La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió este viernes “la banalización del Holocausto” que realizó Martín Krause, el asesor en Educación del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Alertó también por “el uso indebido” del genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi.

“La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público”, difundió la entidad en un comunicado.

La Delegación detalló que “se comunicó” con el propio Milei para advertirle sobre el uso de la Shoá en el debate público. “No se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas”, resaltó la DAIA.

Los dichos de Krause causaron tal impacto que hasta el propio candidato a jefe de Gobierno de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, tuvo que salir a repudiar la frase. “Claro que repudiamos toda canalización del holocausto”, dijo al ser consultado en una entrevista en A24. Ofuscado por la pregunta y casi a los gritos continuó: “Ayer estuve en la DAIA, y la semana que viene voy a estar en la AMIA”, dijo Marra para responder las críticas por la frase de Krause.

“Eso es como decir que tenés un amigo judío”, le retrucó Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete. Argentina. “Lo que tendrían que hacer es pedirle la renuncia”, siguió.

“¡El que tendrías que renunciar sos vos, por piquetero!”, le gritó Marra. La discusión terminó con Navarro secándose la cara con un pañuelo y pidiéndole a Marra que no lo escupiera más al hablar.

Más repudios

Además, los principales dirigentes del oficialismo y la oposición se sumaron al rechazo.

“En un minuto banalizó el holocausto y humilló al pueblo argentino. ¿No había una analogía mejor? Perverso y siniestro”, publicó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi en su cuenta de X, al postear un video del encuentro en el que participó Krause junto a otros especialistas en educación en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Quien también criticó al referente del libertario fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, a calificarlo como “un bárbaro”. “Javier Milei no puede proponer alguien así al frente de la educación de nuestros niños. Como decía Sarmiento: 'Civilización o barbarie'. Este es un bárbaro”, disparó.

En esa línea, Luis Petri, candidato a vicepresidente de ese espacio, advirtió que “hay límites que no pueden cruzarse. No se puede banalizar el Holocausto o negar la dictadura” y opinó que así “no se avanza, sólo se retrocede”.

La postulante del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, apuntó que “la brutalidad de quien sería el secretario de educación de Milei elogiando 'la eficiencia' de la Gestapo, confirma que cuando les decimos negacionistas nos quedamos cortos”. “Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente”, remarcó.

Las declaraciones de este especialista de LLA se dieron en el marco de un seminario organizado por la UTDT, donde participaron también Germán Lodola; el secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación, quien representó a Unión por la Patria y la investigadora Mónica Marquina, quien expuso las posturas de JxC.

Marquina afirmó en su cuenta de X su “total repudio a las afirmaciones de Martín Krause representante de Milei en el debate educativo de ayer en la UTDT” y sostuvo que: “Lamento no haber captado in situ su tremenda asociación ni que nadie lo haya hecho, y que puede advertirse al revisar el video. Es inadmisible”.

El repudio se conoce luego de que trascendieran los dichos de Krause, quien comparó: “¿Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor? En vez de en vez de matar seis millones de judíos, seguramente hubieran sido mucho menos porque hubiera habido ineficiencias de todo tipo”. También recurrió a las redes sociales para pedir disculpas.

LC con información de agencia Télam

En un encuentro en la Universidad Di Tella, Martín Krause, referente del área de educación de La Libertad Avanza, planteó la hipótesis de que, “si la Gestapo hubiera sido argentina”, habría sido mejor, “porque somos unos chantas” y no se habría producido una masacre de la magnitud que generó el nazismo, en un abierta banalización del Holocausto.

“Somos unos chantas, porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Esto me hace pensar un poco”, aventuró Krause, docente de las facultades de Economía y Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la UCEMA, cantera de asesores de Javier Milei.

Prosiguió: “Imagínense si la Gestapo hubiera sido argentina. ¿No habría sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos seguramente eran mucho menos. Porque hubiera habido coimas, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes, ése es el problema que hubo”.

El académico libertario participó de una mesa de la Universidad Torcuato Di Tella el jueves, junto a responsables del área de educación de las principales fuerzas políticas en las elecciones presidenciales. En representación de Juntos por el Cambio, disertó la radical Mónica Marquina, doctora en Educación Superior e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), mientras que Germán Lodola, doctor en Ciencias Políticas, investigador del Conicet y secretario de Evaluación del Ministerio de Educación, lo hizo por Unión por la Patria.

Arrepentimiento

Miembro de la Fundación Libertad y Progreso y del libertario Instituto Cato de Estados Unidos, Krause pretendió ser original con esa absurda elaboración sobre la Gestapo, la policía secreta del nazismo. Ante la reacción disparada este viernes por la viralización del fragmento, el asesor de Milei pidió disculpas, en un texto en el que llamó al Holocausto un “acontecimiento”.

“En una reunión realizada ayer en la Universidad Di Tella para discutir propuestas para el sistema educativo presenté un ejemplo que buscaba mostrar que nos conformamos con la existencia de ciertas normas que buscan controlar el contenido de la educación si es que simplemente no las cumplimos”, escribió Krause. “El ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento, por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran”, agregó.

La cita en la Di Tella contó con la moderación de Marcelo Rabossi, docente de la casa, y de Víctor Volman, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, coorganizador de charla.

Si gana Milei, a Krause le podría tocar llevar a cabo el sistema de vouchers, que consiste en otorgar cheques a las familias para que paguen con ese instrumento a las escuelas que elijan, que serían totalmente privadas.

En una intervención de fuerte tono ideológico, el docente de la UBA y de UCEMA apuntó contra los núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) acordados en el Consejo Federal de Educación, que atañe a todas las provincias. “El problema es que haya contenidos homogéneos: nosotros queremos que haya diversidad, que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos. Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento. Con los NAP se busca un contenido unificado: la visión que se quiere imponer a todo el sistema apunta a crear alumnos militantes. Se hace foco en el conflicto y en la lucha, el poder. No se habla de la cooperación social pacífica que ocurre en la sociedad día a día”, consignó Infobae.

Krause no mencionó en su disertación que la última dictadura militar argentina fue un régimen que imitó prácticas del nazismo con atroz efectividad

Entre los ejemplos de adoctrinamiento, Krause se quejó de que los contenidos pedagógicos no abundan sobre las víctimas del stalinismo y propician, a su juicio, la realización de asambleas.

Allí entró a jugar la comparación con la Gestapo. En su visión, los NAP son negativos, pero no se cumplen por ineficiencia, lo que termina siendo bueno, como habría ocurrido con la policía nazi si hubiera sido argentina. Krause no mencionó en su disertación que la última dictadura militar argentina fue un régimen que imitó prácticas del nazismo con atroz efectividad, con la desaparición de 30.000 personas y decenas de miles de represaliados.

Mediante un comunicado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, voz política de la comunidad judía, repudió la “banalización del Holocausto por parte de Martín Krause”, y afirmó que se comunicó con Milei para alertarlo “sobre el uso indebido de la Shoá” como argumento político. El candidato presidencial de La Libertad Avanza se encuentra en proceso de transición religiosa hacia el judaísmo y ha expresado que su alineamiento en política internacional será con Israel, al punto de que trasladará la sede de la Embajada argentina a Jerusalén.

La alusión a la Gestapo del docente está lejos de ser una excepción en la política argentina. El antecedente de mayor calado lo perpetró Marcelo Villegas, exministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En una reunión con empresarios de la construcción, agentes de Inteligencia y otros funcionarios, realizada en el Banco Provincia, Villegas confesó: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

La conversación tuvo lugar en junio de 2017 y fue grabada por agentes de la AFI del gobierno de Mauricio Macri. Tiempo después registro salió a la luz y Villegas se arrepintió.  

SL/JJD

Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó este viernes a indagatoria al exministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás exfuncionarios, empresarios y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en la que se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias dispuesta por el juez Kreplak alcanza también a Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia del Gobierno de María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata, Julio Garro, y al exjefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra.

La tanda de indagatorias comenzará el 3 de marzo con las declaraciones de los empresarios, mientras que para el final están previstas las convocatorias a los exespías de la AFI.

El exministro de Trabajo Villegas está convocado para el 14 de marzo y Dalmau Pereyra, el último de los citados, para el 31 del mismo mes.

Las convocatorias abarcan a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como el “Pata” Medina, del gremio de la construcción.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial. También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

El primer imputado del expediente fue Villegas, quien en aquella reunión -cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchaba decir a Villegas en aquella reunión.

En la causa se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

Qué dijo Vidal cuando se conoció el video

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo a comienzos de enero que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Con información de agencias.

IG

¿Cuántas veces escuchamos o leímos la metáfora de “los sótanos del Estado”? Los sótanos para remitir a los servicios de inteligencia argentinos, a su capacidad de operación sucia y su toxicidad. La frase siempre revela una ajenidad, una perplejidad, un “no te la puedo creer”. Cada tanto “descubrimos” los servicios. Como estos días en que Vidal quedó en el ojo de la tormenta por el contenido de la famosa mesa de la Gestapo y por la naturaleza de la filmación: la hizo la AFI y se encontró en un cajón de las oficinas. Pero la metáfora del sótano, además, peca de una fe: la de que esos servicios funcionan de modo oculto, eficaz y secreto cuando también lo cierto es que fueron y son muchas veces los trapitos del Estado secándose al sol. Porque, ¿cuánto finalmente sabemos de ese sótano? Por momentos, y midiendo su eficacia para la discreción, podríamos llamarlos “las terrazas del Estado”. Pero lo que sigue no es el esbozo de una historia de la ex SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) -más allá de los cambios de nombres y siglas-, sino un simple recuento de imagen y sonido, apelando a la “memoria emotiva ciudadana”.

Hay una escena en la comedia Tiempo de valientes (2005) de Damián Szifrón. Diego Peretti hace de un psiquiatra al que le aplican una probation y debe ser el acompañante terapéutico de un policía (Luis Luque). En el desenlace de la historia Luque se encuentra secuestrado por “los servicios”, tras una investigación sobre un crimen y una trama de tráfico ilegal de uranio que ejecuta una banda de los servicios… Bueno, la escena es esa en la que el psiquiatra disfrazado de policía entra literalmente por la ventana a una oficina de la SIDE, y le apunta a quien es el jefe. Este “jefe” (interpretado por el gran Oscar Ferreiro), de modo temerario y previsible, mientras el psiquiatra tembloroso lo apunta, le dice: “yo volteé presidentes”. Algo memorable de ese gag en mitad de una comedia liviana son las dos puntas simultáneas que lo sostienen: la verosimilitud con que puede sonar una frase así (“yo volteé presidentes”, en una película estrenada pocos años después del desfile de presidentes de la crisis) y la verosimilitud con que un tipo cualquiera efectivamente pueda entrar por una ventana a la SIDE. La escena está en el límite de la parodia política porque tiene un rival demasiado competitivo: la realidad. Si uno dice SIDE ingresa a un caleidoscopio de imágenes contemporáneas en las que asoma Espartacus y sus extorsiones; también Sofía Fijman, la mujer que alimentaba gatos y murió aplastada por el portón de la sede de la calle Libertad; los jueces federales, Oyarbide bailando con la Mona; el boliche swinger del señor Martins en la calle Anchorena; el legislador porteño del partido de Cavallo que descubre que su mujer es espía; la balacera que mata al Lauchón; la llamada en vivo de Stiuso para apretar a Moreno Ocampo… y su sonrisa en Netflix. Para muestra de esta competencia entre parodia y ficción, basta un googleo. Y como lectura recomendada, entre otras, el libro Iosi, el espía arrepentido, de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, que versa sobre los servicios de la PFA, tan cercanos a la SIDE, y Los doblados, de Ricardo Ragendorfer, sobre la infiltración de la inteligencia militar (el 601) en la guerrilla argentina. 

La Side es una palabra calada que podemos nombrar así, “Side”, sin las cuatro mayúsculas de la sigla. Porque la Side en minúscula se tragó las mayúsculas. Se tragó el siglo XX. En los 80 y 90 había dos palabras radiactivas por distinta razón: Side y Sida. Cosas delicadas de nombrar. Lo que se escribe sobre (o desde) “los servicios” siempre complementó una paradoja: la imagen que nos proyecta esa institución dedicada a ser la mano invisible del Estado es prácticamente la imagen más “humana” (demasiado humana) que nos puede dar el Estado.

Había un cuento (un mito) macabro que se oía en los primeros años 90. Pongámoslo así: un chico conocía a una chica en un boliche, la llevaba a su departamento, tenían sexo, y ella de madrugada se iba y le dejaba escrito en el espejo del baño un mensaje: “bienvenido al mundo del Sida”. Los roles pueden ser intercambiables: una chica y el que se va es un chico, o un taxi boy se lo escribe a un cliente jovato y bacán, o una prostituta al hijo de un empresario que usa la casa de papá en verano. Variaciones de una paranoia que circula porque funciona. Tal vez hubiera dicho Piglia que se trata de uno de esos “contra-relatos” alternativos, las alegorías anónimas que elabora la sociedad. Pero este no era uno que se organizaba contra el Estado, sino más bien reforzando un mandato de disciplina sexual (diríamos, a favor del Estado): ojo que no sabés con quién estás cogiendo. Piglia mencionaba un rumor circulado en los años del Proceso: que alguien en una estación provinciana una vez vio pasar un tren lento, de madrugada, lleno de cadáveres que iban al sur. En ese cuento anónimo y extendido se contaba lo que pasaba contra el monopolio de lo que “el Estado narraba”. En la sexualidad romana de la querida Buenos Aires los rumores sobre el sexo de los jueces, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas políticos, cruzaban ese umbral: una chica o chico podrían haberle dejado escrito con rouge en el espejo “bienvenido al mundo de la Side”. Los burdeles, los clubes de parejas swingers, el Estado prostibulario. Un Estado un poco “a la cama con Moria”. Side y sexo. Un periodista que investigó los narco-prostíbulos me lo define así: “muchas chicas fueron usadas por La Casa”. Es parte de las disputas de poder. El virus estatal: no sabrás con quién estás en la cama.  

La Side es una palabra calada que podemos nombrar así, “Side”, sin las cuatro mayúsculas de la sigla. Porque la Side en minúscula se tragó las mayúsculas. Se tragó el siglo XX

Si la Side está en lo que no se ve, también es, como decían los macristas, el estado del Estado. Un flashback al pie de los veinte años que se cumplen, cuando en la marcha tras el crimen de unos jóvenes asesinados por un empleado de seguridad en una estación de servicio en Floresta (“La masacre de Floresta”) aparecieron tirados unos volantes que decían más o menos así: “Por otro Argentinazo, todos a Plaza de Mayo, ¡por la razón o por la fuerza!”, firmado por una agrupación fake de HIJOS. El matete mental de un servicio a contrarreloj: la consigna pinochetista (“por la razón o por la fuerza”) dejaba los dedos pegados.

Hay una historia que contar sobre la Side y cada gobierno que deja mal parado a cada gobierno. En ese 2002, durante los asesinatos en la represión del Puente Pueyrredón, detrás del árbol de la famosa tapa de Clarín, hubo otras historias. Una tiene que ver con la infiltración y su calidad decodificadora del mundo piquetero. Ya no es el ojo en cómo se contó, sino en qué la hubiera evitado. En su libro Estallidos argentinos, Mario Wainfeld reconstruye las líneas de ese 26 de junio y se detiene en la que involucra a la Side. La infiltración en el microestadio Gatica en Villa Domínico días antes, mientras se reunía un congreso piquetero, dio fruto a un informe con tal tufo macartista, con tanta consigna leída al pie de la letra, que fue un condimento decisivo para los halcones del gobierno. La Side como una cueva de literales. Ni el 2 de aquella Side, Oscar Rodríguez, hombre de máxima confianza de Duhalde, ni el 1, el “Gringo” Soria, podían desconocer la retórica política. Duhalde conoció la “soledad del poder”, que se conoce en las últimas. Aquel coro de gobernadores, locutores y empresarios que pedían “orden” silbaron bajito y se necesitó algo más que el arresto de Fanchiotti para descomprimir: se necesitó que Duhalde le ponga plazo a su presidencia. Fue un presidente necesario que la pagó carísimo. Los servicios fueron parte del “ruido en la cabeza” presidencial. Gobernar la Argentina es no dejarse gobernar por la Side.   

Duhalde conoció la “soledad del poder”, que se conoce en las últimas. Los servicios fueron parte del “ruido en la cabeza” presidencial. Gobernar la Argentina es no dejarse gobernar por la Side

Hace dos veranos la serie sobre la muerte de Nisman (acaso el último gran temblor que involucró a los servicios y que venía del gran tema que atraviesa a la SIDE: la voladura de la AMIA, su vínculo con el Mossad y la CÍA, etc.) ofreció el testimonio de Jaime Stiuso, un “protegido” de todos los gobiernos. Uno de los mitos acerca de cuándo rompe su confianza con Cristina (cuando dice que Massa no “juega” en el 2013 en que Massa jugó y ganó) decodifica aún en su nivel de “versión” un estado de las cosas: ¿para qué sirven los servicios? Una parte del enigma Stiuso se resolvió cuando se dejó ver. La pantalla lo tentó. Netflix tira más que una yunta de bueyes. ¿Y qué vimos? Un tipo con argumentos cortos, un tanto incapaz de armar una hipótesis más sólida que unas contraseñas en una sonrisa de Guasón. Nadie se salva del meme. Pero tal vez el tipo se dejó ver para decir que nunca iba a decir más que lo obvio. No era la primera vez que su cara estaba en la televisión, por cierto. La vez anterior había estado en una foto difusa y en aquella escena memorable del programa Hora Clave. Gustavo Béliz, ya casi de salida del primer gobierno de Kirchner, lo expuso y en esa valentía selló su exilio.

Aquel trillado eslogan del genial John Le Carré que decía: “Los Servicios son la única expresión auténtica del subconsciente de una Nación”, acá se muestra como una historia de sótanos con goteras, ratas y cables pelados. Gerardo “Tato” Young en su primer libro “agotado” sobre la historia secreta de la SIDE contó, por ejemplo, que la sede de la avenida Coronel Díaz, frente al Alto Palermo, fue donada por Videla después de que la banda de Aníbal Gordon había secuestrado a un grupo de militantes uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo, que escondía un botín de millones de dólares obtenido con un secuestro extorsivo en el “paisito”. El enlace internacional de los servicios alcanzaba ese tipo de información veraz: ¿dónde está la plata de la izquierda? Una obsesión argentina… y uruguaya. En compensación por la “recuperación”, Videla le donó ese edificio a los servicios, que luego fue sede de las oficinas de internacionales de la Side. Por cierto, estaba a pocas cuadras de la “estación Billinghurst”, otro enlace operativo del punto neurálgico de esos días: los “Automotores Orletti” de la calle Venancio Flores, en Floresta. (Impresiona el nombre de ese centro en que operaba la Side. Como “La Cacha” o como “El pozo de Banfield”, hay algo taura, mazorquero en esos nombres del Estado clandestino. Cables pelados en una zanja.)

En el año 2001 Argentina tuvo tiempo de votar la “Ley de Inteligencia Nacional” (ley 25.520), se reglamentó en 2002, declaraba la centralidad operativa de las agencias federales de Inteligencia, el acotamiento formal de sus competencias (alejadas del espionaje político) y las colocaba bajo la órbita presidencial. La plata negra de la Side había sido la usina de las coimas que se pagaron para flexibilizar peronistas en favor de la flexibilización laboral. Los famosos “gastos reservados”. La denuncia y la renuncia ejemplar de Chacho Álvarez consagraron que la única promesa que ese gobierno estaba en condiciones de cumplir (la transparencia pública) nacía muerta. Aquella ley creó una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación con 14 senadores y diputados como un control que en los hechos no funcionó, o no funcionó para lo que debía funcionar. El dato resguarda una curiosidad en las líneas paralelas que traza cada época. Mientras el país se derrumbaba también había espacio de agenda para algo así. Con Cristina en el tramo final de su mandato (febrero de 2015) también intentó reformar la Side por ley, reconvertida en AFI. Uno de los elementos claves de esa reforma (mayor transparencia en el manejo de fondos reservados) fue modificado por Macri en mayo de 2016.

La Side fue creada en 1946 por Perón (llamada en ese momento CIDE –Coordinación de Informaciones de Estado-) seguramente con la intención de asegurarle un servicio de inteligencia al poder civil y evitar un poco el monopolio militar (a quienes junaba). Pero la Side fue nuestro Zelig: olían a Side las roturas de las vidrieras de Modart, algún miembro del grupo Quebracho, los saqueos, las amenazas de bombas en escuelas, algunos periodistas “informados”. La Side introdujo una gran metáfora en el uso de la jerga: carpeteado. Los carpeteados. Se oye: a Eugenio, a Equis, a Claudito, al perrito de ceniza, lo tienen carpeteado. Es el Estado y su mano invisible, es la media verdad y la otra media de imaginación. Es el poder del Presidente y es el poder sobre el presidente. Desde 1983 conjuga el doble estándar de subordinación y valor a las necesidades presidenciales de turno y la autonomía para sostener su propio poder. Cada presidente en sus primeros días de mandato recibe delegaciones internacionales, presidentes del mundo, embajadores, hace jurar a sus ministros… y recibe la carpeta con su nombre como gesto de confianza: esto sabemos de vos, pero ahora es tuyo. Presidencia mata carpeta. “Detrás de esa catacumba que depende directamente del presidente, están las otras catacumbas que a veces pasan inadvertidas: los aparatos de inteligencia de las FFAA, de las fuerzas de seguridad federales, la federal y sus plumas y las cuevas provinciales. Eso que llaman ‘comunidad de inteligencia’ son todos esos, que habitualmente pasan a un segundo plano”, dice el periodista Claudio Mardones que de esto sabe como para esbozarnos un cuadro más completo. No hay un servicio, hay muchos. La ley de 2001 quiso centralizar eso. Pero la realidad descontrola todo. Si se te zafa Stiuso, crece un Milani. Una oficina de servicios para cada necesidad.

La Side fue nuestro Zelig: olían a Side las roturas de las vidrieras de Modart, algún miembro del grupo Quebracho, los saqueos, las amenazas de bombas en escuelas, algunos periodistas “informados”

Las “teorías conspirativas” son parte del combo en que viene la Side. Hay quienes creen en ellas, las reproducen, y viven en un mundo que creen guionado por mentes brillantes capaces de implosionar las torres gemelas. En Argentina cuando no sabemos quién hizo algo se suelen decir dos cosas: Duhalde y Side. Porque todo se teje y desteje en torno al Estado. A su presencia o a su ausencia. El vacío no existe: existe el Estado. El episodio con la AFI que organizó la última semana del año XXI tira del hilo otra vez en la vieja relación de los servicios con la política. A esta altura sólo queda indagar en la psicología profunda de Macri para saber exactamente qué fue la AFI en su gobierno (y por qué espiaba más a propios que a extraños). La respuesta de Vidal se recuesta sobre un lugar común macrista: ella no tenía poder, actuaba la justicia, los cuentapropistas, el poder siempre es el otro. Su eterna tercerización. ¿Pero es la Historia de la Side una historia sólo de los escándalos? ¿O es también otra historia nunca escrita de la vida política gris y permanente? Lleguemos a un final posible.

¿Quiénes pasaron por la Side? Desde 1983, el bipartidismo tuvo una usina ahí para reclutamiento, cobros, circulación, amiguismo, contención. Lento, de a poco, en los 80 naturalmente se llenó de radicales que reportaban al naciente poder civil, después llegaron los peronistas, el generoso Anzorreguy. Y la tradición continuó. Se cuenta que en el gobierno de la Alianza el banquero De Santibáñez quiso llevar el ajuste a las cadenas de felicidad del periodismo. La democracia fueron los años de Stiuso, que con Alfonsín comenzó a juntar mérito hasta ser el más poderoso. No hubo gobierno que resistiera a sus encantos. Pero para los partidos de poder (radicales, peronistas, etc.) la Side fue un recurso paralelo de reclutamiento, de paso, de ascenso, de confianza. Cualquiera que pudiera iniciar una carrera política en los distintos peldaños le podría caber tener un paso por la Side. En off, un viejo dirigente de partido (llamémoslo así), me comenta “un mecanismo tradicional de selección de miembros de los servicios que tiene mucho que ver con la militancia y la trayectoria política”. Pero todo reclutamiento implica, y esto inexorablemente parece ser así, que quien entra nunca más se va. La Side es un pacto de sangre. “Seguirá cobrando de por vida aunque no haga otra cosa que leer las palabras cruzadas de un diario. El objetivo del reclutamiento de estos militantes con carrera no tiene que ver solamente con su manejo de la información interna del partido sino fundamentalmente con su capacidad de interrelación con representantes de otras fuerzas políticas. En tal sentido, todo lo que tenga que ver con relaciones exteriores es un área muy ocupada y presente para los servicios en términos de tratar de enviar a lugares claves personal que acompaña a las misiones diplomáticas de turno.” La “opacidad” de la Side es también la parte en que esta “deuda de la democracia” -como se suele llamar- funciona como instrumento de continuidad de la política.

“Te cuento la historia de un amigo mío”, me dice. “Mi amigo ya formaba parte del staff, ya estaba reclutado y le dieron un primer destino en un país vecino. Ahí la función fue, durante el tiempo que estuvo en la embajada en Montevideo, relacionarse con dirigentes políticos de los partidos tradicionales, blancos, colorados y Frente Amplio, y pasar información que una vez decodificada fuera útil para el sistema de información en Argentina. Esta fue la tarea que cumplió silenciosamente no más de un año. Luego lo redireccionaron a Miami, al Consulado argentino para ordenar la caja chica. A este amigo le correspondió la función de ejecutar determinados pagos importantes para Presidencia; y que tenían que ver con familiares o parientes en el exterior. Recibía órdenes de liberar fondos importantes. Como verás, hay una orientación inicial con determinado sentido, una lógica de tipo política que luego ya pasa a ser una cuestión de confiabilidad para administrar esa caja negra voluminosa que solamente se le podía confiar a alguien que diera garantías de no hacer ninguna avivada. En este caso, mi amigo siempre fue honesto, no agarraba un sope, pero era capaz de cumplir una función así.”

El relato completa las dos caras de la luna, es decir, lo que la Side mostró de la Side (su autonomía, su poder, su chantaje, su alineamiento internacional) y lo que la Side mostró de la política (un río de recursos sin orillas). Actualmente la llamada AFI se encuentra en un estado de reformas de las que “el tiempo dirá”. La presencia de una persona honesta como Cristina Camaño permite al menos una prudente expectativa. Que no sea limpiar el Riachuelo con un balde de agua una vez más.

Esta columna y su autor se toman dos domingos de vacaciones, volverán el 30 de enero.

MR

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo este jueves que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -“cablear”- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

DA

Alberto Fernández pidió que se investigue “sin demoras” la mesa judicial antisindical y la filtración del video en el que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien habló de una gestapo contra gremios. “El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, precisó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El Presidente apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y sostuvo que cuando inició su mandato denunció “la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.

Además, precisó que los dispositivos fueron asignados a la exgobernadora Vidal, a Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, Daniel Angelici, expresidente de Boca, Gustavo Ferrari, exministro de justicia bonaerense, al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros.

Fernández solicitó “investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices” de la “Gestapo” de Macri. “Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, concluyó.

Los fragmentos de video forman parte de la denuncia presentadapor la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

FS

Asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de un reunión encabezada en 2017 por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y funcionarios de la AFI, que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para “abordar la problemática relación” que existía “con quien ejercía la conducción de la Uocra” en la capital provincial, en clara referencia al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la cual se discutió un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la “Gestapo” (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.

En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las “expresiones anticonstitucionales” que se aprecian en el video.

“A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región”, señalaron desde la entidades patronales.

Precisaron que “la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas”.

No obstante, pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre “el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social”.

En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación “armónica, respetuosa y sustentable” con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria “se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas”.

“Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”, apuntaron.

Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir “administración de Justicia a quien le compete ese rol” e indicaron que “esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado”.

Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados “por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional” y añadieron: “los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios”.

“Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley”, concluyeron.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial.

También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

FS con información de Télam

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL

La Gendarmería Nacional allanó este miércoles la Municipalidad de la Plata en el marco de la causa en la que se investiga si hubo coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales, informaron fuentes judiciales.

La medida fue ordenada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien dispuso además otros seis allanamientos y dos órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio origen a la investigación judicial.

El allanamiento a la sede de la administración platense fue ordenado para secuestrar documentación, computadoras y otros dispositivos del despacho del intendente local Julio Garro, uno de los protagonistas del video en el que se ve al exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, defendiendo la idea de promover una “Gestapo” contra sindicalistas.

Fuentes judiciales informaron que los operativos simultáneos son llevados a cabo por Gendarmería Nacional e incluyen, entre otras locaciones, el despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Pablo Allan, para lo cual se presentó primero un pedido de autorización al Parlamento local.

A partir de los operativos dispuestos en la tarde de este miércoles, la Justicia logró confirmar que la reunión del 15 de junio del 2017, en la cual se esbozó una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales del gremio de la construcción, se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín.

Los procedimientos ordenados por la Justicia incluyeron un allanamiento a la casa de Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani y otro al despacho del exdirectivo de la AFI Juan Sebastián De Stefano en SBASE (Subterraños de Buenos Aires S.E).

Las medidas fueron dispuestas luego de que la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas, según detallaron fuentes del caso.

La representante del Ministerio Público Fiscal había requerido ayer que se identifique a todos los que participaron de aquel encuentro del 2017 al que habrían asistido tres exfuncionarios de la AFI macrista.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.

FS con información de Télam

Cablear no es apenas tirar un cable. Es entrar en un lugar hostil con un pretexto y hacer las cosas durante un tiempo limitado a una velocidad que sólo tienen los profesionales. Es penetrar un espacio ajeno, donde un tipo de poder habita y se resguarda con reglas de seguridad propias. Entrar como un ladrón, pagar el descuido de un policía o fingir por un rato ser un empleado de limpieza para después desde afuera escuchar y ver o, lo que es lo mismo, tomar el control de la situación. Ese trabajo lo hacen desde hace décadas en Argentina los técnicos de la Agencia Federal de Inteligencia, la  SIDE de toda la vida. 

Está visto: lo que es legal o ilegal no depende de lo que diga la letra muerta de la ley sino, primero, de la fortaleza de los que tienen el poder y, después, de las excusas que encuentren para justificar sus procedimientos. Dejando de lado esa prevención, ingresar en la reunión de la AFI y el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en las oficinas del séptimo piso del Banco Provincia, a metros de Plaza de Mayo, no es para cualquiera. Mucho menos meterse en una embajada, una osadía que exige una destreza propia de gente que inspira respeto o temor, algo casi siempre excepcional.

Así como en las conversaciones telefónicas una parte de la política y el poder suele ser reservado, en las reuniones es habitual que las mismas personas se relajen y digan lo que piensan como si, por arte de magia, la guerra de extorsiones se interrumpiera. 

Según explican los que conocen el rubro, se trata de una especialidad. Entrar a una habitación y montar ese tipo de escuchas no es una tarea sencilla. No se aprende en una semana o en un mes. Las organizaciones políticas que van a elecciones y ocupan los casilleros del Estado no cuentan por lo general con personas que puedan asumir esa misión. Ni el radicalismo, ni el peronismo, ni La Cámpora, ni el macrismo. Por eso, el área de los técnicos se confirma como imprescindible y gana cierta independencia con respecto a la política. Un dato central, que es peligroso olvidar. 

Formados durante décadas por un ingeniero, Antonio “Jaime” Stiuso, reportaban durante la primera parte del mandato de Mauricio Macri a Diego Dalmau Pereyra, un militar de filiación peronista que ingresó a la SIDE en el año final del menemismo y decidió abrirle las puertas de 25 de mayo a un grupo de policías metropolitanos que llegó de la mano de Horacio “El Turco” Saez. 

Saez es uno de los pocos procesados en el mismo fallo de los camaristas Cesar Bertuzzi y Mariano Llorens que indultó a toda la conducción política del espionaje bajo Macri: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, el soldado de Daniel Angelici Juan Sebastian Destefano y Pablo Pinamonti, un abogado radical que reportaba al ex sushi Darío Richarte, fue reclutado por Carlos Stornelli durante su gestión como ministro de Seguridad de Daniel Scioli y colaboró después con la mafia de Marcelo D’Alessio. Según Arribas y Majdalani, Pinamonti fue el responsable del proyecto AMBA por el cual se crearon cinco bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Los que quedaron procesados fueron Dalmau Pereryra y la banda del Super Mario Bros que lideraba el temerario Alan Ruiz como director de Operaciones y el propio Saez como nexo con el Servicio Penitenciario Federal. En 2018, después del triunfo de Cambiemos en las legislativas, Dalmau Pereyra fue eyectado a Chile y la banda de Ruiz y Sáez inició la fase más agresiva del espionaje macrista. 

El video de dos horas en los que se ve al ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal compartiendo su deseo de tener una policía secreta como la de los nazis para erradicar a los sindicalistas que no le gustan es una carambola a varias bandas. Golpea a la ex gobernadora pero también al ex presidente porque viene a evidenciar lo que el poder ya sabía: los técnicos, que no son cuentapropistas, dependen de las órdenes de la política, que los precisa para llevar adelante sus objetivos. 

El sincericidio de Villegas corrobora los comportamientos mafiosos que tuvo el macrismo para enfrentar a las mafias sindicales, siempre disfrazado de república y decencia, con la presunción de pureza que se le concedió a pura militancia. 

En un mundillo en el que todo se frivoliza, las palabras de Villegas pesan sobre todo por el contexto, que excede la expresión de deseos. El ex ministro de Trabajo pide una Gestapo sentado frente a frente con los que pueden crearla. Dalmau Pereyra, “El enano” Destefano y Dario Biorci, el jefe de gabinete de Majdalani, que además es su cuñado.  

El video que la interventora de la Agencia de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó ante el Juzgado Número 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, aparece en el momento indicado: una semana después del pronunciamiento de Bertuzzi y Llorens a favor de la cúpula del espionaje macrista. Según Caamaño, lo encontraron mientras buscaban reutilizar un disco rígido que habían dejado los espías amarillos. En el propio gobierno, sin embargo, hay quienes piensan que es una advertencia de los que quedaron disconformes con el fallo de Bertuzzi y Llorens. Puede ser la propia banda de los poliespias o pueden ser los técnicos, según la interpretación que comparten algunos en el gobierno y en la oposición. Nadie de los que reportan a esas tribus se admitiría como “cuentapropista”, la curiosa fórmula que se inventó en lo alto del macrismo para zafar de las pruebas que incriminan a la cúpula de la AFI y conducen directo al ex presidente. 

Por lo general, el técnico no sabe que blanco van a espiar sus superiores. Si la información se ordena por segmentos, su tarea es cablear y retirarse. No corresponde que sepa: eso sería darle un poder adicional para después vender esa información y alertar a la víctima. 

Fue Leopoldo Moreau, el presidente de la Bicameral de Inteligencia, el que advirtió a la vicepresidenta Cristina Fernández que en la reunión estaban sentados Dalmau, Biorci y Destefano, tres de los cinco miembros más importantes de la AFI bajo Macri. El video instala un sinfín de preguntas que habilitan respuestas de todo tipo. ¿Quién tiene interés en que se difundan ese tipo de escenas? ¿Quién estaba espiando a los propios jefes de la ex SIDE?  ¿Quién quiere dejar expuestos el modo real en que Vidal avanzaba contra sus enemigos? ¿Cuántas horas de grabación existen? ¿En cuántos otros sitios donde la tropa de la ex gobernadora se reunía en función de sus objetivos había cables instalados? ¿Macri ordenaba espiar a Vidal? ¿Quién queda más expuesto en este juego, Vidal por el armado de causas contra los sindicalistas que no le gustaban o Macri porque vuelve a escena la impunidad de Arribas y Majdalani para espiar a los socios del ingeniero?

Por lo pronto, hay un dato que está en la superficie y tiene una relevancia indudable. Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad de Vidal y jefe del bloque de Diputados del PRO, integra la Bicameral de Inteligencia, una comisión en apariencia menor para uno de los líderes parlamentarios de la oposición. Que el diputado que se propone ordenar el caos de Juntos en la cámara baja siga siendo miembro de la Bicameral sugiere un esfuerzo desproporcionado. Como si el macrismo admitiera que tiene demasiado para ocultar.

Ritondo se debate en su doble rol de miembro histórico del PRO y parte del proyecto de la ex gobernadora que busca dejar atrás a Macri. Es la encrucijada a la que están sometidos todos los hijos políticos del ex presidente. Espiados por una banda que reportaba a los colaboradores más estrechos de Macri y querellantes en la causa de Lomas de Zamora, se ven obligados por alguna razón a seguir defendiendo a ese jefe que no deja de ser y a replicar sus mismas alianzas. Lo prueba una decisión de Horacio Rodríguez Larreta, el tercer personaje de la disputa interna del macrismo, con la designación del ex AFI Destefano -el soldado de Angelici- en el directorio SBASE, la empresa del Estado que regula el subte porteño.