Un apagón masivo afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde donde se sintió el calor. Cerca de las 17:30, tanto Edenor como Edesur informaron que el servicio se había restablecido completamente. El corte afecto casi un millón de usuarios, una cifra que representa 4 millones de personas sin suministro.

De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el corte se dio en medio del pico de la demanda de energía.

El corte afectó a más de 800 mil usuarios. De acuerdo a lo que informó el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales.

“Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la Secretaría de Energía, a las 15:30.

En principio, los barrios afectados fueron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Alvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, hubo servicio limitado en el D entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la H ya había recuperado el servicio normal. El resto de las líneas de subte funcionan con normalidad.

Por su parte, la línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa. La línea del tren San Martín se encontraba con demoras en su funcionamiento y el ramal Sarmiento circulaba con normalidad.

En el caso de los vuelos, en Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal. Aunque los pasajeros señalaron que los arribos y el retiro de valijas continuaba con normalidad.

NB

Sandra García abre el grifo de su casa, pero no sale agua. Ella, de 38 años, trabaja en una fábrica y vive con su marido y su hijo en Viborillas, Colón, en el estado mexicanos de Querétaro. Esta situación se ha vuelto habitual para ella y para muchos habitantes de su pueblo y del vecino, El Marqués, una región duramente golpeada por la escasez de agua. El gobierno local se ha visto obligado a racionar el suministro y algunas familias solo tienen acceso al agua cada tres días.

La región sufre estrés hídrico al menos desde 2008, y en abril de este año, Conagua —la autoridad local encargada de los recursos hídricos— declaró que 17 de los 18 municipios del estado no habían recibido suficiente lluvia. García debe ir una vez por semana a donde su casera, quien ocasionalmente tiene agua corriente. Allí llena los baldes y los carga de regreso a su casa.

Aunque muchos residentes de Colón relacionan la falta de lluvias con los grifos secos, pocos saben que enfrentan a un nuevo competidor industrial por sus ya escasos recursos hídricos. El estado de Querétaro es uno de los polos latinoamericanos donde más rápidamente se está expandiendo la industria de los centros de datos. Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, en el estado hay 14 instalaciones. La Secretaría de Desarrollo local menciona 19 permisos en una solicitud de acceso a la información. La mayoría de estos centros están en Colón o en El Marqués, los cercanos a la capital regional, que también se llama Querétaro.

Muchos usuarios se imaginan que sus servicios de almacenamiento en la nube funcionan en algún espacio etéreo. Pero no es así. Google Drive, OneDrive, Amazon Web Services (AWS) y otros dependen de una infraestructura física mucho más terrenal: un edificio lleno de computadoras, conocido como centro de datos, con servidores que almacenan la información personal, transportan las imágenes y textos que se ven al acceder a una página web o contienen los datos financieros de la cuenta bancaria y permiten la rápida conexión a internet.

Los centros de datos existen desde hace décadas, pero solo recientemente han empezado a ser motivo de preocupación. Desde la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa, se han empezado a construir —o planear— centros de datos nuevos, más complejos y costosos, conocidos como “centros de datos de hiperescala”, en todo el mundo. Aunque América Latina no es la principal región receptora de inversión en este rubro, ha captado el interés de grandes empresas del sector, ya que muchos países de la región cuentan con vastos recursos naturales, energía barata y gobiernos dispuestos a reducir impuestos para no quedarse por fuera de la “nueva era digital” de la IA.

Para aprovechar esta oportunidad, la industria de los centros de datos —que incluye también sectores bien establecidos como el inmobiliario, el de la construcción, el de la energía y los proveedores de componentes y materiales— ha invertido en fortalecer sus vínculos con autoridades nacionales, influyendo muchas veces en las regulaciones que luego los beneficiarán. Y con los proyectos avanzando rápidamente, varios países latinoamericanos enfrentan ya muchos de los desafíos ambientales, de gobernanza y energéticos que suelen traer estos centros de datos.

Las empresas del sector argumentan que la IA es el futuro de la economía y que sería un error quedarse atrás, ya que sus nuevas instalaciones traerán empleos y prosperidad a la región. También afirman que las nuevas tecnologías de construcción irán reduciendo el impacto en el consumo de agua y energía de cada centro de datos. Algunas incluso prometen que solo utilizarán energías renovables para su funcionamiento.

Así que, mientras la promesa de un auge económico ligado a la IA aún no se ha materializado, muchos gobiernos latinoamericanos, confiando en los argumentos optimistas de la industria, han promulgado políticas para promover la construcción de nuevos centros de datos, en algunos casos acompañadas de incentivos fiscales o desregulación.

Durante nueve meses, una alianza de 17 redacciones de 15 países ha realizado pedidos de información pública, entrevistado diversas fuentes del gobierno y del sector y ha reporteado con la gente que vive donde se construyen los centros de datos, para contrastar estas promesas de progreso con la realidad sobre el terreno en Brasil, Chile, El Salvador, México y Paraguay. Este trabajo hace parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Esta investigación revela que, aunque la industria de los centros de datos promete cientos de miles de empleos directos e indirectos generados por las nuevas instalaciones, los estudios muestran que en, el mediano plazo, una vez pasa la construcción, se crean solo decenas de puestos de trabajo. Se necesita muy poco personal para operarlas, y los beneficios para las economías locales no están a la vista.

No es el único problema. Los centros de datos nuevos y más avanzados consumen más electricidad para funcionar. Aunque algunas empresas sostienen que usarán energía renovable, esas afirmaciones son difíciles de verificar y los nuevos generadores eléctricos construidos para responder a la demanda de este auge constructivo han recurrido, en su mayoría, a combustibles fósiles.

También encontramos que las corporaciones multinacionales que dominan el mercado de centros de datos son conglomerados de estructuras y propietarios complejos, lo que dificulta su regulación y les permite ser más opacos respecto a su impacto ambiental y al uso de recursos. En muchos países latinoamericanos, como documentó esta investigación, organizaciones locales han tenido que luchar por mantener el acceso a recursos como el agua y la energía, y no perciben que estas empresas les estén beneficiando; sirven a personas que están en otros lugares, almacenando y procesando datos ajenos.

El mundo digital interconectado en el que vivimos necesita centros de datos. La pregunta es si los necesita al ritmo y bajo las condiciones que imponen las gigantes tecnológicas (llamadas Big Tech en inglés), el sector inmobiliario digital y otros actores de este nuevo auge. ¿Es posible que los países latinoamericanos construyan centros de datos en sus propios términos, priorizando el medioambiente y las necesidades de las comunidades que viven alrededor de estas instalaciones? Esta es la pregunta que motivó esta investigación.

Que no se recaliente

Uno de los principales retos de diseño para los proveedores de centros de datos es la refrigeración. De ahí surge la necesidad de agua. Los servidores están compuestos por tableros con unidades de procesamiento que proporcionan la potencia de cálculo. Estos servidores funcionan constantemente y deben mantenerse dentro de un rango de temperatura estable, lo que suele requerir sistemas de refrigeración que consumen mucha agua. Las unidades centrales de procesamiento (CPU) eran el componente clave de los centros de datos que prestaban servicios en la nube hasta hace poco, cuando se descubrió que las unidades de procesamiento general (GPU) eran mucho más eficaces para satisfacer las demandas informáticas generadas por la IA.

De ahí que aunque, antes del reciente auge de la inteligencia artificial generativa —un tipo de IA que puede generar contenido nuevo a partir de instrucciones, como ChatGPT—.los centros de datos siempre necesitaron sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento, La nueva generación de centros de datos de IA funciona a temperaturas mucho más altas y, por lo tanto, requiere mucha más agua. 

Los centros de datos más nuevos intentan minimizar el consumo de agua de distintas formas. Algunos crean un “sistema de circuito cerrado” en el que, en teoría, no se evapora agua, por lo tanto no se requiere acceso continuo a este recurso. Pero Sharlene Leurig, socia gerente de Fluid Advisors, una consultora especializada en agua, dijo a Bloomberg que “el agua suele ser la última consideración a la hora de decidir la ubicación de los centros de datos, porque es barata en comparación con el costo del suelo y la electricidad”.

Así, algunos desarrolladores de centros de datos e incluso gobiernos no se preocupan demasiado por si ponen en riesgo el acceso al agua en las regiones donde planean construir. Su prioridad, más bien, es encontrar acceso barato a los recursos.

En Querétaro, México, el equipo de televisión N+, aliado de esta investigación, descubrió que tanto el gobierno estatal como el federal lanzaron una estrategia para atraer centros de datos, a pesar de los informes de la autoridad ambiental local, Conagua (la dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente encargada de regular el uso del agua), que recomendaban no otorgar nuevos permisos de uso de agua. La ciudad vivió su peor sequía del siglo en 2024, cuando el 14,8% de la población no tuvo acceso constante al agua potable y los trabajadores agrícolas locales tuvieron dificultades para conseguir agua para regar sus cultivos.

Mientras tanto, las empresas de centros de datos también invierten en cambiar la narrativa: N+ reveló que Microsoft y ONU-Hábitat elaboraron un informe solicitando una inversión de 82 millones de pesos mexicanos para impulsar la economía local en Querétaro. El informe, tras visitar ocho comunidades, identificó la sequía como uno de los principales desafíos. Sin embargo, no recomendó inversiones para solucionar dicha sequía. En su lugar, propuso invertir en infraestructura para la región, como pavimentar calles o construir un techo para una plaza pública. Aun así, el informe afirmaba que “los centros de datos representan una oportunidad para la transformación socioeconómica del estado de Querétaro y, más específicamente, de los municipios de El Marqués y Colón”.

A pesar del respaldo internacional y los recursos de Microsoft, la empresa no ha realizado inversiones en infraestructura para mitigar la sequía ni enfrentar otros problemas socioeconómicos en el estado, como pudo verificar esta investigación al visitar siete de los ocho municipios mencionados en el informe y hablar con las autoridades locales. Sin embargo, Microsoft sí construyó una “región de centro de datos” en Querétaro, que comenzó a operar a principios de 2024.

Esta alianza periodística preguntó a Microsoft sobre el propósito de este informe y si sus centros de datos podrían empeorar el acceso al agua en la región. Microsoft respondió enlazando a una ficha de datos.

Esta alianza también contactó a Amazon, compañía que anunció este año que lanzará una región de centros de datos en Querétaro, para preguntarle sobre el uso de agua de sus centros de datos en este estado. La compañía respondió que en esta región de centros de datos usarán un diseño que no usará agua para el enfriamiento. Agregaron que con esto se acercarán a su compromiso de tener una huella hídrica positiva para 2030.

En 2018, en Chile, Google anunció, en una conferencia de prensa con el entonces presidente Sebastián Piñera y algunos de sus ministros, una inversión de 140 millones de dólares para expandir la instalación que había construido en 2015, a pesar de la escasez de agua en la zona. Y en 2019, el gigante tecnológico dijo que planeaba construir un segundo centro de datos en el distrito santiaguino de Cerrillos, con un costo de 200 millones de dólares. Ante esto, ciudadanos protestaron y autoridades locales se quejaron, ya que este nuevo centro usaría grandes cantidades de agua para sus sistemas de enfriamiento. (Ver historia completa de LaBot, aliado de esta investigación aquí)

La batalla por los centros de datos en Chile ha dado lugar a una creciente conciencia sobre los posibles daños y, a su vez, a un cuestionamiento sobre a quién beneficia realmente esta infraestructura. Algunos activistas consideran que los centros de datos benefician solo a personas que consumen los datos desde otros lugares. “Esto es solo [almacenamiento de] datos y la explotación de nuestros recursos naturales. Solo eso. Es una nueva forma de extractivismo digital, nos están usando desde el Norte Global”, dijo Tania Rodríguez, líder del Movimiento Socioambiental y Comunal por el Agua y el Territorio (Mosacat) a esta colaboración periodística.

Tras esta oposición, una decisión judicial revocó la licencia para construir este segundo centro de datos y Google se comprometió a elaborar un nuevo plan para un centro que utilizara refrigeración sin agua.

Sin embargo, un informe de LaBot, muestra que el gobierno chileno aprobó administrativamente un cambio regulatorio que permitirá construir centros de datos sin pasar por un proceso de evaluación ambiental. Hasta ahora, dicho proceso permitía supervisar la protección de los recursos naturales y que los residentes locales plantearan preguntas sobre los posibles impactos en sus vidas. La nueva norma relaja las exigencias y, si hubiera estado vigente en las últimas décadas, solo dos de una veintena de proyectos habrían sido evaluados ambientalmente. Esta decisión administrativa no se hizo pública. Solo después de que LaBot cuestionara esta medida, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció el cambio y declaró que poder evaluar el consumo de agua de los centros de datos requeriría de una nueva ley aprobada por el Congreso.

La mitad de todos los centros de datos en Brasil (ya sea en etapa de planificación, construcción u operación) están en el estado de São Paulo, principalmente en la región de Campinas, según datos obtenidos por Núcleo Jornalismo, aliado de esta investigación, a través de Data Center Map, una plataforma que mapea la ubicación de estos centros en el mundo. Esta cifra incluye tanto los centros de datos a hiperescala como instalaciones más antiguas. En los últimos años, esta región ha enfrentado numerosas crisis hídricas. La más grave ocurrió entre 2014 y 2015, cuando muchos municipios del estado —incluyendo Campinas y la ciudad de São Paulo— implementaron un racionamiento de agua.

La industria de los centros de datos ha identificado otras ciudades brasileñas como lugares de interés, aunque hayan enfrentado recientemente escasez de agua. Nueve de las 14 ciudades que ya tienen, o tendrán, nuevos centros de datos —según una solicitud de información enviada por Agência Pública, otro aliado de esta investigación— fueron clasificadas por el Water Risk Atlas como de riesgo medio-alto en términos de agua, y otras tres como de “riesgo alto”. Entre estas últimas se encuentran Campo Redondo, en el estado de Rio Grande do Norte; Igaporã, en Bahía; y Caucaia, en Ceará —todas en el noreste de Brasil. TikTok está construyendo un centro de datos en esta última localidad, aunque, según un informe publicado por The Intercept Brasil, es muy probable que dicha obra agrave la sequía que enfrenta la zona.

Esta alianza periodística contactó a Luis Tosse, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC), y le preguntó sobre las críticas relacionadas con el elevado consumo de agua de estos centros en el país. Tosse afirmó que “tenemos agua disponible” y que, por lo tanto, esto no debería considerarse un problema en Brasil. Andrei Gutierrez, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (Abes), agregó: “es lo mismo que decir: ‘oye, no vamos a construir una carretera porque la carretera impermeabiliza el suelo’. ¿Me entiendes? Yo creo que todo es una cuestión de planificación”.

Que siempre esté encendido

Con el crecimiento exponencial de los centros de datos, incluso si cada uno de ellos, individualmente, utiliza menos agua, se necesitará más energía para que un número cada vez mayor de edificios siga funcionando. Y a medida que crece la demanda de electricidad, también se intensifica la presión para construir capacidad de generación utilizando combustibles fósiles. Esto podría retrasar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático y agravar los efectos de este, poniendo en aún mayor riesgo a las zonas con estrés hídrico.

Una mayor capacidad de generación energética es fundamental para el negocio de la inteligencia artificial, ya que la potencia de procesamiento necesaria para resolver sus consultas es mucho mayor y, por lo tanto, consume más energía que otras operaciones digitales. Aunque el consumo energético de la IA es difícil de calcular (pues cada petición que se le hace a esta tecnología depende de varios procesos previos cuyos costos son difíciles de individualizar), la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calculó que una búsqueda tradicional en Google consume 0,3 vatios-hora. En cambio, una consulta a ChatGPT, en promedio, consume 2,9 vatios-hora.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe en el que calculó que los centros de datos consumieron alrededor del 1,5% de toda la electricidad del mundo en 2024. Esto equivale a 415 teravatios-hora. Pero en ese mismo informe —que otros expertos consideran conservador—, la IEA proyectó que esta cifra se duplicará para 2030.

Algunos países destinan una mayor proporción de su suministro total de energía a alimentar centros de datos. El caso más extremo es Irlanda, donde el 21% de su electricidad (producida mayoritariamente mediante la quema de combustibles fósiles) en 2024 se destinó a centros de datos. Esta cifra llevó a las autoridades locales a restringir nuevos centros de datos en los alrededores de la capital, Dublín, por temor a apagones programados. Las empresas del sector han tenido que responder a estos problemas. Meta, una de las principales operadoras de centros de datos del mundo, tiene cinco instalaciones en Irlanda (Data Center Map registra un total de 133 centros de datos en el país). Pero también tiene oficinas allí, desde donde informó que había establecido una alianza con Brookfield Renewable Energy Partners mediante un “acuerdo de suministro a largo plazo de energía eólica 100% renovable para el centro de datos de Clonee y las oficinas de Meta en Irlanda”.

En cualquier caso, es difícil evaluar con exactitud cuánta energía consume este sector, ya que las empresas pueden alegar que esta información es un secreto industrial. Datos de Cushman & Wakefield, una firma inmobiliaria, muestran que en 2023, Estados Unidos y China fueron los países que más electricidad utilizaron para alimentar sus centros de datos, medida en capacidad de megavatios. Estos mismos datos mostraron que tres ciudades latinoamericanas están entre las 50 que más electricidad destinan a sus centros de datos en el mundo, aunque con una capacidad sustancialmente menor que las ciudades de los dos países líderes.

Querétaro aparece en la lista con una capacidad de 150 MW, São Paulo con 122 MW y Santiago con 61 MW. Sin embargo, estas cifras cambian muy rápido y resulta difícil dar datos precisos y actualizados. Por ejemplo, un informe de JLL, una inmobiliaria cercana al negocio de los centros de datos, afirma que São Paulo tenía en 2023 una capacidad de 670 MW en centros de datos ya operativos, con 382 MW adicionales en construcción y otros 388 MW planeados.

Agência Pública solicitó al Ministerio de Minas y Energía de Brasil una lista de todos los centros de datos que han pedido acceso a la red básica de energía del país —la preferida por los grandes proyectos—, junto con información sobre cuánta energía consumen. La respuesta incluyó solo 22 centros de datos. Trece de los 22 solicitantes pidieron confidencialidad, como se los permite la ley del país, sobre sus datos de consumo energético, por lo que dicha información no se entregó. Entre quienes pidieron mantener la reserva se encuentra TikTok, que pidió esa confidencialidad sobre la instalación que está construyendo en Caucaia. Los datos obtenidos por Núcleo a través de Data Center Map muestran que se estima que en Brasil hay alrededor de 170 centros de datos, un número que incluye instalaciones para IA así como otras más antiguas diseñadas únicamente para almacenamiento y procesamiento de datos.

Aunque prácticas secretistas de la industria y datos públicos incompletos impiden obtener una imagen precisa, los expertos coinciden en que los centros de datos crecen en todo el mundo rápidamente y la presión ejercida por algunas de las empresas más ricas del mundo para que los gobiernos amplíen la producción de electricidad es intensa.

En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México anunció que aumentaría en un 50% la capacidad de la red eléctrica de Querétaro, citando la construcción de centros de datos en la región como una de las principales razones para hacerlo. Adicionalmente, la Comisión anunció una nueva planta de energía, El Sauz II, que utiliza gas para generar electricidad, lo cual añade más emisiones de combustibles fósiles al medio ambiente. En una comunicación que envió Ascenty a esta alianza periodística, la compañía asegura que decir que “la instalación de nuevos centros de datos de Querétaro, incluidos aquellos construidos por Ascenty, haya motivado la construcción de una nueva central eléctrica de combustibles fósiles es infundada”.

En entrevista con N+, Arturo Bravo, director general de Ascenty México (una de las compañías que tienen centros de datos en Querétaro), dijo que su compañía costea parte las obras de refuerzo necesarias para cubrir la demanda de electricidad de sus centros de datos, que está en constante diálogo con la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que sus solicitudes de demanda de electricidad siempre están acompañadas de estudios.

Digital Realty, que tiene el 49% de las acciones de Ascenty, en una respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por esta alianza periodística dijo que “la capacidad total en Querétaro es de 8 MW, menos del 0,01% de la capacidad total de la red reportada de México (unos 89 GW en 2023)”.

Aunque algunos nuevos centros de datos prometen usar energías renovables —como el caso de DataTrust en El Salvador, que asegura utilizar energía fotovoltaica, una afirmación imposible de verificar—, la quema de combustibles fósiles ha aumentado debido a la construcción y operación de estos centros.

En Estados Unidos, el rápido desarrollo de centros de datos está impulsando un aumento de la demanda eléctrica que el gobierno de Donald Trump planea satisfacer mediante una mayor quema de combustibles fósiles. Publicado en julio, el “Plan de Acción de la IA” y una orden ejecutiva sobre la “Aceleración del Permiso Federal para Infraestructura de Centros de Datos” buscan eliminar obstáculos regulatorios, incluidas protecciones ambientales.

En su informe ambiental del año pasado, Google admitió que sus emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 48% desde 2019, principalmente debido al “aumento en el consumo de energía de centros de datos y a las emisiones de la cadena de suministro”. En el mismo informe, Google reconoció que “a medida que integramos más la IA en nuestros productos, reducir las emisiones será un reto debido al aumento de la demanda energética por la mayor intensidad del cómputo de IA y las emisiones asociadas a nuestras inversiones previstas en infraestructura tecnológica”, y que su meta de cero emisiones netas para 2030 ahora es “extremadamente ambiciosa”.

Y eso es solo lo que informa Google por cuenta propia. Una investigación de The Guardian publicada el año pasado descubrió que las emisiones de los centros de datos que son propiedad o están bajo la operación de cuatro de las principales empresas tecnológicas del mundo (Google, Microsoft, Meta y Apple) podrían ser un 662% más altas de lo que informan oficialmente.

Sin embargo, al ser consultados, los representantes de asociaciones de centros de datos niegan que la industria esté buscando construir más fuentes de energía fósil. Gutierrez, de Abes, en Brasil, dijo: “no veo a nadie construyendo centros de datos con la intención de fomentar el uso de termoeléctricas, energía a carbón, energía a diésel, que es más cara”. Aunque la matriz eléctrica brasileña es más limpia que la de la mayoría de los países —el 86% de su electricidad proviene de fuentes renovables y el 64% de plantas hidroeléctricas—, el cambio climático ha afectado el régimen de lluvias, por lo que la producción energética mediante termoeléctricas ha aumentado en los últimos años.

En sus respuestas, Digital Realty también dijo que su compañía “ha validado los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, de acuerdo a la ciencia climática”. Y que Digital Realty “se ha comprometido a que sus operaciones europeas sean neutrales climáticamente para 2030, sgún el Pacto por un Centro de Datos Climáticamente Neutral. En 2024, la compañía emparejó el 75% de su huella energética global con electricidad limpia, incluyendo 185 centros de datos emparejados con 100% energías limpias. Digital Realty ha llevado a cabo más de 1,5 GW en contratos de renovables para apoyar nuestros esfuerzos de decarbonización”.

La cantidad de energía que consumen los centros de datos también ha reactivado el debate sobre la energía nuclear. En Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alessandro Silveira, argumentó que, para satisfacer la demanda de los nuevos proyectos, la energía nuclear sería la única alternativa viable y que eso implicaría costosas inversiones por parte del gobierno. En el estado estadounidense de Pensilvania, la planta de energía nuclear de Three Mile Island —escenario del peor accidente nuclear comercial en la historia del país— será reabierta para alimentar los centros de datos de Microsoft.

Y en Argentina, el presidente Javier Milei propuso un plan para aumentar la producción de energía nuclear del país para alimentar nuevos centros de datos, entre otras cosas. La energía nuclear se considera limpia porque no emite gases de carbono, pero es peligrosa en caso de accidentes, sus costos son mucho más altos que otras fuentes de energía, no tiene soluciones para deshacerse del desperdicio nuclear, lo que la hace muy polémica entre especialistas y activistas medioambientales.

Los países que tienen energía limpia en exceso, como Paraguay, también están siendo cortejados por la industria en este nuevo contexto, según informó El Surti, otro aliado de esta investigación. En mayo, el secretario de estado estadounidense Marco Rubio propuso utilizar el excedente energético de Paraguay para alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Paraguay es copropietario, junto con Brasil, de la represa hidroeléctrica de Itaipú y por ahora produce más energía de la que puede consumir, por lo que vende sus excedentes a Brasil y Argentina a precios por debajo del mercado.

La disputa por la energía paraguaya se da en un contexto en el que los habitantes locales han comenzado a cuestionar la expansión de centros de datos dedicados a la criptominería —es decir, aquellos utilizados para “minar” o producir criptomonedas como Bitcoin— en el país. Estas instalaciones generan contaminación sonora grave que afecta a las comunidades vecinas. “Ya hemos sufrido el extractivismo de nuestra electricidad, cediéndola a Brasil y Argentina a precios miserables. Ahora tenemos también criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es solo otro capítulo de esta lógica extractivista que ya conocemos. No cambiará la realidad en Paraguay”, dijo Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Fernando Lugo, a El Surti.

El actual ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por el contrario, considera que el interés de Estados Unidos “nos posiciona de una manera sin precedentes”. Villate declaró a El Surti que el gobierno ha estado trabajando para cerrar acuerdos con empresas de centros de datos.

Que quede en secreto

Los impactos de los centros de datos sobre la disponibilidad de agua y electricidad, así como sobre el cambio climático, son difíciles de calcular, porque la mayoría de los datos no están disponibles. Expertos y activistas señalan que es muy difícil verificar de manera independiente las promesas que hace la industria de los centros de datos sobre limitar su impacto ambiental, debido a lo extendida que está la práctica de ocultar o distorsionar sus informes internos, alegando secreto industrial.

El sector es, sin duda, consciente de sus impactos. Por ejemplo, documentos internos obtenidos a través de la herramienta de acceso público EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) —pertenecientes a una de las principales compañías de centros de datos del mundo, Digital Realty Trust— revelan que un grupo de accionistas había solicitado al Consejo de Administración, antes de su asamblea anual, que “elaborara una política integral que articule el respeto y el compromiso de nuestra empresa con el derecho humano al agua”, la cual “debería alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos e incluir estrategias para minimizar el uso actual y futuro del agua”.

El consejo rechazó la solicitud, argumentando que tres de cada cuatro centros de datos en su portafolio no utilizan agua para refrigeración y Digital Realty, en su respuesta a esta alianza periodística, precisó que “la inmensa mayoría de nuestros accionistas (el 90%) rechazó esta propuesta en la Asamblea General de 2025” y que “el 42% del uso de agua de Digital Realty alrededor del mundo viene de recursos hídricos reciclados, minimizando así el impacto sobre los recursos de agua dulce locales”.

No obstante, el mismo documento disponible en EDGAR muestra que algunas de sus instalaciones aún utilizan recursos locales y podrían afectar a comunidades.

“El secreto es una de las herramientas principales que usa el lobby de los centros de datos”, dijo a esta investigación Max Schultze, director del grupo de expertos europeo Leitmotiv. “He pasado años tratando de desglosar los registros financieros de la industria de los centros de datos”, explicó. “Pero ellos no detallan en qué países pagan impuestos. Ni siquiera desglosan los ingresos por país... Todavía no hemos visto que un proveedor de la nube publique el consumo real de energía o agua, o algo similar, de manera que haya sido verificado por un tercero o que podamos verificarlo de forma independiente”.

La organización de Schultze fue una de las que presionó con éxito al gobierno alemán para promulgar una ley que obliga a los centros de datos a reportar su consumo de agua y energía. Sin embargo, “la mitad de los centros de datos en Alemania simplemente se negó a reportarlo”, señaló. “A todos les están imponiendo una multa de 100 000 euros por no informar, pero no les importan 100 000 euros”.

Tech Policy Press, otro socio de esta investigación, preguntó a varios defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor cuánta información podían obtener sobre los proyectos de centros de datos en Estados Unidos. La mayoría respondió que puede ser muy difícil obtener detalles, especialmente antes de que los proyectos sean aprobados.

Esta asimetría se ve exacerbada por el uso generalizado de acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) firmados entre las compañías de centros de datos y los gobiernos locales. “Es muy difícil, con los acuerdos de confidencialidad, saber qué va a haber en la instalación antes de que se apruebe”, dijo Julie Bolthouse, directora de uso del suelo en el Piedmont Environmental Council, a Tech Policy Press. “No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones generarán, ni cuánta electricidad necesitarán o qué tipo de servicio requerirán”, explicó. “Así que básicamente, recopilamos la información después del hecho”. Los funcionarios locales, que podrían tener acceso a más información con anticipación, a menudo tienen el incentivo de apoyar los proyectos de centros de datos que, sobre el papel, “siempre aparecen como ganadores”, agregó Bolthouse.

Jenna Ruddock, directora de incidencia en Free Press –una organización sin ánimo de lucro estadounidense que ha estado realizando un seguimiento de los esfuerzos para aprobar leyes en materia de transparencia –sostiene que es crucial que las comunidades tengan acceso a más información. “En varias jurisdicciones hemos visto intentos de aprobar leyes significativas de transparencia. Muchas empresas publican datos de manera agregada, lo que dificulta que las comunidades comprendan cuál será el impacto específico. Es importante aprobar esas leyes para que haya más información disponible desde el principio del proceso, antes de que se otorguen los permisos y comience el desarrollo, cuando ya es demasiado tarde para que las comunidades puedan opinar.”

Esta opacidad también permite que la industria de los centros de datos haga promesas sobre la creación de empleo y sobre el retorno de inversión sin ofrecer pruebas ni estar sujeta a supervisión. O, como lo expresó Schultze: los comunicados de prensa de la industria “sirven para convencer a los políticos de que necesitamos digitalizar cada país del mundo y que la única manera de hacerlo es con su infraestructura. Pero nada de eso es verdad.”

Schultze añade: “hicimos un estudio para el gobierno alemán que mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado. En comparación, BASF, una gran empresa química en Alemania, utiliza 200 megavatios y crea 50.000 empleos directos. Lo que la mayoría de los proveedores de la nube afirman es que van a crear millones de empleos indirectos. Ninguna otra industria se sale con la suya con eso”.

Heleniza Campos, experta en planificación urbana y profesora de urbanismo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), en Brasil, ha estado siguiendo la construcción de un centro de datos de hiperescala en Eldorado do Sul —un municipio donde el 90% del territorio se inundó en 2024— y estudiando otros proyectos similares. Ella señala que se están proponiendo nuevos centros de datos en ciudades sin recursos públicos, que “aceptarán cualquier cosa, solo por el dinero”, y subraya la necesidad de transparencia.

“¿Cuál es el costo? ¿Y quién lo va a asumir? ¿Cuáles son los beneficios y los retornos para la sociedad que vive allí? Eso todavía no lo sabemos. (…) Necesitamos entender ese costo y encontrar la manera de gestionarlo sin perjudicar los lugares donde se va a construir [el centro de datos]”, explicó a Agência Pública. “Alguien tiene que regular esto, no aflojar las reglas hasta el punto de poner en riesgo a toda la sociedad”.

Que nunca te falten aliados

Muchos países de América Latina tienen algo que las empresas de centros de datos desean: electricidad barata, regulaciones laxas y una disposición gubernamental a aceptar la promesa de que la carrera por la inteligencia artificial traerá un gran retorno de inversión y generará empleo. Esta investigación encontró que la relación entre las empresas tecnológicas y los gobiernos es compleja e incluso opaca. En algunos casos, gobiernos que buscan con afán la inversión extranjera, quieren atraer a las empresas de centros de datos. En otros, son las empresas que se esfuerzan por convencer a gobiernos y parlamentarios de que les permitan construir más instalaciones.

Chile es un ejemplo de ello. Su gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más entusiastas de la región en atraer a estas empresas y ha puesto en marcha un Plan Nacional de Centros de Datos llamado PDATA. Pero ese apetito viene de años atrás. A pesar de estar en extremos opuestos del espectro político, los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también intentaron fortalecer sus vínculos con las grandes tecnológicas y convertir a Chile en un hub digital.

La propuesta de Chile es sencilla: el país es estable política y económicamente, está comprometido con la inversión en tecnología y facilita las inversiones en el sector, en particular reduciendo la burocracia y flexibilizando el proceso de licenciamiento ambiental. PDATA, lanzado en diciembre pasado, incluye la clarificación normativa para las empresas de centros de datos.

Este paso demuestra tanto el interés del gobierno por atraer a estas compañías como el alto nivel de organización de la industria. Mientras se discutía PDATA, nació una alianza de empresas de centros de datos. Esta alianza, llamada Asociación Chilena de Data Centers, incluye a los principales actores del sector, como Ascenty, EdgeConnex, Equinix, Google, OData, Scala, Nexstream, el medio especializado Data Center Dynamics (DCD) y empresas inmobiliarias. La asociación ha estado manifestándose en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno para regular la inteligencia artificial, argumentando que limita la innovación y contradice el Plan Nacional de Centros de Datos.

Amazon no forma parte de esta alianza, pero lobistas de Amazon y de AWS, por ejemplo, se han reunido al menos 350 veces con funcionarios públicos, según el registro de lobby público de Chile. Según los mismos datos, Aisén Etcheverry, quien fue ministra de Ciencia y Tecnología hasta hace poco, se reunió con ejecutivos de Google, AWS, NVIDIA, Equinix y Meta.

En Brasil, los grupos industriales también han influido en nuevas regulaciones. El año pasado, la discusión de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial fue postergada varias veces debido al lobby del sector. Una de las razones, según fuentes consultadas por Agência Pública e ICL Notícias, aliados de esta investigación, fue que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) se unió al esfuerzo para fomentar la creación de un hub de centros de datos. Este hub “generaría empleo y un ecosistema fértil para la industria brasileña”, afirmó la abogada de la CNI, Christina Aires, en una reunión privada.

En respuesta a esta alianza periodística, la CNI reforzó que “ha estado dialogando con parlamentarios y sectores de la economía impactados” sobre el proyecto que busca regular la IA, pero afirmó que el artículo que trata sobre los centros de datos “no forma parte de las propuestas de la CNI para el proyecto”, ya que el tema “requiere una política estructurada”.

La Confederación también defendió los centros de datos como “una parte esencial de la infraestructura digital”, necesaria “para que Brasil sea competitivo en el mercado mundial de producción de datos a gran escala”.

La CNI afirmó, además, que la “creación [de centros de datos] promete amplios efectos en la empleabilidad y en la educación” y citó como referencia un informe de 2023 realizado a pedido de la Data Center Coalition (DCC), asociación empresarial de centros de datos en Estados Unidos.

La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado en diciembre pasado incentivaba la creación de centros de datos “más sostenibles para sistemas de IA”. El día de la aprobación, había 16 lobistas de las grandes tecnológicas en el plenario del Senado, según Carla Egydio, lobista de medios pequeños. Un reportero de Agência Pública escuchó al relator del proyecto, Eduardo Gomes, expresar en voz alta su malestar por la presión del sector: “De cada 10 pedidos [de la industria], se atienden nueve. (…) Al día siguiente llenan los periódicos [quejándose] de lo que quedó por fuera”.

Consultado por esta alianza, el equipo de prensa del senador Eduardo Gomes dijo que “la actividad parlamentaria se compone de un sinnúmero de reuniones, debates e intensas negociaciones. Y son normales las presiones y contrapresiones de todos los actores involucrados”.

El proyecto de ley se discute ahora en la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la diputada Luísa Canziani, según una fuente interna, y cuyo padre cerró un acuerdo opaco con Google cuando era secretario del Estado de Paraná.

El 27 de junio de 2024, el Consejo Digital, un grupo de lobby que representa a Amazon, Google y Meta, organizó un brunch en Brasilia al que fueron invitados representantes de senadores y partidos de todas las corrientes políticas. “Los participantes analizaron conjuntamente el texto, destacando los avances logrados y posibles modificaciones por concluir”, explicaron.

No solo las empresas buscan a las autoridades; las autoridades también buscan a las empresas. En abril de este año, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, viajó a Silicon Valley para presentar una nueva versión de la Política Nacional de Centros de Datos a representantes de las grandes tecnológicas. Dijo que planea conceder exenciones fiscales a las inversiones y exportaciones del sector de centros de datos. Núcleo informó que, al ser consultado por la sociedad civil para compartir el texto, el gobierno se negó.

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también busca atraer centros de datos y aprobó una reforma legal para ampliar el tipo de actividades que pueden realizar las empresas en las zonas francas exentas de impuestos. Además, el gobierno salvadoreño aprobó nuevas leyes, como la Ley de Fomento a la Innovación, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y la Ley General de Modernización Digital del Estado, que buscan convertir al país en un centro tecnológico. Estas leyes ofrecen beneficios fiscales a los centros de datos, como parte de su estrategia para atraer inversión extranjera.

La inversión directa en El Salvador ha disminuido en los últimos años. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún, dijo que se debe a la inseguridad jurídica provocada por un estado de excepción aparentemente permanente decretado por el gobierno. Sin embargo, algunas empresas sí han llegado. En 2021, Ronald Jiménez, entonces CEO de Codisa —la empresa costarricense que operaba el centro de datos DataTrust en El Salvador hasta que fue comprado por IFX Networks—, dijo en una entrevista que su empresa había llegado al país porque “El Salvador es un imán para la atracción de inversiones”.

En Estados Unidos, la industria también ha recurrido a una asociación para influir en las autoridades, según Tech Policy Press. Fundada en 2019, la Data Center Coalition (DCC) es una asociación empresarial que se autodefine como “la voz de la industria de los centros de datos”. Sus miembros incluyen a Amazon, Google, Microsoft y Meta, así como a operadores de centros de datos y proveedores de servicios de infraestructura relacionados, entre ellos Stack Infrastructure, Digital Realty, Coreweave y Oracle.

En los últimos meses, el presidente de la DCC, Josh Levi, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia sobre la economía de la IA y el consumo energético de los centros de datos, escribió una columna de opinión en un periódico de Ohio proclamando los beneficios económicos de los centros de datos para ese estado, y participó en una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Calvert, Maryland, donde habló, entre otros temas, del potencial de ingresos fiscales locales provenientes de los centros de datos. En Mississippi, Levi dijo a un periódico local que invertir en centros de datos no tiene casi ningún aspecto negativo. “Desde mi punto de vista, no hay desventajas”, declaró al Clarion Ledger de Jackson.

En el estado de Virginia, la DCC formó un grupo llamado Virginia Connects para “educar e involucrar a los virginianos sobre los beneficios que los centros de datos aportan al estado y a sus comunidades locales”. La organización parece haber liderado una campaña de astroturfing (simulación de apoyo ciudadano) a favor de la industria. El año pasado, en medio de la presentación de varios proyectos de ley que podrían haber afectado negativamente a los centros de datos en el estado, Virginia Connects envió “mensajes de texto y volantes promocionando los beneficios de la industria”, según el Prince William Times.

El grupo produjo videos que difundió a través de cuentas en redes sociales como X, Facebook y YouTube. “Los centros de datos de Virginia están ahí para ti”, promete una voz en uno de los videos. “Los centros de datos de Virginia son esenciales para nuestra seguridad nacional y competitividad económica”, dice otro, acompañado de imágenes de aviones de combate, el Kremlin, el líder chino Xi Jinping y el Pentágono. Según el Ads Transparency Center de Google, los videos en YouTube fueron promovidos por una agencia de asuntos públicos con sede en Richmond y, aunque la cuenta de Virginia Connects tiene menos de 200 suscriptores, algunos de los videos han alcanzado millones de visualizaciones.

Que el dinero permanezca en pocas manos

La industria de los centros de datos se ha estado consolidando, con unas pocas grandes empresas comprando participaciones en compañías más pequeñas para ofrecer portafolios más amplios de centros de datos dedicados (es decir, utilizados por un solo cliente) o de colocación (donde múltiples clientes alquilan “espacio”). Pero no solo están adquiriendo empresas tecnológicas menores.

La industria de los centros de datos también funciona, con frecuencia, como un negocio inmobiliario. Alquilan o compran edificios para alojar su gran número de servidores. Por eso, los dos actores más grandes en América Latina son Digital Realty Trust y DigitalBridge, que juntas poseen u operan cientos de centros de datos en la región.

Digital Realty Trust, una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, afirma ser la compañía más grande del mundo en este sector, gestionando 308 centros de datos. En sus últimos estados financieros, de 2024, informan que tienen un portafolio de 36 centros de datos en América Latina: 28 en Brasil, tres en México, tres en Chile y dos en Colombia. Estas cifras incluyen tanto centros operativos como los que están en proyecto.

En ese mismo informe financiero, reportan 3936 empleados en el mundo, pero ninguno en América Latina, y unos ingresos operativos totales de 5.554 millones de dólares, un crecimiento leve frente a 2023, pero de más del 18% desde 2022. Es una empresa que cotiza en bolsa, y sus ganancias netas disponibles para los accionistas comunes, tras gastos operativos, intereses, impuestos y otros costos, fueron de 561 millones de dólares, una disminución frente a los 908 millones que ganaron en 2023, pero cerca al doble su utilidad neta de 2022.

Digital Realty Trust ilustra, en parte, por qué las empresas de centros de datos también funcionan como inversionistas inmobiliarios. En su informe financiero de 2023, la compañía explica que ha optado por ser “tratada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (‘REIT’, por sus siglas en inglés) para fines fiscales federales”, lo que le otorga ciertos beneficios. A diciembre de 2024, Digital Realty Trust poseía unos 5 millones de metros de espacio para alquilar a centros de datos. De ellos, “827.000 metros cuadrados en desarrollo activo y otros 437.000 metros cuadrados para desarrollo futuro”. La empresa también informa que no es propietaria de todos los edificios de su portafolio, sino que alquila muchos de ellos.

En 2018, Digital Realty anunció en su sitio web que había completado la adquisición de una parte de Ascenty, una empresa de centro de datos brasileña, fundada en 2010, que opera estos espacios en Brasil y en otras partes de América Latina. La filial brasileña de Digital Realty, Stellar Participações Ltda, compró junto con Brookfield Infrastructure (una filial de Brookfield Asset Management) un 49% cada uno de las acciones de Ascenty por 1.800 millones de dólares. Chris Torto, el fundador y CEO de Ascenty se quedó con el 2%. Es a través de Ascenty que Digital Realty opera la mayoría de los centros de datos en América Latina, según reporta en sus propios estads financieros.

Esta asociación con Brookfield es indicativa del tipo de dinero que financia la expansión de los centros de datos: en gran medida, proviene de fondos de pensiones. Brookfield, con sede en Canadá, es una de las mayores gestoras de inversiones alternativas del mundo. Según el Center for International Corporate Tax Accountability and Research, “Brookfield gestiona más de 800 000 millones de dólares en activos, gran parte de los cuales provienen de ingresos diferidos de trabajadores a través de fondos de pensiones públicos globales”. En muchos casos, esto significa que el riesgo está ampliamente distribuido. Si la industria de los centros de datos resulta ser una burbuja económica y estalla, los trabajadores de todo el mundo asumirían las pérdidas.

El otro gran actor en el mercado latinoamericano de centros de datos, DigitalBridge, también funciona como una empresa inmobiliaria, en la que muchos jubilados han invertido sus fondos. DigitalBridge es el nombre actual de una empresa anteriormente conocida como Colony Capital. En 2020, una filial de Colony Capital, Digital Colony, compró UOL Diveo y creó Scala Data Centers S.A. en Brasil. Según su sitio web, Scala cuenta con 18 centros de datos en América Latina: 13 en Brasil, tres en Chile, uno en Colombia y uno en México.

Tanto DigitalBridge, que comenzó como una empresa de infraestructura tecnológica, como Colony Capital, que originalmente era una firma inmobiliaria, fueron fundadas por Thomas Barrack (un magnate del sector inmobiliario, amigo cercano de Donald Trump y su actual embajador en Turquía). En 2019, Colony Capital compró DigitalBridge. Barrack fue arrestado en 2021 por cargos federales de lobby ilegal en favor de los Emiratos Árabes Unidos ante Trump, y para ese año Colony Capital ya se había renombrado como DigitalBridge. Al igual que Digital Realty Trust, DigitalBridge es también un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT).

Que no se detenga

Otro actor clave en la expansión de los centros de datos son las compañías eléctricas. El auge de la IA está revirtiendo años de descenso en el consumo energético en Estados Unidos, China y otros países, y las grandes empresas energéticas ven oportunidad de volver a crecer.

Y dado que la cantidad de energía requerida por los centros de datos aumenta mundialmente, que las empresas que suministran esa electricidad tengan participación en estos centros podría representar un conflicto de interés. Las eléctricas podrían beneficiarse de la construcción de nuevas plantas para satisfacer la demanda generada por los mismos centros de datos que posean.

El centro de datos DataTrust en El Salvador, por ejemplo, es propiedad de la empresa IFX Networks, que también tiene centros de datos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. IFX Networks es propiedad de otra empresa, Ufinet, que a su vez fue comprada por el Grupo Enel, pero posteriormente vendida en una operación en la que Enel retuvo una participación del 19,5%. Enel es una multinacional italiana que provee electricidad en muchas ciudades de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá.

Brookfield, que como se mencionó es dueña del 49% of Ascenty —y, por lo tanto, en la mayoría de los centros de datos de América Latina—, también es propietaria de ISAGEN, una antigua empresa eléctrica pública de Colombia, que compró en 2016. ISAGEN opera seis plantas hidroeléctricas en Colombia, un país cuya matriz energética depende en gran parte de la hidroelectricidad. Además, ISAGEN gestiona otras 21 centrales eléctricas en el país.

La actitud global actual hacia los centros de datos es de optimismo generalizado, y lo mismo ocurre en América Latina: empresas y gobiernos parecen querer ser los que construyan más y más rápido. Muestran oídos sordos a las denuncias de habitantes que se quedan sin agua, las preocupaciones de comunidades sufriendo racionamiento de agua o de energía y los riesgos de que las pensiones de trabajadores se estén apostando a la bonanza jalonada por esta fiebre de última moda. O las contrarrestan con promesas, sin cifras precisas, de riqueza y progreso.

Aún está por verse si el auge de la inteligencia artificial se materializará en beneficios concretos para los países que están entregándoles a las empresas de centros de datos una parte de sus preciados recursos. Ya se verá si la prometida bonanza llega o si será otra burbuja económica que nos deje con edificios llenos de servidores sin uso y que más que empleo, produzcan contaminación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Se registraron cortes de luz en medio de la ola polar que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires. Cerca del mediodía, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) indicó que unos 12 mil usuarios se encontraban sin suministro eléctrico y a las 20:00 la cifra fue de 8.000, al tiempo que la mayoría de los perjudicados son clientes de los partidos bonaerenses de La Matanza, Berazategui y Florencio Varela.

De acuerdo a los datos del organismo, un total de 8.275 personas no contaban con suministro eléctrico en la noche de este martes como consecuencia del aumento del consumo por las temperaturas gélidas.

Edesur informó que unos 6.582 usuarios no tuvieron luz y las localidades más afectadas fueron Florencio Varela, Lomas de Zamora, Berazategui y Quilmes.

Por su parte, Edenor señaló que 1.693 consumidores fueron afectados por los cortes, mientras que el barrio de Lomas del Mirador, en La Matanza, contó con casi 398 damnificados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ola polar seguirá hasta el domingo con mínimas que oscilarán los 4 y 7 grados, mientras que las máximas girarán en torno a 9 y 13 grados.

MM con información de la agencia NA.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó un incremento del 1,7% en las tarifas eléctricas que deberán aplicar las distribuidoras Edenor y Edesur a partir del 1 de marzo de 2025, según se desprende de las resoluciones 160/2025 y 162/2025 publicadas en el Boletín Oficial. 

El aumento responde a la actualización de los costos mayoristas de la energía y forma parte del proceso de “corrección de los precios relativos de la economía”, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. En ese marco, se estableció que el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) se incrementará en un 2,5%, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) no sufrirá modificaciones. 

De acuerdo con la Resolución 160/2025, el ENRE aprobó el nuevo cuadro tarifario de Edenor, que deberá aplicar desde el 1 de marzo de 2025. En los considerandos del texto oficial, el organismo indicó que “la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en 1,7 %, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”. 

En el caso de Edesur, la actualización tarifaria quedó establecida en la Resolución 162/2025, con las mismas condiciones y porcentajes de incremento. “Los Precios sin Subsidio que deberán considerarse para identificar el ‘Subsidio Estado Nacional’ en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 30 de abril de 2025, son los detallados en el Anexo III”, detalla el documento. 

Asimismo, el ENRE ratificó que se mantendrán las bonificaciones para los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Energía en resoluciones previas. En ese sentido, las facturas deberán detallar de forma diferenciada los conceptos de “Subsidio Estado Nacional” y “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”. 

Además, el organismo precisó los valores del Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) siendo para Edenor $44.836 y Edesur: $39.310). 

Por otra parte, se establecieron nuevos valores para los costos de la energía en condiciones deficientes. “Los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que deberá aplicar a partir del 1 de marzo de 2025, corresponden al semestre 58 (marzo 2025 - agosto 2025)”, señala la resolución. 

Las empresas distribuidoras tendrán cinco días corridos desde la notificación de las resoluciones para publicar los cuadros tarifarios en al menos dos diarios de circulación masiva en sus respectivas áreas de concesión. 

El rol del Interventor del ENRE

 El organismo encargado de la regulación del sector eléctrico está actualmente bajo la intervención de Osvaldo Ernesto Rolando, ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y con una vasta trayectoria en el sector energético. Asumió el cargo en diciembre de 2024 con el desafío de supervisar la revisión tarifaria y coordinar con empresas distribuidoras y transportistas en el marco de la emergencia energética nacional, prorrogada hasta julio de 2025. 

Rolando trabajó para EDESUR, donde ocupó cargos técnicos y de dirección, además de haber sido presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) entre 2012 y 2015. También se desempeñó como Subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica entre 2015 y 2017.

La actualización tarifaria se da en el marco de la emergencia energética declarada por el Decreto 55/2023, prorrogada por el Decreto 1023/2024, y en un contexto de revisión de los esquemas de subsidios a la energía que lleva adelante el Gobierno nacional. 

Con información de agencias.

IG

El apagón masivo que afectó a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y repercutió en diversos servicios, continuaban este jueves por la noche con un nuevo colapso de energía en algunos barrios de la Ciudad. Pasadas las 23 horas, había más de 56.000 usuarios sin luz.

Con una sensación térmica de 31 grados, cerca de la medianoche del jueves aún se registraban 56.070 usuarios sin luz en la Capital y el conurbano: 47.848 corresponden a Edesur y 8.222 a Edenor.

En Caballito, uno de los barrios más afectados, los vecinos denunciaron que estos problemas se reiteran: “arreglan fases, vienen estos calores y te dejan día y medio sin luz”. En el barrio de Boedo recurrieron al corte de calles y avenidas en horas de la medianoche para reclamar por la falta de suministro. “No puedo vender nada desde ayer a las 18. Todos los veranos pasa lo mismo, ya se viene el verano y hay cortes. Estamos a la espera de que nos den una respuesta. Tuve que tirar mucha mercadería e impacta en costos”, señaló un comerciante afectado por los cortes a C5N. Una vecina de la calle de Donato Álvarez al 700 expresó que en su edificio la luz se cortó ayer a las 17 y fueron gestionando a través de un “bot”: “Fueron postergando el horario en que iba a volver la luz (...) la realidad es que no confiamos porque esto ya nos pasó muchas veces”.

Tras los cortes de luz, se normaliza el servicio de trenes de la línea del ferrocarril Mitre y ya llega a Retiro

Luego de registrar fallas ocasionadas por el apagón masivo de este miércoles, el servicio del tren del ferrocarril Mitre volvió a operar con normalidad y ya puede llegar a la estación Retiro nuevamente. El inconveniente se solucionó pasadas las 8 de la mañana.

Un gran corte de luz afectó este miércoles a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano. Generó importantes inconvenientes en el transporte público y el tránsito, con más de 500.000 usuarios afectados. Según supo Ámbito, las dos líneas de alta tensión afectadas ya fueron reintegradas a la red, aunque aún hay cerca de 44.000 usuarios sin luz

La compañía Edesur informó que “se restituyó el suministro a todos los clientes afectados por la salida de servicio de líneas de alta tensión que se produjo en el día de hoy”. Y si bien reconocieron que aún “quedan fallas puntuales en la red de media y baja”, aseguraron que “están siendo atendidas”. Aún quedan 44.000 usuarios sin luz: 40.655 corresponden a Edesur y 3.304 a Edenor.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) inició este jueves un expediente de oficio para evaluar a la empresa EDESUR por los cortes de luz masivos de este miércoles que afectaron a cientos de miles de usuarios. Según anunció el organismo, podrían aplicarse sanciones.

“En virtud de las afectaciones en el servicio eléctrico acontecidas durante el miércoles 5 de marzo en el área de concesión de la empresa EDESUR, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha resuelto iniciar un expediente de oficio para evaluar las causas, responsabilidades, y, en caso de corresponder, sanciones a aplicar”, anunció el ENRE en un comunicado.

Personal técnico del ente regulador monitoreó tareas de EDESUR y del centro de control del SACME. Como primera medida, solicitó a la empresa los informes técnicos de dos fallas ocurridas este miércoles en líneas de alta tensión Bosques-Hudson y Costanera-Hudson.

Según especificaron desde el ENRE, se investigarán los desenganches de las líneas de alta tensión Bosques-Hudson 1 y 2 de 220 KV ocurrida a las 05:24 hs y de las líneas de alta tensión Costanera- Hudson 1 y 2 de 220 KV de las 12.07 hs Estos cortes dejaron sin servicio a 550.000 y 740.000 usuarios, respectivamente.

Un corte abrupto de la energía afectó este lunes a distintas provincias del norte y centro de país, en una jornada de extremo calor, con temperaturas al borde de los 40 grados. El apagón fue masivo y abarcó principalmente a provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, según reveló el sistema de demanda de electricidad de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). En tanto, en el AMBA se registraba más de 20.000 usuarios sin suministro eléctrico.

El pico de los cortes de luz fue entre las 14 y las 16, en medio de una ola de calor asentada en las zonas geográficas del norte y centro del país, incluso en la Capital Federal. La previsión era que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) superara los 29.653 MW del récord marcado el 1 de febrero del año pasado. El mayor nivel de consumo se alcanzó pasadas las 14:30 con una demanda de 28.584 MW de potencia.  Luego de dicha marca, el sistema se desplomó por fallas en la distribución en provincias del centro y norte del país.

Tanto en el NEA como NOA y la región pampeana el Servicio Meteorológico Nacional lanzó alertas entre naranja y amarilla por las altas temperaturas. Ya al comienzo del año desde el Gobierno advirtieron que el calor podría generar cortes de luez por la presión de la demanda eléctrica sobre el sistema.

Un comunicado de la empresa de energía cordobesa EPEC reveló que el impacto del apagón en distintas provincias llegó a la Casa Rosada. No hubo sin embargo hasta ahora información de porqué se sufrió el masivo corte de luez.

“En el marco de los cortes masivos que se vienen registrando en el norte y centro del país, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba informa que, si bien ya se restituyó el servicio en gran parte de la zona afectada, se viene trabajando de forma conjunta con las autoridades nacionales para determinar el motivo de la falla y devolver el servicio de energía eléctrica en la totalidad del sector que sufrió la restricción”, señaló EPEC en un comunicado oficial.

A su vez, la empresa eléctrica de Catamarca adujo que la falla en el sistema interconectado se debió al extremo calor. “La transportista nacional TRANSNOA S.A. informó que hace minutos, cerca de las 14,44 de hoy, se registró un incidente en el Sistema de Interconectado Nacional por mínima frecuencia. El incidente afectó principalmente a provincias del NOA y NEA de nuestro país. El calor extremo que afecta a gran parte del territorio nacional, que deriva en altos consumos energéticos residenciales, incide directamente en este tipo de incidentes. Se solicita a la población hacer un uso responsable de la energía”, informó Transnoa.

En relación a los usuarios afectados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 12.387 correspondían a Edesur y unos 8.478 a Edenor, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A mediados de enero, en otra ola de calor, los cortes de luz afectaron fundamentalmente el sur de la Capital Federal y del conurbano. Llegó a haber 60.000 usuarios por un incendio en la zona de cables de media tensión en un generador de Parque Avellaneda.

El apagón masivo ocurre casi en paralelo a que el Gobierno dispuso un aumento de las tarifas similar al de enero. Desde el sábado pasado los cuadros tarifarios registraron una suba de 1,5% para la luz. La suba fue dividida entre los usuarios de ingresos bajos y medios (se dispuso un aumento en torno al 2%), a partir de un nuevo ajuste en los subsidios, mientras los usuarios de ingresos altos ya pagan el precio pleno que establece el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a través de la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel González.

Como ya anticipó elDiarioAR, los aumentos buscan no superar el dígito para que no impacte en la inflación. Las tarifas de energía eléctrica aumentaron 268% en promedio durante el 2024, de acuerdo con Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y el Conicet.

C

Más de 60 mil usuarios continúan sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en medio de la ola de calor que azota a gran parte de la región y se espera que recién este fin de semana haya un descenso de la temperatura.

El corte de suministro eléctrico no es nuevo, empezó al inicio de la semana con intermitencias pero en las últimas horas se extiende más en el tiempo.

El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) informó pasadas las 14.30 del este viernes que son 63.840 usuarios de Edesur y 1.039 de Edenor sin luz, como consecuencia de las altas temperaturas que en los últimos días superaron los 33°C y hasta tocaron los 40° de sensación térmica.

Del área perteneciente a Edesur las zonas afectadas son Parque Avellaneda, Mataderos, Villa Crespo, Villa Lugano, Boedo, Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Monserrat, Recoleta, Retiro y San Telmo.

Este escenario provocó decenas de denuncias debido a que los usuarios tuvieron que, por ejemplo, tirar la comida, así como también soportar el calor extremo de esta última semana.

Con la llegada de la lluvia de este viernes por la tarde-noche habrá un marcado descenso de las máximas para este fin de semana.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado la máxima llegará a 28 grados con lluvias. Algo similar sucederá el domingo con 25 grados y también mal tiempo.

MM con información de la agencia NA.

La página del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) reporta esta tarde en su Mapa de Cortes que 36.780 familias se encuentran sin luz en sus hogares, en la ciudad de Buenos Aires. La cifra aumentó respecto del registro de las 20 del miércoles, cuando afectaba a poco más de 33.000 usuarios, y sigue habiendo temor por el impacto de la ola de calor en un sistema eléctrico que no da abasto.

De los 36.780, 32.029 son usuarios de Edesur. Es decir que el 87% de las familias sin suministro pagan la factura a esta empresa mientras que el restante 13 es cliente de la otra distribuidora que opera en la ciudad de Buenos Aires, Edenor.

A minutos de las 8 de la noche de ayer se registraron cortes de luz en distintos barrios de la ciudad, que afectaban a al menos 33.000 usuarios, según datos oficiales del ENRE. Sin suministro figuraban zonas de La Paternal, Villa Crespo, Almagro y Núñez. Las interrupciones están asociadas mayormente con la ola de calor que azota la región y la fragilidad del sistema energético ante condiciones extremas.

Ahora, las zonas más afectadas están ubicadas en los barrios porteños de Recoleta, Retiro, San Nicolás (microcentro), Monserrat, San Telmo, San Cristóbal y La Paternal. La temperatura a las 4.30 de la tarde de este jueves rondaba los 32 grados en la ciudad.

El calor afecta especialmente al centro y norte de la Argentina, y por este motivo la administración de Javier Milei podría recurrir a la importación de electricidad desde Brasil, Bolivia o Paraguay, tal como lo hizo en otras oportunidades.

No se descarta tampoco la compra de gas a Chile y todo ello tienen como principal objetivo evitar un colapso del sistema que provoque cortes de luz por falta de generación.

En este contexto, la Secretaría de Energía exigió a las distribuidoras Edenor y Edesur que aumentaran un 30% la dotación de las cuadrillas que sacaron a la calle y que contaran con generadores distribuidos a gasoil para atender cualquier eventual crisis.

En un hecho que es juzgado como positivo los especialistas señalan que demanda eléctrica de las pymes de la industria durante la primera quincena de enero cayó 183 megavatios (MW) o un 18,3% interanual contra el mismo período de 2024.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había pronosticado para este jueves un pico de demanda de potencia eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de 29.303 MW para las 15 horas, un número que no superaría el récord de 29.653 MW ocurrido el 1 de febrero de 2024 a las 14.48.

El Gobierno confía en que no habrá déficit de oferta de energía y que si se multiplican los cortes de luz con decenas de miles de usuarios afectados, como pasó este miércoles, será por problemas en la redes de distribución de Edesur y Edenor.

El incremento de la demanda energética debido a las altas temperaturas y la posibilidad de cortes de electricidad es un viejo problema de la Argentina que este año se repite. Como se indicó en esta nota, 2025 empezó con una tormenta fuerte, que dejó a 95.500 hogares sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, si bien el servicio de energía eléctrica fue restablecido a las pocas horas, el hecho dejó en evidencia que el sistema de red eléctrica, beneficiado en diciembre por las bajas temperaturas, sigue siendo una bomba que siempre está a punto de explotar.

Las empresas involucradas en la cadena no confían en el plan de contingencia que elaboró el gobierno de Javier Milei para evitar cortes de luz en el verano, y alertan que ya se debería estar trabajando sobre los años que vienen, que tendrán mayor demanda. Según fuentes oficiales, “no se puede hacer magia” con la situación actual pero entre enero y febrero se publicarán dos licitaciones clave para lograr una mejora estructural en el sistema hacia el verano 2026.

El calor no solo afecta a la ciudad de Buenos Aires: en provincias como Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y San Juan, las temperaturas superarán los 40 grados este jueves.

JJD, con información de NA.

Ante el inminente pico de calor que impactará esta semana en buena parte del país, el presidente de Edenor, Edgardo Volosín, advirtió que “no es sólo la cantidad de energía que se consumirá” sino también la forma.

“El problema principal no es solo la cantidad de energía que se consume, sino cómo se consume. El uso de aires acondicionados es uno de los factores más críticos”, afirmó el ejecutivo durante una entrevista radial.

“Este jueves la temperatura alcanzará los 36 grados, lo cual no es el pico más alto que tuvimos históricamente, pero sí pondrá estrés en el sistema eléctrico por diversos factores”, señaló. Ya un documento publicado por CAMMESA advertía sobre la situación que se enfrenta esta semana en materia energética. Allí, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico sostuvo que ola de calor que se pronostica en todo el país desde el miércoles marcará un récord de demanda. En este contexto se prevé la posibilidad de cortes de suministros y se analiza la importación de energía desde Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil,

“Muchas veces en una casa vemos que hay tres o cuatro aparatos prendidos al mismo tiempo, incluso en habitaciones donde no hay personas. Esta simultaneidad genera un impacto muy alto en el sistema”, explicó Volosín.

Precisó que estos aparatos en simultáneo pueden tomar el 25% del consumo eléctrico en momentos de alta demanda.

“Ese 25% usado de manera simultánea tiene un impacto altísimo. Si bien puede parecer un porcentaje relativamente bajo, en el contexto de un sistema que ya está exigido, la simultaneidad lo sobrecarga y produce efectos no deseados”, agregó.

En ejecutivo volvió a cargar las tintas sobre la desinversión en el pasado por la política tarifaria aplicada: “Venimos de décadas de atraso tarifario que generaron una falta de inversión. Esto dejó al sistema en una situación frágil, con el 40% de las instalaciones al final de su vida útil”.

Con relación a lo que viene, Volosín señaló que es habitual que se importe energía de países limítrofes.

“Esto es algo habitual en momentos críticos. Hemos importado energía de Brasil durante muchos años, y en otros casos, también desde Chile, Uruguay y Bolivia. Siempre que las razones sean técnicas, estas operaciones se realizan sin problemas”, señaló

Consultado sobre si la relación diplomática actual con Brasil podría complicar estos intercambios, Volosín minimizó esa posibilidad: “Estas cuestiones se manejan de manera técnica, no política. Nunca hemos tenido inconvenientes con Brasil por razones que no fueran estrictamente técnicas”.

El presidente de Edenor dijo que “la Secretaría de Energía está trabajando en un análisis para definir con mayor precisión qué usuarios deben ser subsidiados. Esto incluye poner un tope al consumo subsidiado para sectores medios y ajustar los requisitos para acceder a la tarifa social”, explicó.

 “Lógicamente, con los aumentos en las tarifas, uno esperaría que los usuarios sean más cuidadosos con el consumo de energía, pero no estamos viendo eso en la práctica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha convertido en una necesidad para muchas personas, incluso en contextos donde antes ni se consideraba”, ejemplificó Volosín.

Una crisis energética anunciada

Durante este fin de semana, en una nota de Natalí Risso publicada en elDiarioAR, fuentes del sector energético alertaban sobre la urgente de necesidad de que se tomen decisiones para ampliar la capacidad productiva de electricidad para industrias y hogares.

Las tarifas de energía eléctrica aumentaron 268% en promedio durante el 2024, de acuerdo con Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y el Conicet. Tras este “sinceramiento tarifario”, para 2025 la prioridad del gobierno de Javier Milei es mantener un bajo nivel de inflación. por estos días, Energía convoca audiencias públicas para definir los aumentos, pero fuentes oficiales confiaron a elDiarioAR que apuntan a que los mismos no superen por más de un dígito la inflación de cada mes. 

Un verano complicado

Así lo definió Daniel González durante su primera aparición pública como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación en el aniversario número 110 de la petrolera Shell a principios de septiembre. Es que Cammesa —la empresa encargada de planificar las necesidades de capacidad de energía y operar el mercado eléctrico— había proyectado que la demanda del verano podría alcanzar un pico 30.000MW en el país, por encima de los 29.000MW récord al que se había llegado en febrero de 2024.

Al mes de esa aparición, en octubre, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 294/2024, un “Plan de contingencia y previsión para meses críticos del periodo 2024/2026”, con medidas específicas para el corto, mediano y largo plazo en los tres eslabones del mercado.

Para las generadoras, el Gobierno dispuso incentivos económicos a aquellas que cuentan con máquinas antiguas (algunas tienen más de 60 años) que normalmente no son utilizadas, para que las pongan en uso y les hagan un mantenimiento. Con esto, consiguieron tener disponibles 380 MW para momentos críticos. 

También tienen en cuenta la importación de energía de países limítrofes como Brasil o Paraguay en momentos de alta demanda. En este sentido, los últimos dos meses de lluvias en Brasil, que genera el 70% de su energía a partir de centrales hidroeléctricas, y la mejora del caudal del río Paraná que afecta positivamente a la generación de la entidad binacional Yacyretá, generan un alivio para la Argentina, que podría contar con disponibilidad para importar energía en el caso de que la necesite.

Por el lado del transporte, establecieron un programa de promoción de inversiones en ampliación de infraestructura de transmisión; el uso preventivo de transformadores de reserva en nodos críticos para evitar sobrecargas; y la aceleración de obras en redes de alta tensión.

Para la distribución, elaboraron un programas de atención de contingencias para evitar fallos mayores en áreas concesionadas, y la declaración y uso de generadores móviles en redes distribuidoras para períodos de alta demanda.

Además, abrieron un registro para que las grandes industrias, calificadas como grandes usuarios mayoristas (GUMA), se anoten de manera voluntaria para disminuir como mínimo un 10% de su demanda en momentos de máxima tensión del sistema, a cambio de un incentivo económico. Según fuentes oficiales, el registro se actualiza semanalmente y algunas de las que se fueron anotando son Aluar, Acindar y Tenaris, entre otras.

Lo que viene no es mejor, salvo que se tomen decisiones

“Todo el mundo está muy enfocado en este verano, pero el problema se agrava para los que vienen”, alerta una fuente del sector. El crecimiento vegetativo sumado a una economía en recuperación, generará un aumento de al menos 5% de la demanda de energía para el año que viene. 

En diálogo con este diario, fuentes oficiales aseguraron que entre enero y febrero saldrán dos licitaciones: de baterías para almacenamiento de energía eléctrica, y de construcción de una nueva planta de generación térmica. 

“Pero vamos a tener el mismo problema”, continúan desde el sector privado, “porque para instalar una máquina nueva necesitas entre 30 y 36 meses, o mismo las baterías que pretenden licitar para almacenar energía y tener reserva para las horas pico, que tienen unos diez meses de instalación. Si no se toman decisiones ahora el problema va a ser cada vez peor año a año”.

El 2025 empezó con una tormenta fuerte y 95.500 hogares sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sandra estaba pasando año nuevo con su familia en Recoleta —foco de los cortes—, pero es vecina de La Boca desde hace veinte años. Dice en chiste que tiene un máster en cortes de luz, pero parece que sí, que tiene un máster: habla de fusibles, de monofásicas, de cómo se da cuenta si el corte fue porque “levantaron la palanquita desde Edesur”, de las cuadrillas, del ENRE, otra vez de Edesur. “Aprendí por hablar con otros vecinos y por la experiencia, como la vida. No tener luz, más allá del entretenimiento, te descuajeringa la vida en lo laboral y en la diaria y además es sumamente injusto. Sobre todo con lo que aumentó la boleta este año”, cuenta a elDiarioAR.

Las tarifas de energía eléctrica aumentaron 268% en promedio durante el 2024, de acuerdo con Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y el Conicet. Tras este “sinceramiento tarifario”, para 2025 la prioridad del gobierno de Javier Milei es mantener un bajo nivel de inflación. En las próximas semanas Energía convocará audiencias públicas para definir los aumentos, pero fuentes oficiales confiaron a elDiarioAR que apuntan a que los mismos no superen por más de un dígito la inflación de cada mes. 

Si bien el servicio de energía eléctrica fue restablecido a las pocas horas —el viernes quedaban solo 8770 hogares sin suministro—, el hecho dejó en evidencia que el sistema de red eléctrica, beneficiado en diciembre por las bajas temperaturas, es una bomba que siempre está a punto de explotar. Las empresas involucradas en la cadena no confían en el plan de contingencia que elaboró el Gobierno para evitar cortes de luz en el verano, y alertan que ya se debería estar trabajando sobre los años que vienen, que tendrán mayor demanda. Según fuentes oficiales, “no se puede hacer magia” con la situación actual pero entre enero y febrero se publicarán dos licitaciones clave para lograr una mejora estructural en el sistema hacia el verano 2026.

Un objeto volador

El corte masivo del primer día del año duró poco más de una hora. Desde Edesur, responsable del 89% de los usuarios afectados (85.125), aseguraron a este diario que el desperfecto fue por un problema de generación en una de las plantas de la generadora de energía Central Puerto; y otros cortes en el Gran Buenos Aires por el viento de la tormenta. 

“Hubo un desprendimiento de un elemento suelto, que puede ser una planta, o una rama, que voló y pegó en un aislador de una de las estaciones transformadoras de Central Puerto, produciendo la salida del servicio de las mismas”, contaron a elDiarioAR desde la empresa que tiene la capacidad de generar más de 1.700 de los 12.000 MW que el AMBA demanda en días pico.  

La “ventaja” que tuvo esta falla es que pasó un día feriado y con una temperatura moderada, en el que no había demanda muy alta. Entonces toda la potencia instalada para alimentar CABA no estaba despachada y se pudo solucionar “relativamente rápido”, agregaron desde el sector.

Un verano complicado

Así lo definió Daniel González durante su primera aparición pública como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación en el aniversario número 110 de la petrolera Shell a principios de septiembre. Es que Cammesa —la empresa encargada de planificar las necesidades de capacidad de energía y operar el mercado eléctrico— había proyectado que la demanda del verano podría alcanzar un pico 30.000MW en el país, por encima de los 29.000MW récord al que se había llegado en febrero de 2024.

Al mes de esa aparición, en octubre, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 294/2024, un “Plan de contingencia y previsión para meses críticos del periodo 2024/2026”, con medidas específicas para el corto, mediano y largo plazo en los tres eslabones del mercado.

Para las generadoras, el Gobierno dispuso incentivos económicos a aquellas que cuentan con máquinas antiguas (algunas tienen más de 60 años) que normalmente no son utilizadas, para que las pongan en uso y les hagan un mantenimiento. Con esto, consiguieron tener disponibles 380 MW para momentos críticos. 

También tienen en cuenta la importación de energía de países limítrofes como Brasil o Paraguay en momentos de alta demanda. En este sentido, los últimos dos meses de lluvias en Brasil, que genera el 70% de su energía a partir de centrales hidroeléctricas, y la mejora del caudal del río Paraná que afecta positivamente a la generación de la entidad binacional Yacyretá, generan un alivio para la Argentina, que podría contar con disponibilidad para importar energía en el caso de que la necesite.

Por el lado del transporte, establecieron un programa de promoción de inversiones en ampliación de infraestructura de transmisión; el uso preventivo de transformadores de reserva en nodos críticos para evitar sobrecargas; y la aceleración de obras en redes de alta tensión.

Para la distribución, elaboraron un programas de atención de contingencias para evitar fallos mayores en áreas concesionadas, y la declaración y uso de generadores móviles en redes distribuidoras para períodos de alta demanda.

Además, abrieron un registro para que las grandes industrias, calificadas como grandes usuarios mayoristas (GUMA), se anoten de manera voluntaria para disminuir como mínimo un 10% de su demanda en momentos de máxima tensión del sistema, a cambio de un incentivo económico. Según fuentes oficiales, el registro se actualiza semanalmente y algunas de las que se fueron anotando son Aluar, Acindar y Tenaris, entre otras.

“Hasta ahora, el clima acompaña”, repiten como un mantra todos los involucrados en el abastecimiento de energía, que aseguran que el problema grande es cuando hacen temperaturas por encima de los 30 grados durante más de cuatro días seguidos. Situación que no se pronostica para enero, ni febrero. Los ojos están puestos en marzo que, a las altas temperaturas, se le suma el regreso de la gente de las vacaciones y el comienzo de la actividad en general.

“Magia no vamos a hacer y es imposible garantizar que no se corte la luz”, admiten desde los despachos oficiales, “pero sí se pueden mitigar cortes y, sobre todo, encontrar soluciones en respuestas más rápidas tras décadas de falta inversión y un enamoramiento del congelamiento tarifario que duró más de veinte años”.

Lo que viene no es mejor, salvo que se tomen decisiones

“Todo el mundo está muy enfocado en este verano, pero el problema se agrava para los que vienen”, alerta una fuente del sector. El crecimiento vegetativo sumado a una economía en recuperación, generará un aumento de al menos 5% de la demanda de energía para el año que viene. 

En diálogo con este diario, fuentes oficiales aseguraron que entre enero y febrero saldrán dos licitaciones: de baterías para almacenamiento de energía eléctrica, y de construcción de una nueva planta de generación térmica. 

“Pero vamos a tener el mismo problema”, continúan desde el sector privado, “porque para instalar una máquina nueva necesitas entre 30 y 36 meses, o mismo las baterías que pretenden licitar para almacenar energía y tener reserva para las horas pico, que tienen unos diez meses de instalación. Si no se toman decisiones ahora el problema va a ser cada vez peor año a año”.

NR/JJD

Este miércoles por la tarde, casi 50 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecían sin suministro eléctrico, según datos proporcionados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Los cortes se produjeron tras un apagón generalizado que afectó a diversas zonas de la región.

En la ciudad de Buenos Aires, Edesur reportó interrupciones en los barrios de Almagro, Balvanera, Recoleta y San Nicolás, donde se registraron problemas en la red de media tensión. En la provincia de Buenos Aires, los municipios más afectados fueron Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Por su parte, Edenor informó sobre fallas en el barrio porteño de Colegiales, mientras que Belgrano y Palermo presentaron cortes de baja tensión. En el conurbano bonaerense, las localidades afectadas incluyeron Escobar, General Rodríguez, La Matanza, Merlo, Moreno y San Fernando.

En un comunicado emitido inicialmente, Edesur explicó que la interrupción en el suministro en Recoleta se debió a problemas en la generación de energía, que impactaron las subestaciones Azcuénaga y Paraná. Sin embargo, horas después, la empresa confirmó que estas subestaciones habían sido recuperadas y que el servicio se había normalizado en esa área. En un primer momento, el apagón había alcanzado a casi 100 mil usuarios en toda la región.

Según el gráfico de evolución de cortes del ENRE, a las 17:35 se registró un apagón generalizado en el AMBA, con un pico de 85.150 usuarios afectados por Edesur y otros 10.450 por Edenor a las 18:30.

Las interrupciones coincidieron con intensas precipitaciones y caída de granizo en distintos puntos del Gran Buenos Aires, aunque las distribuidoras aún no han emitido explicaciones oficiales sobre la relación entre estas condiciones climáticas y las fallas en el suministro.

DM

La ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, advirtió en las últimas horas que los cortes de energía programados que anunció el Gobierno ya habían sido advertidos, y que si no se hizo algo para evitarlo fue porque se dio de baja una licitación para adquirir mayor generación.

“La situación estaba advertida y es crítica”, dijo Royón, quien ocupó la secretaría de Energía durante la administración de Sergio Massa como ministro de Economía y en la primera parte de la presidencia de Javier Milei, hasta el 9 de febrero.

“Cada mes que se pierde es tiempo perdido”, dijo la exfuncionaria y explicó que estas plantas para generar energía “no se construyen de un día para el otro. Hay que tomar medidas paliativas, hay alternativas”.

Royón, en declaraciones radiales, apuntó a que esta situación “la previmos y por eso quisimos hacer una licitación” para lograr mayor generación térmica. “Se estudió el sistema, se analizaron los nodos críticos, pero la licitación se dio de baja en septiembre porque la nueva administración entiende que tenía involucrados contratos a largo plazo y quieren modificar el sistema; y no presentaron un plan alternativo”.

Por último, Royón también informó que los problemas energéticos podrían extenderse hasta el verano del 2026.

Qué dice el Gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025. “Va a haber una programación, está analizándose”, admitió.

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, especificó Francos. 

Para el funcionario, “es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema”, detalló, al tiempo que defendió los aumentos de tarifas como medida para “sincerar” los valores y evitar que el Estado se haga cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidios. 

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, remarcó, y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque si no debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental”. 

Los dichos de Francos van en sintonía con el anticipo del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien planteó que el próximo verano “va a ser complicado”. 

“Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado”, sostuvo, al tiempo que identificó que el problema energético estará en la generación que, según aclaró, “va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica”.

Por su parte, el secretario anunció la puesta en pie de un comité que “está trabajando en medidas de mitigación”, al tiempo que aclaró que esas soluciones deben ser “del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo”.

Con información de NA.

IG

Casi 100 mil usuarios se encontraban sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como consecuencia del temporal que azotó la zona en las primeras horas del martes.

Los más afectados son los que reciben el servicio a través de la empresa Edesur, ya que hay 86.236 sin suministro, mientras que Edenor tiene 13.162 afectados.

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaron cuáles son las jurisdicciones que no tenían energía minutos antes del mediodía.

Los usuarios de Edenor que están sin luz son de los barrios porteños de Belgrano, Palermo y Colegiales y de las localidades bonaerenses de La Matanza, Escobar, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, Merlo, San Fernando y Tigre.

Respecto a la situación con Edesur, una vez más es la empresa más complicada en torno a la falta de suministro y los barrios afectados son Boedo, Flores, Floresta, Mataderos, Monserrat, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Parque Patricios y San Cristóbal.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires son Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y San Vicente.

Hasta el momento, ninguna de las empresas dio información respecto a la situación y cuándo podría regresar el suministro a los hogares.

CRM con información de la agencia NA

Más de 42.000 usuarios de Edesur y casi 17.000 de Edenor se encontraban sin energía eléctrica hoy en sus hogares en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la alta demanda generada por las temperaturas extremas del calor que afecta a todo el país.

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informadas en la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 15.05 unos 42.015 clientes de Edesur permanecían sin suministro eléctrico y 16.895 de Edenor.

Las localidades bonaerenses afectadas en el área de Edesur fueron Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, donde los cortes de luz comenzaron anoche.

También en la Ciudad de Buenos Aires se encontraban sin suministro eléctrico hogares y comercios de los barrios de Boedo, Constitución, Caballito, Flores, Floresta, Mataderos, San Cristóbal, San Telmo, San Monte Castro, Recoleta, Villa del Parque, Villa Lugano, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa Soldati.

En tanto, las zonas de concesión de Edenor afectadas por la falta de suministro al mediodía eran las localidades bonaerenses 3 de Febrero, Escobar, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios afectados eran los de Agronomía, Belgrano y Colegiales, Chacarita, Palermo, Villa Ortuzar .

Para las 15, la demanda de energía alcanzaba los 29.518 MW, según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y superó el récord de 29.105 registrado el 13 de marzo de 2023.

MM

Con información de la agencia Télam.

Más de 150.000 usuarios de Edenor y 30.000 de Edesur continuaban hoy sin energía eléctrica este mediodía debido a las consecuencias del temporal que afectó el domingo a la madrugada la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informados en la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pasadas las 11.50 había 151.582 clientes de Edenor sin suministro eléctrico y 34.050 de Edesur.

Las localidades bonaerenses más afectadas en el área de Edenor son Escobar, General Rodríguez, José C Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, San Miguel, Pilar y Tigre.

También había vecinos sin servicio en los municipios de General Las Heras, General San Martín, Ituzaingó, La Matanza, Marcos Paz y San Fernando.

En tanto, las zonas de concesión de Edesur más afectadas por la falta de suministro al mediodía eran las localidades bonaerenses Avellaneda, Berazategui, Lomas de Zamora y Cañuelas.

Asimismo, estaban con interrupción de suministro Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios afectados eran los de Monserrat, San Telmo y Nueva Pompeya.

MM

Información de Agencia Télam

Seis provincias del norte del país quedaron sin suministro eléctrico esta noche, hacia las 20.30, por la salida de servicio de la línea de alta tensión de 500 Kw, y el suministro fue restablecido unas tres horas después, se informó hoy.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja, Edelar, publicó esta noche en su cuenta de la red X sobre una “falla en el sistema extra alta tensión 500 Kv Recreo-Malvinas, generando un corte total para todo el norte argentino”.

Las provincias afectadas por el corte a las 20.39 fueron Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y La Rioja. “Se están realizando maniobras de normalización”, agregó la distribuidora provincial.

La distribuidora de energía de Salta, Edesa, por su parte, informó que el corte en la provincia se debió a una falla en el Sistema de Transporte de Alta Tensión de la transportadora de energía eléctrica Transener. “Se informa que salió de servicio la Línea de Alta Tensión de 500 kV Monte Quemado, dejando al NOA sin suministro”, sostuvo Edesa en un post de la red X.

Tres horas después, Edesa informó el inicio del restablecimiento del servicio “a través de la normalización de las Estaciones Transformadoras que están en Contingencia”.

Con anterioridad ocurrieron dos colapsos de tensión en la región NEA (a las 12 y 14 aproximadamente) que provocaron la desconexión de generación y de demanda a gran escala en la región NOA y NEA, afectando el suministro eléctrico de Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago y Tucumán, precisó a su vez un comunicado del grupo DESA, que posee la concesión de Edesa.

Superado el colapso, el centro de control regional dio instrucciones a las distribuidoras de ir restituyendo el servicio de manera paulatina. A las 15.42 hs se recuperaron el 90% de los cortes, abundó DESA.

En el AMBA

Más de 110.000 usuarios de Edesur y más de 70.000 clientes de Edenor, por otro lado, seguían sin energía eléctrica esta noche debido a las consecuencias del temporal que afectó esta madrugada a la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informados en la página oficial del ENRE, pasadas las 22 había 113.280 clientes de Edesur sin suministro eléctrico y 70.428 de Edenor.

Las zonas de concesión de Edesur más afectadas por la falta de suministro a las 22.30 eran las localidades bonaerenses de Adrogué, Longchamps, Rafael Calzada, Sarandí, Villa Domínico, Berazategui y Cañuelas. Asimismo, estaban con interrupción de suministro Monte Grande, Florencia Varela y Remedios de Escalada, Lavallol, Temperley y Alejandro Korn, entre otras.

En la Ciudad de Buenos Aires, los más efectados eran los clientes de Edesur en los barrios de Recoleta, Montserrat y San Telmo. A las 22.45 había 70.428 clientes de la distribuidora de energía Edenor si suministro eléctrico debido a las consecuencias del temporal.

Las localidades bonaerenses más afectadas en el área de Edenor eran Tres de Febrero, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Malvinas Argentinas, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y San Miguel.

MB

A la futura canciller, Diana Mondino, le gusta hablar de todo y se mete en terrenos que exceden su rol en las relaciones exteriores. Lo demostró el pasado jueves en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuando advirtió a los empresarios que debían comprarse generadores eléctricos propios para sobrellevar cortes de luz el próximo verano. Tres días antes, uno de los dueños de Edenor, José Luis Manzano, reconoció el riesgo de apagones si se cumple la amenaza de que la crisis climática, que Javier Milei por ahora niega, traiga un infierno de calor en la temporada estival: “Con Edenor, disponemos de una red buena para unos 42 grados de temperatura. Pero el calentamiento está y si tenemos un fin de año de 45 grados, vamos a sufrir. La red, sin adecuarse al presente, no sólo no es inteligente: es boba”. El problema es que Edesur ha invertido menos que Edenor.

Un consultor en energía que prefiere el anonimato considera una imprudencia la declaración de Mondino. “Si hay un pico de calor, hay que ver si el sistema aguanta. Además la ola de calor puede traer incendios, como el que quemó una torre de alta tensión en marzo pasado y provocó un apagón en medio país. Pero hay una buena noticia: por las crecidas de los ríos, las centrales eléctricas, que son las que generan más económicamente, están con agua. La generación en general está bien. Hay un problema sí con la demora en la reversión del gasoducto que trae gas de Bolivia y necesita traerlo desde Vaca Muerta porque las centrales térmicas del Noroeste necesitan gas porque apenas pueden funcionar con combustibles líquidos. Necesitamos que haya mucha coordinación en la nueva Secretaría de Energía”, se refiere a la dependencia que conducirá Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado experto en privatizaciones que fue consultor energético del gobierno de Carlos Menem en la desregulación eléctrica que planeó Carlos Bastos y después se fue vivir dos décadas en España, de donde ahora regresa.

Jorge Lapeña, exsecretario de Energía en el gobierno de Raúl Alfonsín y actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, también lamenta que sea Mondino quien hable del asunto y espera que Rodríguez Chirillo exponga su plan. De todos modos, advierte que la Argentina padece desde hace dos décadas, es decir desde el kirchnerismo e incluso el gobierno de Mauricio Macri, falta de inversión suficiente en generación, transporte y distribución eléctricas, por lo que la amenaza del apagón es real. “Milei va a tener que hacer un discurso energético menos errático. En el primer debate presidencial mostró su real pensamiento, negó el cambio climático. Por tanto, si no cree que es el hombre el que lo provoca, entonces no cree en la necesidad de transición energética. (Joe) Biden lo saludó y dijo que espera trabajar en conjunto sobre cambio climático. Es necesario un mensaje de que vamos cumplir los compromisos del Acuerdo de París (de lucha contra el calentamiento global). Si Milei porque no quiere cumplir ese compromiso, me parece que la Argentina va a tener problemas con impacto económico. Si se asume como negacionista, no habrá energías renovables ni protegerá los bosques. Si no lo niega, deberá mostrar un plan de energía solar, eólica, nuclear, de hidrógeno verde.” 

“Milei dijo que quiere privatizar YPF y me preocupa porque es la columna vertebral del sistema energético argentino, abastece el 60% del combustible líquido, es casi un monopolio, si la privatiza debe ponerle encima a (la Comisión Nacional de) Defensa de la Competencia, o dividirla”, opina Lapeña. “Debería encargar una auditoria sobre el juicio de (Nueva York Loretta) Preska (por el que el Estado debe pagar US$16.000 millones por la nacionalización del 51% de YPF en 2012), sobre los errores de (Axel) Kicillof (entonces viceministro de Economía, encargado de la reestatización) por quedarse con una empresa que valía US$5.000 millones. Pero no deberíamos vender el 51% porque YPF tiene mucho para hacer en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Argentina, es una empresa con ganancias, con un objetivo especial. La empresa no debe ser más vista como coto de caza para dar sueldos a militantes K. Con su nuevo presidente, Horacio Marín, puede haber conflicto de interés porque viene de Tecpetrol (la petrolera del grupo Techint), pero es un ingeniero reputado”, concluye el presidente del Mosconi. Hay quienes se preguntan quién querrán comprar una YPF sobre la que también pende una demanda en EE UU por ahora infructuosa por la nacionalización.

“Si Rodríguez Chirillo quiere volver a la política de los 90, sería objetable porque en ese periodo se paralizaron las exploraciones petroleras, la construcción de centrales hidroeléctricas, en muchos aspectos fue ir para atrás respecto de lo hecho entre los años 60 y 80”, advierte Lapeña. “Ni hablar de lo que hicimos en el siglo XXI. De los 90 tampoco digo tirar todo por la borda. No soy optimista en energía porque leí los programas de gobierno de las tres fuerzas y tenían una liviandad de alumno de cuarto grado.”

Lapeña anticipa aumentos de tarifas. “Si la inflación es 150%, hay que esperar aumentos del 150%. El congelamiento solo puede andar en sistemas sin inflación. Lo que hay que ver es si los aumentos son graduales o de shock, pero hay que corregir las tarifas.”

El vicepresidente del Mosconi, Gabriel Rabinovich, empieza negando que vaya a participar del equipo de Rodríguez Chirillo, como se especuló. Luego advierte: “Como todos los veranos, puede haber problemas de cortes localizados y habrá que atenderlos pero no veo amenaza de apagones”. Rabinovich escuchó este año a Rodríguez Chirillo exponiendo ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), en la comisión de energía que dirige Raúl Parisi -otro que sonó para el nuevo equipo pero tampoco se sumará-. Allí, el futuro secretario abogó por subir las tarifas y por las energías renovables, influido por sus 20 años de experiencia como consultor en España. Sostuvo que buscará solucionar los déficits energéticos con un sector privado que haga todo lo que pueda. Planteó volver a la desregulación de los años 90. Aún se desconoce su equipo, su capacidad para liderar una crisis como la actual, sus planes para atender cortes en verano o la reversión del gasoducto del Norte.

“Puede haber cortes por dos razones: por falta de generación o por fallas en la red de distribución”, alerta Emilio Apud, exsecretario de Energía en el gobierno de Fernando de la Rúa y exdirector de YPF en la era Mauricio Macri. “Pero este verano la generación no traería mayores problemas porque se hicieron algunas recuperaciones de máquinas porque casi el 20% del parque estaba fuera de servicio. Además, habrá buena hidraulicidad. En cambio, en la distribución sigue invirtiéndose por debajo de lo que se aconseja. Así que las redes están más endebles que el año pasado y es probable que haya más cortes, sobre todo en hogares, comercios y pymes donde haya fallas. Con las grandes empresas se puede llegar a planificar. Pero hay que rezar para que no haga mucho calor, pero será inevitables los cortes, no por culpa de las empresas porque las tarifas y los subsidios son insuficientes y se desinvierte sistemáticamente”, advierte Apud, otro de los nombres que sonaba para el equipo de Rodríguez Chirillo, pero tampoco recibió ofertas. Trabajó como asesor de la campaña de Patricia Bullrich.

El plan energético de Rodríguez Chirillo se parece al que había trazado Apud. Sólo se diferencian, por ejemplo, en que el futuro secretario quiere sostener por un tiempo Enarsa y no desarmarla de inmediato. En una primera etapa, esta empresa estatal se haría cargo de responsabilidades que adoptó la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), de capital público y privado, que durante el kirchnerismo se ocupó de importar combustible para las centrales eléctricas, de gestionar deudas de eléctricas provinciales o de canalizar subsidios. Sólo después se privatizaría Enarsa. Tampoco se vendería de inmediato YPF. Tanto el plan de Rodríguez Chirillo como el de Apud buscan orientar a la petrolera estatal hacia la exportación, volver a desregular el mercado de combustibles, electricidad y gas como en los 90, quitar toda intervención estatal, incentivar la inversión privada en transporte de alta tensión para permitir nuevos proyectos en energías renovables y elevar las tarifas, quizá no con un shock, por el impacto en el poder adquisitivo de las clases media y baja, pero sí a lo largo de tres o seis meses, según fuentes al tanto del programa del futuro secretario.

AR/JJD

Diana Mondino es una de los dos futuros ministros de Javier Milei que asisten este jueves a la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se celebra en el Centro de Convenciones porteño. Pero la próxima canciller, economista de formación, no se privó de hablar de ningún tema antes de entrar, con la prensa, y adentro del salón, cuando expuso ante los empresarios manufactureros.

“Si el Congreso no nos aprueba las leyes, vamos a sacar todo por decreto, como hizo Alberto Fernández”, advirtió Mondino sobre los proyectos de reformas del Estado, privatizaciones, promociones de inversiones, presupuesto 2024, la derogación de 500 leyes que revisó Federico Sturzenegger, entre otros del paquete que enviará Milei al Legislativo apenas asuma el poder el 10 de diciembre. Primera falacia: que Fernández haya recurrido mucho a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). “Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario, se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar”, continuó en la Conferencia Industrial Argentina. Aclaró que los DNU “no es lo que corresponde” y que se recurrirá a ellos “sólo si es urgente y necesario”.

Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo

Diana Mondino — Futura canciller ante los empresarios de la UIA

“Nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil”, alertó Mondino. En su alocución ante los industriales, les dijo que ni la inflación ni la falta de productos importados serán problemas para ellos sino que su principal desafío será cambiar su producción o les resultará “muy difícil”. Los llamó a exportar más o a comenzar a hacerlo, según el caso, y a importar para producir localmente.

 “El control de precios genera distorsiones, nunca funcionó”, aseguró y ratificó la idea de Milei de terminar con la Secretaría de Comercio y el programa Precios Justos, lo que elevará 40% promedio los valores en las cadenas de supermercados. A ese porcentaje habrá que agregarle el impacto de la suba del dólar oficial, de $368 actual. Entre los industriales se especula con que llegaría al nivel del dólar exportador de hoy, que es de $609. Mondino prometió: “La apertura del cepo será lo más rápido que se pueda porque es destructivo, impide ahorrar, impide hacer transacciones normales. Los dólares son de los exportadores y no del gobierno. El mercado definirá el tipo de cambio”.

Graduada y doctorada en la Universidad de Córdoba, aclaró que el tope en el salto de los precios será puesto por el mercado: “La gente no va a comprar algo a un precio disparatado”. “Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo”, soltó Mondino a los empresarios. Y les adelantó que “las licencias no automáticas van a desaparecer”, lo que representa para ellos en parte una buena noticia porque podrán acceder a insumos importados con más facilidad, pero en parte es malo porque no habrá protección frente a la competencia extranjera.

En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo

Diana Mondino — Futura canciller ante empresarios de la UIA

La economista y profesora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema) les advirtió a los empresarios sobre cortes de luz en un verano que se anticipa muy caluroso, con una infraestructura eléctrica deficitaria: “En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo. Hagan algo porque con lo que hay no alcanza”. Y aprovechó para criticar la inversión estatal en energía: “¿Por qué el caño lo pagamos los 47 millones de argentinos?”, se refirió al gasoducto Néstor Kirchner, que se financió con el aporte extraordinario de los más ricos y que permitió revertir el déficit energético. Ella hubiera preferido que lo hagan inversores privados. “Nuestro plan energético es bastante amplio”, dijo y anticipó que el sector privado hará más líneas de transmisión eléctrica.

“Hay altas posibilidades de que el 7 de diciembre se firme el acuerdo (de libre comercio) Mercosur-Unión Europea”, apoyó Mondino. Auguró que “Alberto Fernández termine su mandato con el logro”. “Ojalá se pueda dar ahora. En La Libertad Avanza creemos que es francamente deseable. Por supuesto a alguien le va a doler un pie, pero es mucho mejor tenerlo que no tenerlo”, evaluó. Y anticipó otros pactos: “Podemos avanzar con EFTA (las siglas en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran  Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) y Singapur, las puertas que se abran son oportunidades monumentales, a alguien le va a molestar”, advirtió sobre sectores industriales y agrícolas que puedan salir perjudicados. Lo que no quiere la futura canciller es continuar con el proceso de adhesión a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En cambio, dejó atrás la retórica anticomunista de Milei en campaña y abogó por profundizar el Mercosur con la homologación conjunta de productos o títulos universitarios.

AR/MG

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó este jueves un procedimiento de difusión sistemática y personalizada. Exige a las empresas distribuidoras notificar interrupciones del servicio eléctrico con al menos 48 de horas de antelación.

A través de la Resolución 696/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo lanzó el “Procedimiento de Difusión de Cortes Programados de Suministro Eléctrico,” que las distribuidoras Edenor y Edesur deberán implementar sin excepción.

El instructivo exige que las compañías notifiquen –con al menos 48 horas de anticipación– toda interrupción en sus servicios, derivada de alguna obra de reparación, mantenimiento u optimización planificada.

En la comunicación que deberán distribuir 24 horas antes del inicio de cada interrupción, las distribuidoras tendrán que informar: fecha del corte, zonas afectadas, motivo (la actividad técnica que lo provocará) y tiempo estimado de duración, indicando horario de inicio y de reposición.

Además, deberán incluir una serie de precauciones que el usuario afectado tendrá que tomar para preservar la integridad de sus instalaciones y artefactos eléctricos, según el texto oficial.

Asimismo, ambas distribuidoras deberán notificar los cortes programados a través de sus respectivas aplicaciones corporativas para celular, o de las vías de comunicación declaradas por los usuarios.

También tendrán que publicar y actualizar sistemáticamente los datos de todos los cortes programados en sus páginas web, así como informarlos en medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos y redes sociales.

De acuerdo con el ente regulador, deberán difundir el procedimiento en sus sitios web, mencionarlo en sus facturas y colocar al menos un afiche alusivo en la puerta principal y en otros espacios visibles de sus oficinas de atención al público.

Ahora, las empresas tienen veinte días hábiles administrativos para implementar el procedimiento.

LC