A 26 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, su hermana, Gladys, le escribió una carta en la que le cuenta cómo se enteró de su muerte y criticó al Poder Judicial y al sistema legislativo que ha permitido que ninguno de los culpables por el crimen del fotógrafo de Revista Noticias se encuentre actualmente detenido.

Gladys Cabezas también recordó a su hermano como “un buen fotógrafo, un buen hermano y una muy buena persona”. La carta fue leída este miércoles 25 de enero por la mañana, durante un homenaje al fotoperiodista, que se realiza todos los años en el monolito frente a la terminal de micros de Pinamar, sobre la avenida Bunge, en el ingreso a esa ciudad balnearia.

“Decidí que este año quería hablarle” a él, a Cabezas, dijo Gladys a la agencia estatal Télam. “Hoy quiero hablar con vos y contarte que estamos recordándote, acá en Pinamar como todos los años”, escribió.

“Hoy 26 años, qué locura. Siento que fue ayer cuando con los viejos, nos enterábamos por la radio que habían encontrado calcinado y esposado a un reportero de la Revista Noticias. 'Por Dios, es mi hijo', decía mami. 'No puede ser', decía papi”, dijo Gladys Cabezas al leer la carta a su hermano.

Cabezas (35) fue secuestrado en Pinamar la madrugada del 25 de enero de 1997, mientras se encontraba realizando la cobertura de verano para la Revista Noticias y trabajaba junto al periodista Gabriel Michi en una investigación sobre el empresario postal Alfredo Yabrán. Un año antes, en ese mismo balneario del jet set local, había obtenido la primera fotografía del poderoso y enigmático hombre. 

El reportero gráfico fue golpeado, esposado y asesinado de dos disparos en la cabeza en una cava de General Madariaga esa misma noche. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil. 

“Tu sobrino Sebastián, mi hijo, con solo 9 años salió gritando a la calle: 'Mataron a mi tío'. Cuánto dolor, cuánta impotencia, cuántas mentiras, cuánta hipocresía. Pero lo peor, cuántos corruptos. Cuánta corrupción en manos de personajes siniestros. Llegó el juicio y nos mintieron diciendo cadena perpetua. Pero no fue así: era portarse bien en la cárcel y salir”, leyó este jueves por la mañana su hermana durante el homenaje.

“Luego, los ciudadanos de bien se acercaron a nosotros, nos dieron fuerzas y siguen estando cada 25 de enero acá en Pinamar, en la cava y en cada lugar del mundo en donde se acuerdan de vos. Sí, del mundo, aunque no lo creas”, le contó a su hermano. Entonces, “no se olviden de Cabezas”, se convirtió en un pedido contra la impunidad en todo el país.

“Bueno, no te agrandes -bromeó Gladys Cabezas-. Fuiste un buen fotógrafo, un buen hijo, hermano, marido, padre. Pero, sobre todo, una muy buena persona. Siento que no te mataron, no lo lograron, porque estás siempre en mí. Es una lástima que no hayas podido conocer a Riu, tu nieto, que tiene un añito y está hermoso. Él va a hablar de vos cuando sea grande y dirá 'José Luis Cabezas presente'.”

Crimen, perpetua y libertades

El 20 de mayo de 1998, Yabrán se suicidó en una de sus estancias de Entre Ríos, cuando la policía de esa provincia lo rodeaba para capturarlo por orden del juez José Luis Macchi, a cargo de la investigación. El empresario debía responder ante la Justicia como el presunto autor intelectual del crimen de Cabezas.

En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Tres de ellos, Gustavo Daniel Prellezo, Sergio Rubén Camaratta y Aníbal Luna eran oficiales de la Policía Bonaerense al momento del crimen. Gregorio Ríos era el jefe de la custodia de Yabrán. 

Los otros cuatro condenados eran “los horneros”, miembros de una banda de delincuentes de Los Hornos, La Plata, contratados por Prellezo para la tarea. 

Prellezo se había declarado inocente y pidió ser absuelto, pero fue condenado como el autor de los dos disparos que terminaron con la vida de Cabezas. Su hermana, Gladys, inició una batalla para impedir que el expolicía ejerza como abogado.

La defensa de Ríos había sostenido que no había elementos en su contra, pero fue condenado como el instigador del crimen. 

Los policías Cammaratta y Luna fueron condenados como partícipes necesarios en el secuestro y asesinato. Los Horneros, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. Sus abogados habían solicitado que sólo se los condenara por el secuestro.

En un segundo juicio, el comisario Alberto “La Liebre” Gómez fue condenado por haber liberado la zona en Pinamar para posibilitar el hecho.

A pesar de haber recibido la condena a prisión perpetua, ninguno de los responsables del crimen cumplió la pena. Al revisar la sentencia en 2003, dos jueces de la Cámara de Casación provincial bajaron las penas de Ríos, Cammarata -quien murió en 2015-, Luna, González, Auge y Braga. Retana había muerto en la cárcel en 2001. 

Más tarde, los condenados comenzaron a acceder a libertades condicionales y beneficios. Prellezo recibió el arresto domiciliario. La reducción de las penas, la ley del 2x1, la “buena conducta” y los beneficios por supuestos problemas de salud beneficiaron a los condenados. 

La Corte Suprema de la provincia y luego, la Corte Suprema de la Nación, revocaron esa decisión de Casación bonaerense años más tarde y restauraron la pena perpetua por el crimen de Cabezas, pero actualmente los seis que quedan vivos del primer juicio están libres por este caso. 

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro -quien hoy es una de las tres jueces del juicio por el crimen del joven Fernando Báez Sosa- fue convocada para el equipo de fiscales de Felipe De Felito y Eduardo Campos Campos que llevarían adelante la acusación en el juicio por el crimen de Cabezas. “Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera” de la investigación, aseguró Castro a elDiarioAR en 2022, durante su primera entrevista sobre el caso Cabezas a 25 años del asesinato.

ED con información de Télam.

El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias publicó en su tapa la imagen más buscada por los reporteros gráficos argentinos: la del empresario Alfredo Yabrán. Caminaba junto a su esposa por las playas de Pinamar, con un traje de baño cuadriculado blanco y bordó. Detrás de la lente estaba José Luis Cabezas, un fotógrafo de 34 años que cubría la temporada de verano en la costa atlántica para Perfil.

La foto fue publicada en el marco de una investigación periodística por casos de corrupción de la era menemista. Hacía poco tiempo que el entonces ministro de Economía de la Nación, Domingo Felipe Cavallo, había acusado a Yabrán de ser “jefe de una mafia enquistada en el poder”. Aunque el apellido Yabrán resonaba más que nunca, su rostro era un verdadero misterio. Él mismo había llegado a decir: “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”.

Una temporada más tarde, en la madrugada del 25 de enero de 1997, luego de salir de una fiesta organizada por su amigo, el empresario Oscar Andreani a quien había fotografiado en una ocasión, José Luis Cabezas fue interceptado, secuestrado y asesinado en General Madariaga, una localidad bonaerense cercana a Pinamar.

Su cuerpo fue encontrado horas más tarde dentro de un Ford Fiesta completamente calcinado, con múltiples golpes, sus las manos esposadas en la espalda y con dos tiros en la cabeza. Cabezas tenía 35 años y había sido padre hacía pocos meses. Este homicidio pasó a ser el mayor emblema de lucha por la libertad de expresión en la Argentina.

Por el asesinato de José Luis Cabezas y el atentado a la libertad de expresión que representó ese hecho, el Congreso Nacional promulgó el 13 de octubre de ese mismo año la ley 24.876, con la que se establece el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico, con el apoyo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

El 15 de mayo de 1998, la Justicia ordenó la captura de Alfredo Yabrán, acusado de ser el autor intelectual del asesinato. El 20 de mayo, cuando la policía estaba rodeando su estancia en Entre Ríos tras descubrir su paradero, Yabrán se quitó la vida con un disparo de un arma en la boca.

Por el asesinato, fueron condenados a prisión perpetua en un juicio oral y público el jefe de custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, por ser el instigador y el comisario pinamarense Alberto Gómez, por liberar la zona para que ocurriera el crimen. Se sumaron los los cuatro integrantes de la banda “Los Horneros” de La Plata: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana; además de los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo.

Sin embargo, los involucrados en el crimen de Cabezas fueron liberados años más tarde, y en la actualidad ninguno de los culpables se encuentran cumpliendo sus condenas, tras habérseles otorgado diferentes beneficios de reducción de penas.

“No se olviden de Cabezas”, es el lema impuesto por el colectivo de Reporteros Gráficos, el cual vuelve a cobrar vigencia este 25 de enero al cumplirse el 26° aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, mientras trabajaba.

LC

Ana Paula Far Puharre dio sus primeros pasos como reportera gráfica de la revista Noticias como asistente de José Luis Cabezas. “Yo no soy profesor de nadie”, había contestado el fotógrafo cuando su jefe le asignó entrenar a la última incorporación del equipo. Poco después, Cabezas no era sólo su mentor, también su amigo. Far Puharre recordó en diálogo con elDiarioAR lo que mejor le enseñó su colega: a iluminar. El manejo y uso de la luz en la fotografía es un arte en sí mismo. Las fotos que Cabezas tomó al empresario Alfredo Yabrán en febrero de 1996, y que le terminaron costando la vida hace 25 años, también fueron luz. Un foco radiante sobre uno de los hombres más oscuros de Argentina.

El periodista Gabriel Michi era su compañero cuando lo mataron. Cabezas tenía sus propias fuentes y juntos investigaron durante al menos dos años a Yabrán y sus negocios, dijo Michi a este medio. “Lo que siempre me sorprendió de José Luis en materia profesional es que él tenía como una especie de cruce muy impactante. Tenía lo artístico, un ojo muy, muy detallado. Pero a su vez tenía mucho de reportero gráfico de asalto, el que tiene que salir a la calle a batallar”, lo recordó. 

“Era un tipo muy divertido, se la pasaba haciendo bromas. Tenía una carcajada muy particular, muy contagiosa, que aún resuena en mi cabeza y en la cabeza de todos los que lo conocieron”, afirmó Michi. “También era muy malhumorado cuando se enojaba, tenía muy mal carácter. De hecho, él decía de sí mismo que era un ‘chabón bravo’”. El periodista también definió a Cabezas como un hombre muy dedicado y pendiente de sus hijos y su familia, de las cenas con sus padres.

La madrugada del 25 de enero de 1997, el secuestro y asesinato de Cabezas cambió para siempre las vidas de sus seres queridos y de los integrantes de esa redacción. Tras el hallazgo del cuerpo calcinado en el Ford Fiesta que el fotógrafo y Michi usaban para la cobertura en Pinamar, el dueño de Noticias, Jorge Fontevecchia, encomendó a la abogada Norma Pepe viajar ese mismo día a Pinamar junto a su colega Oscar Pellicori, ambos letrados de Editorial Perfil, para recabar información y ponerse a disposición de la Justicia. Se les unieron Carlos Lunghi, jefe de fotografía; y Héctor D’Amico, director de la revista. “Hablamos con María Cristina, la esposa de Cabezas, y ella nos pidió si podíamos asistir legalmente a ella y a Candela, la hija mejor de José Luis. Le dijimos que por supuesto que sí y ahí comenzó nuestro camino como querellantes en la causa”, explicó Pepe a elDiarioAR. 

Los abogados se alojaron con los periodistas y fotógrafos que habían estado trabajando con Cabezas en Pinamar. “Estaban todos devastados, desesperados. Nunca me voy a olvidar de un periodista que estaba realizando el operativo verano en Mar del Plata fue a Pinamar. Cuando entró en la comisaría, yo estaba con el juez -recuerda Pepe-. En ese momento escuchamos unos ruidos y era el periodista que empezó a patear la puerta de una de las oficinas de la comisaría porque no lo atendían y él necesitaba saber por qué habían matado a su amigo. Hubo que contener a todos los compañeros de José Luis que estaban trabajando en el operativo”.

Al principio, primaba el desconcierto. “Lo único que se sabía en ese momento era que lo habían matado, pero las versiones sobre el por qué no eran demasiado fidedignas”, repasa en su memoria Pepe, quien todavía hoy ejerce como abogada de las publicaciones de Perfil. “A veces los compañeros no se daban cuenta del riesgo que corrían cuando aparecía alguien, algún llamado telefónico para pasarles información y les decían: ‘Nos encontramos en tal lugar a las diez de la noche’. Y yo decía: ‘Ustedes son locos, no van a ir, no pueden ir’. Pero era tal la desesperación por aportar algún dato para el esclarecimiento del asesinato”, aseguró Pepe.

De pistas falsas a firmes

“Durante los primeros tiempos se trató de desviar la investigación. Lo más notorio fue la aparición por la ventana de la gente de Mar del Plata, (la banda de) ”Los Pepitos“, como los autores del asesinato de José Luis”. “Esa fue, le diría, la primera prueba de que se quería cortar la investigación ahí”, afirmó la abogada. “Me acuerdo de haber charlado con el doctor Pelicori, y nos miramos y dijimos: ”Esto es absurdo. ¿Con qué elementos?“. ”Decidimos que había que seguir insistiendo“.

La pista firme, primero sobre la banda de los Horneros y a través de ellos sobre la policía Bonaerense y la custodia de Yabrán, llegaría después. “Se hablaba de un contexto político”, refirió Pepe, en referencia al enfrentamiento entre el presidente Carlos Menem y el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, y la teoría de que el crimen estaba enmarcado en esa pelea. La teoría de “me tiraron un muerto”.

“Noticias había empezado a investigar a Yabrán en 1991”, afirmó Michi, quien además recordó “un primer episodio de ataque a los periodistas que habían llegado hasta su mansión, donde la custodia de Yabrán disparó al piso para amedrentar o para que se vayan del lugar”. “Era el empresario que manejaba desde las sombras la entrada y salida del país a través de los aeropuertos, las empresas de depósitos fiscales, las empresas de correo, las empresas de carga y descarga de los aviones, la confección de los documentos, es decir, las áreas sensibles del país”. Y nadie le conocía la cara. 

“Muchos le tenían temor porque, aparte, tenía una estructura de seguridad de más de 650 hombres que custodiaban sus empresas, cuya cúpula eran ex represores de la dictadura militar. La famosa mano de obra desocupada que nunca estuvo desocupada, sino que en democracia, pasó a trabajar de la mano de Alfredo Yabrán”, sostiene Michi, uno de los periodistas que más investigó al empresario.

“La custodia de Yabrán tenía dos misiones: evitar la posibilidad de un secuestro de su familia y alejar el periodismo para que no logren la imagen de Yabrán”, explicó Michi.

“Nosotros sabíamos que Yabrán había elegido Pinamar como su lugar en el mundo para vacacionar. Y además teníamos, a partir del trabajo de investigación que habíamos hecho nosotros y otros colegas de la revista, dónde vivía”. 

Lo único que se sabía en ese momento era que lo habían matado, pero las versiones sobre el por qué no eran demasiado fidedignas.

Norma Pepe. — Abogada querellante.

Las fotos

En febrero de 1996, un año antes del crimen, Cabezas y Michi lograron dar con Yabrán en la playa. “Yo tenía dos datos -contó el periodista-: Yabrán había alquilado varias carpas en un balneario que se llama Marbella a nombre de otras personas; y que tenía una costumbre: bajar alrededor de las cuatro de la tarde a la playa. Entonces, cuando hacíamos la recorrida y otras notas, pasábamos alrededor de las cuatro de la tarde por el balneario. Teníamos una foto vieja y nada más para identificarlo”.

Dieron con él como si fuera predestinado. “Un día, bajamos al balneario con quien era mi mujer en ese entonces, como si fuésemos dos turistas más. Y cuando estábamos caminando por la playa, viene una persona que acerca su silla y la pone justo al lado mío, era una persona canosa, muy alta, muy corpulenta. Y mi mujer me pregunta: ‘¿Ese no es parecido a este hombre?’ Lo miro y le digo: ‘No es parecido, estoy seguro de que es él’. Entonces, lo voy a buscar a José Luis”.

“Le dije: ‘Necesito tu ojo fotográfico para que me digas si realmente es él’. Bajamos sin los equipos, se fija: ‘Sí, es este’. Entonces volvemos al estacionamiento del balneario Marbella y desde allí, con un lente muy largo, José Luis hace la primera tanda de fotos de Yabrán sentado en una reposera”. Simulando ser turistas que sacaban fotos en la playa, Cabezas, Michi y su entonces esposa siguieron esa tarde al empresario durante su habitual caminata por la arena. “Pero queríamos más”. 

Al día siguiente alquilaron una carpa en el balneario de al lado. Cristina, la esposa de Cabezas, se sumó con unas amigas. Esperaron a que Yabrán cumpliera con su rutina. Y lo hizo. Mientras el fotógrafo hacía de cuenta que retrataba a su pareja y amigas, el lente de la Nikon F4 apuntaba a Yabrán y María Cristina Pérez, su esposa, caminando por la playa. Así, Cabezas obtuvo la emblemática imagen del empresario que fue tapa de la revista a principios de marzo de 1996.

El plan 

Durante ese año, el reportero gráfico recibió amenazas a las que restó importancia. Al verano siguiente, decidió regresar a Pinamar y continuar con la tarea. Esta vez, Michi y Cabezas se propusieron conseguir la entrevista con Yabrán, mientras continuaban investigando sus negocios.

“No sabíamos que ya había un plan criminal en marcha”. A pedido del jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires ya habían realizado inteligencia sobre Cabezas y su compañero.

Meses después del crimen y al descartar las pistas falsas que buscaban desviar la investigación, el juez José Luis Macchi determinó que el jefe de la custodia de Yabrán había encomendado el crimen al policía Gustavo Prellezo, que operaba en la costa atlántica, y que junto a policías de Pinamar orquestó el secuestro y homicidio de Cabezas. Se valió además de la colaboración de los miembros de la banda Los Horneros, según la sentencia, a quienes trajo desde La Plata para la misión. Además, la policía de Pinamar había liberado la zona para garantizar el éxito del plan.

Tras sus detenciones, los Horneros confesaron su versión de los hechos. Juan Cerolini, quien encabezó la defensa de los cuatro junto a Fernando Burlando, dijo a elDiarioAR: “Ellos consideraron que tenían que declarar. No se los tomó como arrepentidos porque esa figura no existía. Ellos reconocieron haber participado del secuestro y que fueron con la idea de que era un apriete, una paliza, no un homicidio. Señalaron a Prellezo como el brazo ejecutor y como el autor de los dos disparos a Cabezas”. 

La fotógrafa Far Puharre fue asignada a cubrir la reconstrucción del crimen de su amigo. “Duró un par de días, dividida en tres partes: en la casa del empresario Oscar Andreani -donde se lo había visto por última vez la noche del 24-, en la casa de José Luis en Pinamar -donde lo secuestraron- y en la cava -donde lo mataron-. Fue de madrugada -recuerda la fotógrafa Far Puharre-. Comenzaron el 14 de noviembre, cayó en mi cumpleaños. Fue lo más duro que me tocó vivir en mi vida”. 

Far Puharre recuerda que ni Prellezo ni Ríos acudieron a la reconstrucción del crimen, sólo los Horneros. La compañera de Cabezas tiene esas escenas grabadas en su memoria: “Braga era el que más hablaba y reconstruyeron cómo lo arrodillaron, cómo lo esposaron, cómo le pegaron los dos tiros en la cabeza, cómo incendiaron el auto. Al tipo que hacía de José Luis le habían puesto un suéter parecido a uno que tenía él y de espaldas parecía él. Yo disparaba la cámara, lloraba y los puteaba en voz alta”.

Todos los condenados por el crimen de Cabeza recibieron un trato especial, en relación al resto de los condenados comunes o procesados comunes en otros juicios.

Alejandro Vecchi. — Abogado querellante por la familia Cabezas.

La caída

Los testigos del momento del secuestro, entre otros; los cruces de llamadas y la ubicación de los teléfonos de los acusados; y la confesión de los Horneros terminaron de reconstruir la trama. “El trabajo sobre los teléfonos se hizo con un sistema que había traído Duhalde desde Estados Unidos -afirmó la abogada Pepe-. Me acuerdo que en la revista trabajaron controlando número por número. Eso nos sirvió para ir terminando de componer el rompecabezas y preparar las preguntas a los imputados”.

El 20 de mayo de 1998, Yabrán se suicidó en una de sus estancias de Entre Ríos, cuando la policía de esa provincia lo rodeaba para capturarlo por orden del juez Macchi.

En febrero de 2000, a tres años del crimen, un tribunal de Dolores condenó a prisión perpetua al policía Prellezo como autor material de los dos disparos que recibió Cabezas. Él se había declarado inocente y pidió ser absuelto. Ríos fue condenado como el instigador del crimen. Su defensa había sostenido que no había elementos en su contra. 

La reconstrucción del crimen fue lo más duro que me tocó vivir en mi vida.

Ana Paula Far Puharre. — Reportera gráfica y amiga de Cabezas.

Los policías Sergio Cammaratta y Aníbal Luna fueron condenados como partícipes necesarios en el secuestro y asesinato. Los Horneros, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, también fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. Sus abogados habían solicitado que sólo se los condenara por el secuestro.

En un segundo juicio, el comisario Alberto “La Liebre” Gómez fue condenado por haber liberado la zona en Pinamar para posibilitar el hecho.

“Faltó gente”

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro acababa de asumir como fiscal de instrucción. Había trabajado en el juzgado de Macchi durante los años de investigación del caso pero no había intervenido directamente en el expediente. A finales de 1999, la convocaron para integrarse al equipo de fiscales de Felipe De Felito y Eduardo Campos Campos que llevarían adelante la acusación en el juicio. Tenían un mes y medio para prepararse, contó a elDiarioAR en su primera entrevista sobre el caso Cabezas, 25 años después.

“Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera” de la investigación, aseguró Castro a este medio.

No es la única que lo cree. “Quedaba alguno vinculado a la causa, pero no lo pudimos conseguir. Había declaraciones no demasiado contundentes de muchos testigos, sobre gente que tenía que ver con el grupo de Yabrán, de Ríos. Pero por más vueltas que le dimos con el juez, lamentablemente no pudimos encontrar nada”, sostuvo Pepe.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) también participó como querellante en el juicio junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fueron los únicos querellantes que cuestionaron la sentencia: “El tribunal debería haber manifestado que aún persistían dudas sobre la cantidad de personas que habían participado en los acontecimientos, y sobre la persona que había efectuado los disparos que causaron la muerte de José Luis Cabezas”, sostuvieron los abogados Alberto Bovino y Migel Goya, según informe publicado por ambas organizaciones. 

Tenía una carcajada muy particular, muy contagiosa, que aún resuena en mi cabeza y en la cabeza de todos los que lo conocieron.

Gabriel Michi. — Periodista y compañero de Cabezas.

“Esta manifestación de ningún modo implicaría debilidad en la sentencia, sino que por el contrario hubiera demostrado que las instituciones del Estado argentino cumplen con su compromiso de averiguar la verdad en todos los casos, especialmente en aquellos que importan amenazas a la libertad de prensa y en los que se ven involucrados miembros de las fuerzas de seguridad”, agregaron. “Existían elementos suficientes como para responsabilizar criminalmente a cada uno de los imputados que resultaron luego condenados”, sostuvieron desde el CELS y ARGRA.    

Ninguno cumplió la pena

A pesar de haber recibido la condena a prisión perpetua, “ninguno de los responsables del crimen cumplió su pena”, explicó a elDiarioAR Alejandro Vecchi, abogado de la familia Cabezas desde el inicio del caso. Al revisar la sentencia en 2003, dos jueces de la Cámara de Casación provincial bajaron las penas de Ríos, Cammarata -quien murió en 2015-, Luna, González, Auge y Braga. Retana había muerto en la cárcel en 2001. Pronto, comenzaron a acceder a libertades. Prellezo recibió el arresto domiciliario. La reducción de las penas, la ley del 2x1, la “buena conducta” y los beneficios por supuestos problemas de salud beneficiaron a los condenados. 

“Todos los condenados por el crimen de Cabeza recibieron un trato especial, en relación al resto de los condenados comunes o procesados comunes en otros juicios”, dijo Vecchi.

La Corte Suprema de la provincia y luego, la Corte Suprema de la Nación, revocaron esa decisión de Casación bonaerense años más tarde y restauraron la pena perpetua, pero actualmente los seis que quedan vivos del primer juicio están libres por este caso, confirmó Vecchi. 

Gladys Cabezas, hermana de José Luis, estuvo este martes 25 de enero en los homenajes al reportero gráfico. “Veinticinco años, 25 años que se llevaron a mis papás, que se murieron de tristeza; 25 años luchando; 25 años que yo perdí un montón de cosas; 25 años que mi hermano no está con sus hijos; que este año José Luis es abuelo porque Agustina, su primera hija, tuvo un bebé. Y yo estoy peleando contra Prellezo. ¿Entendés cómo me falló el sistema?”, dijo a elDiarioAR.

Junto a su abogado Vecchi, Cabezas denunció a Prellezo para evitar que pueda ejercer como abogado, un título que el expolicía consiguió tras recuperar su libertad. “El asesino que mató a Cabezas, el que planeó todo esto. El que juntó a los Horneros. El que lo secuestró a mi hermano. El que lo llevó desde Pinamar a la cava, tirado en el piso, apuntándole la cabeza y le pegó dos tiros en la cabeza porque los otros no se animaban”, dijo Gladys. 

Ellos reconocieron haber participado del secuestro y que fueron con la idea de que era un apriete, una paliza, no un homicidio.

Juan Cerolini. — Abogado de los Horneros, sobre sus defendidos, condenados como partícipes primarios.

elDiarioAR se comunicó con Prellezo, pero el expolicía no quiso hablar del caso Cabezas. En un breve diálogo telefónico dijo: “No dejar trabajar a una persona que recuperó su libertad es otra forma de castigo. Si la persona cumple los requisitos legales no se pueden poner requisitos extralegales. Se produce una injusticia, una persecución. Yo cumplía con los requisitos para ejercer como abogado”. 

Gladys Cabezas y Vecchi lograron que el Colegio de Abogados de Quilmes le revocara la matrícula. Prellezo había presentado un comprobante de antecedentes que sostenía que estaba procesado por el caso y sin condena, lo que le permitía acceder a la matrícula. El expolicía dijo a elDiarioAR que así figuraba en el sistema de antecedentes policiales. 

Más tarde, Prellezo solicitó la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. “Su condena quedó firme en 2017 por un fallo de la Corte. Pero no lo informó al Colegio Público de Abogados porteño, como marca el reglamento”, explicó Vecchi a elDiarioAR. Prellezo dijo a este medio que no lo hizo porque no había recibido la notificación oficial. Tras la denuncia de Cabezas y Vecchi, el tribunal de disciplina del colegio le revocó la matrícula. Prellezo apeló a la Justicia y por ahora, tiene matrícula de abogado hasta que el fuero Contencioso Administrativo tome una decisión. “A través de las Madre del Dolor, que tiene personería como ONG, pudimos presentarnos como amigos del tribunal en la causa”, contó Vecchi, quien asegura que darán pelea.

“El crimen de José Luis significó también el fin del idilio con el periodismo. Yo nunca me hubiese imaginado que por hacer tu trabajo te podían matar en Argentina”, reflexionó Far Puharre.

Michi sostuvo: “Es un caso bisagra en la historia argentina. Fue el peor ataque a la libertad de expresión que se vivió en la Argentina desde el retorno de la democracia”.

“Cuando el interés es llegar a la verdad, por más complicado que sea el camino, hay que seguir adelante. Más allá de todas las piedras que se le pongan en el camino”, concluye Pepe.

Este martes, familiares, amigos y colegas siguen reclamando que Argentina no se olvide de Cabezas.

ED

María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda del empresario Alfredo Yabrán; y su hijo Mariano Esteban Yabrán, quien actualmente sigue los pasos de su padre en el negocio postal, utilizaron al menos tres sociedades en paraísos fiscales, según surge de los documentos y correos electrónicos de la filtración global Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. Su abogado respondió que tanto el hijo como su madre tienen “todas sus sociedades declaradas y a derecho”.

A 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, Pérez y sus hijos, Pablo, Mariano y Melina Yabrán son los herederos directos del empresario acusado de ordenar el secuestro y homicidio del fotógrafo de la revista Noticias. Tras la venta de su imperio -cuyos resultados económicos nunca fueron confirmados-, y el posterior suicidio de Yabrán, en mayo de 1998, la familia se radicó en Uruguay, donde todavía viven y realizan negocios. La fortuna heredada estaría valuada en mil millones de dólares, según Gabriel Michi, el periodista que más investigó a Yabrán y compañero de Cabezas al momento del homicidio.

En octubre último, el equipo argentino de ICIJ publicó los hallazgos en Pandora Papers sobre otro hombre clave del entorno de Yabrán: el empresario Héctor Colella, su fiel amigo, elegido como sucesor en su carta de suicidio para hacerse cargo de los negocios del grupo. Colella montó una estructura offshore para resguardar más de US$145,7 millones provenientes de la venta de OCASA -la empresa de clearing bancario de Yabrán- al Exxel Group, según los documentos y correos electrónicos de la filtración. El empresario informó que tiene todo declarado ante el fisco de Uruguay y que los fondos son de la venta de OCA (entonces dueña de OCASA) al grupo de inversión estadounidense. Mostró parte de sus declaraciones juradas fiscales.

Las sociedades de Pérez

Pérez divide sus días entre Montevideo y Punta del Este. Vive en su  mansión en el barrio Manantiales de Carrasco, valuada en cerca de 2,3 millones de dólares, según publicó Michi en Caras y Caretas; y en Punta Ballenas tiene a Mis Amores, que replica el nombre de una de las estancias favoritas de Yabrán en Entre Ríos y que está permanentemente vigilada por custodios.

El equipo argentino de ICIJ intentó dar con Pérez y Yabrán durante los últimos días, pero los distintos intermediarios consultados dijeron no poder ayudar a hacerles llegar las preguntas y consultas. Tampoco respondieron los llamados en la empresa Sendit. Este lunes, el equipo se comunicó además con una oficina de Mariano Yabrán en Uruguay y explicó de qué se trataba la nota y solicitó un mail para enviar las preguntas. La persona que tomó nota de la solicitud afirmó que Mariano Yabrán se encuentra de licencia y que respondería en caso de recibir autorización para hacerlo. Hasta el momento, no hubo respuesta.

Pablo Medrano, abogado de la familia, respondió: “Las participaciones en sociedades o las sociedades que ellos poseen están adecuadas a las normas del país que corresponde, y están declaradas. No hay sociedades que no estén declaradas”. El letrado agregó: “En Uruguay, donde son residentes fiscales desde hace varios años, tienen sociedades y estas están declaradas en ese país. Están todas adecuadas a derecho”.

El proveedor offshore OMC Group creó en 2017 un caso interno para investigar a la viuda de Yabrán. Es un procedimiento habitual para la apertura o movimiento de sociedades inactivas.

El 22 de marzo de 2017, una ejecutiva del área de atención al cliente en las oficinas de OMC Group en Panamá solicitó a su compañía, vía correo electrónico, que tramitara la restauración de dos sociedades de Bahamas: Utinia Limited y Granl Smith Company Ltd. En el intercambio de correos, las ejecutivas que intervinieron en el trámite dejan a la vista que la dueña de las compañías es María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda de Yabrán.

De acuerdo con un documento excel en el que ejecutivos de OMC Group registraban datos sobre algunos de sus clientes, Pérez declaró que el origen de los fondos manejados por ambas sociedades eran “ahorros personales y herencia”, y que su objetivo era la tenencia de activos, aunque los documentos no aclaran qué tipo de bienes registró Pérez a nombre de las offshore. Utinia Limited es una compañía de Bahamas, creada en 2007. En ese mismo documento excel, el proveedor apuntó que la segunda compañía de Pérez, Granl Smith Company también había sido registrada en Bahamas, el 20 de agosto de 1997, aunque fue vendida (se entiende que a Pérez) en 2015. 

Tras el pedido de la ejecutiva de Servicio al Cliente de OMC Group, una de sus colegas en el área de Compliance le respondió dos días más tarde: “Realizando las búsquedas hemos encontrado un resultado bajo el nombre de la beneficiaria final en el mismo país de su nacionalidad, listada en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina) por presuntamente emitir facturas apócrifas”.

Con el objetivo de corroborar si se trataba de una homónima de Pérez, la ejecutiva de Compliance solicitó confirmar “si se trata de la misma persona o no, y de ser la misma persona agradecemos los comentarios del cliente”. También pidieron copias de pasaporte actualizado, prueba de residencia certificada y carta de referencia. Aún bajo sospecha, agregó: “Pueden proceder con las restauraciones, agradecemos su confirmación y documentación en un periodo de 15 días”.

Unas dos horas más tarde, Servicio al Cliente respondió que no se trataba de la misma persona y solicitó: “Favor desbloquear las sociedades para cerrar la oportunidad de restauración”. Ante la insistencia de Compliance, se le reclamó un documento con el CUIT de Pérez. “Adicionalmente le confirmo que las compañías estarán ”cleared“ por los próximos 7 días, hasta recibir los documentos actualizados”. Una compañía puede quedar inactiva al ser liquidada o porque no se pagaron las tasas anuales de mantenimiento. En este último caso, la sociedad queda en estado “stuck off”. Cuando una compañía se restaura significa que se pone al día con sus deudas de tasas anuales para volver a estar activa y poder ser utilizada.

Por esa necesidad de demostrar que no se trataba de la persona registrada como usuaria de facturas apócrifas en AFIP, Servicio al Cliente entregó copia de un documento fiscal de Pérez, gracias al cual se comprueba que es efectivamente la viuda de Yabrán. En los registros, consta copia de la hoja de registros emitida por AFIP en 2017. El documento resume su situación fiscal en Argentina. La viuda de Yabrán figura con su apellido de casada, domicilio fiscal y legal en la calle Viamonte al 300 y con su actividad inscripta ante el fisco argentino: “Servicios de financiación y actividades financieras”, actualizado a 2016. También consta la baja definitiva de todos sus impuestos en Argentina, ya que es residente en Uruguay.

Dos meses después del pedido inicial, el 31 de mayo de 2017, OMC Group destrabó el trámite de forma definitiva. “Puedes proceder, hemos completado los requisitos”. Ambas offshore, que tenían a la viuda de Yabrán como beneficiaria final, fueron restauradas. Actualmente, ambas sociedades figuran como “stuck off” en el registro de Open Corporates.

Una sociedad en Belice

Mariano, el hijo del medio del matrimonio, es el único que siguió el camino empresarial. Entre otras compañías en las que tiene o tuvo participación, es director ejecutivo de la empresa Sendit, un servicio de courier, en Uruguay, según su perfil de Linkedln. La compañía también opera en Paraguay. El empresario también está relacionado junto a su hermano Pablo con MPT Assets Management Corp., en el país vecino, según pudo comprobar elDiarioAR. La compañía se dedica a “inversiones” y está radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Tiene cuatro empleados en todas sus sedes y genera ventas por US$3,78 millones, según el sitio de Dun and Bradstreet.

En Pandora Papers, Mariano Yabrán aparece como el beneficiario final de la compañía Chardy Business Inc., radicada en Belice en octubre de 2010. Yabrán no figuraba en los documentos de la sociedad ni como accionista -eran acciones al portador- ni como director, cargo que fueron ocupando distintos agentes a los largo de los siete años que existió esta compañía. De hecho, en 2016, Cititrust realizó un chequeo de antecedentes en Interpol y otras fuentes de información oficial de quien fuera directora de la compañía, Isidra Rivera, de Panamá, cara visible de la compañía en los documentos.  

En 2017, el empresario debió declararse como el verdadero dueño de la compañía para poder proceder con su disolución, según surge de un documento que lleva su firma. En otro escrito del proveedor offshore Cititrut, que no tiene fecha pero sí la firma de Mariano Yabrán, el empresario informó a su agente, el estudio Maclachlan & Dennin: “Por la presente confirmamos que todos los activos y pasivos de la Compañía han sido enajenados y liquidados en su totalidad, y que la Compañía no es insolvente”.

Durante sus siete años de vida, entre 2010 y 2017, Chardy Business Inc. tuvo algunos movimientos registrados en Pandora Papers. En octubre de 2012, la sociedad fue restaurada y el registro de Belice emitió un certificado. En septiembre de 2014, el país centroamericano vuelve a emitir certificado de acciones al portador por US$50.000, en ocasión de transferir la sociedad de las oficinas del agente Morgan & Morgan al estudio Maclachlan & Dennin, en Belice.

En otro documento de 2017, se ordena su disolución y se informa que Chardy Business Inc. “nunca ha comercializado ni tiene activos, pasivos, deudas ni obligaciones”. El escrito también lleva la firma de Mariano Yabrán. El cierre de la compañía se oficializó en agosto de ese año.

Además del negocio postal, Mariano Yabrán también se dedicó a bienes raíces con la empresa Greenpol, a través de la que se comercializan proyectos urbanísticos, y manejó el remanente de las empresas de su padre en Argentina, en particular, los campos administrados por la empresa Yabito, según publicó Michi.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

La madrugada del 25 de enero de 1997, el reportero gráfico José Luis Cabezas (35) fue secuestrado en Pinamar, mientras se encontraba realizando la cobertura de verano para la Revista Noticias, golpeado, esposado y asesinado de dos disparos en la cabeza en una cava de General Madariaga. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil. 

En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Tres de ellos, Gustavo Daniel Prellezo, Sergio Rubén Camaratta y Aníbal Luna eran oficiales de la Policía Bonaerense al momento del crimen. Gregorio Ríos, condenado como instigador del asesinato, era el jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1998 cuando el juez de la causa, José Luis Macchi, ordenó su captura e indagatoria, sospechado de ser el autor intelectual del homicidio. Los otros cuatro condenados eran “los horneros”, miembros de una banda de delincuentes de Los Hornos, La Plata, contratados por Prellezo para la tarea. En un segundo juicio, se condenaría también al comisario Alberto “La Liebre” Gómez por liberar la zona para que los secuestradores pudieran capturar al fotógrafo.

A pesar de las condenas, ninguno de ellos cumplió la pena. Tras la sentencia, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires bajó las penas de los acusados y les permitió acceder a libertades condicionales mucho antes de lo que hubieran conseguido. Fueron beneficiados por vericuetos y recursos legales y favoritismos que les permitieron reducir los años en la cárcel, acceder a arrestos domiciliarios y recuperar la libertad, según las denuncias de la hermana de Cabezas, Gladys, y su abogado Alejandro Vecchi, quienes aún hoy luchan contra el olvido y la impunidad. Gladys no cree que las condenas hayan sido “ejemplares”, dijo a elDiarioAR.

Al comienzo, la causa estuvo plagada de sospechas: la Policía Bonaerense investigaba a sus propios hombres; hubo pistas falsas; intentos de desviar la investigación, como la detención de la banda Los Pistoleros -que luego se determinó que no estaban involucrados-; pero los abogados querellantes Vecchi -por la familia Cabezas y sus dos hijos mayores- y Norma Pepe -por la hija menor del fotógrafo y Editorial Perfil- reconocen el trabajo del juez y el de los fiscales del juicio, según afirmaron ante la consulta de este medio   

Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, María Claudia Castro acababa de asumir como fiscal de instrucción. Había trabajado en el juzgado de Macchi durante los años de investigación del caso pero no había intervenido directamente en el expediente. A finales de 1999, la convocaron para integrarse al equipo de fiscales que llevarían adelante la acusación en el juicio. Tenían un mes y medio para prepararse, contó a elDiarioAR en su primera entrevista sobre el caso Cabezas, 25 años después.

Entonces, en la provincia de Buenos Aires, acababa de entrar en vigencia un nuevo Código Procesal Penal que cambiaba por completo las reglas del sistema. “Era el primer juicio oral de esas dimensiones que se hacía con el sistema acusatorio”, recuerda Castro.

-¿Qué significó este juicio?

-Sin lugar a dudas el caso Cabezas es un icono en el cambio de estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires. No hay dudas de eso. No solamente se cambió la estructura policial sino que a poco más de un año y medio después del homicidio de Cabezas teníamos otro código. Un código de los más modernos, con un sistema acusatorio hoy vigente. Con lo cual la implicancia a nivel de la investigación fue grandísima. En primer lugar, un sistema acusatorio, como te dije antes, implica que ya la investigación está dirigida por el cuerpo de fiscales o por un fiscal que va a dirigir a la policía, y que va a tomar absolutamente todas las decisiones y las medidas en el marco de esa investigación, que se va a constituir en el lugar del hecho inmediatamente de lo ocurrido, porque así lo establece la ley, cosa que antes no pasaba.

-¿Cómo funcionaba antes?

-Antes nosotros teníamos un código donde primero la policía tomaba conocimiento, iba al lugar del hecho y después lo comunicaba al juez, eran los primeros que tomaban contacto con la escena del crimen. Sin lugar a dudas el caso Cabezas tuvo influencia y la policía tuvo un cambio de rol absoluto con la entrada en vigencia del sistema acusatorio. 

-¿Qué significó el caso Cabezas para usted?

-Creo que para todos los que intervenimos, el caso de Cabeza tuvo relevancia. En el momento del homicidio yo estaba trabajando en el juzgado que interviene en la investigación. No pienses que porque era el caso Cabezas había 50 personas como en las películas. Nosotros éramos un juzgado que tenía en ese momento una planta de secretaria auxiliar, letrado, oficial mayor, tres o cuatro empleados y nada más. O sea, eso era un juzgado en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, en lo personal significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal. El juez Macchi se pasaba días sin dormir en el juzgado. Era un juez excelente, muy celoso de su investigación. En ese momento era todo papel y se ordenaban un cuerpo de doscientas fojas por día, por lo menos. Entonces calcula que cuando nosotros preparamos el juicio, el expediente tenía 210 cuerpos de 200 fojas cada uno. Nos marcó a los tres fiscales que intervenimos. Había que organizar el trabajo y sistematizar en muy poco tiempo, teníamos un mes y medio para encarar este juicio, y empezaban a debutar las nuevas reglas procesales. Los tres creo que nos sentimos orgullosos de haberlo podido afrontar. 

-Los fiscales pidieron reclusión perpetua pero el tribunal dictó prisión perpetua y eso fue favorable para los acusados. ¿Quedaron conformes con las condenas?

-Si, por supuesto que quedamos satisfechos porque fue perpetua. La diferencia fue la calificación que decidió el tribunal, pero no tenía incidencia en la pena. Cuando nosotros salimos de los alegatos, un grupo de periodistas nos preguntó cuál era la diferencia entre la reclusión perpetua y la prisión perpetua. Influye en la obtención de la libertad condicional, en los plazos. Actualmente ya casi no se impone la pena de reclusión perpetua. Después, cuando la sentencia llega a Casación (de la provincia) esa calificación es revertida y se imponen penas temporales. Más tarde, la Suprema Corte volvió a la calificación que nosotros habíamos propuesto en la acusación final. Ahí hubo algunas libertades que después se revirtieron, libertades condicionales y demás, pero bueno, eso ya no tenía que ver con el trabajo de los fiscales, sino con la intervención del tribunal revisor de la sentencia.

-Después de las condenas, vino la impunidad, otra vez: los acusados recuperaron la libertad y ninguno cumplió la pena. ¿Qué genera en los fiscales que un tribunal superior revierta una condena a prisión perpetua en un caso de estas características?

-Todo lo que vino después no depende de nosotros. Y cuando las cosas no dependen de mí, las acepto. Son cuestiones propias del sistema. Siempre sentí que en mi trabajo puse lo mejor de mí hasta el alegato final. Por supuesto que esperaba una condena favorable, pero también soy muy respetuosa de las garantías constitucionales y la realidad es que esto es el proceso penal, no es un juego y la garantía del doble conforme exige justamente que un tribunal superior revise la sentencia. Uno lo vive como una frustración, porque las penas son para cumplirse, pero también nosotros sabemos que aunque la pena que se imponga sea perpetua, las penas tienen un tiempo, no es para siempre y el sistema brega porque la persona logre volver a reinsertarse en la sociedad. Lo lógico sería que una persona en un país donde las cosas funcionan tendría que poder recuperar la libertad en el tiempo que la ley establece. En este caso en particular pasó lo que tenía que pasar. El sistema carcelario también es muy duro, con lo cual nunca es poco tiempo. El doctor Macchi decía una frase: “Esto es una desgracia que termina con otra desgracia”. 

-Según los informes sobre el juicio, los fiscales y querellantes tuvieron siempre la sospecha de que más personas podrían haber participado del secuestro y asesinato de Cabezas pero no lograron identificarlas. ¿Cree que quedaron sospechosos sin juzgar?

-Me acuerdo que había una frase en los alegatos que decía que todos los que están fueron. Pero faltaba gente. Nosotros estábamos convencidos de que todos los que estaban en el juicio habían sido. Faltó gente, en un crimen de esa naturaleza y con tanta organización, seguramente quedó alguien afuera, quedaron personas afuera.

-¿No se avanzó sobre esas otras personas?

-Nosotros trabajamos sobre la prueba que se había recolectado en la instrucción. Al juicio lo afrontamos los tres fiscales solos, o sea, no teníamos un equipo atrás. Entrevistamos a los testigos que nos parecía importante entrevistar, porque una cosa es leer y otra cosa es ver y escuchar. Con la colaboración de dos instructores hicimos un trabajo respecto de los cruces telefónicos que había en la causa, que eran innumerables. Eso era lo más difícil de manejar. Los entrecruzamientos telefónicos, las aperturas de antenas eran prueba muy relevante y de elocuente incriminación en algunos casos, porque eso era lo que nos permitía contrarrestar lo que habían declarado algunos imputados, determinar que estaban en otro lado en determinado momento y que estaban cerca de la escena del crimen, por ejemplo. No había sistema operativo y lo hicimos nosotros manualmente.

-¿Los teléfonos fueron la prueba central para lograr las condenas, además de las declaraciones de los horneros, que identificaron a Prellezo como el asesino que ejecutó a Cabezas?

-No diría central. Fueron una prueba de mucho peso y que permitió llegar a otras personas, como el caso de Ríos, el instigador, y a la vinculación entre ellos. Pero había otras pruebas muy trascendentes que tenían que ver con el momento del hecho, como algunos testigos.

-Yabrán ya se había suicidado pero fue mencionado en el juicio ¿Qué sostuvieron ustedes los fiscales sobre su rol en el crimen?

-En realidad ese era un tema bastante complejo de abordar para nosotros porque no corresponde acusar a una persona que está fallecida. Pero lo cierto es que hablar de Ríos era hablar de Yabrán. Ríos por sí solo no tenía ningún motivo para instigar el homicidio de José Luis Cabezas. Con lo cual, Yabrán sobrevoló durante todo el juicio, aunque nunca fue sometido a proceso. Había declarado como testigo pero como imputado no declaró nunca. Recuerdo que la defensa argumentó algo así como que el Ministerio Público había acusado a un muerto y en realidad nosotros no habíamos hecho eso, sino que no se podía hablar de investigación contra Ríos sin mencionar la relación con Yabrán.

-¿Qué rol cumplió el periodismo durante la investigación y el juicio?

-Con las querellas de Editorial Perfil y ARGRA trabajamos en conjunto muy bien. Recuerdo al doctor (Alberto) Bovino por la Asociación de Reporteros Gráficos. Y en cuanto a los medios en sí, creo que los medios hicieron mucho por este caso, desde la investigación hasta que terminó el juicio. Fue una época muy rara para Dolores porque desde que sucedió el homicidio hasta que terminó el juicio, nos habíamos acostumbrado a convivir con innumerable cantidad de periodistas. Creo que la prensa tuvo mucho que ver también con el esclarecimiento de la causa, al igual que los querellantes.

Al juicio lo afrontamos los tres fiscales solos, o sea, no teníamos un equipo atrás.

-¿Qué situaciones le impactaron más del juicio?

-Fue todo marcado a fuego. La declaración de los familiares, las recuerdo mucho. Fue muy fuerte. Recuerdo muchos cruces con los imputados a veces cuando se sucedían los interrogatorios. La última declaración de Prellezo, cuando cerró el juicio. Me acuerdo que él durante toda la investigación dio una versión de los hechos. Al final del debate cambió toda su declaración. Fue una causa que nos marcó mucho. El caso significó un antes y un después en la historia judicial y policial argentina. Me parece que el caso Cabezas es único en la historia judicial y policial argentina. Dejó un gran cambio, un cambio muy positivo en el plano judicial, que es el paso al sistema acusatorio. Revolucionó en ese momento la provincia entera y al país. Cuando digo la provincia me refiero a las estructuras. Cuestiones que por ahí eran secreto a voces y me parece que eso es muy trascendente.

-¿Se refiere al funcionamiento de la Policía Bonaerense?

-Sí, sí.

-¿Realmente pudo ver cambios en la Bonaerense a través de su trabajo?

-Cuando yo me fui a estudiar Derecho a la ciudad de La Plata, trabajé en la Policía Bonaerense, en un organismo administrativo, asesoría letrada. Si bien no tuve estado policial, tuve mucho vínculo, hasta que me vine a vivir a Dolores. Durante esos años, inclusive en el caso Cabezas, lo que vi es que como en todos lados había y hay funcionarios excelentes y funcionarios que no lo son. Yo en mi carrera de fiscal me he cruzado con equipos de trabajo que fueron fundamentales. La Justicia necesita de una policía que haga bien las cosas. La policía son los brazos de la Justicia. Lo mismo en la Justicia: habrá funcionarios que merecen el respeto de la sociedad y funcionarios que no. La corrupción se ha instalado en muchísimas instituciones en este país y la policía es una de ellas. Pero no corresponde generalizar. Mi experiencia no fue negativa siempre. Es gente que trabaja, que se forma y hay buenos y malos. 

*Este artículo fue corregido el 24 de enero. Se cambió la palabra “atado” por “esposado”, la forma precisa con la que los asesinos dejaron el cuerpo de Cabezas en el auto que incendierían.

ED