar jueces, obispos y militantes barriales en una ciudad donde la justicia y la fe buscan hacerse cuerpo frente a la violencia y la indiferencia.

“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once –donde está asentado el padre Gastón “Tonga” Colombres– una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y otros ligados a Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes. El anfitrión fue el padre Leo Di Silio.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

El obispo de Santiago del Estero citó a al papa León XIV: “Uno antes que cristiano es humano”, dijo, según comentó un testigo, funcionario de Comodoro Py, resaltando que la propuesta es, más que una cuestión de fe, de humanidad.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó el “encierro eterno” para los narcotráficos. La medida avaló el criterio de negar salidas anticipadas a personas condenadas por narcotráfico, al declarar la constitucionalidad de la ley 27.375, que impide el acceso a la libertad condicional y otros beneficios. El fallo fue dictado en acuerdo plenario por los diez jueces del máximo tribunal penal del país, aunque hubo fuertes críticas internas.

El pronunciamiento, conocido como fallo plenario Nº16, sostiene como doctrina obligatoria que “resultan compatibles con el régimen de progresividad de la pena, el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660” en relación a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de drogas 23.737.

La decisión fue adoptada por la mayoría compuesta por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes destacaron que el régimen diferenciado para narcotraficantes no contradice la finalidad de reinserción social de la pena, prevista en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

En sus fundamentos, los magistrados explicaron que la ley establece un “régimen preparatorio para la liberación” aplicable durante el último año de la condena, que contempla etapas progresivas de reinserción, y que ello no implica una afectación de derechos fundamentales.

El criterio adoptado por la mayoría refuerza una línea interpretativa impulsada en su momento por el actual ministro del Interior, Luis Petri, y por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, conocida como “doctrina del encierro” y considerada por sectores críticos como parte de una política de endurecimiento punitivo sin base en evidencias sobre su eficacia en la reducción del narcotráfico. En ese sentido, hay una crítica de distintos sectores sociales y políticos por la “bukelización” carcelaría del país, a tono con el regimen de mano dura impuesta por el presidente de El Salvador.

En disidencia, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani consideraron que el recurso que dio origen al plenario era inadmisible y que el tema excedía las facultades del tribunal en ese marco.

El fallo se originó en un recurso del Ministerio Público Fiscal contra una decisión de la Sala de Feria de Casación, que había declarado inconstitucional el artículo 56 bis de la ley 24.660, al hacer lugar al planteo de la defensa de una persona condenada por narcotráfico.

La audiencia pública se celebró el 11 de marzo con transmisión en vivo y contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, de la Defensoría General de la Nación, del CELS, de la Asociación Pensamiento Penal y otras organizaciones especializadas en ejecución penal. Algunas solicitaron ser consideradas “amigos del tribunal”, aunque no se admitieron como parte formal del debate.

MC

En medio de la polémica por la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces a la Corte Suprema de Justicia por decreto, en la Iglesia buscaron dar un gesto contrario a la política oficialista. El Arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, convocó este jueves a un grupo de juristas para abordar proyectos comunitarios y promover “una justicia más humana y accesible”, según se informó.

La postal del encuentro se conoció casi en paralelo a que Horacio Rosatti le tomara juramento al catedrático ultraconservador García-Mansilla, que aceptó el nombramiento de Javier Milei vía decreto pese a que se había manifestado en contra de esa alternativa. En el Senado no avanzó su pliego como tampoco el de Lijo, que está a la espera de que la Corte le tome juramento.

A la cita con Carrara asistieron el juez federal de Casación Penal y Profesor Titular la Universidad Nacional de La Plata, Alejandro Slokar; el Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez; y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri.

El encuentro se enmarcó en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que enfatiza “la importancia de la fraternidad y la solidaridad en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. Y hubo un guiño a la situación en el distrito más importante de país: se exploraron “formas de colaboración para promover una justicia más humana y accesible”, especialmente en los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires.

En medio de un corrimiento de las oficinas móviles del Estado nacional que ofrecía asistencia jurídica en barriadas populares, la actividad de Carrara y los juristas busca construir herramientas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. “El desafío es claro: construir una justicia que llegue a todos, con respuestas reales, humanas y accesibles”, comunicaron oficialmente.

No es la primera reunión de este tipo que encabeza el arzobispo Carrara. Ya hubo cuatro encuentros en diferentes barrios, como la parroquia María Madre del Pueblo, Hogar Padre Cajade, Parroquia San José de la diócesis de San Justo, La Matanza, y la capilla “María Auxiliadora” del barrio Rififí de Moreno Sur.

MC

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, resultó sorteado este miércoles para subrogar la vacante que se generó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cesar en sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa, según fuentes judiciales.

El magistrado es actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal y compone la Sala II del máximo tribunal penal del país. Integrará también la Sala III, en calidad de subrogante, según se informó oficialmente.

Resta definir qué ocurrirá con las causas en las que la jueza intervino en su paso por la Sala I, que integran también los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

La Sala I debe decidir el futuro de los expedientes de las causas Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces: se trata de casos en los que los respectivos tribunales orales decidieron sobreseer a todos los imputados, sin necesidad de realizar el juicio oral.

Como esas decisiones fueron apeladas, dichos casos pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para ser revisadas. Allí se llevaron a cabo las audiencias de rigor -ambas el año pasado- aunque nunca se alcanzó una decisión.

Quién es Alejandro Slokar

Slokar es Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular de la Cátedra 1 de Derecho Penal I de la Universidad Nacional de La Plata.

El juez también se desempeñó como profesor de posgrado en múltiples universidades de Latinoamérica, como Santiago de Cali (Colombia), del Zulia (Venezuela), Católica de Concepción (Chile) y San Agustín (Perú), donde además fue distinguido con el grado de Profesor Honorario.

Tiene más de 42 años de trayectoria en el Poder Judicial, adonde entró en el 2011 al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, el cual presidió en 2016 y 2022.

Su currículum incluye también años de investigación académica, siendo Secretario del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; investigador de la UBA y del CONICET y becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España, donde terminó sus estudios de doctorado. Obtuvo el grado Magister por la Universitat Autónoma de Barcelona en 1993.

Durante la Presidencia de Néstor Kirchner, se desempeñó como Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ese entonces a cargo del actual titular de la Corte Horacio Rosatti.

Es autor de múltiples publicaciones en el país y en el extranjero, entre los que se destacan en coautoría con Raúl Zaffaroni los tratados “Derecho Penal. Parte General” y el “Manual de Derecho Penal”, editados y adaptados para México y Brasil desde el 2000.

LC con información de agencia Télam

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal notificó este lunes a las partes la integración del tribunal que revisará el desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del naufragio del ARA San Juan. Es luego de que el magistrado Carlos Mahiques fuera desplazado del caso, por presunta cercanía con el expresidente.

“Hágase saber a las partes que este Tribunal se encuentra integrado para intervenir en las presentes actuaciones por los doctores Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y el suscripto”, detalló la resolución firmada por Guillermo Jorge Yacobucci.

Slokar reemplaza al camarista Mahiques, apartado tras una recusación de la querella conformada por familiares de los submarinistas representada por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el exmandatario y haber compartido con él un espacio en un estadio durante la Copa del Mundo en Qatar.

El submarino de la Armada Argentina se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, cuando viajaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por Martín Bava, el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, la cual fue apelada y llevó el sumario a la Sala II de Casación. Al momento de dejar sin efecto el procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades tenía que ver con la seguridad presidencial.

Por el hundimiento están procesados el marino Luis López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador de Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento Operaciones) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

LC con información de agencia Télam

El juez Alejandro Slokar fue electo este martes presidente de la Cámara Federal de Casación Penal luego de desempeñarse como vicepresidente del máximo tribunal penal del país.

Slokar fue elegido por unanimidad y, secundado ahora por el magistrado Mariano Borinsky, vuelve a la presidencia de la Cámara que ocupó en 2016, según indicaron fuentes judiciales.

La vicepresidencia segunda de la cámara de Casación será ocupada por la jueza de la sala primera de ese tribunal, Ana María Figueroa.

Durante el último tiempo, Slokar fue uno de los jueces de Casación con posición más crítica en relación a sus colegas Gustavo Hornos, presidente del tribunal en 2021, y Borinsky, luego de que trascendiera que se habían reunido con Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos. Es uno de los fundadores de la Asociación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, que hoy preside Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.

En los primeros días de marzo, durante una reunión de acuerdo de superintendencia del máximo tribunal penal, Slokar reclamó la renuncia de Hornos a la presidencia del cuerpo a raíz de la polémica originada por las visitas a la Casa Rosada.

Slokar dejó asentado aquel planteo por escrito tras constatar que las explicaciones ofrecidas por Hornos en una reunión anterior, en la que habló de un supuesto vínculo social con Macri, no habían quedado plasmadas en el acta del encuentro.

El magistrado fue nombrado como camarista de Casación en 2011, a través del Concurso 197 y, actualmente, se desempeña como integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal con los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

En la elección por unanimidad de Slokar se impuso en Casación el criterio que establece que existe un orden para llegar a la presidencia de ese cuerpo y que en esta oportunidad era su turno porque viene de ejercer la vicepresidencia primera.

El otro candidato era Daniel Petrone, juez de la sala primera de la Casación, que está llamada a revisar dos fallos de altísimo impacto emitidos este año por distintos tribunales orales: se trata de aquellos en los que se dispuso el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados de las causas conocidas como Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

Con información de agencias.

IG