Con su hijo de un mes, recién recibida de abogada y 24 años, dejó Tucumán a las apuradas para instalarse en un barrio de Buenos Aires y escapar de las garras de la noche de la última dictadura cívico militar que mandaba a sangre y fuego en el país. Aún recuerda con precisión la noche del 14 de septiembre de 1976, cerca de las 21, calurosa, cuando tres hombres sin identificaciones golpearon a la puerta de la casa en la que vivía con su esposo Enrique Sánchez, de 23 años, y su bebé, Juan Pablo. “Escuché que golpearon la puerta y ante la pregunta sobre su nombre, respondió: 'Sí, soy yo. ¿Qué pasa?'. Y abrió. Los dos sabíamos de qué se trataba. Pidió darle un último beso a Juan Pablo, que estaba en mis brazos en otra habitación, se acercó a nosotros, lo hizo y se despidió. Luego lo obligaron a subir a un Renault 12 blanco. Fue la última vez que lo vi”.

El relato es de Alicia Noli, exjueza provincial y federal de Tucumán, una de las víctimas directas del terrorismo de Estado que, en el marco del 40 aniversario del retorno de la democracia, repasó aquellos duros momentos y reflexionó, en un diálogo con elDiarioAR, sobre la importancia de la vida democrática.

Con 72 años, Noli hizo de su recorrido profesional una vida de compromiso con los derechos humanos, mientras dedicó todo lo que estuvo a su alcance a encontrar a su compañero.

Fiel a sus convicciones, integró el grupo inicial, en diciembre de 1983, de lo que fue la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán, y a los pocos meses se sumó como asesora a la Comisión Bicameral que creó el Gobierno provincial para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Los cientos de testimonios recogidos hasta 1985, “en un clima todavía enrarecido y con personajes de la dictadura aún activos”, fueron elevados a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), a la Justicia Federal y se convirtieron en documentos valiosos durante los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En el informe que se elaboró se consignaron 507 secuestros y un listado provisorio de 387 desaparecidos, entre 1974 y 1983. “Escuchamos relatos espantosos de secuestros y allí empezamos a tener indicios de que Tucumán había sido un gran laboratorio horroroso, como la puesta en marcha de los centros clandestinos de detención durante el Operativo Independencia”, le cuenta a elDiarioAR en la cocina comedor de su casa, en Yerba Buena, rodeada de un jardín que explota de verdes.

Unos años más tarde, por concurso, se integró al Poder Judicial tucumano, donde también abordó causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1976 y 1983. En 2008, ya siendo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se excusó de integrar el tribunal que juzgó a los represores Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez, ambos condenados y ya fallecidos, por crímenes de lesa humanidad. ¿El motivo? Era querellante en la causa por la desaparición de su compañero Enrique.

Años más tarde también integraría tribunales en donde se juzgó a hombres comprometidos con la dictadura. Algunos fueron condenados y otros absueltos, por lo que fue blanco de duras críticas. Entre ellas, hasta un editorial del diario La Nación, en 2016, que la vinculaba falsamente con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En 2017, también fue parte del tribunal que condenó por lavado de activos a miembros del otrora poderoso clan mafioso tucumano Ale, señalado como responsable por la desaparición de “Marita” Verón. 

¿Ese recorrido la endureció? No parece. “Aún hoy tiemblo y mi corazón se estruja cada vez que paso cerca de la casa de donde se llevaron a Enrique. Nunca pude volver a verla, no me animo”, confiesa. La casa se encuentra en Ecuador al 1.000, una zona considerada barrio de trabadores, en el norte de la capital tucumana. Le sucede lo mismo cuando debe recorrer la ruta nacional 9, hacia el norte de la provincia o el país. “Desde ella se ve el Arsenal Miguel de Azcuénaga, que también fue un centro clandestino de detención y en donde sabemos que estuvo detenido Enrique, por testimonios en los juicios”, destaca.

El último beso

En 1974, Alicia estudiaba abogacía y Enrique lo hacía en la Facultad de Bioquímica, también de la UNT. Eran tiempos de euforia de mucha participación política, con los Tucumanazos de 1969 y 1972 —de resistencia a la dictadura entre obreros azucareros y estudiantes universitarios— aún muy presentes. “Mi hermana nos presentó en un bar del centro tucumano, a donde caíamos estudiantes de todas las facultades y de distintas provincias. No éramos militantes de partidos políticos pero sí lo hacíamos en la universidad”, cuenta. “A las semanas ya éramos novios, en mayo de 1975 nos casamos pero ya casi no había participación política porque habían puesto bombas en la Facultad de Derecho, en el Colegio de Abogados y en otras instituciones, por lo que reinaba un clima de miedo. Se redujo muchísimo el activismo y, es más, en 1976 casi todas las personas que conocíamos se habían alejado por temor”, recuerda. Agrega que Enrique era del cuerpo de delegados de Bioquímica y que participaba de las asambleas que se realizaban en el mítico Comedor Universitario, recordado por memorables debates políticos. “Hubo quienes creían que tenía alguna relación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que era fuerte en esa facultad, pero no, no tenía ninguna vinculación, solo amistades”, sostuvo.

Ese mismo año, a Enrique, que se había criado en Juan Bautista Alberdi, una pequeña ciudad ubicada 105 kilómetros hacia el sur de San Miguel de Tucumán, en cercanías con Catamarca, le faltaban unas pocas materias para recibirse –“era un alumno de 10, muy bueno”, lo recuerda Alicia– y trabajaba en el local comercial que tenía el padre de Alicia en el centro tucumano. “Yo hacía mis primeros pasos como asistente en un estudio jurídico y vivíamos con lo que juntábamos”, dice.

Un mes antes del nacimiento de Juan Pablo, el 14 de agosto, la pareja se instaló en un pequeño departamento familiar que estaba cerca de los tribunales provinciales por problemas de salud de la inminente mamá. Cuando nació el bebé, decidieron permanecer allí un mes más. “El día anterior a volver al barrio, Enrique fue a ver la casa y los vecinos le contaron que unas personas preguntaron, con cierta familiaridad, como si se tratara de amigos, si ya había nacido nuestro hijo. No le llamó la atención y al día siguiente volvimos. La primera noche fue la del secuestro, la del último beso. Y no lo volví a ver más”, relató. Silencio.

“Ahí trabaja esa que se nos escapó, debería estar muerta”

La familia fue el principal soporte que tuvo Alicia para ocultarse “para su exilio interno”, como lo llama. Tras el secuestro y con el dato de que habían saqueado el departamento céntrico en donde había estado dos meses, su padre la llevó hasta el aeropuerto de Santiago del Estero para viajar a Buenos Aires. No conseguía pasajes y recién 30 años más tarde le confesó cómo lo logró. “En un almuerzo familiar, contó que se acercó al jefe del aeropuerto que estaba en una oficina vidriada. Lo hizo pasar y sin rodeos le dijo, señalándome: 'Esa chica que está allí con un bebé es mi hija, secuestraron a su esposo y la están buscando'. Se expuso, podría haber pasado cualquier cosa pero logró los boletos y nos fuimos”, rememora, conmovida.

Alicia y el bebé se instalaron en una casa en Vicente López y después se sumaron su madre y su hermana. A los dos años sus padres se separaron pero “siempre estuvieron muy cerca”. Igual, el nexo con la familia en Tucumán se hacía a través de un comerciante, para mantenerse ocultos. Al año siguiente, en 1977, consiguió trabajo en un colegio de monjas cercano, mientras se acercó al Episcopado y al Movimiento Ecuménico, desde donde solo recibía respuestas de que sus pedidos para dar con el destino de Enrique “se estaban tramitando”.

“En cada Navidad se renovaban las esperanzas de un posible blanqueo, de que nos dijeran a donde lo tenía detenido, pero nada. Fue muy doloroso ese proceso. La primera esperanza seria fue la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de loe Estados Americanos (OEA) porque sentimos que el mundo empezaba a mirar a los que buscábamos a nuestros familiares”, contó. Ella fue una de las que hizo una denuncia ante el organismo. La CIDH llegó al país en 1979, recibió más de 5.800 denuncias en Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, visitó las cárceles en Resistencia, Magdalena, Rawson, Córdoba, La Plata, Olmos, Villa Devoto y Caseros, en donde entrevistó a cientos de personas detenidas y presas políticas. También mantuvo audiencias con las principales autoridades militares, dirigentes gremiales, empresariales y de distintas iglesias.

Me costó construir la imagen del Enrique desaparecido a muerto. La condición de desaparecido era etérea, estaba bien ir todos los años al Bosque de la Memoria, con la certeza de que lo habían asesinado. Pero asumir sus restos fue difícil.

En los 80 se instaló en Córdoba porque tenía familiares allí. De esa etapa, recuerda cuando Juan Pablo cumplió cinco años, en 1981. “Comenzó a llorar en el festejo, le pregunté qué le pasaba y me respondió que era porque su padre no podía venir. 'Mi papá no va a venir más. Vos me decías que quiere venir con nosotros pero sabes qué pienso, que no lo dejan y si no lo dejan es porque son malos'. Su reflexión fue de una lógica brutal, implacable, me sacó una venda porque hasta ese momento hasta le compraba ropa a Enrique para cuando regresara, como una forma de sobrevivir para no dejar de reír, para jugar con mi hijo y criarlo”, rememoró.

Al volver a Tucumán, poco antes el retorno democrático, ingresó a trabajar en la Dirección Provincial del Azúcar. Una mañana, rememoró, su jefe la llamó para contarle que había sido invitado a una reunión que presidía Antonio Bussi. De acuerdo con esta persona, apenas se presentó, Bussi le dijo: “Ahí trabaja esa que se nos escapó, debería estar muerta”. “Me di cuenta que el aparato represivo todavía estaba presente y me asusté pero ya se venían las elecciones, se respiraban otros aires”.

Viajó a Buenos Aires para estar en el acto en el que Raúl Alfonsín, entonces candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, habló ante un millón de personas en la avenida 9 de Julio. Al ser una persona de fuerte compromiso con los derechos humanos y ya conocida, el entonces fiscal Julio Strassera, que pronunció el “Nunca Más” en el Juicio a las Juntas, la invitó a presenciar una de las jornadas. “No me dejaban pasar con Juan Pablo porque era un niño y entramos por una gestión especial. Recuerdo que 'Juampi' se pasó todo el tiempo mirando las cámaras fotográficas y quizás allí nació su vocación por ese oficio”, reflexionó. En la actualidad, Juan Pablo Sánchez Noli es un reconocido reportero gráfico de Tucumán y trabaja en el diario La Gaceta. 

–¿Cuánto la marcó la desaparición de Enrique?

–Me marcó mucho en mi vida profesional, que estuvo muy relacionada con los derechos humanos pero no me refugié en la depresión. Me endureció para seguir con la búsqueda. Fue una manera de seguir. Y creo que Enrique le hubiera gustado este recorrido, no tengo dudas.

–Con todo su recorrido, ¿qué reflexión hace sobre estos 40 años de democracia recién cumplidos?

–Lo positivo es el compromiso con los derechos humanos porque se trata de un acuerdo que se mantiene, más allá de la grieta y de algunos sectores negacionistas, que son minoritarios. Las políticas de derechos humanos se han sostenido, aunque están incompletas y falta un largo camino. Pero puedo decir que Argentina avanzó profundo, en relación a otros países y por eso vemos reacciones tan violentas. Hay voces inconstitucionales que pretenden romper esos acuerdos mínimos pero para hacerlo se ponen demasiado excéntricas y lo hacen sin ningún aval ético, ni mínimo, siquiera. 

El regreso

Alicia reconoce que en los juicios obtuvo las certezas, de una testigo, de que Enrique había estado detenido en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En la “Causa Arsenales”, cuenta, una mujer declaró que habían estado detenidos juntos en ese centro clandestino y que estaban todo el tiempo con vendas en los ojos aunque por debajo algo podían ver. Pudo decirle que se llamaba Enrique Sánchez y que si salía, debía dar este mensaje textual: “Deciles que estoy bien, que los amo”. Después surgieron otros testimonios y cruces de datos que confirmaron que su compañero estuvo en esa base que dependía del Ejército.

Hacia fines de los 90 y comienzos del 2000 recibió información, siendo jueza, de la supuesta existencia de lo que se conoce como el Pozo de Vargas, la fosa en Tafí Viejo, en donde se han identificado a 119 víctimas de la última dictadura cívico militar, hasta el momento. Las excavaciones comprobaron en 2002 que había un pozo, primero, y luego que había sido utilizado para arrojar cuerpos de detenidos, torturados y asesinados. Los restos de Enrique, extraídos por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), fueron identificados en 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

“Me costó construir la imagen del Enrique desaparecido a muerto. La condición de desaparecido era etérea, para mí estaba bien ir todos los años al Bosque de la Memoria, de la UNT, con la certeza de que lo habían asesinado. Pero el día que me notificaron me emocionó porque pensé: 'Al fin lo encontramos'. Pero asumir sus restos fue difícil. Juan Pablo, que no tuvo a su padre, se convirtió entonces en el interlocutor ante EAAF, vio sus restos y creo que cerró un círculo”, confesó. “Ese tránsito fue muy difícil para mí. Lo más importante fue el encuentro de mi hijo con la materialidad del padre porque para los hijos es más fuerte que para las parejas”, me parece.

DC/MG/JJD

Imagine el lector o la lectora un antiguo pozo de agua de 40 metros de profundidad reutilizado a fosa para ocultar cuerpos de hombres y mujeres. Por las dudas estuvieran con vida, algunos cuerpos reciben disparos, son rematados desde arriba. Unos cuantos son arrojados de manera individual, con las manos atadas, pero a otros se los envuelve de a tres o cinco y se los enrolla en bolsas y se ciñen con alambre. Después de cada operativo se arrojan escombros sobre los restos pero como es insuficiente, se trae tierra y ripio de arroyos cercanos. Cuando no da para más, se destruye el brocal del pozo, que también se deposita adentro, y luego con una máquina se empareja el terreno para ocultar esa boca profunda al horror. Los cuerpos llegaban hasta el predio durante la noche en camiones militares, al mismo tiempo que se producía un apagón y las pocas casas cercanas se quedaban sin luz. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos vecinos comenzaran a hablar. Esta escena que bien podría ser de la Alemania nazi, se repitió de manera sistemática durante dos años, al menos, en Tafí Viejo, Tucumán, y tiene un nombre: El Pozo de Vargas. Fue durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976. 

Se trata de la fosa más grande de Sudamérica, en donde se han identificado, hasta ahora, a 116 detenidos desaparecidos. Es tan espantoso lo que sucedió allí y son tantas las pruebas, que ni los más ultra defensores de las Juntas militares golpistas pudieron negar su existencia. Ni siquiera el ya fallecido Antonio Domingo Bussi, exdueño de la vida y de la muerte durante el Operativo Independencia y exgobernador tucumano, también condenado por crímenes de lesa humanidad en uno de los juicios. Su fallecimiento también le puso fin a un rosario de juicios en los que estaba comprometido y que le auguraban una similar resolución.

“A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas”, contó a este cronista el reconocido músico tucumano Juan Falú en una entrevista en febrero de 2022. Bussi fue condenado en este juicio oral y público. Luego de permanecer en ese limbo lacerante que es la figura del desaparecido, a los Falú se les informó el 7 de junio de 2016 que los restos de Luis, empleado de Gas del Estado, estudiante universitario y secuestrado el 14 de septiembre de 1976, habían sido identificados en el Pozo. Tuvieron que pasar 40 años para que la familia supiera a donde poner una flor para recordarlo. No es el caso de muchos que aún claman por justicia. “Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino”, canta el poeta y músico argentino Víctor Heredia, que aún pide justicia por la desaparición de su hermana María Cristina y de su esposo, Claudio Grandi, cuando estaba embarazada. Su canto es todavía el de miles en Argentina.

Este 19 de septiembre quedó marcado en la memoria de quienes pudieron identificar a sus familiares en El Pozo de Vargas y de quienes aún esperan que en los cientos de restos de huesitos hallados allí podría estar el ADN que les devuelva la identidad. Ese día, el Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la exESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos fragmentos extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Mucho antes, el 21 de marzo de este año, el juez federal Fernando Poviña declaró la Clausura de la Excavación Pozo de Vargas porque los peritos habían llegado al fondo, de donde se extrajo todo el material posible. Desde entonces trabajaron en tareas de zaranda para separar los huesos de la tierra y otros materiales, clasificar y conservar. Este fue el contenido del último envío. Una caja de cartón, embalada con cuidado, llevó en su interior alrededor de una veintena de pequeñas bolsas con huesitos y en una etiqueta, en cada una, en donde se consignaron datos importantes, como la profundidad del hallazgo y la cuadrícula en la que fueron encontrados. Las muestras serán cruzadas por los científicos del EAAF con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les llegaron desde los lugares en donde se están realizando investigaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer ese resultado.

Esa mañana fue soleada y con árboles en flor. Primaveral. Desde temprano esperaron el cumplimiento de la medida algunos parientes de identificados y otros que esperan que la ciencia haga posible el milagro de devolverle a sus seres queridos. Entre ellos estuvieron Josefina Molina, hija del vice gobernador tucumano Dardo Molina Chazarreta, y Teresa Arias, hija del ferroviario taficeño Segundo Bonifacio Arias. Ambos fueron secuestrados y sus restos identificados en el Pozo. A su lado estuvo Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) que aún espera tener algún dato, una pista, siquiera, que pueda dar con los restos de su esposo José Zenón Ruiz, secuestrado durante el Operativo Independencia, el 28 de julio de 1975. “Este día es muy importante porque es el resultado de haber militado durante años, contra todo, para que se supiera que aquí había restos. Cuando comenzaron las excavaciones nos pasamos semanas acompañando a los peritos, con viento, frío y lluvia, para exigir que el Estado destine fondos para los trabajos. Los acompañamos siempre porque seguimos pidiendo justicia”, dice y su voz se quiebra.

Virginia estaba en su cuarto mes de embarazo cuando ese 28 de julio, de madrugada, aún de noche, un grupo de policías, con Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz al frente, condenado y ya fallecido, entraron con violencia a su casa en el barrio San José y se llevaron a su esposo. Durante el operativo, Virginia y sus dos hijos pequeños fueron golpeados y obligados a meterse debajo de una mesa. Para entonces, ya tenía un hermano y una hermana desaparecidos, por lo que se hizo cargo de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, no se detuvo ni un día en buscar a su compañero y hermanos. Solo pudo rescatar a su hermana, que había sido llevada al penal de Concepción, en el sur tucumano, porque había sido “blanqueada”, es decir, estaba en los registros de detenciones. Su dolor se hizo público cuando declaró en la Megacausa Operativo Independencia. Aunque no lo confiesa de manera abierta, abriga una mínima esperanza de que en la caja de madera esté aunque sea un huesito de José.

Junto a ella estuvo Julia Castillo que, incansable, también busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976. “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”. Su hijo fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976, en Taco Ralo. Desde hace 47 años lo busca, incansable. La familia vivía en Bella Vista cuando una patota militar entró a su casa. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos confesó en donde se encontraba Hugo. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aun en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Hace unos días declaró en la Megacausa Jefatura III, en Tucumán, en la que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las que 84 continúan desaparecidas. “He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Que la justicia los condene y vean el dolor que yo pasé. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos”, sostuvo en la sala para cerrar su testimonio.

Pese a que se trató del último envío de restos de huesos desde El Pozo de Vargas al EAAF, todavía resta mucho por hacer, como clasificar otro tipos de materiales que se han encontrado y que podrían asociarse con algunas identificaciones, como marcos de anteojos, cadenas, crucifijos, medallas, restos de zapatillas, zapatos y medias, entre otros objetos personales. El lugar está señalizado como Sitio de la Memoria y hay varios proyectos para convertirlo en un museo que albergue todo el material que se extrajo y del que se desconoce su pertenencia. Además, también continuarán otras tareas en el predio porque se cree, por algunos indicios, que allí hubo construcciones que fueron destruidas y que podrían haber sido utilizadas como salas de detención y torturas. El lugar se mantiene por la colaboración del municipio de Tafí Viejo, cuyo intendente, el peronista Javier Noguera, señaló que “forma parte de nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el objetivo es que el predio se transforme en un museo para que las futuras generaciones conozcan los horrores que se cometieron durante la última dictadura cívico militar”.  

En la actualidad, en el lugar desarrollan las tareas de investigación los integrantes CAMIT, desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajaron en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, estuvieron a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones fueron y son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

La primera identificación de restos en El Pozo de Vargas fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 116 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darle sus nombres y apellidos, el camino a sus historias.

DC/MG

El horror tiene cifras en el Pozo de Vargas, la fosa en Tucumán en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico militar, que fueron arrojados a sus 40 metros de profundidad para que nunca sean encontrados. Ese macabro destino no pudo ser, debido a la investigación que dio con su existencia y que este año cumplirá 21 años. De acuerdo a informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), fechado el 15 de diciembre del año pasado, elevado al Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Fernando Poviña, son 149 los restos óseos hallados en el interior -hasta el momento-, 28 perfiles genéticos son de mujeres y 121 de hombres. Entre ellos, se identificó a 118 personas y aún hay 31 sin identificar.

Los números lo dicen todo, o casi. Todavía hay un alto porcentaje de restos sin identidad, sin nombres y, por lo tanto, con historias que permanecen ocultas que quizás sean de militantes de partidos políticos, trabajadores de fábricas, obreros del surco, ferroviarios, sindicalistas o estudiantes, como gran parte de los identificados en la fosa, hasta ahora. De ahí, la importancia de que quienes crean tener un familiar desaparecido se acerquen a distintos lugares para dejar una gota de sangre que se sumará a un banco de datos. Esa muestra será cruzada luego por los científicos del EAFF, con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les lleguen desde los lugares en donde se están realizando investigaciones, como en el Pozo de Vargas.

“Vargas es una causa en la que el EAAF puso mucho esfuerzo por el significativo número de víctimas, por lo que es la fosa más grande del país. Y seguro está entre las de mayor dimensión de Latinoamérica”, reflexionó Diego Argañaraz Fochi, tucumano, miembro del EAFF, en diálogo con elDiarioAR. Y agregó: “una de nuestras mayores 'mochilas' es que nuestro trabajo es una carrera contra el tiempo, porque a nosotros nos gustaría que los restos sean identificados y entregados a sus familiares, como a un padre, madre, hermano o hermana que buscó a ese familiar, antes que mueran”.

Vargas es una causa en la que el EAAF puso mucho esfuerzo por el significativo número de víctimas, por lo que es la fosa más grande del país. Y seguro está entre las de mayor dimensión de Latinoamérica"

Diego Argañaraz Fochi — miembro del EAFF

“Entregar una muestra es tan importante como encontrar una fosa pero no se puede hacer un juicio de valor sobre quienes no deciden hacerlo, porque es un gesto voluntario y porque cada uno procesa como puede las ausencias y sus circunstancias. Sí creo que debe llegarle a la sociedad la mayor cantidad posible de información”, reflexionó. El año pasado, EAAF lanzó una nueva campaña para identificar a los más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que tiene en resguardo. Con el lema “Tenés una historia / tenés un derecho” la convocatoria hace foco en el derecho a saber si el familiar desaparecido fue encontrado por el EAAF y puede ser identificado. Las dos vías de contacto son el 088 3453 ADN (236) y e correo iniciativa@eaaf.org.ar

En relación a los 31 restos sin identificar del Pozo de Vargas, una fuente consultada por este medio, informó que se analiza una hipótesis de que quizás con algunos jamás logre darse con sus lazos de sangre. Entre las razones, se menciona que podrían ser personas que fueron secuestradas en otras provincias pero torturadas y asesinadas en Tucumán, por ejemplo en los ex centros clandestinos de detención ex Arsenales Miguel de Azcuénaga o la ex Jefatura de la Policía. Hay casos de este tipo en el Pozo de Vargas pero con identificación positiva. O quizás se trate de víctimas que no son buscadas por varios motivos: sus familias no hicieron la denuncia ni dieron muestras de sangre porque se procesan aún con miedo las consecuencias del terrorismo de Estado; porque las víctimas pertenecen al ámbito rural y sus familiares les perdieron el rastro, desconociendo que militaban en alguna organización política cuando fueron secuestrados; o por desconocimiento de la existencia de campañas y de lugares en donde se pueden dejar muestras de sangre. En la actualidad, estos datos forman parte del Banco Nacional de Datos Genéticos y del Banco de Sangre de Familiares del EAAF.

“Voluntaria y con plena conciencia”

María Coronel es la actual  coordinadora del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y ex centro clandestino de detención “La Escuelita de Famaillá”. Desde 1975, desde el Operativo Independencia, se convirtió en un centro de clandestino de detención por el que pasaron entre 1.500 y 2.500 personas, hasta fines de 1976. Consultada por elDiarioAR sobre la importancia de dar una muestra de sangre, ante la duda de tener un familiar desaparecido, señaló “este tema me atraviesa desde lo personal por mi historia familiar porque soy consciente que es difícil admitir que se tiene un pariente del que se desconoce su destino y también sé que no se debe obligar a nadie a dar esa muestra, tiene que ser un gesto voluntario de plena conciencia”.

“Hay que seguir generando esta conciencia con campañas estatales de difusión e información que se sostengan, porque nos ha pasado en 'La Escuelita' de personas que se acercaron cuando se abrió y desconocían que podían entregar una gota de sangre”, apuntó. La historia personal a la que se refiere es porque María es hija de José Carlos Coronel y de María Cristina Bustos Ledesma, ambos desaparecidos. Su padre, secretario político de la organización Montoneros, fue asesinado en un operativo el 29 de septiembre de 1976, en el llamado “Combate de Villa Luro”, en Buenos Aires. La casa en la que estaba reunido con otros cuatro militantes fue sitiada por las fuerzas armadas en donde, salvo la hija del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria, todos fueron asesinados. Ella se quitó la vida. María Cristina fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. Los dos tenía 32 años cuando desaparecieron.

Para intentar saldar en Tucumán el vacío de información sobre el destino de desaparecidos, en la provincia se lleva a cabo la campaña “Acercáte, te estamos buscando”, para incrementar las muestras de ADN del banco de datos genéticos y cotejarlas con los restos de las víctimas de delitos de lesa humanidad que son recuperados. Esta tarea es realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Erica Brunotto, en el marco de la Campaña de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID). Junto con el EAAF, la secretaría toma las muestras voluntarias a familiares de detenidos desaparecidos para ampliar la información del Banco Nacional de Sangre de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“En base a los listados que nos giran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Justicia Federal, hacemos nuestra propia búsqueda de los parientes, sobre todo, en el interior tucumano. A veces, esa tarea nos lleva varios días, solo ubicarlas, porque el paso siguiente es informarlas sobre la importancia de la entrega de la muestra voluntaria, que luego se efectúa cumpliendo con todos los protocolos”, detalló Brunotto.

Agregó que es una experiencia única en el noroeste argentino y que ha dado resultado en el ámbito rural, en pueblos y caseríos pequeños. También se han tomado algunas muestras de personas que se han acercado a la secretaría, por la difusión de la campaña. Todo se gira al EAAF, en donde se hacen las identificaciones con el cruce de datos. “Estamos conformes con lo realizado hasta el momento pero sabemos que aún falta y una muestra de ellos son los restos que quedan por identificar en el Pozo de Vargas”, expresó.

Una duda que debe aclararse

Hace unos días, a raíz de un comunicado de una organización no gubernamental que aseguraba que habían finalizado los trabajos de investigación en el Pozo de Vargas, la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) aclaró en un parte oficial que “aún se encuentran pendientes de realización algunas tareas periciales”. También se indicó que “Luego de más de dos décadas de investigación y trabajo de equipos periciales locales (GIAAT y CAMIT, que son espacios de arqueólogos) y del Equipo Argentino de Antropología Forense se lograron identificar 149 personas que fueron inhumadas clandestinamente en ese lugar. Restan aún identificar 33 personas cuyos perfiles genéticos no coinciden con las muestras de sangre brindadas hasta el momento por familiares de desaparecidos y desaparecidas. El Pozo de Vargas es hasta hoy la fosa común con mayor número de identificaciones de la Argentina”.

La controversia está planteada sobre la cifra de personas sin identificar, puesto que mientras el EAAF sostuvo en diciembre que ese número era de 31, la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán señaló que son 33. Frente a ello, querellantes de la investigación manifestaron a elDiarioAR que en los próximos días recurrirán al Juzgado Federal para que se aclara esta situación.

Mientras, de acuerdo a consultas que efectuó este medio a varias fuentes, lo que sí concluyeron en el Pozo de Vargas son las excavaciones en su interior, se llegó a un piso técnico, pero aún queda mucho por realizar, como pasar por una zaranda el contenido de cerca de 500 bolsas de material que se extrajeron desde las entrañas del pozo. Esta tarea es clave porque en ese sedimento hay objetos que pueden ser útiles para reconstruir historias, como un rompecabezas de nuestra memoria reciente. En los últimos meses, por ejemplo, se hallaron anillos, anteojos, proyectiles de armas, fragmentos óseos y hasta dientes. 

También hay numerosos objetos en custodia e inventariados que aún esperan ser estudiados porque cuando se producen identificaciones, a los familiares se les entregan los restos óseos. En el depósito de la investigación hay ropas, calzados y billeteras, entre otros materiales, que esperan ser estudiados porque es posible que a algunos se los pueda asociar con un nombre, con una familia, para que también sean entregados. Todos los restos de huesos descubiertos en la fosa son clasificados y enviados al EAAF, en donde se efectúan los estudios para la identificación.

Otro de los objetivos de los investigadores, en conocimiento del Juzgado Federal, es reconstruir el predio en donde se encuentra el pozo, puesto que allí hubo un cargadero de caña de azúcar, que supuso la existencia de construcciones que se destruyeron cuando se intentó ocultar a la macabra fosa. En varios lugares hay restos de cimientos. Detectados esos lugares, se procurará identificar qué se hacía en cada uno de ellos, ya que por testimonios en las causas que se investigan crímenes de lesa humanidad, es posible que allí hayan existido dependencias en donde se torturaban a víctimas, antes de ser ultimadas y arrojadas a los 40 metros de profundidad. En algunos casos, en “bultos” de tres cuerpos, atados con alambres. Se comprobó, además, por las pesquisas, que hubo ocasiones en los que se hicieron disparos desde arriba para rematar a los hombres y mujeres que antes habían sido sometidos a sesiones de tortura.

En la actualidad, en el predio desarrollan las tareas de investigación los integrantes del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajan en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, están a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

En Tucumán, Abuelas de Plaza de Mayo tiene nodo de su Red por el Derecho a la Identidad, y todas las personas que quieren colaborar con Abuelas por encontrar a sus nietos y defender el derecho a la identidad, pueden contactarse con  Alejandra García Aráoz (APDH Tucumán) y Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos de HIJOS), a los teléfonos (0381) 15 6113585 o (0381) 15 609 8278. Correo: alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@hotmail.com

En el caso de la Secretaría de DDHH de Tucumán, para la entrega de una gota de sangre, que puede ser un camino hacia la identidad, el contacto es (0381) 484-4000, interno 339.

DC/MG

La Fundación Memorias e Identidades informó en las últimas horas que concluyeron los trabajos de investigación y excavación de la fosa de inhumación clandestina llamada “Pozo de Vargas”, ubicada en Tafí Viejo, Tucumán, que funcionó durante el terrorismo de Estado en Argentina y donde se recuperaron los restos óseos de 149 personas.

“A 48 años del inicio del llamado Operativo Independencia, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán pone en conocimiento de la sociedad que en la investigación de la denominada causa ”Pozo de Vargas“, luego de 20 años de trabajo, se ha llegado al final de la excavación”, indica el comunicado de prensa difundido por la fundación.

El Operativo Independencia fue el plan represivo que el Ejército llevó adelante en Tucumán en el marco del Decreto 261/75, firmado el 5 de febrero de 1975 por la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón, con el objetivo de “aniquilar” a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la provincia.

El 9 de febrero se produjo la ocupación militar con el desembarco de 1.500 soldados en el sur de la provincia, que junto a las fuerza policial secuestraron y asesinato obreros, estudiantes, docentes, militantes sociales y del ámbito político.

El escrito agrega que “de acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.

El Pozo de Vargas es una fosa de 40 metros de profundidad que está ubicado en el límite de Tafí Viejo y la capital tucumana, en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construida originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina quienes indicaron que el pozo era empleado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura cívico militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presenta en el Juzgado Federal de Tucumán y esto da lugar a una pericia en abril de 2002.

“La causa del Pozo de Vargas inició en el año 2002, durante la vigencia de las leyes de impunidad. Su objetivo fue el hallazgo primero y la excavación luego, de un pozo el que durante la vigencia del terrorismo de Estado fuera utilizado para la inhumación clandestina de mujeres y varones, víctimas de desaparición forzada, que habían sido secuestradas tanto en Tucumán como en las vecinas provincias del norte argentino”, señala el comunicado.

La Fundación detalla que con esta investigación “se recuperaron los restos óseos de 149 personas, de los cuales, 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN, ello implica que 23 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas, porque resta que los familiares donen su muestra de sangre a los bancos de datos genéticos de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”.

Además solicitaron “a los Estados nacional y provincial a que provea los medios necesarios para que se articulen campañas de difusión y recolección de las muestras de sangre”.

Con información de Télam.

IG

La computadora de Carlos Vullo marca en letras verdes los países donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó en campo, para colaborar con los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, para llevarles respuestas de lo sucedido con ellas a lo largo del último medio siglo. Y en letras verdes, figuran los países donde el EAAF realizó investigaciones genéticas, la especialidad de este bioquímico cordobés, que llevaron certezas a miles de víctimas alrededor del mundo: desde Argentina, pasando por Africa y Asia.

Vullo dirige el laboratorio de genética forense del EAAF, la prestigiosa ONG argentina a la que se sumó a principios de este siglo y a la que llama cariñosamente “el Equipo”: “El primer caso que se identificó con la aplicación de genética en nuestro laboratorio es el de Mario Osatinsky, un chico de 16 años de edad, hijo del jefe guerrillero Marcos Osatinsky, fue en 2003. Yo venía desde 1985 trabajando en mi laboratorio en forma privada en casos de pruebas de paternidad. Sabía de la existencia del Equipo, de sus trabajos metódicos aplicando los protocolos de antropología en la exhumación de cuerpos en fosas comunes, y en 2003, Moisés Dib, el actual director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, me sugiere que cuando el Equipo viniera a Córdoba, nos reunamos y veamos la posibilidad de trabajar juntos aplicando la genética a los procesos de identificación. Hace veinte años cuando comenzamos a trabajar, los laboratorios genéticos no habían podido dar resultados positivos a los análisis que les solicitaba el EAAF. Acordamos con Darío Olmo, en aquel momento a cargo de las investigaciones del EAAF en Córdoba, que intentáramos con un caso complicado desde el punto de vista de conservación de los restos óseos, porque si ese caso lográbamos obtener información genética, nos abría la posibilidad con los otros restos mejor preservados para trabajar e identificar. Y me dieron una muestra de las fosas del cementerio de San Vicente, eran restos muy degradados, muy deteriorados; habían sido cubiertos con cal, y eso ayudó a secar la humedad y que el hueso se conservara, pero no lo sabíamos. El EAAF tenía una presunción fuerte sobre la identidad de ese resto, obtuvimos un perfil genético, cruzamos el ADN de ese material a estudiar con los ADN que teníamos de algunos familiares y nos dio match con Sara Solarz, su mamá. Informé al Equipo los resultados y estaban asombrados, habíamos logrado algo revolucionario, era la primera vez que el EAAF identificaba los restos de un desaparecido de la dictadura en un laboratorio argentino. Hoy llevamos identificados unos 800 cuerpos de desaparecidos, entre las que se encuentran algunas madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que habían sido arrojadas al mar y el mar las había devuelto. Pero aún nos faltan identificar cerca de 700 víctimas más, tenemos esos restos, y eso nos da valor y energía y más ganas de capacitarnos y mejorar nuestro conocimiento y dotarnos de mejor tecnología. Lo que hacemos en el laboratorio de genética forense del EAAF son procesos muy específicos y costosos, que los laboratorios estatales o privados no lo hacen; es una manera de hacer ciencia orientada a los DD.HH. De lo que se trata es de devolverle su identidad a gente a la que le robaron la vida”, cuenta con orgullo Vullo en su larga charla con elDiarioAR en su laboratorio de Córdoba.

El grupo de trabajo que comanda este genetista cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam; o la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. También han realizado trabajos excepcionales o puntuales como la confirmación de la existencia de una momia inca en los Andes mendocinos y la identificación de Ned Kelly, un mítico ladrón de bancos en la Australia de principios de siglo XX.

El grupo de trabajo cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam

Pozo de Vargas, un trabajo de dos décadas

Cuando Carlos Vullo explica, se notan dos cosas: su pasión por lo que hace y lo pedagógico que es al simplificar complejos ejercicios químicos, fruto de sus años como docente: “A lo largo de los años, el EAAF ha trabajado en cientos o miles de fosas comunes. Cuando hablamos de fosas comunes, en el imaginario tenemos cuerpos mezclados; pero hay dos tipos de enterramientos: las fosas comunes primarias y las fosas comunes secundarias”, detalla, mientras muestra fotos de antropólogos trabajando en estos dos tipos de enterramientos.

En una de las imágenes, en el cementerio de barrio San Vicente, en el este de la ciudad de Córdoba, se ven esqueletos en una fosa común, uno al lado del otro: “Acá estamos ante una fosa común primaria, donde los cuerpos no están mezclados, y en algunos casos, donde hay un esqueleto sobre otro, las piezas están articuladas y se pueden armar los cuerpos completos. De aquí se exhumaron los restos de Mario Osatinsky”. En otra imagen, hay tres o cuatro restos de ropas que alguna vez cubrieron a víctimas del terrorismo de Estado en El Salvador: “En esta fosa, la tierra es muy ácida y disolvió tejidos y huesos, dejando sólo la ropa. Acá, se colecta el ADN en polvo de adentro de la ropa. Pero claramente tenemos cuerpos separados. En ambos casos, en San Vicente o El Salvador, tomamos una pequeña muestra de restos óseos y trabajamos para identificar el ADN”, explica el genetista jefe del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Vullo señala que “las fosas comunes secundarias son aquellas donde los cuerpos están mezclados, como ocurrió en los Balcanes, donde las fosas primarias fueron levantadas con palas mecánicas y los restos fueron tirados en otras fosas; para obstruir e imposibilitar la identificación de las víctimas. Un caso similar viene investigando el EAAF en Pozo de Vargas, Tucumán, un pozo de 60 metros de profundidad por dos de diámetro, en el cuál se arrojaron cientos de cuerpos, que en su mayoría están desarticulados e intermezclados, esto requiere muchísimo más trabajo en procesamiento de muestras óseas para genética y de análisis antropológico para resolver el caso e identificar a las víctimas en su conjunto. Armar cada cuerpo, si el esqueleto no está articulado, es un trabajo muy paciente. Si en los cuerpos articulados tomamos una muestra para analizar su ADN y devolverle su identidad y su historia; en los casos de las víctimas de enterramientos en fosas secundarias, debemos analizar  muchas más muestras. De un total obtenido de 150 perfiles genéticos únicos que representan a 150 víctimas en Pozo de Vargas, ya identificamos a 118; pero para poder hacerlo, analizamos más de 1.300 muestras de huesos, un trabajo laborioso y caro. A eso hay que sumarle otro inconveniente, la mala calidad del terreno, que en Tucumán es húmedo y sometido a altas temperaturas, lo que atenta contra la calidad del material a analizar”.

El enterramiento clandestino de víctimas del terrorismo de Estado en el llamado Pozo de Vargas se realizó en un viejo pozo construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Los generales Acdel Vilas, primero y Antonio Domingo Bussi después, desde 1975 hasta 1983 fueron los responsables de la represión ilegal en esta provincia norteña, y varias de las víctimas fueron tiradas al foso para hacerlas desaparecer. Esos cuerpos comenzaron a exhumarse desde 2004.

La ciencia aplicada a los Derechos Humanos

Carlos Vullo destaca que “nuestro laboratorio está enfocado al trabajo científico que permita devolver la identidad y saber qué pasó con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; no somos un laboratorio de genética más; nos enfocamos principalmente a las causas ligadas a las violaciones de Derechos Humanos universales. Y eso trae otra consecuencia, porque muchas veces es el Estado quien viola los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida y el derecho a la identidad: EAAF, como una ONG independiente que aplica las ciencias forenses a situaciones de violación de los DD.HH. , les aseguramos a los familiares de esas víctimas un trabajo altamente especializado, basado en la ciencia y la genética forense, con la independencia y la trazabilidad científica que les asegura a esas familias que el proceso no ha sido manipulado. La garantía de independencia del EAAF hace que las familias que no obtienen respuestas del Estado o no confían en sus respuestas por el modo en que fueron tratadas, tengan un organismo de la sociedad civil independiente y confiable al que acudir. Básicamente devolvemos identidad y verdad histórica a los restos con los que trabajamos”.

El laboratorio del EAAF trabaja bajo la norma ISO 17025 que regla los estándares más altos a nivel internacional para este tipo de análisis genéticos. “Hace poquito, hemos acreditado la norma ISO 17025; nosotros veníamos trabajando hace tres años para adecuar nuestra aparatología y nuestros profesionales a estos estándares de excelencia. Empezamos antes de la pandemia, nos agarró en el medio la cuarentena, seguimos adelante ¿Para qué te sirve aplicar a las ISO 17025?, para trabajar bajo los estándares exigidos por muchos organismos internacionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), con la cual estamos colaborando ahora por crímenes ocurridos en 2013 en la República Centroafricana; o con proyectos humanitarios de la Cruz Roja Internacional”.

Malvinas, diplomacia y ciencia

Precisamente fue el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien medió en 2012 entre el Estado argentino y el Reino Unido, para que los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin fueran identificados y que sus familiares pudieran despedirlos.

El prestigioso médico forense chileno Morris Tidball-Binz, cofundador del EAAF y ex directivo del Comité Internacional de la Cruz Roja –es el actual Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias- fue quien propuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense se encargara de analizar los cuerpos sepultados en el cementerio de Malvinas.

“El prestigio del Equipo, que había trabajado en América latina, Africa, Asia y los Balcanes, jugó a favor para que los británicos, principalmente, no pusieran reparos y nos permitieran identificar los cuerpos sepultados en Darwin. Para nosotros era un orgullo que nos aceptaran en esta misión para devolverle su identidad a 121 soldados cuyas lápidas tenían la leyenda ”Soldado argentino sólo conocido por Dios“. El Comité de la Cruz Roja sabía del alto nivel del estándar científico con el que trabaja el EAAF, eso también jugó a nuestro favor, no sólo el prestigio profesional, sino el cumplimiento de las normas internacionales de calidad”, apunta el director de genética de esta ONG humanitaria.

Vullo señaló que “Geoffrey Cardozo, un militar inglés con mucha humanidad, había hecho un trabajo extraordinario en el cementerio de Darwin, de las 230 tumbas de argentinos, logró identificar a 109. Muchos de los chicos que habían muerto en la guerra tenían su DNI en el bolsillo. Cuando fueron sepultados, Cardozo había señalado dónde estaba ese cuerpo y cómo se llamaba. Otros tenían la chapa identificatoria colgada al cuello. Pero 121 habían sido sepultados como NN. Y nosotros trabajamos desde la antropología y la genética, con evidencia asociada, para volver a identificarlos, era una deuda con ellos y con sus familiares”.

Y agregó que “los trabajos comenzaron en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo entre Argentina y el Reino Unido para llevar adelante el Proyecto Plan Humanitario, y en junio de 2017 llegaron a las Islas 12 especialistas forenses, tres nuestros del Equipo y dos británicos, además de otros del Comité de la Cruz Roja. Trabajaron durante dos meses, exhumaron 122 cuerpos de 121 tumbas bajo un protocolo que constaba de cinco etapas: recuperación arqueológica de los restos; análisis; toma de las muestras; inhumación de los restos en sus tumbas originales y el análisis genético de las muestras que los realizamos nosotros acá en Córdoba. En diciembre de 2017, el Comité Internacional de la Cruz Roja les entregó a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido los informes con las identidades de 90 soldados. Así se cerró la Etapa I del Proyecto Plan Humanitario”.

Carlos Vullo contó que en 2020, el EAAF regresó a Malvinas “en plena pandemia a trabajar en la Etapa II del Proyecto Plan Humanitario, donde se identificaron los restos de soldados muertos tras el derribo de un helicóptero” por parte de las fuerzas británicas. Y “para 2023 tenemos proyectado regresar a las Islas a trabajar en la Etapa III para identificar otros combatientes.

Derecho a la identidad

“En los cursos que damos, siempre digo ‘¿Ustedes alguna vez se imaginaron llamar a alguien que no tiene nombre ni apellido?’, acá en Argentina lo llamamos ‘che, vos’, tan característico nuestro. Pero no me refiero a esas personas que no les sabemos el nombre. Me refiero a quienes perdieron su identidad, los despojaron de sus vidas y luego de sus identidades. Los asesinaron y desaparecieron; son víctimas del terrorismo de Estado, como en Argentina y la mayoría de América latina; pero también tenemos aquellas víctimas de secuestros; de guerras como en Kosovo o Darfur; o asesinados y desaparecidos a manos del narco como en México; o víctimas de ataques terroristas. Todas esas víctimas eran personas, tenían una vida, familia, padres, hermanos, hijas, amigos y a ellas hay que devolverles su identidad. Y no hablo de identidad genética, que es con lo que yo trabajo; hablo de devolverle la identidad a esa víctima, como persona”, señala Vullo.

Entre las cuestiones que “atentan contra la identificación de los restos”, el genetista jefe del EAAF destaca: “La degradación del ADN es una causa importante; tenemos poco material para trabajar en el que haya ADN que se pueda extraer; otro de los factores es que no tengamos familiares para comparar: han pasado tantos años, que los familiares muchas veces ya no están. O son familiares de segundo o tercer grado, y las coincidencias de ADN son mínimas, pero además los restos están deteriorados. Otras veces, tenemos los familiares y no tenemos los restos de las víctimas. Y la verdad que es frustrante. Por eso, periódicamente, desde el Equipo, lanzamos campañas para que los familiares se sumen a donar sangre para tener un banco genético más completo”.

¿Su trabajo contempla entrevistar a familiares de las víctimas o sólo se centra en el laboratorio?

Yo casi no trabajo con los familiares, muy pocas veces me entrevisto con las familias. Soy un hombre de laboratorio: intentamos hacer todo lo posible para obtener un perfil genético en huesos que pueden estar quemados, o muy deteriorados. Por eso compramos tecnología, aparatología que permite multiplicar el ADN para poder trabajarlo y obtener resultados. Pero una vez, en México, donde todos los años mueren miles de migrantes de Centroamérica y mexicanos que buscan el sueño americano cruzando la frontera hacia EE.UU., estábamos trabajando en la conformación de un banco genético extrayendo muestras de sangre. Vino una señora bajita, con la ropa tradicional, su traje típico. Le extendí la mano y ella me la tomó con sus dos manos y mirándome a los ojos me dijo: ‘Doctor, por favor, tráigamelo’.  ¿Cómo podía irme a casa, tranquilo y no buscar hasta el último eslabón de la cadena de ADN para identificar a este pariente de esa señora y devolvérselo, devolverle la identidad y devolver el cuerpo para que pudiera hacer el duelo. A veces, la única muestra que tenemos la utilizamos y logramos dar con su identidad, pero no le podemos devolver el cuerpo a esa familia. Pero le devolvemos tranquilidad, le decimos que su familiar estuvo en tal lado, le damos una respuesta a esa pregunta que vino haciéndose hace dos, cinco, 30 o 40 años. Esos familiares ponen fin a una búsqueda, le damos certezas, terminan años o décadas de incertidumbre, de angustia. Cuando esa madre mexicana me pide que le devuelva su hijo; yo tengo el deber moral y profesional de hacer lo posible y lo imposible para que pueda reencontrarse con su hijo, aunque esté muerto y sólo le demos una urna cerrada. Ella sabe, tiene la confianza, que el Equipo Argentino de Antropología Forense puso todo de sí para que ella se reencontrara con la verdad. 

GM

“Esa mañana salió de casa para el taller bien temprano, había sol, estaba con una camisa mangas cortas, un jean azul y zapatillas. Jamás me olvidaré de su último saludo desde la esquina”. Así recuerda la santiagueña Ángela Rosario Pérez a Dardo Exequiel Arias, su compañero de vida, secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura cívico militar. Recién 46 años más tarde pudo volver a abrazarlo, cuando la Justicia Federal de Tucumán le entregó sus restos en el Laboratorio del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el Pozo de Vargas, la fosa ubicada en Tafí Viejo en donde se han identificado los restos de 116 detenidos desaparecidos, hasta ahora.

Este momento es la etapa final de las búsquedas que emprendieron miles de familiares de desaparecidos en todo el país, como Ángela, para encontrarse con sus seres queridos que fueron víctimas de la noche más oscura de la historia argentina reciente. Muchos aún aguardan una respuesta, continúan golpeando puertas y exigiendo el avance de las causas de crímenes de lesa humanidad para poder cerrar ese círculo de dolor.  Por lo duro y conmovedor de este momento, algunos prefieren que este instante de reencuentro sea reservado. Esta vez, elDiarioAR por una invitación, pudo presenciarlo.

El pasado 31 de octubre los Arias y Pérez salieron temprano de Santiago del Estero y llegaron al Laboratorio alrededor de las 9, en una mañana fresca de cielo nublado, tras una lluvia de madrugada. Allí los esperaban el perito Ruy Zurita, personal del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que está a cargo de la investigación Pozo de Vargas -que se inició en abril de 2002-,  y familiares de detenidos desaparecidos, como Josefina Molina, Virginia Sosa y Teresa Arias.

Los santiagueños arribaron en dos vehículos y la primera en ingresar fue Ángela. El Laboratorio del CAMIT funciona en una antigua casa que se adaptó para tal fin. En su único patio, debajo de un lapacho, se puso una mesa y sobre ella la caja de madera con los restos de Dardo. Ángela se paró frente a ella unos minutos, fue puro silencio, la abrazó y luego la acarició, quizás con el deseo de que ese cariño pudiera acercarla al compañero que despidió por última vez esa mañana soleada santiagueña, hace 46 años. “Mi Dardo, eras muy querido en el barrio porque ayudabas a los más pobres, por fin estás con nosotros”, dijo, en voz baja.

"Mi Dardo, eras muy querido en el barrio porque ayudabas a los más pobres, por fin estás con nosotros".

Angela — Esposa de Dardo Arias

Arias tenía 23 años cuando fue secuestrado el 20 de octubre de 1976, a metros de su casa, en el barrio Villa Constantina, cuando se dirigía a su taller de carpintería, en donde fabricaba muebles. Casi adolescentes, la joven pareja emigró a Buenos Aires pero regresaron a Santiago en 1970 porque él tuvo la posibilidad de instalar el taller. Además, abrieron una pequeña carnicería -que atendía Ángela- y entre ambas actividades juntaban lo suficiente como para vivir con dignidad. En 1973 se sumó a la militancia política en la Juventud Peronista y es recordado en su barrio porque era uno de los organizadores de chocolates para los niños del lugar y de acciones solidarias.

Musa Azar, 6 condenas por lesa humanidad y 60 causas pendientes

Alrededor del abrazo estuvieron los hijos de la pareja que por tradición familiar llevan el mismo nombre que su padre, Dardo Exequiel Arias, de 49 y 47 años. Tenían 3 años y 7 meses cuando les arrebataron a su padre de sus vidas. “Yo no recuerdo nada de él, lamentablemente; mi hermano, algo, pero los mayores del barrio me contaron que era muy bueno y ayudaba mucho. Todavía conservamos algunos recuerdos de su militancia política, cosas que encontramos en cajones y que preferimos guardar”, contó a elDiarioAR el menor de los Arias. A su lado estaban también su esposa y todos los hijos e hijas de los hermanos.

En 2012, Ángela declaró en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el que hizo responsable al ex comisario y represor Antonio Musa Azar Curi del secuestro y la desaparición de Dardo. El genocida murió el año pasado a los 85 años en Santiago del Estero, en donde cumplía la prisión domiciliaria por seis condenas por crímenes de lesa humanidad (desapariciones, torturas, abusos sexuales y por formar parte de una asociación Ilícita de exterminio de militantes políticos) y sobre el que pesaban unas 60 causas pendiente. “Él es responsable, nos arruinó la vida, mi suegra murió de pena, sin saber nada de su hijo, y mi cuñada terminó mal psicológicamente”.

Ángela también contó ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, durante el juicio, que el día de su desaparición Dardo salió a trabajar cerca de las siete de la mañana y al mediodía le avisaron que en la esquina de Sebastián Ábalos y San Martín lo encerraron dos autos y se lo llevaron. “Eran del Servicio de Inteligencia, un auto blanco y otro amarillo, el que vio todo y nos avisó fue un chico de apellido Navarrete que trabajaba con mi marido como ayudante”, relató a este medio.

Los restos del militante santiagueño fueron hallados y recuperados del Pozo de Vargas por los peritos del CAMIT y en 2017 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó sobre su identificación, junto a los restos de otros 17 detenidos desaparecidos. La caja de madera con los huesos fue enviada hace unos meses desde el EAFF. “Por suerte se recuperaron gran parte de sus huesos y en el cráneo se ve con claridad el orificio de la bala que terminó con su vida”. Una vez detenido, Dardo fue trasladado a Tucumán al ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado sobre la ruta nacional 9, en donde fue torturado, asesinado y su cuerpo llevado hasta el Pozo de Vargas para intentar ocultar el crimen. En septiembre, la Regional NOA de Organismos de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el “gravísimo estado de abandono del señalizado Sitio de Memoria donde funcionó el Centro Clandestino de Secuestro, Tortura y Exterminio conocido como El Arsenal, ubicado en el sector destinado a polvorines, en lo que fuera el Arsenal Miguel de Azcuénaga del Ejército”.

En el cráneo se ve con claridad el orificio de la bala que terminó con su vida.

El acto administrativo de la entrega de los restos fue breve. Se leyó un acta y se invitó a que sea firmado por los que lo desearan. Cuatro nietos de Dardo lo hicieron. Antes que todo finalice, un familiar de desaparecido tucumano que acompañó ese momento, entregó un volante con una frase que leyó ante todos: “Y desde aquí, me río, me río cuando pienso en aquellos que creyeron que al matarme me mataban. Que me enviaban al pozo del olvido. Qué ilusos, me enviaron al Pozo de la Memoria”. 

Al levantar la caja junto con uno de sus hijos, Ángela prometió: “voy a hacer todo lo que pueda para que se conozca la historia de Dardo, de su solidaridad con los más pobres, voy a proponer que la plaza de mi barrio lleve su nombre”. Esa misma tarde, los restos fueron depositados en el panteón familiar del cementerio La Piedad, en Santiago del Estero, ante familiares, amigos y representantes de HIJOS y de la Asociación de Ex Presos Políticos de esa provincia. Algunos de los que lo conocían compartieron anécdotas y recuerdos de su militancia.

Ese mismo día, elDiarioAR supo que en breve iban a ser entregados a sus familiares los restos de otro detenido desaparecido identificado. Esta vez, sus seres queridos optaron por mantener en reserva ese momento esperado durante décadas, el que cierra la larga etapa de la ausencia de ese o esa militante que fue víctima de la represión más atroz cometida desde el Operativo Independencia, en 1975, hasta el retorno de la democracia al país, en 1983. Aún hoy, no son pocos los argentinos y argentinas que se preguntan lo mismo que el cantautor Víctor Heredia cuando dice en una de sus canciones: “Todavía cantamos, todavía pedimos /  todavía soñamos, todavía esperamos / Que nos digan adónde han escondido las flores / Que aromaron las calles persiguiendo un destino / ¿Dónde, dónde se han ido?”.

DC/MG

El lunes 26 de septiembre quedará como un mojón en la historia de 20 años de la investigación en el Pozo de Vargas, la fosa común ubicada en Tafí Viejo, Tucumán, en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Ese día, a las 8, se reinició de manera oficial la excavación en el fondo del pozo de 40 metros de profundidad, ante la presencia de funcionarios de la Justicia Federal, querellantes y familiares de desaparecidos.

Las excavaciones en lo profundo de la fosa se suspendieron en 2016 cuando se produjeron desperfectos en el equipo de bombeo -también por su potencia insuficiente-, fundamental para la continuidad de las tareas porque una napa nutre de manera permanente al pozo. Esto provocó que haya agua en los últimos seis metros, al menos, lo que impidió que los peritos pudieran avanzar en la búsqueda de restos. A la falta de fondos para resolver esta situación se le sumó que por la inactividad y al subir el nivel del agua, se vieron afectados y se deterioraron el montacargas, las luces, el generador de energía eléctrica y el malacate. Por entonces también ya se había detectado que era necesario prolongar la escalera de emergencia y construir una plataforma para el apoyo de los peritos intervinientes en la superficie a excavar. La ausencia de recursos o en cuentagotas e insuficientes provocaron que las excavaciones entraran en vía muerta, lo que se agravó en 2020 con la pandemia.

El pozo, conocido como el “Pozo de Vargas” por el apellido de la familia propietaria del terreno, se encuentra a metros de las vías del tren y fue construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Está en el municipio de Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, en un lugar que antes era pura ruralidad pero que con el paso de los años se ha convertido en una vía de comunicación clave entre las ciudades de Tafí Viejo, Yerba Buena y la capital tucumana, por lo que miles de autos circulan a diario por la puerta de acceso al predio que está señalizado, desde 2015, como Sitio de la Memoria.

Aún cuando no se pudo avanzar con las excavaciones, los peritos trabajaron en el laboratorio -que se encuentra en el mismo predio- en el análisis de los materiales que se recuperaron junto con los restos óseos, como prendas de vestir, calzados, proyectiles de distintos calibres, elementos de amarre usados para maniatar a las víctimas (tanto para su traslado hacia la fosa, como para ser arrojadas adentro) y vendas que se usaron para anular la visión de los detenidos, torturados y asesinados. Todo el material de origen humano, como huesos, es enviado a la Capital Federal para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice su identificación.

Los peritos también trabajaron en el mantenimiento del predio, tarea en la que contaron con la colaboración permanente, desde 2015, del intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que visitó el lugar en varias ocasiones y garantizó obreros y máquinas del municipio para el desmalezamiento y acciones complementarias de limpieza. “El sitio forma parte de nuestra memoria colectiva que no podemos dejar de lado, es necesario llegar a la verdad y que las nuevas generaciones conozcan de que se trató el horror de la dictadura cívico militar. Como municipio, estamos trabajando en un proyecto para revalorizar ese espacio y para que los estudiantes de escuelas y colegios lo visiten, solo así se mantendrá viva la siempre vigente consigna de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó Noguera a este medio. 

La pandemia de Covid 19 y el aislamiento paralizó casi por completo las actividades de investigación y también las gestiones para su financiamiento que afectó, incluso, el pago de los honorarios de los peritos, situación que reflejó elDiarioAr desde enero de este año, en un sucesión de notas. En febrero se reactivaron las gestiones desde el juzgado Federal ante el Consejo de la Magistratura, desde donde se destinan fondos para la investigación Pozo de Vargas, por lo que desde entonces comenzó la lenta pero sostenida acción para recuperar los seis años en los que no se descendió a la fosa para excavar. Así, se reemplazó la bomba, se adquirieron nuevos equipos, se hizo el mantenimiento de otros y se pusieron al día los honorarios de los peritos.

 El jueves 22 de septiembre, a las 8, el juez federal Fernando Poviña, que está cargo de la investigación, fue hasta el predio, lo recorrió, constató que la puesta a punto de los equipos y al día siguiente ordenó que el lunes 26 se reiniciaran de manera oficial las tareas de excavación. La decisión fue comunicada a las querellas y determinó que los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur sean los que desciendan al Pozo para darle continuidad a la búsqueda de restos. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda del material, estarán a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva y Sergio Cano. Todas las acciones son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

“Estos 20 años de tareas en el Pozo de Vargas nos han sorprendido por la cantidad de víctimas identificadas hasta ahora, 116 en total, y habrá que tener paciencia para lo que pueda arrojar esta etapa. Siento algo parecido a lo que me pasó aquel 24 de abril de 2002, cuando comenzaba la investigación, como un comenzar de nuevo, pleno de expectativas y emociones. Esta vez hemos notado con beneplácito el apoyo del juez en todo lo relacionado con la protección física de los peritos, a través de una guardia diaria de los bomberos, una ambulancia que provee el municipio de Tafí Viejo y la presencia de un geólogo que debe controlar y garantizar las condiciones de trabajo”, expresó a elDiarioAr Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de Tucumán, el abogado Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014.

Piedras en el camino

Hasta el momento, los peritos se han encontrado en los últimos metros del pozo con piedras de grandes dimensiones que no se condicen con las características del suelo, a esa profundidad. Es decir, se supone que fueron arrojadas a propósito y se cree, según una de las hipótesis, que esa acción podría haber sido para ocultar restos. La extracción de ese material y su posterior análisis permitirá tener certezas. En estos primeros días los avances fueron significativos y todos los equipos funcionaron sin inconvenientes.

Laura Figueroa, abogada de la querella, también se mostró satisfecha con este reinicio. “Estamos en una instancia decisiva para hallar nuevas identidades, lo que se ha logrado hasta aquí es muy importante pero aún hay un gran recorrido por hacer, teniendo en cuenta que el Pozo de Vargas es casi un anexo de esa gran investigación que es el centro clandestino de detención, tortura y crímenes ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, que debe reactivarse. Nos faltan muchas víctimas y además de las que aún no saben qué pasó con sus seres queridos, están las que quieren completar los restos (los esqueletos) porque solo cuentan con pequeños pedacitos de huesos que sí sirvieron para la identificación”.

Una de las identificaciones más conocidas en el Pozo fue la de Luis Falú, el 7 de junio de 2016. Ese día, a la familia Falú se le comunicó que los restos de “Lucho”, hermano del reconocido músico tucumano Juan, estaban en la fosa. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 14 de setiembre de 1976, cuando tenía 25 años, a metros de la casa en donde vivía con su familia, en Lamadrid al 600, casi en el centro de San Miguel de Tucumán. Trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Militaba en el Integralismo, un espacio del peronismo revolucionario universitario. Sus padres y hermanos jamás tuvieron noticias de su destino hasta que comenzaron los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura.

En su momento, en diálogo con elDiarioAr, Falú sostuvo: “Imaginé el itinerario del cuerpo de mi hermano, ese muy escalofriante viaje nocturno desde los ex Arsenales hasta el Pozo de Vargas. Camiones cargados con cadáveres para ocultarlos, un segundo ocultamiento para no dejar rastros pero la historia desnudó esa atrocidad. Aunque sé que no toda la sociedad está unida antes estos hechos, en algún momento se reconocerá el compromiso, la lucha de los familiares de desaparecidos, los organismos y los peritos e investigadores”.

DC/MG

Es imposible disociar la historia de lo que pretendió ser una tumba colectiva, en donde hasta ahora se han identificado a 116 víctimas, con la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán que comenzó un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue un macabro laboratorio en donde el general de brigada Acdel Vilas, primero, y luego el general Antonio Bussi, aplicaron las más horrorosas modalidades de secuestro, torturas, desaparición de detenidos y violación sistemática de los derechos humanos. Por estos hechos, Bussi fue a juicio y luego fue condenado a prisión perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad.

Mucho antes de moverse una pala de tierra en el predio, ubicado en el departamento Tafí Viejo, en el límite sur con San Miguel de Tucumán, la oralidad jugó un rol importante. En  base a los testimonios de Pedro Mercado, Santos Molina y Juan Carlos Díaz, de dos personas que militaron en los años 70 y de un vecino, que coincidían en sus relatos sobre la posible existencia de un pozo en donde arrojaban cuerpos por las noches, la Justicia Federal abrió una investigación por una denuncia presentada el 28 de febrero de 2002, a la que se sumaron otras siete de familiares querellantes. Comenzó así a caer el muro de silencio que se extendió hasta muchos años después del regreso de la democracia en 1983.

Tucumán tiene otoños amables y la mañana soleada de ese 24 de abril no sería la excepción. Junto con el juez federal N° 2 Felipe Terán, ya fallecido, ingresaron al terreno peritos arqueólogos de lo que fue el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT), policías de la Federal y bomberos de la Policía provincial. Mientras tanto, familiares de víctimas observaban el inicio de los trabajos desde una distancia preestablecida, detrás de un alambrado. 

Me quedó grabada para siempre una frase de unos de los policías que estaba cavando con una pala. Me miró y visiblemente conmovido me dijo 'yo también tengo un familiar'. Bajó la mirada y siguió cavando

Josefina Molina, — Hija del ex vicegobernador Dardo Molina, desaparecido en 1976

“Estuve ese día, nos explotaba el corazón de esperanza porque había llegado lo largamente esperado. Me quedó grabada para siempre una frase de unos de los policías que estaba cavando con una pala. Me miró y visiblemente conmovido me dijo 'yo también tengo un familiar'. Bajó la mirada y siguió cavando”, contó a EldiarioAr Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014.  

Entre esos primeros miembros del grupo interdisciplinario que luego se dividiría y formaría el actual Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) estaba el arqueólogo Víctor Ataliva. “¿Cómo recuerdo ese día? Como un día más de trabajo, como el día más importante de mi trayectoria profesional”. El investigador señala que la tarea iniciada hace 20 años tiene varias derivaciones y destaca cuatro. Que más de un centenar de personas ahora saben de manera fehaciente qué pasó con sus familiares por medio de las identificaciones; que fue el inicio de la arqueología forense en Tucumán, de la mano de profesionales de la universidad pública; que la Justicia Federal comenzó a contar con recursos profesionales locales altamente calificados para un abordaje de contextos forenses; y por último, el predio donde se encuentra el Pozo de Vargas se conformó como un territorio de memoria. 

Esos primeros pasos no fueron fáciles porque el juez Terán había delimitado un corralito con cintas que marcaban el lugar de la supuesta existencia del pozo. Los peritos, que en esos días sólo eran observadores y guías, dejando la tarea de cavado para policías y bomberos, sólo daban instrucciones y luego de dos semanas no encontraron nada. Una mañana, recuerda la arqueóloga María Gloria Colaneri, también del grupo inicial, un jovencito que manejaba un tractor que colaboraba con el desmalezamiento señaló que por fuera de las cintas observaba una diferencia en el suelo, una depresión apenas perceptible. “Eso mínimo fue de mucha ayuda porque estábamos trabajando con pocas pistas y debíamos convencer al juez que había que ampliar la superficie de trabajo. Lo pedimos y se autorizó”, rememoró.

EldiarioAr logró dar con ese joven al que mencionó la investigadora. Es Fabricio Segovia, que aún vive en una finca pegada a la de los Vargas, en donde puso su propia verdulería para mantener a su propia familia. “Conozco el lugar porque me crié ahí. Vi cuando comenzaron a recorrer el terreno que era puro yuyos altos. Una mañana se acercó el juez Terán junto a su secretario para pedirle a mi padre si podía colaborar con el tractor y la desmalezadora. Yo era chango. Mi papá me mandó y me relacioné con los peritos. Después de varios días, quizás porque yo veía desde más altura, les señalé un lugar que me pareció distinto. Y justo ahí estaba el pozo”, relató mientras acomodaba unos cajones con mangos.

Colaneri lo confirma. “Con ese dato comenzó la tarea en otro lugar, descubrimos el canal de desagüe y luego el pozo. Con cero infraestructura, mucho nuevo por hacer y aprender pero con voluntad y compromiso, continuamos y no paramos más. Empecé en la causa pensando que como profesional debía ser útil, que nuestra ciencia debía serlo, pero con los años nos fuimos involucrando en las historias y comenzó a formar parte de nuestras propias vidas”, confesó.

Dos años para hallar los primeros restos

Recién dos años más tarde, entre 2004 y 2005, hallaron los investigadores los primeros fragmentos de restos óseos humanos y la narración oral de vecinos y militantes dejó de ser una hipótesis. El viejo pozo, a metros de las vías del tren, construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, había sido usado para ocultar los cuerpos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con toneladas de materiales. La mayoría de las evidencias óseas se encontraron a partir de los 28 metros y hasta los 32, sobre una profundidad de 40 metros. 

Fue entonces que los peritos tucumanos estrecharon el vínculo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encarga de la identificación de los restos que se envían a su Laboratorio de Genética Forense que está en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Esa relación se mantiene desde entonces, destacó el tucumano Ruy Zurita. Informó que durante la pandemia tuvieron reuniones por Zoom con su director Luis Fondebrider, quien dejó ese cargo en mayo del año pasado para conducir la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. “Según él, con el material que ya tienen la cifra de 116 identificaciones en el Pozo de Vargas podría elevarse a 150. Por eso es importante contar con más apoyo y que el Estado sostenga una política para estas tareas de búsqueda, sino se producen altibajos que desmoralizan por la falta de pago y de recursos para seguir trabajando. Este 24 de abril no hay mucho para celebrar, si se analiza desde ahí”, destacó Zurita.

Hoy el pozo se encuentra en plena urbanidad, en la esquina de avenida Francisco de Aguirre y Camino del Perú, un punto tripartito entre los municipios de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, que es uno de los accesos principales al barrio Lomas de Tafí, de 5.000 casas en donde viven 30.000 tucumanos, el emprendimiento habitacional que fue concebido como una unidad y se construyó entre  los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es incesante la circulación de vehículos por el acceso al predio pero quizás muchos desconozcan que pasan a metros del enterramiento de víctimas de la dictadura más grande de Latinoamérica.  

“Se debería señalizar mejor, las nuevas generaciones deben saber qué pasó allí. Falta mucho por hacer, el Estado debería tener políticas más claras y efectivas con estos sitios pero confío en que con el paso del tiempo la sociedad le dará su verdadero valor al trabajo que se hace allí y reconocerá la tarea de las y los investigadores, quienes merecen todo mi respeto por hacer lo suyo contra viento y marea”, expresó a EldiarioAr el destacado músico tucumano Juan Falú, cuyo hermano Luis fue secuestrado durante la dictadura y su cuerpo identificado en el pozo en 2016. 

El perito Zurita coincide con la reflexión de Falú. “Después de 20 años me sigue impactando y mucho la negación que hace la sociedad tucumana de lo que pasó en el Pozo de Vargas. Es muy fuerte. Para tratar de entender, de encontrar alguna explicación, hace unos años empecé a realizar entrevistas a todo aquel que pudiera tener alguna relación con el pozo, en particular, o haya sido familiar de alguna víctima, aunque no esté relacionado con este lugar. Creo que ya llegué a las 200. El objetivo es analizar el contexto y quizás desde ahí aproximarme a algunas razones”.

Más enfático sobre lo que se puede y debería hacer es el intendente de Tafí Viejo Javier Noguera. “Es el hallazgo macabro más fuerte de Tucumán y del país por la cantidad de víctimas. Y gran parte de ellos eran vecinos taficeños, en particular, trabajadores de los Talleres Ferroviarios. Es un legado doloroso y tengo una obligación moral para destacar a ese lugar. Por eso, para mantener vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia, impulsamos desde el municipio una agenda anual vinculada con los Derechos Humanos. Aspiramos a que el pozo se jerarquice, se institucionalice como sitio de memoria y que pueda ser visitado por estudiantes de escuelas, colegios y de todo aquel que se interese. Debe ser un punto de divulgación para hacer memoria, sobre todo en Tucumán, en donde aún hay sectores negacionistas sobre la actuación de la Fuerzas Armadas durante la dictadura”.

El primer paso fue dado el 3 de diciembre de 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando se realizó el acto de señalización como Sitio de la Memoria del Pozo de Vargas. Siete días más tarde asumiría como presidente de la Nación Mauricio Macri y todos los presupuestos y políticas sobre derechos humanos fueron enflaquecidos y sub ejecutados. Las tareas de los investigadores también se vieron afectadas debido a que dejaron de percibir los fondos. Nunca fue simple el financiamiento, pues la gestión de honorarios, presupuestos para máquinas, herramientas e infraestructura está sujeta a un complejo sistema del que forman parte el Juzgado Federal de Tucumán que está a cargo de la investigación y el Consejo de la Magistratura, de donde surgen las partidas.

Tras el gobierno de Macri y electo presidente Alberto Fernández, la situación no mejoró. Por imperio de la pandemia las tareas en el predio disminuyeron pero no se abandonaron y se resintió todo el sistema de pago de honorarios a los peritos. Así, en diciembre de 2021 se cumplieron dos años en los que los investigadores no cobraron ni un mes de trabajo. La exposición pública de esta situación en EldiarioAr provocó la intervención directa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de referentes nacionales y provinciales de la política, lo que hizo que el Juzgado Federal avance en la gestión de las partidas. 

Al día de hoy la situación comenzó a normalizarse, aunque aún no empezaron los trabajos en los últimos seis metros del pozo, que tiene una profundidad de 40. Se esperan encontrar allí pocos restos óseos pero sí valioso material de contexto, como balas con las que algunas víctimas fueron ultimadas cuando ya habían sido arrojadas allí, de acuerdo a la investigación. Los cuerpos habrían sido arrojados entre 1976 y 1978. Y antes de 1983, cuando la dictadura se retiraba, se hicieron las acciones para que desapareciera de la faz del suelo el antiguo pozo. Se destruyó su brocal y se llevaron cientos de toneladas de material para taparlo. Como el de allí era insuficiente y no había que dejar evidencias las pericias demostraron que en su interior también había ripio, extraído de canteras de ríos. Luego, el lugar fue usado para distintos cultivos.  

De aquel grupo original de peritos que se inició en la excavación aún están relacionados a la causa Ruy Zurita, Víctor Ataliva, Andrés Romano y María Gloria Colaneria. El resto del equipo se completa con Alejandro Leiva, Luciano Molina, Sergio Cano, Julia Lund, Jema  Guiomar, Aldo Jerónimo y Fabio Srur.

“Un descenso sin tiempo”

“No hay narrativa lógica que pueda dar cuenta de lo que es sumergirse en el Pozo de Vargas. En ese descenso que hice había 40 años, el tiempo se disolvió y aparecieron las voces hasta de ese niño que fui y se preguntaba en donde estaba su padre. Fue un viaje hacia los caminos de la memoria, sin anclajes temporales, en donde lo único tangible fueron sus restos”.

La reflexión es de Ernesto Espeche, mendocino, docente, periodista, investigador, militante por los derechos humanos y ex concejal de la capital de Mendoza. Los restos de su papá Carlos Espeche, médico y que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fueron identificados en noviembre de 2014. La notificación le llegó desde el Equipo Argentino de Antropología Forense. Su padre había sido designado por su partido para trasladarse a Tucumán en los inicios de 1975. 

“Sabemos que llegó pero en abril se perdió el rastro y mi madre, Mercedes Salvadora Eva Vega, 'Mecha', comenzó a recibir información falsa sobre su paradero. A ella, que también militaba en el PRT, la secuestran en junio y de su destino aún no sabemos nada. Quedamos solos con mi hermano Mariano, de un año. Yo tenía dos y nos crió nuestra abuela materna”, contó a EldiarioAr.

Espeche recuerda que un mes después de la notificación del EAFF viajó a Tucumán con su compañera e hijos menores. “Apenas nos encontramos con los peritos del CAMIT nos sorprendió su delicado y paciente modo de relación, saben mucho de ciencia pero tuvieron la disponibilidad humana y pedagógica para contenernos, para actuar frente a un familiar que buscó durante décadas a su familiar. Tenía la necesidad de recorrer ese predio y de bajar hasta el lugar en donde estuvo el cuerpo de mi padre. Y lo mejor fue hacerlo con ellos”, recordó.      

Desde el hallazgo de los restos, cuenta, aparecieron personas que lo ayudaron a reconstruir la historia de su padre, sus últimos días y horas en el pedemonte tucumano, en Santa Lucía, en donde fue abatido durante una emboscada del Ejército. “Se presentó ante mí un montón de territorio, de memoria invisible que desconocía y de esos pequeños pedacitos de historia nació en 2020 mi libro, mi ficción, 'Treinta y nueve metros”, cuyo título es una obvia vinculación con el pozo“. Editado por Paradiso Ediciones, la novela obtuvo destacadas críticas.

Mientras se han previsto actividades durante este año para recordar los inicios de las excavaciones y avanza a paso de tortuga un proyecto en la Legislatura de Tucumán para que se expropie el predio, los hermanos Alfredo y Rodolfo Vargas, propietarios del terreno de 14 hectáreas, insistieron ante la Justicia que se aclare y se ponga fin a la brevedad la causa. ¿Su interés? Poder destinar el lugar para sembrar soja o darle otro destino ante su alto valor inmobiliario.      

DC/MG

En las próximas semanas se debatiría en la Legislatura de Tucumán un proyecto para la expropiación del terreno en el que se encuentra el Pozo de Vargas, la fosa común en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El predio de 14 hectáreas se encuentra en el Departamento Tafí Viejo, en el límite sureste con San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, que ingresó por mesa de entradas el 4 de febrero, le pertenece al legislador peronista Julio Silman, ex intendente del municipio de Alderetes, y surgió tras las publicaciones en el elDiarioAR sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el pozo, que aún no se ha resuelto. En sus considerandos, la propuesta destaca el valor histórico del predio para “consolidar en el país las políticas de Derechos Humanos y contribuir así a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.

El proyecto del parlamentario también hace hincapié en las tareas de excavación y peritaje que desarrollaron y desarrollan el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), integrado por profesionales de distintas especialidades. Señala, además, que a la fecha se recuperaron 38.000 segmentos óseos, enteros y fragmentados, que corresponden a 148 personas, que serían 120 hombres y 28 mujeres.

“Por el estado público de la situación y debido a que el senador Pablo Yedlin se había puesto en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para interceder para que se pague la deuda con los profesionales, lo llamé para felicitarlo y ofrecer mi apoyo. De esa charla surgió la iniciativa y al senador le pareció razonable avanzar, le compartí un borrador y estuvo de acuerdo”, señaló Silman en diálogo con elDiarioAR.

En otro de los párrafos del proyecto el legislador tucumano señala que en el Pozo de Vargas fueron identificados los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, quien fue visto por última vez el 24 de marzo de 1976, el día el golpe. Por ello, pidió que su par Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del ex senador secuestrado, acompañe la iniciativa con su firma. El parlamentario no dudó en hacerlo.

En diciembre de 2011 la familia Vargas Aignasse recibió la notificación de parte del Juzgado Federal que encabeza Fernando Poviña, de que el análisis de ADN realizado al segundo metatarsiano de un pie derecho completo del senador secuestrado, encontrado en una media, adentro del pozo, coincidió en un 99,9 % con el perfil genético de la sangre extraída a los hermanos Guillermo, María Marta y Mariana, sus hijos. Así lo estableció en un informe el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

De concretarse la expropiación, se proyectará la construcción de un museo y que el Estado nacional destaque al lugar como Sitio de la Memoria. Por ahora, inaugurado en 2018, allí existe un memorial en donde están los nombres de los detenidos desaparecidos identificados hasta entonces (107).     

De las 14 hectáreas que tiene el terreno en donde está el pozo, sólo en una superficie de 6.000 metros cuadrados se encuentran la fosa y el laboratorio que se montó para la clasificación del material que se extrae. Por ello, Silman no descartó una instancia de diálogo con los Vargas, los propietarios, para encontrar un punto de acuerdo que agilice la gestión de la expropiación.

“Daño moral y económico”

elDiarioAR dialogó con Alfredo Vargas (68 años) y Rodolfo Vargas (59), que por primera vez hablaron con un medio de comunicación desde que se inició la investigación en abril de 2002. Ambos son hijos de Antonio Manuel Vargas, quien falleció en marzo de 2005, dueño de la finca, razón por la cual la investigación se denominó “Pozo de Vargas”. En 2004 el fiscal federal de entonces, Emilio Ferrer, había solicitado que se lo cite para que preste declaración indagatoria como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70 pero murió antes que se concrete esta acción judicial.

“Nos oponemos a que se nos expropie el terreno, somos conscientes que eso podía pasar con el espacio en donde están el pozo y el laboratorio, pero no con el resto de las 14 hectáreas. Haremos todo lo que sea necesario para que eso no suceda si avanza el proyecto sobre todo el terreno”, expresó Alfredo. Su hermano Rodolfo agregó: “por una causa judicial no podemos hacer uso desde hace cuatro años de 10 hectáreas, esto nos provoca un enorme daño moral y económico porque ahí sembrábamos soja y eso se perdió”.  

La causa a la que hace referencia se inició en 2017 por un testigo de identidad reservada, en la que se asevera que junto al actual pozo y en el mismo predio existiría otro sitio en donde se habrían ocultado restos de detenidos desaparecidos. La causa es conocida como “Pozo de Vargas II”. En 2018 la Justicia Federal ordenó iniciar los trabajos de búsqueda en 10 de las 14 hectáreas, tareas que comenzaron en marzo de ese mismo año y se realizaron de manera discontinua hasta junio de 2021.

Fuentes consultadas confirmaron que durante la primera quincena de febrero el EAAF elevó el informe sobre el trabajo de campo que se hizo para determinar la existencia o no de una nueva fosa. La documentación ya fue elevada al Fiscal Federal Agustín Chit, quien subroga en la Fiscalía 2 a Pablo Camuña, que ahora forma parte de Tribunal Oral Federal, y las partes ya fueron notificadas. El análisis técnico deberá ser evaluado por Chit y por el Juez Federal Poviña y de sus conclusiones dependerá la decisión de si se avanza en la causa “Pozo de Vargas II” o se da por finalizada ante la supuesta falta de pruebas.

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de Tucumán Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, en diálogo con elDiarioAR sobre el proyecto de expropiación, expresó: “sería importante que llegara a concretarse pero la Legislatura debe tomar las precauciones de consultar ante la Justicia Federal sobre el estado procesal de las causas Pozo de Vargas I y II. Del estado de ellas dependerá en gran medida que la iniciativa avance”.

El lugar de la investigación era un viejo pozo que está ubicado a metros de las vías del tren y que fue construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Durante la dictadura se arrojaron adentro los cuerpos de detenidos desaparecidos y se tapó, en un intento por esconder el destino final de hombres y mujeres previamente torturados y asesinados.

La ubicación del predio era marginal pues estaba en una zona de montes y fincas de limones. Con los años la zona se revalorizó por encontrarse en un punto tripartito que conecta a las ciudades de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Esto elevó de manera exponencial su valor inmobiliario, a lo que se sumó la construcción de barrios privados en loteos que están pegados a las 14 hectáreas de la finca Vargas.

WC

Juan Falú, 73 años, tucumano, hasta el año pasado Director Cultural de la Cancillería, cargo del que se alejó “porque no hubiera podido hacer ni una zamba o un gato y yo soy esencialmente un músico”, dialoga con elDiarioAR desde su casa en San Telmo. Vive desde hace décadas en Buenos Aires. Aun así, mantiene un vínculo muy fuerte con su provincia, a donde viaja a menudo. Sus últimos meses transcurren entre actuaciones propias, otras junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero, mientras prepara una gira que realizará por Europa en las próximas semanas.

Lo sorprendió la noticia de que los peritos del Pozo de Vargas no perciben sus honorarios desde hace dos años y las investigaciones no avanzan, al tratarse de la fosa en Tucumán en donde se han identificado hasta la fecha a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Entre ellos, los restos de su hermano Luis, secuestrado por un grupo de tareas el 14 de setiembre de 1976, cuando tenía 25 años, a metros de la casa en donde vivía con su familia, en Lamadrid al 600, casi en el centro de San Miguel de Tucumán. 

“Para todas las personas que fuimos testigos del horror de la dictadura militar el Pozo es un símbolo muy fuerte de esa tragedia porque muestra el grado de crueldad de la represión en mi provincia. Fue escalofriante lo que hicieron allí con los vivos y con los muertos. Me da mucha tristeza la situación en la que se encuentran los investigadores y las tareas porque sé de su trabajo abnegado y comprometido”, reflexionó.

Para todas las personas que fuimos testigos del horror de la dictadura militar el Pozo es un símbolo muy fuerte de esa tragedia porque muestra el grado de crueldad de la represión en mi provincia

Luis, “Lucho”, como prefieren llamarlo Juan y su hermana Liliana, con la que también dialogó este diario, trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Militaba en el Integralismo, un espacio del peronismo revolucionario universitario. Jamás tuvieron noticias de su destino hasta que comenzaron los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Mi primera reacción al enterarme por las noticias de la situación actual en el Pozo de Vargas fue llamar a familiares de detenidos desaparecidos. Hablé con Josefina Molina, hija de Dardo Molina, vicegobernador tucumano, secuestrado y cuyos restos también fueron identificados allí, para ponerme a disposición. Es necesario reparar urgente esa situación de honorarios pero también resolver lo relacionado con la continuidad de las investigaciones. Hay que llegar hasta el último metro de la fosa para desentrañar todo lo que hay en el fondo”, sostuvo.

Una de las condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura contra el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi fue en la causa Luis Falú. Fue clave el testimonio del ex gendarme Omar Torres, que en la actualidad vive en Salta, quien se desempeñaba como custodio de los detenidos en el centro clandestino de detención ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, a donde había sido llevado Falú y fue sometido a torturas.

El ex gendarme fue testigo de asesinatos perpetrados por Bussi, quien en diciembre de 1975 asumió el comando del Operativo Independencia en Tucumán, y detalló la mecánica del campo clandestino. Las ejecuciones ocurrían cada veinte días y participaba Bussi, quien hacía la primera ejecución para darle valor a sus altos oficiales. Desde unos seis o siete metros relató cómo mató de un tiro en la sien a Falú, a quien identificaba porque en una ocasión recogieron leña juntos y se le grabó el apellido por ser sobrino del folclorista Eduardo Falú. 

Los cuerpos eran arrojados a una fosa en los ex Arsenales, se les tiraban cubiertas de vehículos encima, combustible y se prendía fuego. Otras veces, los restos eran cargados en camiones para un destino incierto. Este fue el caso del estudiante Falú. Torres dio su testimonio ante la Conadep, la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán, ante el juez español Baltasar Garzón y luego en las causas judiciales.

“Empecé a ir al Pozo de Vargas cuando comenzaron las investigaciones, después de 2002. En una ocasión miré hacia lo más profundo, me quedé en silencio e imaginé que mi hermano estaba ahí, cuando aún no teníamos ni una pista de que ese podría haber sido su destino. Ese lugar está asociado a Bussi porque él le dio un tiro en la cabeza a Lucho, mientras estaba arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas atrás”, narró el guitarrista. 

La noticia que conmocionó a los Falú llegó el 7 de junio de 2016. Recordó que con mucho tacto, peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, en donde se realizan los análisis, y del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, a cargo de las tareas de campo, les comunicaron que los restos de Lucho estaban en El Pozo de Vargas. 

“Fue impactante porque fueron muchos años de espera y de búsqueda. Se lo contamos a mi madre Esther, de 99 años, que estaba muy enferma pero con momentos de lucidez. Dudamos porque sabíamos de lo duro que sería para ella pero era una noticia largamente esperada, necesaria. A las pocas horas murió, su reacción fue yéndose, en paz, antes de cumplir sus 100”, rememoró.

“Hace unos días imaginé el itinerario del cuerpo de mi hermano, ese muy escalofriante viaje nocturno desde los ex Arsenales hasta el Pozo de Vargas. Camiones cargados con cadáveres para ocultarlos, un segundo ocultamiento para no dejar rastros pero la historia desnudó esa atrocidad. Aunque sé que no toda la sociedad está unida antes estos hechos, en algún momento se reconocerá el compromiso, la lucha de los familiares de desaparecidos, los organismos y los peritos e investigadores. Mientras tanto, el Estado no puede abandonar esta noble y necesaria de reparación histórica, los pueblos y estados no pueden permitirse el olvido”, reflexionó Falú.

Tucumán es la provincia más densamente poblada del país y atesora una historia rica, marcada por algunas contradicciones, como esta. En el mismo lugar en donde el partido de derecha Fuerza Republicana, creado por Bussi, mantiene un importante caudal de votos que le permitieron tener un bloque de ocho miembros (ya dividido) en la Legislatura provincial en las últimas elecciones, pocos conocen la historia del Pozo de Vargas y el tema es casi inexistente en las agendas de la política y de un sector del Poder Judicial.

“Hubo un relato de la historia que caló hondo y es la teoría de los dos demonios, asociar el compromiso revolucionario de una generación a la misma altura de la represión, como si se tratara de una lucha igual. Esa teoría terminó identificando las ideas, los sueños sin especulaciones de una generación con la violencia. A esto se sumó el 'algo habrán hecho'. Eso no me banco, hay que levantar bien altas las banderas de esos jóvenes, sin arrepentimientos, sin vergüenza, sí con sentido autocrítico pero otra cosa es arrear las banderas. El Pozo de Vargas es la luz de los que están ahí abajo”. 

Consultado sobre cuál podría ser la función del arte en este escenario, Falú afirmó, sin dudar: “La política a veces se queda huérfana de ideas y de capacidad para ser la transmisora de estas angustias y hechos. Y a esos lugares los completa el arte. Una representación, un tema musical o una obra de teatro pueden decir mucho y hay que trabajar en esa dirección. Un poema en un lugar y en un momento justo puede tener más llegada que un discurso político, por lo menos hasta que política vuelva a ser el arte de transformar la realidad”. 

DC

Tras la denuncia que publicó elDiarioAr sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el Pozo de Vargas, en Tucumán, la fosa en donde hasta ahora se identificaron los restos de 116 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, se reiniciaron las actividades en el predio pero aún no se saldó la deuda.

Este 26 de enero las puertas del predio, que se encuentra en Tafí Viejo, se abrieron y en compañía del perito arqueólogo Ruy Díaz, técnicos de una empresa privada retiraron un compresor para su mantenimiento, clave para el funcionamiento de otros equipos.

Consultado por elDiarioAr, Díaz informó que desde la publicación de la mora en los honorarios, informalmente les han comunicado que en breve se saldaría la deuda pero hasta el momento no hay nada concreto para los diez que se encuentran en esta situación. “Entendemos que un avance importante se produciría cuando termine la feria judicial y se reintegre el juez Fernando Poviña, del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, de quien depende la investigación”, expresó.

Los peritos, inscriptos como monotributistas, cobran con partidas desde el Consejo de la Magistratura, que previamente deben ser solicitadas -con rendición de cuentas con informes de los investigadores- por el Juzgado Federal tucumano. Este mecanismo ya lleva más de una década y ha demostrado en la práctica que es lento e impide cualquier tipo de previsión de los pagos a los trabajadores, más las demoras en los avances en las causas judiciales, de acuerdo a diálogos que mantuvo este diario con peritos, funcionarios judiciales y del propio Poder Ejecutivo Nacional.

Otro aspecto que tampoco se resolvió desde el inicio de las excavaciones en 2002 es que los peritos desarrollan sus tareas sin estar asegurados, por tratarse de un modo de vinculación con el Poder Judicial en base a locación de servicios. Las tareas avanzaron y en la actualidad los investigadores descienden con un ascensor hasta los 34 metros de profundidad, sobre un total de 40. Esta acción de riesgo por profundidad, exposición a gases y de bajo oxígeno se efectúa sin ninguna cobertura.

En las últimas horas, Erika Brunotto, Secretaria de Derechos Humanos y de Justicia de Tucumán, ante el estado público de la denuncia, informó que “en varias ocasiones se hicieron pedidos ante el representante del Ministerio de Justicia de la Nación en la Comisión Interpoderes para que la situación de mora sea regularizada y se cumpla periódicamente con los pagos a los peritos”.

La Comisión Interpoderes fue creada por la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es el ámbito en donde los tres poderes deberían coordinar de manera periódica, las acciones para el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Por estos temas, el senador nacional tucumano Pablo Yedlin se reunió este miércoles 27 con Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, y con Claudia Lencina, Coordinadora de Asistencia y Acompañamientos a Testigos y Víctimas de la última dictadura, ambas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El encuentro se realizó en la sede de la secretaría, que se encuentra en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada que fue utilizado como centro clandestino de detención). “Ambas me informaron que ya estaban en tema y que se habían acelerado los procesos administrativos para terminar con la mora en los próximos días. Hay una buena disposición desde varias áreas, aún desde quienes no depende en forma directa esta situación, para que esto no se repita”, según Yedlin.

Señaló que buscará tener un encuentro con el juez federal Poviña para dialogar sobre cómo establecer un mecanismo de pago que acelere los tiempos burocráticos, sobre todo, al tratarse de investigaciones por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El viejo pozo, conocido como “Pozo de Vargas” por el apellido de la familia propietaria del terreno, se encuentra a metros de las vías del tren y fue construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar restos de víctimas del terrorismo de Estado.

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A raíz de la denuncia que publicó Eldiarioar.com de que desde hace dos años no cobran sus honorarios los peritos arqueólogos que trabajan en el Pozo de Vargas, la fosa común en Tucumán en donde ya se identificaron a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, desde el Consejo de la Magistratura se admitió que la mora existe.

Todos los años el organismo destina fondos específicos para sostener investigaciones de la Justicia Federal relacionadas con causas de crímenes de lesa humanidad. En este caso, los trabajos de campo se iniciaron en 2002 y entre 2004 y 2005, ya con financiamiento del Consejo, se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar a víctimas del terrorismo de Estado.

Para que el Consejo de la Magistratura autorice la liberación de fondos para los honorarios debe contar con un pedido y una rendición de cuentas del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que está a cargo de la investigación Pozo de Vargas. Debido a los testimonios de los peritos arqueólogos a elDiarioar y por consultas realizadas por este medio, se señaló desde el Consejo que la deuda es real aunque se desconocen los montos que corresponden a cada investigador y el estado de los expedientes de las gestiones.

Para obtener esta información se iniciaron contactos desde la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo, a cargo de Virginia Croatto, ante el juzgado Federal tucumano, por lo que se contaría la semana próxima con esos datos. “Es preciso aclarar la situación y resolverlo cuanto antes pero también hay que avanzar en un sistema que garantice un pago ágil y previsible para los trabajadores y trabajadoras. La voluntad es acompañar y que no se desfinancien estas tareas”, señaló una fuente consultada.

Los tres peritos con los que dialogó este medio, del total de diez que se encuentran en esta situación, coincidieron en que la deuda corresponde a un mes de 2019, todo el 2020 y 2021. El pago por día para cada científico, que debe estar registrado como monotributista, es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000. 

elDiarioAr se comunicó con la arqueóloga María Gloria Colaneri, coordinadora de los trabajos de campo y laboratorio en el Pozo de Vargas, quien confirmó una vez más la mora y la preocupación que generó en el ambiente de la ciencia. “Me llamaron colegas del Conicet y de otros organismos que realizan tareas similares a las nuestras, ante el temor de que pudieran faltar fondos. Deseamos que se resuelva cuanto antes”, sostuvo.

En forma paralela, se conoció que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se instruyó a la titular del Programa Verdad y Memoria, Claudia Lencina, para que se interiorice y colabore en las gestiones para que se cancele la deuda con los expertos. La principal dificultad para avanzar en una solución es la feria judicial por la falta de personal en los juzgados.

Por el momento, la investigación está paralizada debido a la rotura de una bomba que impide que se desagoten los últimos seis de los 40 metros profundidad que tiene el pozo, construido a metros de las vías a principios del siglo XX para alimentar a las locomotoras a vapor. Están avanzadas las gestiones en el propio juzgado Federal para que el nuevo equipo de instale.

Los investigadores esperan encontrar restos óseos pequeños, pertenencias personales de las víctimas y balas de distinto calibre con las que fueron ultimadas algunas de ellas, entre otros objetos que le darán contexto a la existencia del plan sistemático de desaparición de personas entre 1976 y 1983.

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El cierre de 2021 llegó junto con una nueva identificación de restos hallados en el Pozo de Vargas, en donde trabajan desde hace casi veinte años peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), en cuya primera etapa también participaron miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los resultados de los estudios de los datos genéticos señalaron que se trata de los restos de la tucumana Ana María Rodríguez Belmonte.

La joven tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976, según legajo SDH2504. La secuestraron en Salta junto a su pareja, Otto Stranka. Ambos militaban en Montoneros y se habían trasladado de provincia en un intento por escabullirse de la dictadura. Los dos figuran en la lista de 267 personas víctimas de terrorismo de Estado que pasaron por los Arsenales Miguel Azcuénaga, sobre ruta nacional 9, que confeccionó la abogada Laura Figueroa, de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán.

Con esta identificación ya suman 116 desde que se iniciaron los trabajos. Las tareas de campo son realizadas por miembros del CAMIT y los estudios genéticos por el EAAF. Pese a la importancia de las tareas de los peritos tucumanos en el Pozo de Vargas, no cobraron sus honorarios por los trabajos realizados durante el 2020 y todo 2021.

Las tareas en el predio, que se encuentra en Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, comenzaron en abril de 2002. Las consecuencias de esta mora en los pagos no tardaron en llegar para los siete arqueólogos que realizan las investigaciones en el lugar y que integran el CAMIT.

María Gloria Colaneri, que estuvo desde los inicios, se alejó en diciembre de 2020 de la función de Coordinadora General de Campo y Laboratorio. “La situación se hizo insostenible porque era mi único ingreso y me dedicaba ‘full time’. Volví a Chaco, mi provincia, en donde conseguí trabajo como docente y en el área de museos. Durante 2020 trabajé analizando evidencias contextuales, sin recursos, todo a pulmón, pero me cansé. Es lamentable haber llegado a esta situación”, se lamentó.

Las primeras tareas en el Pozo de Vargas, denominación que tiene por el apellido de la familia propietaria del lugar, se sostuvieron con actividades artísticas, como recitales, en 2002. Al año siguiente la Legislatura de Tucumán otorgó subsidios. Y también en 2003, tras la visita del ex presidente Néstor Kirchner al predio, la Nación facilitó partidas. Todos estos montos recibidos se destinaron a mantener el predio, a las excavaciones, a la adquisición de equipos y honorarios para los peritos.  

Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos y se confirmó la hipótesis. El viejo pozo, a metros de las vías del tren, construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, había sido usado para esconder restos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con distintos materiales.

Con esta confirmación el Juzgado Federal N° 2, que está a cargo de la investigación, gestiona y obtiene del Consejo de la Magistratura de la Nación el compromiso de garantizar los fondos que sean necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas. Desde entonces, los giros de las partidas nunca fueron regulares y en reiteras ocasiones se acumularon varios meses de falta de pago. “Nos llegaron a deber hasta diez meses pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, contó el arqueólogo de campo Ruy Díaz.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos. Desde el Juzgado Federal N° 2, una fuente explicó que luego de elevar un informe, el Consejo efectúa un giro y se informa a todos los que trabajan en la investigación del Pozo de Vargas que deben a entregar sus facturas, cuyos montos dependen de los fondos recibidos. Es decir, en algunas ocasiones no alcanzan para percibir todo lo adeudado y deben esperar un tiempo indefinido hasta la próxima partida.

La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020 pero era una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en la capital tucumana.

Consultado por eldiarioar, Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, señaló que pidió un informe para conocer el estado de la situación que se denuncia para adoptar decisiones. Igual respuesta dio el consejero Mariano Recalde.

En febrero de 2021 fueron autorizados por el Juzgado los peritos Zurita y Luciano Molina a volver al sitio para continuar con trabajos, aunque sólo de mantenimiento y atención a visitas de estudiantes de colegios secundarios y familiares de detenidos desaparecidos que fueron identificados en el pozo. En todos los casos, previa autorización judicial.

Las pesquisas en el pozo de 40 metros de profundidad no avanzan por desperfectos en el ascensor y en los equipos de bombeo. Aún hay agua en los últimos seis metros y no se cuenta con equipos de desagote, de acuerdo a los investigadores. En este último tramo esperan hallar restos óseos de menor tamaño, pertenencias personales de las víctimas y proyectiles, entre otros objetos contextuales.

El pago por día para cada científico es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000, pero ante la mora y el paso de los meses, la situación económica de los científicos se agravó. Molina trabaja desde hace dos meses como empleado de una empresa tercerizada que coloca postes para el cableado de energía eléctrica en el interior de Tucumán. “No daba más, mi familia está compuesta por mi esposa y dos hijos pequeños. Cuando nos pagaban, administraba ese dinero para que nos dure varios meses pero se acabó. Con ese estado de necesidad busqué trabajo en lo que sea y salió esto que me lleva todo el día. Lamento que no haya una política de Estado para investigaciones de este tipo porque esto nos desalienta”, confesó.

Se le consultó sobre esta situación al fiscal federal Pablo Camuña, quien está a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad. “En 2020 se hizo una reunión de la mesa nacional interinstitucional a donde expusimos los problemas de pago a los peritos pero desconozco cómo se resolvió, ya que es algo que nos excede, no depende de nosotros”, expresó.

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, reflexionó: “El compromiso de los miembros de CAMIT es incuestionable, siempre han tenido estos problemas pero aun así sostuvieron los trabajos. Son un ejemplo y duele que atraviesen estos inconvenientes porque así será imposible avanzar en nuevas investigaciones que sabemos que están pendientes”.

El Pozo de Vargas se ha convertido con los años en una investigación que expuso ante el mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Allí fueron identificados, hasta ahora, los restos de 116 militantes de distintos partidos políticos, obreros y estudiantes, la mayoría de Tafí Viejo. En el lugar se encuentra un memorial con los nombres de cada uno de ellos para que nadie olvide sus historias.

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