El Gobierno de Javier Milei autorizó a la empresa CGC Energía S.A.U., vinculada al empresario Eduardo Eurnekian, a participar en dos importantes proyectos de exploración petrolera en áreas costa afuera de Argentina.

Mediante los decretos 545/2024 y 546/2024, publicados este jueves en el Boletín Oficial, se aprobó la cesión del 25% de los permisos de exploración en las áreas AUS_105 y AUS_106 a favor de CGC Energía, filial del grupo Corporación América de Eurnekian.

La empresa noruega Equinor Argentina AS Sucursal Argentina, titular original de los permisos, mantendrá el 75% restante en ambas áreas, ubicadas en la cuenca Austral Marina.

La operación toma estado público a horas de que Equinor dio a conocer que el pozo Argerich I, ubicado a 320 kilómetros mar adentro de la costa marplatense, está “seco” tras dos meses de estudios.

Los decretos establecen un plazo de 60 días hábiles para que ambas compañías formalicen la cesión mediante escritura pública ante la autoridad de aplicación, bajo pena de caducidad de la autorización.

CGC Energía asumirá, en proporción a su participación, todos los derechos y obligaciones emergentes de los permisos de exploración, según indican los documentos oficiales.

Las autorizaciones se enmarcan en la Ley de Hidrocarburos N° 17.319 y el Decreto N° 872/18, que regula la adjudicación de permisos de exploración en áreas costa afuera mediante concurso público internacional.

Esta decisión del gobierno libertario permite al grupo empresario de Eurnekian, quien fuera empleador de Milei antes de su carrera política, ingresar al negocio de exploración petrolera offshore en el Mar Argentino.

Con información de NA.

IG

La primera perforación en busca de petróleo y gas en la Cuenca Norte del mar Argentino está cada vez más cerca, confirmó a elDiarioAR una fuente directa del proyecto a cargo de la empresa noruega Equinor. Aún no está definida la fecha de inicio de la perforación, aclaró. La semana última, las organizaciones Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alertaron sobre la inminente llegada del buque perforador Valaris 17, que se encuentra rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

La perforación tiene como objetivo determinar la existencia de hidrocarburos en el pozo Argerich-1, a  unos 350 kilómetros de las costas bonaerenses. 

Las organizaciones afirmaron que la perforación se realizará en una zona clave para la cría y reproducción de especies en el área marítima llamada el talud continental. Ambas entidades realizaron el 4 de abril una nueva presentación ante el juzgado federal número 2 de Mar del Plata para solicitar que la Justicia reconsidera dictar una medida cautelar que ya fue rechazada en diciembre último y que busca frenar la perforación exploratoria en esta época del año. 

La perforación exploratoria del pozo Argerich-1 sería la primera operación realizada en aguas ultraprofundas en el mar Argentino. Las organizaciones sostuvieron en un comunicado que “estas empresas —por Equinor y sus socias YPF y Shell— están yendo a ciegas a perforar el fondo marino del talud continental”. “Hay una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos que la actividad puede generar hacia dicha fauna y flora”, alertaron. 

Ambas entidades afirman que existen “incongruencias y expresos reconocimientos de ausencia de información fundamental para el procedimiento” y que “muchos de ellos surgen de los propios documentos presentados por Equinor, YPF y el Estado Nacional”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Equinor, a cargo de la perforación, no hizo declaraciones.

Bombardeo acústico

La perforación exploratoria llega después de que Equinor haya realizado la prospección sísmica o bombardeos acústicos para determinar las zonas donde podrían hallarse gas y petróleo. 

Durante el último trimestre de 2023, Equinor realizó esta operatoria con un barco equipado especialmente con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 db) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Los expertos de Greenpeace detallaron que algunos de estos sonidos son audibles a cientos de kilómetros. 

El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Esos ruidos penetran a través del océano y se adentran en la profundidad hasta el fondo marino. Altera, así, a todo lo que vive en el mar Argentino, desde las distintas especies de mamíferos marinos, como la ballena franca austral -Monumento Natural de Argentina-, delfines y tortugas hasta peces e invertebrados.

ED/JJD

El buque sísmico BGP Prospector, contratado por la empresa petrolera noruega Equinor, ya se encuentra al norte del talud continental del Mar Argentino para la prospección sísmica, una actividad cuestionada por las organizaciones ambientalistas y conservacionistas por su impacto directo en todo lo que vive en el océano. La ubicación del buque fue informada por la organización Greenpeace ante la consulta de elDiarioAR.

El barco, contratado por el gigante petrolero noruego, comenzó su operación el 9 de octubre último, luego de obtener la autorización final por parte del Estado Argentino para proceder con los bombardeos acústicos en tres bloques marítimos, ubicados a unos 300 km de la costa de Mar del Plata.

El BGP Prospector tiene bandera de Bahamas, 100 metros de eslora y 66 tripulantes, informó la organización ambientalista. elDiarioAR se comunicó con Equinor este viernes pero la empresa no brindó información sobre el estado de su operación.

La actividad que realiza este buque implica la primera etapa, previa a la explotación petrolífera offshore: el barco está equipado especialmente con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 db) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Los expertos de la organización detallaron que algunos de estos sonidos son audibles a cientos de kilómetros. 

El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Esos ruidos penetran a través del océano y se adentran en la profundidad hasta el fondo marino. Altera, así, a todo lo que vive en el mar Argentino, desde las distintas especies de mamíferos marinos, como la ballena franca austral -Patrimonio Natural de Argentina-, delfines y tortugas hasta peces e invertebrados.

El barco se encuentra navegando en estos días a la altura de la ciudad de Viedma, Río Negro, y Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, y se mueve también a la altura de Montevideo y Punta del Este. Es decir que recorrió la zona marítima de las 200 millas a la altura del sudeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de Río Negro.

“El área navegada por el buque de Equinor se corresponde con el bloque 108, el que la empresa noruega opera en soledad; y otra parte, se corresponde con el bloque 100, que es el que opera Equinor en sociedad con YPF y Shell”, explicó a elDiarioAR Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace. 

“Lo que está haciendo el barco ahora es básicamente la operación de crear el impulso con aire comprimido y generar así la explosión que va a viajar al fondo marino. Esa vibración genera un pequeño sismo, que emite un eco, que rebota y es captado por los micrófonos que llevan los buques en su remolque”, agregó Pérez Orsi. La cola de micrófonos puede llegar a tener hasta 10 kilómetros. 

“Así, obtienen un mapa tridimensional del fondo marino y esa información permite calcular dónde se encontrarían las reservas submarinas de gas y petróleo. Actualmente, el barco se concentra en un área espeçifica y va haciendo una especie de óvalo, pasando nuevamente por donde hizo relevamiento los últimos días, sumando más imágenes, para obtener datos mucho más contundentes”

“Las explosiones generalmente ocurren cada diez segundos, las 24 horas del día y, a veces, durante semanas. Son tan ruidosos que penetran a través del océano y se adentran kilómetros en el fondo marino”, informó la organización en su sitio web. “Estos datos que recibe el barco se utilizan para analizar información sobre la topografía del fondo del océano y sus formaciones geológicas subyacentes para informarles sobre la ubicación de los depósitos de petróleo y gas enterrados”, explicó.

ED/JJD

La última decisión del Gobierno sobre la exploración petrolera en la Cuenca Atlántico Norte reavivó las críticas de un sector de científicos y ambientalistas frente al avance de la industria de hidrocarburos sobre el Mar Argentino, de acuerdo a los especialistas y documentos consultados por elDiarioAR.

La inédita búsqueda de petróleo y gas a unos 300 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires tendrá su primera perforación exploratoria este verano. Las nuevas críticas se basan en que se modificó la fecha de inicio y término, pero el conflicto de fondo sigue siendo el mismo: la empresa noruega Equinor, que realizará la perforación en alianza con YPF y Shell, admite que el impacto en todo lo que vive en el mar será igual de importante en primavera como en verano u otoño. El mar está en riesgo cualquiera sea la fecha.

La actividad estaba programada y aprobada sólo para esta primavera, entre octubre y diciembre, pero Equinor solicitó un cambio y extensión de fechas debido a la imposibilidad del buque que utilizará para arribar a tiempo al país, como informó el sitio de noticias sobre energía EconoJournal. El cambio de fechas puso en alerta a organizaciones ambientalistas mientras científicos que investigan y buscan conservar las especies marinas y sus aportes a la vida del Planeta reafirmaron sus reservas y críticas, ya que rechazan el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar debido a los altos riesgos ambientales que implica. 

Ante la consulta de elDiarioAR, el vocero de Equinos respondió que la compañía no hace declaraciones a los medios de comunicación por el momento.

Riesgos en profundidad

A través de los sonidos generados por los propulsores del buque de perforación; por la iluminación; las descargas de efluentes del buque; la posibilidad de colisión con mamíferos marinos; como la ballena franca austral; y la posibilidad de derrames de petróleo, accidentes, incendios. Todo eso modifica las condiciones de vida de lo que vive allí.

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña Océanos de la organización Greenpeace, afirmó a elDiarioAR: “El pozo Argerich se ubica sobre el Frente Talud, el principal corredor biológico del Mar Argentino, zona sensible de reproducción y alimentación de especies claves. No sólo el Ministerio de Ambiente está ignorando esto, sino también a la ciudadanía, ya que tampoco ha realizado la consulta pública que correspondería”.

Argerich I será el primer pozo exploratorio del país para buscar hidrocarburos en aguas ultra profundas, explicó EconoJournal, ya que se hará a una profundidad de 1.527 metros. El pozo superará los 4.000 metros bajo el suelo.

“Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200 mil barriles de petróleo al día, equivalente a casi el 40% de lo que hoy produce el país”, informó el medio especializado.

Biólogos especializados en fauna marina del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) han advertido sobre los riesgos de perforar a estas profundidades en el mar. Luciano Valenzuela es uno de ellos. “No estamos hablando de buscar gas y petróleo a 200, 300 o 400 metros. Ahora estamos hablando de exploración y explotación petroleras en áreas muy difíciles, en el Frente del Talud y en grandes profundidades, lo que normalmente se llama deep water, y eso es otra escala de peligrosidad y complejidad”, dijo a elDiarioAR en mayo último. 

“Nunca nos tenemos que olvidar del accidente de Deepwater Horizon, en el Golfo de México. Fue uno de estos casos, fue un pozo de alta profundidad y no pudieron contenerlo. Fue uno de los desastres ambientales más grandes de las últimas décadas. Son impactos muy profundos a largo plazo y con consecuencias negativas para el ecosistema y las economías regionales”, resaltó Valenzuela, investigador del Conicet en el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana de la Facultad de Ciencias Sociales, en una subsede en Quequén de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.

Guillermo Tamburini Beliveau, doctor en Ingeniería (Universidad Nacional de Rosario), es ingeniero en Cartografía y Geodesia por la Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue becario de investigación del CONICET entre 2012 y 2022 en glaciología andina y en conflictos territoriales y ambientales derivados del extractivismo. Acaba de finalizar un estudio sobre los recientes accidentes de la petrolera estatal Pemex (Petróleos Mexicanos) en el Golfo de México.

El 7 de julio último, una plataforma petrolera de la compañía mexicana se incendió en el mar. A unos 12 kilómetros del lugar del hecho, pocos días antes, un oleogasoducto de la misma petrolera generó una fuga de hidrocarburos en el fondo marino por una perforación o ruptura del caño.

¿Podría ocurrir algo así en la cuenca norte del Mar Argentino? “Más allá de los tecnicismos y diferencias en teconologías, no se puede tapar lo evidente: los accidentes son intrínsecos a la actividad hidrocarburífera en el mar. Pueden ser más graves o menos graves dependiendo de factores como la falta de control y mantenimiento, pero son intrínsecos a la actividad”, aseguró Tamburini Beliveau a elDiarioAR. El científico también criticó el argumento oficial y empresarial para justificar el avance petrolero y gasífero sobre el mar: “El beneficio social real es ínfimo, no hay transferencia de las ganancias de las petroleras a la sociedad ni a nivel laboral ni a nivel económico porque las ganancias se las quedan las compañías”.

Mariano Sironi, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, director del departamento científico del ICB, coincide: “No existe una industria del petróleo en el mar que garantice el impacto cero. La industria petrolera, incluso funcionando en sus mejores condiciones, tiene un alto impacto en el mar. Y ni que hablar cuando algo sale mal, porque somos humanos y no somos perfectos, y las máquinas no son perfectas. Cuando en esta industria algo sale mal, sale muy mal”, aseguró a elDiarioAR en una entrevista.

¿Qué especies están en riesgo medio de verse afectadas desde su posibilidad de alimentarse, reproducirse hasta su vida? Todo lo que vive y transita en esa zona del mar, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Noruega ante las autoridades argentinas: desde los organismos vegetales y animales invertebrados como el fitoplancton y el zooplancton (alimento de los cetáceos, por ejemplo); todos los peces y sus larvas; bentos (166 especies), crustáceos y moluscos nadadores; hasta mamíferos marinos (ballenas jorobada, ballena franca austral, varios tipos de delfines, lobos marinos, elefantes marinos, marsopas), tortugas marinas y aves marinas.

Un estudio realizado por Valenzuela y otros expertos, determinó que un alto porcentaje de las ballenas francas australes que visita en Península Valdés y otras zonas del norte patagónico presenta señales químicas que sugieren que estos animales se alimentan en la misma zona donde realizarán la perforación. ¿Cuándo? Durante el verano y las primeras semanas del otoño, de acuerdo a la rita migratoria establecida por los expertos del ICB. Es cuando las ballenas francas australes se trasladan a esta zona del Atlántico. Vienen viajando desde Península Valdés, en la provincia de Chubut, donde las hembras dieron a luz durante el invierno y permanecieron durante la primavera.

Estudios

El área que será perforada por primera vez se denomina Argerich I, en el bloque 100 (CAN 100), en la Cuenca Atlántico Norte. En esta área marítima, la perforación comenzará a la altura de Bahía Blanca (un poco más al sur), según la información publicada por Equinor en su sitio web. El buque partirá de los puertos de Mar del Plata o de Bahía Blanca.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan Cabandié, ya había aprobado la perforación. En marzo, Equinor realizó una nueva presentación, solicitando el cambio de fechas. Realizó un nuevo trámite y el Ejecutivo requirió una serie de informes de distintos organismos del Estado y de la propia compañía para evaluar si la nueva ventana temporal implicaba un impacto mayor en todo lo que vive en esa zona del Mar Argentino. 

Los distintos organismos estatales dieron luz verde a las nuevas fechas y la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, autorizó a perforar entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de junio de 2024. Se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio último.

¿Qué argumentó Equinor sobre el impacto que tendrá la perforación submarina en las nuevas fechas? La empresa noruega aseguró a las autoridades en una serie de documentos, publicados en la web del Gobierno, que el cambio de fecha no implicaría impactos mayores si la perforación se realizara en el verano y en el otoño. De estos documentos también se desprende que el impacto existirá y está catalogado como “medio”. Ni inexistente, ni bajo.

El riesgo

La empresa Equinor admite el “nivel de sensibilidad medio” de la actividad en la zona marítima concesionada. De la escala de 0 a 3, “la sensibilidad” del área afectada por la futura perforación exploratoria es de entre 1.6 y 1.7. Aún así, la exploración se aprobó a finales de 2022. Este nivel de “sensibilidad” es igual en cualquier estación del año, argumentó la compañía, en base a los estudios de la consultora ERM Argentina SA, contratada por la noruega para realizar el Estudio de Impacto Ambiental.

Cambia la estación del año, cambia el clima, especialmente en altamar. Aún así, ERM Argentina sostiene que “no se esperan condiciones que representen un reto o un riesgo para las actividades realizadas por un buque típico de perforación”, de acuerdo a la presentación de Equinor ante las autoridades argentinas.

¿Qué dijeron los organismos que avalaron este cambio y extensión de fechas? Las cuatro áreas intervinientes (Subsecretaría de Hidrocarburos, Dirección Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos y Administración de Parques Nacionales, a través de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas) no objetaron los cambios de fechas.

ED/MG

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió dejar sin efecto una medida cautelar y habilitó las operaciones a más de 300 kilómetros de las costas marplatenses para la exploración petrolera, al considerar que el Gobierno y la empresa Equinor cumplieron con los requisitos que les fueron requeridos.

Desde la Secretaría de Energía difundieron la decisión judicial en Twitter y remarcaron que “la producción offshore presenta una gran oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país”.

Asimismo, destacaron: “Desde el Gobierno Nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente”.

La Cámara marplatense, con la firma de los jueces Alejandro taza y Eduardo Jiménez, revocó la decisión del titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, emitida en octubre ultimo, “pues debe tenerse por cumplido todos los requisitos establecidos por esta Cámara oportunamente”, expresa el fallo.

Asimismo, establece que “la ejecución del proyecto deberá contemplar ”observadores permanentes, a miembros del equipo 'Pampa Azul', en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul“.

El fallo también expresa que “las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta (50) km. del sector que comprende la zona denominada

'Agujero Azul', la cual abarca una superficie de 148.000 Km2 considerada como el primer eslabón de las cadenas tróficas del mar y por ser el hogar de 'especies vulnerables' como corales, esponjas y estrellas de mar, pasando por rayas, tiburones, merluza y calamares“.

Se podrá denunciar “ante las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte y/o dañe sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”, señala el fallo

La Cámara exhortó a que las autoridades “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del proyecto, para cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas”.

Con información de Télam.

IG

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó este viernes la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación, informaron fuentes oficiales.

El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras darse a conocer la medida judicial, la noche de este viernes el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, y se manifestó “convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina”.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”, afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.

El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia “se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente”.

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.

El Gobierno el 30 de diciembre otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

También argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.

“No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.

CRM con información de la agencia Télam

La Justicia Federal de Mar del Plata suspendió el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino y frente a la costa de esa ciudad.

El juez Santiago Martín - a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata 2- consideró tres puntos para suspender la actividad. Primero, el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566); segundo, la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión y, en tercer lugar, las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

La autorización de la actividad a la empresa Equinor fue a través de un decreto del Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2020, el último día de actividad del año. En realidad, la Resolución 436/2021 habilita la exploración sísmica en tres zonas del Mar Argentino y también están involucradas las empresas YPF y Shell. Las zonas son las distinguidas como “CAN 100″, ”CAN 108″ y “CAN 114″, de la Cuenca Argentina Norte. Dos de ellas están ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y la CAN 114 a 443 kilómetros.

La resolución que dio luz verde a la actividad offshore lleva la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y provocó importantes movilizaciones en su contra. A los días surgió un movimiento #Mira conformado por cientos de personalidades que pedían frenar la actividad. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas presentaron a la Justicia medidas cautelares. En el juzgado federal 2 de Mar del Plata lo hicieron la “Organización de Ambientalistas Organizado”, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y un particular. Estas tres hoy tuvieron su resolución y por ella se ordenó la suspensión de la exploración sin límite temporal hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En el escrito, el juez habla del incumplimiento de las autoridades nacionales. “Las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, se lee en el fallo. Y, además, indica que “tampoco surge de los elementos obrantes en el expediente las razones que llevaron a las autoridades ambientales a omitir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmica en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión”.

 Una de las mayores preocupaciones de los críticos al proyecto estaba el peligro que implica la exploración para la fauna. El escrito atiende al argumento y asegura el “riesgo de daño inminente en la que se encuentran las poblaciones de Ballenas Francas Australes y de Cetáceos en general, Misticetos, Odontocetos, dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte, debiéndose advertir que muchas de las especies que habitan en las aguas jurisdiccionales argentinas son especies en peligro o amenazadas de extinción o se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

PP

Mientras Argentina sufre una coyuntura económica y social alarmante, las noticias que afectan su futuro tampoco son promisorias. Es el caso del otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental para habilitar el proyecto de exploración offshore en áreas ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por la empresa Equinor en sociedad con YPF y SHELL. Este tipo de negocios se emparenta con la reciente intentona por imponer en Chubut una distribución territorial que habilite la explotación de megaminería en áreas hasta aquí prohibidas y que fue frenada temporalmente por una revuelta popular.

La indiscutible objeción a este tipo de actividades es el daño ambiental. Existe un altísimo y probado riesgo de derrames en la exploración sísmica; además las emisiones sonoras de esa actividad dañan gravemente al ecosistema marino en el caso de la exploración y explotación offshore. Por supuesto, esta actividad se sumará a tantas otras que provocan crisis climática que amenaza al conjunto del sistema Tierra (incluida Argentina). Estas cuestiones ya han sido esclarecidas en diversos artículos de especialistas en la materia.

Aquí me interesa cuestionar el discurso oficial, avalado por economistas tanto neoliberales como neodesarrollistas, que insisten en los beneficios económicos de la inversión en este tipo de actividades con los conocidos argumentos: atraen inversiones y con ello supuestamente generarían nuevos puestos de empleo, ingresos fiscales, exportaciones y mayor “soberanía energética”.

Esto no es así, particularmente en el mediano y largo plazo que es lo que importa en una actividad de este tipo. Cada vez más, este tipo de actividades están llamadas a engrosar los beneficios de ciertas corporaciones en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo lleva a pérdidas económicas irremediables que se transferirán a la sociedad, más allá de las crecientes pérdidas económicas del probado daño al ecosistema.

Es que los activos del sector de hidrocarburos, tanto la infraestructura como las propias “reservas” detectadas para su explotación, están destinados a desvalorizarse antes de que se agote la “vida útil” del capital físico y porque no podrán extraerse efectivamente. Estas actividades van a quedar obsoletas tanto por razones técnicas como porque los países centrales y los propios mercados financieros van a orientar su inversión hacia energías alternativas y otras actividades más amigables con el medio ambiente. De hecho, los propios Bancos Centrales están avanzando con criterios selectivos para exponer las potenciales pérdidas de empresas contaminantes y promover las que no lo son.

Así, las inversiones no se recuperarán y habrá una enorme cantidad de costos “hundidos”. Es que el “punto de escasez” de las reservas de hidrocarburos supera a la cantidad que es posible utilizar sin sobrepasar las fronteras establecidas como límites para evitar la desestabilización del sistema Tierra. Esto es lo que informan las ciencias del clima que han detectado nueve “fronteras planetarias” como límites que no deberían cruzarse para no desestabilizar el sistema Tierra. De estas, ya hay tres que la humanidad sobrepasó: cambio climático, pérdida de biodiversidad y cambio en el ciclo global del nitrógeno.

Estas fronteras delimitan el “campo de juego” para desarrollar la acción humana sin amenazar la existencia de la vida en la Tierra, incluyendo la de la propia humanidad. Cualquier modelo de análisis económico que intente proyectar el funcionamiento de los sistemas económicos y sociales deberían tenerlas en cuenta.

No hay alternativas a la transformación de la matriz energética y a la sustitución de los combustibles fósiles, por lo que cuanto antes se avance en ese sentido menos duro será el impacto de las pérdidas de las inversiones hechas en hidrocarburos. Seguir gastando dinero en infraestructura cuya vida útil supera a la que se podrá utilizar y buscando reservas que no se van a poder extraer, es un mal negocio que paga el conjunto de la sociedad; peor aún, si esto se hace con beneficios fiscales.

Estas actividades son rentables porque se subsidian, se les garantiza mercados, se otorgan créditos, se exonera del pago de daños ambientales, etc. De lo contrario, no lo serían siquiera en el corto plazo. El Estado argentino no debe invertir en energías contaminantes sino en inversiones que apunten a sustituirlas. De lo contrario está perdiendo dinero hoy (como los inexplicables subsidios para Vaca Muerta) y perderá mucho más dinero en un futuro no lejano cuando se vea obligado a abandonar estas actividades. Además, la falta de inversión en energías alternativas seguirá colocando a Argentina como dependiente de lo que hagan los países centrales que están cambiando el paradigma energético de forma programada y van a imponer nuevos paradigmas tecnológicos a los países periféricos.

El poder del capital

No tiene sentido seguir hablando de desarrollo en estos temas y mucho menos de progreso en base a experiencias pasadas que ya no pueden repetirse. Las tradicionales formulaciones que predican relaciones de causa/efecto para el “desarrollo” termo-industrial ya no son sustentables. El camino que llevó al crecimiento de las economías centrales en base a estas energías no puede replicarse y tampoco hay garantías de que esas economías no experimenten una regresión si no aceleran el cambio energético.

El problema central es que quienes detentan la propiedad del capital (incluyendo la propiedad de la tierra y los recursos naturales) tienen licencia para extraer materias primas, generar energía, determinar el uso de la tierra, diseñar sistemas alimentarios, deshacerse de los desechos. En otras palabras, al mismo tiempo que la propiedad de capital otorga poder de control sobre el resultado del trabajo humano (explotación de la fuerza de trabajo) también lo hace sobre las condiciones básicas que sustentan la vida en la Tierra (explotación de la naturaleza y de la humanidad que convive con ella). Así se cede a los propietarios del capital (y sus socios políticos) decisiones que afectan el aire, el agua, el suelo y los minerales, la flora y la fauna, bosques y océanos, atmósfera y clima.

Frente a esta situación, tanto neoliberales como neodesarrollistas siguen pensando que el medio ambiente es un elemento externo al sistema económico y que su daño debe ser tratado como “externalidades” de actividades económicas supuestamente “rentables”. La realidad es otra. La naturaleza incorporada al sistema capitalista es parte constitutiva de su proceso de reproducción; al mismo tiempo, la naturaleza como entorno físico le fija límites estrictos al funcionamiento del sistema económico.

No se trata de “externalidades negativas” supuestamente excepcionales que pueden corregirse cobrando multas que compensen daños. Los daños ambientales no son casos excepcionales ni perfectamente identificables, sino que las externalidades ambientales negativas se producen constantemente e involucran a la mayoría de agentes que participan de la actividad económica. Esto vuelve casi imposible la regulación efectiva en tanto la política pública siempre llega tarde y/o es inoperante para prevenir el daño.

De hecho, los Estados y sus empresas son parte central del problema por lo que consumen y producen. Estamos frente a un ejemplo claro de la llamada “tragedia de los comunes”, que se presenta cuando las acciones racionales e independientes motivadas por el interés individual, terminan destruyendo un recurso que es limitado y compartido por toda la comunidad. Se trata de una situación que no sólo perjudica a la comunidad sino a las propias personas.

Se equivocan los neoliberales creyendo que esto lo resuelve el mercado y el ejercicio de la “soberanía del consumidor”. Basta un ejemplo. Al vincular la distribución de riqueza con las emisiones de carbono de GEI, se llega a la conclusión que el 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca de 48% de las emisiones globales del año 2019, mientras que la mitad más pobre de la población sólo es responsable por 12% de dichas emisiones. Esto se debe en gran medida al consumo no sólo de los bienes y servicios producidos en el país de residencia, sino también al consumo de bienes importados. La soberanía de los consumidores ricos agrava el problema en lugar de resolverlo.

Pero también se equivocan los neodesarrollistas creyendo que esto es una nueva etapa del proceso de “destrucción creativa” que estimula el mentado “progreso” (que se entiende equivocadamente como crecimiento, aumento del ingreso, exportaciones). Si se sigue con esta lógica de acumulación de capital y ampliación de los mercados para que aumente la productividad y la demanda, se desatará un bucle destructor de lo que tanto costó construir. Más que progreso, estamos frente a una posibilidad cierta de regresión.

Así, no es cierto que los daños al medio ambiente sean detectables ni eventuales. Tampoco que el Estado puede controlarlos, que la inversión va ser rentable y que esto implica un beneficio para la sociedad. Hay una confusión muy grande en la toma de decisiones y en la retórica publicitada por quienes se benefician con esto que no distingue correctamente entre incertidumbre y riesgo, entre precaución y prevención. Los criterios de evaluación hegemónicos están equivocados: lo que prevalece es la evaluación subjetiva e interesada de quienes tienen mayor poder.

Lo que reclaman los problemas vinculados a la crisis climática son acciones colectivas que actúen contradiciendo las racionalidades tanto de quienes detentan la propiedad de los medios de producción como la racionalidad del consumo preocupado por la satisfacción personal y la opulencia. También la racionalidad de la elite política que evalúa todo con criterios de ganancia electoral de corto plazo.

La paradoja que caracteriza a nuestra época -y probablemente a cualquier época en la que una civilización encuentra ciertos límites y traspasa ciertas fronteras- es que cuanta más potencia gana, más vulnerable se vuelve porque acelera su aproximación al eventual colapso. En lugar de hacer negocios con las corporaciones alentando falsas promesas de un progreso que ya no tiene sustento, la elite dirigente tiene que cambiar su relación con la sociedad que está mucho más a la vanguardia y sale a defender los recursos comunes presentes y futuros.

El objetivo de la política económica y social no puede seguir siendo el registro estadístico de una tasa máxima de crecimiento sino la prudencia y la distribución de recursos para invertir en energías alternativas para prevenir las crisis y las pérdidas por obsolescencia del capital invertido en energías convencionales. Esto es muy difícil de asumir para una elite dirigente que está acostumbrada a vender certezas (que no existen) y a proponer soluciones a problemas cotidianos (que en general son poco efectivas).

En lugar de promover estas actividades probadamente dañinas y que no son económicamente rentables, la elite dirigente tendría que ocuparse de transformar un sistema que encontró límites precisos. El problema es que no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo sin arriesgar su mezquina cuota de poder y sus ganancias de corto plazo. De hecho, como se observa cotidianamente, ni siquiera saben qué hacer con el corto plazo.

Este no es el momento de seguir gastando recursos en actividades obsoletas sustentadas por ideas obsoletas. Es el momento para pensar en otra estructura económica, en una mayor diversificación de la endeble economía argentina, apuntar a nuevas actividades que reporten ventajas dinámicas y sobre todo que permitan de una vez por todas avanzar hacia un modelo sostenible dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. Muchos países se están moviendo ya hacia otro paradigma energético y quienes no inviertan desde ya en ese nuevo paradigma, perderán competitividad, bienestar y recursos. 

RLV/MF

Guillermo Montenegro, intendente del Partido de General Pueyrredón, interpuso este miércoles “una acción de amparo a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, de acuerdo a la información suministrada por el departamento de prensa del municipio que tiene a Mar del Plata como ciudad cabecera. 

El funcionario considera en su escrito “importante recordar que dicha resolución declara concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Ante ello, según fuentes cercanas a Montenegro, “el amparo fue presentado ya que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental; se omitió la participación pública en asuntos ambientales; y la resolución atacada es susceptible de vulnerar el derecho ambiente sano”.

 Asimismo, a través de este pedido, se solicitó como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el art. 2 de la resolución atacada (Es la que aprueba la realización del proyecto ”Adquisición Sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 -CAN 114“ presentado por Equinor Argentina AS Sucursal Argentina -CUIT 33-71659420-9-) hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredon”.

Asimismo, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

El Amparo completo y sus fundamentos

Con información de Prensa de la Municipalidad de General Pueyrredón

IG

Las concesiones petroleras sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación off shore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura off shore. Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras - poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación off shore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas off shore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas off shore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del off shore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios. 

MS/EV

Alarmados por el #Atlanticazo, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), sacó ayer un largo hilo de Twitter con falsas narrativas para tratar de contrarrestar la falta de licencia social que tienen los proyectos hidrocarburíferos offshore en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas bonaerenses. La masividad de las protestas, y el reciente Chubutazo que terminó impidiendo la megaminería en la meseta patagónica, debe haberlos puesto en alerta.

Lo más importante de todo es refutar el principio esencial. Petróleo hay en la Argentina. Gas también. Lo que no hay es atmósfera que pueda seguir conteniendo la enorme cantidad de emisiones de CO2 y de metano que la quema de ambos productos significa. Y esto es lo que está llevando al colapso de todos los sistemas terrestres, no sólo en lugares remotos, como la Antártida o Groenlandia -ambos, en la lona-, sino en la Patagonia con feroces incendios, una sequía que pone en jaque al propio sistema extractivista en la pampa húmeda y aledaños. El Servicio Meteorológico Nacional admitió que 2021 fue un año cálido récord, sobre todo en el Sur, donde la temperatura ya ha subido entre 1 y 2 grados, según la zona.

“Existe una embestida sin precedentes en contra de los hidrocarburos, que hoy representan la mitad del consumo mundial de energía”, se queja el IAPG. ¿Y cómo no habría de ser así? La industria petrolera sabe desde los años 60 que sus productos iban a llevar al planeta a un lugar insostenible, y aún así, empujaron narrativas falsas para mentir, demorar e impedir la acción que detuviera la catástrofe en la que hoy nos encontramos. Para eso, no sólo usaron lobistas, sino también políticos, científicos comprados, agencias de publicidad, economistas y sí, también periodistas. Todo para convencernos de que no hay alternativa de desarrollo sino es con el petróleo. ¿El resultado? La temperatura promedio mundial ha aumentado 1,2 C desde la era preindustrial, retrotrayendo 120 mil años las condiciones de la atmósfera, cuando ni siquiera el ser humano se había parado en sus dos pies. Esto afecta no sólo la composición física del Planeta sino también a todos sus seres vivos, incluyéndonos.

El IAPG dice que “no es cierto que (los combustibles fósiles) puedan ser reemplazados por energías renovables”. Eso es absolutamente falso. De hecho, las energías limpias son mucho más fáciles de desplegar y más democráticas. Pero en la Argentina este tipo de generación no va a despegar de la manera que se necesita mientras la industria hidrocarburífera siga teniendo estímulos del Estado -o sea, de todos nosotros- para seguir desarrollándose. Los proyectos de gas cobran jugosos incentivos públicos en todas las cuencas, pero sobre todo, en Vaca Muerta. Los beneficios, que pagamos cash y en dólares, se extienden por ocho años para los proyectos offshore. O sea, te sacan la plata pero te dicen que te haces rico. Es un oximoron.

También, el IAPG dice que no existe ningún país en el mundo cuya matriz energética no dependa del petróleo. Y ese es precisamente el problema. La transición no está ocurriendo lo suficientemente rápido como para salvarnos de los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, el IAPG omite recordar que la propia Agencia Internacional de Energía, el oráculo establecido por la misma industria en los 70, dijo el año pasado que a partir de ahora no podrían haber nuevos desarrollos de gas y de petróleo si el mundo no quiere pasar la terrible barrera de un aumento de temperatura de 1,5 C, que es la meta establecida en el Acuerdo de París, al que la Argentina suscribió. Recordemos que el país también se comprometió a tener cero emisiones en 2050, una fecha que está acá a la vuelta de la esquina.

Otra narrativa falsa es el papel del gas natural en la transición energética. Es cierto que el gas natural contamina menos que el carbón, que sigue siendo el combustible más utilizado en los países asiáticos. Pero eso no lo hace bueno. Ni mucho menos. El metano, que es la principal molécula del gas natural, es hasta 86 veces más contaminante que el CO2, porque tiene un poder inmenso para retener los rayos ultravioletas del sol: los que calientan el clima. Ni siquiera tiene sentido esa afirmación. Que el lobby de la industria esté tratando de convencer a la Comisión Europea de que es una energía de transición no habla de las realidades de la física de la atmósfera, que es lo único que interesa.

“La creencia de que las energías son la solución al problema es un mito”, dice el IAPG. Otra falsa narrativa. Los científicos señalan que las redes de energías limpias integradas son la solución al problema de la intermitencia, es decir, para compensar la generación de cuando el sol no está brillando o el viento no está soplando. La Argentina cuenta con recursos eólicos y solares envidiables que le permitirían sortear estas dificultades. Pero para eso, hay que tener visión. No seguir escuchando los cantos de sirena de la industria fósil.

Y claro que hay que electrificar toda la matriz. Porque es cierto que usamos mucho gas en nuestras casas, contaminando nuestros propios hogares, y que vamos a tener que emplear otras formas para cocinar, calentar el agua con la que nos bañamos o lavamos los platos y calefaccionarnos. Y eso no sólo es un desafío. Nos conviene. La gente que tiene termotanques termo solares no paga ni un centavo por el agua caliente. La transición, además, genera empleo genuino. Tanto en Europa como en los Estados Unidos se está empezando a prohibir el gas natural en los edificios nuevos.

“¿Quién financiaría esa costosísima transición?”, se pregunta el IAPG. ¿Y quién paga los costos asociados al cambio climático? ¿Por qué no incluyen en su cuenta las pérdidas, por ejemplo, en las cosechas que ya experimentado la Argentina? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se mantienen las proyecciones de aumento de la temperatura y se inundan las ciudades costeras, incluyendo Buenos Aires? ¿No sale caro eso? ¿Qué es más barato? ¿Que se derrita la Antártida, que nos quedemos sin glaciares, o empezar la transición? 

El año pasado, el IPCC, que es el panel gubernamental de Cambio Climático de la ONU, cuyo comunicado final está avalado por todos los gobiernos, incluyendo el nuestro, señaló que hay que reducir las emisiones mundiales a la mitad para 2030, y llevarlas a cero a 2050. Para eso, hay que dejar de producir energía a partir de los recursos hidrocarburíferos que se esconden en el subsuelo, tanto en tierra como en el lecho marino.

Y este es el punto final que hace el IAPG en su extenso hilo de Twitter. Admite que las exploraciones se llevarán a cabo a 4 mil metros de profundidad. Ese es un problema no una solución: allí es donde la poderosa corrientes de Malvinas, que es un flujo que se desprende de la corriente circumpolar Antártica, choca contra la “pared” de la plataforma continental, trayendo a la superficie los nutrientes que son la base de la cadena trófica de todo el mar argentino. Como decía el biólogo marino Claudio Campagna, una eminencia mundial, si querés arruinar todo el océano, hay que ir al talud, que es lo que fertiliza al resto del océano.

O sea: que las exploraciones y eventuales explotaciones se realicen “lejos” de la costa, no significa nada. Es más: oculta el hecho que se hace en el área más sensible del mar. Justo donde se alimentan las ballenas, migran los pingüinos, desovan las especies. Son los científicos más destacados de la Argentina y las organizaciones que los nuclean los que están literalmente alarmados por lo que está por suceder en el mar. Y por eso, uno tras otro, han manifestado su rechazo más categórico a los que el ministerio de Ambiente les acaba de dar su rúbrica. Esto no nos debería dar tranquilidad, sino todo lo contrario. Significa que en la Argentina gana el lobby y nadie controla. Por eso, la ciudadanía se levanta.

MA

Valentina no es cualquier ballena franca. La llamaron así por la valentía de haber fundado una familia que se extiende, por lo menos, a cuatro generaciones. La identificaron en 1971 y, desde entonces, se le conocieron 8 crías, 3 nietos y cuatro bisnietos. No es la única que tiene nombre. Otra es, por ejemplo, Pionera, quien fue fotografiada por primera vez desde el aire por el legendario Roger Payne, el biólogo que descubrió que los cetáceos se comunicaban cantando. Los científicos tienen una conexión emocional con cada uno de ellos. Saben sus rutas de alimentación, los lugares de apareo y cría. Por eso, tampoco dudan sobre el impacto nocivo de la actividad petrolera. Y temen lo peor.

Diego Taboada, Presidente Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y VicePresidente de Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia, afirma que los bloques concesionados a Equinor, que trabajará conjuntamente con YPF y Shell, “se superponen con zonas muy relevantes para las ballenas francas durante toda su época de alimentación, que es en primavera y en verano. Los recorridos destacan que las ballenas hacen un uso intensivo de esas áreas de interés”. 

Los bloques que fueron concesionados a Equinor, la empresa estatal noruega de hidrocarburos, como queriendo guardar un secreto, el último día hábil de 2021 por el ministro de Ambiente. Estos se conocen técnicamente como CAN100, CAN 108 y CAN 114. Son áreas tan extensas que van por el Atlántico desde Mar del Plata hasta Necochea. Pero, por sobre todas las cosas, tienen una enorme riqueza biológica ya que en esas aguas confluyen dos corrientes contrapuestas: la corriente de Brasil, que es cálida, y la Corriente de Malvinas, que es fría.

“Allí choca la corriente de Brasil con la de Malvinas y se encuentra la biodiversidad que viene de los trópicos con la que viene de la Antártida. Ese lugar de la confluencia es desde el punto de vista biológico de brutal relevancia”, señala, por su parte, Claudio Campagna, director del Sea and Sky Project de la Wildlife Conservation Society (WSC).

El biólogo ni quiere imaginar las consecuencias de un derrame en esa zona del mar como el que ocurrió con la plataforma Deepwater Horizon, en 2010, en el Golfo de México. Indica que la contaminación afectaría tanto a las más superficiales que existen sobre la plataforma marítima, como a las más profundas, por donde circulan las corrientes a gran velocidad. Así afectaría no sólo a los mamíferos y los pingüinos, sino también la distribución de larvas, huevos y la zona de migración del calamar.

Argentina tiene soberanía sobre un litoral marítimo muy extenso que tiene características especiales. Por un lado, tiene una plataforma enorme, con profundidad relativamente baja. Y un borde, o talud, muy pronunciado, donde la acción de las corrientes permite emerger los nutrientes del fondo marino, un auténtico “supermercado” de alimentos.

“La combinación de características biológicas, oceanográficas y geológicas es una suma de cualidades únicas es lo que hace este mar particular”, indica Campagna. “El talud -que es donde se emplazan los proyectos hidrocarburíferos- es como la pampa húmeda en serio, constante, sin sequías. Es el espacio del mar argentino que fertiliza el resto del mar argentino. Es un frente productivo, por lo tanto, de allí surgen los nutrientes del fondo del mar a la superficie y por lo tanto, se fertiliza el resto al dispersarse. Aquí hay un sistema importante, un vergel. Para arruinar todo lo demás, hay que ir al talud”.

La misma preocupación expresa Taboada. “Los bloques con permiso para exploración se localizan en el talud, un área clave para la estructura ecológica y funcional del mar argentino y de la región, con gran influencia de la corriente de Malvinas y donde se genera el mayor y más productivo frente marino a nivel regional. Las áreas frontales influyen en procesos de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, historias de vida, flujos de CO2, entre otros y por lo tanto su conservación es prioritaria”.

“La industria petrolera tiene antecedentes gravísimos de su capacidad destructiva del ambiente marino. Todos recordamos el accidente del Golfo de México; y durante el 2021 la plataforma de Pemex, en el mismo golfo. Entonces, no hay forma de que esta actividad pueda garantizar que no tendrá impactos irreversibles en la biodiversidad y, por ende, en la salud y biodiversidad de toda la población, sobre todo de las actividades productivas como lo es el turismo de observación de ballenas, delfines y otros mamíferos marinos, que benefician a todas las comunidades costeras”, agrega Taboada. 

Inmediatamente después que se concedieron los permisos a Equinor, las 23 organizaciones que constituyen el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de influencia, señalaron en un comunicado que “la prospección sísmica genera intensas explosiones acústicas bajo el agua que pueden ser registradas a miles de kilómetros de distancia. La introducción de ruido en el mar puede afectar las funciones biológicas esenciales de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves. Los efectos potenciales sobre la fauna marina son diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la muerte, efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición, enmascaramiento, y cambios del comportamiento.”.

“Sumado al impacto de la prospección sísmica, la posterior explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia a amenazas potenciales para la vida marina y sus hábitats, como los riesgos de derrame de petróleo y las emisiones de gases por la quema de combustibles fósiles que empeoran los efectos del cambio climático. En un escenario donde se manifiestan a diario los devastadores efectos del cambio global, la aprobación de este proyecto resulta en un retroceso para la vida y salud del ambiente y de las personas.”, agregaron.

La ampliación de la frontera hidrocarburífera, además, contradice los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al firmar el Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar la suba de la temperatura a 1,5 C respecto de la era preindustrial. Para ello, es necesario reducir para 2030 a la mitad las emisiones de CO2, que en su mayoría, son producto de la quema de combustibles como los que se pretenden extraer del Atlántico Sur. Las emisiones deberán ser iguales a cero en 2050. Esto significa que estos proyectos serán de vida corta pero de daño largo.

Paradójicamente, la conservación de las ballenas ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, con lo cual, la actividad acústica de la prospección petrolera, significa un golpe por partida doble.  “Sus heces ricas en hierro, nitrógeno y otros nutrientes, actúan como fertilizante, aumentando la productividad de pequeñas algas conocidas como fitoplancton. Éstas son el principal alimento de pequeños crustáceos conocidos como krill, que a su vez sostienen la vida de cientos de especies de peces, aves y mamíferos marinos, incluídas las ballenas. Estos eventos de fertilización también pueden facilitar la mitigación de los impactos negativos del cambio climático. La cantidad de hierro contenido en las fecas de las ballenas puede llegar a ser 10 millones de veces mayor que el nivel de hierro en el ambiente marino, desencadenando importantes florecimientos de fitoplancton, que a su vez secuestran miles de toneladas de carbono de la atmósfera anualmente. Cuando mueren, sus enormes cuerpos caen al fondo marino, convirtiéndose en la mayor y más nutritiva fuente de desecho alimenticio, capaz de sostener una sucesión de conjuntos macrofaunales por varias décadas”, dice Taboada.

MA

Entre sonrisas y un clima de cortesía, el presidente Alberto Fernández recibió a principios de mes a altos ejecutivos de YPF, Equinor y Shell, una reunión en la que seguramente se habló de la habilitación para la exploración petrolera del Mar Argentino, una medida que el Gobierno autorizó por decreto el último día hábil de 2021. Otra atmósfera, esta vez de bronca, esperaba al mandatario frente a la residencia de Chapadmalal, donde los vecinos de Mar del Plata lo recibieron con un corte de ruta por miedo a los efectos que la actividad hidrocarburífera tendrá en sus propias vidas y en la del océano.

El sol del mediodía rajaba la tierra, pero los vecinos que forman parte de las asambleas de las distintas ciudades de la costa, se plantaron con carteles a esperar a Fernández. “Soberanía es proteger los bienes comunes”, decía uno. “Gobierno Ecocida”, “Compromiso con el Planeta, Alberto. Mar del Plata limpia, no a las petroleras. Sí a la vida, no a la polución en el mar”, “Cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes”, indicaban otras pancartas.

Aunque a los medios les gusta decir que los que protestan son “ambientalistas” -un mote que usan como descalificativo como si la prensa viviera en un planeta distinto-, esta era gente común, que dejó lo que estaba haciendo en su vida para manifestarse contra la medida con la que se toparon a fin de año: la autorización estatal para irrumpir en la composición física y biológica del mar con el fin de extraer petróleo.

Ayer, cuando todo el mundo se concentraba en la pandemia y en el fin de año, el Gobierno habilitó la exploración sísmica de tres bloques concedidos a Equinor, denominados técnicamente como CAN108, CAN100 y CAN114. La empresa estatal noruega está asociada con YPF y Shell en dos de esos bloques. Por eso habría sido el encuentro con Fernández en la Rosada. 

Curiosamente, según escribió el Cronista, en ese encuentro se habló de la transición energética y del cambio climático, lo que resulta una total contradicción en términos con la actividad petrolera, que es la que está empujando la crisis planetaria y civilizatoria que vivimos.

El diario de Río Negro escribió ayer que el CEO de YPF, Sergio Affronti, dijo que la compañía espera poder realizar antes de fines del 2022 el primer pozo offshore en el área CAN 100, emplazada a unos 300 kilómetros mar adentro de la costa de Mar del Plata.

La sensación que reina en las organizaciones como en los vecinos de la costa Atlántica es de impotencia pero no de resignación. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que se está estudiando vías judiciales para impedir que la actividad de prospección sísmica se lleve a cabo, ya que la autorización -realizada entre gallos y medianoche- consta de varios agujeros legales. 

“La autorización se basa en una serie de actos administrativos, uno de ellos la evaluación del estudio de impacto ambiental. Nosotros hemos impugnado en la misma audiencia pública celebrada este año, una serie de incumplimientos vinculados al acuerdo de Escazú, particularmente el artículo séptimo que establece los mecanismos de participación ciudadana”, indicó el abogado.

Hay muchas razones para oponerse a la actividad petrolera, según explican las organizaciones. Tiene que ver tanto con la zona en que se van a emplazar como con el impacto que causará en la vida de los seres que habitan y migran en esta parte del Atlántico, desde organismos pequeños, como el zooplancton, hasta grandes mamíferos y aves, entre ellas, los pingüinos.

Por empezar, las concesiones se ubican en la zona del talud marino, que es donde ocurre literalmente un milagro biológico: es un vergel de vida. Esto es así gracias a la interacción constante de las corrientes oceánicas. El talud es una suerte de pared, de distinta profundidad según la zona de que se trate. Cuando la corriente de Malvinas, que a su vez es un desprendimiento de la corriente circumpolar Antártica, se topa con él explota de nutrientes. Y por eso, también hay una cadena trófica enorme, compleja y super rica. Es un área de alimentación y además de desove.

El mar no es un agujero vacío, como imaginan los políticos y empresarios, sino un ambiente esencial para que podamos funcionar como sociedades en tierra. De la compleja maraña de relaciones que existen entre sus seres vivos y su composición física es que podemos contar, por ejemplo, con oxígeno para respirar. No sólo tiene recursos para arrancar debajo de sus olas.

Valeria Falabella, bióloga marina del Wildlife Conservation Society, habla con alarma sobre el impacto que la prospección sísmica tendrá en los animales, que pueden ir desde la desorientación temporal a directamente a la muerte. Indica que el sonido se desplaza cinco veces más rápido en el océano que en la tierra, mientras que se propaga mucho más lejos.

“El sonido que hace un jet de un avión tiene una intensidad de 140 decibeles. Cuando hablamos de los cañones de aire que se usan para los estudios de sísmica, estamos hablando de intensidad de  sonido que supera los 230 decibeles y hasta 260 decibeles. Por lo tanto, es una fuente de sonido de altísimo impacto”, indicó.

El sonido es una herramienta fundamental de las especies marinas para poder detectar presas o predadores, para la comunicación de las madres con sus crías, para realizar rutas de migración o de reproducción, entre otras funciones vitales. Explosiones a gran escala significan una alteración fundamental de las condiciones de vida marina.

“En el mar, existen fuentes naturales de sonido. Algunos tienen origen más físico, como el viento o las olas o la lluvia, una tormenta. Y otros tienen que ver con sonidos de origen biológico que están asociados a la fauna marina, que son los que producen las especies. Los hábitats tienen un paisaje acústico que los caracteriza.  Y tiene su importancia ecológica. Los sonidos de origen antrópico tienen un impacto directo en la biodiversidad”, dice Falabella.

“El impacto varía de cambios en las respuestas de comportamiento, que el individuo se aleje, modifique su velocidad de desplazamiento, su frecuencia cardíaca o respiratoria. También puede producir un impacto que se llama enmascaramiento, cuando el sonido antrópico se solapa con sonidos producidos por los animales y por lo tanto disminuye la capacidad de comunicación entre individuos, como madre cría”. 

“Se pueden producir efectos asociados a temas de alimentación, de detección de presas y de predadores. Existe un impacto superior que tiene que ver cuando el deterioro del sonido supera el umbral de sensibilidad auditiva. Y los efectos pueden ir de un cambio temporal irreversible en la capacidad auditiva de un individuo. Reversible en minutos u horas, o permanentes y no recuperables. Generan un daño específico en los órganos de la audición. Esto implica un efecto permanente en su calidad de vida y en su rol ecológico en el ambiente marino. Y los efectos más graves son daños físicos o fisiológicos. Daños en los tejidos que ejercen los sonidos por la presión en el cuerpo del animal. Y en algunos casos los daños son permanentes”, agrega. 

“En casos en donde la exposición del individuo fue de gran potencia, puede causar la muerte inmediata o daños graves que generan la muerte posterior. Todas las especies en el mar están expuestas”, dice Falabella.

MA

Con la firma del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el Gobierno nacional le dio piedra libre a la actividad petrolera en el Mar Argentino, frente a las costas de Mar del Plata, una actividad que no sólo se contradice los compromisos internacionales de cambio climático a los que suscribió nuestro país, sino también la voluntad de cada y uno de los vecinos de la ciudad Feliz.

En julio pasado, cuando la Secretaría de cambio climático, que depende de Cabandié, realizó tres días de audiencias de consulta popular sobre la prospección y posible actividad offshore, no hubo ninguna voz ni de la sociedad, ni de los sectores económicos clave, como el turismo y la pesca, que estuvieran de acuerdo. 

En soledad absoluta quedó un representante de Serman Consultores, la empresa que contrató Equinor, la petrolera noruega que se dispone a echar sus garras a la plataforma marítima nacional, justamente en zonas de migraciones de especies de gran valor, como pingüinos y ballenas.

La aprobación final tuvo sus idas y sus vueltas, y finalmente hoy, a poco de levantar nuestras copas por un año que comienza, el Gobierno publica el decreto que autoriza la actividad, lo cual hace recordar mucho lo que acabamos de ver en Chubut, donde el gobernador Mariano Arcioni pretendió aprobar la megaminería en la meseta antes de Navidad.

En el artículo 9 de la autorización se dice textualmente que “el control y fiscalización del cumplimiento de la presente Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental será realizado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía”, con lo cual, el Ministerio de Ambiente deja en claro que ni el Estado de la fauna marina, que será altamente perjudicada, ni de las emisiones de efecto invernadero que resulten de esta actividad le incunben. 

Los científicos no tardaron en poner el grito en el cielo. “Esta es una noticia trágica para la conservación del Mar Argentino y a nivel global”, consideró Pablo García Borbroglu, uno de los mayores expertos mundiales en pingüinos, que es además, investigador del Conicet.

“La intensidad del ruido en el mar (producto de las actividades sísmicas) es de un impacto muy fuerte. Los sonidos que se producen en las explosiones tienen niveles que son muy elevados y muy superiores a los sonidos naturales que hay en el océano. Y muchos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas, tanto mamíferos como tortugas, peces, aves marinas buceadoras, etc”.

“Puede producir lesiones graves o derivar en la muerte o causar efectos físicos y fisiológicos a largo plazo, deteriorando los sistemas de comunicación a través de la ecolocalización de mamíferos marinos o la audición, alteraciones y cambios de comportamiento. Y esto tiene también impacto sobre sectores productivos como la pesca, porque está comprobado, incluso aquí en la Argentina, en el Golfo San Jorge, cuando se hicieron las exploraciones sísmicas, durante casi un año y medio, la actividad pesquera estuvo prácticamente reducida porque cambia la distribución de especies que son blanco de la pesquería comercial”.

“Los protocolos que se propusieron son de irreal cumplimiento. Son ridículos”, agregó Borboroglu, que lidera la organización Global Penguin Society. “No hay forma de justificar una actividad de impacto tan grande”.

La publicación del decreto también disparó la bronca en las asambleas de las ciudades costeras, no sólo en Mar del Plata sino en otras comunidades a lo largo de toda la costa de la Argentina. 

“La primer reacción de parte de toda la comunidad es de mucha bronca, mucho enojo. No sólo en Mar del Plata sino en todas las comunidades costeras. Dolor, tristeza y angustia también porque sabemos que es una lucha muy difícil y hay muchos intereses económicos de por medio y las corporaciones petroleras son muy fuertes a nivel mundial. Estamos peleando con pesos pesados y con un Estado nacional que está decidido a insistir en el extractivismo y la política de entrega de los bienes comunes, a pesar de todas las voces de oposición”, dijo Fernanda Genova de la Asamblea por Un Mar Libre de Petroleras. “Hoy tenemos una asamblea en la cual discutiremos todo esto. Nos vamos a encontrar en una plaza para decidir los pasos a seguir. Vamos a transformar la bronca en organización y en resistencia”, agregó.

Por su parte, Julieta de Ecos de Mar, agregó: “Estamos en alerta total. Sale la comunicación en el Boletín Oficial en un momento en que, por la feria judicial, no podemos, estamos atados de mano, para hacer cualquier tipo de acción legal. La próxima movilización va a ser en los próximos días. La preocupación y la consternación ante esta decisión es general”.

El bloque de exploración que acaban de aprobar lo motoriza Equinor, la empresa estatal noruega, pero también están interesadas YPF, Shell, Total y Wintershall. Todas esas empresas cobran subsidios del estado argentino por el fracking en Vaca Muerta.

“Este permiso va en contra de los principios que están establecidos en la ley general del ambiente, va en contra del enfoque precautorio, es necesario que el Mar Argentino tenga una gestión cuidadosa y responsable con un enfoque participativo y basado en la ciencia”, indicó María Marta di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Más del 90 por ciento de las personas nos expedimos durante las audiencias de julio, que alzamos la voz sobre las dificultades y las problemáticas que hay en torno de las actividades offshore. Esta medida va en contra de los compromisos que el propio gobierno asumió en materia climática y de todas las medidas que se anunciaron a nivel global este año de no avanzar hacia nuevas fronteras extractivas de fósiles. Argentina  una vez más va en contra de lo que se debería estar haciendo en cuestiones energéticas y climáticas”, agregó Di Paola.

Curiosamente, Equinor dice tener un objetivo net-zero para 2050, como forma de aportar a la lucha contra el calentamiento global, cuya fuente principal es la quema de los productos que la empresa noruega se dedica a extraer del subsuelo. Argentina también prometió ser carbono neutral para esa fecha. Pero, como se ve, es puro greenwashing.

Mientras se siga expandiendo la frontera hidrocarburífera menos chances habrá para detener el calentamiento global en 1,5C grados, y así evitar los peores efectos del cambio climático, cuyos efectos ya se sienten de forma terrible en la Argentina, con incendios que están ocurriendo ahora misma en la Patagonia y una sequía que parece no querer irse más.

Cabe recordar que hace unos días, se descubrió una fractura en la plataforma que mantiene al glaciar Thwaites en su lugar, el mayor de la Antártida, que de romperse, provocaría un efecto dominó que terminaría inundando las ciudades costeras en todo el mundo por varios metros. No hay margen de error para detener la crisis climática.

Como si lo de Mar del Plata fuera poco, el gobierno nacional autorizó también que Rio Turbio, que produce carbón, el combustible más contaminante de la atmósfera, en 2022 recibiría $7.050.000.000 por parte del Estado, el 99% de sus ingresos corrientes.

Nota de edición, el siguiente párrafo fue modificado el 30 de diciembre a las 15.31: “El bloque de exploración que acaban de aprobar lo motoriza Equinor, la empresa estatal noruega, pero también están interesadas YPF, Shell, Total y Wintershall. Todas esas empresas cobran subsidios del estado argentino por el fracking en Vaca Muerta”. En la publicación original se incluía a la empresa PAE, pero la petrolera no está interesada en la exploración de la zona.

Nota de edición: la nota original fue modificada a las 15.45 al sumarles las reacciones de las asambleas de Mar del Plata y ciudades costeras.

MA