A tan solo dos días del 31º aniversario del atentado a la AMIA, Irán elevó su alerta diplomática contra la Argentina y particularmente mencioinó al presidente Javier Milei. Acusó al Gobierno de alinearse activamente con Israel en el marco de la reciente escalada con Teherán.

“Respaldó al régimen sionista”, apunta un informe elaborado por el gobierno del ayatolá Alí Jamenei, luego de que Irán mantuviera semanas atrás una escalada bélica con Israel. Milei estuvo justamente en Tel Aviv y se entrevistó con Benjamin Netanyahu horas antes de que se disparan misiles iraelíes contra Teherán.

“El 13 de junio de 2025 el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las anteriores acciones militares de Israel”, señala el documento diplomático de la República Islámica.

El informe se conoció este miércoles, luego de que fuera presentado ante la ONU por parte de los representantes iraníes en la sede de ese organismo, en Nueva York. El documento se llamó “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”.

El texto incluye explícitamente a Milei como uno de los aliados principales de Israel y del gobierno de Netanyahu. “Algunos otros países han declarado igualmente su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, la Argentina, la República Checa y Paraguay”, dice el escrito.

Desde que asumió Milei ratificó que la Argentina es aliada “incondicional” de Israel y Estados Unidos. Este martes el mandatario reafirmó el posicionamiento argentino en un acto en Washington por el nuevo aniversario del ataque a la mutual judía. Transmitió su mensaje a través de un texto leído por el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, según trascendió.

El documento diplomático suma tensión diplomática, porque hace menos de un mes la Justicia argentina resolvió que en la causa por el atentado a la AMIA se realizará un juicio en ausencia contra exfuncionarios iraníes, libaneses y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

Según la investigación judicial, el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, habría sido planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Este viernes 18 de julio desde las 9.30 en Pasteur 633 se realizará el acto oficial por el aniversario 31 del ataque a la AMIA y se espera la presencia de Milei. El lema de este año es “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas. “La masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de Irán y de integrantes de Hezbollah, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona ha sido condenada”, señalaron los organizadores.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, manifestó días atrás el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, quien concluyó: “Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”.

MC

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves que en la causa por el atentado a la AMIA se realizará un juicio en ausencia contra los diez acusados, exfuncionarios iraníes, libaneses y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

El fallo establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.

Según la investigación judicial, el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, habría sido planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Rafecas desestimó todas las objeciones planteadas por la Defensa Oficial respecto al nuevo sistema de enjuiciamiento y consideró que, ante la negativa persistente de los imputados a someterse al proceso, corresponde avanzar hacia el juicio oral como única vía para evitar la impunidad.

La decisión judicial busca dar una respuesta institucional concreta a más de 30 años del ataque y representa un giro trascendente en una causa emblemática del terrorismo internacional en territorio argentino.

El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El pedido de la Fiscalía

El titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la AMIA, Sebastián Lorenzo Basso, solicitó el pasado 7 de abril al juez federal interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Daniel Rafecas, la aplicación de la Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia respecto de aquellos imputados que fueron declarados rebeldes.

Esta medida le permitió a la justicia argentina avanzar en la investigación y el juzgamiento del atentado terrorista cometido con motivos de odio racial o religioso el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó 85 víctimas fatales, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales.

En línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, el fiscal federal Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque aún nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

En esas oportunidades la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.

El fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso.

Ahora, el juez Rafecas resolvió en favor de la Fiscalía y autorizó el juicio en ausencia de los diez imputados.

Las víctimas

Con informaciónn de agencias.

IG

Nuevos hallazgos en los archivos desclasificados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirman que a partir del atentado a la embajada de Israel en 1992, los espías que responden a Presidencia de la Nación seguían al “Clan Reda” -compuesto por varios hermanos, sus esposas, sus familias y primos-, que comenzó a ser blanco de una investigación, debido a las sospechas de vínculos con Hezbolá, tanto en la Triple Frontera como en Buenos Aires. Los Reda están sindicados como presuntos autores materiales de la bomba que explotó en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dos años más tarde, en julio de 1994.

Al igual que los Reda, la SIDE seguía a “elementos de la Mezquita At Tauhid del barrio de Floresta” a la que asistían estas familias. Su líder religioso, Mohsen Rabbani, otro sospechoso, también era objeto de seguimientos. Producto de esas indagaciones se encontraron más de 4.000 registros en los archivos secretos del organismo de Inteligencia acerca de diversas tareas de reunión de información sobre todas estas personas. Los casos se denominaron “Turco” y “Paisano” y estuvieron a cargo de la denominada la Sala Independencia, creada en la SIDE tras ese primer ataque terrorista. Los expedientes incluyen información y antecedentes aportados incluso por servicios colaterales.

La información surge a partir de un pedido de las víctimas del atentado a la AMIA, agrupadas en Memoria Activa, quienes reclamaron a la Unidad Fiscal encargada del caso del atentado de 1994 la búsqueda de mayor información en los archivos desclasificados de la SIDE. El principal señalado como encargado de la logística del atentado a la mutual judía es Samuel Salman El Reda, también identificado como Salman Raouf Salman, un libanés que cuenta con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, y que sería juzgado en ausencia en nuestro país como “el coordinador del grupo operativo que cometió el atentado del 18 de julio de 1994”.

Los documentos revelan que quien concretó el atentado de 1994 ya era seguido por los servicios de la Inteligencia desde 1992. Aún así, las autoridades no pudieron evitar el atentado a la AMIA.

En el libro “30 días”, reseñé que El Reda llegó a la Argentina en 1987, luego de vivir un tiempo en Colombia, donde trabajó en el rubro textil, en un barrio chiita de Maicao. En Buenos Aires se casó con una joven menor de edad, Silvina Sain, hija de una familia del “barrio turco” de Floresta, donde sus casas bajas albergaban desde hacía más de cien años a la comunidad libanesa.

Silvina, musulmana devota, “fanática” según los informes de los agentes que la seguían, pertenecía a una de las familias vinculadas al sheij iraní Mohsen Rabbani, director de esa mezquita erigida en una vieja casona de dos plantas sobre la entonces adoquinada calle San Nicolás, en el mismo barrio.

La inteligencia señalaba que Rabbani la presentó con El Reda y fue quien los casó. Y que Rabbani también alojó a un primo, Tarek El Reda, junto con su esposa, antes de que se fueran a vivir a Colombia, donde vivía parte del “clan”.

Karina, hermana de Silvina y también militante del islamismo radicalizado, estaba casada con otro de los hermanos El Reda, Hussein, y habían vivido juntos también en Colombia. En Buenos Aires, había trabajado en la librería de la mezquita y ella era secretaria del sheij Rabbani. “Los jueves, pasadas las 23:30 se reúnen en la Mezquita a leer, estudiar y comentar la filosofía y el pensamiento del Ayatolá Khomeini”, informaban los espías.

José, otro de los hermanos El Reda, fue detenido en Rosario en noviembre de 1992. Se había alojado en la habitación 1006 del hotel República con un nombre falso: Manuel Gutiérrez. Se dirigió a la sucursal del Banco Nación e intentó cambiar 5.000 dólares falsos. Dos días más tarde, la policía allanó su habitación, donde le secuestraron 30.000 dólares más, también falsos, y unas anotaciones que indicaban que ya había cambiado miles de dólares en los últimos meses.

Según esos registros, José había protagonizado un raid cambiario entre julio y septiembre de 1992, entre la sucursal Flores de Casa Piano e Iguazú Cambios, ubicada en Ciudad del Este. A fines de septiembre, le transfirió 40.000 a su hermano Samir a una cuenta del Byblos Bank, en Líbano, y pocos días más tarde, ya en octubre, volvió a Casa Piano para cambiar casi 100.000 dólares, hasta que finalmente fue detenido en noviembre. En total, cambió alrededor de 300.000 dólares hasta que la policía llegó a la habitación del hotel en Rosario.

Servicios colaterales lo vincularon al financiamiento de Hezbolá. Estados Unidos envió a Rosario un experto que tomó contacto con la jueza federal Colidoy, encargada del caso, y obtuvo una muestra de los billetes secuestrados para realizar un estudio. “Se corroboró que habían sido falsificados en Irán”, informó la inteligencia en 1992. También dejaron asentado que José era pariente de aquella mujer activista de la mezquita At-Tauhid, Silvina Sain, su cuñada. Los papeles que le secuestraron confirmaron su contacto con otros sospechosos en la zona de la Triple Frontera. “Apreciaríamos que nos envíen sus comentarios sobre las siguientes pistas actualizadas sobre José Salman, su hermano Samuel y otros asociados, incluyendo Farouk Omairi, Karina Sain y Mohsen Rabbani”, se interesó la Inteligencia.

Tres días después de ser detenido en Rosario, José recuperó su libertad, cuando su hermano El Reda designó un abogado, de apellido Sirio, y pagó la fianza, unos 20.000 dólares de entonces. El 10 de junio de 1993, se lo declaró rebelde y se ordenó su captura, por no haber regresado a comparecer ante el tribunal.

La mezquita de Rabbani, a la que asistía la familia de su esposa y todos sus vínculos, estaba vigilada. Rabbani también estaba vigilado. La casa de los suegros de El Reda estaba vigilada. Su otro hermano, José, estaba vigilado, y también sus otras relaciones y todos los domicilios a los que concurría. Toda esta minoría libanesa chiita de Floresta era objeto de un intenso seguimiento de los servicios de Inteligencia por aquel primer atentado y ante la sospecha de su relación con Hezbolá.

Se advertía que los Sain, junto con sus primos, los Assad, ocupaban un rol central en la comunidad libanesa chiita y más tarde serían señalados como “el apoyo local” para los planes de Rabbani, al igual que los hermanos El Reda.

Tras el casamiento, El Reda y Silvina vivieron en Colombia, Foz de Iguazú y Buenos Aires. Él viajó varias veces al Líbano. En 1994, residían entre Foz y Ciudad del Este, vecinas a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Pero ese año, todo cambiaría.

En enero, El Reda volvió a Buenos Aires. En junio, regresó a Foz para escoltar a Silvina y sus hijas hacia el Líbano. Sólo él regresó. Se alojó en la casa de sus suegros, sobre la calle Morón, en Floresta, y en otra vivienda familiar de la calle Campana, en el mismo barrio. El 1° de julio de 1994, asumió su nueva función en Buenos Aires: fue el supuesto coordinador entre las células dormidas y el responsable de instrumentar la concreción de la nueva misión terrorista.

Para entonces, la Inteligencia argentina ya estaba alertada sobre las amenazas de otra represalia, a propósito de ciertos ataques israelíes en Medio Oriente. Los autores del primer atentado podían volver a utilizar un coche bomba en Buenos Aires: “Esperen a julio. Cuando pase no van a tener dudas sobre a qué nos estamos refiriendo”, fue la advertencia atribuida a una fuente de Hezbolá en un informe transmitido a la SIDE por un espía colateral.

Además, un servicio colateral había alertado sobre el aumento de contactos entre miembros terroristas de América del Norte con el Sur. Sostuvo que un aspecto importante de las actividades se concretaba en el área de la Triple Frontera y que “de acuerdo a información confiable”, en agosto de 1992, Silvina Saín, la esposa de El Reda, había participado del raid cambiario por el que fue detenido su cuñado José: “Sabemos que hay varios familiares Salman, quienes son integrantes de Hezbolá, cuyas residencias se encuentran en Paraguay”.

En el expediente para la investigación judicial del atentado a la AMIA, las referencias sobre Salman El Reda fueron incorporadas recién sobre finales de septiembre de 1994 por un testigo de identidad reservada aportado por la SIDE. Pero la compulsa de los archivos desclasificados permite acreditar que para julio de 1994, la SIDE lo tenía identificado como Salman Salman Raouf, nacido en Bent Jbeil, el 5 de junio de 1963. Y mucho antes de las referencias aportadas al trámite por ese “Testigo A”, la SIDE, además de los teléfonos que utilizaba, tenía ya cargados, en su base de datos, todos estos “antecedentes de Salman” en relación con el segundo ataque.

Un resumen: la información dentro del Hezbolá indica que el sospechoso de estar involucrado en la explosión de la AMIA se llama Salman Raouf, un agente operativo del Hezbolá en Argentina. Nacido en el sur del Líbano, está casado con una libanesa de Argentina y había estado viviendo aquí con su familia. El nombre de la madre de Salman es Maysara Reda. Antes del atentado a la AMIA, Salman acompañó a su familia al Líbano y luego volvió inmediatamente a la Argentina. Luego regresó al Líbano el 19 de julio de 1994, un día después de la explosión, donde se oculta con protección del Hezbolá. En la actualidad vive con sus padres, en su departamento del cuarto piso del edificio Kanj, en la calle As’ad Al-As’ad, en la zona de Al-Shiyyah en el suburbio del Sur.

Esta información cargada en la base de datos de la SIDE unas semanas después del atentado, a la que se le dio un código de “alta valorización”, “probablemente verdadera” y “proveniente de una fuente completamente confiable”, no fue nunca aportada en sede judicial. “A pesar de ello, no se encontraron hasta el momento constancias de que alguna de estas dos áreas de la Secretaría haya compartido esta información con el Juzgado Federal número 9, donde tramitaba la causa”, denunció el último informe fiscal.

Se advierte así que “para fines de 1995 y principios de 1996 se diluyen las menciones a Raouf Salman entre los documentos de SIDE y se instala la versión que señala que el nombre del Jefe operativo de Hezbollah es Samuel Salman El Reda”, aun cuando en enero de 1995 la inteligencia estadounidense había alertado bien concretamente acerca de las verdaderas identidades de los hermanos El Reda, que sus documentos con esa identidad y nacionalidad colombiana serían falsos. Decían que lo más probable es que hayan nacido en el Líbano y que el verdadero apellido era Salman, siendo que el apellido Reda de su madre lo usan sólo para operar en América Latina.

“El nombre Raouf desaparece de los documentos y es reemplazado por Samuel, a quien se atribuye la misma información que anteriormente se atribuía al primero”, advierte el informe fiscal. Así se empieza a instalar sin fundamento que serían hermanos y no una misma persona con identidad falsa.

Tras el “Informe Toma” de la SIDE de 2003, donde directamente se reemplazó en la transcripción de la información recibida respecto de Raouf su identificación por la de Samuel Salman el Reda, se dispuso la captura de este “colombiano” con este nombre falso en 2009, que años después del atentado, la que se mantuvo por años en el error.

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Inteligencia israelí insistió en que el verdadero nombre era Salman Raouf Salman, que era ciudadano libanés, nacido en la aldea chiita Bint Jbeil, del sur del Líbano, y que seguía viviendo en Beirut: “Estuvo involucrado en los dos atentados de Argentina, tanto el de la embajada de Israel como el de la AMIA. Su involucramiento contempló, definitivamente, la recopilación de Inteligencia y la gestión logística, así como, probablemente, la preparación del material bélico requerido para tal fin”.

La acusación, aportada inicialmente por la CIA de Estados Unidos, se mantuvo en los informes finales del Mossad sobre los dos atentados, donde actualizaron que Salman Raouf aún reside en Beirut, como su hermano Abdallah Raouf Salman, antes falsamente José, y que se está quedando calvo. Y recién en 2019, diez años después del dictado de su primera orden fallida de captura internacional, y 25 años después de que la SIDE retuviera esa información, registrada en sus bases ya unos días después del atentado, se hizo saber a Interpol la verdadera identidad de El Reda.

En los términos de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.

Además el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

La tragedia del caso AMIA lleva ya más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen este caso en la total impunidad.

*Alejandro Rúa es autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.

Para avanzar en el juicio en ausencia de los acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, se concretó días atrás un nuevo dictamen fiscal con las imputaciones que pesan sobre quienes fueran los más altos funcionarios del gobierno iraní, además de los libaneses que aparecen como sospechosos de haber concretado el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La acusación reproduce las argumentaciones del fiscal Alberto Nisman de décadas pasadas y sostiene que el ataque lo hicieron “con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán” y la utilización de su red de espionaje, considerada “una estación de inteligencia”, que se apoyó en la estructura de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural en Buenos Aires, por entonces ya a cargo del imán iraní Mohsen Rabbani.

Así, “Hadi Solemainpour, desde su rol de embajador iraní en Buenos Aires, brindó el apoyo y la cobertura necesaria para que se lleve a cabo dentro de la sede diplomática la labor de inteligencia necesaria para avanzar con la operación” y “Mohsen Rabbani resultó el artífice principal de llevar adelante la logística del ataque”, ratificó el Ministerio Público en uno de sus últimos dictámenes. “Funcional a ello resultó la estación de inteligencia que él mismo articuló a poco de su llegada al país, a principios de los años 80”.

Rabbani así “mantuvo estrecha vinculación con integrantes de la agrupación armada Hezbollah afincados en Latinoamérica”, concretamente con aquellos libaneses acusados de cometer el atentado, quienes asistían a su mezquita en Floresta. Se lo acusa también como el “artífice principal de la instalación y el progreso de la estructura de espionaje con capacidad suficiente para organizar con éxito” la etapa previa al atentado.

Mohsen Rabbani ingresó a la Argentina el 27 de agosto de 1983 y desde entonces fue objeto de seguimientos por los servicios de la inteligencia locales, en el marco de una “Mesa S” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el organismo monitoreaban también al “Objetivo S”, más amplio, que abarcaba a los países árabes y musulmanes con representación diplomática en nuestro país, las organizaciones locales de su comunidad, las mezquitas y la representación en el país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), donde se atendía la temática islámica y de Medio Oriente y, particularmente, desde 1979 y la revolución teocrática, el escenario iraní.

Luego del atentado de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires, la reunión de información sobre la comunidad chiita y sobre Rabbani en particular se incrementó notablemente, y la SIDE desplegó numerosas tareas de vigilancia e inteligencia sobre el sheij y su entorno, incluidos los libaneses asistentes a su mezquita. Se ha desclasificado numerosa documentación sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y para 1994, ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de tareas de inteligencia sobre Rabbani también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes, y se propuso “fijar como blancos a Mohsen Rabbani y la Consejería Cultural para desarrollar tareas de infiltración, controles telefónicos y de sus actividades”.

En “30 Días” reseñé con detalle el despliegue de esas “Operaciones Especiales de Inteligencia” y la intervención dispuesta por el Mossad, servicio de inteligencia de Israel, sobre los teléfonos de la embajada iraní en Buenos Aires más de un mes antes del atentado a la AMIA. Esas intervenciones fueron ejecutadas por la SIDE sin orden judicial, a propósito de las alertas recibidas sobre un nuevo ataque con coche bomba, en represalia por cuanto sucedía en Medio Oriente. Los aportes técnicos de los israelíes a la SIDE se listan en la documentación: receptores de sonido direccional con capacidad de grabación; aparatos para filmación nocturna; medios de comunicación; medios de observación y de penetración técnica; medios técnicos para control de líneas telefónicas desde las cercanías de su instalación; sistema de comunicación directa con la colateral; traductor de farsi.

Además, el mismo día del ataque a la AMIA fueron intervenidos sin orden judicial los teléfonos atribuidos a los libaneses del entorno de Rabbani y otros que utilizaba el sheij, que fue inmediatamente señalado por la SIDE como uno de sus perpetradores del ataque. Ya en la primera resolución judicial sobre el atentado, el 9 de agosto de 1994, se respaldaron esos señalamientos de la inteligencia: “Encuentro limitada mi competencia para interrogar a Rabbani respecto de las sospechas que recaen sobre su persona. Será el Supremo Tribunal de la Nación quien deba decidir al respecto”, refirió el juez del caso, mientras disponía las primeras ordenes de captura internacional sobre cuatro “diplomáticos” iraníes, falsamente acusados.

La Corte rechazo su propia intervención. La falsa atribución a esos “diplomáticos” fue explicada con detalle en “30 Días” y el Procurador General de la Nación les había ya advertido sobre el déficit de la acusación. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió también sobre la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas”: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas”. “Las autoridades argentinas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”, sostenía el cable diplomático. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.

La SIDE y Rabbani

Desde entonces, Mohsen Rabbani fue reiteradamente y hasta hoy señalado como responsable de la inteligencia previa al atentado y de organizar la logística del grupo operativo que condujo la camioneta cargada de explosivos hasta la mutual judía el 18 de julio de 1994. En “30 Días” reseñé también las estrategias de abordaje que le destinó la SIDE después del atentado y cómo llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que le reportaba lo que veía y escuchaba:

“Le tomó tiempo, pero el infiltrado logró la confianza del mismísimo Rabbani. Fue su chofer. La infiltración se extendió por varios años, mientras la inteligencia seguía investigando al sheij y su entorno. El agente ingresó a la comunidad trabajando como chofer de una línea de colectivos de la zona. Luego, entabló una relación con la hija de un empleado de la embajada de Irán. Aprendió palabras y saludos en farsi. Ya infiltrado en el entorno del sheij, cuando Rabbani tenía dudas sobre algo que leía en los diarios argentinos, el chófer lo asistía leyéndoselos”.

Hubo además un segundo agente infiltrado y la información obtenida se acumula en el caso “Orador” de la SIDE. Los informes de enero de 1996 ya admitían no poder reunir elementos que corroboren la hipótesis de que los iraníes sean los autores de los atentados, aunque alimentan la sospecha de que Rabbani sabe quién lo hizo, en el marco de sus relaciones. Luego, en el informe de febrero se plantea que las conexiones claves del islamismo chiita en nuestro país son las mujeres de la comunidad. Hay referencias al rol atribuido a las hijas de las familias destacadas y la vinculación con los libaneses asistentes a la mezquita de Floresta, objetivo de la SIDE.  

Pero además y para ese tiempo, las autoridades de la SIDE mantuvieron al menos tres reuniones secretas con los funcionarios iraníes que continuaban sus funciones en Buenos Aires, con el expreso propósito de procurar un acuerdo de intercambio.

Esas reuniones tuvieron lugar entre mayo y junio de 1996, en el despacho de la subsecretaría de Inteligencia Interior de la SIDE, en el edificio central de la calle 25 de Mayo. Y a ellas asistió el propio acusado Mohsen Rabbani, que estaba a cargo de la Consejería Cultural de la embajada de Irán, acompañado por el encargado de negocios que quedó en la Embajada tras la partida del embajador Soleimanpour, luego de las acusaciones de agosto de 1994.

Las autoridades de la SIDE aclararon a los iraníes que estaban en “un área de reserva”, de “secreto confesional”, un área de inteligencia que no interfería en las relaciones internacionales con Irán, que corrían por cuenta y responsabilidad de la Cancillería. Los funcionarios argentinos manifestaron que consideraban erradas las vinculaciones que se hacían del gobierno iraní con el atentado a la AMIA. La SIDE realizó “escuchas ambientales” de esas reuniones, que luego fueron transcriptas y se hallaron entre la documentación desclasificada. También se encontraron los registros de la intervención telefónica que se mantenía sobre la representación diplomática.

Tales registros documentan que incluso se le propuso a Rabbani generar “colaboraciones” de inteligencia entre ambos países para superar los inconvenientes y nutrirse de la inteligencia iraní: “Lo que ya les dije el otro día es que estamos abiertos a cualquier intercambio, sobre todo de ópticas, de uniones, y más con un país tan importante como Irán”. Y expresamente se le pidió al consejero cultural que hiciera llegar ese planteo al gobierno iraní, advirtiendo que aunque las relaciones exteriores no eran competencia de la SIDE, tenían el apoyo del gobierno argentino para llevar adelante esta propuesta.

Esas mismas autoridades de la SIDE participaron luego de otra operación de acercamiento al acusado Mohsen Rabbani, con el objetivo, esta vez, de sacarlo del país. La documentación desclasificada da cuenta así de la coordinación del servicio de inteligencia argentino y el norteamericano en la definición de esa nueva tarea y la estrategia para llevar adelante lo que llamaron “Operación Cacerola”: el servicio colateral enviaría un oficial operativo especializado en contraterrorismo que, con el apoyo operativo de la SIDE, se encargaría de ofrecerle a Rabbani su salida del país a cambio de una importante suma de dinero, frente a la amenaza de que si no lo sacarían en forma compulsiva.

Mohsen Rabbani se fue de Argentina el 21 de septiembre 1997 en un vuelo de Iberia con escala en Madrid y destino a Teherán. Y la cancillería argentina hizo saber a la SIDE que había informado a las autoridades iraníes que el gobierno argentino no deseaba que Rabbani regresara a la Argentina. La Cancillería indicó que esta solicitud implicaba un llamado a la cooperación del gobierno iraní a fin de no declarar, formalmente, persona no grata a Rabbani.

La captura internacional de Rabbani fue dictada en 2003, casi seis años después de que saliera del país, y la imposibilidad de llevarlo ante el juez del caso ha derivado en la decisión de juzgarlo en ausencia. El archivo de la “Operación Cacerola” fue un hallazgo de las tareas de relevamiento de información desclasificada y fue aportado e incorporado ya como prueba documental en juicio.

En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.

Además, el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La tragedia de la AMIA lleva más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen al caso en la impunidad total.

*Autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.

Irán convocó al encargado de negocios de Argentina en Teherán, Mariano Jordan, para condenar la petición de la Justicia de emitir una orden de captura internacional contra el líder supremo iraní, Ali Jameneí, por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994.

El director general de Asuntos de América de la Cancillería de Irán, Isa Kameli, entregó una nota de protesta al diplomático argentino y le transmitió la “enérgica condena” de Teherán por las acusaciones “infundadas” vertidas contra las autoridades iraníes, según el comunicado del ministerio publicado a última hora del martes.

Kameli enfatizó que la acción de la Fiscalía argentina al presentar cargos contra funcionarios de la República Islámica “es otra desviación en el largo proceso de investigaciones judiciales” del atentado contra la AMIA de 1994, que se saldó con la muerte de 85 personas.

El funcionario iraní dijo que el caso está “politizado por la influencia de elementos afiliados al régimen sionista”, en referencia a Israel, que Teherán considera enemigo acérrimo y no reconoce como Estado.

La semana pasada, la Fiscalía argentina pidió al juez federal Daniel Rafecas que emita una de orden de detención a la Interpol para que Jameneí sea detenido si sale de su país para ser interrogado por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA.

“La acusación se sustenta en que fue una orden de Irán. Porque cualquier actividad que hace Irán en el exterior la tiene que autorizar el líder supremo. Evidentemente, es el líder supremo el que tiene que responder por este atentado”, explicó a EFE el fiscal Sebastián Lorenzo Basso.

Esta solicitud se realiza en el marco del juicio en ausencia que enfrentarán otros iraníes acusados, donde hasta ahora no estaba enlistado Jameneí.

Kameli denunció que esta acción de la Justicia argentina “viola los principios y normas fundamentales del derecho internacional relativos al respeto a la igualdad soberana y a la independencia política de los Estados”.

El diplomático iraní instó a las autoridades competentes argentinas a “corregir este camino equivocado” y advirtió de las consecuencias jurídicas y políticas“ que tendría su acción.

“La República Islámica de Irán se reserva su derecho legítimo de tomar las medidas necesarias y apropiadas de conformidad con el derecho internacional para proteger los derechos e intereses de Irán”, concluyó.

El dictamen presentado por la Fiscalía argentina representa un cambio de postura respecto al caso AMIA, ya que hasta ahora había considerado que Jameneí gozaba de inmunidad debido al cargo como máxima autoridad política y religiosa del país persa.

Para la UFI-AMIA, el atentado se llevó a cabo a través del brazo armado del grupo chií libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de autoridades de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en Argentina.

El pedio de la Justicia argentina

El fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, Sebastián Basso, solicitó el pasado 8 de abril que se juzgue en ausencia a diez ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional y rebeldes de la Justicia argentina.

Lo hizo en un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, quien subroga el Juzgado Federal 6 donde tramita la causa, informaron fuentes judiciales.

Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

En todos los casos, nunca se presentaron ante las autoridades judiciales argentinas.

Además, solicitó a la Justicia una orden de captura internacional contra el líder supremo de Irán, Ali Jameneí. El fiscal argumentó que el líder iraní debe ser investigado y sometido a declaración indagatoria por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA.

“La acusación se sustenta en que fue una orden de Irán. Porque cualquier actividad que hace Irán en el exterior la tiene que autorizar el líder supremo. Evidentemente, es el líder supremo el que tiene que responder por este atentado”, explicó a EFE el fiscal Basso.

“Entiendo que esa inmunidad no es vacía, por lo tanto corresponde que Jameneí se siente como imputado, como cualquier otro iraní”, agregó.

El dictamen presentado por el fiscal representa un cambio de postura de la UFI AMIA, ya que hasta ahora había considerado que Jameneí gozaba de inmunidad debido al cargo como máxima autoridad política y religiosa del país persa.

Este requerimiento se sumó a una presentación en ese mismo sentido hecha el mes pasado por familiares de las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales, en la sede de la mutual judía de Pasteur 633 del barrio porteño de Once.

El pedido se basa en la reciente sanción de la ley 27784 de juicio en ausencia. La fiscalía entiende que puede aplicarse al caso porque el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad. Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso, explican desde Fiscales.gob.ar.

El pedido de Basso es en línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, oportunidades en las que la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.

En el escrito, el fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

Quién es Alí Jameneí

Alí Jameneí es el líder supremo de la República Islámica de Irán. Fue el primer clérigo presidente del país, cargo que ocupó entre 1981 y 1989, cuando sucedió como líder supremo al fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini, ideólogo de la Revolución iraní de 1979. Desde entonces, Jameneí es la mayor autoridad política y religiosa del país. Como líder supremo ha reforzado su control sobre el Gobierno, el Parlamento o la Guardia Revolucionaria. También la represión, como se vio durante las protestas electorales de 2009 o las de 2022, protagonizadas por mujeres contra la violencia y las restricciones del régimen, según describe el sitio El Orden Mundial.

Alí Jameneí nació en la ciudad iraní de Mashad en 1939, en una familia clerical. Empezó a estudiar el islam desde muy joven, formándose en las ciudades santas de Najaf en Irak o Qom en Irán. Fue alumno de Ruhollah Jomeini, ideólogo de la Revolución iraní de 1979 y primer líder supremo de la República Islámica. También fue un destacado opositor al régimen del sah Mohamed Reza Pahlaví, por lo que fue encarcelado varias veces. 

Con el triunfo de la Revolución, Jameneí ocupó distintos cargos políticos en el nuevo régimen. Llegó a ser comandante de la Guardia Revolucionaria, diputado y dirigente del Partido República Islámica. En 1981 sobrevivió a un intento de asesinato de la organización islamista Muyahidines del Pueblo, que le inmovilizó la mano derecha. Ese mismo año ganaría las elecciones presidenciales.

Jameneí presidió Irán en dos legislaturas consecutivas, hasta 1989. Es decir, durante los ocho años de guerra con Irak. Esto lo convirtió en una de las caras más visibles y cercanas a Jomeini. En un principio, el líder supremo había señalado al ayatolá Hosein Alí Montazeri como sucesor, pero lo descartó después de que éste le criticase, escogiendo en su lugar a Jameneí. 

No obstante, esta elección fue controvertida. Según la Constitución de Irán, sólo los marayi, es decir, los ayatolás de más reconocimiento y experiencia, podían optar al puesto de líder supremo. La designación de Jomeini requirió reformar la Constitución, rebajando los requisitos del líder supremo a experto en jurisprudencia islámica, así como ascenderlo a ayatolá. Jameneí fue designado líder supremo tras la muerte de Jomeini en 1989 y ahora sí ostenta el título de marya o “gran ayatolá”.

De la mano dura a la posible crisis sucesoria

El carisma y la controversia de la elección de Jameneí supusieron un reto para su legitimidad como líder supremo. Sin embargo, pronto impulsó su poder afianzando su control sobre las instituciones y reforzando a la Guardia Revolucionaria. Por el momento, cinco presidentes elegidos han servido bajo su liderazgo, contando al fallecido Raisí. El más problemático para Jameneí fue el reformista Mohamed Jatami, más crítico y aperturista. Esto llevó al régimen a limitar el acceso de los reformistas al Parlamento y a la presidencia.

Después de la recuperación de la guerra con Irak, el Irán de Jameini adoptó un papel muy crítico con Estados Unidos, especialmente durante los años de la guerra contra el terror. Apostó por el desarrollo de su controvertido programa nuclear, lo que le costó sanciones internacionales, al régimen y tejió una red de influencia regional, el Eje de la Resistencia, financiando a grupos como Hezbollah, Hamas o los hutíes.

Jameini ha consolidado su liderazgo a base de mano dura, persiguiendo a opositores y reprimiendo cualquier levantamiento. El más reciente fue la oleada de protestas de 2022 por la muerte de la joven Jina Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” por no llevar bien puesto el velo islámico obligatorio. La feroz represión frenó las protestas, pero el descontento social sigue presente. A ello se suma la cuestión sucesoria: tras la muerte del presidente Raisí, otro candidato es el hijo del propio líder supremo: Mojtaba Jameneí. No obstante, las luchas entre facciones podrían provocar un cisma en la cúpula del régimen.

Con información de agencias.

IG

El fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, Sebastián Basso, pidió que se juzgue en ausencia a diez ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional y rebeldes de la Justicia argentina.

Lo hizo en un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, quien subroga el Juzgado Federal 6 donde tramita la causa, informaron fuentes judiciales.

Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

En todos los casos, nunca se presentaron ante las autoridades judiciales argentinas.

El dictamen fiscal se sumó a una presentación en ese mismo sentido hecha el mes pasado por familiares de las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales, en la sede de la mutual judía de Pasteur 633 del barrio porteño de Once.

El pedido se basa en la reciente sanción de la ley 27784 de juicio en ausencia. La fiscalía entiende que puede aplicarse al caso porque el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad. Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso, explican desde Fiscales.gob.ar.

El pedido de Basso es en línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, oportunidades en las que la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.

En el escrito, el fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

Con información de NA.

IG

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este jueves el proyecto de ley que permite el Juicio en Ausencia en delitos graves de lesa humanidad para aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, como el caso de los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA.

La reforma del Código Procesal Penal obtuvo 147 votos afirmativos contra 68 negativos y 9 abstenciones.

El proyecto fue aprobado por la Libertad Avanza, PRO, UCR, Encuentro Federal, y algunos diputados de Unión por la Patria (UxP), como el massista Ramiro Gutierrez, y el tucumano Pablo Yedlin.

En tanto, se abstuvieron legisladores de UXP de Catamarca, de Chubut y de Por Santa Cruz.

El presidente Javier Milei impulsó el tratamiento del proyecto de Juicio en Ausencia para que puedan juzgarse los iraníes y libaneses acusados del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodriguez Machado, dijo que “es muy importante porque habla del fin de la impunidad”.

“Hemos sufrido dos atentados tremendos, a la embajada de Israel y a la AMIA, y quienes generaron estos delitos de lesa humanidad, como en Argentina no existe el juicio en ausencia, no se pudo avanzar en esos procesos”, indicó la legisladora macrista.

Asimismo, recordó que hay muchos países donde se aplica este tipo de juicios y en ese aspecto citó a Francia, cuando en ese país se juzgó y condenó en ausencia al represor Alfredo Astiz.

Desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Rodolfo Tailhade defendió el pacto de Argentina-Iran, criticó al ex fiscal Alberto Nisman, al cuestionar su investigación en la causa de la AMIA.

Al rechazar el proyecto, el legislador de UxP dijo que “el que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin tener a su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada”.

Agregó que “en términos técnicos, estos delitos que van a ser parte de estos delitos en ausencia en Argentina solo abarca los del Estatuto de Roma, ahora, el Estatuto de Roma no abarca el juicio en ausencia, con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa de juicio”.

“No son cuestiones compatibles con la Constitución y mucho menos con los tratados internacionales”, remarcó.

El diputado radical Julio Cobos señaló que “el Juicio en Ausencia permite la continuidad del proceso cuando se niega a comparecer quien está imputado o procesado y que tiene que rendir cuentas en la Justicia”. “Es por eso que nuestro bloque va a acompañar en su totalidad este proyecto”, añadió.

El legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López sostuvo que “la justicia no solo repara con la pena, sino con el reconocimiento de la verdad”.

“Esta ley se va a usar, por supuesto, para el atentado a la AMIA, pero es una ley que va a quedar para siempre. No creamos que el terrorismo, los crímenes de guerra u otro tipo de crímenes aberrantes no van a ser volver a ser cometidos en el mundo o en la Argentina”, precisó.

Las criticas de Tailhade generaron un cruce entre el presidente del bloque de UxP, German Martínez, y el diputado Fernando Iglesias.

A su vez, el diputado Edcuardo Valdes, señaló: “Yo quiero que salga la verdad, pero la verdad tiene que ser judicial, por respeto a quienes dejaron la vida en esos dos atentados, por respeto a las familias tiene que haber justicia”.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Pauli aseguró que este proyecto “es necesario para que los terroristas sepan que donde vayan se los va a ir a buscar”.

A su vez, en el cierre del debate, el diputado Santiago Santurio afirmó que están “tratando delitos graves como los de lesa humanidad y terrorismo, de guerra, de genocidio” y por eso “se necesita esta ley”.

El debate fue seguido desde los palcos por autoridades de la DAIA y por la ex esposa del fiscal fallecido Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Con información de agencias.

IG

La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado el pasado 10 de enero, a días del décimo aniversario del hecho que se conmemora este sábado 18.

Este es el informe completo que presentó el fiscal Eduardo Taiano:

I. INFORME CAUSA N° 3559

a. El homicidio del fiscal federal Natalio Alberto Nisman

El 18 de enero de 2015, a las 22.32 horas, fue encontrado sin vida en el interior de su departamento Natalio Alberto Nisman, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA).

Ese mismo día se inició la investigación por su muerte, la cual se registró bajo el número de causa 3559/2015. Desde su comienzo estuvo a cargo la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 45, fiscal Viviana Beatriz Fein, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 251 a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini.

Al respecto, resultó extremadamente llamativo que se le haya dado intervención al fuero ordinario y no al fuero federal como correspondía, teniendo en cuenta que el hecho a investigar consistía en la muerte violenta de un fiscal federal a cargo de la investigación del atentado más grave de la historia argentina, y que cuatro días antes había denunciado en el marco de su función a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Así, desde el procedimiento inicial, la investigación estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso por parte de diferentes actores.

El expediente estuvo marcado, durante los primeros dos años aproximadamente, por vicisitudes que generaron en la opinión pública una sensación de impunidad.

El 1° de marzo de 2016, la jueza Palmaghini se declaró incompetente en razón de la materia y remitió el expediente al fuero federal. El 22 de marzo de 2016, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó esa decisión.

Sin embargo, el 16 de junio del mismo año, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que la causa debía continuar en la justicia ordinaria.

Finalmente, el 20 de septiembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en forma definitiva la competencia del fuero federal para llevar adelante la investigación. La Corte entendió que persistía, o al menos no se había descartado, la hipótesis de la vinculación del hecho investigado con las tareas concretas que Nisman realizaba en ejercicio de su función como fiscal federal al momento de su muerte.

De este modo, el expediente fue radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 10, a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal n°3 a cargo del fiscal federal Eduardo Raúl Taiano, con intervención del auxiliar f iscal Hernán Kleiman.

Tras haber asumido el trámite de la causa y analizado en detalle los elementos de prueba que allí constaban, el 2 de diciembre de 2016, el fiscal Taiano denunció la existencia de graves irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015 en el departamento donde fue hallado sin vida el Dr. Natalio Alberto Nisman. Luego de ello, y tras una ardua investigación, cuyos detalles se desarrollarán a lo largo de este informe, el 7 de noviembre de 2017, el fiscal Taiano presentó un nuevo dictamen en el que se determinó que Nisman había sido asesinado.

En ese dictamen se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015.

También se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como “arma amiga”-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino, colaborador cercano del fallecido fiscal y que prestaba servicios en la UFI-AMIA.

Al ser indagado respecto de las circunstancias en las cuales se realizó la entrega, Lagomarsino refirió haber recibido un llamado de Nisman solicitándole que se dirigiera a su casa, momento en el cual, según relató, le habría pedido un arma. Sin embargo, a raíz de medidas probatorias realizadas en el marco de la investigación esa versión de los hechos fue desvirtuada, ya que las comunicaciones fueron iniciadas por el propio Lagomarsino, resultando este accionar parte del plan para la simulación del suicidio.

El fiscal Taiano también analizó la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento. Destacó, principalmente, que durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control.

Por ese motivo el fiscal Taiano solicitó que se le recibiera declaración indagatoria a Diego Ángel Lagomarsino y a los custodios del fiscal que cumplieron tareas ese fin de semana (pertenecientes a la División Custodias de la Policía Federal Argentina): Rubén Fabián Benítez, Luis Ismael Miño, Armando Niz y Néstor Oscar Durán.

El 26 de diciembre de 2017, el juez Julián Ercolini procesó a Diego Ángel Lagomarsino por el delito de homicidio en carácter de partícipe necesario; a Rubén Fabián Benítez, Luis Ismael Miño y Armando Niz por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y a Néstor Oscar Durán por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó los procesamientos el 1° de junio de 2018. En la resolución destacaron el correlato entre el fallecimiento de Nisman y la denuncia que había presentado días antes contra los más altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional por encubrimiento del atentado a la AMIA, y dispusieron: “ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del Fiscal se haya producido como consecuencia directa de la específica acción que adoptó en el marco de su función, como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.

La investigación siguió su curso. Ya determinada la forma en la cual Nisman había sido asesinado, la actividad de la fiscalía se enfocó en identificar tanto a las personas que lo ejecutaron como a quienes lo ordenaron. Asimismo, producto del análisis integral que se realizó y el número de inconsistencias y circunstancias irregulares detectadas, se profundizaron una gran cantidad de medidas de prueba que sirvieron para verificar no sólo el contexto en el que ocurrió el homicidio, sino también su complejidad.

Como se explicará en los párrafos siguientes, esta nueva etapa se caracterizó por la ampliación y profundización de diversas medidas de prueba, tendientes a determinar los motivos que derivaron en el homicidio de Nisman, analizando los alcances de su denuncia y las consecuencias de las medidas probatorias que el fiscal había propuesto.

Sin embargo, cabe aclarar que la producción de medidas de prueba en el marco de esta causa no fue una tarea sencilla. Por el contrario, se detectaron numerosas irregularidades durante el procedimiento inicial y se enfrentaron innumerables dificultades en momentos cruciales de la investigación. Estas irregularidades e interferencias tuvieron consecuencias directas en el avance y los resultados que se fueron obteniendo. Al día de hoy, solo por mencionar un ejemplo evidente y que será desarrollado con precisión a lo largo de este informe, no sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación.

Además, la fiscalía se fue encontrando con distintas dificultades al explorar diversas líneas de investigación y reunir informes, documentación y testimonios. Por ejemplo, aquellas vinculadas al rol funcional del fiscal Nisman, al accionar de los servicios de inteligencia -tanto locales como extranjeros- y a las acciones u omisiones de los miembros y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y distintos organismos estatales.

No fueron pocas las veces en que los requerimientos de información efectuados a diferentes organismos estatales no obtenían respuesta, o se respondían de manera parcial o incompleta, lo que se traducía en reiteraciones, apercibimientos y, en última instancia, en medidas de índole jurisdiccional que tenían que ser llevadas adelante por la fuerza pública. La gran mayoría de esta información, por sus propias características, se encontraba en poder de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y/o de las fuerzas de seguridad -dependientes de aquél-, situación que volvió extremadamente compleja la investigación dado que, durante el período 2019-2023, quienes se suponía que por su rol institucional debían colaborar con la fiscalía, no hicieron más que poner trabas y generar demoras injustificadas. 

En este sentido, y solo por mencionar un ejemplo evidente, resultan paradigmáticos los dichos de la en ese entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien a pocos días de asumir sus funciones, manifestó públicamente que intervendría en la causa judicial en trámite por la muerte de Nisman para revisar el peritaje realizado por la Junta Interdisciplinaria.

Si bien este es solo un ejemplo de muchos que se fueron sucediendo, todos los cuales buscaron perjudicar la investigación, resulta revelador ya que la propia ministra, personalmente, expresó de forma clara y evidente -ni siquiera se intentó ocultar- la intención del Poder Ejecutivo de aquél período de entrometerse en la investigación, lo cual no admite justificación alguna. Incluso, el Ministerio de Seguridad dispuso de forma unilateral retirar la consigna de Gendarmería Nacional que custodiaba la sede de la Fiscalía, donde se encontraba resguardada toda la prueba del caso. Los hechos hablan por sí mismos. 

Dicho esto, a continuación se desarrollarán los elementos de mayor relevancia de la actividad probatoria desplegada en el marco de la investigación por el homicidio del fiscal Nisman.

II. EL DR. NATALIO ALBERTO NISMAN

a. Su actuación en la UFI-AMIA

La UFI-AMIA fue creada el 13 de septiembre de 2004 a través de la Resolución MP 84/04 que dispuso: “CREAR una Unidad Fiscal, para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan, en la tramitación de la causa principal en que se investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la A.M.I.A., en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 y en todas las demás causas, que guarden relación con ese hecho, así como aquellas relacionadas con el encubrimiento u obstaculización de la acción de la Justicia de la que pueda surgir prueba conducente al mismo objetivo”.

En esa misma resolución se designó a Natalio Alberto Nisman y a Marcelo Martínez Burgos como f iscales a cargo de la UFI-AMIA. Así fue que luego de asumir el cargo, Nisman investigó el atentado a la sede de la AMIA durante 10 años en los que presentó una elevada cantidad de dictámenes. Destacamos cuatro de ellos por su relevancia en vinculación al contexto aquí analizado.

En el marco del primero de estos dictámenes, de fecha 25 de octubre de 2006, Nisman solicitó al juez interviniente que disponga la captura internacional de los ciudadanos iraníes acusados por la justicia argentina como responsables del atentado a la sede de la AMIA y, con ese objetivo, solicitó que se requiera a INTERPOL el libramiento de circulares rojas respecto de esos individuos a fin de garantizar su sujeción al proceso.

Por ello, Nisman concurrió a la sede central de INTERPOL -órgano facultado para establecer este tipo de medidas- para brindar los fundamentos de ese requerimiento. En esa ocasión, se enfrentó a una fuerte oposición de la delegación iraní; la que, no obstante, no logró evitar el establecimiento de las circulares rojas.

En aquella oportunidad, Nisman realizó un análisis pormenorizado sobre la responsabilidad de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán en la ejecución del atentado, quienes encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah, la cual actuó como un mero apéndice del gobierno iraní.

Como resultado de su trabajo, Nisman dio a conocer detalladamente el plan de acción llevado adelante por distintas figuras del régimen iraní que concluyó con el atentado a la sede de la AMIA. Es decir, el despliegue de un mecanismo previamente establecido que permitía determinar la existencia de ciertas circunstancias relacionadas con la actualidad social, política y religiosa del país objetivo y que una vez verificadas, habilitaban a las autoridades a disponer las medidas que permitían desplegar el acto terrorista.

En lo particular, Nisman detalló pormenorizadamente las actividades desplegadas por los acusados del atentado ocurrido en nuestro país. Su análisis resultó ser el sustento para el establecimiento de las circulares rojas que tuvo como resultado inmediato la imposición de un impedimento para los imputados de abandonar la República Islámica de Irán con destino a otros países. Incluso, las constancias incorporadas al expediente indican la existencia desde este período de una fatwa -una sentencia religiosa- sobre Nisman que habilitaba su eliminación, aumentando considerablemente su riesgo de vida.

El segundo dictamen de relevancia, del 29 de mayo de 2013, tuvo gran repercusión internacional ya que expuso el avance de organizaciones terroristas en suelo americano; con especial énfasis en la zona de la “Triple Frontera”, donde determinó la presencia de distintas instituciones religiosas cuyos líderes se encontraban fuertemente vinculados a la organización terrorista Hezbollah.

De esta forma, Nisman puso en evidencia una matriz terrorista, que presentaba las siguientes características: a) el aprovechamiento de las actividades diplomáticas para la introducción y desarrollo de una estación de inteligencia, bajo el amparo de la inmunidad con la que gozan los diplomáticos de acuerdo a la costumbre internacional; b) la proliferación de la difusión cultural y religiosa en terceros países, que sirvió como pantalla para el desarrollo de la propaganda islámica tendiente a la captación y/o conversión de sus ciudadanos; y c) la utilización de la estación de inteligencia como mecanismo de recopilación de información respecto de las condiciones distintivas del lugar y de la idiosincrasia de sus ciudadanos.

En definitiva, Nisman realizó un análisis integral del contexto geopolítico donde identificó los mecanismos mediante los cuales los máximos referentes de la República Islámica de Irán decidieron llevar adelante un plan de expansión de la revolución que les permitiera emular la forma en la que tomaron el control de ese país. Para ello, dispusieron una importante cantidad de medios que les permitieran conducir un plan de infiltración en terceros países, mediante el establecimiento de estaciones de inteligencia desde donde desarrollar la preparación y ejecución de atentados terroristas.

El tercer dictamen de relevancia fue presentado en el mes de noviembre de 2013, en el expediente originado con motivo de la solicitud de inconstitucionalidad de la ley que receptaba el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque de la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. En este expuso los fundamentos por los cuales sostenía que tanto la celebración del acuerdo como su recepción legal en nuestro ordenamiento jurídico vulneraba principios constitucionales vigentes en nuestro país, como la división de poderes y la independencia judicial y las garantías del debido proceso legal, el juez natural, la igualdad ante la ley, entre otros.

En lo particular, Nisman sostuvo que el acuerdo celebrado por el Poder Ejecutivo Nacional, arrogándose facultades que le son ajenas, habilitaba la creación de una “Comisión de la Verdad”. Refirió que la misma se encontraba conformada por miembros que no eran designados por los mecanismos legalmente establecidos y para la intervención en un caso en concreto, que virtualmente interfería con la actividad del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal puesto que incluso se encontraba habilitada, en última instancia, a emitir un pronunciamiento sobre la “verdad” de lo ocurrido.

Se debe señalar al respecto, que con fecha 15 de mayo de 2014 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con motivo de la acción de amparo interpuesta por AMIA y DAIA y la intervención del fiscal, resolvió dejar sin efecto el Memorándum. Asimismo, ordenó al juez interviniente la reiteración de las solicitudes de extradición y colaboración libradas al Gobierno de la República Islámica de Irán y, le solicitó a INTERPOL que extremara los recaudos a fin de dar con el paradero de los imputados a fin de garantizar su sujeción al proceso. En definitiva, sostener la vigencia de la investigación de las autoridades judiciales argentinas respecto del atentado a la sede de la AMIA.

La cuarta presentación de relevancia, a raíz de dicho Memorándum, se trató de la denuncia contra funcionarios del gobierno nacional por encubrimiento. El 14 de enero de 2015, Nisman formuló una denuncia penal contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, parte de su gabinete y figuras cercanas, por el presunto encubrimiento de los autores que perpetraron el ataque terrorista contra la sede de la AMIA.

Concretamente, denunció la existencia de un acuerdo llevado adelante, a través tanto de canales oficiales y paralelos, por las máximas autoridades de este país y el régimen iraní, con el objetivo de garantizar la impunidad de quienes eran -y continúan siendo- los acusados de haber cometido e ideado el máximo atentado terrorista ocurrido en nuestro territorio, logrando su desvinculación del proceso llevado adelante como consecuencia de ello.

En este sentido, Nisman indicó que, si bien la maniobra comenzó su gestación en el período comprendido entre los últimos meses del año 2010 y principios de 2011, se materializó el día 27 de enero de 2013 con la celebración del Memorándum de Entendimiento.

Así, el fiscal denunció que el mecanismo escogido creaba una “Comisión de la Verdad” que permitía en última instancia garantizar la impunidad de los acusados al deslegitimizar la investigación sobre el atentado terrorista y las autoridades que intervinieron en ella, desvirtuando la prueba producida y habilitando la posibilidad de un redireccionamiento hacia nuevos culpables. Además, Nisman acusó que la celebración de un acuerdo de estas características producía una afectación a las circulares rojas que pesaban sobre los acusados del atentado, produciendo potencialmente su caducidad.

Al día de hoy, resulta evidente el vínculo existente entre la labor llevada adelante por el fiscal Nisman en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, plasmada en sus dictámenes, y su fallecimiento: una sentencia de muerte -fatwa- pesaba sobre su cabeza como consecuencia de la aceptación por parte de INTERPOL del libramiento de las circulares rojas de los acusados iraníes. En esta línea, pocos días más tarde de denunciar públicamente un plan tendiente a evitar el cumplimiento de estas mismas circulares y lograr la impunidad de los acusados, fue asesinado en su domicilio.

b. Las amenazas previas

Durante el tiempo en que fue titular de la UFI-AMIA Nisman fue objeto de múltiples amenazas hacia su persona y su entorno familiar, las que dieron origen a distintas investigaciones. Del análisis de dichas actuaciones surge que los autores de los mensajes intimidantes lo llamaban peyorativamente como “pajarito” y/o “rusito descerebrado”. Estos mensajes fueron recibidos en una cuenta de correo electrónico de Nisman.

Puntualmente, el primer correo, titulado “PAJARITO:”, fue recibido por el fiscal Nisman el 4 de agosto de 2012, y rezaba: “Ma shelom-ja iadidi? (…) Decile a Sandra y a vos que Jaime no te va a poder devolver ni la vida ni tus bienes, así que piense bien lo que hace porque cuando esto termine (Porque todo termina) ustedes están muertos y vos ni aunque te vayas para ha aretz vas a seguir vivo (…) Por tus hijos persuadila. Ya no bancamos bastante las pelotudeces y tenemos medios y tiempo para mandarlos al país de los fantasmas. Mirá que de México les tienen unas ganitas…. (…) Cuidate Pajarito y cuidá a tu familia que papa Jaime no va a poder devolvértela entera, a él también le queda poco (…) chao”.

El 22 de agosto de 2012 Nisman recibió otros tres correos electrónicos amenazantes. El primero, titulado “SABE CUANTO PAGARON POR USTED Y SU FAMILIA?”, tenía como texto “300.000 U$D (…) Así se duerme tranquilo sabiendo lo que vale para nosotros familia. y el contrato se cumple o se cumple. Chao”.

El segundo, con el encabezado “ESTE VIDEO TE LO MANDA UN COMPA”, se trataba de un link a un video de “Youtube”, el cual ejecutaba un video clip de una canción llamada “Lista Negra”, cuya letra fue incorporada al expediente, y contiene un claro tinte intimidatorio: “Ya apuntame otra muerte, se decían por el radio, y no era una competencia, es que le habían encargado, traian una lista negra, y como trece apuntados (…) Y subian por las hieleras, y amarraban las bolsitas, parque traian se sobra, para pegar esa limpia, había cuatro del gobierno, para trozarlos en fila (…) los periodicos locales, al otro dia divulgaban, pues le pegaron un llegue, esa gente de la mafia, y les dejaban mensajes, a los que el cartel mataba, mientras tachaban la hoja, donde los apuntaban (…) Se oia quema de casquillos, seguraban levantones, se encontraban enteipados, seguían las ejecuciones, y se escuchaba en el radio, toditas las instrucciones (…) Al gobierno apalabrado, se le informa la limpia, gatilleros gatilleros, con los rifles van de punta, encapuchados de negro, ban con piñas y bazukas (…) Asi es a vida del cartel, de quien controla la plaza, mi gente aquí da la vida, asi es como corre el agua, no estudiamos la violencia, la tenemos enraizada, mataremos al traidor, esta lista no se acaba, los del gobierno no duermen, por esta lista afamada”.

Por su parte, el tercer correo recibido el 22 de agosto de 2012, titulado “Y ESTAS FOTOS ????”, tenía adjuntas ocho fotografías de gente asesinada, e indicaba: “Así son nuestras obras de arte esas no se descargan de internet viejo..jejejejeje (…) debio haberlo pensado pana, tiene mas enemigos que granos de arroz (…) Asi los van a encontrar a usted y su familia (…) Ahoritica si. Cuenta regresiva (…) Chao”.

Pese a las denuncias formuladas por Nisman, los correos electrónicos no cesaron y el 6 de noviembre de 2012 recibió uno con asunto “Mi querido ´pajarito´” con el siguiente texto: “Mi querido ”Pajarito“, nos volvemos a encontrar después de algún tiempo. Te lo advertimos y no nos hiciste caso, NO PARASTE los procesamientos nuestros en la causa de los mails pese a que podías incidir sobre tu ex mujer (te diste cuenta que Sandra sigue adelante con todo nó???!!!). Vamos a cumplir nuestra promesa de matarte a vos y a tu familia, pero antes vamos a hacerte mierda pública y mediáticamente. Ya logramos que te apartaran de la negociación de la causa AMIA y también logramos que Argentina arregle con Irán sin tu participación, pero esto no es todo ”pajarito“… Estas a punto de quedar sin tu principal sostén en esa causa, ya que nos llevamos puesto a tu querido ”Jaimito“, con lo cual imagínate cuanto durás hasta que la Procuradora te saque de esa causa, a vos y a toda tu unidad f iscal… (…) Gil!!!!!!, Jaimito Stiuso se está poniendo viejo y esta vez lo embocamos en su propia salsa, hablando por teléfono. Viste que no se nos escapa nada, ya vas a ver cómo lo cocinamos en la causa 103.458/2012 con el fiscal Campagnoli (…) Evidentemente perdieron el toque y se les fue la mano con Severo. ”Pajarito“ sería bueno que leas esa causa para que veas y aprendas cómo le armamos la prueba a Jaimito de la misma forma que lo vamos a hacer con vos y tu ex mujercita… (…) Chau ”pajarito“, fíjate como este tema lo seguimos hasta el final… (pd: cuando lo rajen a Stiuso y se quede sin protección, vamos a ir por él y por toda su familia también!!!!!!)”.

Finalmente, el 12 de febrero de 2013, Nisman recibió un correo titulado “BASTA. HASTA ACA LLEGAMOS”, con el siguiente texto: “Escuchanos bien, rusito descerebrado. Parece que no entendiste como cambió la mano. Vas a quedar colgado de un hilo fino que se corta en cualquier momento. Tu gobierno ya negocio$ dejar de lado la acusación a la gloriosa República Islámica y a Hizb allah. Se terminó el apoyo a vos. Tenes que irte. Renunciá ya mismo y no tendrás consecuencias. inventá cualquier cosa, que tus amigos los gringos te ofrecieron trabajo y andate. Si no, va a ser peor. Vos vas a aparecer en una zanja, reventado a balazos (…) Van a morir todos. Ya hicieron mucho mal. Ahora que les desapareció el apoyo, andá a pedirle a alguien que se la juegue por vos. Por mas custodia que tengas, preparate. Si no renuncias en 24 horas, mirá bien por donde vas, porque no te queda mucho, judio hijo de mil putas. Viva Irán. Viva Hizb allah, viva el Islam. Muerte al sionismo usurpador”.

El propio Nisman sostuvo que los correos estaban vinculados “…al ejercicio de mi función y la especial gravedad que, a mi juicio, revisten tanto esta última presentada el día 13 de febrero de 2013, como las anteriores en las que se involucra además del suscripto a mis hijas, todo ello en un contexto general donde el expediente que se investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, a mi cargo, se encuentra en el centro de la escena…”. Por ese motivo, solicitó que se tomaran los recaudos necesarios a fin de garantizar la protección de su persona, su ex pareja y sus hijas.

Con motivo de este pedido, el juez interviniente ordenó, el mismo 13 de febrero de 2013, a la División Seguridad y Custodia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación de la Policía Federal Argentina, que se llevara adelante un incremento en la custodia personal y de movilidad del Fiscal General Natalio Alberto Nisman y de su grupo familiar primario, en las formas y condiciones apropiadas para asegurar su integridad física.

Asimismo, se dio intervención a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Público y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se dispuso la realización de un informe de riesgo por parte de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos de la PFA.

De las conclusiones allí arribadas se desprende que si bien el personal que ya tenía asignado Nisman resultaba apto para realizar la custodia tanto en capacidad como en cantidad, era recomendable implantar una consigna domiciliaria en el lugar de residencia del fiscal. Por este motivo, se ordenó al Jefe de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto General Luis Alberto Heiler, que estableciera dicho servicio en el domicilio de Nisman.

c. Los días previos a su muerte

El 1° de enero de 2015, Nisman partió junto a una de sus hijas con destino al Reino de España, en un viaje personal programado con anterioridad (los pasajes fueron adquiridos en el mes de agosto de 2014). La fecha inicial de retorno estaba prevista para el día 23 de enero de 2015; sin embargo, el día anterior a su partida el fiscal decidió modificar su itinerario para retornar antes al país.

El lunes 12 de enero de 2015 a la mañana Nisman arribó solo a Argentina. Fue recibido por sus custodios Pérez Méndez, Miño y Mendes, quienes se encargaron de su traslado a su domicilio en el Complejo Le Parc Puerto Madero. Durante su permanencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, las cámaras de seguridad detectaron la presencia en el lugar de un agente de inteligencia.

Dos días más tarde, el 14 de enero de 2015 a la mañana, Nisman, como fiscal a cargo de la UFI-AMIA, presentó la denuncia de público conocimiento, mediante la cual acusaba a las máximas autoridades de este país, y otras personas a estas vinculadas, de llevar adelante un plan tendiente a garantizar la impunidad de los autores del atentado a la sede de la AMIA.

Esa presentación movilizó al país y generó repercusiones al instante que se prolongaron durante los días posteriores y, en particular, el fin de semana de su muerte. En una entrevista el mismo 14 de enero a la noche, Nisman habló respecto de todo aquello que había manifestado en su presentación, como así también advirtió que la prueba que había acumulado en contra de las personas denunciadas era contundente.

A su vez, en el marco de una entrevista realizada por el diario Clarín, Nisman fue tajante con respecto a su denuncia: “Yo puedo salir muerto de esto”, y dijo en un programa de televisión: “aunque no esté, las pruebas están”.

Además, el fiscal circuló por WhatsApp entre algunos de sus contactos el siguiente mensaje: “Este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor no responderlo. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo q eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen, simplemente, las cosas suceden y esto es x algo. Esto q voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo q me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora, como uds ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de q estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea. HASTA dentro de un Rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé q no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más temprano que tarde la verdad triunfa y me tengo mucha confianza. Haré todo lo q esté a mi alcance, y más también, sin importar a quien tenga enfrente. Gracias a todos. Será justician!!! Ah. Y aclaro x si acaso q no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor q nunca. Ja ja ja ja ja ja. :)”.

Los días siguientes a la presentación se reunió con periodistas, políticos y diputados, entre ellos Laureano Pérez Izquierdo, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Hernán Carlos Capiello, Waldo Ezequiel Wolff y Natasha Niebieskikwiat. Mientras tanto, se mantuvo en constante comunicación con la secretaria de la UFI-AMIA que lo asistió en la confección de la denuncia.

El día sábado 17 de enero de 2015 Nisman se dedicó a la preparación de la presentación que realizaría el lunes siguiente en el Congreso de la Nación, ocasión en la que expondría los detalles de su denuncia. La mesa de su living estaba repleta de documentación vinculada con ello. Aquel día Nisman convocó a sus custodios, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán, para que a las 10.00 horas se hicieran presentes en el complejo Le Parc Puerto Madero.

Ese 17 de enero estuvo en su departamento todo el día y mantuvo comunicaciones con sus custodios, con su madre y su equipo de trabajo, entre otros. Durante el transcurso del día los custodios se alejaron del complejo y dejaron a Nisman sin protección durante un lapso de alrededor de cinco horas. Desde el mediodía aproximadamente y hasta pasadas las 20.00 horas, por disposición del fiscal, ambos custodios abandonaron su domicilio y realizaron una serie de diligencias en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Nisman trabajaba en su departamento con las persianas bajas cuidando celosamente su labor.

Los custodios no fueron las únicas personas que estuvieron en su domicilio. El ingeniero informático Diego Ángel Lagomarsino concurrió en dos ocasiones. Lagomarsino era quien le brindaba asistencia técnica en temas tecnológicos, de seguridad informática y tenía conocimiento en el análisis de comunicaciones; además, había tenido el privilegio de leer, en la sede de la UFI-AMIA, la denuncia realizada poco tiempo después de su presentación y en su teléfono se encontraron fotografías de material investigativo del atentado a la sede de la AMIA como también se secuestró en su domicilio un soporte óptico conteniendo dos archivos de formato Word identificados como “resumen breve” y “resumen extendido” -con última modificación los días 12 y 13 de enero de 2015, respectivamente, fechas anteriores a la presentación de la denuncia-.

No era la primera vez que Lagomarsino iba al departamento de Nisman, pero sí la primera que mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego.

En este sentido, un arma de su propiedad fue encontrada junto al cuerpo ya sin vida de Nisman y posteriormente se determinó que desde esa arma se produjo el disparo homicida. Lagomarsino dijo en su indagatoria que fue Nisman quien lo contactó a él ese sábado. Sin embargo, esa versión fue refutada por la fiscalía ya que se verificó a través de un peritaje realizado con posterioridad que ese sábado Nisman recibió a las 11.48 horas y 13.04 horas dos mensajes por WhatsApp del técnico informático, lo cual comprueba que fue Lagomarsino quien lo contactó en primera instancia al fiscal, y no al revés.

Los llamados de Nisman se producirían más tarde pasadas las 16.00 horas. Ese día, cerca de las 17.00 horas, Lagomarsino ingresó al departamento de Nisman por primera vez y se retiró minutos más tarde. A pesar de la realización de diversos peritajes sobre los equipos telefónicos utilizados por Nisman y Lagomarsino, los mensajes instantáneos cuyo comportamiento fue registrado por la aplicación de mensajería no fueron encontrados.

Como se dijo anteriormente, Lagomarsino volvió al Complejo Le Parc Puerto Madero. Aproximadamente dos horas más tarde de abandonar el domicilio de Nisman por primera vez, se registran comunicaciones entre Nisman -que seguía en su departamento- y Lagomarsino, quien alrededor de las 20.00 horas volvió a ingresar al complejo.

El último de los custodios se retiró del complejo alrededor de las 20.00 horas, momento en el que Lagomarsino ingresaba al departamento para abandonar el lugar apenas unos minutos más tarde. La última comunicación telefónica de Nisman se registró a las 21.00 horas con el custodio Durán, mientras que el último registro de mensajes instantáneos fue a una periodista a las 21.16 horas.

En concreto, las constancias incorporadas al expediente indican que las últimas personas en ver con vida al fiscal fueron Durán y Lagomarsino. Desde ese momento Nisman fue dejado solo, totalmente desprotegido. Su custodia se había retirado del lugar y el reemplazo no llegó hasta casi el mediodía del día siguiente, es decir más de doce horas después. Por más i

nverosímil que parezca, eso fue lo que ocurrió: el fiscal federal a cargo de la investigación del atentado terrorista más trágico de la historia de nuestro país, que acababa de denunciar a los más altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio por encubrir ese atentado en connivencia con miembros del estado extranjero acusado de cometerlo, y que a los dos días debía presentar las pruebas pertinentes en el Congreso de la Nación, fue dejado sin custodia durante más de doce horas. Los hechos vuelven a hablar por sí mismos.

III. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS EL 18 DE ENERO DE 2015

El 18 de enero de 2015, cerca de las 11.00 horas de la mañana y más de doce horas después de haber quedado desprotegido, los custodios de Nisman -Luis Ismael Miño y Armando Niz-, quienes tenían la obligación de protegerlo, llegaron al complejo Le Parc Puerto Madero. Recién después del mediodía, alrededor de las 13.00 horas, intentaron establecer comunicación con Nisman; es decir, transcurrió un lapso de quince horas sin establecer contacto con quien debían custodiar.

A partir de ese momento hubo varios intentos sin éxito de obtener respuesta de Nisman. Recién a las 17.00 horas se comunicaron con su secretaria privada, quien a su vez intentó ponerse en contacto con Nisman sin obtener respuesta. Luego, se comunicó con la madre de Nisman, a los fines de obtener las llaves del departamento. A partir de esa comunicación, ambos custodios se dirigieron a la residencia de la madre del fiscal, dejando sin custodia el domicilio de Nisman una vez más. Arribaron al domicilio de la madre del fiscal alrededor de las 18.30 horas, buscaron a una amiga de ella y f inalmente volvieron al complejo recién a las 19.30 horas.

Armando Niz y la madre del fiscal intentaron ingresar por la puerta de servicio del departamento, lo cual no fue posible porque la llave estaba puesta del lado de adentro. Luego, intentaron ingresar por el ascensor principal, pero el código para subir no funcionaba. Todos ellos volvieron entonces a la casa de la madre de Nisman a los efectos de corroborar el código, que estaba anotado en su agenda, dejándolo por tercera vez sin custodia.

Una vez de regreso en el complejo, ingresaron el código obtenido. A pesar de que este era correcto, el ascensor seguía sin funcionar. A partir de ello, decidieron llamar a un cerrajero para ingresar por la puerta de servicio. En el marco de su declaración testimonial, el cerrajero manifestó: “dicha puerta de servicio poseía la llave colocada (apoyada) con pequeño giro de un milímetro trabándola, lo que posibilitó que fácilmente pudiera proceder a la apertura de la puerta (unos cinco o diez minutos) dado que la mencionada llave no había accionado la cerradura, estaba solamente colocada pero sin accionar ninguna vuelta”.

Recién a las 22.32 horas ingresaron al departamento donde encontraron el cuerpo sin vida de Natalio Alberto Nisman. Una vez advertida la presencia del cuerpo en el baño de su departamento, su madre se comunicó, a las 22.44 horas, con Swiss Medical Group. Por su parte, a las 22.48 horas la secretaria de la UFI-AMIA, quien ya había sido anoticiada de la situación, se comunicó con el SAME. Así, aproximadamente a las 23.00 horas llegó la ambulancia de Swiss Medical y la ambulancia vinculada al sistema de emergencias llegaría más tarde. Mientras tanto, a las 23.35 horas, el periodista Damián Pachter es el primero en publicar a través de la red social “Twitter” información vinculada con lo que había sucedido en el departamento de Nisman: “Me acaban de informar sobre un incidente en la casa del Fiscal Alberto Nisman”.

Al solicitar asistencia médica y dar aviso a un miembro de Prefectura que cumplía funciones de consigna en el complejo, se dio curso a una serie de medidas que derivaron en el procedimiento desarrollado en el departamento del fallecido fiscal.

En definitiva, en las últimas horas del domingo 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su habitación, producto de un disparo en su cabeza. Como se mencionó anteriormente, el día anterior, mientras se encontraba trabajando en su departamento, sus custodios abandonaron el domicilio en varias ocasiones y luego lo dejaron desprotegido durante un período de más de doce horas, que abarcó la noche del sábado y hasta casi el mediodía del día siguiente. Recién después de 24 horas desde su último contacto, uno de los custodios ingresó al domicilio de Nisman, donde se encontró con el fatídico desenlace.

IV. EL PROCEDIMIENTO INICIAL

Aproximadamente a las 23.00 horas del día 18 de enero de 2015, el personal preventor de la Prefectura Naval Argentina dio inicio al procedimiento en el inmueble del Dr. Nisman, que transcurrió durante la madrugada del 19 de enero de 2015. En ese momento se dispusieron las primeras medidas resultando la más relevante la delimitación de la escena del hecho.

A raíz de las irregularidades detectadas en la labor de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de ese procedimiento se dio origen a la causa n° 2053/2015.

En cuanto a los sucesos que allí se investigan, se destaca, concretamente, que la primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina al departamento. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena.

La intervención del juzgado de turno del fuero ordinario se registró recién a las 23.55 horas, es decir más de una hora y media después de que fue encontrado el cuerpo sin vida del fiscal en el baño de su departamento; demora que hasta el día de hoy no ha tenido explicación. Como fuera referido anteriormente, resulta llamativo que se le haya dado intervención al fuero ordinario teniendo en cuenta que el hecho a investigar era la muerte violenta de un fiscal federal que se encontraba a cargo de la investigación del más grave atentado de la historia argentina. La relevancia institucional del hecho, como así también la circunstancia de que el Dr. Nisman acababa de denunciar a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, eran elementos evidentes que debieron haber sido tenidos en cuenta para determinar la competencia federal en la investigación.

Los hechos que se sucedieron pudieron ser reconstruidos luego de un análisis profundo de declaraciones testimoniales, filmaciones del procedimiento, entrecruzamientos telefónicos y demás elementos probatorios que se recopilaron a los fines de dilucidar qué fue exactamente lo que sucedió la noche del 18 y la madrugada del 19 de enero de 2015 en el complejo Le Parc Puerto Madero y, en particular, en el departamento de Nisman.

Del análisis de las comunicaciones y las cerca de sesenta declaraciones testimoniales obrantes en el marco del procedimiento, se relevó que a lo largo de la noche del 18 de enero y la madrugada del 19 de enero de 2015 desfilaron en el departamento de Nisman funcionarios de los más altos rangos de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional. Solo para mencionar algunos: Luis Alberto Heiler -Prefecto General de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -Jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -Secretario de Seguridad del Ministerio De Seguridad de la Nación-, Darío Ruiz -Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, entre muchos otros.

El prefecto Horacio Nicolás Aranda, Jefe de Servicio en el lugar del hecho, se comunicó con las autoridades judiciales a las 23.55 horas. A la 1.39 horas llegaron los funcionarios que tuvieron a cargo la investigación el primer año y medio, la fiscal Viviana Fein y el secretario Bernardo Chirichella, según los registros obtenidos de las cámaras de seguridad instaladas en el complejo Le Parc. El juez De Campos, en ese momento a cargo del juzgado interviniente, y el secretario Donarini habían llegado poco tiempo antes. A la 1.53 horas se registran las primeras filmaciones realizadas por el equipo de video y fotografía de la Policía Federal Argentina en la planta baja del complejo, prueba que será fundamental a la hora de valorar el procedimiento.

La escena del crimen se circunscribió principalmente al baño en el que fue hallado sin vida Nisman. No fueron objeto de análisis las áreas externas de aquella unidad funcional, tales como el palier principal y el de servicio, los sectores comunes como los ascensores, las escaleras de emergencia, el playón de estacionamiento y el complejo edilicio en su conjunto. Una gran cantidad de personas circularon injustificadamente por el dormitorio, algunos incluso se sentaron en la cama y sin ningún tipo de protección se llevó adelante el reconocimiento de elementos probatorios, arriesgando así la alteración de las huellas allí obrantes.

En el departamento de Nisman, es decir la escena del crimen, circularon esa noche más de ochenta personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna.

La deficiente labor desplegada durante el procedimiento impidió, entre otras cosas, que fuera advertida una puerta de metal en la cocina que daba acceso a un espacio con piso enrejado donde se encontraban los equipos de aire acondicionado y que tenía comunicación con el departamento lindante. Menos aún, se detectaron y levantaron rastros en el aire acondicionado central que allí estaba instalado, donde se advirtió la existencia de una huella de calzado. Esta circunstancia recién fue corroborada al otro día en el horario de las 17.17 horas, como producto de un nuevo procedimiento en el inmueble.

En este nuevo procedimiento se verificó que ese sector en cuestión se trataba de una conexión entre el domicilio de Nisman y el departamento lindante, donde residía una persona de nacionalidad extranjera que trabajaba en una empresa dedicada a servicios de control de acceso, con vínculos con el entonces Secretario General de Presidencia, Aníbal Fernández, y que tenía asignada la prestación de servicios en Casa Rosada y la Residencia Presidencial.

La delimitación del lugar del hecho derivó en irregularidades que atentaron contra una correcta preservación de la escena del crimen: hubo una enorme cantidad de gente desplazándose en el interior del departamento, la gran mayoría sin ninguna función que cumplir y algunas utilizando elementos que debieron haberse peritado, como la cama de la habitación principal o los sillones del living.

Respecto a la utilización de vestimenta adecuada para prevenir la contaminación en una posible escena del crimen, solo algunos de los presentes llevaban guantes puestos y protección en los pies. Surge de las filmaciones del procedimiento que las personas que ingresaron al baño en el que estaba el cuerpo de Nisman -algunas sin ningún tipo de justificación- lo hicieron sin la debida protección en el calzado y la cabeza. En otro momento de la filmación se observa que un perito -aparentemente al momento de examinar la numeración del arma- desliza su dedo por la corredera, acción que podría borrar o alterar las huellas que hubiera sobre ésta. Además, el arma fue luego llevada a la habitación principal y apoyada en una de las mesas de luz sin que se tomaran precauciones para su correcto resguardo.

El Departamento Científico Pericial de la Policía Federal Argentina omitió determinar la temperatura del cuerpo de Nisman y del lugar donde fue hallado, ya que no contaron, durante un procedimiento que duró más de cuatro horas, con un termómetro u otro objeto de medición similar. La temperatura ambiental promedio a la que podría haber estado expuesto el cuerpo se calculó después utilizando los datos del reporte del Servicio Meteorológico Nacional. La ausencia de esta información impidió, en un posterior análisis, contar con un elemento central para saber con exactitud la hora de la muerte de Nisman y así facilitar una correcta reconstrucción del crimen.

Respecto de los registros de huellas encontrados en el domicilio, se debe señalar que sus conclusiones resultan, como mínimo, deficientes. El levantamiento de rastros se llevó a cabo a partir de las 5.10 horas del 19 de enero de 2015, cuando ya habían circulado por el departamento un exagerado número de personas. Del informe confeccionado por la División Rastros de la PFA surge la obtención de huellas dactilares de un total de 35 personas en la escena del hecho. Esto indica la alteración de los rastros y huellas de utilidad para la investigación y la aparición de nuevos registros en el departamento.

Como si esto no fuera suficiente, los únicos diseños papilares que lograron ser identificados corresponden al Jefe de Servicio Horacio Nicolás Aranda, es decir, una de las personas que estuvo presente en el lugar del hecho durante el procedimiento, y quien al principio se encargó de su dirección.

Por último, con el correr de la investigación, y en lo que al procedimiento respecta, se acreditó la presencia de, al menos, un agente de la Agencia Federal de Inteligencia en el interior del complejo durante la madrugada del 19 de enero de 2015, desde donde se reportó a sus superiores.

Para ello, el agente sorteó controles al ingreso, se ubicó en la planta baja del complejo y conversó con personal policial interviniente en el procedimiento. Así, recibió información referida al hecho y todo ello sin la necesidad de identificarse y/o justificar su presencia en el lugar. Además, los elementos probatorios recolectados indican que no fue el único agente que concurrió al complejo, dado que fue posible comprobar la presencia de otros agentes los días siguientes.

En conclusión, luego de un profundo análisis, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 formuló una imputación formal contra las máximas autoridades de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina y contra los Secretarios de Seguridad y de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación por las irregularidades advertidas durante el procedimiento, sin perjuicio de lo cual aún se continúa profundizando la pesquisa en las cadenas de responsabilidades por lo ocurrido en la escena del crimen.

V. LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO: CAUSA N° 3559/2015

a. Medidas probatorias iniciales

A partir del presente acápite se hará una descripción de las medidas más relevantes llevadas a cabo durante el trámite judicial de la investigación, que fue conducido, al principio, por la fiscalía a cargo de la Dra. Viviana Fein y ante el juzgado a cargo de la Dra. Fabiana Palmaghini. Durante este período tuvieron lugar las primeras etapas de la actividad probatoria que luego fue ampliada y profundizada en su totalidad con la radicación de la causa en el fuero federal.

En este sentido, la primera medida que se realizó con posterioridad al procedimiento llevado adelante en el complejo Le Parc fue la autopsia sobre el cuerpo del fallecido fiscal. Los peritos intervinientes del Cuerpo Médico Forense determinaron que la muerte de Nisman fue causada por lesiones cráneo encefálicas producidas por un proyectil de arma de fuego.

Siguiendo con el curso de la investigación, la fiscalía recibió declaración testimonial a empleados de la UFI-AMIA, testigos del procedimiento, miembros de la custodia de Nisman, el cerrajero que permitió el ingreso al complejo la noche del procedimiento, la madre de Nisman, su ex esposa, personal de la salud que intervino, entre muchos otros. Se efectuaron peritajes de los elementos tecnológicos hallados en el departamento de Nisman y de la evidencia allí encontrada como rastros de sangre, rastros papiloscópicos, el arma, el proyectil y los cartuchos de bala; se allanó la UFI-AMIA y se realizaron inspecciones oculares del departamento de Nisman.

Declararon periodistas, representantes de las querellas intervinientes en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, todo lo que llevó a una mayor comprensión del grado de complejidad de la trama que configuraba la vida de Nisman.

Además, se determinó la existencia de una cuenta en el banco Merryl Lynch de Estados Unidos de América, a nombre de Nisman, cuyos cotitulares eran Sara Garfunkel -su madre-, Sandra Ruth Nisman -hermana del fiscal- y Diego Ángel Lagomarsino.

Con respecto a la figura de Lagomarsino se fueron incorporando más elementos al cuadro de situación. De los testimonios de los empleados de la UFI-AMIA surge que concurría muy ocasionalmente a la sede de esa dependencia, a pesar de encontrarse vinculado mediante un contrato de locación de servicios. Concretamente, el informático se dedicaba a realizar tareas de su especialidad para Nisman y resultó ser casi desconocido para los otros empleados de aquella unidad fiscal.

Además, se incorporaron constancias que indicaban que en el mes de mayo de 2014 Lagomarsino y Nisman viajaron juntos a la República de Chile, en lo que en palabras del primero fue “algo casual”.

En relación con el arma que se encontró junto al cuerpo sin vida de Nisman, se verificó que era propiedad del técnico informático, quien señaló habérsela entregado el día 17 de enero de 2015 luego de que el fiscal le manifestara la necesidad de contar con un elemento de estas características para defenderse él y sus hijas.

Al respecto, resulta relevante destacar que Nisman registraba a su nombre un arma de similares características, que fue encontrada en la baulera del domicilio de su madre, quien puso en conocimiento de las autoridades judiciales su existencia. Asimismo, sus hijas no se encontraban en el país al momento de los hechos. Estas circunstancias resultaron un contrapunto insoslayable a los argumentos expuestos por Lagomarsino, en relación con los motivos por los que le habría entregado el arma. Respecto de su funcionamiento se logró demostrar que era apta para el disparo pese a que su dueño indicó que no funcionaba correctamente.

Las constancias incorporadas al expediente señalan que Lagomarsino conoció a Nisman a través de un agente de inteligencia que cumplía funciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria -antes Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina-. En este sentido, un ex titular de dicha fuerza identificó a Lagomarsino como alguien vinculado a los servicios de inteligencia, que le fue presentado por un policía bonaerense como un informante, destacando que era muy común que en materia de seguridad te “vendan buches”. Según dijo, quien él identificó como Lagomarsino le ofreció información sobre narcotráfico a cambio de dinero.

Además, cuando su rostro fue conocido a través de los medios de comunicación, un familiar de una víctima de la tragedia ocurrida en el establecimiento conocido como “República de Cromañón” se presentó espontáneamente en sede judicial junto a su expareja y reconoció a Lagomarsino como una persona que se acercó a ellos a fin de obtener información.

Según sus dichos, luego de que él, en su carácter de referente de un sector de las querellas confrontara públicamente con Aníbal Fernández y Néstor Kirchner, lo cual tuvo en ese momento una grandísima trascendencia pública, “quien hoy puedo asegurar que era Diego Lagomarsino” se le acercó y le dijo que era estudiante de fotografía y quería sacar fotos para hacer una exposición sobre su lucha, luego de lo cual “… se me pegó como estampilla”. El testigo señaló que con el transcurso del tiempo advirtió que su acercamiento tuvo como verdadero objetivo la obtención de información respecto de los familiares de las víctimas de la tragedia, en una época en la cual el hecho había adquirido relevancia en el desarrollo de la política nacional, y estaba poniendo en jaque a altos funcionarios del gobierno de aquel entonces.

Si bien las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y la Secretaría de Inteligencia informaron que Diego Ángel Lagomarsino no figuraba en sus registros como personal de inteligencia, la investigación logró acreditar la existencia de vínculos estrechos de Lagomarsino con estos sectores: conoció a Nisman a través de un agente de inteligencia; tenía en su domicilio información clasificada vinculada a la denuncia del día 14 de enero de 2015 con anterioridad a la fecha de su presentación; se secuestraron en su vivienda soportes ópticos que almacenaban el contenido de intervenciones telefónicas y detalles de comunicaciones correspondientes a otras causas judiciales; fue identificado por el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria -fuerza a la cual pertenecía el agente que le presentó a Nisman- como alguien vinculado a los servicios de inteligencia; y fue identificado como una persona que habría recopilado información para el gobierno nacional sobre familiares de las víctimas de Cromañón a través de un accionar propio de un agente de inteligencia -más allá de la legalidad o no de esos actos-. Todo ello, teniendo en cuenta también que, como se verá, a lo largo de la investigación logró corroborarse que los diferentes organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional contaban con los denominados “agentes inorgánicos”.

b. Complejo Le Parc Puerto Madero

En el marco de la investigación se dispusieron diversas medidas tendientes a obtener información respecto del contexto que rodeaba al complejo habitacional en el que residía Nisman.

Declararon más de 350 propietarios e inquilinos del complejo, miembros de la empresa que se encargaba de la seguridad del lugar, y miembros de la compañía a cargo de su limpieza y mantenimiento.

Se solicitaron informes a la empresa de seguridad referida, como así también a aquella a cargo del sistema informático de registros de ingresos y egresos de visitas al complejo, y de la compañía a cargo de las cámaras de seguridad. Se relevaron alrededor de 100 cámaras de seguridad, un porcentaje considerable no funcionaba por completo o reportaba baches de grabación de hasta horas donde la imagen es negra o de muy difícil visualización.

En cuanto al control de acceso, se encuentra corroborado que no siempre se cumplía el procedimiento requerido para los registros de ingresos y egresos y que registraba errores sustanciales. Tal es el caso del registro de las salidas de las visitas al complejo, las cuales eran asentadas en la base de datos al mismo tiempo, independientemente del horario real del egreso de la visita. Esto sucedía, generalmente, al final del día.

Un informe realizado entre los días 15 y 31 de octubre de 2014 por la firma que prestaba el servicio de mantenimiento y ejecución de las cámaras de seguridad registró que un número considerable de equipos tampoco funcionaban correctamente o no cumplían de manera eficiente su función, producto de una mala instalación o la modificación de su enfoque de captación.

Además, varios de los habitantes del complejo comunicaron hechos de inseguridad sucedidos allí en los últimos años y fallas advertidas. Por último, había una gran cantidad de alquileres temporarios vigentes, lo que permitía una circulación constante de personas que residían allí solo por algunos meses.

La División Operaciones Técnicas Especiales (“DOTE”) de la Policía Federal Argentina efectuó un relevamiento de las cámaras obrantes en el Complejo Le Parc Puerto Madero. El informe presentado por dicha división da cuenta de la detección de un gran número de cámaras fuera de funcionamiento, la inexistencia de cámaras secuenciadas para seguimiento de recorridos y de domos con dificultades para el monitoreo remoto. Se concluyó que había accesos al predio fuera del alcance de visualización o con alcance deficiente de cámaras y domos, como así también que no había una visualización de la entrada principal de la Torre Boulevard, donde Nisman residía. Asimismo, las imágenes del sistema de monitoreo de video-vigilancia eran de escasa definición y presentaban una distribución no secuencial, ineficiente o inadecuada. Por último, la “DOTE” dejó asentado que no funcionaba el sistema de barreras infrarrojas en todo el complejo.

En definitiva, las circunstancias apuntadas tanto por la firma que prestaba el servicio como la dependencia policial que realizó el análisis permitieron determinar un importante número de deficiencias en lo referente al funcionamiento de las cámaras de seguridad, de lo que se desprende que no revestía demasiada dificultad ingresar y retirarse del complejo sin ser captado por el sistema de monitoreo allí instalado. 

c. Entrecruzamientos telefónicos

Una de las primeras medidas dispuestas en esta causa fue la obtención de registros telefónicos de abonados utilizados por Nisman y Diego Ángel Lagomarsino. El comportamiento comunicacional fue analizado en primera instancia por la División de Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina que efectuó un entrecruzamiento telefónico de los abonados que surgieron de las comunicaciones de Nisman.

En el marco de esa primera aproximación desde el abonado del fallecido fiscal se determinaron contactos con periodistas, funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y miembros jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia de este país en ese entonces.

Al decidirse la profundización del análisis en esas vinculaciones se logró detectar una trama de contactos entre miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (y su antecesora la Secretaría de Inteligencia), la Policía de la provincia de Buenos Aires, su Ministro de Seguridad y el Ejército Argentino, entre otros.

La cantidad de información obtenida aumentó de manera exponencial: con la aparición de nuevos interlocutores -donde generalmente la identidad de los usuarios era distinta a la de los titulares registrados- y las ubicaciones donde eran captados los participantes de las comunicaciones se realizaron comparaciones con espacios temporales anteriores a fin de detectar identidad de comportamientos y patrones. O, como efectivamente sucedió en este caso, la excepcionalidad en la cantidad de comunicaciones que se registraron el fin de semana que Nisman perdió la vida.

Para ello se solicitó colaboración a la Agencia Federal de Inteligencia y luego a la Gendarmería Nacional Argentina a los efectos de continuar el entrecruzamiento iniciado por la División de Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina. La sistematización de la información comenzó a tener lugar y fue necesario contar con la asistencia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“DAJuDeCO”). A medida, que el número de abonados telefónicos que debían analizarse continuaba creciendo, fue necesaria la realización de tareas de investigación en distintas ubicaciones de interés.

Finalmente se encomendó, por su experticia, al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (antes Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina) la realización de un análisis de comunicaciones integral, que hoy continúa su curso y que tiene por objeto más de seiscientos abonados telefónicos, sesenta mil comunicaciones y más de quince ubicaciones tanto de esta ciudad, como de la provincia de Buenos Aires.

d. Los servicios de inteligencia

La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman.

En relación con esta labor colaborativa, se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió. Aproximadamente para finales del año 2010 y principios del 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa.

Ante la negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole. Durante este periodo deben ubicarse, por un lado, la celebración del Memorándum de Entendimiento y, por el otro, la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad.

En este contexto de disputa desde el Poder Ejecutivo Nacional se llevaron adelante una serie de medidas tendientes a favorecer y fomentar la labor de inteligencia del Ejército Argentino, que se materializó en la realización de tareas que antes eran realizadas por la Secretaría de Inteligencia. Este accionar no sólo se llevó adelante desde lo discursivo en base a una nueva doctrina de inteligencia militar, sino que se sostuvo, principalmente, en un redireccionamiento de los fondos a ese sector.

Además, fue posible verificar durante esta época que la inteligencia militar mantenía vínculos y accionaba de manera conjunta con el sector de la Secretaría de Inteligencia que respondía a las máximas autoridades nacionales.

Así, a mediados de diciembre del año 2014, meses después de que el Gobierno Argentino impugnara la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que declaraba la inconstitucionalidad de la ley que aprobaba el Memorándum de Entendimiento, desde Presidencia de la Nación se ordenó el desplazamiento no sólo de las máximas autoridades políticas de la Secretaría de Inteligencia -el titular y el Subsecretario fueron reemplazados por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente- sino también del personal jerárquico que ya no respondía a su autoridad y que continuaban colaborando con el fiscal Nisman.

Esto fue seguido por un proceso de desjerarquización del organismo -principalmente de las áreas que respondían a los funcionarios desvinculados- y una política de sometimiento a la autoridad presidencial, que incluyó persecuciones, interrogatorios y desapoderamiento del material de trabajo. A modo de ejemplo, durante los meses siguientes al cambio de autoridades se dispuso el retiro de aproximadamente 34 agentes de la Dirección General más vinculada a la labor de Nisman. Un mes más tarde, Nisman presentó su denuncia y a los pocos días fue asesinado.

Gracias a la labor investigativa llevada adelante con sustento en el análisis de las comunicaciones antes mencionadas, intervenciones telefónicas, testimonios de miembros y funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia e información documental, se logró la reconstrucción de las características imperantes de la actividad de inteligencia en este país de los últimos veinte años.

Principalmente, se obtuvo un panorama más concreto del contexto al momento de los hechos y, gracias a ello, se arribó a las siguientes conclusiones: Nisman no era ajeno a esta temática, de hecho mantenía fuertes vínculos con miembros jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia que colaboraban con su investigación, registrando en sus últimos días con vida comunicaciones e intentos de contacto con algunos de estos agentes; se encontraba plenamente consciente de los sucesos ocurridos a mediados de diciembre donde se produjo el desplazamiento de funcionarios y personal jerárquico y de las consecuencias que ello acarreaba, al punto de sospechar que sería desplazado de su cargo; no era el único, la inteligencia nacional se encontraba convulsionada por estos mismos motivos; se identificó la realización de tareas de espionaje y/o de inteligencia por parte de individuos y/o agentes -entre los que se encontraban ciudadanos argentinos- que respondían a intereses extranjeros, algunos de ellos fueron objeto de acusación en su denuncia; y, finalmente, se detectó una trama de vinculaciones en las que se verificó, entre un número importante de personas, la presencia de miembros de la entonces Secretaría de Inteligencia, inteligencia del Ejército Argentino, y miembros y ex miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto al fin de semana que abarca el día viernes 16 y el lunes 19 de enero de 2015, se registraron comportamientos comunicacionales inusuales cuando fueron cotejados con otros fines de semana anteriores y posteriores, en lo que la cantidad de comunicaciones, duración y captación geográfica se refiere. Ese tráfico de comunicaciones aumenta exponencialmente el domingo 18 de enero de 2015 durante la mañana y prácticamente se detiene en los horarios previos a la entrada al departamento de Nisman de su custodia junto con su madre.

Del entrecruzamiento surgió con especial relevancia la existencia de una flota de abonados de la firma Nextel que mantuvo una elevada cantidad de comunicaciones el domingo 18 de enero, antes de que se tuviera conocimiento público de la muerte de Nisman, flota que incluía abonados telefónicos que además eran captados en las inmediaciones del complejo de Le Parc Puerto Madero.

A raíz de medidas realizadas respecto de la titularidad de esta flota -compuesta por aproximadamente 64 abonados-, se verificó que pertenecía a un sector de la Agencia Federal de Inteligencia que continuó respondiendo al Poder Ejecutivo Nacional.

A través de un análisis exhaustivo, se pudo detectar que un miembro de este organismo fue captado en las cercanías del complejo en el que habitaba Diego Ángel Lagomarsino.

Al profundizar las medidas sobre el comportamiento de este abonado, se logró verificar que el agente que residía en ese mismo complejo mantuvo comunicaciones el día domingo 18 de enero, con un agente que fue captado durante la tarde en inmediaciones al domicilio de Nisman. En cuanto a las funciones que realizaba este último en el organismo, la investigación logró verificar que era experto en tareas informáticas y de comunicaciones.

No fue el único abonado captado en esa zona durante el fin de semana. Como se dijo anteriormente, otro agente del mismo sector -utilizando una línea de esa flota- fue comisionado al domicilio de Nisman por orden de sus superiores, el día 19 de enero de 2015, lugar desde donde brindó información in situ respecto del estado del operativo llevado adelante en el departamento del fiscal, mientras las tareas policiales se estaban desarrollando.

Como si esto no fuera suficiente, se logró verificar que agentes de esa misma dependencia llevaron adelante tareas de inteligencia y espionaje sobre la Fiscalía de la Dra. Fein, apersonándose en múltiples oportunidades a la puerta de la dependencia, cuando la causa aún se hallaba siendo investigada y en fechas cercanas a la realización de medidas de relevancia para esta investigación. Por ejemplo, días en los que declararían testigos cercanos a Nisman. Se logró corroborar que las tareas realizadas fueron directamente ordenadas de manera verbal por Oscar Parrilli, titular del organismo en ese entonces, a un jefe de sector.

Sobre el jefe de ese sector, se debe destacar que resulta un eje neurálgico en el entramado de comunicaciones y vinculaciones con otros organismos. Esta centralidad se verificó con claridad el día 18 de enero de 2015. Este funcionario, de extensa trayectoria en el organismo, se contactó durante la mañana de ese día con otro director que había mantenido comunicaciones con Nisman los días previos y que había sido desplazado del organismo durante la segunda quincena de diciembre de 2014.

Desde ese momento, el jefe del sector mantuvo comunicaciones con subordinados, con el Subdirector de la AFI, Juan Martín Mena, con el Jefe del Estado Mayor General del Ejército -quien había estado a cargo de la Jefatura II de Inteligencia de esa fuerza-, y ex miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires. El vínculo con miembros del Ejército Argentino no fue casual. La investigación logró determinar que un subordinado cercano al jefe de esa fuerza colaboraba con agentes de la AFI, era conocido en una de sus bases y tenía contacto con el Director y personal jerárquico de esa dependencia.

Además, se contactó con un subordinado que no utilizaba, como sus compañeros, un abonado de una f lota ni una línea a su nombre. Ambos contactos nunca registraron ni volvieron a registrar la importante cantidad de registros comunicacionales que tuvieron durante la noche del 18 y la madrugada del 19 de enero.

La profundización de las medidas permitió verificar, además, que por su profesión este agente compartía vínculo laboral con funcionarios del entonces Gobierno Nacional e intervino técnicamente en la causa originada con la denuncia de Nisman.

Finalmente, el análisis del abonado utilizado por este agente, permitió advertir una serie de registros comunicacionales con un teléfono con dirección de facturación, también, en el domicilio en el que residía, a su vez, Diego Ángel Lagomarsino. La titular de la línea indicó, al declarar en la fiscalía, que ese celular era utilizado por su pareja de aquel entonces, quien mantenía vínculos estrechos con algunos funcionarios del gobierno nacional al momento del homicidio de Nisman. Las medidas vinculadas con esta línea de investigación continúan en curso.

Por otra parte, los testimonios incorporados como así también el cúmulo de documentación recolectada permitió obtener una aproximación mucho más precisa de la forma en que se encontraba compuesto el Sistema de Inteligencia Nacional y particularmente la Secretaría de Inteligencia. Así, se logró arribar a un panorama más claro tanto de los objetivos que sustentan la doctrina de inteligencia nacional, la composición de los distintos organismos y sus respectivas dependencias y verificar las modificaciones ocurridas a lo largo del tiempo, en cada uno de estos aspectos.

De esta forma, se tomó conocimiento, entre otras cosas, de la presencia en el marco del sistema de inteligencia nacional de los “agentes inorgánicos”, que si bien no es una denominación oficial es así como se los identificaba internamente, individuos que no figuraban en los registros como dependientes de algún organismo en particular, pero sí se encontraban vinculados o prestaban servicios a estos. En este aspecto, se encuentran en curso diversas medidas de prueba tendientes a verificar los vínculos aludidos y sus características.

e. La junta interdisciplinaria

Cuando la investigación aún tramitaba en el fuero ordinario, se dispuso, por un lado, la realización por parte del Cuerpo Médico Forense de una autopsia sobre el cuerpo de Natalio Alberto Nisman. Por otro lado, se ordenó un peritaje criminalístico a cargo de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina.

Los peritos que realizaron la autopsia concluyeron que “la muerte de Natalio Alberto Nisman fue producida por lesiones cráneo encefálicas por proyectil de arma de fuego – hemorragia interna”, mientras que el informe final presentado por los peritos criminalísticos determinó que, en virtud del estudio de los patrones de las manchas de sangre halladas en la escena del crimen, el disparo del arma fue realizado a corta distancia, destacando una proximidad entre las manos del occiso y la herida. Asimismo, se determinó la ausencia de patrones que indiquen el traslado del cuerpo, manipulación de objetos o desplazamiento de personas por el interior del baño.

A raíz de estos resultados, se ordenó la constitución de una junta médica coordinada por el Decano del Cuerpo Médico Forense. La conclusión a la que se arribó en el informe final fue que, desde la perspectiva médico-legal, no era posible afirmar ni descartar con certeza científica cualquier hipótesis de causalidad subjetiva, es decir, que se tratase de una muerte voluntariamente auto-provocada u ocasionada por la acción directa o indirecta de terceras personas. Asimismo, se dejó en claro que el análisis aportado era puramente médico-legal y que la integración con las restantes constancias del expediente, a fin del pronunciamiento acerca de la causalidad subjetiva de la muerte investigada, correspondía al criterio del órgano jurisdiccional.

Ya en el fuero federal, en el marco de las distintas labores periciales encomendadas, se llevó adelante un peritaje de autopsia psicológica respecto de Nisman, a través del cual se realizó una aproximación psicobiográfica con sustento en entrevistas de personas allegadas a Nisman y constancias incorporadas a la causa. Este análisis arrojó la imposibilidad de inferir elementos de valor psicopatológico que permitieran deducir que cursaba -al momento de su muerte- un síndrome o trastorno psíquico asociado a conducta autodestructiva.

Mientras tanto, se llevaron adelante estudios de residuo de disparo de arma de fuego a efectos de verificar si el arma secuestrada fue empuñada por Nisman al momento del disparo. Es preciso destacar que dicho análisis fue realizado en dos oportunidades interviniendo la División Microscopía Electrónica de la Superintendencia de Policía Científica del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales dependiente del Ministerio Público de la provincia de Salta. En el primer caso el resultado fue negativo para residuos de disparo, mientras que en el segundo estudio se verificó que en las manos del Dr. Nisman se detectaron partículas consistentes, pero no características de disparo de arma de fuego.

En base a todos estos informes y con el objeto de realizar un análisis conjunto y multidisciplinario sobre la mecánica del fallecimiento, el 13 de diciembre de 2016 el Dr. Taiano ordenó a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina la constitución de una Junta Interdisciplinaria, comprensiva de las áreas de medicina legal, criminalística y análisis instrumental, cuyo objetivo fue reconstruir la escena del crimen, con los elementos obrantes en las actuaciones.

En este sentido, si bien en el fuero de instrucción se habían realizado dos juntas de expertos por separado (una médica y una criminalística), devino necesario realizar un análisis conjunto de la totalidad de los elementos con los que se contaba hasta ese momento, para obtener un enfoque multidisciplinario del hecho. Las diferentes áreas y especialistas que conformaron la junta fueron las siguientes: medicina legal, balística forense, análisis instrumental, acústica forense, video judicial, planimetría, representación y animación 3D, huellas y rastros, infraestructura física, fotografía y video y diseño gráfico.

Una vez culminada la etapa de debate, se realizó una recreación del suceso investigado, en una maqueta construida a escala real del baño en donde fue hallado Nisman. En dicha recreación, los peritos de la Gendarmería Nacional Argentina exhibieron y explicaron su hipótesis del hecho, oportunidad en la que se permitió el debate y el intercambio de ideas sobre distintos puntos de discusión, como por ejemplo, los rastros hemáticos hallados en el lugar, la posición en la que se encontraba Nisman antes de su fallecimiento y la posible intervención de terceras personas en el lugar. Asimismo, los peritos de parte también tuvieron la posibilidad de recrear sus hipótesis y explicar cómo sucedió el hecho, según el análisis que cada uno de ellos realizó de los elementos incorporados a la presente causa.

Posteriormente, los especialistas de Gendarmería Nacional Argentina elaboraron su informe, compuesto de material gráfico y medios digitales, el cual fue presentado en el mes de septiembre de 2017 en un total de 388 páginas. Allí se determinó que la muerte violenta de Nisman se trató de un homicidio, ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno manipuló el arma, mientras el otro lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima. Con respecto al horario de la muerte determinaron que el homicidio se habría producido a las 2.46 horas del domingo 18 de enero de 2015, con una certeza del 98%.

En relación con las conclusiones y en lo que se refiere particularmente a la temperatura del cuerpo, en el informe se dejó especial constancia de que para efectuar la medición los peritos recurrieron a datos del Servicio Metrológico Nacional para realizar un promedio de temperaturas similares a la fecha de análisis. Como ya se explicó en el acápite sobre el procedimiento, en el lugar del hecho no se contó con elementos para obtener el valor exacto de la temperatura tanto del cuerpo como del lugar donde se hallaba, motivo por el cual el horario preciso de muerte fue calculado en base a esa temperatura promedio, y no a la temperatura real al momento de los hechos. Esta es una más de las irregularidades que se produjeron durante el procedimiento y que afectó el trabajo de investigación posterior, sin perjuicio de lo cual, en este punto, ese obstáculo fue parcialmente sorteado.

En ese mismo informe, además, se analizaron las diferencias detectadas en relación con los estudios de residuo de disparo antes aludidos y los expertos de Gendarmería Nacional sostuvieron que el Dr. Nisman no empuñó el arma. Además, respecto de las manchas de sangre encontradas en sus manos, afirmaron que se debieron por “transferencia” como resultado del contacto con un objeto, cuerpo o superficie ensangrentada, originadas con el posicionamiento del cuerpo dado que la posición final en que se encontraba carecía de espontaneidad.

En este sentido, la junta interdisciplinaria analizó las principales manchas de sangre encontradas en la escena del hecho destacándose la encontrada sobre el vanitory que tendría como origen el orificio de entrada de bala teniendo en cuenta la dirección, trayectoria y caída de los patrones hemáticos. Agregaron, luego de analizar otros patrones, que la posición más probable en la que Nisman se encontraba al momento del disparo era de rodillas, dando lugar a una “caída asistida” que implicaba la participación de terceras personas.

Del informe final también se desprende la presencia de ketamina en las vísceras, afirmándose que Nisman se encontraba al momento de su muerte con anestesia disociativa, siendo su voluntad abolida pero con conservación de su tono muscular. A los fines de confirmar la presencia de dicha sustancia, se realizó un total de dos ensayos, cuyos resultados fueron idénticos. También se hallaron lesiones en el cuerpo, entre ellas una fractura del tabique nasal.

f. Peritajes tecnológicos

Asimismo, se encargó a la Gendarmería Nacional Argentina un peritaje informático sobre todos los elementos que fueron secuestrados en el procedimiento realizado la noche de la muerte de Nisman y en los allanamientos realizados en la casa de Diego Ángel Lagomarsino y en la UFI-AMIA.

De las conclusiones del peritaje surge que el programa remoto “Teamviewer” estaba instalado en la computadora marca Samsung que estaba en el departamento de Nisman. La única persona que tenía una cuenta de usuario remoto que le permitía el ingreso a la computadora de Nisman a través de esta aplicación era Diego Lagomarsino. Al respecto, es relevante aclarar que “no resultaba una condición necesaria que el usuario autorice en pantalla cada acceso remoto”, como así también que Lagomarsino no necesitaba una clave para ingresar, ya que era suficiente contar con el usuario referido. El programa “Teamviewer” se ejecuta de forma automática al momento en que se enciende la computadora, único requisito para su funcionamiento.

Si bien el “Teamviewer” tiene un registro de eventos propio, éste únicamente registra accesos y egresos a la aplicación, pero no las acciones en particular. Esto trae aparejado que no sea posible determinar si los movimientos que se registran en el sistema operativo y en los servicios de internet fueron ejecutados por el usuario físico o por el usuario remoto.

Concretamente, no se puede establecer si fue Nisman quien realizó las acciones que constan en el registro de eventos del sistema operativo “Windows” y en los registros de conexión web, si lo hizo una tercera persona en forma física o Lagomarsino a través de su usuario remoto. Sin embargo, las circunstancias que se expondrán a continuación permitirán, al menos, una aproximación a una hipótesis más certera sobre lo que pudo haber ocurrido. Se registran un total de doce ingresos desde el usuario de Diego Lagomarsino a través de la aplicación “Teamviewer” en la computadora de Nisman entre el 14 de junio de 2014 y el 13 de enero de 2015, siendo el del 13 de enero de 2015 a las 23 horas aproximadamente.

El sistema operativo, por otra parte, posee registrado como último login del usuario “AN” el día 17 de enero de 2015 a las 07:53:26 horas. Según las constancias de la causa, la computadora se encontraba encendida al momento de llevarse a cabo el procedimiento.

Además, el peritaje sobre ese equipo verificó durante la mañana del día 18 de enero de 2015 la consulta a portales de noticias y artículos periodísticos y la búsqueda en internet de la palabra “Psicodelia”. Estas circunstancias se produjeron con posterioridad a la muerte de Nisman para simular un accionar suicida y en momentos en que los custodios no se encontraban haciendo guardia en su domicilio.

Por otro lado, la red inalámbrica de “wifi” del departamento de Nisman tenía de contraseña “1212121212”, es decir, una clave extremadamente lábil, y respecto a los controles de acceso para la administración y seguridad del router, el usuario era el utilizado por defecto, “usuario: admin” y “clave: admin”, siendo muy vulnerable en términos de ciberseguridad. Esto permitiría a cualquier usuario con conocimientos técnicos sencillos acceder a la administración de su router, y desde allí a todo lo relativo a la navegación de la red de internet en su domicilio.

Respecto del teléfono que usaba Nisman y que fue encontrado en el procedimiento en su departamento, se determinó en el peritaje la existencia de un archivo denominado “Estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar.”. Si bien aparenta ser un archivo en formato “PDF”, la extensión “JAR” es una técnica empleada para infectar teléfonos con malware, un programa malicioso que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario. Si bien se determinó la descarga de ese archivo, no se encontraba instalado en el equipo.

A partir de las investigaciones realizadas se logró identificar la dirección de IP desde la cual se envió dicho malware, como así también quién la utilizaba. En virtud de ello, se realizaron tareas de inteligencia sobre el domicilio vinculado con dicha titularidad que se encontraba ubicado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Paralelamente, se tomó conocimiento de la existencia de una investigación que se originó a raíz de la denuncia de legisladores nacionales que indicaron haber sufrido actividades de inteligencia respecto de su persona y otros ciudadanos. En particular, se detectó que entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 se realizaron búsquedas desde distintos organismos estatales en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre dos personas estrechamente vinculadas con Nisman y, una de ellas, ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia.

En lo que resulta relevante para esta investigación, se destaca que las búsquedas aludidas en el párrafo anterior fueron realizadas desde un usuario de la Agencia Federal de Inteligencia utilizando la misma dirección de IP que fue usada para enviar el malware indicado al celular de Nisman. Al ser consultado respecto de los motivos que lo llevaron a realizar dichas consultas, el agente refirió no haberlas producido ni encontrarse cumpliendo funciones durante esos días.

Respecto al análisis de mensajería de la aplicación “Whatsapp” del teléfono de Nisman si bien surge que no se advirtió la existencia de comunicaciones entrantes o salientes, almacenadas o borradas, en el periodo comprendido entre el día 17 de enero de 2015 a las 10:37:21 horas y el día 18 de enero de 2015 a las 07:54:16 horas, las constancias aportadas por testigos demuestran lo contrario y permiten concluir que estos mensajes fueron eliminados.

Lo mismo sucede con la existencia de registros de llamadas telefónicas, almacenadas o borradas, en el período comprendido entre el día 9 de mayo de 2014 a las 10:46:19 horas y el día 18 de enero de 2015 a las 13:46:45 horas y la existencia de registros de mensajes de texto (sms), almacenados o borrados, en el periodo comprendido entre el día 12 de enero de 2015 a las 22:16:15 horas y el día 18 de enero de 2015 a las 09:51:42 horas.

Además, como se indicó anteriormente, a través del registro de eventos de Whatsapp se logró determinar que el sábado 17, fue Lagomarsino quien contactó a Nisman en primera instancia -a las 11.48 y 13.04 horas-. Esos mensajes tampoco fueron encontraron en el teléfono del fiscal.

Las circunstancias apuntadas en los párrafos anteriores dan cuenta de la existencia de maniobras de eliminación de dichas comunicaciones y la adulteración del equipo en cuestión. Son numerosas las constancias aportadas por testigos que dieron cuenta de la existencia de comunicaciones y conversaciones telefónicas con el fiscal durante esa semana que no se encuentran registradas en su teléfono.

g. El incendio en la Casa Rosada

En cuanto a la vinculación de la labor efectuada por Nisman -que se materializó en última instancia con su denuncia- y su homicidio, se logró tomar conocimiento de que el sábado 17 de enero de 2015, alrededor de las 16.00 horas, ocurrió un incendio en Casa Rosada.

Según informó Casa Militar, se trató de un desperfecto ocasionado por un incendio en el primer subsuelo en el edificio de la Casa Rosada, Balcarce 50 de esta ciudad, que habría ocasionado un daño en las terminales de administración del sistema informático brindado para el control de accesos en Casa de Gobierno.

A raíz de esto, se perdieron todos los datos de ingresos y egresos existentes hasta el 17 de enero de aquel año. En otras palabras, se perdió información que Nisman había solicitado en el marco de su denuncia, ya que podría ser de utilidad para corroborar las vinculaciones entre los acusados.

Este incidente se manejó en la esfera de la comisaría con sede en el mencionado edificio, sin darle intervención a la justicia para que investigue lo ocurrido y si el siniestro había sido o no intencional. En el lugar del incendio intervino la Superintendencia Federal de Bomberos del Cuartel I, quienes sofocaron el fuego; se hizo presente una ambulancia de emergencia quien dio traslado a un oficial de la Policía Federal Argentina por un cuadro de intoxicación con monóxido y se dio intervención a la División Siniestros de la Policía Federal Argentina que determinó que el episodio se ocasionó por una contingencia eléctrica.

Además, a través de medidas dispuestas por la fiscalía se logró verificar la inexistencia de cámaras de seguridad en ese sector específico, y que la empresa prestadora del servicio –cuyo representante en nuestro país mantenía una relación personal con el entonces Secretario General de Presidencia, Aníbal Fernández– había realizado infructuosos intentos por reconstruir los registros de visitas a Casa Rosada. También se determinó que, contrario a lo que la lógica indica, la copia de resguardo del sistema de ingresos y egresos se encontraba, por cuestiones de espacio, en el mismo disco que la “información activa”, por lo cual también se perdió en el incendio. A su vez, para lograr reestablecer el servicio, se utilizaron copias de resguardo de períodos temporales de considerable distancia al hecho sucedido, entre otras muchas irregularidades.

Así, a pedido de la fiscalía, se secuestraron más de veinte equipos en la Casa Rosada, a los que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina intentó realizarles una imagen forense, lo cual no fue posible. Por ello, ante la imposibilidad de recuperar la información de ingresos y egresos, se citó a prestar declaración testimonial a personal de la empresa que oficiaban de técnicos en el sector de mantenimiento en Presidencia en aquel entonces. También se le recibió declaración testimonial al Jefe de Casa Militar, al Director de Seguridad Electrónica de Casa Militar, y al Secretario Privado del Jefe de Casa Militar para comprender la forma en que se registraban los ingresos y egresos en Casa Rosada.

En definitiva, del cúmulo de medidas realizadas se deprenden las siguientes conclusiones: como consecuencia del incendio que se produjo pocas horas antes del homicidio de Nisman fue imposible recuperar y/o obtener los registros de los accesos a Casa Rosada durante los períodos en los cuales el fiscal había denunciado que se llevaron a cabo reuniones tendientes a firmar el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Para ese entonces, el Secretario General de Presidencia era Aníbal Fernández y una persona allegada a él era el representante en la Argentina de la firma que prestaba el servicio; además, un directivo de esa misma firma residía en el departamento lindero al que habitaba Nisman, con quien compartía un espacio en común entre ambos domicilios, y que en los hechos se tradujo en la existencia de un tercer acceso al departamento del fiscal y que no fue identificado en el procedimiento inicial.

Mucho se habló de las pruebas que presentaría Nisman el lunes en el Congreso, y posteriormente en la causa judicial. Una prueba clave para corroborar los hechos denunciados por el fiscal era precisamente quiénes habían ingresado a la Casa Rosada. Esa prueba, trascendental, fue destruida con el incendio relatado en los párrafos que anteceden, ocurrido precisamente horas previas al homicidio de Nisman.

VI. INTERFERENCIAS

Con el avance de la investigación, y pese a las dificultades para obtener información, respuestas y colaboración, se advirtieron hechos que guardaban relación con la muerte de Nisman y su investigación. A raíz del arduo trabajo de análisis realizado, hoy es posible verificar un hilo conductor entre estos hechos, la muerte de Nisman y la denuncia que efectuó el día 14 de enero de 2015.

Damián Ezequiel Pachter, quien para el mes de enero de 2015 se desempeñaba como periodista del diario Buenos Aires Herald, fue el primero en dar a conocer públicamente a la sociedad el fallecimiento del fiscal. Por este motivo, pasó a ser foco de interés de todos los medios de comunicación, y en lo que es importante para esta investigación, denunció que desde el momento que dio a conocer lo sucedido con Nisman se inició una persecución sobre su persona. A partir de este suceso, Pachter abandonó de manera intempestiva el país, con destino al Estado de Israel, donde se radicó y reside hasta el día de hoy. Nunca regresó a este país. Además, mientras se encontraba fuera del territorio argentino, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social “Twitter”, se reprodujo un cable de la agencia oficial Télam con una captura de pantalla del sistema de Aerolíneas Argentinas que revelaba el boleto de viaje del periodista a Montevideo. Esto razonablemente fue percibido por el testigo con una lógica intimidatoria que se sumaba a la persecución sufrida en las últimas horas de su estadía en el país.

Desde la fiscalía se arbitraron los medios para que Pachter declarara como testigo. El 22 de marzo del 2018, en la ciudad de Herzlía, Estado de Israel, se llevó a cabo la declaración testimonial. Pachter relató la manera en que tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo la noche del 18 de enero en el departamento de Nisman, sin perjuicio de lo cual no reveló los datos de la fuente que le brindó esta información, por temor a poner en peligro la integridad física de aquella persona. En el marco de dicha declaración, manifestó que antes de partir a Israel, se encontraba en un bar de la ciudad de Mar del Plata junto con un amigo que le manifestó que en el bar había un espía de la Policía de la provincia de Buenos Aires que lo estaba observando. Además, Pachter informó que ya encontrándose en Israel, en el mes de mayo de 2015, sus cuentas de correo electrónico fueron hackeadas desde Argentina y aportó el número de IP desde el cual se habría realizado la conexión.

En el marco de este expediente, se están investigando otros sucesos relacionados con Nisman que son importantes y que merecen ser puesto de resalto. Así, se ha tomado conocimiento de un expediente en el cual se tomaron medidas tendientes a verificar las circunstancias que rodearon la exhibición, el 22 de enero de 2015, de imágenes captadas por cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza en las que se visualizaba la llegada de Nisman al país el día 12 de enero de 2015. Estas imágenes se reprodujeron en distintos programas periodísticos que se emitieron por medio del canal “C5N”. La investigación logró determinar que las filmaciones fueron obtenidas por un empleado de Aduana, quien al momento de ofrecer su descargo en juicio explicó que recibió dos pedidos por parte de la Subdirectora General de Operaciones Aduaneras Impositivas en ese momento, solicitándole que extraiga los movimientos migratorios de cuatro personas, aportándole a tal fin sus números de CUIT.

Una vez realizada dicha búsqueda advirtió que se trataba de Diego Ángel Lagomarsino, su esposa, Natalio Alberto Nisman y su ex pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado. En este contexto, decidió visualizar las filmaciones del día en que Nisman regresó al país y “verificar su actuación en control de equipaje, si existió una irregularidad”, ocasión en la que advirtió que cuando Nisman fue a recoger las valijas, un hombre que se sabía que era de inteligencia del aeropuerto fue a su encuentro. Por ese motivo decidió avisar esa situación al Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, quien a los pocos minutos le devolvió el llamado diciéndole que el Administrador Federal de Ingresos Públicos le indicó que debía llevarle las filmaciones.

En horas de la noche de ese día, 21 de enero de 2015, se reunió con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otros miembros del organismo, quienes le solicitaron que descargara las filmaciones, las borrara de su teléfono y finalmente que tuviera reserva de lo sucedido. Al día siguiente, el empleado de la Aduana advirtió que se reproducían las imágenes en distintos programas emitidos por medio del canal “C5N”. Al respecto, en el marco de dicha investigación recayó condena firme sobre el empleado de la Aduana que captó dichas imágenes mientras que existe una investigación en curso tendiente a identificar qué otros funcionarios participaron en la maniobra de búsqueda de los movimientos migratorios antes mencionados y de grabar la llegada de Nisman al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Por otro lado, se tomó conocimiento de que, en el marco de otra causa en la que se investigan hechos vinculados, el día 21 de enero de 2015 desde un usuario asignado a un miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación se consultó en al menos 8 oportunidades los movimientos migratorios de Sandra Arroyo Salgado y que con fecha 24 de febrero del año 2015 se hizo una consulta similar desde un usuario correspondiente a la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En concreto, con posterioridad a la muerte de Nisman se realizaron consultas desde tres organismos estatales distintos con relación al ingreso y egreso a nuestro país de personas vinculadas a él, sin que en ninguno de los casos apuntados se hayan brindado fundamentos legales que justifiquen la realización de dichas averiguaciones.

Además, como ya se mencionó en el apartado sobre los servicios de inteligencia, se logró verificar que a los pocos días de haber sido encontrado muerto en su domicilio, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia -cuyo Director General era Oscar Isidro José Parrilli- se dirigieron por pedido de sus superiores, a las inmediaciones de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 45, sita en Tucumán 966, de esta ciudad, con el fin de “cubrir la fiscalía” que llevaba la investigación del fallecimiento de Natalio Alberto Nisman.

Del análisis del comportamiento comunicacional de los agentes y ex agentes de inteligencia, se corroboró que, al menos, los días 7, 8 y 9 de febrero del 2015 los mismos fueron captados por las antenas emplazadas en las inmediaciones de la calle Tucumán 966 de esta ciudad, donde se ubica la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 45.

Actualmente se continúa el análisis de los registros comunicacionales de los agentes y ex agentes de inteligencia, como así también, aquellos solicitados de las demás personas involucradas en la investigación, medida probatoria que hasta el día de hoy se sigue ampliando a medida que surge nueva información y por sobre todas las cosas, se advierte la existencia de nuevos actores involucrados.

Por otra parte, en el marco de esta investigación, se logró reunir una importante cantidad de elementos probatorios vinculados con el seguimiento y recopilación de información por parte de distintos organismos estatales de Nisman, su ex pareja y madre de sus hijas y un agente de inteligencia que colaboraba en su investigación. En esa línea, el periodista Nicolás Wiñazki aportó en febrero del 2017 copias de una carpeta que habría sido encontrada en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante el mandato de Patricia Bullrich y que pertenecería a la administración anterior a cargo de la entonces ministra Cecilia Rodríguez y Sergio Berni.

El 6 de febrero del mismo año la fiscalía le solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte, de existir, una carpeta con esas características, la que fue remitida días más tarde. En concreto, las carpetas diferían muy poco en su contenido, encontrándose en ellas documentación relacionada al fiscal Nisman y a su entorno, a saber: copias de entrecruzamientos telefónicos realizadas en el marco de esta causa; copias de declaraciones testimoniales de testigos en el marco de esta investigación; notas periodísticas sobre el caso Nisman; actuaciones de la Policía Federal Argentina vinculadas con la custodia de Sandra Arroyo Salgado; un detalle de la actividad de Nisman del miércoles 14 y jueves 15 de enero, aparentemente realizado por alguna empleada de la fiscalía o persona cercana a él dado que se detectaron frases del estilo “Nisman me pidió que…”; relatos de la actividad de Nisman en cuanto a reuniones con periodistas y otras personas, quiénes fueron a la fiscalía y qué entrevistas radiales o televisivas brindó; una impresión de pantalla con datos de varios vehículos que serían de su propiedad, entre otras cosas.

Por otro lado, a tan solo horas de ser encontrado sin vida, la entonces Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, publicó desde su usuario de la red social “Facebook” una carta titulada: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes.” en la cual estableció la hipótesis del suicidio de Nisman. Tres días más tarde, publicó una segunda carta titulada “AMIA y la denuncia del fiscal Nisman” en su página oficial “cfkargentina” donde dejaba a un lado la idea del suicidio y señalaba que a Alberto Nisman lo habían asesinado opositores del gobierno nacional que lo habían obligado a denunciarla y, una vez realizada la denuncia, lo asesinaron, afirmando “quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usaran muerto”. Ninguna de estas hipótesis fue aportada de manera oficial a las actuaciones que se encontraban en curso en la fiscalía de la Dra. Viviana Fein.

La entonces Presidente continuó realizando declaraciones públicas sobre el caso y sus implicancias a través de la Cadena Nacional del día 26 de enero de 2015: anunció, entre varias medidas, disolver la Secretaría de Inteligencia y crear la Agencia Federal de Inteligencia, en donde una de las medidas más relevantes fue la desvinculación de la oficina encargada de llevar adelante las intervenciones telefónicas que pasarían a estar bajo la órbita de la Procuradora General de la Nación. No obstante ello, la mandataria brindó además detalles de sucesos que estarían vinculados con la muerte de Nisman y hasta ese momento no eran conocidos por la fiscalía interviniente.

No resulta menor señalar que como resultado de un allanamiento realizado en el marco de otra investigación en su domicilio en la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, se secuestró documentación relativa a distintas dependencias del Estado Nacional, vinculada, entre otras personas, al Director General de la Secretaría de Inteligencia que colaboraba en la investigación llevada adelante por Nisman, su ex pareja y la entonces pareja de ésta última.

En este contexto, corresponde destacar la vigencia de un vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, el cual se vio plasmado en los comunicados de prensa labrados y publicados por la Oficina de Prensa de aquel entonces, relacionados con el fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman y la investigación iniciada, y cuyo contenido y forma de proceder es actualmente objeto de investigación por parte de la fiscalía.

VII. CONCLUSIONES FINALES

Más allá de las medidas en curso que se fueron enunciando a lo largo de los párrafos que anteceden, recientemente fue agregada a la causa documentación hallada en la computadora de un ex agente de la Policía Federal Argentina, Ariel Zanchetta, en el marco de la cual se aportó información respecto de individuos que habrían estado involucrados en la muerte de Nisman.

Asimismo, a partir de esta prueba surgió, entre otras cosas, la existencia de un posible robo en oficinas de la ex Agencia Federal de Inteligencia de documentación que guardaría relación con la investigación del atentado a la AMIA y la muerte de Nisman. Se han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite.

Se imputó a Luis Alberto Heiler -Prefecto General de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -Jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -Secretario de Seguridad del Ministerio De Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar.

Actualmente, se siguen recibiendo testimonios de los agentes que mantuvieron comunicaciones relevantes el fin de semana de la muerte de Nisman y cruzando los datos que surgen con la información y líneas telefónicas ya agregadas a la causa.

Cuando la investigación se radicó en el fuero federal en el año 2016, a medida que se organizaba y se analizaba la prueba recibida, se advirtieron con mayor claridad las irregularidades sucedidas en la escena del hecho. La cantidad de documentación e información recibida conducía a múltiples posibilidades y revelaba un entramado cada vez más complejo: la vasta red de comunicaciones telefónicas de ese fin de semana y, en particular, del domingo 18; la ausencia de una hipótesis concluyente respecto de lo que había sucedido en el departamento de Nisman y, sobre todo, el interminable conjunto de circunstancias que de alguna manera procuraban alejar al investigador de la verdad de los hechos. Por su parte, la imposibilidad de acceder a los registros de Casa Rosada durante la época que fue objeto de los actos denunciados por Nisman; las fallas en los sistemas de seguridad del complejo Le Parc Puerto Madero; los seguimientos y las búsquedas desde distintos organismos estatales en las plataformas de la Dirección Nacional de Migraciones; las filtraciones de las filmaciones de las cámaras del Aeropuerto de Ezeiza; la persecución de testigos de relevancia para la causa, como el caso de Damián Pachter y los comunicados de prensa del Poder Ejecutivo Nacional relativos con la investigación son solo algunos de los hechos que se erigieron como obstáculos permanentes para avanzar con la investigación de lo sucedido.

Sin embargo, a pesar de las dificultades relatadas, la investigación siguió su curso. Se realizó un estudio interdisciplinario de la escena del hecho y se determinaron las circunstancias en las cuales Nisman fue asesinado. Se allanaron los domicilios de los custodios y de Diego Ángel Lagomarsino. Se realizó un peritaje informático de todos los elementos tecnológicos obtenidos en el marco de estas actuaciones. Se individualizaron las conductas de los custodios de Nisman y de Diego Ángel Lagomarsino y se solicitaron sus indagatorias, las cuales luego llevaron a sus respectivos procesamientos.

Se profundizó el entrecruzamiento, se ordenó la información recopilada, se amplió, y en base a ello se encontraron datos contundentes respecto del movimiento de una flota en particular vinculada con el mundo del espionaje, donde se detectaron usuarios de abonados presentes en lugares y horarios relevantes para esta investigación. Se le recibió declaración testimonial a un total de 64 agentes y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, de la más alta jerarquía.

En esta dirección, se está profundizando la realización de medidas de prueba a raíz de fundadas sospechas vinculadas al accionar de personal de inteligencia del Ejército Argentino en los días previos, durante y luego del homicidio de Nisman.

A efectos de proceder con el desarrollo de estas líneas de investigación resulta necesario acceder a información en poder del Sistema de Inteligencia Nacional relativa a identidades y datos personales de funcionarios y ex funcionarios de inteligencia relacionados con lo sucedido antes, durante y después de la muerte de Nisman y con las implicancias políticas y geopolíticas que tenía en su rol como fiscal de la UFI-AMIA. Por este motivo, la fiscalía solicitó recientemente la ampliación de la desclasificación que se había dispuesto, requiriendo acceso a toda la documentación, archivos y/o información que posea o registre cualquier dependencia que forme parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto del Fiscal General Natalio Alberto Nisman y su labor como fiscal de la UFI-AMIA. La solicitud de información aludida resultó abarcativa tanto de la Secretaría de Inteligencia como de las áreas especializadas del Ejército Argentino, dada su pertenencia al ya mencionado Sistema de Inteligencia Nacional.

En la actualidad, la causa principal cuenta con 126 cuerpos en un total de más de 20.000 fojas. A la par, continúan en trámite ocho causas conexas al expediente principal. En lo que se refiere a los elementos probatorios recopilados, se han recibido más de 900 declaraciones testimoniales y se han incorporado más de 500 abonados telefónicos al entrecruzamiento efectuado, los que arrojan un total de más de doscientas mil comunicaciones analizadas. En el marco del peritaje tecnológico efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina se han analizado más de 180 equipos informáticos. Pero sobre todo, se realizó un análisis profundo de cada uno de estos elementos probatorios, a los efectos de dilucidar el contexto en el que sucedieron los hechos.

El avance que parecía imposible se fue ejecutando, con todas las dificultades que una causa de semejante interés para tantos actores políticos y sociales puede tener a nivel nacional e internacional. Luego de años de tareas de investigación se arribó a una serie de conclusiones -expuestas en los párrafos anteriores- que hoy permiten afirmar que el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. A la fecha, en esta etapa de la investigación, se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía.

Fuente: Fiscales.gob.ar

A pocos días de cumplirse una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Gobierno desclasificó información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el caso y la remitió a la Justicia, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales. La novedad se conoce en la misma jornada en que un informe redactado por el fiscal Eduardo Taiano afirma que Nisman fue asesinado a partir de su trabajo en la investigación por el atentado a la AMIA y tras la firma de Memorándum con Irán que negoció la gestión de Cristina Kirchner.

Concretamente en la Casa Rosada notificaron que ya se envió a la fiscalía de Taiano el material de inteligencia que el Ejecutivo tenía en su poder sobre Nisman. No hay precisiones sobre ese contenido, pero se trataría de todos los archivos que registró la SIDE sobre las direcciones de Inteligencia del Ejército y las fuerzas de seguridad federal. El requerimiento judicial había llegado al Gobierno en diciembre pasado. A ocho días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Nisman, Javier Milei hizo un gesto político al respecto.

La causa por la muerte de Nisman la lleva adelante el juez Julián Ercolini. Y en la actualidad la investigación sigue abierta a partir de la toma de declaración como testigos de espías que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte del fiscal de la UFI-AMIA, mientras se continúa el entrecruzamiento de la información.

Pese a que la investigación sigue abierta, este viernes desde la web de Fiscales, Taiano publicó un largo informe en el que afirma que la muerte de Nisman en su departamento del edificio LeParc el 18 de enero de 2015 se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye Taiano. Las investigaciones actuales apuntan entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”. En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

El cuerpo de Nisman sin vida se halló dos días antes de asistir a la Cámara de Diputados, donde iba a presentar sus conclusiones sobre el supuesto encubrimiento del atentado por parte del gobierno kirchnerista a partir del pacto con Irán. Ese memorándum en particular motivó una causa aparte contra la exmandataria y funcionarios de su gobierno que está a las puertas de un juicio oral, aún sin fecha.

En su denuncia, Nisman acusaba a varios altos funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria-PJ de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA, perpetrado en el 18 de julio de 1994 y como consecuencia del cual murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Según el fiscal, el gobierno de Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, había llegado a un pacto para desviar la investigación a cambio de beneficios comerciales entre la Argentina e Irán. La muerte de Nisman ha sido objeto de controversia: inicialmente se declaró suicidio por disparo, pero en 2017, un informe de la Gendarmería Nacional concluyó que fue asesinado.

El próximo 20 de enero, en la sede de la AMIA habrá un acto homenaje por la muerte de Nisman. Participarán la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, expareja y madre de la hijas del fiscal.

MC

La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los investigadores remarcan que a la fecha “se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.

La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y según el informe difundido hoy se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman”, recordó el documento.

Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, “se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió”, explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”. En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para “favorecer y fomentar” la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.

En la investigación se “han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite”.

“Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar”, recordó además la fiscalía.

En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.

El informe completo

Con información de agencia NA

IG/MC

Alberto Nisman, principal investigador del atentado a la AMIA, el ataque terrorista más mortífero de la historia de nuestro país, fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. En pocos días se cumplirán 10 años de aquel episodio que conmocionó a la opinión pública, en el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizará un acto homenaje.

El fiscal federal falleció dos días antes de asistir a la Cámara de Diputados, donde iba a presentar sus hallazgos sobre el supuesto encubrimiento del atentado, representado en un acuerdo con Irán, llamado memorándum de entendimiento, causa por la que la exmandataria nacional y funcionarios de aquel gobierno peronista enfrentarán un juicio, aún sin fecha.

La muerte de Nisman ha sido objeto de controversia: inicialmente se declaró suicidio por disparo, pero en 2017, un informe de la Gendarmería Nacional concluyó que fue asesinado.

El acto para honrar la memoria de Nisman que prepara la AMIA se realizará el lunes 20, en la sede de la institución, de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, a las 6 de la tarde. Participarán la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, expareja y madre de la hijas del fiscal; el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el periodista Joaquín Morales Solá, quienes serán oradores, al igual que el presidente de la mutual judía, Amos Linetzky.

En su denuncia, Nisman acusaba a varios altos funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria-PJ de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA, perpetrado en el 18 de julio de 1994 y como consecuencia del cual murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Según el fiscal, el gobierno de Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, había llegado a un pacto para desviar la investigación a cambio de beneficios comerciales entre la Argentina e Irán.

La muerte de Nisman generó una gran conmoción en el país y en el mundo. Se llevaron a cabo diversas investigaciones y peritajes para determinar las circunstancias exactas de su muerte. En 2017, la Gendarmería concluyó que se trató de un homicidio, y este informe fue respaldado por la Justicia federal. A pesar de esto, el caso sigue sin un cierre definitivo y continúan las especulaciones y teorías sobre lo que realmente ocurrió. En 2020 la plataforma de streaming Netflix estrenó la serie documental “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, un reflejo de ese misterio sin resolver que es su muerte.

La opinión pública se dividió en cuanto a la interpretación de los hechos. Mientras algunos creen en la versión oficial de suicidio, otros apoyan la hipótesis de asesinato, especialmente tras la publicación del informe de la Gendarmería. La comunidad judía y diversas figuras públicas expresaron su indignación y exigieron justicia. La AMIA, en particular, es una voz constante en la búsqueda de la verdad: durante la última década, no cesó en acciones para confirmar su compromiso con la investigación y pidió una revisión exhaustiva de todos los archivos relacionados con el caso.

En este contexto, trascendió que el gobierno de Javier Milei le suministrará a la Justicia los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por la investigación sobre la muerte del fiscal federal.

El envío de ese material sería una respuesta al pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, que investiga el fallecimiento de Nisman, de desclasificar la información de inteligencia, protegida por el secreto, que el Poder Ejecutivo tenga en su poder y que esté relacionada con el supuesto homicidio del funcionario judicial. La solicitud abarca a todos los archivos que registró la SIDE sobre las direcciones de Inteligencia del Ejército y las fuerzas de seguridad federal que tengan relación con la actividad de Nisman en la Unidad Fiscal para la Investigación del atentado a la AMIA.

JJD

El juez federal Daniel Rafecas quedó sorteado al frente del Juzgado Federal 6 desde octubre próximo y por un año, por lo cual volverá a estar al frente de la investigación por el atentado a la AMIA.

Rafecas ya estuvo como subrogante en ese juzgado durante dos años, ya que está vacante desde que se jubiló su titular Rodolfo Canicoba Corral y ahora resultó sorteado una vez más al vencerse la suplencia del juez Ariel Lijo, que comenzó en octubre del año pasado, informaron fuentes judiciales.

Las subrogancias son por un año prorrogable a un máximo de dos y en los tribunales federales de Retiro hay cuatro juzgados vacantes de un total de doce.

La Cámara Federal porteña determinó que un magistrado puede ocuparse como máximo de dos juzgados, el que le corresponde y una subrogancia, situación en la que ya están tres jueces.

Lijo está a cargo de su juzgado, el Federal 7 y del 12 que quedó vacante cuando el juez Sergio Torres asumió en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y hasta principios de octubre tendrá bajo su órbita también el Federal 6, en el cual lo reemplazará Rafecas.

Con información de agencias.

IG

Cuando las bombas destrozaron aquellos espejos / sólo hubo tiempo para gritar. / Permanece un eco todavía / de sus voces, semejante a una canción. / Diríase que su canto se parecía / al vuelo de las mariposas nocturnas iluminadas por la luna. / ¿Quién puede contarlo? Ahora reina el silencio. Denise Levertov

Algunos de mis antepasados huyeron del antisemitismo europeo y están enterrados en La Tablada, el cementerio judío más grande de la Argentina. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) administra ese predio, varios colegios de la colectividad, una bolsa de trabajo y un auditorio, entre otras actividades mutuales. Justamente, en la primera obra que se montó en Pasteur 633 luego del atentado -Dreyfuss, sobre la segregación contra los judíos- actuó mi padre, Isaac, que ya no está en este mundo. Era actor de teatro independiente.

Porque el coche-bomba asesinó a 85 argentinos aquel fatídico 18 de julio de hace treinta años, por la falibilidad de la memoria y por la justicia que no llega, me estremezco cada vez que ingreso al nuevo edificio. También, porque la actual administración política del país nos vuelve a exponer a una situación de enorme vulnerabilidad ante el terrorismo internacional.

El martes pasado no pude ni quise impedir la emoción cuando vi las fotos que les tomó a los sobrevivientes el reportero Julio Menajovsky, el primero en llegar al lugar la mañana del atentado. En una de las imágenes, posan Marta Goldfarb y Tamara Bursuck, amigas que trabajaban juntas en Amia. Tamara era la madre de un compañero de Clarín, Ariel Scher, el poeta del fútbol. Él recoge en sus redes el testimonio que su hijo, Ezequiel, le tomó a Tamara diez años después de la tragedia. Contaba ella: “No se piensa todo el tiempo en los muertos. Hay momentos, hay días, hay fechas. O un olor determinado. O un ruido que suena y, de repente, te hace recordar”.

“Es tal el impacto, que el día que yo encontré mi agenda, que era una libretita nada electrónica, me puse a llorar. Era algo que me recordaba a lo de antes.”

“Cuando empezás a entender, empezás a pensar en los demás y lo primero que atinás decirles a tus seres queridos es que estás viva. No se piensa mucho. Es muy difícil pensar y hacerse una idea de lo que pasa. Pero nadie queda igual.”

“Aun viendo el acto por la tele me acuerdo de cosas de la casa que tengo que hacer y dejo de pensar en el atentado. Es más, ahora ya no estoy pensando en esto y estoy pensando que tendría que hacerle la comida al abuelo. Así que vamos a comer.”

Cerrar la herida, elaborar el duelo por una masacre, son cosas que pueden ocurrir si hay justicia. “Ojalá llegue el momento en que sólo prendamos una vela para recordar a cada víctima fatal, pero mientras haya impunidad, el ejercicio de memoria será junto al reclamo”, me dice Elio Kapsuck, luego de la función de La silla vacía, la obra testimonial sobre los efectos del atentado.

Jennifer Dubin, Hugo Basiglio, Ariel Furman y María Alejandra Terranova son actores que no son actores. Representan a quienes tenían y les arrebató la bomba. Se miran, se toman de las manos, comparten el mismo dolor, dan su testimonio y les otorgan algún sentido a los comentarios del escenario, un personaje al que Ricardo Darín le da vida con su voz en off. Son muy diferentes las vidas y recorridos de los intérpretes. El atentado los unió para siempre.

Son familiares de cuatro de las víctimas:

Norberto Ariel Dubin, de 31 años, subjefe de sepelios de AMIA desde 1987, padre de Jennifer y Juan Manuel. Lo apodaban El Gordo, era el menor de cuatro hermanos, contaba chistes y soñaba con vivir frente al mar.

Hugo Norberto Basiglio, electricista, trabajaba desde marzo de 1994 en la mutual. Había sido colectivero casi toda la vida. Dolores, su esposa, era una pasajera. El 18 de julio estuvo en AMIA junto con su amigo Martín Figueroa, para cobrar el dinero de la tarea cumplida.

Fabián Furman, de 30 años, era el mayor de tres hermanos. Había estudiado arquitectura, pero dejó en tercer año y se empleó en el sector de sepelios de AMIA. También manejaba un taxi. Se había casado con Bibiana un año y medio antes y estaba terminando de refaccionar su casa. Su hermano Adrián también trabajaba en Amia, en el sector que no se derrumbó.

Juan Carlos Terranova, de Mendoza, tenía 52 años y vendía alimentos. Casado y con cuatro hijos: Juan Sergio, Marcelo, Patricia y María Alejandra, desde el 84 era distribuidor de la panificadora Sacaan. El 18 de julio hacía un reparto en la calle Pasteur junto a su hijo Sergio, que se salvó.

A estos actores que no son actores los une una razón deseante, hambrienta de justicia. Ni el terror ni la incertidumbre los paraliza. Nada en su pensamiento hace simpático al verdugo. “La tiniebla subsiste, pero es la razón y quizá la excusa para la tarea de la luz”, dice Blas Matamoro en Pensar después de Auschwitz.

“Jamás se habían subido a un escenario mucho menos habían estudiado algún libreto”, me cuenta Sol Levinton, directora de la puesta. “Fueron pocos ensayos, tuvieron que incorporar rápidamente todo: marcaciones, texto, secuencias coreográficas que acompañan cada enlace musical. Varios no se conocían y al segundo encuentro ya se sentían familia. Es muy fuerte cómo todos se reconocen en el dolor del otro. Por eso, cada uno habla en primera persona como si fuera el otro, y luego revelan que ese pedacito de testimonio es de otro”.

“Busqué recursos para darle cierta teatralidad y poesía”, continúa. “De ahí surgió la voz en off, como otro personaje y la idea de mantener siempre una silla vacía, que se va alternando. La vida es impredecible, los atentados terroristas, impunes e indiscriminados, le pueden tocar a cualquiera, nunca se sabe qué silla va a quedar vacía”.

“La mayor dificultad fue la mejor oportunidad: apareció la emoción en escena, genuina, profunda, dolorosa. Al hablar, los actores que no son actores sentían, se conectaban, siempre bromeaban con que ese día no iban a venir, pudieron repetir el texto sin repetirse. Hay momentos clave en que se quiebran, sus partenaires ya lo saben, así que se anticipan y apoyan el brazo en la pierna del otro. Es muy conmovedor”, señala Levinton.

“Ale Terranova cuenta que en una función un hombre se acercó para decirle que le debía la vida a su papá, que él estaba en su auto en el momento de la explosión. Si no hubiera estado la camioneta de su papá, la onda expansiva hubiera impactado contra su vehículo. Se abrazaron y lloraron juntos”.

Sin Justicia, la violencia se replica todos los días.

“Si la memoria necesita trabajo; el olvido es automático. Contra esa lucha desigual”, aporta Kapsuck, productor ejecutivo y responsable cultural de AMIA. “Siempre fomentamos las efemérides, los lugares físicos y simbólicos, testimonios reales, artísticos, de sobrevivientes y familiares, para recordar y nutrir la memoria colectiva acercando la temática a la gente con el entendimiento, la empatía y la emoción. Desde la producción, las cosas ocurren a partir del manejo profesional de distintas herramientas y desde la militancia por aquello que queremos visibilizar”, señala el creador del proyecto escénico.

Allí están para confirmarlo las acciones de arte público en el Hospital de Clínicas y en la AMIA, grandes obras de muralismo, afiches y sténciles, la plaza de la memoria, la intervención en la estación del subte B Pasteur-Amia, las expos de fotos, de pinturas, de obras volumétricas, un posgrado con FLACSO, los conciertos y las canciones de los artistas.

“Nunca, en estos treinta años, pudimos hacer artes escénicas. Este año quise montar una obra con familiares, algo como una conferencia de prensa donde el espectador se predisponga a escuchar. Mi amigo, el músico Eduardo Blacher, nos presentó a Sol Levinton, que se enganchó automáticamente. Es fundamental que acá esté Adrián Furman como familiar y sobreviviente, y cada uno de los demás familiares, para reflejar la diversidad de las víctimas fatales: empleados de AMIA y DAIA, gente que estaba haciendo trámites de sepelio, buscadores de trabajo, personas que pasaban circunstancialmente por la puerta, quienes trabajaban en la obra, aquellos que trabajaban o vivían enfrente”.

Si bien el blanco fue una institución de la comunidad judía, el atentado fue contra la sociedad argentina “por lo que es necesario que entre todos mantengamos el reclamo de justicia. Haberlo llevado a cabo fue un abrazo al alma. El logro de La silla vacía es que el público pueda sentir algo de lo que sienten estos familiares, que puedan ponerse en su lugar”.

LH/MF

“Teherán va a imponer su propio juego respecto del enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán”, proclamó el domingo un editorial del Teherán Times, el diario considerado como vocero oficioso del régimen iraní, principal valedor de la organización palestina Hamas.

La amenaza -sorprendentemente explícita- tenía como destinatario al Gobierno y a la Justica argentina, y fue estratégicamente realizada para que impactara sobre la jornada en que se recordaba en Buenos Aires el 30° aniversario del ataque contra la sede de la AMIA en el barrio porteño de Once.

Por si quedaban dudas, el editorial del Teherán Times afirmó su “rechazo a las hipotéticas acusaciones de la justicia argentina contra ciudadanos iraníes”. Y concluyó desafiante: “Sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires”.

Las respuestas por parte del Gobierno fueron inmediatas y corrieron por cuenta de figuras de peso como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Luis Petri y Guillermo Francos. En el acto por el 30°aniversario del atentado a la AMIA, la vicepresidenta aseguró que Argentina “no va a tolerar amenazas de ningún estado” y que se atemorice a la población. En tanto que el ministro del Interior afirmó: “No hay preocupación, no nos vamos a dejar amenazar. Vamos a combatir al terrorismo con las Fuerzas de Seguridad, con las Fuerzas Armadas y con inteligencia”.

Durante toda la jornada de ayer, tanto el tono y como magnitud de las respuestas fueron dando cuenta de que la editorial del medio iraní había pegado fuerte en el Gobierno, principalmente por la llamativa ausencia de ambigüedades en el lenguaje utilizado.

Para numerosos analistas, una amenaza de estas características pone en “zona roja” la escalada de tensiones que se inició entre la Argentina y el eje Irán-Hamas prácticamente desde el momento en el que Javier Milei se sentó en el sillón de Rivadavia.

Una lista de actuaciones y sobreactuaciones

-Aún en campaña, antes de ser elegido presidente, el entonces candidato de La Libertad Avanza prometió que su prioridad en materia internacional serían Estado Unidos e Israel.

-El primer país al que Milei hizo una visita oficial como presidente fue Israel (había viajado antes a Suiza, pero para participar del Foro de Davos), en febrero de este año. Allí se reunió con referentes de sectores ultra religiosos y se tomó su hoy icónica foto llorando en el Muro de los Lamentos.

-Durante ese mismo mes, en una entrevista con la cadena CNN, el presidente afirmó que “Israel no está cometiendo ni un solo exceso” en sus represalias en Palestina por el ataque perpetrado por Hamas en territorio israelí y calificó a Hamas como “una expresión del nazismo en el siglo XXI”.

- Tras aquel viaje, Milei anunció que la Argentina trasladaría su embajada a Jerusalem (solo cinco países la tienen allí), lo que provocó un comunicado de repudio de Hamas, coordinado con Irán. La canciller Mondino relativizó en abril esta iniciativa, pero el presidente la ratificó a comienzo de este mes en un diálogo con seguidores en su cuenta de la red social X.

-El pasado 12 de julio, el Gobierno argentino declaró a Hamas “organización terrorista internacional”. En el anuncio oficial se explicaba además que Javier Milei “tiene el compromiso de reconocer a los terroristas por lo que son”. Tras hacerse pública la medida, Hamas exigió a Milei que se retracte.

-Este miércoles, en un discurso ante el Congreso Judío Mundial en el Hotel Hilton, previo al homenaje por el 30° aniversario del atentado, una actividad previa al acto que se realizó ayer, el Presidente afirmó que “no pueden quedar dudas de que el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa a la vida de los argentinos”, y destacó que a tres décadas de impunidad “elegimos la palabra, no el silencio” y responsabilizó a “sectores vinculados al gobierno de Irán, Hezbolá y Hamas”, que perpetraron la masacre del 7 de octubre pasado en Israel, de ser “el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros” hace tres décadas.

Tras la publicación del editorial del Teherán Times, comenzaron a multiplicarse las voces que advierten que el gobierno argentino “está jugando con fuego” a través de sus intervenciones en el eterno avispero de Medio Oriente.

“Milei ”cumple“ hasta las promesas desatinadas de campaña que derivan en actos de patanería geopolítica”, publicó el escritor y analista Jorge Asís en su columna habitual en el diario Perfil. “Agregó al Movimiento Hamas en la lista de ”organizaciones terroristas“, como si Argentina estuviera alojada en el primer cordón de la Unión Europea, en la oportuna víspera del 30 aniversario del atentado violentamente impune a la AMIA”.

“Habrá que esperar entonces las próximas medidas, o acciones, de Hamas”, concluyó Asís. 

DM

El papa Francisco escribió una carta en conmemoración al 30º aniversario del atentado a la AMIA y “reafirmó” la búsqueda de “una justicia que no busca venganza ni revanchismo, sino verdad y reparación”.

Asimismo, calificó el atentado a la AMIA “como una tragedia oscura” que sigue viva “en sus oraciones” y sostuvo que “la memoria de aquellos que murieron” sigue presente en el “compromiso continuo” de búsqueda de la verdad.

“Para rendir homenaje, ante la tragedia elegimos el silencio. La dimensión del silencio, poderosa y reveladora, se presenta ante nosotros no como un vacío, sino como una presencia palpable de aquellos que ya no están. En el silencio escuchamos el eco de las vidas truncadas y sentimos el peso de la ausencia. Pero en él también encontramos la fuerza para enfrentar la realidad del mal y la resiliencia para seguir adelante”, destacó el Sumo Pontífice.  

En la misma línea, manifestó que “a veces el silencio puede expresar un dolor indecible ante la desgracia” y, que particularmente en este día, se unen “en un silencio que es tanto duelo como esperanza”.

“La memoria puede ser nuestra guía. Nos enseña que recordar no es solo mirar hacia atrás, sino también proyectarnos en esperanza hacia un futuro donde actos tan repudiables de violencia no se repitan. La memoria nos impulsa a tener presentes a los 85 hermanos de aquel 18 de julio de 1994”, sostuvo.

También recalcó que la justicia es “esencial no solo para las familias afectadas, sino para la cohesión del tejido social de la nación” porque “el respeto a toda vida humana y a la dignidad” debe prevalecer “sobre el odio y la división”, como base del bien común.

“Que el Dios de la paz nos bendiga con la esperanza y la audacia para llevar a cabo esta misión. Que el consuelo divino alcance a todas las familias que aún lloran a sus seres queridos y les otorgue fortaleza a todos los sobrevivientes que llevan heridas en sus cuerpos y en sus almas”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA

“¡Todos los políticos atrás de los familiares, por favor! Es lo único que estamos pidiendo”. Eran las 9.39 de la mañana y el hijo de una de las 85 víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelí Argentinas (AMIA) se acercó a solo unos metros de Javier Milei para reprocharle su ubicación privilegiada en el acto aniversario por los 30 años del ataque terrorista. Faltaban apenas 14 minutos para que, como cada año, comenzaran a sonar las tradicionales sirenas conmemorativas y ni el Presidente ni sus funcionarios se inmutaron ante los gritos de algunos de los presentes que alertaban acerca de la falta de espacio. “Hay familiares afuera todavía. ¡Es una falta de respeto!”. 

Milei acababa de llegar a la esquina de Pasteur y Viamonte, en el barrio porteño de Once, donde se encontraba apostado el escenario desde el que minutos más tarde daría su discurso Amos Linetzky, el presidente de la institución. Durante todo el homenaje, que duró poco más de una hora, el libertario permaneció parado en primera fila junto a su hermana Karina, rodeados ambos por un grupo de custodios que los separaba, a modo de vallado humano, de los cientos de familiares que desde el 18 de julio de 1994 piden justicia por sus seres queridos. Pese a aquel momento de breve incomodidad, el acto transcurrió sin mayores sobresaltos.

“El terrorismo sigue, la impunidad también”, rezaba la convocatoria al acto central, que tuvo lugar a escasos metros de Pasteur 633, ubicación exacta del edificio que en el que funcionaba la mutual. La frase es una clara alusión al ataque sufrido por el Estado de Israel el pasado 7 de octubre, cuando miembros de Hamas ingresaron a su territorio y asesinaron y secuestraron a cientos de personas. Durante su discurso, Linetzky se encargó de trazar una línea de continuidad entre ese hecho y el atentado a la AMIA, con un “factor común”: Irán. Y aprovechó para destacar la reciente decisión oficial de declarar al grupo palestino como “organización terrorista”.

Pero esa no fue la única mención explícita al Gobierno por parte del titular de la AMIA. Linetzky también pidió que la causa AMIA sea “una verdadera cuestión de Estado” y que “se promuevan investigaciones sobre la conexión local”, sin duda una de las principales incógnitas que rodean hace tres décadas al peor atentado terrorista de la historia argentina. “Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables”, apuntó el titular de la mutual, sin nombrar abiertamente al Presidente.

Durante los 17 minutos que duró su intervención, Linetzky no dudó en cuestionar a diputados y senadores por no “actualizar” las leyes para combatir al terrorismo. Tampoco se privó de apuntar contra el gobierno boliviano por firmar acuerdos militares con Irán, pese a que seis ciudadanos bolivianos murieron en el ataque. “Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores”, subrayó.

Milei siguió con especial atención el acto, en el que por momentos se lo pudo ver visiblemente conmovido. Le alcanzaron la foto de una de las víctimas para que la sostenga, en un gesto que lo emparentó al resto de los presentes. El momento más emotivo, sin embargo, tuvo lugar cuando un grupo de cinco personas subió al escenario para leer cartas dirigidas a sus familiares asesinados en el atentado. “No pude conocer tu voz. ¿Por qué me tengo que conformar con recuerdos ajenos?”, reclamó la hija de uno de ellos, Hugo Basiglio, electricista y una de las 85 víctimas del atentado. Los testimonios marcaron el final de una jornada histórica, en medio del silencio generado por un operativo de seguridad que se extendió a lo largo de varias cuadras a la redonda.

Tensiones con Irán

El 30° aniversario del atentado a la AMIA llega justo en momentos en que el alineamiento teológico del presidente Milei con el Estado de Israel comienza a cosechar sus primeras reacciones internacionales: ayer se conoció que el gobierno de Irán amenazó a La Libertad Avanza con hacerle “lamentar su enemistad” si no baja el tono de sus acusaciones. Lo hizo a través de un duro editorial, publicado en Teheran Times, uno de sus medios más afines al gobierno de ese país, en el que se sostiene que “sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires” y que “el gobierno de Milei (...) pone en peligro los intereses nacionales de Argentina” con su condición de “títere” de Israel. 

Además, los iraníes lamentaron que, durante las tres décadas que transcurrieron desde el ataque a la mutual, “ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía” y calificaron de “infundadas” las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el ataque.

Pero Milei hizo caso omiso a las advertencias que llegaron desde ese país y este miércoles pronunció un discurso de alto voltaje en el marco de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, que se realizó en el Hotel Hilton. “Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio”, apuntó el mandatario en referencia al proyecto de ley para extender el juicio en ausencia enviado esta semana al Congreso, el que, según indicó, “permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní” involucrados en el atentado. “Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, sentenció.

En ese sentido, Milei apuntó contra “la inacción” y la “ineptitud” de algunos sectores de la política y la Justicia, a la que acusó de no estar “al servicio de esclarecer lo que ocurrió, sino de manipular la realidad, oscurecer la verdad y enviar la causa al olvido”. “No venimos a hacer más de lo mismo, sino a plantear un quiebre de lo que hicieron los otros gobiernos respecto a la causa”, planteó el jefe de Estado, que no tuvo reparos en redoblar la apuesta en sus críticas a Irán.

PL/MG

Hoy, 18 de julio de 2024, se cumplen 30 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. 30 años. Por más que trato de repetirlo en mi cabeza una y otra vez me cuesta creer que 30 años hayan pasado de un modo tan vertiginoso. 30 años de aquel día en el que volaron por los aires la vida de 85 personas y los sueños de tantos. 30 años, 30 años, 30 años. 

Desde hace 30 años recorremos los juzgados, las fojas, los archivos, lo escrito, los secretos, lo dicho y lo oculto, las barbaridades que tuvimos que escuchar, la infamia que nos hicieron y hacen vivir los que se llenan la boca hablando de justicia.

La causa AMIA es todo lo que está mal, es todo lo que no debería ser, es una de las más grandes vergüenzas de todos los gobiernos que han pasado a través de 30 años. Un fracaso estridente, doloroso.

De acuerdo al último informe realizado por el Fiscal de la causa tenemos que:

– La causa AMIA tiene 490.000 fojas.

– 145 imputados de los cuales: 15 llegaron a juicio oral de los cuales 6 fueron condenados, 5 absueltos y dos murieron sin condena.

– 9 pedidos de captura internacional vigentes.

– Más de 1100 personas investigadas.

– 760 teléfonos intervenidos.

De acuerdo al último informe realizado por nosotros tenemos que:

– Presos por la causa AMIA: CERO.

– información sobre la conexión local: CERO.

¿Hay algo que no hemos dicho en 30 años? Creo que no. 

Nos pasamos treinta años hablando en potencial, pensando en potencial, escribiendo discursos en potencial: habría sido, tal vez, fueron estos o los otros, fue Irán o Siria o Hezbollah o ambos o todos o ninguno… El tema es que no podemos usar el potencial para pensar en la explosión o en la muerte. Los espacios vacíos no son potenciales, son reales. Los muertos existen, los sobrevivientes existen, las víctimas y el dolor siguen existiendo pese a todos los potenciales del mundo. Podría haber habido justicia, podría podría podría. 

Año tras año el poder político o el poder judicial se encargan de producir alguna mala noticia, algún maltrato, alguna movida donde usan la causa AMIA con fines políticos. Ni una vez en pos de la verdad y la justicia.

Este año, en la tan conocida telenovela titulada “HUMOS DE JULIO”, el gobierno presentó la semana pasada un proyecto de “juicio en ausencia” para cerrar la causa AMIA sin verdad y sin justicia; parece una ley a medida para el caso AMIA. Si la investigación ya ha sido cuestionada, más lo estará si se legisla en este sentido. Mientras tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, le rinde homenaje y honores al que fuera el máximo responsable de la impunidad en la causa AMIA: el expresidente Menem. 

Este año, después de una larga si no larguísima espera, el tribunal de Casación se dignó a dictaminar sobre nuestras apelaciones respecto a que se revean las bajas penas y hasta absoluciones que se les habían impuesto a los acusados por el encubrimiento. Lamentablemente mantuvieron absoluciones y avalaron condenas vergonzosas. En breve apelaremos ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Será responsabilidad de la Corte aumentar las penas y rever las absoluciones en pos de brindar a esta causa un hilo de justicia. ¡Y esperamos que sea un fallo rápido! Estamos hartos de los infinitos tiempos de la justicia.

También este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dio a conocer su fallo en la causa Memoria Activa contra el Estado argentino: El Estado es culpable. Culpable de no prevenir el atentado, culpable de no cuidar a sus ciudadanos, culpable de denegar justicia.

Un fallo que refleja una triste historia de nuestro país: los familiares somos los que buscamos justicia mientras que el Estado se mantiene ausente.

El fallo recuerda la soledad y cómo las víctimas dejamos de ser víctimas para convertirnos en querellantes, abogados, políticos, obligados a ocupar lugares que no nos corresponden.

Este fallo refleja la desigualdad, la soledad y la cantidad de años que tuvieron que pasar para demostrar que teníamos razón. 25 años desde el inicio de la denuncia ante la OEA.

Este fallo demuestra que el Estado Argentino, sabiendo que el atentado a la AMIA ocurriría, dejó que ocurriera.

Este fallo demuestra que nos negaron el derecho a la verdad y a la justicia.

Este fallo de alguna manera viene a sanar algunas de las tantas heridas que seguimos teniendo y enfrentando.

El Estado deberá actuar en consonancia con las obligaciones que implica el fallo de la Corte. 

La causa AMIA fue atravesada por 11 gobiernos, diferentes políticas; la única constante fue la de avanzar un paso y retroceder dos. Los pocos cambios estructurales que se lograron, como por ejemplo la modificación de la Ley de inteligencia, están siendo borrados de un plumazo, para reinstalar los oscuros sótanos de la SIDE.

A 30 años del asesinato de nuestros familiares en AMIA, todo lo que tenemos son hipótesis. La más firme indica que un grupo de terroristas de Medio Oriente puso la bomba. No sabemos bien por qué, ni quiénes exactamente, salvo algunos pocos nombres de involucrados. Lo que se da por probado es que una camioneta Traffic cargada de explosivos, manejada por un suicida, voló la AMIA. 

Al día de hoy del apoyo local necesario para hacerlo no sabemos nada, y sobra decir que después de 30 años de impunidad las posibilidades de esclarecerlo son prácticamente nulas.

¿Por qué no se investigó? Porque el gobierno argentino junto al de Israel decidieron el mismo día 18 de julio de 1994 sindicar a Irán como el responsable, y a partir de ese momento todo se enfoca hacia allí y hacia el cierre de la causa. Es decir, primero decidieron el resultado y después trabajaron para destruir todo lo que no servía a ese fin.

¿Por qué se encubrió y a quiénes se encubrió? Para nosotros hubo dos tipos de encubrimiento:

Primero: de los que tuvieron la información de que iba a ocurrir un atentado y no hicieron nada para evitar que ocurriera. Está probado que existieron alertas previas. 

Segundo: de los funcionarios estatales que debían investigar y en vez de hacerlo delinquieron creando pistas falsas y desviando otras, apretando testigos, poniendo cámaras ocultas en sus despachos, acusando falsamente, tapando con su propia ineptitud y bajeza los delitos de muchos poderosos.

Todo esto: la breve síntesis de la infamia AMIA. 

Y en el medio de todo, 85 muertos. 

La memoria tiene formas raras de presentarse, a veces solamente es ternura, a veces nada más que tristezas, por momentos solo tensiones, por momentos se mezcla espantosamente con la impunidad. Pensamos erróneamente que la justicia nos traería paz, y nos traicionó. 

No quiero contar anécdotas de la justicia, quisiera contar historias de vida de todo lo que nos fue pasando en estos 30 años. Quisiera tener el tiempo de que recordemos a todos los ya no nos acompañan y que un día gritaron con nosotros ¡PRESENTE!

Demasiados años para ser plasmados en un discurso. Es difícil pensarnos en los diferentes momentos de la causa AMIA, desde el dolor insoportable a los pequeños avances, de los enojos y frustraciones a los abrazos y esperanzas. 

No somos los mismos, sin embargo, somos los mismos que nos paramos en esta plaza el primer lunes de agosto de 1994. Los que marchamos cargando las antorchas.

Y finalmente seguimos parados aquí, en esta misma plaza, en nuestra plaza, desde hace 30 años.

Hemos llegado hasta aquí porque tuvimos el apoyo de todos ustedes, de nuestras familias, de los amigos, de nuestros abogados, del Cels, de Amnesty, y de muchos otros que confiaron en nosotros. Y también queremos homenajear en este acto a todos los que nos acompañaron y ya no están. A nuestros familiares y amigos que nos dejaron en el camino, a nuestros amores asesinados aquel lejano 18 de julio de 1994 en AMIA: por Andrés, por Noemí, por Agustín, en nombre de las 85 víctimas fatales de aquel día. Nuestro homenaje también a todos los que resultaron heridos y lograron seguir viviendo. Nuestro reconocimiento también a las honrosas excepciones dentro de los diferentes estamentos del Estado que demostraron que la causa AMIA sí les interesaba. Pero sobre todo llegamos aquí por todos los que hicimos, hicieron y hacemos MEMORIA ACTIVA. Porque seguimos eligiendo esta Plaza, estos árboles y estas baldosas, porque reconocen nuestras pisadas y nuestro dolor.

Y como me ocurre muchas veces en esta plaza, en medio del frío, del dolor, y del calor de todos nosotros, se me aparece como un guiño, el rostro sonriente de Andrés, que me hace recordar lo que alguien escribió una vez: “El arquitecto Andrés Malamud fue hallado muerto bajo los escombros de la AMIA. Con un lápiz y una libreta entre sus manos, con la imagen de su sonrisa limpia y buenaza seguirá denunciando aquel insulto a la vida”.

30 años de decir presente.

30 años de dolor.

30 años de lucha.

30 años de búsqueda de VERDAD.

30 años de búsqueda de JUSTICIA.

30 años de esfuerzo.

30 años de compromiso.

30 años de tener la MEMORIA ACTIVA.

La autora es integrante de Memoria Activa y de la comisión directiva del CELS. El discurso fue leído en el acto de Memoria Activa por los 30 años del atentado a la AMIA, frente al Palacio de Justicia de la Nación. Acceda a la publicación del micrositio "30 años sin verdad".

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, encabezó el acto a las víctimas del atentado a la mutual judía en el 30° aniversario, y cuestionó que la Justicia no haya avanzado en la condena a los responsables. 

Ante la presencia de Javier Milei y su gabinete, Linetzky cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Y agregó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”.

En otro tramo de su discurso, apuntó contra los legisladores nacionales. Consideró que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, se quejó Linetzky.

Quién era Mauricio Schiber, la víctima del atentado a la AMIA de la que Milei sostuvo la foto

Mauricio Schiber fue una de las víctimas del atentado a la AMIA, ya que era encargado de la vigilancia de la organización. El presidente Javier Milei sostuvo este jueves su foto en el acto por los 30 años del ataque terrorista.

El encargado trabajaba de lunes a viernes dedicándose a la vigilancia del lugar. A las cinco de la tarde, cuando salía de la AMIA, se encontraba con su esposa Raquel, tomaban juntos el 99 y alquilaban una película para ver en video a la noche. A Mauricio no le gustaba mucho salir, y los fines de semana prefería quedarse en casa.

Unos días antes del atentado, Mauricio se había dado un golpe en una pierna. La familia insistía en que el lunes no fuera a trabajar, pero él argumentó que con hielo iba a bajar la hinchazón. El domingo 17 de julio de 1994 su hijo y sus nietos fueron a su casa a ver la final del Mundial, siendo el último día que pasaron juntos.

Homenajes

El acto por los 30 años del atentado a la AMIA concluyó con los familiares sosteniendo las fotos en alto de las víctimas, quienes, en el último tramo, leyeron cartas para recordar a quienes fallecieron aquel 18 de julio de 1994 (hubo 85 muertos y centenares de heridos), una masacre que sigue aún sin una condena para los responsables.

Sofía Guterman, la mamá de Andrea, expresó el dolor que tenía al 30 aniversario del atentado de la AMIA y señaló: “Da tristeza leer el nombre de tu hija al lado de otros 84 nombres”.

El acto central en la sede de la AMIA donde se conmemoró el 30° aniversario del atentado comenzó con un emotivo video en el que cantaron Jairo y familiares de las víctimas.

Al inicio del mismo, se proyectó el citado video donde los mencionados cantaron el tema “Venceremos”, mientras que a las 9:53 sonaron las sirenas para recordar el horario en el que se produjo el atentado.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno Nacional promulgó este jueves la ley que declara como Día de Duelo nacional el 18 de Julio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la AMIA, al cumplirse 30 años del ataque a la sede de la mutual judía.

La iniciativa que fue convertida en ley el pasado 4 de julio por el Senado fue promulgada por el decreto 632 del Poder Ejecutivo, que fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La promulgación se produce pocas horas antes del acto central que se realizará en la sede de la AMIA para recordar ese cruel ataque y que contará con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei, funcionarios del Gobierno Nacional, de la oposición, así como de dirigentes comunitarios de la comunidad judía.

El proyecto establece que se declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina.

Además, dispone que ese día a Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.

A lo largo del proyecto se determina que el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha.

Con información de agencias.

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Una fecha tan sensible como el 18 de julio no pasa desapercibida para ningún gobierno. Sin embargo, este año, la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelí Argentinas (AMIA) ocurrido en 1994, de la que participará Javier Milei, no será una más: se cumplen 30 años del ataque que dejó 85 víctimas fatales y una estela de impunidad que llega hasta el presente. Un número redondo, justo en momentos en que el alineamiento teológico del Presidente con el Estado de Israel comienza a cosechar sus primeras reacciones internacionales: ayer se conoció que el gobierno de Irán amenazó a La Libertad Avanza con hacerle “lamentar su enemistad” si no baja el tono de sus acusaciones.

Lo hizo a través de un duro editorial, publicado en Teheran Times, uno de sus medios más afines al gobierno de ese país, en el que se sostiene que “sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires” y que “el gobierno de Milei (...) pone en peligro los intereses nacionales de Argentina” con su condición de “títere” de Israel. Además, lamenta que, durante las tres décadas que transcurrieron desde el atentado a la AMIA, “ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía” y califica de “infundadas” las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el ataque.

Las inquietantes definiciones plasmadas en el órgano oficial de los Guardianes de la Revolución, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, tienen lugar en medio de las preocupaciones por la seguridad de Milei, tras el atentado al candidato estadounidense Donald Trump, que fueron deslizadas desde el entorno presidencial a elDiarioAR. “Se están tomando mayores cuidados porque hubo una información vinculada al tema hace un par de semanas”, sostuvieron en Casa Rosada, donde dieron a entender, sin mayores precisiones, que hubo una amenaza concreta contra la integridad del mandatario.

En el oficialismo creen que ese hecho puede haber estado relacionado a la decisión de declarar a Hamas como “organización terrorista”. Lo cierto es que, tras esa publicación, el grupo islamista palestino respondió y dijo que se trataba de “una decisión equivocada y sesgada” y lo llamó a Milei a “retractarse”.

“Terrorismo iraní”

El editorial del Teheran Times fue publicado un día después de que el Ministerio de Exteriores de Irán también calificara de infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado. Pero Milei hizo caso omiso a las advertencias que llegaran desde ese país y este miércoles pronunció un discurso de alto voltaje en el marco de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, que se realizó en el Hotel Hilton.

“Mañana se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA, a través del cual el terrorismo iraní se cobró la vida de 85 argentinos”, comenzó su exposición el Presidente, ante la atenta mirada tanto de su par uruguayo Luis Lacalle Pou, como del mandatario paraguayo Santiago Peña. “Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio”, continuó Milei en referencia al reciente proyecto de ley para extender el juicio en ausencia enviado esta semana al Congreso que, según indicó, “permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní” involucrados en el atentado. “Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, sentenció.

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra “la inacción” y la “ineptitud” de algunos sectores de la política y la Justicia, a la que acusó de no estar “al servicio de esclarecer lo que ocurrió, sino de manipular la realidad, oscurecer la verdad y enviar la causa al olvido”. “No venimos a hacer más de lo mismo, sino a plantear un quiebre de lo que hicieron los otros gobiernos respecto a la causa”, planteó el jefe de Estado, que no tuvo reparos en redoblar la apuesta en sus críticas a Irán, luego de que desde ese país se jactaran de “no apurarse” para “jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad”.

El viernes, la Oficina del Presidente subrayó en un anuncio los estrechos vínculos de Hamas con Irán, al que la justicia de Argentina culpa por los ataques a la AMIA y la Embajada israelí a través de su representante, Hezbollah. Los gestos de Milei en ese sentido fueron varios. El más resonante tuvo lugar el mes pasado, cuando no asistió a un encuentro que había organizado la canciller Diana Mondino con el embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, en el Centro Rey Fahd, de Palermo. El desplante de Milei a los miembros del Consejo de Embajadores de los grupos árabe e islámico respondió, en realidad, a la presencia del encargado de negocios de Palestina, Riyad Alhalabi. 

Alineamiento con Israel

En abril, el regreso anticipado de Milei a la Argentina tras el ataque de Irán a Israel y la convocatoria urgente a un “comité de crisis” dejaron en claro que el alineamiento geopolítico de La Libertad Avanza se explica más por lo moral que por los compromisos concretos con las demás naciones de Occidente. “Israel es un pueblo que ha logrado la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía entre lo espiritual y lo material genera progreso. Es muy importante entender el vínculo de la libertad con Israel”, llegó a sostener el Presidente durante una entrevista con el periodista norteamericano Ben Shapiro, en la que citó la Torá y calificó a Moisés como “el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos”. 

El apoyo incondicional de Milei a Israel no es más que la expresión más extrema de la “nueva doctrina” en materia de política exterior que fuera anunciada por el Presidente en marzo, durante la visita al país de la generala estadounidense Laura Richardson. Es que en el posicionamiento de La Libertad Avanza no hay lugar para el impulso de algún tipo de solución pacífica al conflicto en medio oriente. Por el contrario, a partir de aquel comité de crisis conformado en abril, Milei redobló la apuesta y se comprometió ante el embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela, a estar a disposición frente a cualquier recrudecimiento de la situación.

“No consideramos que el ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga un blanco o cambie la situación en un país que ya tuvo dos atentados”, sostuvo, por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni tras ser consultado por el potencial peligro para la seguridad del país que podría traer aparejado el acercamiento a Israel, con antecedentes como el de la AMIA o el de la Embajada de Israel, de 1992. A mediados de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la falta de verdad histórica y justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, al tiempo que ordenó reformas estructurales en el uso de información de inteligencia en causas judiciales y el acceso a la documentación.

La sentencia de la CIDH representa un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa llevó adelante desde el atentado, ocurrido durante el gobierno de Carlos Menem. Algo que se suma a otro hecho de relevancia ocurrido hace dos meses, que fue la ratificación, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, de que el encubrimiento del atentado fue una maniobra deliberada, ejecutada en las altas esferas del poder político. Sin embargo, las condenas impuestas fueron consideradas extremadamente bajas y desproporcionadas al daño causado. La decisión de revertir estas condenas recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PL/MG