Desde hoy, los conductores que transiten por las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrentarán a un incremento del 150% en los peajes. Esta medida, que marca el primer tramo del aumento del 185% autorizado por el gobierno porteño, impactará en los bolsillos de los usuarios, especialmente en las horas de mayor tránsito.

El nuevo cuadro tarifario, que estará vigente hasta el 31 de mayo, posiciona los precios de los peajes por encima de los $1500 para los vehículos particulares durante el horario pico. Sin embargo, este no será el único aumento, ya que se espera una nueva suba del 35% en junio.

Las autopistas afectadas por esta medida son la 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II, Sarmiento, Salguero, Alberti y Paseo del Bajo. A continuación, detallamos las nuevas tarifas para vehículos livianos y pesados en hora pico:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno:

Autopista Illia:

Con información de agencia NA.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las estaciones de peaje concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales, la cual abarca diez tramos en diferentes regiones del país. La medida se dispuso a través de la Resolución 2020/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial, y los nuevos valores comenzarán regirán a partir del sábado 22 de octubre.

Los valores actualizados serán de $100 para automóviles de dos ejes hasta 2,30 metros de altura, $200 para autos mayores a 2,30 metros y camiones de tres o cuatro ejes que no superen dicha altura, $300 para camiones de tres y cuatro ejes que superen los 2,30 metros, $400 para camiones de cinco o seis ejes y $500 para unidades de mayor porte.

La excepción es el tramo IX (Acceso Riccheri), que tendrá tarifas de $40 a $500, dependiendo el horario y la categoría de vehículo.

“La aprobación del nuevo esquema responde a la necesidad de reducir las diferencias existentes entre los cuadros tarifarios de las estaciones de peaje entre sí con el objetivo de unificar los criterios de cobro según cada categoría”, indicó la Dirección Nacional en un comunicado. Las nuevas tarifas fueron aprobadas luego de una consulta ciudadana online entre el 6 y el 28 de septiembre pasado.

Para el tramo I (797,83 kilómetros de las rutas 9 y 34 en Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), se fijaron las nuevas tarifas para los peajes Fernández, La Florida, Mole Yaco y Cabeza de Buey.

El tramo II (90,01 kilómetros de la ruta 188 en la provincia de Buenos Aires) corresponde a la estación de Junín, mientras que el tramo III (933,50 kilómetros de las rutas 12 y 16 en Misiones, Corrientes y Chaco) mostrará los mismos valores para los peajes Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana, Victoria, General Belgrano y Makallé.

Para el tramo IV (687,95 km de la ruta 8 en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis), también regirán los nuevos aranceles en los peajes de Venado Tuerto, Sampacho, Larena y Solís, y para el tramo V (664,25 km de las rutas 34 y 19 en Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero) en las estaciones Franck, Devoto, San Vicente y Ceres.

El tramo VI (720,15 km de la ruta 9 en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) se actualizarán los valores en los peajes de Zárate, Lagos, Carcarañá y James Craick, en tanto el tramo VII (671,44 km de las rutas 3, 205 y 226) regirán para las paradas de El Dorado, Vasconia, Hinojo, Cañuelas y Uribelarrea.

El tramo VIII (722,95 km de la ruta 7 en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) corresponde a las estaciones de Villa Espil, Junín, Vicuña Mackenna y La Paz, el tramo IX (Acceso Riccheri, de 50,3 km) a los peajes de Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez.

Por último, el tramo X (546,65 km de la ruta 5 en La Pampa y Buenos Aires) tendrá las nuevas tarifas en las paradas de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

LC con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas “iniciar una acción que busca la nulidad” de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el ministro del área, Gabriel Katopodis.

Presentación ante la Justicia

Katopodis afirmó que la cartera que conduce se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol SA y GCO, a cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.

“Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”, consignó Katopodis en conferencia junto al Presidente.

El Ministro sostuvo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol SA y GCO SA, que administran los accesos Norte y Oeste, respectivamente, y que llega en total a los 813.143 millones de dólares.

“En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta”, expresó el funcionario.

El ministro advirtió además que el expresidente Mauricio Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas de los accesos Norte y Oeste sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida.

“Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, planteó Katopodis.

DA

Las 28 cabinas que funcionan para el cobro del peaje en la autopista Illia dejarán su lugar a un pórtico que estará a cargo de la lectura de las patentes de manera automática y sin requerir la detención de los vehículos, según un anuncio del Gobierno porteño sobre la obra, que demandará poco más de un año y costará 4 millones de dólares.

La licitación del proyecto estará publicada mañana en el Boletín Oficial de la Ciudad y se estima que serán cinco las empresas que se presentarán al llamado, de acuerdo con lo señalado por fuentes de la administración porteña durante una rueda de prensa, en la cual afirmaron que los trabajadores de las cabinas pasarán a desarrollar otras tareas vinculadas al nuevo sistema.

La obra a cargo de AUSA demandará una inversión de 4 millones de dólares y prevé el reemplazo de las cabinas de peaje sobre la traza de la Illia, a la altura de Retiro, por donde transitan más de 80 mil usuarios a diario, por un pórtico similar al que ya funciona en el Paseo del Bajo para el tránsito pesado.

La nueva estructura contará con distintas cámaras que, desde aproximadamente 12 metros de distancia, podrán captar las patentes de los vehículos y, a su vez, mediante una antena buscará también el dispositivo tag de TelePASE para registrar el paso.

Entre los beneficios, mencionaron “el ahorro en el tiempo de viaje de los usuarios, una mejor circulación y fluidez del tránsito ya que elimina las cabinas de peaje y las barreras y una disminución de la siniestralidad en la traza ya que los vehículos no deben detenerse ni realizar cambios bruscos en la velocidad”.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, dijo que el objetivo será “aprovechar” los resultados que tengan esta iniciativa sobre la Illia para “dar un salto importante” y llevar el sistema de los “peajes inteligentes” a las restantes autopistas porteñas: Perito Moreno, Dellepiane, Cámpora, Frondizi y 25 de Mayo.

Por su parte, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas, indicó que “se reconvertirán las tareas” de las 80 personas que en la actualidad trabajan en las cabinas de peaje de las Illia y que el cambio fue acordado con el gremio del sector.

DA

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

El gobierno bonaerense traspasó este viernes la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) de Jefatura de Gabinete al Ministerio de Infraestructura, mediante el decreto 1171/2021 publicado en el Boletín Oficial.

Con las firmas del gobernador Axel Kicillof; del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; y del ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, el decreto recordó que en abril de este año, se estableció que en el marco del Plan Integral Vial se dispuso que Aubasa pase a la órbita de Jefatura de Gabinete.

Para el gobierno bonaerense, “por razones operativas relacionadas con el Plan Estratégico de Infraestructura para la Provincia 2020-2024, deviene necesario retornar al sistema de administración original”.

“La obra vial es uno de los sectores que ocupa un lugar destacado en materia de inversión en infraestructura, siendo fundamental para la mejora de la conectividad vial, la facilitación de la afluencia de turistas a los distintos centros, regiones y atractivos naturales, paisajísticos y culturales con los que cuenta la Provincia”, afirmó el Ejecutivo provincial.

Además destacó su importancia en “el incremento de las condiciones de seguridad vial, la optimización de la logística y costos operativos de las empresas y, en ciertos casos, la descompresión de los tráficos pasantes en vías que fueron construidas para desplazamientos de corta distancia”.

Así concluyó que “le corresponde al Ministerio de Infraestructura entender en las obras públicas de infraestructura de dominio público o privado, intervenir en la planificación, programación, dictado de normas, control y ejecución de las mismas, y en la fiscalización, tarifas, subsidios y regulación de las concesiones en general e intervenir en la política de seguridad vial”.

En consecuencia, Infraestructura “será el tenedor del paquete accionario de titularidad de la provincia de Buenos Aires, ejercerá los derechos societarios respectivos y será la autoridad de aplicación de los contratos de concesión otorgados a la empresa”.

AUBASA tiene a su cargo la operación, mantenimiento y explotación del denominado Sistema Vial integrado del Atlántico, integrado por las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74, y de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Con información de agencias.

IG