“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.

Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.

Para pagar gastos esenciales

El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.

Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.

Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.

“Acuerdo entre privados”

Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.

Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.

Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.

La abogada laboralista Tamara Bezares señala a los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.

Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.

Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó a una movilización nacional para este miércoles bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha”. La concentración central será a las 16 en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la convocatoria —difundida a través de redes sociales— llama a replicar la protesta en plazas, centros de investigación y universidades de todo el país. La convocatoria invita a asistir con la camiseta de la selección argentina, bajo la consigna de “defender a la Argentina”.

La marcha llega pocos días después de que se conociera la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados por decisión del Gobierno. El delegado de ATE en el organismo, Juan Manuel Sueiro, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que la decisión no solo implica la pérdida de puestos de trabajo sino el desmantelamiento de líneas de investigación en áreas como nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo se apoya en un deterioro presupuestario sostenido. Según cálculos del portal Chequeado, entre 2023 y 2026 el presupuesto de la función “Ciencia y Técnica” cayó un 50,2% en términos reales, mientras que el propio Gobierno reconoció ante el Congreso una baja de al menos el 40% en el mismo período. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una pérdida del 40,5% desde noviembre de 2023, y los trabajadores científicos encuadrados en el SINEP, del 32,2%. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal financiadora de proyectos científicos, no abre nuevas convocatorias desde diciembre de 2023.

El ajuste no se limita al Conicet. Según denunciaron gremios del sector, el recorte también alcanza a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde se interrumpieron proyectos con más de quince años de desarrollo. Especialistas consultados por distintos medios advirtieron además sobre una nueva ola de emigración de investigadores hacia países como Brasil, Chile y Uruguay, en un fenómeno que comparan con la fuga de científicos de los años noventa.

La convocatoria del 12 de agosto se suma a un ciclo de movilizaciones del sector educativo y científico que se viene sosteniendo a lo largo del año, entre ellas la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, motivada por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada en 2025. Distintos gremios docentes y de investigadores vienen reclamando la recomposición salarial y la reactivación del financiamiento para ciencia, tecnología y educación superior, en un contexto en el que el sector advierte que la inversión en ciencia y técnica se ubica en su nivel más bajo en más de dos décadas.

El doctor en biología Laureano Bragado será uno más de los 6.000 investigadores que, según la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dejen el sistema científico de Argentina en dos años y medio de gobierno de Javier Milei. Son las cifras con las que la Academia alerta sobre una fuga de cerebros. El Gobierno las niega. Pero Bragado se convertirá pronto en otro científico emigrado: se irá a Harvard porque, dice, aquí no tiene presente.

Bragado, biólogo del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, resume su experiencia: “Gané un concurso para ser investigador asistente y nunca me dieron el alta. Y quizás algún día ocurra, pero este gobierno no promete, no cumple. No logramos ingresar mucha gente que está en esa situación. Y además hay otro problema, que hay un desfinanciamiento gigante en cuanto a hacer experimentos: no hay subsidios ya nacionales, que nosotros teníamos antes mucho”.

El gobierno de Milei aplica la motosierra a casi todo el sector público con el doble objetivo de reducir la inflación y achicar el Estado. La inversión en ciencia pasó del 0,3% del PBI —un tercio de la que destina Brasil— a apenas el 0,1%. También emigran otros científicos que enseñaban en la universidad pública y trabajaban en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que hoy funciona bajo custodia policial para evitar protestas.

Guadalupe Aparicio, física argentina que emigró a Italia, describe la situación en su antiguo instituto: “Había un fuerte desfinanciamiento que no me permitía llevar adelante las tareas de investigación básicas. Y por otro lado, una situación de amedrentamiento bastante fuerte, porque hoy en día el instituto se encuentra básicamente militarizado. Tenemos Policía de la Ciudad en la puerta del instituto y Gendarmería, que ya está instalada adentro”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descalificó como “kirchnerista” la alerta de la Academia de Ciencias, pero su vicepresidente, el químico Galo Soler Illia —militante de la Unión Cívica Radical (UCR)—, advierte que Argentina está dilapidando las bases de su sistema científico.

Galo Soler Illia, vicepresidente de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales de Argentina, planteó: “El Gobierno, a mi juicio, está muy equivocado en creer, o en suponer, en su modelo que solamente los privados van a desarrollar ciencia. Eso no ocurre en ningún país del mundo, ni en Israel ni en Estados Unidos. Es un modelo sumamente equivocado que va a llevar a una pérdida enorme de competitividad argentina”.

El ajuste del Estado argentino también llevó a la paralización de la construcción de un reactor nuclear de diseño propio y a la cesión de tierras para instalar otro de la firma estadounidense Ansari Group, cuyo propietario es un empresario emigrado de Irán, aunque a partir de una patente de la empresa estatal argentina Invap. Físicos argentinos que enseñan en Estados Unidos aclaran que un proyecto no reemplaza al otro.

Alfredo Caro, físico y profesor de la Universidad George Washington, matiza: “El Gobierno debería pararlo, pero a través de una auditoría externa independiente que diga cuál es el grado de desarrollo y qué hace falta para terminarlo o para pararlo. Creo que pararlo así se utiliza políticamente, como para decir que es un acto de atacar al conocimiento que desarrolla el sector nuclear, sin justificación”.

El biólogo Bragado, mientras tanto, espera que la embajada de Estados Unidos le otorgue la visa para emigrar. “Sin financiamiento, con sueldos a la miseria, es muy difícil pensar en volver o en volver a hacer ciencia, como a mí me gustaría”, dice. Sueña con volver al Río de la Plata algún día, pero eso dependerá de que la inversión en ciencia vuelva a crecer.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

AR/MC

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

“Un grado de cizaña y una violencia desmedida. A mi me pegaron una piña y a un compañero le cortaron la cabeza de un bastonazo”. Así contó a elDiarioAR uno de los manifestantes cómo la Policía de la Ciudad reprimió este miércoles a media mañana una protesta pacífica sobre uno de los puentes que cruza la avenida General Paz, que conecta la Capital Federal con el conurbano. La actividad se organizó en el partido San Martín para reclamar contra el cierre de 25.000 PyMEs desde que Javier Milei asumió en el gobierno.

“No teníamos la intencion de cortar el tránsito, sino de visibilizar con las banderas. Nos tiraron gases y nos corrieron”, continuó Javier, parte del gremio de no docentes de la UNSAM, que se plegó al reclamo en el que estuvieron Gabriel Katopodis, ex ministro de Axel Kicillof y actual senador provincial; el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y un nutrido número de sindicatos y organizaciones, como el frente que encabeza ATE, Aeronáuticos y Aceiteros.

“Ya fundiste 25.000 PyMEs. Basta Milei”, fue la consigna de la bandera que los manifestantes desplegaron en el puente a la altura del parque Yrigoyen para ser vista por los vehículos que circulan sobre la General Paz. La represión dejó dos heridos.

“En tan solo dos años y medio, el Gobierno destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando un daño social irreparable. Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en conferencia de prensa junto a dirigentes políticos, referentes de ciencia y tecnología, representantes empresariales, universidades nacionales y afines al sector afectado por las políticas de Milei.

Intendentes e intendentas de distintas ciudades del país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos por la administración de Javier Milei y advirtieron sobre el impacto que la medida genera en áreas sensibles como el transporte público, la educación y la discapacidad. El pronunciamiento se realizó en el marco de un encuentro federal de jefes comunales que reunió a representantes de diferentes provincias argentinas.

En un documento conjunto difundido tras la reunión, los jefes comunales sostuvieron que el federalismo “no es una concesión del poder central”, sino un principio establecido por la Constitución Nacional. Además, cuestionaron el esquema de distribución de recursos impulsado por la administración nacional y reclamaron una mayor equidad en el reparto de fondos.

Los intendentes remarcaron que el ajuste fiscal no puede sostenerse a costa de las provincias y los municipios. “El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, expresaron en el texto consensuado durante el encuentro realizado en Rosario.

En ese sentido, denunciaron que la retención de partidas destinadas al transporte público, la educación y la asistencia a personas con discapacidad no constituye una política de ahorro, sino “un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”. Según señalaron, muchas ciudades enfrentan crecientes dificultades para sostener servicios esenciales debido a la caída de transferencias nacionales.

Uno de los principales reclamos apuntó a la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Los jefes comunales exigieron que esos recursos sean coparticipados y lleguen a las administraciones locales, al considerar que actualmente existe una fuerte concentración de fondos en manos del Estado nacional.

Durante la jornada también hubo advertencias sobre las consecuencias sociales y económicas del recorte de recursos. Los intendentes señalaron que la falta de financiamiento afecta directamente el funcionamiento del transporte urbano, las políticas educativas y los programas de contención social, especialmente en las ciudades más grandes del interior del país.

El documento difundido desde Rosario se suma a una serie de cuestionamientos que distintos gobernadores e intendentes vienen realizando en las últimas semanas frente a las políticas de ajuste impulsadas por la Casa Rosada. Los dirigentes locales insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el gobierno nacional para garantizar la sustentabilidad financiera de provincias y municipios.

JIB

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

El sistema universitario nacional volverá a movilizarse el próximo martes 12 de mayo con una nueva Marcha Federal Universitaria, en medio de un escenario marcado por recortes presupuestarios, conflictos salariales y denuncias de desfinanciamiento por parte de rectores, gremios y estudiantes. La convocatoria tendrá su acto central en Plaza de Mayo, desde las 17, aunque también habrá manifestaciones en distintas ciudades del país.

La protesta fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de Buenos Aires, junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Allí, uno de los principales oradores fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

“El motivo de esta conferencia es convocar a la sociedad argentina el próximo 12 de mayo, con epicentro en Plaza de Mayo, a un acto central a las 17, también con manifestaciones en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas, en defensa del sistema universitario público argentino, la ciencia y la democracia”, expresó Bartolacci.

El rector sostuvo que las universidades atraviesan “una situación extremadamente delicada” y aseguró que el deterioro presupuestario afecta directamente el funcionamiento de las casas de estudio. “Desde 2023 a la fecha, han caído un 45,6% las transferencias al sistema universitario. En todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades”, afirmó.

Además, remarcó que uno de los puntos más críticos es el atraso salarial que impacta sobre docentes y trabajadores no docentes. “Lo más angustiante es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”, señaló, al tiempo que alertó sobre las dificultades que enfrentan muchos estudiantes para continuar sus carreras debido al deterioro de los programas de asistencia.

Durante su exposición, Bartolacci también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector universitario. “Hemos respetado los canales institucionales, haciendo gestiones nacionales: las respuestas no aparecieron”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

“Cuando el Ejecutivo decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso, fuimos a la Justicia a reclamar su cumplimiento. Tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento y aún así no tenemos respuesta”, lamentó el rector de la UNR.

Finalmente, el dirigente universitario llamó a una participación masiva en la movilización y defendió el rol histórico de la educación pública en el país. “Necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país”, afirmó, antes de concluir: “Hay que defender lo que está bien, lo que nos hace bien, para que futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos nosotros”.

JIB

La exposición de Javier Milei en la cumbre de AmCham Summit 2026 funcionó, puertas adentro del Gobierno, como algo más que una señal al mercado. Fue la ratificación de un esquema de poder que ya venía operando en la práctica: la centralidad del tándem que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger como custodios de la caja y garantes del rumbo del ajuste. Lo que en público se presentó como una reafirmación del programa económico, tras conocerse un número de inflación en alza, en privado fue leído como una advertencia hacia adentro. No habrá margen para desviaciones, ni siquiera en las áreas donde el conflicto ya se volvió visible.

El discurso de Milei no solo apuntó a consolidar la expectativa de inversiones, sino también a ordenar el frente interno. La idea de disciplina fiscal, repetida como mantra, terminó de fijar los límites de acción para el resto del gabinete. En ese esquema, la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo, sino una condición que subordina todas las demás variables, incluso aquellas vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado.

La bajada a sus ministros ya había sido hecha. En la reunión del lunes 6, encabezada por el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó ese mandato con números concretos: reducir un 2% adicional en los gastos corrientes y un 20% en los de capital. No fue una sugerencia. Fue una orden con fecha límite. Los titulares de las carteras deberán presentar sus planes de ajuste antes de fin de mes, en un contexto donde varios ya venían advirtiendo que el margen para seguir recortando se agotó hace tiempo.

Ese pedido no cayó en un vacío. Llega después de meses de “motosierra” sostenida y en medio de un escenario donde empiezan a acumularse tensiones en distintas áreas. En Salud, por ejemplo, la deuda con prestadores del PAMI se convirtió en uno de los focos más visibles. En otras carteras, los recortes ya empezaron a impactar en la capacidad operativa. Aun así, la respuesta que baja desde el núcleo económico es siempre la misma: el ajuste no se negocia.

En ese punto, el rol de Caputo y Sturzenegger —otrora enemigos íntimos en tiempos de Mauricio Macri, cuando también compartieron gobierno— excede lo técnico. Funcionan como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía administra el flujo de recursos y define prioridades en función del equilibrio fiscal. Su par de Desregulación empuja la reducción estructural del Estado y bloquea cualquier intento de expansión que no se ajuste a ese esquema. Entre ambos delimitan el campo de acción del resto del gabinete. Lo que no se encuadra dentro de esa arquitectura, no avanza.

La crisis en la obra social más grande la Argentina terminó de exponer ese funcionamiento con mayor nitidez. En medio del conflicto con prestadores y del paro de médicos de cabecera, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cara a cara con Caputo en el que quedó explicitada la lógica que ordena al Gobierno. Según reconstruyen distintas fuentes, el titular de Economía no se comprometió a ampliar partidas y, por el contrario, dejó en claro que el sendero fiscal no se modifica. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. 

Esa sentencia funcionó como una síntesis del momento. El Ministerio de Salud se vio obligado, días después, a disponer fondos propios para intentar descomprimir la situación en el PAMI, con un giro de $150.000 millones destinado a comenzar a regularizar pagos atrasados a prestadoras. Un movimiento que permitió aliviar parcialmente la cadena financiera, pero que no alteró el cuadro de fondo.

Mientras se intentaba desactivar ese frente, el conflicto con los médicos seguía abierto por el cambio en el esquema de cápitas. Y en paralelo, las protestas de jubilados comenzaban a multiplicarse en distintas ciudades del país, en reclamo por la falta de medicamentos y la caída en la calidad de la atención. Tres niveles de presión simultáneos sobre un sistema que, aún con recursos adicionales, no logra estabilizarse.

La lectura que circula en algunos despachos es que el PAMI se convirtió en un caso testigo de los límites del modelo. No porque el Gobierno esté dispuesto a modificar el rumbo, sino porque expone con mayor crudeza las tensiones que genera su aplicación. Allí, donde confluyen recursos, territorio y demanda social, el ajuste deja de ser una consigna abstracta y se transforma en una experiencia concreta para millones de afiliados.

En paralelo, la decisión de no abrir canales de diálogo con la CGT ni con los movimientos sociales refuerza esa lógica. En la Casa Rosada hablan de “penitencia” para el sindicalismo, en referencia a su ofensiva judicial contra la reforma laboral. La señal es consistente con el resto del esquema. Para La Libertad Avanza, el conflicto no es un factor de negociación, sino una variable que se administra.

En ese contexto, la pregunta que empieza a circular no es si el Gobierno sostendrá el ajuste sino hasta dónde podrá hacerlo sin que las tensiones acumuladas terminen desbordando los márgenes de control. Por ahora, la respuesta es política antes que económica: mientras Caputo y Sturzenegger conserven la llave de la caja, el rumbo seguirá siendo el mismo. En AmCham, Milei apeló a la imagen mítica de Ulises atado al mástil para no ceder ante el canto de sirenas de quienes buscan desviarlo de su objetivo. En la práctica, el Gobierno parece haber elegido atarse a su propio programa, aun cuando alrededor empiecen a escucharse cada vez más fuerte los pedidos de ayuda.

PL/CRM

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

“Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”. La advertencia de Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resume el escenario que atraviesa el organismo, donde avanza un plan de reducción de personal que podría afectar a más de 200 trabajadores sobre una dotación de 787. Esta situación se da en línea con el recorte que el Gobierno viene aplicando en distintas áreas del Estado: en dos años destruyó 63.000 empleos públicos y para 2026 se propuso reducir el 10% de todo el sector (entre 5.000 y 6.000 puestos).

Sin embargo, la discusión alrededor del SMN excede lo laboral. ¿Qué implica, en la práctica, un servicio meteorológico debilitado? Menos datos en tiempo real, menos estaciones operativas y menor capacidad de anticipar eventos. En un aeropuerto, por ejemplo, un despegue podría depender de información incompleta sobre viento o visibilidad. En el campo, un productor podría decidir sembrar o fumigar sin conocer con precisión las condiciones que afectan su cosecha. En una ciudad, una alerta podría llegar tarde o no emitirse.

El SMN produce y distribuye información clave para la aviación, el agro, la energía y la gestión de emergencias. También sostiene el sistema de alertas tempranas ante tormentas, olas de calor o inundaciones. “Es un servicio que muchas veces no se ve, pero se usa todo el tiempo”, señaló Romano. Y explicó que la pérdida de personal impacta directamente en esa cadena. Es decir, menos observadores implica menos datos, y menos datos reducen la calidad de los pronósticos.

Un servicio invisible, con impacto directo

Las consecuencias combinan riesgos cotidianos y efectos económicos. “Un vuelo sin información sobre el estado del tiempo o de las pistas no debería salir por razones de seguridad”, advirtió Romano. A la vez, remarcó que el agro depende de esos reportes para planificar. “El pequeño productor necesita del Servicio para manejar sus cultivos”, sostuvo. Lo mismo ocurre con sectores como la energía o la construcción, que utilizan proyecciones meteorológicas para definir operaciones.

El deterioro se arrastra desde 2023. En ese período, el organismo perdió alrededor de 200 trabajadores entre despidos, jubilaciones y renuncias asociadas a salarios que, según denuncian, no superan los 800 o 900 mil pesos. El impacto ya es visible en estaciones que funcionaban las 24 horas redujeron su cobertura, otras cerraron y algunas operan con dotaciones mínimas. Un nuevo ajuste podría llevar la planta a unos 500 trabajadores, lejos de los 1.200 que un relevamiento interno consideraba necesarios.

El riesgo sobre la red de observación

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que un recorte de esa magnitud podría derivar en un “colapso operativo”. La preocupación está puesta en la red de observación, base de todos los pronósticos. “Podría dejar a ciegas a gran parte del territorio”, señaló su presidenta, Carla Gulizia, al describir el efecto de perder estaciones en distintas regiones.

Un comunicado del cuerpo de delegados de ATE en el SMN plantea un escenario similar, con cierre de estaciones, menor cobertura territorial y dificultades para sostener servicios esenciales. Entre los puntos críticos mencionan la seguridad aérea –por la falta de datos en tiempo real–, la emisión de alertas tempranas y el seguimiento de fenómenos extremos. También advierten sobre el impacto en zonas donde el organismo es la única fuente de medición meteorológica.

Tecnología, ajuste y límites operativos

En paralelo, crece la tensión interna. Trabajadores señalaron que, durante visitas al organismo, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer (manos derecha del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) planteó que se reemplazarán a observadores por sistemas automáticos. La hipótesis incluye reducir la red de estaciones de unas 125 a cerca de 80, lo que implicaría menos puntos de medición en el territorio.

Especialistas advierten que ese cambio no es lineal. “La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza la interpretación”, explicó el investigador del Conicet, Juan Rivera. La diferencia, plantean, no es solo operativa. “Un dato aislado no alcanza sin alguien que lo valide, lo compare y lo integre en un sistema más amplio”, señala. Además, la reducción de estaciones interrumpe series históricas que permiten entender cómo cambia el clima a lo largo del tiempo.

El SMN forma parte de redes internacionales y aporta información que se utiliza dentro y fuera del país. Su trabajo está detrás de decisiones que van desde la suspensión de un vuelo hasta la activación de un protocolo de emergencia. En un contexto de eventos climáticos más frecuentes e intensos, esa información gana peso, avisan los especialistas.

En ese marco, la discusión sobre el ajuste suma otra dimensión. No se trata solo de cuántos trabajadores quedan, sino de qué capacidad conserva el Estado para medir, anticipar y advertir. Si esa cadena se corta, el impacto se traduciría en decisiones tomadas con menos información y, en algunos casos, en riesgos que podrían haberse evitado.

“Estamos frente a una problemática muy grande, con impacto directo en la población y en la economía”, concluyó Rivera.

LN/MG

Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar. 

El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).

Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso

La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.

El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.  

Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.

El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). 

“El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.

Quién paga la comida

Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario. 

En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.

Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. 

“Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.

La reforma laboral

El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.

Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.

La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.

El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre.

El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.

MC

El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a movilizar este lunes 9 de marzo en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una jornada de protesta que incluirá paro docente, movilizaciones sindicales y marchas en distintas ciudades contra “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16.30.

La protesta se realiza un día después del 8 de marzo —fecha oficial de la efeméride— y reune a organizaciones feministas, gremiales y sociales que buscan expresar en las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en las condiciones de vida y trabajo.

Paro docente y adhesión sindical

La jornada tiene impacto directo en el sistema educativo, ya que varios gremios docentes decidieron adherir al paro internacional feminista y participar de la movilización.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió sumarse a la huelga, al igual que el sindicato SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las organizaciones convocaron a participar de la marcha que se realizará por la tarde hacia el Congreso y Plaza de Mayo, en el marco de la jornada internacional de protesta por el Día de la Mujer Trabajadora.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instó a sus sindicatos de base a realizar acciones en todo el país, con modalidades que cada provincia definirá de acuerdo con su organización local.

El paro y las movilizaciones se inscriben en una tradición del movimiento feminista internacional que vincula los reclamos por igualdad de derechos con las condiciones laborales y económicas de las mujeres y diversidades.

La CGT moviliza con su Secretaría de Género

La jornada también tendrá presencia sindical. La Secretaría de Género de la CGT, encabezada por Carla Gaudensi (FATPREN), participará de la movilización con una columna propia junto a otras centrales obreras.

La central sindical definió concentrar a las 16.30 en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, en coincidencia con la convocatoria feminista.

La CGT realizó actividades preparatorias durante los días previos y anunció que presentará un documento con las demandas laborales de las trabajadoras en el contexto económico actual.

El objetivo de esa participación es visibilizar los reclamos vinculados con la situación laboral de las mujeres y las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo, en un escenario de crisis económica y reformas laborales en debate.

Una convocatoria feminista contra el ajuste

La movilización fue convocada por Ni Una Menos, que difundió el llamado a salir a las calles a través de redes sociales y asambleas preparatorias.

En la convocatoria, la organización planteó que la jornada busca denunciar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno nacional y llamó a construir una respuesta colectiva frente al deterioro de las condiciones de vida.

“Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión”, señaló el colectivo feminista en el mensaje difundido para convocar a la movilización.

El movimiento también sostuvo que la jornada forma parte de una tradición internacional de lucha feminista que vincula la igualdad de género con la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.

Marchas en otras ciudades del país

La convocatoria del 9 de marzo tendrá expresiones en distintas provincias.

En Rosario, organizaciones feministas definieron marchar desde la Plaza San Martín hacia el Parque a la Bandera, con consignas que incluyen el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización comenzará por la tarde y finalizará con la lectura de un documento que sintetizará las demandas del movimiento feminista local.

En Salta, la asamblea lesbotransfeminista resolvió convocar a concentrar a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Entre las consignas de la convocatoria provincial también aparece el rechazo a la reforma laboral y la preocupación por el impacto de esas políticas en las condiciones de vida de mujeres y diversidades.

Asueto en Misiones y otras actividades

En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso trasladar al lunes 9 de marzo el asueto administrativo para las mujeres que trabajan en la administración pública provincial.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 328, alcanza a las trabajadoras de la Administración Pública Central, entes autárquicos y organismos descentralizados y busca facilitar la participación en las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

Más convocatorias en la jornada

En paralelo a las movilizaciones feministas, también se realizará una concentración desde las 14.30 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde allí los manifestantes marcharán hacia el Congreso y luego a Plaza de Mayo en el marco de las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La jornada del 9 de marzo reunirá así múltiples expresiones de protesta en el centro porteño, con una fuerte presencia del movimiento feminista y de organizaciones sindicales.

JJD

El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país.

El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018.

Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”.

Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”.

Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”.

El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”.

El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos.

MC

Los trabajadores de Fate, la principal fábrica nacional de neumáticos, llevan adelante nuevos paros y protestas esta semana tras acumular trece meses sin aumento salarial. En el marco de la paritaria 2025, la empresa aún no presentó ninguna propuesta de recomposición, a diferencia de las multinacionales Pirelli y Firestone, que adelantaron pagos del 20% y 24% respectivamente a cuenta de futuros acuerdos.

“Estamos cobrando un salario que perdió más del 30% de poder de compra”, denunció Sebastián Tesoro, operario de Fate, en una entrevista con Somos Radio AM 530. Según explicó, la patronal de la familia Madanes Quintanilla no ofreció ni siquiera un anticipo económico, a pesar de que la inflación acumulada del año supera el 31%. En ese contexto, los trabajadores organizan paros escalonados y cortes de ruta para visibilizar el conflicto.

El caso de Fate no es aislado dentro del sector. Según relató Tesoro, el gremio del neumático enfrenta desde hace tiempo un intento empresarial de dividir la negociación colectiva, avanzando hacia acuerdos por empresa y no por actividad. Esa lógica, hoy impulsada en el Congreso por el Gobierno nacional mediante una reforma laboral regresiva, ya se aplica de hecho en las plantas. “Es un laboratorio de lo que quieren imponer”, señaló.

Actualmente, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se encuentra en plan de lucha frente a las tres empresas que concentran la producción nacional. Mientras Pirelli y Firestone ofrecieron sumas parciales, Fate se mantiene sin diálogo ni señales de negociación. La estrategia empresarial, según los trabajadores, busca quebrar la unidad gremial y consolidar un esquema de presión individualizada en cada planta.

En Fate, las medidas gremiales incluyeron asambleas por turno, paros de hasta ocho horas y cortes en accesos clave a la zona norte del conurbano bonaerense. La fábrica, ubicada en San Fernando, cuenta con más de 1.500 empleados. “No podemos poner comida arriba de la mesa para nuestras familias. Por eso salimos a la calle”, expresó Tesoro.

En paralelo, el conflicto en la fábrica Lustramax —también en el corredor norte, dentro del Parque Industrial de Tortuguitas— revela un patrón similar de ajuste empresario. El pasado 12 de enero, la firma dedicada a la producción de artículos descartables despidió a 29 trabajadores, incluidos delegados gremiales, argumentando una crisis económica. La respuesta fue una asamblea permanente y la denuncia pública por persecución sindical.

“Están despidiendo incluso a delegados. No pagan aportes, no pagan el aguinaldo. Eso es lo que se viene si los trabajadores no lo enfrentamos”, advirtió Tesoro. La intervención política tampoco tardó en llegar: la senadora libertaria Florencia Arietto, referente del oficialismo en la zona, calificó de “parásitos” a los trabajadores en lucha. Desde el movimiento obrero rechazan este discurso como parte de un clima de hostigamiento antisindical que crece al calor de la desregulación laboral impulsada por el Gobierno.

Tanto en Fate como en Lustramax, los trabajadores denuncian maniobras empresariales que anticipan aspectos centrales del programa de reforma laboral del presidente Javier Milei: debilitamiento de los convenios colectivos, pérdida de poder adquisitivo, persecución gremial y retrocesos en derechos adquiridos.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Trabajo ni las autoridades provinciales intervinieron con propuestas concretas para destrabar los conflictos. La falta de un ámbito paritario efectivo y la inacción del Estado como garante del derecho laboral dejan a los trabajadores frente a dos opciones: resignar condiciones o sostener las medidas de fuerza.

“Nosotros venimos desde hace algunas semanas atrás con asambleas, con paros y con cortes de ruta. Porque es la única manera que consideramos nosotros, los trabajadores, que nos permite tener una exposición, para que toda la comunidad, toda la sociedad, se entere de la situación. Vemos a distintos sectores políticos salir a plantear con mucha energía la necesidad de una reforma laboral, que en verdad es bastante esclavista y regresiva, y nosotros vivimos sufriendo las condiciones de trabajo en el neumático. El salario no alcanza para llegar a fin de mes, no podemos poner comida arriba de la mesa para nuestra familia, nuestros hijos. Por eso venimos con ese tipo de acciones. El sábado pasado hubo un paro de ocho horas en el turno mañana y hoy lunes continúa en el turno tarde, de 14 a 22”, anunció Tesoro.

Como se indicó en esta nota de trabajAR, en apenas una semana, la primera de 2026, 386 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en empresas industriales, comercios minoristas y plataformas tecnológicas de la Argentina. Los despidos golpearon a sectores diversos como el textil, la distribución, la petroquímica, la industria alimentaria y el e-commerce, en un contexto marcado por el ajuste del gasto, la caída del consumo y la liberalización comercial impulsada por el Gobierno nacional.

JJD

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, lograron, no sin dolor, bajar la inflación al nivel más bajo en ocho años en 2025, pero desde junio en adelante ha venido subiendo mes a mes. Consiguieron bajarla de un estándar alto, de tres dígitos, de más del 100% anual, a uno moderado de más del 2% mensual, similar a los años kirchneristas de 2007 a 2013. Milei promete hundirla a menos del 1% en agosto. Para entender por qué fue más rápido reducirla de uno a otro nivel y por qué ahora se torna más difícil seguir recortándola, elDiarioAR dialogó con tres economistas que han estudiado los procesos de desinflación de la Argentina y otros países: Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra: Fernando Morra, exviceministro de Economía y director de Suramericana Visión; y Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

–¿Por qué después del éxito del Gobierno de bajar la inflación al menor nivel desde 2017 ahora cuesta más reducirla?

– Martín Rapetti: El análisis muy de corto plazo lleva a que se hagan comparaciones con ruidos en los datos mensuales. Uno tiene que mirar tendencias. Si uno mira la inflación anual, hubo un repliegue muy importante. Entonces hay un proceso de desinflación. Los procesos de desinflación no son siempre lineales. Ahora, ciertamente tenés desde mayo una muy tenue aceleración, efectivamente tenés alguna dificultad para bajar. En ese proceso hubo una depreciación en términos reales muy grande de la moneda. En abril, cuando el Gobierno hace el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) empieza un proceso de flexibilización del tipo de cambio, con algunos saltos abruptos termina en el techo de la banda. No se notó inmediatamente el pasaje a precios, pero se ve muy gradualmente.

– Fernando Navajas: La inflación ha vuelto a situarse en un escalón de más del 2% y muestra una inercia que ha revertido el descenso que se observó en parte de 2025, cuando cayó por debajo del 2% en condiciones fiscales y monetarias restrictivas y con un deslizamiento del tipo de cambio. Que la inflación no caiga mucho ha sido tomado como un consejo por economistas como Ernesto Talvi que en la última conferencia de FIEL hizo una comparación con el caso uruguayo de comienzos de los 90 y dijo que era preferible ir más despacio en la desinflación para poder acumular reservas. Esa sería la idea que está plasmándose ahora en 2026, es decir, puede decirse que se asienta en este cambio de velocidad de convergencia de la inflación. La idea es que esto ocurre porque la economía se va monetizando, es decir, hay mayor demanda de pesos y en una economía bimonetaria la estabilidad y crecimiento genuino de la demanda de dinero depende del tipo de cambio esperado a futuro y esto depende de la acumulación de reservas. Es un proceso que lleva tiempo y puede tener contramarchas. Pero si uno piensa en la acumulación genuina de reservas, uno tiene que pensar que en el fondo eso trasunta un problema fiscal, visto con ojos ortodoxos. Es que lo que indica es que en realidad el superávit fiscal necesario dado el requisito de comprar reservas le pone una mayor presión a la política fiscal. Las reservas son como una transferencia a una caja de seguridad que tranquiliza a la ventanilla fiscal del pago de servicio e intereses de la deuda. Es decir, que la explicación ortodoxa es que la inflación no baja porque la demanda de dinero es inestable porque hay pocas reservas y el resultado fiscal no es lo suficientemente superavitario para acumular reservas por esta vía y, por lo tanto, depende de la inestabilidad de la demanda de dinero. La explicación heterodoxa es que existen otros factores, que siempre se explican por la combinación de shock más inercia. Por ejemplo, sube la carne y eso trae inercia, suben las tarifas y también y sube la banda cambiaria y también. El salario, que era uno de los vehículos de transición en esta hipotesis, hoy no puede decirse que explique la inercia inflacionaria. Sea por razones ortodoxas u heterodoxas o una combinación de ambas existe un efecto sobre expectativas que en los últimos 15 años ha tendido a hacer gravitar la expectativa de inflación hacia una norma: el 2% mensual, así como EE.UU. tenía una norma del 2% anual en la cabeza de los agentes económicos. Para romper esa inercia de expectativas se necesita un cambio de régimen de expectativas. Y las reservas son un ingrediente crítico. Por ello el retiro parcial del apoyo de EE.UU. en materia de intervencion no es bueno y pone la pelota del lado argentino para acumular reservas.

–Fernando Morra: Lo que dicen algunos libros, no todos, los que leen los libertarios no, es que tenés tres problemas interrelacionados cuando uno ve una dinámica inflacionaria crónica. Uno es fiscal, es decir, problemas para el financiamiento del sector público. El segundo es el problema externo, o sea, no tener reservas o tener vencimientos muy fuertes de los pasivos externos. Y el tercero es el cambio en los comportamientos de la economía, vamos a llamarlo 'la gente empieza a indexar, empieza a demandar moneda extranjera como forma de ahorro'. Veníamos de un contexto inverosímil de la política del ministro de Economía, Sergio Massa, con política fiscal expansiva, un esquema cambiario totalmente caótico, con pérdida de reservas múltiples. Y la consecuencia de eso es que entrás en un proceso de alta inflación, del 25% mensual. Los primeros meses, este gobierno fue bastante pragmático, pero el diseño de lo que hizo en esos meses te explica que tengas problemas. Todos los programas de estabilización tiene dos etapas. En la uno no podés prometer al mismo tiempo que vas a hacer un ajuste fiscal, acumular reservas y bajar la inflación, porque acumular reservas requiere que compres dólares y emitas pesos o que subas el tipo de cambio, que es lo que hizo Milei al principio. Que bajes el déficit fiscal en parte implicaba actualizar las tarifas. Todo eso llevaba a que en ese primer proceso a la inflación le va a costar estabilizarse. ¿Qué haces en esos momentos? Tratás de acomodar las cuentas fiscales, acumular reservas y ordenar los vencimientos financieros.

–¿Y qué es lo que hizo en la mitad de camino el Gobierno que ahora genera la inflación?

–Morra: Si vos mirás el Plan Real (Brasil, 1994) pasó lo mismo, si vos mirás la convertibilidad pasó lo mismo. Hay una etapa donde nadie anunció todavía el programa y vos estás haciendo cosas para acomodar lo fiscal y acomodar el frente externo. Esa etapa es la que el Gobierno se salteó. El Gobierno directamente dijo devaluamos, sinceramos los precios, hago el ajuste fiscal y la inflación se va a caer como un piano. Y ahora es demasiado tarde para volver a hacerlo. Cuando se lanzó el programa con el Fondo, dijimos 'tengamos cuidado porque están siendo demasiado optimistas con la cantidad de dólares que esta economía puede generar'. Después de un año, el balance del Banco Central estaba igual o peor que antes, tenías la misma cantidad de reservas netas. No hiciste nada para romper la indexación, no hiciste nada para romper la demanda de dolarización. Dijiste 'con el déficit fiscal alcanza para todo'. No alcanzó. Cuando vos abriste el cepo, la gente fue y compró dólares. La indexación de contratos sigue adentro de la economía. Eso te pone un piso a la inflación que es demasiado alto.

–¿Qué va a pasar con la inflación en 2026?

–Rapetti: La evidencia empírica internacional te muestra que es mucho más fácil bajar de 20% de inflación mensual al 2 o 3 que del 3 o 2 a casi cero. Lleva mucho tiempo. Hay un caso de libro de texto que es el de Israel, que bajó de tres dígitos a 20 y pico, pero está alrededor de 15 años tratando de bajar de de ese 20% a estándares internacionales. Colombia y Chile arrancan la década del 90 con inflación en torno al 30% y bajar a estándares internacionales les toma unos cuantos años. Eso tiene que ver con las inflaciones moderadas, que es lo que estudió Morra, son más difíciles de bajar. Te lleva más tiempo: ocho, diez años. Hay un desafío: es complejo explicarlo. Los ajustes de precios no se dan con tanta sincronicidad, un mes ajustan algunos, otro mes ajustan otros. Entonces la coordinación para que todos bajen al mismo tiempo es más complicada que cuando todos los actores cambian precios el mismo mes.

–Navajas: Sin shocks vamos a romper este escalón de 2% a mediados de año y, aunque no por mucho vamos a terminar con una inflación anualizada hacia adelante más cercana al 15/20%.

–Morra: En la etapa uno no acumulaste reservas, faltó trabajar con los vencimientos financieros. O sea, dar alguna garantía de que los vencimientos en dólares los tenías despejados. Ahora supuestamente debería estar lanzando la etapa dos, donde tratás de quebrar los comportamientos. En la convertibilidad, cambiaste el signo de la moneda, anunciaste el 1 a 1 (con el dólar), prohibiste la indexación y obviamente también hablaste con los sindicatos. Ese quiebre no está. Y tenés los problemas que vienen de la fase uno. El segundo problema que tenés ahora estás tratando de hacer lo que no hiciste en la fase uno. Y además vos no le podés pedir dos veces a la gente que se ajuste. Porque una de las cosas que tienen estos programas es que en la etapa uno hacés toda la parte donde el capital político te da para realizar esas correcciones que son dolorosas, bajar el gasto. Pero en la etapa dos, la economía, una vez que vos hiciste cuestiones para romper la inercia, la indexación, la demanda de dólares, tenés despejado los vencimientos financieros, no entrás en una dinámica de ajuste, sino en una de crecimiento, le mostrás el resultado del programa a la población. Entrás en una especie de dinámica de ajuste continuo que tiene pocos resultados en términos de actividad, que es un poco lo que estás viendo ahora. Mi impresión es que eso no va a cambiar demasiado en el año.

AR/MG

La inteligencia artificial (IA) no está generando una ola de despidos masivos, pero ya produce impactos sectoriales y presiona especialmente sobre los trabajadores jóvenes y las tareas fácilmente automatizables. Así lo afirma un informe de la consultora internacional Oxford Economics, que analizó datos del mercado laboral de Estados Unidos y proyectó escenarios posibles a futuro.

Según el estudio, publicado este miércoles, no hay pruebas concluyentes de que la IA esté provocando un desempleo generalizado ni una destrucción acelerada de puestos de trabajo a nivel macroeconómico. En los primeros 11 meses de 2025, se atribuyeron a la IA apenas 55.000 despidos en Estados Unidos, lo que representa el 4,5% del total registrado en ese período, de acuerdo a cifras de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

En contraste, más de 245.000 despidos respondieron a causas tradicionales como condiciones del mercado, reestructuraciones o reducción de costos. “Aunque cada vez más compañías vinculan sus recortes a la IA, la mayoría de los despidos siguen respondiendo a razones históricas más comunes”, explicó Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics.

“Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años”, afirmó May, quien también advirtió que algunas empresas podrían estar utilizando el argumento tecnológico como coartada para justificar decisiones que en realidad responden a otras causas, como contrataciones excesivas previas o caídas en la demanda.

A pesar de este diagnóstico moderado, el informe no niega el potencial disruptivo de la IA, sino que sostiene que su impacto será progresivo y desigual, dependiendo del sector, la calificación del empleo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. “Las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala, pero eso no significa que el proceso no esté en marcha”, resumió May.

Entre los sectores ya afectados, el informe menciona puestos administrativos, tareas de soporte técnico, producción de contenido rutinario y análisis de datos básicos, todos empleos expuestos a herramientas de automatización o asistencia por IA. En muchos casos, se trata de primeros empleos para jóvenes con estudios superiores, que ven bloqueado su ingreso al mercado o se enfrentan a mayor rotación y precarización.

De hecho, Oxford Economics señala que el aumento del desempleo entre personas universitarias recién incorporadas al mercado laboral podría estar vinculado al uso creciente de IA para tareas que antes realizaban esos perfiles. Sin embargo, el informe también aclara que esta tendencia se superpone con factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en sectores clave y el incremento en la cantidad de graduados.

La combinación de automatización, reducción de costos y cambios estructurales obliga a repensar políticas de transición laboral, según Oxford Economics. Entre las herramientas posibles, el informe sugiere capacitación continua, esquemas de reconversión productiva, fortalecimiento de los sistemas de protección social y regulaciones claras sobre el uso de IA en el empleo.

Para los países con mercados laborales más informales o con menor cobertura sindical, la expansión de la IA puede profundizar las desigualdades existentes si no se diseñan políticas activas que acompañen la transformación. En contextos como el argentino, donde el empleo joven ya enfrenta niveles altos de informalidad, rotación y subocupación, la automatización temprana de tareas de ingreso podría agravar ese panorama.

El documento concluye que la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial no ocurrirá de forma repentina, pero sí transformará de manera profunda las condiciones laborales en los próximos años. Lejos de un “colapso del empleo”, lo que se vislumbra es un proceso lento, segmentado y con impactos diferenciados, que requerirá monitoreo constante y respuestas políticas ajustadas a la realidad de cada mercado laboral.

JJD, con información de la agencia EFE

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Ministerio de Salud de la Nación salió este lunes a negar que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) haya sido desmantelado, en medio de denuncias de familias, profesionales de la salud y organizaciones médicas que alertan por el impacto de la medida en la atención de miles de bebés y niños con malformaciones cardíacas.

Colectivos de familias de pacientes con cardiopatías congénitas y referentes del sector sanitario difundieron comunicados y declaraciones críticas tras la desvinculación de los siete profesionales especializados que integraban hasta finales de 2025 el equipo técnico del PNCC, una política pública que funcionaba desde 2008 y fue consagrada por la Ley 27.713.

Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses advirtieron que la desvinculación del equipo técnico implica “riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta, demora en derivaciones y cirugías, y ruptura de la Red Federal de atención”.

Una de las impulsoras de la ley, Lucía Wajsman, subrayó que “lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, y denunció que ya existen casos de pacientes que quedaron en lista de espera por demoras en derivaciones fundamentales, consignó Tiempo Argentino.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) también expresó su preocupación: en un comunicado destacó que la desarticulación del programa atenta contra la continuidad de un equipo con experiencia acumulada en más de quince años y solicitó a las autoridades reconsiderar la medida.

La excoordinadora del PNCC, Alejandra Villa, señaló en carta abierta que sin un centro médico coordinador con cardiólogos de distintos hospitales y sin un modelo federal de derivación y tratamiento, el programa pierde su esencia y constituye “un grave retroceso para la salud pública”.

La versión oficial: reorganización sin afectación de la atención

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en redes sociales rechazando la narrativa de desmantelamiento. El texto oficial sostiene que “el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”, aunque admitió que se llevaron a cabo cambios en su estructura de personal.

Según la cartera, en 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —a juicio del ministerio— justificó una “reorganización y optimización de su funcionamiento, sin afectar la atención”. El Ministerio agregó que el personal desafectado respondió intentando “vaciar el programa” al renunciar en bloque.

En el mismo comunicado se afirma que, “a pesar de ello, en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención”, y que el programa “continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”.

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue diseñado para articular la derivación, el traslado, la atención y el seguimiento de niños y niñas con malformaciones cardíacas, y con el tiempo consolidó una red federal que permitió disminuir los índices de enfermedad y muerte en miles de pacientes. A través de este esquema se realizaban alrededor de 800 cirugías por año y se tramitaban más de 6.000 notificaciones anuales.