El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó este viernes a indagatoria al exministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás exfuncionarios, empresarios y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en la que se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias dispuesta por el juez Kreplak alcanza también a Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia del Gobierno de María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata, Julio Garro, y al exjefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra.

La tanda de indagatorias comenzará el 3 de marzo con las declaraciones de los empresarios, mientras que para el final están previstas las convocatorias a los exespías de la AFI.

El exministro de Trabajo Villegas está convocado para el 14 de marzo y Dalmau Pereyra, el último de los citados, para el 31 del mismo mes.

Las convocatorias abarcan a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como el “Pata” Medina, del gremio de la construcción.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial. También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

El primer imputado del expediente fue Villegas, quien en aquella reunión -cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchaba decir a Villegas en aquella reunión.

En la causa se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

Qué dijo Vidal cuando se conoció el video

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo a comienzos de enero que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Con información de agencias.

IG

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo este jueves que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -“cablear”- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

DA

Asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de un reunión encabezada en 2017 por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y funcionarios de la AFI, que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para “abordar la problemática relación” que existía “con quien ejercía la conducción de la Uocra” en la capital provincial, en clara referencia al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la cual se discutió un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la “Gestapo” (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.

En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las “expresiones anticonstitucionales” que se aprecian en el video.

“A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región”, señalaron desde la entidades patronales.

Precisaron que “la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas”.

No obstante, pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre “el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social”.

En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación “armónica, respetuosa y sustentable” con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria “se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas”.

“Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”, apuntaron.

Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir “administración de Justicia a quien le compete ese rol” e indicaron que “esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado”.

Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados “por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional” y añadieron: “los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios”.

“Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley”, concluyeron.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial.

También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

FS con información de Télam

Nuevos fragmentos filtrados del video que muestra la supuesta coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales muestran al exmnistro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas dando indicaciones a empresarios de la construcción para declarar ante la Justicia contra gremialistas opositores.

En las imágenes, que difundió este domingo C5N, también aparece dando consejos Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

“Si acá estuviéramos todos así con los brazos cruzados y uno solo hablando nadie le está dando pelota. ¿Entendés? Entonces son muy importantes las palabras y mucho más en sede penal”, se lo escucha decir a Villegas, quien en dicha reunión expresó su deseo de armar una “Gestapo” antisindical en territorio bonaerense.

El exministro dio ejemplos de qué debían decir los empresarios en sus declaraciones para que las causas terminen en la detención de los gremialistas: “'Yo fui obligado a firmar un acuerdo a sabiendas de que no lo iba a poder cumplir (...) me obligaron a tomar decisiones contra mi voluntad'”.

En un segundo fragmento, se escucha a Villegas dando más indicaciones y enumerando una serie de palabras clave para las declaraciones. “Nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que bajar la conversación, que es lo que hacemos nosotros en las entrevistas individuales, a estas palabras: amenaza, extorsión, comportamiento delictivo, violencia, vandalismo”.

Los fragmentos de video forman parte de la denuncia presentada el lunes de la semana pasada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron también Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó el martes a Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la AFI a partir del hallazgo del video.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías.

Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

CRM

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL

Cablear no es apenas tirar un cable. Es entrar en un lugar hostil con un pretexto y hacer las cosas durante un tiempo limitado a una velocidad que sólo tienen los profesionales. Es penetrar un espacio ajeno, donde un tipo de poder habita y se resguarda con reglas de seguridad propias. Entrar como un ladrón, pagar el descuido de un policía o fingir por un rato ser un empleado de limpieza para después desde afuera escuchar y ver o, lo que es lo mismo, tomar el control de la situación. Ese trabajo lo hacen desde hace décadas en Argentina los técnicos de la Agencia Federal de Inteligencia, la  SIDE de toda la vida. 

Está visto: lo que es legal o ilegal no depende de lo que diga la letra muerta de la ley sino, primero, de la fortaleza de los que tienen el poder y, después, de las excusas que encuentren para justificar sus procedimientos. Dejando de lado esa prevención, ingresar en la reunión de la AFI y el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en las oficinas del séptimo piso del Banco Provincia, a metros de Plaza de Mayo, no es para cualquiera. Mucho menos meterse en una embajada, una osadía que exige una destreza propia de gente que inspira respeto o temor, algo casi siempre excepcional.

Así como en las conversaciones telefónicas una parte de la política y el poder suele ser reservado, en las reuniones es habitual que las mismas personas se relajen y digan lo que piensan como si, por arte de magia, la guerra de extorsiones se interrumpiera. 

Según explican los que conocen el rubro, se trata de una especialidad. Entrar a una habitación y montar ese tipo de escuchas no es una tarea sencilla. No se aprende en una semana o en un mes. Las organizaciones políticas que van a elecciones y ocupan los casilleros del Estado no cuentan por lo general con personas que puedan asumir esa misión. Ni el radicalismo, ni el peronismo, ni La Cámpora, ni el macrismo. Por eso, el área de los técnicos se confirma como imprescindible y gana cierta independencia con respecto a la política. Un dato central, que es peligroso olvidar. 

Formados durante décadas por un ingeniero, Antonio “Jaime” Stiuso, reportaban durante la primera parte del mandato de Mauricio Macri a Diego Dalmau Pereyra, un militar de filiación peronista que ingresó a la SIDE en el año final del menemismo y decidió abrirle las puertas de 25 de mayo a un grupo de policías metropolitanos que llegó de la mano de Horacio “El Turco” Saez. 

Saez es uno de los pocos procesados en el mismo fallo de los camaristas Cesar Bertuzzi y Mariano Llorens que indultó a toda la conducción política del espionaje bajo Macri: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, el soldado de Daniel Angelici Juan Sebastian Destefano y Pablo Pinamonti, un abogado radical que reportaba al ex sushi Darío Richarte, fue reclutado por Carlos Stornelli durante su gestión como ministro de Seguridad de Daniel Scioli y colaboró después con la mafia de Marcelo D’Alessio. Según Arribas y Majdalani, Pinamonti fue el responsable del proyecto AMBA por el cual se crearon cinco bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Los que quedaron procesados fueron Dalmau Pereryra y la banda del Super Mario Bros que lideraba el temerario Alan Ruiz como director de Operaciones y el propio Saez como nexo con el Servicio Penitenciario Federal. En 2018, después del triunfo de Cambiemos en las legislativas, Dalmau Pereyra fue eyectado a Chile y la banda de Ruiz y Sáez inició la fase más agresiva del espionaje macrista. 

El video de dos horas en los que se ve al ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal compartiendo su deseo de tener una policía secreta como la de los nazis para erradicar a los sindicalistas que no le gustan es una carambola a varias bandas. Golpea a la ex gobernadora pero también al ex presidente porque viene a evidenciar lo que el poder ya sabía: los técnicos, que no son cuentapropistas, dependen de las órdenes de la política, que los precisa para llevar adelante sus objetivos. 

El sincericidio de Villegas corrobora los comportamientos mafiosos que tuvo el macrismo para enfrentar a las mafias sindicales, siempre disfrazado de república y decencia, con la presunción de pureza que se le concedió a pura militancia. 

En un mundillo en el que todo se frivoliza, las palabras de Villegas pesan sobre todo por el contexto, que excede la expresión de deseos. El ex ministro de Trabajo pide una Gestapo sentado frente a frente con los que pueden crearla. Dalmau Pereyra, “El enano” Destefano y Dario Biorci, el jefe de gabinete de Majdalani, que además es su cuñado.  

El video que la interventora de la Agencia de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó ante el Juzgado Número 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, aparece en el momento indicado: una semana después del pronunciamiento de Bertuzzi y Llorens a favor de la cúpula del espionaje macrista. Según Caamaño, lo encontraron mientras buscaban reutilizar un disco rígido que habían dejado los espías amarillos. En el propio gobierno, sin embargo, hay quienes piensan que es una advertencia de los que quedaron disconformes con el fallo de Bertuzzi y Llorens. Puede ser la propia banda de los poliespias o pueden ser los técnicos, según la interpretación que comparten algunos en el gobierno y en la oposición. Nadie de los que reportan a esas tribus se admitiría como “cuentapropista”, la curiosa fórmula que se inventó en lo alto del macrismo para zafar de las pruebas que incriminan a la cúpula de la AFI y conducen directo al ex presidente. 

Por lo general, el técnico no sabe que blanco van a espiar sus superiores. Si la información se ordena por segmentos, su tarea es cablear y retirarse. No corresponde que sepa: eso sería darle un poder adicional para después vender esa información y alertar a la víctima. 

Fue Leopoldo Moreau, el presidente de la Bicameral de Inteligencia, el que advirtió a la vicepresidenta Cristina Fernández que en la reunión estaban sentados Dalmau, Biorci y Destefano, tres de los cinco miembros más importantes de la AFI bajo Macri. El video instala un sinfín de preguntas que habilitan respuestas de todo tipo. ¿Quién tiene interés en que se difundan ese tipo de escenas? ¿Quién estaba espiando a los propios jefes de la ex SIDE?  ¿Quién quiere dejar expuestos el modo real en que Vidal avanzaba contra sus enemigos? ¿Cuántas horas de grabación existen? ¿En cuántos otros sitios donde la tropa de la ex gobernadora se reunía en función de sus objetivos había cables instalados? ¿Macri ordenaba espiar a Vidal? ¿Quién queda más expuesto en este juego, Vidal por el armado de causas contra los sindicalistas que no le gustaban o Macri porque vuelve a escena la impunidad de Arribas y Majdalani para espiar a los socios del ingeniero?

Por lo pronto, hay un dato que está en la superficie y tiene una relevancia indudable. Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad de Vidal y jefe del bloque de Diputados del PRO, integra la Bicameral de Inteligencia, una comisión en apariencia menor para uno de los líderes parlamentarios de la oposición. Que el diputado que se propone ordenar el caos de Juntos en la cámara baja siga siendo miembro de la Bicameral sugiere un esfuerzo desproporcionado. Como si el macrismo admitiera que tiene demasiado para ocultar.

Ritondo se debate en su doble rol de miembro histórico del PRO y parte del proyecto de la ex gobernadora que busca dejar atrás a Macri. Es la encrucijada a la que están sometidos todos los hijos políticos del ex presidente. Espiados por una banda que reportaba a los colaboradores más estrechos de Macri y querellantes en la causa de Lomas de Zamora, se ven obligados por alguna razón a seguir defendiendo a ese jefe que no deja de ser y a replicar sus mismas alianzas. Lo prueba una decisión de Horacio Rodríguez Larreta, el tercer personaje de la disputa interna del macrismo, con la designación del ex AFI Destefano -el soldado de Angelici- en el directorio SBASE, la empresa del Estado que regula el subte porteño. 

La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó este martes al exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y espías con los que conversan sobre el eventual armado de causas contra gremialistas.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías.

Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada este luns por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.

FS con información de Télam

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse este martes en las redes sociales al presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, bajo una serie de posteos que tituló “Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas”.

“Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que eligió por segunda vez consecutiva para pronunciarse sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

En sus tuits de este martes, la Vicepresidenta señaló que “en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17” estaban “Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI”.

También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a “Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani” y agregó que “Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015”.

Este lunes, la Vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: “Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.

“Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, escribió y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar de entonces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrada en causas donde se investiga si hubo espionaje ilegal.

Con información de agencias.

IG