El Gobierno frenó la ley de Propiedad Privada pero asambleístas ya rechazan los cambios sobre expropiaciones y desalojos

A pesar de que la Casa Rosada decidió posponer al menos un mes el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, distintas organizaciones sociales y ambientales convocaron para este sábado a una asamblea abierta en Parque Centenario, a partir de las 15, para seguir organizando el rechazo a la iniciativa. La actividad es impulsada por la mulsectorial que ya plantó bandera contra toda la iniciativa en el Congreso la semana pasada, que obligó al Gobierno a dar de baja las reformas de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto oficialista quedó solo con capítulos que reformas las expropiaciones y los desalojos. Obtuvo media sanción en el Senado tras casi trece horas de debate y una fuerte marcha de rechazo que terminó en represión, detenidos y heridos.

Sin los dos capítulos de Tierras y Fuego, la media sanción quedó limitada a los cambios en el régimen de desalojos y expropiaciones. Habilita un procedimiento sumario para desalojar propiedades usurpadas u ocupadas ilegalmente, con nuevas formas de notificación electrónica, y restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes al exigir definiciones más estrictas de “utilidad pública” y garantizar una indemnización que incluya el lucro cesante.

El proyecto ingresó a Diputados, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió postergar al menos un mes su tratamiento. El oficialismo prioriza para la sesión prevista para el próximo 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en materia fiscal, y prefiere dejar pasar el impacto político del debate en el Senado antes de negociar con los bloques dialoguistas.

Las organizaciones convocantes advierten que, mientras el capítulo de desalojos y expropiaciones sigue latente, el Senado avanza en paralelo con el proyecto de Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales a inversiones superiores a mil millones de dólares y que el oficialismo busca sancionar antes de fin de agosto. En sus convocatorias, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones sostiene que ambas iniciativas afectan derechos de los pueblos originarios y facilitan el acceso a tierras, agua y energía por parte de grandes inversores, motivo por el cual llaman a sostener la organización territorial pese a la pausa legislativa.