La Corte Suprema definió la situación de la jueza Figueroa: deberá cesar en su función

La Corte Suprema de Justicia le puso punto final al limbo en que se encontraba Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal: por resolución ordenó que cese en sus funciones. Hasta este miércoles, la magistrada permanecía en el cargo pero sin dictar resoluciones, tras haber cumplido el 9 de agosto los 75 años, la edad a la que los jueces deben retirarse a menos que le pidan formalmente al Poder Ejecutivo extender cinco años más su permanencia en el cargo.

Figueroa había realizado el trámite para seguir y el presidente Alberto Fernández envió el pliego correspondiente al Senado. Pero allí la gestión se frustró debido a que la principal interesada en que Figueroa continuara, Cristina Fernández de Kirchner, no logró juntar la mayoría necesaria para aprobarlo.

La propia jueza Figueroa decidió quedarse en Casación tras haber cumplido la edad a la que, por imperio de la Constitución, los jueces deben jubilarse. Para hacerlo, había invocando un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, en el que se establece que podría seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que el Senado se expidiera sobre el pedido para seguir cinco años más o pase el año parlamentario, siempre que su pedido haya sido remitido al Senado, como sucedió en su caso.

Pero la Corte Suprema le puso fin a la incertidumbre, al disponer que cese en el cargo. La resolución fue dispuesta por unanimidad, es decir con las firmas de sus cuatro integrantes —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y posteriormente fue notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

Figueroa esperaba un acuerdo de la Cámara alta para renovar su mandato por cinco años, pero la oposición bloqueó la posibilidad con el argumento de que su reválida era un objetivo de la vicepresidenta de la Nación para “garantizar su impunidad” en causas judiciales en las que está involucrada.

La magistrada era un voto clave en los expedientes Hotesur-Los Sauces, el Memorándum con Irán y la causa Cuadernos. Ya había fallado en favor de la expresidenta en causas sensibles y es una convencida del lawfare o “guerra judicial”, la carta de la defensa de Fernández de Kirchner en las apelaciones y recursos que terminan en Casación.

Figueroa no renunció a su cargo, pero hasta el momento de su desplazamiento tampoco ejercía funciones. 

Ahora, el cargo de Figueroa queda vacante y debe ser ocupado por un juez subrogante que será elegido entre sus colegas de Casación. Sin embargo, la suerte de la vicepresidenta en dichas causas no depende estrictamente de este reemplazante, ya que intervienen otros dos magistrados que integran la sala del tribunal que integraba Figueroa.

Este reemplazante intervendrá en la causa Cuadernos, en los futuros recursos que lleguen a Casación.

Juntos por el Cambio: “Un freno a la impunidad para un país ordenado”

Ante el fallo de los jueces supremos, el interbloque de Senadores Nacionales de Juntos por el Cambio emitió un comunicado titulado “Un freno a la impunidad para un país ordenado”, donde celebran el cese de funciones de la ahora exjueza Ana María Figueroa.

Los senadores opositores sostuvieron que el pliego de Figueroa “no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución”, por lo que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar” la carta magna, “sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”.

La bancada de la coalición en la Cámara alta apuntó también la exmandataria, al manifestar que “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la Vicepresidenta de la Nación”.

“Lamentablemente -agregaron-, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado”, por lo que apuntaron al oficialismo como responsable de perjudicar “el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”.

“Es momento de que el oficialismo deje de lado pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones a los argentinos”, cerró el texto.

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LC con información de agencias

ED/JJD