Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

“Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”. La advertencia de Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resume el escenario que atraviesa el organismo, donde avanza un plan de reducción de personal que podría afectar a más de 200 trabajadores sobre una dotación de 787. Esta situación se da en línea con el recorte que el Gobierno viene aplicando en distintas áreas del Estado: en dos años destruyó 63.000 empleos públicos y para 2026 se propuso reducir el 10% de todo el sector (entre 5.000 y 6.000 puestos).

Sin embargo, la discusión alrededor del SMN excede lo laboral. ¿Qué implica, en la práctica, un servicio meteorológico debilitado? Menos datos en tiempo real, menos estaciones operativas y menor capacidad de anticipar eventos. En un aeropuerto, por ejemplo, un despegue podría depender de información incompleta sobre viento o visibilidad. En el campo, un productor podría decidir sembrar o fumigar sin conocer con precisión las condiciones que afectan su cosecha. En una ciudad, una alerta podría llegar tarde o no emitirse.

El SMN produce y distribuye información clave para la aviación, el agro, la energía y la gestión de emergencias. También sostiene el sistema de alertas tempranas ante tormentas, olas de calor o inundaciones. “Es un servicio que muchas veces no se ve, pero se usa todo el tiempo”, señaló Romano. Y explicó que la pérdida de personal impacta directamente en esa cadena. Es decir, menos observadores implica menos datos, y menos datos reducen la calidad de los pronósticos.

Un servicio invisible, con impacto directo

Las consecuencias combinan riesgos cotidianos y efectos económicos. “Un vuelo sin información sobre el estado del tiempo o de las pistas no debería salir por razones de seguridad”, advirtió Romano. A la vez, remarcó que el agro depende de esos reportes para planificar. “El pequeño productor necesita del Servicio para manejar sus cultivos”, sostuvo. Lo mismo ocurre con sectores como la energía o la construcción, que utilizan proyecciones meteorológicas para definir operaciones.

El deterioro se arrastra desde 2023. En ese período, el organismo perdió alrededor de 200 trabajadores entre despidos, jubilaciones y renuncias asociadas a salarios que, según denuncian, no superan los 800 o 900 mil pesos. El impacto ya es visible en estaciones que funcionaban las 24 horas redujeron su cobertura, otras cerraron y algunas operan con dotaciones mínimas. Un nuevo ajuste podría llevar la planta a unos 500 trabajadores, lejos de los 1.200 que un relevamiento interno consideraba necesarios.

El riesgo sobre la red de observación

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que un recorte de esa magnitud podría derivar en un “colapso operativo”. La preocupación está puesta en la red de observación, base de todos los pronósticos. “Podría dejar a ciegas a gran parte del territorio”, señaló su presidenta, Carla Gulizia, al describir el efecto de perder estaciones en distintas regiones.

Un comunicado del cuerpo de delegados de ATE en el SMN plantea un escenario similar, con cierre de estaciones, menor cobertura territorial y dificultades para sostener servicios esenciales. Entre los puntos críticos mencionan la seguridad aérea –por la falta de datos en tiempo real–, la emisión de alertas tempranas y el seguimiento de fenómenos extremos. También advierten sobre el impacto en zonas donde el organismo es la única fuente de medición meteorológica.

Tecnología, ajuste y límites operativos

En paralelo, crece la tensión interna. Trabajadores señalaron que, durante visitas al organismo, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer (manos derecha del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) planteó que se reemplazarán a observadores por sistemas automáticos. La hipótesis incluye reducir la red de estaciones de unas 125 a cerca de 80, lo que implicaría menos puntos de medición en el territorio.

Especialistas advierten que ese cambio no es lineal. “La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza la interpretación”, explicó el investigador del Conicet, Juan Rivera. La diferencia, plantean, no es solo operativa. “Un dato aislado no alcanza sin alguien que lo valide, lo compare y lo integre en un sistema más amplio”, señala. Además, la reducción de estaciones interrumpe series históricas que permiten entender cómo cambia el clima a lo largo del tiempo.

El SMN forma parte de redes internacionales y aporta información que se utiliza dentro y fuera del país. Su trabajo está detrás de decisiones que van desde la suspensión de un vuelo hasta la activación de un protocolo de emergencia. En un contexto de eventos climáticos más frecuentes e intensos, esa información gana peso, avisan los especialistas.

En ese marco, la discusión sobre el ajuste suma otra dimensión. No se trata solo de cuántos trabajadores quedan, sino de qué capacidad conserva el Estado para medir, anticipar y advertir. Si esa cadena se corta, el impacto se traduciría en decisiones tomadas con menos información y, en algunos casos, en riesgos que podrían haberse evitado.

“Estamos frente a una problemática muy grande, con impacto directo en la población y en la economía”, concluyó Rivera.

LN/MG

Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar. 

El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).

Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso

La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.

El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.  

Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.

El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). 

“El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.

Quién paga la comida

Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario. 

En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.

Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. 

“Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.

La reforma laboral

El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.

Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.

La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.

El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre.

El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.

MC

El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a movilizar este lunes 9 de marzo en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una jornada de protesta que incluirá paro docente, movilizaciones sindicales y marchas en distintas ciudades contra “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16.30.

La protesta se realiza un día después del 8 de marzo —fecha oficial de la efeméride— y reune a organizaciones feministas, gremiales y sociales que buscan expresar en las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en las condiciones de vida y trabajo.

Paro docente y adhesión sindical

La jornada tiene impacto directo en el sistema educativo, ya que varios gremios docentes decidieron adherir al paro internacional feminista y participar de la movilización.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió sumarse a la huelga, al igual que el sindicato SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las organizaciones convocaron a participar de la marcha que se realizará por la tarde hacia el Congreso y Plaza de Mayo, en el marco de la jornada internacional de protesta por el Día de la Mujer Trabajadora.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instó a sus sindicatos de base a realizar acciones en todo el país, con modalidades que cada provincia definirá de acuerdo con su organización local.

El paro y las movilizaciones se inscriben en una tradición del movimiento feminista internacional que vincula los reclamos por igualdad de derechos con las condiciones laborales y económicas de las mujeres y diversidades.

La CGT moviliza con su Secretaría de Género

La jornada también tendrá presencia sindical. La Secretaría de Género de la CGT, encabezada por Carla Gaudensi (FATPREN), participará de la movilización con una columna propia junto a otras centrales obreras.

La central sindical definió concentrar a las 16.30 en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, en coincidencia con la convocatoria feminista.

La CGT realizó actividades preparatorias durante los días previos y anunció que presentará un documento con las demandas laborales de las trabajadoras en el contexto económico actual.

El objetivo de esa participación es visibilizar los reclamos vinculados con la situación laboral de las mujeres y las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo, en un escenario de crisis económica y reformas laborales en debate.

Una convocatoria feminista contra el ajuste

La movilización fue convocada por Ni Una Menos, que difundió el llamado a salir a las calles a través de redes sociales y asambleas preparatorias.

En la convocatoria, la organización planteó que la jornada busca denunciar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno nacional y llamó a construir una respuesta colectiva frente al deterioro de las condiciones de vida.

“Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión”, señaló el colectivo feminista en el mensaje difundido para convocar a la movilización.

El movimiento también sostuvo que la jornada forma parte de una tradición internacional de lucha feminista que vincula la igualdad de género con la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.

Marchas en otras ciudades del país

La convocatoria del 9 de marzo tendrá expresiones en distintas provincias.

En Rosario, organizaciones feministas definieron marchar desde la Plaza San Martín hacia el Parque a la Bandera, con consignas que incluyen el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización comenzará por la tarde y finalizará con la lectura de un documento que sintetizará las demandas del movimiento feminista local.

En Salta, la asamblea lesbotransfeminista resolvió convocar a concentrar a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Entre las consignas de la convocatoria provincial también aparece el rechazo a la reforma laboral y la preocupación por el impacto de esas políticas en las condiciones de vida de mujeres y diversidades.

Asueto en Misiones y otras actividades

En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso trasladar al lunes 9 de marzo el asueto administrativo para las mujeres que trabajan en la administración pública provincial.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 328, alcanza a las trabajadoras de la Administración Pública Central, entes autárquicos y organismos descentralizados y busca facilitar la participación en las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

Más convocatorias en la jornada

En paralelo a las movilizaciones feministas, también se realizará una concentración desde las 14.30 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde allí los manifestantes marcharán hacia el Congreso y luego a Plaza de Mayo en el marco de las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La jornada del 9 de marzo reunirá así múltiples expresiones de protesta en el centro porteño, con una fuerte presencia del movimiento feminista y de organizaciones sindicales.

JJD

El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país.

El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018.

Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”.

Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”.

Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”.

El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”.

El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos.

MC

Los trabajadores de Fate, la principal fábrica nacional de neumáticos, llevan adelante nuevos paros y protestas esta semana tras acumular trece meses sin aumento salarial. En el marco de la paritaria 2025, la empresa aún no presentó ninguna propuesta de recomposición, a diferencia de las multinacionales Pirelli y Firestone, que adelantaron pagos del 20% y 24% respectivamente a cuenta de futuros acuerdos.

“Estamos cobrando un salario que perdió más del 30% de poder de compra”, denunció Sebastián Tesoro, operario de Fate, en una entrevista con Somos Radio AM 530. Según explicó, la patronal de la familia Madanes Quintanilla no ofreció ni siquiera un anticipo económico, a pesar de que la inflación acumulada del año supera el 31%. En ese contexto, los trabajadores organizan paros escalonados y cortes de ruta para visibilizar el conflicto.

El caso de Fate no es aislado dentro del sector. Según relató Tesoro, el gremio del neumático enfrenta desde hace tiempo un intento empresarial de dividir la negociación colectiva, avanzando hacia acuerdos por empresa y no por actividad. Esa lógica, hoy impulsada en el Congreso por el Gobierno nacional mediante una reforma laboral regresiva, ya se aplica de hecho en las plantas. “Es un laboratorio de lo que quieren imponer”, señaló.

Actualmente, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se encuentra en plan de lucha frente a las tres empresas que concentran la producción nacional. Mientras Pirelli y Firestone ofrecieron sumas parciales, Fate se mantiene sin diálogo ni señales de negociación. La estrategia empresarial, según los trabajadores, busca quebrar la unidad gremial y consolidar un esquema de presión individualizada en cada planta.

En Fate, las medidas gremiales incluyeron asambleas por turno, paros de hasta ocho horas y cortes en accesos clave a la zona norte del conurbano bonaerense. La fábrica, ubicada en San Fernando, cuenta con más de 1.500 empleados. “No podemos poner comida arriba de la mesa para nuestras familias. Por eso salimos a la calle”, expresó Tesoro.

En paralelo, el conflicto en la fábrica Lustramax —también en el corredor norte, dentro del Parque Industrial de Tortuguitas— revela un patrón similar de ajuste empresario. El pasado 12 de enero, la firma dedicada a la producción de artículos descartables despidió a 29 trabajadores, incluidos delegados gremiales, argumentando una crisis económica. La respuesta fue una asamblea permanente y la denuncia pública por persecución sindical.

“Están despidiendo incluso a delegados. No pagan aportes, no pagan el aguinaldo. Eso es lo que se viene si los trabajadores no lo enfrentamos”, advirtió Tesoro. La intervención política tampoco tardó en llegar: la senadora libertaria Florencia Arietto, referente del oficialismo en la zona, calificó de “parásitos” a los trabajadores en lucha. Desde el movimiento obrero rechazan este discurso como parte de un clima de hostigamiento antisindical que crece al calor de la desregulación laboral impulsada por el Gobierno.

Tanto en Fate como en Lustramax, los trabajadores denuncian maniobras empresariales que anticipan aspectos centrales del programa de reforma laboral del presidente Javier Milei: debilitamiento de los convenios colectivos, pérdida de poder adquisitivo, persecución gremial y retrocesos en derechos adquiridos.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Trabajo ni las autoridades provinciales intervinieron con propuestas concretas para destrabar los conflictos. La falta de un ámbito paritario efectivo y la inacción del Estado como garante del derecho laboral dejan a los trabajadores frente a dos opciones: resignar condiciones o sostener las medidas de fuerza.

“Nosotros venimos desde hace algunas semanas atrás con asambleas, con paros y con cortes de ruta. Porque es la única manera que consideramos nosotros, los trabajadores, que nos permite tener una exposición, para que toda la comunidad, toda la sociedad, se entere de la situación. Vemos a distintos sectores políticos salir a plantear con mucha energía la necesidad de una reforma laboral, que en verdad es bastante esclavista y regresiva, y nosotros vivimos sufriendo las condiciones de trabajo en el neumático. El salario no alcanza para llegar a fin de mes, no podemos poner comida arriba de la mesa para nuestra familia, nuestros hijos. Por eso venimos con ese tipo de acciones. El sábado pasado hubo un paro de ocho horas en el turno mañana y hoy lunes continúa en el turno tarde, de 14 a 22”, anunció Tesoro.

Como se indicó en esta nota de trabajAR, en apenas una semana, la primera de 2026, 386 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en empresas industriales, comercios minoristas y plataformas tecnológicas de la Argentina. Los despidos golpearon a sectores diversos como el textil, la distribución, la petroquímica, la industria alimentaria y el e-commerce, en un contexto marcado por el ajuste del gasto, la caída del consumo y la liberalización comercial impulsada por el Gobierno nacional.

JJD

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, lograron, no sin dolor, bajar la inflación al nivel más bajo en ocho años en 2025, pero desde junio en adelante ha venido subiendo mes a mes. Consiguieron bajarla de un estándar alto, de tres dígitos, de más del 100% anual, a uno moderado de más del 2% mensual, similar a los años kirchneristas de 2007 a 2013. Milei promete hundirla a menos del 1% en agosto. Para entender por qué fue más rápido reducirla de uno a otro nivel y por qué ahora se torna más difícil seguir recortándola, elDiarioAR dialogó con tres economistas que han estudiado los procesos de desinflación de la Argentina y otros países: Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra: Fernando Morra, exviceministro de Economía y director de Suramericana Visión; y Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

–¿Por qué después del éxito del Gobierno de bajar la inflación al menor nivel desde 2017 ahora cuesta más reducirla?

– Martín Rapetti: El análisis muy de corto plazo lleva a que se hagan comparaciones con ruidos en los datos mensuales. Uno tiene que mirar tendencias. Si uno mira la inflación anual, hubo un repliegue muy importante. Entonces hay un proceso de desinflación. Los procesos de desinflación no son siempre lineales. Ahora, ciertamente tenés desde mayo una muy tenue aceleración, efectivamente tenés alguna dificultad para bajar. En ese proceso hubo una depreciación en términos reales muy grande de la moneda. En abril, cuando el Gobierno hace el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) empieza un proceso de flexibilización del tipo de cambio, con algunos saltos abruptos termina en el techo de la banda. No se notó inmediatamente el pasaje a precios, pero se ve muy gradualmente.

– Fernando Navajas: La inflación ha vuelto a situarse en un escalón de más del 2% y muestra una inercia que ha revertido el descenso que se observó en parte de 2025, cuando cayó por debajo del 2% en condiciones fiscales y monetarias restrictivas y con un deslizamiento del tipo de cambio. Que la inflación no caiga mucho ha sido tomado como un consejo por economistas como Ernesto Talvi que en la última conferencia de FIEL hizo una comparación con el caso uruguayo de comienzos de los 90 y dijo que era preferible ir más despacio en la desinflación para poder acumular reservas. Esa sería la idea que está plasmándose ahora en 2026, es decir, puede decirse que se asienta en este cambio de velocidad de convergencia de la inflación. La idea es que esto ocurre porque la economía se va monetizando, es decir, hay mayor demanda de pesos y en una economía bimonetaria la estabilidad y crecimiento genuino de la demanda de dinero depende del tipo de cambio esperado a futuro y esto depende de la acumulación de reservas. Es un proceso que lleva tiempo y puede tener contramarchas. Pero si uno piensa en la acumulación genuina de reservas, uno tiene que pensar que en el fondo eso trasunta un problema fiscal, visto con ojos ortodoxos. Es que lo que indica es que en realidad el superávit fiscal necesario dado el requisito de comprar reservas le pone una mayor presión a la política fiscal. Las reservas son como una transferencia a una caja de seguridad que tranquiliza a la ventanilla fiscal del pago de servicio e intereses de la deuda. Es decir, que la explicación ortodoxa es que la inflación no baja porque la demanda de dinero es inestable porque hay pocas reservas y el resultado fiscal no es lo suficientemente superavitario para acumular reservas por esta vía y, por lo tanto, depende de la inestabilidad de la demanda de dinero. La explicación heterodoxa es que existen otros factores, que siempre se explican por la combinación de shock más inercia. Por ejemplo, sube la carne y eso trae inercia, suben las tarifas y también y sube la banda cambiaria y también. El salario, que era uno de los vehículos de transición en esta hipotesis, hoy no puede decirse que explique la inercia inflacionaria. Sea por razones ortodoxas u heterodoxas o una combinación de ambas existe un efecto sobre expectativas que en los últimos 15 años ha tendido a hacer gravitar la expectativa de inflación hacia una norma: el 2% mensual, así como EE.UU. tenía una norma del 2% anual en la cabeza de los agentes económicos. Para romper esa inercia de expectativas se necesita un cambio de régimen de expectativas. Y las reservas son un ingrediente crítico. Por ello el retiro parcial del apoyo de EE.UU. en materia de intervencion no es bueno y pone la pelota del lado argentino para acumular reservas.

–Fernando Morra: Lo que dicen algunos libros, no todos, los que leen los libertarios no, es que tenés tres problemas interrelacionados cuando uno ve una dinámica inflacionaria crónica. Uno es fiscal, es decir, problemas para el financiamiento del sector público. El segundo es el problema externo, o sea, no tener reservas o tener vencimientos muy fuertes de los pasivos externos. Y el tercero es el cambio en los comportamientos de la economía, vamos a llamarlo 'la gente empieza a indexar, empieza a demandar moneda extranjera como forma de ahorro'. Veníamos de un contexto inverosímil de la política del ministro de Economía, Sergio Massa, con política fiscal expansiva, un esquema cambiario totalmente caótico, con pérdida de reservas múltiples. Y la consecuencia de eso es que entrás en un proceso de alta inflación, del 25% mensual. Los primeros meses, este gobierno fue bastante pragmático, pero el diseño de lo que hizo en esos meses te explica que tengas problemas. Todos los programas de estabilización tiene dos etapas. En la uno no podés prometer al mismo tiempo que vas a hacer un ajuste fiscal, acumular reservas y bajar la inflación, porque acumular reservas requiere que compres dólares y emitas pesos o que subas el tipo de cambio, que es lo que hizo Milei al principio. Que bajes el déficit fiscal en parte implicaba actualizar las tarifas. Todo eso llevaba a que en ese primer proceso a la inflación le va a costar estabilizarse. ¿Qué haces en esos momentos? Tratás de acomodar las cuentas fiscales, acumular reservas y ordenar los vencimientos financieros.

–¿Y qué es lo que hizo en la mitad de camino el Gobierno que ahora genera la inflación?

–Morra: Si vos mirás el Plan Real (Brasil, 1994) pasó lo mismo, si vos mirás la convertibilidad pasó lo mismo. Hay una etapa donde nadie anunció todavía el programa y vos estás haciendo cosas para acomodar lo fiscal y acomodar el frente externo. Esa etapa es la que el Gobierno se salteó. El Gobierno directamente dijo devaluamos, sinceramos los precios, hago el ajuste fiscal y la inflación se va a caer como un piano. Y ahora es demasiado tarde para volver a hacerlo. Cuando se lanzó el programa con el Fondo, dijimos 'tengamos cuidado porque están siendo demasiado optimistas con la cantidad de dólares que esta economía puede generar'. Después de un año, el balance del Banco Central estaba igual o peor que antes, tenías la misma cantidad de reservas netas. No hiciste nada para romper la indexación, no hiciste nada para romper la demanda de dolarización. Dijiste 'con el déficit fiscal alcanza para todo'. No alcanzó. Cuando vos abriste el cepo, la gente fue y compró dólares. La indexación de contratos sigue adentro de la economía. Eso te pone un piso a la inflación que es demasiado alto.

–¿Qué va a pasar con la inflación en 2026?

–Rapetti: La evidencia empírica internacional te muestra que es mucho más fácil bajar de 20% de inflación mensual al 2 o 3 que del 3 o 2 a casi cero. Lleva mucho tiempo. Hay un caso de libro de texto que es el de Israel, que bajó de tres dígitos a 20 y pico, pero está alrededor de 15 años tratando de bajar de de ese 20% a estándares internacionales. Colombia y Chile arrancan la década del 90 con inflación en torno al 30% y bajar a estándares internacionales les toma unos cuantos años. Eso tiene que ver con las inflaciones moderadas, que es lo que estudió Morra, son más difíciles de bajar. Te lleva más tiempo: ocho, diez años. Hay un desafío: es complejo explicarlo. Los ajustes de precios no se dan con tanta sincronicidad, un mes ajustan algunos, otro mes ajustan otros. Entonces la coordinación para que todos bajen al mismo tiempo es más complicada que cuando todos los actores cambian precios el mismo mes.

–Navajas: Sin shocks vamos a romper este escalón de 2% a mediados de año y, aunque no por mucho vamos a terminar con una inflación anualizada hacia adelante más cercana al 15/20%.

–Morra: En la etapa uno no acumulaste reservas, faltó trabajar con los vencimientos financieros. O sea, dar alguna garantía de que los vencimientos en dólares los tenías despejados. Ahora supuestamente debería estar lanzando la etapa dos, donde tratás de quebrar los comportamientos. En la convertibilidad, cambiaste el signo de la moneda, anunciaste el 1 a 1 (con el dólar), prohibiste la indexación y obviamente también hablaste con los sindicatos. Ese quiebre no está. Y tenés los problemas que vienen de la fase uno. El segundo problema que tenés ahora estás tratando de hacer lo que no hiciste en la fase uno. Y además vos no le podés pedir dos veces a la gente que se ajuste. Porque una de las cosas que tienen estos programas es que en la etapa uno hacés toda la parte donde el capital político te da para realizar esas correcciones que son dolorosas, bajar el gasto. Pero en la etapa dos, la economía, una vez que vos hiciste cuestiones para romper la inercia, la indexación, la demanda de dólares, tenés despejado los vencimientos financieros, no entrás en una dinámica de ajuste, sino en una de crecimiento, le mostrás el resultado del programa a la población. Entrás en una especie de dinámica de ajuste continuo que tiene pocos resultados en términos de actividad, que es un poco lo que estás viendo ahora. Mi impresión es que eso no va a cambiar demasiado en el año.

AR/MG

La inteligencia artificial (IA) no está generando una ola de despidos masivos, pero ya produce impactos sectoriales y presiona especialmente sobre los trabajadores jóvenes y las tareas fácilmente automatizables. Así lo afirma un informe de la consultora internacional Oxford Economics, que analizó datos del mercado laboral de Estados Unidos y proyectó escenarios posibles a futuro.

Según el estudio, publicado este miércoles, no hay pruebas concluyentes de que la IA esté provocando un desempleo generalizado ni una destrucción acelerada de puestos de trabajo a nivel macroeconómico. En los primeros 11 meses de 2025, se atribuyeron a la IA apenas 55.000 despidos en Estados Unidos, lo que representa el 4,5% del total registrado en ese período, de acuerdo a cifras de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

En contraste, más de 245.000 despidos respondieron a causas tradicionales como condiciones del mercado, reestructuraciones o reducción de costos. “Aunque cada vez más compañías vinculan sus recortes a la IA, la mayoría de los despidos siguen respondiendo a razones históricas más comunes”, explicó Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics.

“Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años”, afirmó May, quien también advirtió que algunas empresas podrían estar utilizando el argumento tecnológico como coartada para justificar decisiones que en realidad responden a otras causas, como contrataciones excesivas previas o caídas en la demanda.

A pesar de este diagnóstico moderado, el informe no niega el potencial disruptivo de la IA, sino que sostiene que su impacto será progresivo y desigual, dependiendo del sector, la calificación del empleo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. “Las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala, pero eso no significa que el proceso no esté en marcha”, resumió May.

Entre los sectores ya afectados, el informe menciona puestos administrativos, tareas de soporte técnico, producción de contenido rutinario y análisis de datos básicos, todos empleos expuestos a herramientas de automatización o asistencia por IA. En muchos casos, se trata de primeros empleos para jóvenes con estudios superiores, que ven bloqueado su ingreso al mercado o se enfrentan a mayor rotación y precarización.

De hecho, Oxford Economics señala que el aumento del desempleo entre personas universitarias recién incorporadas al mercado laboral podría estar vinculado al uso creciente de IA para tareas que antes realizaban esos perfiles. Sin embargo, el informe también aclara que esta tendencia se superpone con factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en sectores clave y el incremento en la cantidad de graduados.

La combinación de automatización, reducción de costos y cambios estructurales obliga a repensar políticas de transición laboral, según Oxford Economics. Entre las herramientas posibles, el informe sugiere capacitación continua, esquemas de reconversión productiva, fortalecimiento de los sistemas de protección social y regulaciones claras sobre el uso de IA en el empleo.

Para los países con mercados laborales más informales o con menor cobertura sindical, la expansión de la IA puede profundizar las desigualdades existentes si no se diseñan políticas activas que acompañen la transformación. En contextos como el argentino, donde el empleo joven ya enfrenta niveles altos de informalidad, rotación y subocupación, la automatización temprana de tareas de ingreso podría agravar ese panorama.

El documento concluye que la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial no ocurrirá de forma repentina, pero sí transformará de manera profunda las condiciones laborales en los próximos años. Lejos de un “colapso del empleo”, lo que se vislumbra es un proceso lento, segmentado y con impactos diferenciados, que requerirá monitoreo constante y respuestas políticas ajustadas a la realidad de cada mercado laboral.

JJD, con información de la agencia EFE

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Ministerio de Salud de la Nación salió este lunes a negar que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) haya sido desmantelado, en medio de denuncias de familias, profesionales de la salud y organizaciones médicas que alertan por el impacto de la medida en la atención de miles de bebés y niños con malformaciones cardíacas.

Colectivos de familias de pacientes con cardiopatías congénitas y referentes del sector sanitario difundieron comunicados y declaraciones críticas tras la desvinculación de los siete profesionales especializados que integraban hasta finales de 2025 el equipo técnico del PNCC, una política pública que funcionaba desde 2008 y fue consagrada por la Ley 27.713.

Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses advirtieron que la desvinculación del equipo técnico implica “riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta, demora en derivaciones y cirugías, y ruptura de la Red Federal de atención”.

Una de las impulsoras de la ley, Lucía Wajsman, subrayó que “lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, y denunció que ya existen casos de pacientes que quedaron en lista de espera por demoras en derivaciones fundamentales, consignó Tiempo Argentino.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) también expresó su preocupación: en un comunicado destacó que la desarticulación del programa atenta contra la continuidad de un equipo con experiencia acumulada en más de quince años y solicitó a las autoridades reconsiderar la medida.

La excoordinadora del PNCC, Alejandra Villa, señaló en carta abierta que sin un centro médico coordinador con cardiólogos de distintos hospitales y sin un modelo federal de derivación y tratamiento, el programa pierde su esencia y constituye “un grave retroceso para la salud pública”.

La versión oficial: reorganización sin afectación de la atención

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en redes sociales rechazando la narrativa de desmantelamiento. El texto oficial sostiene que “el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”, aunque admitió que se llevaron a cabo cambios en su estructura de personal.

Según la cartera, en 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —a juicio del ministerio— justificó una “reorganización y optimización de su funcionamiento, sin afectar la atención”. El Ministerio agregó que el personal desafectado respondió intentando “vaciar el programa” al renunciar en bloque.

En el mismo comunicado se afirma que, “a pesar de ello, en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención”, y que el programa “continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”.

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue diseñado para articular la derivación, el traslado, la atención y el seguimiento de niños y niñas con malformaciones cardíacas, y con el tiempo consolidó una red federal que permitió disminuir los índices de enfermedad y muerte en miles de pacientes. A través de este esquema se realizaban alrededor de 800 cirugías por año y se tramitaban más de 6.000 notificaciones anuales.

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

El ajuste en el sistema científico ya empezó a traducirse en efectos concretos que exceden a los laboratorios. Diagnósticos que no llegan, desarrollos que se frenan, controles que dejan de hacerse y tratamientos que se vuelven inviables forman parte de una misma cadena que conecta el desfinanciamiento con la vida cotidiana. “Es una catástrofe, es volver a la edad de Piedra”, advierten científicos del sector. “Toda una generación va a ser sacrificada para recomponer estos dos años de destrucción y, si esto se extiende, los efectos van a ser irreversibles”, coinciden, palabras más, palabras menos, todos los entrevistados consultados por elDiarioAR.

“La ciencia está todos los días en la sanidad de los alimentos, en el agua potable, en el transporte, en los medicamentos y en las vacunas”, explica Raquel Chan, la investigadora que lideró el desarrollo del trigo transgénico tolerante a la sequía HB4, aprobado el año pasado sin restricciones para su cultivo en Estados Unidos. Pese a ese logro de proyección internacional, señala que su equipo, si bien recibe financiamiento de “Redes de Alto Impacto”, atraviesa hoy una situación crítica porque “la ciencia no se puede hacer en forma aislada”.

En los laboratorios universitarios y del CONICET, el impacto se expresa en proyectos suspendidos o directamente paralizados. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, describe investigaciones que no pueden avanzar por falta de insumos básicos o de recursos para pruebas indispensables.

“Desde el desarrollo de ingredientes alimentarios con antioxidantes hasta el control de calidad de medicamentos y el monitoreo ambiental de ríos, todo está paralizado”, advierte. “Sin campañas, equipos ni personal técnico, esos trabajos dejan de realizarse y sus efectos empiezan a sentirse fuera del ámbito científico. Desfinanciar la ciencia es la muerte de un país”.

La pandemia, agrega Levi, expuso hasta qué punto esas capacidades son estratégicas. “Hisopos, tests, barbijos, insumos críticos, todo eso lo desarrolló el sistema científico argentino. Nada aparece de la nada”, recuerda. “Todo lo que usamos a diario -desde análisis clínicos y vacunas hasta alimentos, telas para enfríar o transporte- fue posible porque, en algún momento, los países decidieron financiar investigación científica”.

La parálisis también alcanza áreas menos visibles pero centrales para las políticas públicas. Según Francisco Gelman Constantin, becario y delegado gremial del Conicet, sin producción de conocimiento actualizado se dañan procesos como los programas educativos focalizados o las mejoras habitacionales en territorios vulnerables, que dependen de diagnósticos locales recientes. Algo similar ocurre en la salud: investigaciones genéticas que permiten personalizar tratamientos oncológicos se realizan hoy en laboratorios al borde de detenerse por falta de reactivos y de personal. “El efecto no siempre es inmediato, pero se frena la cascada. Lo que no se investiga hoy deja de ser posible mañana”, resume.

En el campo biomédico, las consecuencias ya son directas. Jorge Geffner, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, UBA–CONICET), señala que el ajuste forzó la salida de investigadores y dejó proyectos estratégicos completamente detenidos, entre ellos estudios orientados a la cura del VIH y a tumores agresivos del sistema nervioso. Gelffner asegura que las iniciativas aprobadas sin financiamiento limitan diagnósticos tempranos y mejores decisiones terapéuticas, mientras la reducción de políticas de prevención y testeo agrava problemas sanitarios existentes. “Avances que podrían mejorar la vida de miles de personas quedan suspendidos indefinidamente”, advierte.

“Destrucción irreversible”

En 2025, el gasto real del CONICET cayó 17% interanual y acumuló una reducción del 32% respecto de 2023, según el Instituto Argentina Grande (IAG). El ajuste alcanzó también a la Agencia I+D+i, el INTI y el INTA. Las universidades nacionales lograron amortiguar parcialmente el impacto tras meses de conflicto presupuestario, aunque aun así registraron una baja real del 1,5%.

Lejos de tratarse de un proceso transitorio, distintas voces del sistema científico advierten que la pérdida de recursos ya está provocando un daño estructural. “La ciencia necesita masa crítica y una historia acumulada. Cuando eso se pierde, reconstruirlo no lleva meses ni años, sino generaciones, o incluso puede volverse irreversible”, señala Levi, integrante de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT).

Un presupuesto que consolida el ajuste

El escenario se agravó con la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei. La ley mantiene una reducción del gasto real del 2,5% interanual y deroga la garantía legal que fijaba un piso mínimo de inversión para el sistema científico (0,52% del PBI). Según Chequeado, el gasto en ciencia y tecnología caerá 10,7% en términos reales este nuevo año, consolidando el ajuste iniciado en 2024.

Para el IAG, la escasez de recursos responde también a decisiones fiscales que resignaron recaudación y luego se utilizan como argumento para justificar el recorte. Con esos ingresos, sostienen, hubiera sido posible mantener un presupuesto del CONICET equivalente al de 2023 o garantizar la continuidad de convocatorias hoy suspendidas.

Proyectos anulados y una cadena que se corta

A la poda presupuestaria se sumaron decisiones administrativas que profundizaron la incertidumbre. Las direcciones de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET denunciaron la anulación de convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre del PICT 2023 y nuevas modalidades que excluyen áreas completas del conocimiento, en especial las ciencias básicas. Proyectos evaluados y aprobados quedaron sin financiamiento.

Los PICT son una herramienta central porque financian insumos, equipamiento, mantenimiento de laboratorios y formación de recursos humanos. “La Agencia I+D+i es el corazón del sistema científico”, explica Levi. “La ciencia no se divide entre básica y aplicada, es un continuo. Cuando se corta un eslabón, se pierde todo”.

El ajuste golpea con más fuerza en las provincias. “Hay institutos del interior que no pueden pagar un pasaje para usar equipamiento en una gran ciudad”, describe.

Salarios que no alcanzan y controles que expulsan

El deterioro también se expresa en las condiciones laborales. Según el delegado Gelman, los salarios perdieron alrededor del 40% de su poder adquisitivo real, mientras que en la Agencia I+D+i permanecen congelados desde hace casi dos años. Las becas doctorales rondan los 700 mil pesos y las posdoctorales los 950 mil, con un salario promedio apenas por encima del millón.

En ese contexto, comienzan a aparecer casos de científicos que toman otros trabajos, desde oficios hasta servicios informales. Sin embargo, el CONICET exige exclusividad laboral y, según denuncian desde el gremio, los controles se volvieron más exhaustivos. “Se cruzan datos de manera cada vez más minuciosa y se usan esas incompatibilidades como pretexto para reducir la planta”, advierte. Las sanciones incluyen la cancelación de becas y la obligación de devolver ingresos, lo que en la práctica funciona como un despido.

Laboratorios vacíos y consecuencias directas

La falta de insumos y personal implica investigaciones suspendidas con impacto directo en la sociedad. El sistema científico también participa en peritajes judiciales, control de agua y alimentos, asesoramiento legislativo y servicios tecnológicos.

En áreas como VIH, cáncer y tuberculosis, el ajuste ya dejó daños concretos. Geffner advierte que cerca del 90% de los grupos de investigación quedó sin financiamiento. Entre los proyectos paralizados hay estudios sobre cura del VIH, glioblastomas y coinfección VIH-tuberculosis. En su instituto se perderán 11 profesionales en pocos meses y el ingreso a la Carrera del Investigador se redujo en torno al 80%, dejando sin horizonte a una generación formada durante años.

En paralelo, se desmantelaron áreas estatales de prevención y testeo. En un país donde hasta el 30% de las personas con VIH no conoce su diagnóstico, la caída de campañas implica más contagios evitables, según el investigador.

El resultado del ajuste en ciencia es una “fuga creciente de talentos”, situación que los especialistas consideran como lo más “dramático”. Equipos con décadas de trabajo se desarman y se interrumpe el retorno de científicos formados en el exterior. “Cuando la masa crítica cae por debajo de cierto nivel, la reconstrucción deja de ser solo difícil y pasa a ser inviable”, alerta Levi. Y Chan concluye: “El desfinanciamiento no solo frena o anula proyectos sino que desalienta a los jóvenes a involucrarse en carreras científicas y genera las consecuencias más graves a mediano y largo plazo”.

LN/MC

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

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México y Argentina atraviesan realidades opuestas en materia de política salarial. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con sindicatos y empresarios un aumento del 13% en el salario mínimo para 2026, en Argentina el Consejo del Salario fracasó por falta de acuerdo y el Gobierno impuso por decreto un incremento muy inferior, sin respaldo sindical ni consenso tripartito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el ajuste anunciado esta semana, que llevará el salario mínimo nacional de 278,8 a 315,04 pesos diarios (US$17,26). El acuerdo incluye un componente inflacionario del 6,5% y un “monto independiente de recuperación” que refuerza el poder adquisitivo, con el objetivo explícito de que el salario cubra el 100% de la línea de bienestar.

“Es una decisión histórica y consensuada que fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, señaló la Coparmex en un comunicado.

En Argentina, aumento sin acuerdo y por debajo de la inflación

En cambio, en Argentina, el Consejo del Salario fracasó la semana pasada, cuando empresarios ofrecieron una suba de apenas $4.000 sobre los $322.200 congelados desde agosto. La CGT rechazó la propuesta oficial y exigió una recomposición del 71,6% para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy ubicada en $1.176.852.

Frente al desacuerdo, el Gobierno impuso de manera unilateral un cronograma de aumentos por decreto, que llevará el salario mínimo a $376.600 en agosto de 2026, un incremento interanual del 17% y apenas un 3,9% de suba en el primer mes, muy por debajo de la inflación proyectada.

“El laudo impuesto consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, denunció la CGT. La central obrera remarcó que la decisión del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no se corresponde con los niveles de pobreza ni con el costo de vida real.

Dos caminos, dos modelos

El contraste entre ambos países vuelve a poner en primer plano las diferencias de enfoque político. En México, el aumento salarial fue definido en el marco del Consejo Nacional de los Salarios (Consami), tras más de 40 foros con participación de más de 2.000 representantes, incluidos gremios y empleadores. En Argentina, en cambio, los acuerdos tripartitos están quebrados y el Gobierno deslegitima la participación sindical en la negociación de los pisos salariales.

La iniciativa mexicana además contempla aumentos diferenciados para la frontera norte, donde el salario mínimo alcanzará 440,87 pesos diarios (US$25,15), con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y acompañar el costo de vida local.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, también con respaldo de empresarios, bajo un esquema progresivo que incluye a las mipymes.

Una política salarial al servicio del trabajo

En México, el objetivo declarado es que para 2030 el salario mínimo supere en 2,5 veces el valor de la canasta básica, lo que implicaría una mejora real del poder de compra y una estrategia de redistribución con consenso social.

En Argentina, por el contrario, el salario mínimo se mantiene como un umbral desconectado de la realidad, que no llega a cubrir ni un tercio de una canasta básica para una familia tipo. Aun así, sigue siendo una referencia clave para programas sociales, prestaciones por desempleo y convenios colectivos.

Los dos gobiernos enfrentan contextos económicos distintos, pero la diferencia no es solo macroeconómica: es política. En uno, el salario se negocia; en el otro, se impone. En uno, se piensa en términos de bienestar; en el otro, en términos de recorte.

JJD

La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

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La construcción profundizó su retroceso en agosto: la actividad cayó 6,7% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La baja afecta tanto a la obra pública como a los emprendimientos privados y acentúa la fragilidad laboral de un sector históricamente volátil y precarizado.

A pesar de un leve repunte mensual de 1,6% en la serie desestacionalizada, el indicador acumuló en los primeros ocho meses del año una caída del 4,9% respecto al mismo período de 2024. El informe también reveló un desplome en la demanda de insumos clave, lo que anticipa una contracción más profunda en los próximos meses.

Los envíos de asfalto cayeron 26,6% interanual y los de hierro redondo y acero para la construcción, 21,6%. También se desplomaron los despachos de cal (-19,3%), cemento portland (-8,7%) y placas de yeso (-8,5%). La única suba relevante fue en mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza de 20,1%, posiblemente asociada a obras menores o refacciones.

Según la encuesta cualitativa que acompaña al ISAC, las empresas que se dedican principalmente a obra pública declararon que el principal factor que limita la actividad es la falta de presupuesto oficial. Un 52,6% de ellas lo mencionó como principal obstáculo, seguido por los atrasos en las certificaciones y pagos. En cambio, las empresas del sector privado apuntaron como principales trabas a la caída de la demanda y los costos financieros.

La contracción de la obra pública tiene consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en las provincias, donde la construcción es uno de los principales dinamizadores del trabajo informal o temporario. Aunque el informe no incluye cifras actualizadas sobre empleo registrado, los indicadores indirectos muestran que el parate ya afecta a miles de trabajadores de la construcción, muchos de los cuales dependen de contratos breves, subcontrataciones o changas.

En un contexto de alta inflación y escasa inversión, la caída en la actividad pone en riesgo tanto la continuidad de los proyectos como el sustento de las familias trabajadoras que viven del andamio, el cemento y la obra. Mientras tanto, el Gobierno recorta partidas y prioriza el ajuste fiscal, dejando en pausa obras clave en infraestructura, vivienda y caminos.

Los datos de agosto confirman que el freno en la construcción no es solo un dato macroeconómico, sino una alerta sobre el impacto directo en uno de los sectores más intensivos en empleo del país.

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En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley de autoría de diputados de izquierda que abrazan la idea de reducir la jornada laboral. Pero esas iniciativas funcionan también como una excusa política para apuntar contra uno de los escándalos laborales más visibles del momento: los incumplimientos de los fallos judiciales que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos por Georgalos. En su narrativa, la izquierda plantea que la negativa patronal no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más general de precarización bajo el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los proyectos parlamentarios del Frente de Izquierda no solo proponen una jornada más corta; también se apoyan en denuncias de atropellos contra trabajadores en conflicto, con Georgalos como emblema. En particular, uno de los proyectos es presentado por Christian Castillo (PTS-FIT Unidad), quien ha utilizado cada paso del trámite como altavoz para denunciar el conflicto de la firma de golosinas.

Aunque los textos legislativos tienen fundamentos propios —argumentan que la jornada de ocho horas es obsoleta, que la automatización y el teletrabajo requieren una nueva regulación, que reducir tiempo de trabajo puede prevenir desempleo— Castillo y el bloque del FIT lo vinculan explícitamente al caso Georgalos. En sus intervenciones públicas y parlamentarias ha señalado que la persistencia de despidos y el desconocimiento de los fallos judiciales revelan “el plan del ajuste patronal respaldado por el Estado”.

En redes sociales, Castillo afirmó: “Con los trabajadores de Georgalos que reclaman que la empresa cumpla los fallos de reinstalación por despidos ilegales. Todo nuestro apoyo”. En un acto frente a la planta de la empresa en Victoria, el 3 de octubre de 2025, estuvieron presentes diputados del FIT Unidad, quienes exigieron que la empresa cumpla con los mandatos judiciales que ordenan la reincorporación de al menos cuatro trabajadores.

Qué es Georgalos y cómo estalló el conflicto

Georgalos es una empresa histórica de la industria alimenticia argentina, conocida por producir golosinas y snacks. En junio de 2025, la planta ubicada en Victoria (San Fernando, Buenos Aires) despidió a cinco trabajadores con más de 20 años de antigüedad, acusándolos de “sabotaje” durante medidas de fuerza gremiales. Los trabajadores afirman que la empresa redujo dotaciones por máquina y aumentó ritmos de producción, lo que provocó fallas y pérdida de premios salariales.

El conflicto derivó en medidas de fuerza impulsadas por el STIA, que fueron respondidas con despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero Georgalos no la acató. Luego llegaron los fallos judiciales: tres jueces laborales ordenaron la reinstalación de trabajadores y fijaron multas por incumplimiento. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso a planta, incluso después de recibir notificaciones formales.

Al menos tres de los despedidos cuentan con fueros gremiales por haber sido candidatos en las elecciones internas del gremio de la alimentación. El caso de Alejandro Martínez, con fallo favorable, es paradigmático: fue derivado a un control médico sin sentido, usado por la empresa como excusa para dilatar su ingreso.

Despidos bajo Milei: ajuste, recesión y desprotección laboral

El conflicto de Georgalos no es una excepción. En 2025, bajo el Gobierno de Javier Milei, los despidos se multiplicaron en el sector privado, mientras el Estado recortó plantillas, suspendió obras y eliminó programas sociales. El ajuste se aplicó con foco en “bajar la inflación”, pero sin recuperación económica, con salarios reales pulverizados y consumo en caída.

Para el Frente de Izquierda, lo que sucede en Georgalos es un espejo del modelo económico que ejecuta Milei: un mercado laboral sin regulaciones, con justicia laboral debilitada y empresas que desoyen fallos judiciales con impunidad. En palabras de Christian Castillo: “Los despidos van a aumentar por goteo si no hay resistencia organizada. La Justicia falló a favor de los trabajadores, pero la empresa los ignora. ¿Quién gobierna: la ley o los empresarios?”

Los proyectos legislativos para reducir la jornada laboral funcionan en este caso como plataforma de denuncia. La izquierda usa el Congreso como caja de resonancia, frente a un Poder Legislativo que no discute estas iniciativas y frente a un Poder Ejecutivo que no fiscaliza ni hace cumplir las leyes laborales.

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