Imagine el lector o la lectora un antiguo pozo de agua de 40 metros de profundidad reutilizado a fosa para ocultar cuerpos de hombres y mujeres. Por las dudas estuvieran con vida, algunos cuerpos reciben disparos, son rematados desde arriba. Unos cuantos son arrojados de manera individual, con las manos atadas, pero a otros se los envuelve de a tres o cinco y se los enrolla en bolsas y se ciñen con alambre. Después de cada operativo se arrojan escombros sobre los restos pero como es insuficiente, se trae tierra y ripio de arroyos cercanos. Cuando no da para más, se destruye el brocal del pozo, que también se deposita adentro, y luego con una máquina se empareja el terreno para ocultar esa boca profunda al horror. Los cuerpos llegaban hasta el predio durante la noche en camiones militares, al mismo tiempo que se producía un apagón y las pocas casas cercanas se quedaban sin luz. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos vecinos comenzaran a hablar. Esta escena que bien podría ser de la Alemania nazi, se repitió de manera sistemática durante dos años, al menos, en Tafí Viejo, Tucumán, y tiene un nombre: El Pozo de Vargas. Fue durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976. 

Se trata de la fosa más grande de Sudamérica, en donde se han identificado, hasta ahora, a 116 detenidos desaparecidos. Es tan espantoso lo que sucedió allí y son tantas las pruebas, que ni los más ultra defensores de las Juntas militares golpistas pudieron negar su existencia. Ni siquiera el ya fallecido Antonio Domingo Bussi, exdueño de la vida y de la muerte durante el Operativo Independencia y exgobernador tucumano, también condenado por crímenes de lesa humanidad en uno de los juicios. Su fallecimiento también le puso fin a un rosario de juicios en los que estaba comprometido y que le auguraban una similar resolución.

“A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas”, contó a este cronista el reconocido músico tucumano Juan Falú en una entrevista en febrero de 2022. Bussi fue condenado en este juicio oral y público. Luego de permanecer en ese limbo lacerante que es la figura del desaparecido, a los Falú se les informó el 7 de junio de 2016 que los restos de Luis, empleado de Gas del Estado, estudiante universitario y secuestrado el 14 de septiembre de 1976, habían sido identificados en el Pozo. Tuvieron que pasar 40 años para que la familia supiera a donde poner una flor para recordarlo. No es el caso de muchos que aún claman por justicia. “Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino”, canta el poeta y músico argentino Víctor Heredia, que aún pide justicia por la desaparición de su hermana María Cristina y de su esposo, Claudio Grandi, cuando estaba embarazada. Su canto es todavía el de miles en Argentina.

Este 19 de septiembre quedó marcado en la memoria de quienes pudieron identificar a sus familiares en El Pozo de Vargas y de quienes aún esperan que en los cientos de restos de huesitos hallados allí podría estar el ADN que les devuelva la identidad. Ese día, el Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la exESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos fragmentos extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Mucho antes, el 21 de marzo de este año, el juez federal Fernando Poviña declaró la Clausura de la Excavación Pozo de Vargas porque los peritos habían llegado al fondo, de donde se extrajo todo el material posible. Desde entonces trabajaron en tareas de zaranda para separar los huesos de la tierra y otros materiales, clasificar y conservar. Este fue el contenido del último envío. Una caja de cartón, embalada con cuidado, llevó en su interior alrededor de una veintena de pequeñas bolsas con huesitos y en una etiqueta, en cada una, en donde se consignaron datos importantes, como la profundidad del hallazgo y la cuadrícula en la que fueron encontrados. Las muestras serán cruzadas por los científicos del EAAF con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les llegaron desde los lugares en donde se están realizando investigaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer ese resultado.

Esa mañana fue soleada y con árboles en flor. Primaveral. Desde temprano esperaron el cumplimiento de la medida algunos parientes de identificados y otros que esperan que la ciencia haga posible el milagro de devolverle a sus seres queridos. Entre ellos estuvieron Josefina Molina, hija del vice gobernador tucumano Dardo Molina Chazarreta, y Teresa Arias, hija del ferroviario taficeño Segundo Bonifacio Arias. Ambos fueron secuestrados y sus restos identificados en el Pozo. A su lado estuvo Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) que aún espera tener algún dato, una pista, siquiera, que pueda dar con los restos de su esposo José Zenón Ruiz, secuestrado durante el Operativo Independencia, el 28 de julio de 1975. “Este día es muy importante porque es el resultado de haber militado durante años, contra todo, para que se supiera que aquí había restos. Cuando comenzaron las excavaciones nos pasamos semanas acompañando a los peritos, con viento, frío y lluvia, para exigir que el Estado destine fondos para los trabajos. Los acompañamos siempre porque seguimos pidiendo justicia”, dice y su voz se quiebra.

Virginia estaba en su cuarto mes de embarazo cuando ese 28 de julio, de madrugada, aún de noche, un grupo de policías, con Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz al frente, condenado y ya fallecido, entraron con violencia a su casa en el barrio San José y se llevaron a su esposo. Durante el operativo, Virginia y sus dos hijos pequeños fueron golpeados y obligados a meterse debajo de una mesa. Para entonces, ya tenía un hermano y una hermana desaparecidos, por lo que se hizo cargo de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, no se detuvo ni un día en buscar a su compañero y hermanos. Solo pudo rescatar a su hermana, que había sido llevada al penal de Concepción, en el sur tucumano, porque había sido “blanqueada”, es decir, estaba en los registros de detenciones. Su dolor se hizo público cuando declaró en la Megacausa Operativo Independencia. Aunque no lo confiesa de manera abierta, abriga una mínima esperanza de que en la caja de madera esté aunque sea un huesito de José.

Junto a ella estuvo Julia Castillo que, incansable, también busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976. “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”. Su hijo fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976, en Taco Ralo. Desde hace 47 años lo busca, incansable. La familia vivía en Bella Vista cuando una patota militar entró a su casa. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos confesó en donde se encontraba Hugo. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aun en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Hace unos días declaró en la Megacausa Jefatura III, en Tucumán, en la que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las que 84 continúan desaparecidas. “He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Que la justicia los condene y vean el dolor que yo pasé. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos”, sostuvo en la sala para cerrar su testimonio.

Pese a que se trató del último envío de restos de huesos desde El Pozo de Vargas al EAAF, todavía resta mucho por hacer, como clasificar otro tipos de materiales que se han encontrado y que podrían asociarse con algunas identificaciones, como marcos de anteojos, cadenas, crucifijos, medallas, restos de zapatillas, zapatos y medias, entre otros objetos personales. El lugar está señalizado como Sitio de la Memoria y hay varios proyectos para convertirlo en un museo que albergue todo el material que se extrajo y del que se desconoce su pertenencia. Además, también continuarán otras tareas en el predio porque se cree, por algunos indicios, que allí hubo construcciones que fueron destruidas y que podrían haber sido utilizadas como salas de detención y torturas. El lugar se mantiene por la colaboración del municipio de Tafí Viejo, cuyo intendente, el peronista Javier Noguera, señaló que “forma parte de nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el objetivo es que el predio se transforme en un museo para que las futuras generaciones conozcan los horrores que se cometieron durante la última dictadura cívico militar”.  

En la actualidad, en el lugar desarrollan las tareas de investigación los integrantes CAMIT, desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajaron en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, estuvieron a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones fueron y son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

La primera identificación de restos en El Pozo de Vargas fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 116 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darle sus nombres y apellidos, el camino a sus historias.

DC/MG

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y precandidato presidencial, Javier Milei, admitió que trabajó para el exgobernador Antonio Bussi, pero aclaró que no fue por 26 años como indicó la plataforma NOSIS, la cual fue intimada por el economista. 

“Son dos contratos que tuve con la gente de Bussi, en 1994, por un proyecto que tenía que ver con los cítricos y otro que tenía que ver con la caña de azúcar. Yo hice mi trabajo, se terminó y me fui”, explicó el líder de LLA en declaraciones televisivas. 

Bussi dirigió el Operativo Independencia con el que el gobierno de Isabel Perón combatió a la guerrilla en Tucumán. Interventor de la provincia durante la última dictadura, fue electo gobernador en democracia (1995-99). Fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad. Cumplió prisión domiciliaria perpetua y murió en 2011.

El sitio indicaba que Milei trabajó 26 años como empleado del Congreso de la Nación entre 1994 y 2020. Por esa razón, el legislador mostró la carta documento que le envió a NOSIS y, a su vez, aclaró que el error “se arregló mágicamente”. 

“¿Casualidad? Claro que no. La opereta fue demasiado evidente y los que se ocuparon activamente de mover la falsa noticia son muy amarillos...Vamos a ir hasta el fondo”, escribió el libertario en su cuenta de Twitter deslizando una posible maniobra del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

En el escrito, Milei ordenó a la compañía que modifique la información: “Bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes, toda vez que la inclusión de mis datos personales en dicho banco, además de ser un proceder ilegal y contrario a derecho, está causándome daños y perjuicios de los cuales usted es el responsable”. 

Desde el entorno del presidencialista le confirmaron a Noticias Argentinas que solo se trató de dos contrataciones trimestrales entre 1994 y 1995 en proyectos de ley vinculados a la industria del limón y caña de azúcar. Además, sostienen que los informes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desmienten el informe de NOSIS. 

Con información de NA/ Gonzalo Delmonte

Si el comercio de órganos y niños es lícito, ¿por qué no lo sería la compra-venta de candidaturas políticas? En esa línea, cuando Javier Milei dice que se reserva los nombres de sus aliados en las provincias para evitar que Horacio Rodríguez Larreta los compre, al economista libertario se le podrá reprochar poca confianza en la gente que se le ofrece en el mercado de la política, pero no incoherencia. Para Milei, son comercializables las personas, partes de sus cuerpos y su pertenencia partidaria.

Tampoco se le debería atribuir recelo paranoico al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). El reclamo airado para que Larreta guarde un poco las formas a la hora de adquirir lealtades ya recorrió de Gerardo Morales a Patricia Bullrich, de Facundo Manes a Carlos Maslatón. Todos, a su turno, pidieron públicamente fair play, pero ninguno fue tan claro como Martín Lousteau cuando explicó entre risas, por televisión, el mecanismo de acumulación política del Jefe de Gobierno porteño (“todo lo que puede comprar, lo compra, y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende”). La crudeza del diagnóstico no le impidió a Lousteau dejarse convencer pocos meses más tarde de que la gestión del PRO en la Ciudad no tenía defectos.

Sin embargo, un consultor que cobra tan caro en dólares como Milei exhibe una falencia en el razonamiento. Aunque él guarde el nombre de sus candidatos provinciales hasta cinco minutos antes de la oficialización de las listas, aquel que esté dispuesto a comercializarse se ocupará de ir a golpear la puerta del dueño de la chequera, y el daño que le provocaría a LLA sería mayor.

Una razón más simple subyace en la reticencia de Milei de mostrar sus cartas en las provincias: no encuentra nombres que muevan el amperímetro. La historia democrática reciente demuestra que los liderazgos que surgen de los medios o las redes, o buscan nacionalizarse a partir de un éxito en una ciudad o una provincia, encuentran dificultades estructurales. Los investigadores Gabriel Vommaro y Mariana Gené dan cuenta en su reciente libro El sueño intacto de la centroderecha (Siglo XXI) que el referente del PRO en Córdoba hasta 2011 no sabía siquiera dónde quedaba la redacción del diario La Voz del Interior.

En el caso de la LLA, la identificación personalísima del sello con su rockstar es exacerbada, y a ello se suma una desconfianza constitutiva de la personalidad del líder (por debajo de su hermana, Karina, y los cinco perros con los que habita, parece no creer en nadie). Muchos dólares, abundancia de tele y redes, notable carisma y poca política para construir en las provincias, salvo en un par de distritos.

La estrategia nacional le fue encomendada al gestor Carlos Kikuchi, una mente noventista cuyo empleo de mayor relieve en el pasado fue haber sido vocero de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Karina Milei supervisa y lleva la contabilidad. Desde la oficialización de este esquema, hace un año, llueven los reclamos por manejos arbitrarios tanto de jóvenes rebeldes surgidos de la vida política virtual como de una vieja guardia de derecha que olió sangre, intentó llevarse su tajada y le cortaron la mano.

Tucumán y Neuquén

Hasta ahora, el logro más visible de Kikuchi fue montar la oferta de LLA en Tucumán sobre Fuerza Republicana, partido que lidera Ricardo Bussi, heredero político del terrorista de Estado que fue su padre. Esa alianza encuentra razones en el olfato de Kikuchi, pero también en aquel antiguo contrato que se dejó pagar el economista anticasta para asesorar a Antonio Domingo Bussi en la Cámara de Diputados de la Nación, más de dos décadas atrás.

Como ocurrió en casi todas las expediciones a las provincias en 2022, Milei causó sensación en la Plaza Alberdi de la capital tucumana en septiembre pasado, y allí recalará nuevamente el 8 de mayo, una semana antes de las elecciones de gobernador. Las encuestas señalan que la imagen del economista supera por mucho al tradicional segmento bussista que ha resultado esquivo para el peronismo y la UCR. Algunas, como la de la consultora Zubán Córdoba, ubican al postulante presidencial de LLA a la cabeza de las preferencias en Tucumán bajo determinados escenarios. La dimensión de ese apoyo, que se solapa con votos peronistas, ratifica para el encuestador Gustavo Córdoba que Milei dejó hace meses de ser un fenómeno meramente porteño-juvenil.

La alianza de Milei con Ricardo Bussi encuentra razones en el olfato de Kikuchi, pero también en el contrato que se dejó pagar el economista anticasta para asesorar al represor Antonio Domingo Bussi en la Cámara de Diputados, más de dos décadas atrás.

En su origen, el PRO tucumano sumó a referentes del partido fundado por el represor Bussi, pero no logró despegar. JxC cobró cuerpo en Tucumán con el renacimiento de la UCR y una escisión del peronismo que gobierna la capital provincial, alianza extraña que, muy probablemente, este año quedará en suspenso para las elecciones del 14 de mayo.

En cada elección tucumana, un sector de la UCR agarra la calculadora, simula tomar aceite de ricino y esboza una alianza con Fuerza Republicana como única forma de vencer al peronismo. Pero Raúl Alfonsín clama desde el cielo y Bussi hijo mantiene la pureza de su propuesta, decisión que algunos atribuyen a una mano discreta del oficialismo peronista. El 7% a 15% de los votos que cosecha Fuerza Republicana desde hace años (ocho legisladores provinciales en la actualidad) resulta clave para que el peronismo ratifique una hegemonía que sólo se vio interrumpida por un mandato de Bussi padre entre 1987 y 1991.

Cuánto ayudará Milei a Bussi para pegar un salto en la Legislatura y los concejos deliberantes, y en qué medida la estructura de Fuerza Republicana beneficiará al libertario en las elecciones nacionales está por verse. Por lo pronto, las candidaturas locales quedaron bajo la órbita de Bussi, informa el periodista David Correa, lo que disparó una nueva ola de quejas del incipiente movimiento tucumano que se había visto seducido por el Milei que reina en las redes sociales.

En las legislativas nacionales de 2021, el sello oficial de Milei tuvo una buena elección en Capital Federal (17%) y, en el interior, sólo consiguió sobresalir en La Rioja con un Menem (Martín, hijo de Eduardo) a la cabeza de lista para la cámara provincial (11,5%).

Otro distrito en el que Milei hizo pie este año es Neuquén, que vota el 16 de abril. El periodista Carlos Eguía, cara visible del mileísmo provincial, busca las firmas necesarias para anotar legalmente al partido del libertario en la provincia patagónica. Por lo pronto, Eguía dijo a elDiarioAR que la cosecha de voluntades marcha bien, sobre todo en las tomas, como llaman en Neuquén a los barrios más precarizados. La oferta provincial neuquina se llamará La Libertad es Cumplir.

Gracias a su programa matutino por su propia radio, Cadena 1, su actuación televisiva y algún Martín Fierro, Eguía tiene un recorrido en la vida pública neuquina. A comienzos de febrero, abrió su emisión diaria con una agria denuncia de compra millonaria de candidaturas, se declaró asqueado y renunció a la carrera electoral, decisión que revirtió a la media hora —cuenta— por pedido de sus bases. Maslatón, adversario de Milei, atribuyó el desmanejo al armado comercial del eje Kikuchi-Karina, pero luego Eguía aclaró que la oferta dineraria para vaciarle las listas provino de las huestes del diputado nacional Rolando Figueroa, el disidente que amenaza la hegemonía de seis décadas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Según el periodista-candidato, la estrategia comercial-electoral de Figueroa cuenta con el auspicio de Larreta.

De Carrió al libertario

Eguía jugó con Elisa Carrió en las elecciones legislativas nacionales de 2021. Intentó anotarse en la primaria de JxC, la nomenklatura del macrismo y parte de la UCR se lo impidieron, y el armador carrioísta Maximiliano Ferraro le abrió las puertas a una lista disidente por la Coalición Cívica. Eguía alcanzó 14% de los votos, casi todos en el área de Neuquén capital. Este año, Cadena 1 amplió sus repetidoras a toda la provincia, por lo que el periodista tiene confianza en expandir su zona de influencia. Tendrá candidatos propios en NQN Capital, Centenario, Cutral-Co, Plaza Huincul, Zapala, San Martin de los Andes y Chos Malal, entre otras jurisdicciones.

El pase de Eguía desde Carrió a Milei tiene su lógica por las características de la construcción política de ambos líderes nacionales. El libertario y la liberal cristiana tienen en común el hiperpersonalismo de sus armados partidarios, la autopercepción como outsiders del establishment y la tendencia a explicar la política con teorías conspirativas. Difieren en un punto crucial. Milei despierta sus mayores olas de entusiasmo en plazas del país a las que acuden jóvenes varones convocados por Instagram, Tik Tok y YouTube. Carrió se siente como en casa en confiterías, salones e iglesias de Barrio Norte o Alta Córdoba a los que concurren, sobre todo, mujeres adultas más propensas a ver TN, escuchar Radio Mitre y leer La Nación que a armar spaces en Twitter.

La pelea de fondo en Neuquén será entre la tradición inexpugnable del MPN, con el actual vicegobernador Marcos Koopmann como postulante, y el citado disidente Figueroa, que armó una amplia alianza llamada Comunidad, que incluye a fragmentos del peronismo, el PRO oficial y otras expresiones de centroizquierda. La disputa por el tercer puesto será entre el peronista de izquierda Ramón Rioseco (Frente Neuquino de Todos), Eguía (La Libertad es Cumplir) y el diputado nacional y empresario agrícola Pablo Cervi (JxC, aunque sólo con la UCR y la CC), quien arriesga eventuales filtraciones hacia la oferta libertaria y la de Figueroa. El Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene en Neuquén a una de sus principales fortalezas electorales, por lo que también entra en liza.

Armadores en tiempos virtuales

La política tradicional asume que el tejido en las provincias es una condición sine qua non para dar pelea en una elección nacional. El aparato y la militancia locales resultan fundamentales para que el mensaje llegue a los barrios, animar a la gente a ir a votar y fiscalizar las urnas. Armadores de las últimas cuatro décadas como Alberto Fernández, Emilio Monzó, Carlos “Chacho” Álvarez, Eduardo Bauzá o Enrique Nosiglia no habrían concebido iniciar una campaña electoral sin tener calibrada la realidad de Cipolletti, La Banda o Concordia. Cuánto de ese paradigma sigue vigente es algo que la experiencia de Milei podría poner a prueba.

La realidad política brasileña es incomparable a la argentina por varias razones, pero ello no impide echarle una mirada. En 1990, un outsider derechista pasó de la pantalla televisiva de Globo al Palacio Planalto con un crecimiento vertiginoso en pocas semanas. A los dos años, cayó por su propio peso. La política argentina se mediatizó en los noventa, pero estuvo lejos de aquel extremo.

El ejemplo reciente de Jair Bolsonaro aporta una novedad con algún paralelismo más factible hacia la aventura de Milei. En 2018, con similar vértigo al de Collor de Melo, el capitán ultraderechista, cuyo ámbito de influencia había sido por décadas algunos enclaves de Rio de Janeiro, escaló hasta los cincuenta millones de votos en primera vuelta y 57 millones en el ballottage. Se presentó a la Presidencia con un sello alquilado, algo más o menos habitual en Brasil. Los medios poderosos de San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre tomaron su ascenso con cierta distancia, sin rechazarlo. El éxito de Bolsonaro fue subterráneo, se esparció por las redes sociales y traspasó barreras socioeconómicas, ideológicas y partidarias. En su caso, el precario armado territorial, basado sobre compra de estructuras y colectoras oportunistas, no obstaculizó la victoria. Brasil llevaba cuatro años de recesión, Luiz Inácio Lula da Silva estaba preso, y tanto el PT como los golpistas que habían derrocado a Dilma Rousseff, con su imagen pública por el piso.  

Hay otros espejos en el que Milei se puede mirar. El liberal chileno (enésimo en su país) Franco Parisi no pisó Chile durante la campaña por un problema legal. Con presencia virtual, cosechó 13% de los votos en 2021. José Antonio Kast, un ultraderechista que repitió sin gracia “viva la libertad, carajo”, pasó al ballottage y se llevó por delante a toda la derecha pinochetista y moderada. Algún punto de contacto también guarda LLA con la formación española Vox, nacida de la crisis por corrupción del Partido Popular y la reacción conservadora ante el avance de Podemos, los indignados anticapitalistas y las olas feminista y lgbt.

La avanzada de Milei no se parece por entero a ninguno de los ejemplos citados, pero tiene un poco de todos ellos.

El desvelo de JxC

Los estudios de la consultora Synopsis advierten que la corriente de Milei se alimenta en un 40% de un voto liberal de derecha reconocible en la tradición argentina. A ello se suma un 30% que encuentra en LLA la atracción de lo nuevo y otro 30% que ve en Milei un vehículo de la antipolítica.

El prototipo del votante de Milei —dice Lucas Romero, director de Synopsis— es un hombre menor de 30 años y nivel socioeconómico y educativo de medio a alto, lo que no excluye, desde ya, un caudal de adhesión en otras identidades del electorado. El 35% de los probables votantes de LLA proviene de sufragantes por JxC en 2019, mientras que el 11% optó por los Fernández, y el resto son jóvenes que acudirán a las urnas por primera vez y ciudadanos que eligieron a Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión hace tres años.

El prototipo del votante de Milei —dice Lucas Romero, director de Synopsis— es un hombre, menor de 30 años y nivel socioeconómico y educativo de medio a alto

Con ese mapa, es lógico que la proyección de Milei quite el sueño a JxC. De allí derivan los tironeos en una coalición que entiende que, para ganar la Presidencia, deberá sumar los votos de LLA en una segunda vuelta, pero no puede arriesgarse a una seducción al votante de ultraderecha de tal grado que complique su propia cosecha en el primer turno. Si la inflación baja y el peronismo lleva de candidato a Sergio Massa u otro centrista, una candidatura dura en JxC —de Patricia Bullrich o Mauricio Macri— perdería un margen menor pero costoso a la hora de consagrar un ganador el 22 de octubre, dice Romero.

Allí entran a jugar mil especulaciones sobre el huevo y la gallina, el vaso medio lleno o medio vacío y la manta corta. Los sondeos coinciden en ubicar a JxC en un primer escalón, cerca del 30%, aunque con una baja sensible con respecto a 2021. Unos puntos más atrás, las encuestas anotan al Frente de Todos o lo de que él surja, en una adhesión que resiste contra viento y marea la vocación destructiva de sus principales líderes. En tercer lugar, en torno a 20%, asoma LLA. Así las cosas, el podio —con todo lo prematuro e incierto que resulta anticipar el voto en este contexto— aparece achatado entre el primero y el tercero, con varias alternativas sobre la mesa, incluida la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha.

Tanto Synopsis como Zubán Córdoba enfatizan dos aspectos centrales: el economista libertario dejó de ser un fenómeno del área metropolitana de Buenos Aires y la adhesión a él tiene un alto grado de resiliencia ante propuestas temerarias como la venta de órganos, el debate sobre cuánto cobra Milei la charla de treinta minutos con inversores y el endurecimiento del tono hacia LLA por parte del mainstream mediático.

“Cuesta encontrar provincias o ciudades donde Milei no mida”, describe Romero.

Mientras se desvivían por cerrar la lista de Cipolleti, La Banda o Concordia, los armadores ochentistas, noventistas y del siglo XXI habrían dado rienda suelta a la ilusión si un consultor les deslizaba esa frase. 

SL

En una versión anterior, la nota atribuyó por error a Lucas Romero haber dicho que el prototipo del votante de Milei es un “hombre blanco”. Romero no dijo “blanco”. SL

Primero los encerraron en la comisaría de Tucumán ubicada frente al parque 9 de Julio. Después los llevaron en un camión del Ejército hasta el límite con Catamarca. En medio de la nada, en un camino desierto entre dos pueblos llamados Bañado de Ovanta y La Merced, al costado de la ruta, los obligaron a bajar en la oscuridad de la madrugada. Era una noche helada; de esas en que se congelan las manos si no hay guantes ni bolsillos. Había 25 mendigos de Tucumán y en el grupo estaba una mujer. Algunos tenían dificultades motrices, otros eran ciegos, la mayoría mostraba signos de tener problemas psíquicos y fueron abandonados en un descampado sin almas. Cinco policías; dos de civil y tres de uniforme azul, se encargaron de cumplir las órdenes de arrojarlos en el monte. No bajaron a todos juntos en un solo lugar, sino que fueron dejándolos en grupos de dos o tres separados cada 20 o 30 kilómetros de distancia. La estrategia policial buscaba que no pudieran regresar, que perdieran la noción del tiempo en un camino desconocido por ellos que se llamaba ruta nacional 67, en Catamarca. El episodio se conoce como los mendigos de Bussi y ocurrió el 14 de julio de 1977, pero salió a la luz tres días después -el 17 de julio de 1977- hoy hace exactamente 45 años. 

Aurora del Carmen Pico Zossi de Ahumada, médica de zona, los atendió en el hospital de La Merced, en Catamarca, al amanecer, cuando los vecinos alertaron sobre la presencia de los extraños zarrapastrosos en la ruta. Ella tenía 25 años, una hija de dos meses y tan solo un año de experiencia como profesional de la salud, porque se había recibido el año anterior. Hoy en día, con 75 años, Aurora vive en la capital catamarqueña, todavía recuerda aquel suceso y asegura que hay ciertas cosas que nunca se irán de su memoria.

-La crueldad que tuvieron es imposible de olvidar, dice Aurora, al repasar aquella oscura y fría madrugada de Catamarca, mientras salía en auxilio de los mendigos.

El puesto de zona, donde la médica trabajaba era rústico, con apenas unos cuantos insumos. Ni siquiera había agua potable. La ambulancia era una vieja camioneta rastrojera, que tenía problemas mecánicos. Aurora recuerda que había viajado a la capital catamarqueña para retirar los insumos mensuales del puesto sanitario. Iba junto al chofer Lucho Molina en esa ambulancia. En el trayecto de regreso se apagó el motor. Se hacía de noche y la médica debía volver a su casa, en el pueblo de Alijilán, donde había quedado su única hija de dos meses. Un mecánico del lugar dijo que la rastrojera tenía un problema con la bomba de nafta. Ella no podía ocultar los nervios, porque se hacía tarde y tenía que volver a darle la teta a su pequeña hija. Entrada la noche apareció un vecino con una rastrojera nueva y le dijo al mecánico que le sacara el bombín de su vehículo para ponérselo a la ambulancia. 

Siguieron viaje por los caminos sinuosos hasta que alrededor de las dos de la madrugada pasaron por la entrada al pueblo de La Merced. Un policía, con el rostro desencajado y despeinado, como quien recién se despierta, salió al cruce de la ambulancia.

-Usted es la médica de los Altos, me dijo el policía, y están diciendo en la radio que han tirado a unos viejos en la ruta, pero no me sabía explicar más. Cómo van a tirar unos viejos, pensé, me parecía surrealista; pero bueno vamos a ver, le digo al chofer, si encontramos algo.

No hallaron nada y la médica y el chofer siguieron la ruta para llegar cada uno a su casa.  Sobre el filo del amanecer, un golpe seco en la puerta de su casa la despertó de un sobresalto. Eran las seis de la mañana, cuando el agente le informó a Aurora que habían encontrado a varias personas mayores en un paraje cercano y casi a punto de congelarse. 

-No entendía mucho y nos fuimos otra vez a recorrer la ruta. Los habían repartido en un camino muy distanciado para que no se agruparan, de noche, con llovizna, y frío, en pleno invierno y en un lugar desconocido. Los dejaron desde Huacra en adelante, pasando por Los Altos, hasta Las Cañas, eran discapacitados, todos linyeras, y empezaron a volverse a sus casas y ahí fue donde los vecinos los descubrieron. Ahí empezamos a actuar. Los guarecieron en la policía –detalla-, otro poco en el hospital, otro en iglesia de La Merced. Hay hechos puntuales que son macabros –rememora-. En la zona de El Abra había un puente y el terraplén del puente era muy alto, porque el cauce del río estaba seco. Debajo de ese puente, dejaron a un señor que le faltaban las dos piernas y que para trasladarse usaba unos tacos de maderas en las palmas de las manos y arrastraba los glúteos, a él lo dejaron con otro señor que era ciego. ¿Se da cuenta la crueldad?... Y después recorriendo la ruta cerca del puente del río San Francisco, casi llegando a Huacra, vemos un bulto en la orilla, a la vera del camino, en la cuneta, había un bulto de una tela. Yo pensé: aquí se murió alguno y cuando destapamos ese sobretodo raído, pobre hombre, unos ojitos que me miraron debajo de ese sobretodo, acurrucado en posición fetal –recuerda Aurora-, me extendió la mano como pidiendo auxilio. Ese señor tenía congelamiento en los pies.

El episodio pretendía quedarse en la oscuridad de aquella madrugada; sin embargo, salió a la luz gracias a una publicación del diario La Unión. “Catamarca se ha convertido en refugio de desposeídos”, tituló el corresponsal Roberto Antonio Vera, conocido como Robertito“, un hombre enano que además era juez de Paz en el pueblo de La Merced. El reportero, un personaje muy querido entre los lugareños, murió en febrero de este año, pero su trabajo periodístico quedó en la historia catamarqueña. ”Parias, mendigos, lisiados, ciegos, tísicos y enajenados mentales aparecieron librados a su propia suerte a lo largo de la ruta nacional 67, entre Bañado de Ovanta y Los Altos –escribió el reportero-, a la vera del camino y debajo del puente sobre el río El Abra, bajo extremas condiciones de supervivencia que significan una sonora bofetada a los más elementales principios humanos y cristianos“, agregó en su artículo escrito en una vieja y pesada Olivetti. Fue una de sus coberturas más resonantes, en tiempos en que se ejercía un periodismo artesanal con apuntadores de papel, lápiz en mano y las cintas negras y rojas para la máquina de escribir. Roberto Vera fue el autor de la primicia del diario catamarqueño. Robertito, también era conocido como la voz de El Cañón de Paclín, y llegó a ser jefe del Registro Civil del mismo pueblo, cargo con el que se acogió a la jubilación. 

El juzgado de paz estaba al lado de la comisaría de La Merced; por eso, el periodista tenía muy buenos contactos con la Policía. Así como habían golpeado en la puerta de la casa de la médica Aurora Pico Zossi, otros dos policías fueron hasta la ventana de Robertito para avisarle que había mendigos tucumanos en la comisaría. Mientras tanto, a unos 60 kilómetros de distancia del lugar donde habían sido abandonados, en la capital catamarqueña, el gobernador de facto, Jorge Carlucci, se enteró de los mendigos por la publicación del diario La Unión. Fue un escándalo. Los catamarqueños estaban indignados. Carlucci llamó al gobernador de facto de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, en plena dictadura militar para pedirle explicaciones. Ambos eran miembros del Ejército y se conocían en tiempos en que el país estaba en manos de la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla. 

La única mujer en el grupo había sido abusada cuando estaba en la comisaría y luego en el trayecto dentro del furgón. Los demás integrantes del grupo lo relataron ante la policía catamarqueña. Dos de los mendigos fueron internados en el hospital de La Merced, en el Departamento Paclín, donde recibieron asistencia médica y alimentos para sobreponerse al frío. Carlos Gutiérrez tenía 51 años, era boliviano, pero vivía en Tucumán. Era sastre en la capital tucumana, pero empezó a sufrir de tuberculosis y perdió parte de la vista. Antes de esos padecimientos se quedó en la calle. En aquella semana fatídica estaba internado en el hospital Padilla, en Tucumán, donde ordenaron su traslado al hospital Avellaneda. Nunca llegó a destino. En el camino fue alcanzado por un jeep de la policía, cuyos ocupantes le dijeron que lo acercarían hasta el otro hospital. Sin embargo, mediante engaño lo llevaron hasta la seccional 11, donde lo introdujeron en un calabozo común junto a otras personas de sus mismas condiciones y con discapacidades.

-Nunca anduve dando mala vista por el centro –le dijo Gutiérrez al periodista Roberto Vera-. Estoy enfermo y no puedo trabajar en mi provincia, pero hay gente que me ayuda, me da alojamiento y algo de comer, le comentó entre fuertes accesos de tos.

Explicó que tenía a su padre en Ledesma, Jujuy, y a dos hermanos en Palpalá, también territorio jujeño. Detalló que dos policías iban con ellos atrás y los otros tres viajaban adelante. 

Juan Silvestre Salguero, de 75 años, otro de los internados en el hospital de La Merced, tomaba una sopa caliente, mientras relató que vivía en Villa 9 de Julio, una populosa barriada de la capital tucumana. Había sido detenido en la vía pública, mientras se dirigía a cobrar la pensión de vejez. Ratificó el abuso cometido contra la mujer dentro de la comisaría y en el camión furgón. Detalló que abusaron de ella delante de su propio marido, a quien le faltaba una pierna y también estaba arrestado con el resto del grupo. Cuando fueron obligados a bajarse en la desolada ruta catamarqueña, Gutiérrez y Salguero caminaron unos 400 metros hasta llegar a una casa en construcción que estaba abandonada. 

-Demoramos cerca de una hora en llegar a esa casita –le dijo Gutiérrez al corresponsal de La Unión-, y ahí amanecimos sentados. No podía caminar, me paraba cada diez pasos, detalló. 

La indignación aumentó entre los catamarqueños por el relato del diario La Unión. Cuando empezaron las preguntas a las autoridades de Tucumán solo había respuestas ambiguas. 

Casi tres décadas después, en enero de 2004, el escritor tucumano Tomás Eloy Martínez escribió un texto para el diario La Nación sobre los mendigos de Bussi. “Fuese o no para impresionar a Videla, el pequeño tirano Bussi impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los descampados de Catamarca –dijo en el texto-. A cualquiera que conozca la desolación de esos parajes le asombrará la crueldad de la idea. En la región limítrofe entre las dos provincias hay sólo unos pocos árboles espinosos y enclenques. Los animales no se aventuran –agregó-. Apenas oscurece, el aire se torna duro y helado, sobre todo en julio, y durante el día cae un sol de muerte del que no hay cómo protegerse. Se puede andar veinte, treinta kilómetros por ese páramo sin encontrar un alma”, detalló.

En su adolescencia, cuando vivía en Tucumán, Tomás Eloy Martínez, mucho antes de llegar a ser maestro en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, había conocido en persona a uno de los mendigos arrojados en Catamarca. Con sus amigos, le regalaban la ropa que ya no les quedaba en talle. Era un personaje urbano y famoso en la zona de la plaza principal de Tucumán llamado José Cabrera Pacheco, aunque todos le decían Pachequito. Tomás Eloy Martínez recordó en su texto que el vagabundo solía pasearse por los bares arrastrando una pierna infectada, que se negaba a curar porque allí vivían, según él, los ángeles que podían confirmar su asistencia al Juicio Universal.

Desde la década del ’60, Pachequito llamaba la atención en el centro tucumano. Era famoso por sus discursos en público a cambio de unas monedas para comer. El 11 de marzo de 1961 (unos 16 años antes de haber sido llevado a Catamarca), el periodista José Ricardo Rocha lo entrevistó para La Gaceta, donde escribió una suerte de biografía del personaje muy querido por los tucumanos y a quien lo presentó como “el popular Loco Pacheco”, de 51 años.

-A la escuela, de puro zonzo, fui únicamente hasta el primero superior. Por supuesto no aprendí a leer, ni a escribir. ¿Quién aprende a leer y escribir con primero superior? Tampoco sé firmar. Siempre me acuerdo de mi maestra de Villa Alberdi. Era la señorita Dora, -le respondió aquella vez para la entrevista en La Gaceta-. Ahora me busco la vida. La educación vale mucho, ¿no le parece?, creo que hablo bien. Lo quiero pillar al gobernador para que me ayude. Pero no lo puedo agarrar. Quiero que me amparen. Me canso de andar en la calle. Por ahí me duermo, agregó.

El apodo Pachequito quedó en la memoria colectiva como el de un personaje urbano, que vestía con ropa prestaba, sucia y desgastada, pero tenía tanto carisma que se compraba a los transeúntes en el centro de la ciudad con sus mensajes sobre el Juicio Universal. La mayoría de los arrojados en Catamarca vivía de la mendicidad. Para comer de día, ellos dependían de una moneda regalada en una esquina o de un pedazo de pan que sobraba en alguna panadería solidaria, que les guardaba las migas después del mediodía. 

Tomás Eloy Martínez habló de aquellas pérdidas. “A casi todos ellos se los tragó el infierno del desierto –escribió-. Uno de los seis o siete que sobrevivieron contó que Pachequito enloqueció de sed y murió al internarse en el Salar de Pipanaco, veinte kilómetros al sur de donde lo habían abandonado, confundiendo la blancura candente de la sal con las aguas del paraíso terrestre”, detalló. Esta publicación del diario La Nación enfureció a Antonio Bussi, un viejo militar que manejaba los hilos de Tucumán en la dictadura y que en los ’90 volvió al poder político votado por la mitad de la provincia.

Antonio Bussi inició una demanda por calumnias e injurias contra el autor Tomás Eloy Martínez y reclamó el pago de $ 100.000. Intentó negar toda responsabilidad. Dijo que, “lejos de tratarse de lisiados, tullidos, ciegos y locos”, los desamparados eran, “en su gran mayoría, contraventores de disposiciones municipales y prófugos crónicos de centros asistenciales”. Argumentó además que fueron los propios policías, que actuaron en un exceso de celo, y que decidieron llevarlos para “resolver el problema desplazándolo más allá de la frontera. Yo nunca di la orden, no hay nada escrito”, agregó. Sin embargo, en aquel tiempo, muchas órdenes eran verbales y clandestinas. Durante el juicio, Bussi dijo textualmente que “estas personas alteraban el orden con sus cacharros, sus muñones y su mugre, golpeando tachos, molestaban a las mujeres. Y en un momento un policía en un exceso de celo actuó y los limpió”.

En su crónica, Tomás Eloy Martínez apuntó a Bussi como responsable mayor de aquel desatino y lo llamó pequeño tirano. “Aunque el ex gobernador aceptó en su momento escudarse en la ley de obediencia debida –precisó Martínez en ese texto-, ahora se declaró ofendido por la atribución de una culpa que, según él, era de sus subordinados”.

El periodista Pablo Calvo relató aquellas peripecias en su libro titulado Los mendigos y el tirano (Bussi y la emboscada a los vagabundos de Tucumán - Editorial Aguilar). Calvo, a quien sus amigos y colegas del diario Clarín lo definían como un hombre que escribía con el alma, murió a los 53 años por coronavirus, en mayo de 2021. 

En el juicio por calumnias e injurias, la Justicia falló en contra de Antonio Domingo Bussi y le dio la razón a Tomás Eloy Martínez. Sin embargo, el militar retirado nunca pagó las costas del proceso penal. Pasaron los años hasta que, el 28 de agosto de 2008, el propio Bussi fue enjuiciado y condenado por un crimen de lesa humanidad, ocurrido en tiempos de la dictadura. 

-Quién sabe cuántos otros cometió en sus malandanzas como jefe militar y gobernador de facto de Tucumán, la desdichada provincia donde nací –escribió Tomás Eloy Martínez para un reportaje fotográfico del colectivo Ojos Testigos-. Varios testigos lo vieron disparar a quemarropa contra prisioneros desarmados –agregó Martínez-. Tucumán incurrió en la indignidad de elegirlo gobernador en 1995, cuando se presentó al amparo de un viejo partido casi extinto. En su litigio, Bussi afirma que ordenó investigar los hechos y que, como consecuencia, destituyó y sancionó al jefe de la policía provincial y pasó a retiro al personal que actuó en la expulsión. La sanción contra el jefe de la policía provincial, teniente coronel Mario Albino Zimmermann, que se dio a conocer el 18 de agosto de 1977, consistió no en arresto o cesantía, sino en nombrarlo, el día antes, secretario de Estado de Planeamiento y Coordinación. Un castigo ejemplar, como se advierte –insistió Martínez-. Las leyes, que son el instrumento de la justicia, decidirán cuál es el fin de esta historia. Yo me he quedado sin saber si Pacheco fue o no al salar de Pipanaco a beber las aguas de su paraíso propio, pero no me cabe duda de que allí está todavía, a la espera del próximo juicio universal, –concluyó.

En aquel tiempo, la censura y el control militar sobre todo lo que se iba a publicar en los medios hacía que fuera difícil chequear ciertos datos. El propio diario La Unión publicó varios días después un título en potencial. “Se habría producido ayer la evacuación de los mendigos” señaló en sus páginas ilustradas con un dibujo, pero sin fotos.

Aurora Pico Zossi, la médica de Catamarca, rememora aquellos días. Sentada en el living de su casa, en Villa Dolores, arroja luz sobre un dato que no puede quitar de su memoria. Uno de los mendigos fue hallado sin vida en medio del monte. Estaba sentado debajo de un árbol y tenía una cuchara en sus manos. Fue sepultado en el cementerio de El Alto como NN. Después, un juez federal de Catamarca ordenó que le cortaran las manos para tomar las huellas dactilares y tratar de identificarlo. 

-Tuvimos que exhumarlo del cementerio y le hicimos la autopsia. Efectivamente, ese hombre había muerto de hambre. Las manos las pusimos en un frasco de mayonesa, de vidrio de los grandes –detalla-. Teníamos apenas una hojita de bisturí; esos detalles domésticos me los acuerdo como si fuera hoy. Lo sellamos bien, le pusimos cintas y, por orden del mismo juez, un policía se llevó el frasco en el colectivo y lo entregó a la justicia en Catamarca. Después lo enviaron a la ciudad de La Plata para que lo estudien los forenses. Pero nunca más supe qué pasó con ese frasco. Le dimos cristiana sepultura en una tumba prestada. No sé qué pasó después en ese cementerio –detalla la médica-. Estuve un año más trabajando en Los Altos y después me trasladaron a Catamarca.

A pesar de que se anunció el regreso de los mendigos a Tucumán, nunca más se supo de varios de ellos. Nadie los volvió a ver por la plaza Independencia, ni por las calles del centro tucumano. Tomás Eloy Martínez murió en enero de 2010, a los 75 años, sin saber cuál fue el destino final de Pachequito. Antonio Bussi murió en noviembre de 2011, a los 85 años, mientras cumplía una condena a perpetua por delitos de lesa humanidad y, por esa misma razón, le habían dado de baja del Ejército. 

MV

Juan Falú, 73 años, tucumano, hasta el año pasado Director Cultural de la Cancillería, cargo del que se alejó “porque no hubiera podido hacer ni una zamba o un gato y yo soy esencialmente un músico”, dialoga con elDiarioAR desde su casa en San Telmo. Vive desde hace décadas en Buenos Aires. Aun así, mantiene un vínculo muy fuerte con su provincia, a donde viaja a menudo. Sus últimos meses transcurren entre actuaciones propias, otras junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero, mientras prepara una gira que realizará por Europa en las próximas semanas.

Lo sorprendió la noticia de que los peritos del Pozo de Vargas no perciben sus honorarios desde hace dos años y las investigaciones no avanzan, al tratarse de la fosa en Tucumán en donde se han identificado hasta la fecha a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Entre ellos, los restos de su hermano Luis, secuestrado por un grupo de tareas el 14 de setiembre de 1976, cuando tenía 25 años, a metros de la casa en donde vivía con su familia, en Lamadrid al 600, casi en el centro de San Miguel de Tucumán. 

“Para todas las personas que fuimos testigos del horror de la dictadura militar el Pozo es un símbolo muy fuerte de esa tragedia porque muestra el grado de crueldad de la represión en mi provincia. Fue escalofriante lo que hicieron allí con los vivos y con los muertos. Me da mucha tristeza la situación en la que se encuentran los investigadores y las tareas porque sé de su trabajo abnegado y comprometido”, reflexionó.

Para todas las personas que fuimos testigos del horror de la dictadura militar el Pozo es un símbolo muy fuerte de esa tragedia porque muestra el grado de crueldad de la represión en mi provincia

Luis, “Lucho”, como prefieren llamarlo Juan y su hermana Liliana, con la que también dialogó este diario, trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Militaba en el Integralismo, un espacio del peronismo revolucionario universitario. Jamás tuvieron noticias de su destino hasta que comenzaron los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Mi primera reacción al enterarme por las noticias de la situación actual en el Pozo de Vargas fue llamar a familiares de detenidos desaparecidos. Hablé con Josefina Molina, hija de Dardo Molina, vicegobernador tucumano, secuestrado y cuyos restos también fueron identificados allí, para ponerme a disposición. Es necesario reparar urgente esa situación de honorarios pero también resolver lo relacionado con la continuidad de las investigaciones. Hay que llegar hasta el último metro de la fosa para desentrañar todo lo que hay en el fondo”, sostuvo.

Una de las condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura contra el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi fue en la causa Luis Falú. Fue clave el testimonio del ex gendarme Omar Torres, que en la actualidad vive en Salta, quien se desempeñaba como custodio de los detenidos en el centro clandestino de detención ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, a donde había sido llevado Falú y fue sometido a torturas.

El ex gendarme fue testigo de asesinatos perpetrados por Bussi, quien en diciembre de 1975 asumió el comando del Operativo Independencia en Tucumán, y detalló la mecánica del campo clandestino. Las ejecuciones ocurrían cada veinte días y participaba Bussi, quien hacía la primera ejecución para darle valor a sus altos oficiales. Desde unos seis o siete metros relató cómo mató de un tiro en la sien a Falú, a quien identificaba porque en una ocasión recogieron leña juntos y se le grabó el apellido por ser sobrino del folclorista Eduardo Falú. 

Los cuerpos eran arrojados a una fosa en los ex Arsenales, se les tiraban cubiertas de vehículos encima, combustible y se prendía fuego. Otras veces, los restos eran cargados en camiones para un destino incierto. Este fue el caso del estudiante Falú. Torres dio su testimonio ante la Conadep, la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán, ante el juez español Baltasar Garzón y luego en las causas judiciales.

“Empecé a ir al Pozo de Vargas cuando comenzaron las investigaciones, después de 2002. En una ocasión miré hacia lo más profundo, me quedé en silencio e imaginé que mi hermano estaba ahí, cuando aún no teníamos ni una pista de que ese podría haber sido su destino. Ese lugar está asociado a Bussi porque él le dio un tiro en la cabeza a Lucho, mientras estaba arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas atrás”, narró el guitarrista. 

La noticia que conmocionó a los Falú llegó el 7 de junio de 2016. Recordó que con mucho tacto, peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, en donde se realizan los análisis, y del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, a cargo de las tareas de campo, les comunicaron que los restos de Lucho estaban en El Pozo de Vargas. 

“Fue impactante porque fueron muchos años de espera y de búsqueda. Se lo contamos a mi madre Esther, de 99 años, que estaba muy enferma pero con momentos de lucidez. Dudamos porque sabíamos de lo duro que sería para ella pero era una noticia largamente esperada, necesaria. A las pocas horas murió, su reacción fue yéndose, en paz, antes de cumplir sus 100”, rememoró.

“Hace unos días imaginé el itinerario del cuerpo de mi hermano, ese muy escalofriante viaje nocturno desde los ex Arsenales hasta el Pozo de Vargas. Camiones cargados con cadáveres para ocultarlos, un segundo ocultamiento para no dejar rastros pero la historia desnudó esa atrocidad. Aunque sé que no toda la sociedad está unida antes estos hechos, en algún momento se reconocerá el compromiso, la lucha de los familiares de desaparecidos, los organismos y los peritos e investigadores. Mientras tanto, el Estado no puede abandonar esta noble y necesaria de reparación histórica, los pueblos y estados no pueden permitirse el olvido”, reflexionó Falú.

Tucumán es la provincia más densamente poblada del país y atesora una historia rica, marcada por algunas contradicciones, como esta. En el mismo lugar en donde el partido de derecha Fuerza Republicana, creado por Bussi, mantiene un importante caudal de votos que le permitieron tener un bloque de ocho miembros (ya dividido) en la Legislatura provincial en las últimas elecciones, pocos conocen la historia del Pozo de Vargas y el tema es casi inexistente en las agendas de la política y de un sector del Poder Judicial.

“Hubo un relato de la historia que caló hondo y es la teoría de los dos demonios, asociar el compromiso revolucionario de una generación a la misma altura de la represión, como si se tratara de una lucha igual. Esa teoría terminó identificando las ideas, los sueños sin especulaciones de una generación con la violencia. A esto se sumó el 'algo habrán hecho'. Eso no me banco, hay que levantar bien altas las banderas de esos jóvenes, sin arrepentimientos, sin vergüenza, sí con sentido autocrítico pero otra cosa es arrear las banderas. El Pozo de Vargas es la luz de los que están ahí abajo”. 

Consultado sobre cuál podría ser la función del arte en este escenario, Falú afirmó, sin dudar: “La política a veces se queda huérfana de ideas y de capacidad para ser la transmisora de estas angustias y hechos. Y a esos lugares los completa el arte. Una representación, un tema musical o una obra de teatro pueden decir mucho y hay que trabajar en esa dirección. Un poema en un lugar y en un momento justo puede tener más llegada que un discurso político, por lo menos hasta que política vuelva a ser el arte de transformar la realidad”. 

DC