El sobreseimiento dictado a fines del año pasado a favor de los jueces, fiscales, ex funcionarios porteños y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido por una supuesta invitación de un grupo empresario quedó firme y con fuerza de “cosa juzgada”.

Así lo revelaron fuentes judiciales, que precisaron que la nulidad de la causa y el consecuente sobreseimiento dispuesto por el juez Sebastián Ramos fue consentido por la fiscalía y, por ende, ya no tiene instancia posible de revisión.

La Cámara Federal había rechazado como querellante al abogado que formuló la denuncia por el viaje, realizado en octubre de 2022, por los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; por el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro, entre otros.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco fue rechazado como querellante aplicando un criterio diametralmente distinto al que utilizó la misma Cámara en otros casos, por ejemplo para la reapertura de la Causa Memorando con Irán, en la que aceptó como querella a una asociación civil que nunca había sido parte del expediente en diez años de tramitación.

La investigación sobre el viaje al Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joe Lewis, fue impulsado por el fiscal Federico Delgado, quien murió víctima de cáncer en agosto del año pasado. Su fiscalía fue subrogada por el fiscal Carlos Rívolo, quien a poco de asumir se excusó de intervenir en el expediente del Lago Escondido.

Poco antes de la feria judicial, el juez Ramos declaró la nulidad de todo lo actuado argumentando que “existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”.

No sólo eso: el juez entendió que “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.

La única posibilidad de que la causa continuara estaba en manos del nuevo fiscal, Ramiro González, quien resolvió no apelar la nulidad ni el sobreseimiento.

Al no haber querella y tras el consentimiento de la fiscalía, el sobreseimiento quedó firme tras el vencimiento de los plazos procesales para la apelación, lo que ocurrió tras la feria judicial de enero.

MM

Con información de la agencia NA.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no apela el fallo la semana próxima, la causa quedará cerrada definitivamente.

El magistrado declaró la “nulidad de todo lo actuado”, según una resolución de 73 carillas a la que tuvo acceso Télam.

Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.

“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.

El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado” y ello deriva en la nulidad de la causa.

“Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, concluyó.

También, sostuvo que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.

Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis”

“Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”, concluyó.

Antecedentes de la causa

El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre cuando viajaron en un vuelo privado el juez Julián Ercolini, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre de 2022, dos meses después se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.

Por esa razón, la fiscalía pidió investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Entre las pueblas aportadas, se incluyó el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.

La empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copias de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llamó la atención que en todos los casos los pagos figuraban como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizó el mismo día del vuelo”.

Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde construyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”. 

El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.

Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.

El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. 

La compra de las tierras del Lago Escondido

Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes. 

Con información de agencias.

IG

A 13 días del balotaje, allanaron a un funcionario kirchnerista por haber mantenido conversaciones con el ex policía, Ariel Zanchetta, imputado y preso por espionaje ilegal a jueces y miembros de la Corte Suprema. Se trata de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, actual Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La Gendarmería estuvo a cargo del allanamiento a la oficina y casa del funcionario oficialista, proceso impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y autorizado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La decisión se tomó luego de que se descubrieran chats del 9 de octubre de 2022 entre el ex oficial de las fuerzas de seguridad y el integrante de La Cámpora en los que apuntaban contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, según indica Infobae.com.

Durante el allanamiento, se lograron secuestrar computadoras y documentos que podrían ser analizados en el marco de la investigación por espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no se pudo incautar el celular personal del funcionario dado que no se encontraba presente en su lugar de trabajo o su domicilio cuando Gendarmería arribó.

Rodríguez no es el único referente del kirchnerismo con el que ha mantenido conversaciones Zanchetta. Según revelan los chats del celular del ex policía imputado, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade habría recibido de su parte los nombres de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, e información sobre el senador de Propuesta Republicana (PRO) Luis Juez.

Dados los recientes hallazgos, el fiscal Pollicita solicitó una nueva indagatoria para Zanchetta, imputado por haber violado la ley de inteligencia entre 2016 y 2023, año en que fue arrestado por haber buscado información del juez de Casación Mariano Borinsky en la base Sudamericana Data el mismo día en que su teléfono resultó hackeado. Precisamente este último hecho ─junto al hackeo del dispositivo móvil de su par Gustavo Hornos y Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los letrados que llevaban adelante un juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner─ fue una de las causas por las que se decidió abrir una investigación por espionaje ilegal contra múltiples magistrados.

En este marco, inicialmente se detuvo a Ezequiel Núñes Pinheiro, quien había sido contactado por un tercero cuya identidad se desconoce para hackear los celulares de tales jueces, además del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, y el ex jefe de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. La información obtenida del teléfono de este último funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta permitió exponer el encuentro en Lago Escondido y constituyó un pilar fundamental para que el oficialismo instalara en la agenda legislativa el juicio político a la Corte Suprema.

Miembros de esta institución también vieron violada su privacidad: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti habían sido investigados por Zanchetta, al igual que los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ernesto Kreplak y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles. A partir de esta investigación, se logró descubrir también la recolección de datos, incluso mediante fuentes clandestinas, sobre políticos opositores y sus allegados. Tal información incluye, pero no se limita a opiniones políticas y religiosas, relaciones íntimas, fotografías, patrimonio dentro y fuera del país y antecedentes penales.

En este sentido, y según señaló Infobae, el fiscal Pollicita considera que existen pruebas suficientes para determinar que el ex policía “obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos, la filmación subrepticia de 'objetivos' (a pedido de terceras partes) mediante 'cámaras ocultas' y la obtención de información a través de 'informantes' o de 'medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables”.

ACM

Joseph Lewis, el multimillonario británico dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, declaró este miércoles ante la Justicia estadounidense, que lo investiga en una causa penal por fraude financiero y traficar información privilegiada. Fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años, residente en Bahamas, de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, declaró el fiscal Damian Williams.

“Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro”, añadió.

Por ejemplo, Lewis es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Tras la conversación, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir 700.000 dólares en la empresa, y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, según la BBC.

“Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, denunció Williams.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por “fraude bursátil”, por lo que enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia AFP.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el empresario se declaró “no culpable” y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado, en un acuerdo aprobado por Valerie Figueredo, jueza de instrucción estadounidense . Según el mismo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.

Más temprano, el abogado defensor David Zornow calificó de “error flagrante” la acusación vertida contra Lewis, según declaraciones al canal británico Sky News. “Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos”, manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales voluntariamente para responder a los cargos “mal concebidos”, los cuales serían “defendidos enérgicamente en los tribunales”.

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, que también se declararon como “no culpables”.

Lewis es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: es propietario del Tottenham Hotspur y tiene una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, el magnate está acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Son sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, los que impiden el acceso público a este espejo de agua en una estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a llegar al lago, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron hacia allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

Además, están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos Pablo César Casey y Jorge Rendo de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña resolvió que se tramiten en un mismo juzgado la causa que el viaje a Lago Escondido y otra por supuesto “espionaje ilegal”, la cual abierta por la denuncia del imputado Pablo Yadarola en esa primera investigación.

La decisión fue del camarista Leopoldo Bruglia, quien resolvió un conflicto de competencia entre el juzgado federal 2 que lleva la causa Lago Escondido y el 12, donde quedó radicada por sorteo la denuncia del juez en lo penal económico Yaradola, por el supuesto espionaje ilegal de las conversaciones que mantuvieron algunos de los implicados en un chat de Telegram.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal 12, sostuvo que la denuncia de Yaradola por la difusión pública del contenido del chat debe investigarse en el mismo juzgado que la causa por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joe Lewis en Bariloche, por ser hechos “claramente entrelazados” y “complementarios entre sí”.

Lijo también sostuvo que “la decisión de uno podría incidir en el otro”, por lo que debería intervenir un solo juez en ambos expedientes.

Sebastián Ramos, titular del juzgado federal 2 a cargo de la causa Lago Escondido, rechazó la competencia por considerar “prematura la vinculación” entre ambos casos y ante “la falta de constancias que indiquen la identidad de los eventos pesquisados en ambas actuaciones o de sus presuntos autores, o de las mismas circunstancias de tiempo y lugar”.

Ante este conflicto de competencia, Bruglia decidió que las dos causas queden radicadas en el juzgado de Ramos, porque “se advierte de momento que los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones registran puntos en común con aquéllos materia de la causa que se pretende de atracción”.

Además, el camarista evaluó que podría estarse “ante una posible concatenación entre los hechos denunciados en ambas causas”, todo ello “sin perjuicio del estado incipiente en la cual se encuentran” las respectivas actuaciones, por lo cual el “avance de los procesos” podría “ameritar un nuevo análisis de la cuestión”.

“En esta instancia, se advierte la conveniencia de que ambas causas sean examinadas bajo la órbita de actuación de un mismo magistrado, que pondere la prueba reunida en su conjunto y totalidad”, concluyó Bruglia.

Ante ello, la Cámara resolvió que “corresponde” que la investigación de la denuncia del juez Yaradola sea enviada al juzgado federal 2, donde ya se tramita la causa penal por el viaje a Lago Escondido, “cuyo marco fáctico de pesquisa resulta de mayor amplitud”. De esta manera, dejó a la “consideración del magistrado la acumulación o no de las causas”.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del Grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La causa por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis tramitó en Bariloche, pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación.

Dicho viaje se realizó el 13 de octubre, cuando los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del Grupo Clarín y los funcionarios porteños.

LC con información de agencia Télam

La jueza porteña Araceli Martínez, quien investigaba el hackeo a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, se declaró incompetente y dispuso el envío de la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py, según fuentes judiciales. La magistrada lo hizo en favor de Sebastián Ramos, que tramita el expediente de Lago Escondido: allí se investiga la presunta aceptación de dádivas por parte de funcionarios y magistrados ofrecidas por empresarios, pero también si sus comunicaciones fueron hackeadas.

La decisión de Martínez trascendió este lunes, pero fue tomada el 28 de abril por un planteo de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, quien logró detectar que el hackeo al exministro lo llevó a cabo un joven llamado Elías Ezequiel Núñez Pinheiro desde Eldorado, Misiones, de acuerdo con el expediente.

Por otro lado, de Lago Escondido se encuentran el propio D’Alessandro; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño; los jueces Carlos Alberto Mahiques, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; Leandro Bergoth, exfuncionario de la SIDE y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, los últimos dos de Grupo Clarín.

“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo Martínez en el fallo de 16 páginas.

En el escrito, la magistrada recordó que en la causa tramitada por Ramos -quien deberá decidir si acepta la remisión- se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.

“Por lo demás y adunando la propuesta de asignación al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, agregó Martínez.

La jueza porteña relató en la resolución que llegaron a la supuesta identidad del hacker a partir de información brindada por la compañía Nosis, a cuya plataforma había ingresado el imputado para obtener o corroborar datos de D'Alessandro, los cuales luego le permitirían realizar la maniobra de Sim Swapping que le permitiría acceder a sus mensajes de Telegram.

El Sim Swapping consistió en obtener un nuevo chip, hacerlo pasar por el de D'Alessandro y pedirle a la compañía de telefonía celular del exministro la recuperación de su línea telefónica; lo que logró tras responder una trivia por Internet donde se le requirieron determinados datos personales de la víctima del hackeo.

Además, Nosis dijo que desde el celular en que se consultó el perfil comercial de D'Alessandro se registraron 16 usuarios en el año 2022, donde se realizaron consultas respecto de setenta y dos (72) personas, entre las cuales se encuentran varias quienes denunciaron ante la Justicia Federal haber sido víctimas de Sim Swapping.

“Dichas personas damnificadas son: Rodrigo Giménez Uriburu (juez), Andrés Fabián Basso (juez), Gustavo Marcelo Hornos (juez), Cristian Vanesa Figueroa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Diego Cesar Santili y el denunciante en estas actuaciones Marcelo Silvio D'Alessandro”, enumeró la jueza Martínez.

Por último, la magistrada hizo hincapié en que “la empresa Nosis ha hecho saber además que advirtió una regularidad entre las contraseñas seleccionadas para los dieciséis (16) perfiles en cuestión, puesto que solo se han utilizado dos contraseñas para todos los dieciséis usuarios”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el rechazo como querellante del Ministerio de Justicia en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios porteños al Lago Escondido, así como la filtración de chats que revelaron detalles de esa travesía a la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “no están dadas las condiciones que fija la ley para obtener legitimación activa con relación a las hipótesis planteadas en esta instrucción”. “Es cierto que se ha aceptado en otros casos a determinadas agencias del Poder Ejecutivo como querellantes”, pero “ello siempre estuvo (y está) supeditado a la necesidad de comprobar la concurrencia de un plus en el interés que representa el Ministerio Público Fiscal”, plantearon los jueces.

El voto de mayoría el -camarista Roberto Boico votó en disidencia- apuntó que para ser aceptado como querellante, el Ministerio debió haber padecido “un perjuicio especial, singular, individual y directo”, y “dichas condiciones no se encuentran reunidas en las circunstancias que exhibe”. Ratificaron así la decisión del juez Sebastián Ramos, quien había desestimado una presentación del ministro Martín Soria.

“Por un lado, se denunció a funcionarios públicos (jueces federales, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por supuestamente haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”, recordó el fallo.

“Por otro -añadieron los camaristas-, se denunció el 'hackeo y el espionaje' que habrían conducido -de forma delictiva- a acceder a comunicaciones realizadas desde los teléfonos de aquellas personas”.

“Incluso tomado como punto de partida la hipótesis desarrollada en la solicitud –que pretende deducir eventuales alcances o conexiones de los eventos con actos propios de la actividad funcional de magistrados-, las características de aquellos no permiten observar que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia”, insistieron.

LC con información de agencia NA

Martín Soria, ministro de Justicia, amplió este lunes la denuncia contra los jueces federales y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido en octubre pasado, y reclamó que se investiguen “las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis” adoptadas con posterioridad al viaje, como así también los intentos de los imputados de ocultar la escapada patagónica.

Se trata de la causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “dádivas”, iniciada luego de que saliera a la luz ese viaje del que participaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y directivos del Grupo Clarín.

En el afán de comprobar si existió una maniobra para ocultar el viaje, Soria reclamó que se secuestren los celulares de los imputados. Esto es luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer versiones que los propios involucrados intentaron instalar una versión que se trató de un paseo financiado por cada uno de ellos.

“La idea de los sindicados era instalar la versión de la simple realización de un viaje de placer por parte de un grupo de amigos, costeado por cada uno de ellos, y que nada tuviera que ver con intereses espurios, ni financiamientos prohibidos”, remarcó el ministro.

El exdiputado planteó también que “otro hecho que corrobora la veracidad de la denuncia original es el intento de manipulación -por parte de los sindicados- de periodistas y de medios de comunicación para establecer versiones de los hechos que hicieran parecer a las acciones delictivas llevadas adelante por la comitiva como carentes de ilegalidad”.

“Esta actividad por parte de los aquí denunciados se vio reflejada en un buen número de notas periodísticas, que dieron cuenta las maniobras que varios de ellos llevaron a cabo con la finalidad de ocultar la existencia del viaje a los ojos del público en general”, sostuvo el funcionario.

La ampliación de la denuncia fue informada por el propio ministro a través de sus redes sociales, donde anunció: “La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito”.

Por ejemplo, al referirse a esas resoluciones posteriores al viaje, el ministro citó en la denuncia que “el Juez Cayssials benefició directamente a Telecom -empresa del Grupo Clarín-, lesionando directamente el patrimonio del Estado Nacional, mediante la declaración de la prescripción de una multa millonaria que el Estado Nacional había impuesto a dicha empresa en 2011”.

“El 14 de noviembre del 2022, a menos de un mes calendario de concretarse las supuestas dádivas y tráfico de influencias que vuestra señoría investiga, el Juez Federal benefició a la empresa de la cual el sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey -también sindicado en autos por haber participado del viaje a Bariloche-, es director de Asuntos Legales e Institucionales”, agregó Soria.

El titular de la cartera también mencionó que “el 21 de octubre de 2022, a menos de una semana de retornar del sur de nuestra Patria, los abogados de Clarín exigieron celeridad a Cayssials a la hora de definir su competencia en la causa judicial en la que tramita una deuda de Papel Prensa con la AFIP, o si debía excusarse”, a lo que respondió “tan solo 7 días más tarde”. “Haciendo honores a la rapidez reclamada por los abogados del grupo con los cuales el juez viaja y se encuentra en Lago Escondido, Cayssials estableció 'la competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones', resolviendo justamente la situación pretendida por este grupo”, sostuvo Soria.

El ministro remarcó incluso que “tan escandalosa fueron estas intervenciones de Cayssials que, una semana después de que las mismas se hicieran públicas a través de los medios de comunicación, no le quedó otra alternativa que excusarse en una de esas causas”.

El escándalo por el viaje a Lago Escondido

El escrito presentado hoy amplió la denuncia interpuesta por Soria el 7 de diciembre pasado, quien cumplió instrucciones del presidente Alberto Fernández, en el episodio que investiga el viaje presuntamente pagado por el Grupo Clarín a los mencionados jueces y funcionarios.

Al viaje patagónico asistieron Ercolini, Mahiques, Yadarola, Cayssials, el exministro porteño D'Alessandro y el fiscal general de la Ciudad Autónoma, Juan Bautista Mahiques; todos ellos fueron imputados penalmente en diciembre pasado por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare.

En el mismo trámite, por el ofrecimiento de “dádivas”, la fiscal involucró en la causa a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Según informó esta jornada oficialmente el Ministerio de Justicia, la ampliación de denuncia “expone la decisión coordinada de los integrantes del vuelo privado, con destino al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos”. Para fundar esta afirmación, Soria aportó las publicaciones que dieron cuenta de que “los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada a cambio”.

Otro de los reclamos del Gobierno es que se investigue si el juez Ercolini incurrió en un accionar irregular cuando no se excusó de intervenir en una denuncia presentada por un abogado para que se investigue una filtración de los chats de D'Alessandro: el magistrado no se excusó (tampoco realizó movimiento alguno) y así facilitó que el caso llegara a manos del juez Sebastián Ramos, quien finalmente la archivó a requerimiento del fiscal Carlos Stornelli durante la feria judicial.

“En mi rol de ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, afirmó Soria al ampliar la denuncia.

LC con información de agencia Télam

La abogada y ex senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, denunció penalmente a empleados de Joe Lewis y al gobierno provincial tras los ataques a manifestantes en el camino de Tacuifí. Los funcionarios afectados son la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y el jefe de Policía, Osvaldo Tellería. “Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas”, expresó.

El pasado miércoles, 9 manifestantes y una fotoperiodista de Télam fueron retenidos durante 2 horas y recibieron ataques de parte de peones rurales de Joe Lewis, el magnate británico contra el que se movilizaban organizaciones sociales, sindicales y políticas en la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La columna encabezada por el dirigente peronista, Julio Urien, había intentado el pasado lunes ingresar al Camino de Tacuifí, pero se encontraron con el acceso cerrado por un portón y 30 peones rurales a caballo.

Los manifestantes volvieron a intentar circular por el pasaje dos días más tarde y fueron agredidos por allegados a Lewis que custodiaban la entrada. El diputado y jefe del bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, resultaron heridos por los ataques.

“No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro a garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión”, explicó Odarda.

No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. En 2022, en el marco de la Sexta Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los manifestantes también fueron agredidos por más de 40 personas a caballo armadas, comandadas por Nicolás Van Ditmar. El año pasado, quienes participaron de la movilización también denunciaron el bloqueo del Camino de Tacuifí, que se encontraba vallado con alambre de púas y custodiado con cámaras de seguridad pese a que la cámara de Bariloche había ordenado habilitar el acceso.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de la Justicia, lo que, para los manifestantes, implicó complicidad con Joe Lewis. Esta presunción fue revalidada por la falta de escolta policial para quienes se movilizaron la semana pasada.

Odarda también denunció, el pasado 26 de diciembre, a los jueces del Tribunal Superior de Río Negro Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian por mantener una relación directa con el poder político de la provincia encarnado en magnate inglés. “La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, aseguró.

ACM con información de Télam

La séptima edición de la “Marcha Federal por la Soberanía Nacional” en Lago Escondido concluyó tras varias jornadas de tensión en las que se registraron varios episodios de violencia entre manifestantes y puesteros rurales, en las inmediaciones de la propiedad del magnate británico Joe Lewis.

“Cumplidos los objetivos de haber puesto de manifiesto que el Lago Escondido es patrimonio de todos los argentinos, desde la conducción de la 7ma Marcha Federal por la Soberanía Nacional se ha decidido dar por concluida la misma”, informó la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), encargada de la convocatoria.

A través de sus redes sociales, la organización liderada por Julio Urien destacó que tras una serie de negociaciones con la Gobernación de Río Negro se acordó “el traslado de los integrantes de la columna de montaña, por tierra y en micros”, para luego ser recibidos “como verdaderos héroes”.

“Todos los participantes de la columna de montaña se encuentran en perfecto estado de salud. Los integrantes de la columna del camino público de Tacuifí que fueron arteramente atacados mientras transitaban el mismo se encuentran atendidos y fuera de peligro. La columna que se dirigió al aeropuerto privado de Joe Lewis en Sierra Grande, también cumplió su objetivo de visibilizar esta gran problemática”, subrayó FIPCA.

Un grupo de manifestantes, que formaron parte de la columna “Juana Azurduy”, logró llegar al Lago Escondido, frente a la mansión del magnate británico.

La Fundación afirmó que la marcha a Lago Escondido es “una causa de soberanía nacional” y agradeció a las organizaciones que participaron y a quienes apoyaron por “recuperar el sentimiento patriótico”.

Tal como sucedió en anteriores ocasiones, se registraron incidentes durante la caravana hacia el espejo de agua entre militantes y puesteros rurales, los cuales dejaron un saldo de varios heridos.

CRM con información de la agencia NA

Nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos hoy durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden al magnate británico Joe Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.

Ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel, informaron voceros de la organización.

Entre los heridos derivados se encuentran el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, informaron voceros de la marcha.

El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portantadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.

En protesta por estos hechos, los manifestantes realizaron un corte parcial de la ruta nacional 40, en el kilómetro 1960, a la altura del paraje Tacuifí, donde nace uno de los caminos que lleva al lago.

Pasado el mediodía, un grupo de manifestantes, junto a la fotoperiodista Bartoliche, logró ingresar por uno de los laterales de este camino, lo que motivó la reacción de los peones rurales que responden a Lewis y Nicolás Van Ditmar, su mano derecha, relataron los voceros.

Luego de haber sido retenidos por más de dos horas, los peones decidieron soltar a los manifestantes.

“Caminamos dos kilómetros para llegar a la tranquera. Fuimos en absoluta paz. Periodistas, dirigentes políticos, cada uno nos presentamos como lo que éramos. Un tal señor Puchi nos dijo que nos vayamos. Empezaron a arriarnos con los caballos y a pegarnos rebencazos. Una joven tiene la cabeza rota por un palazo. Otra tiene un chichón y otro tiene rota la nariz”, relató Bartoliche.

En esa línea, la reportera gráfica remarcó que fue maltratada por los peones, quienes le quisieron “sacar la cámara de fotos”. Y denunció: “Los mismos tipos que nos pegaron vinieron con la policía”.

A su vez, una asesora jurídica de los organizadores de la marcha afirmó que fue radicada una denuncia luego de ocurridos los hechos.

“Está presentada la denuncia en el Juzgado de El Bolsón contra las personas que participaron de la golpiza”, dijo la abogada Cristina Lembeye, asesora de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca)

Asimismo, Télam pudo confirmar que entre los manifestantes que estuvieron retenidos figuran dirigentes de La Cámpora y otros movimientos.

“Hay gente con bandera argentina defendiendo a un inglés que está usurpando tierras y que no dejan llegar a un lago, que es de los rionegrinos y de los argentinos y de todo el mundo que quiere ingresar a ese lago”, dijo a Télam el diputado por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollán, quien está en la marcha.

Y cuestionó: “¿Qué pasa en Lago escondido? ¿Qué se esconde?. A que vienen fiscales, jueces, gente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios? El pueblo quiere saber qué pasa”.

El juez Santiago Morán se presentó en las inmediaciones del Camino del Tacuifí “para constatar los hecho de violencia ocurridos en el día de hoy”, informaron a Télam voceros gremiales y policiales.

Además, dispuso trasladarse al hospital de El Bolsón para “constatar la situación en la que se encuentran los heridos tras la feroz golpiza”, añadieron las fuentes.

Previamente, en un clima de tensión y con más de un centenar de efectivos policiales provinciales custodiando el predio, los manifestantes intentaron avanzar por el Camino del Tacuifí, pero su paso fue impedido por una gruesa reja que el magnate mantiene en el sendero.

Los barrotes del portón habían sido untados con grasa de camión y se había colocado alambres de púas para impedir el acceso de los manifestantes.

Los intentos por derribar el enrejado golpeando en varias oportunidades con piedras y hasta utilizando una amoladora no tuvieron éxito y se produjeron incidentes y forcejeos entre los manifestantes y los más de 25 peones rurales montados a caballo y de a pie, que portaban rebenques y gomeras.

Uno de los integrantes de la marcha -Nicolás Villagra- resultó herido en la cara a causa de un piedrazo de parte de los hombres de Lewis, mientras que otro, Alejandro Magni, fue atacado con gas pimienta.

“Los dos están bien. Fueron atendidos por personal sanitario”, indicó Martín “Grifo” Adorno, responsable de comunicación de la movilización. Y agregó: “Lamentablemente, esperábamos recibir algunas agresiones. No obstante, es fundamental llevar tranquilidad a las familias”.

Entre el personal que atendió al herido por el piedrazo, que fue llevado a una posta sanitaria en la localidad de Río Villegas, estuvo el médico y diputado Gollan.

En ese marco, se presentó una persona que dijo ser abogado y representante legal de Lewis y de los vecinos insistiendo en que querían paz pero que esperaban una resolución definitiva de la justicia para que el tránsito sea público.

Luego, representantes legales de Fipca fueron notificados de que el pedido presentado ayer para “habilitar el camino en un marco temporal corto, determinado y fijo de 24 o 48 horas” fue denegado hoy Morán, titular del Juzgado N°3.

“Nos notificaron del rechazo del amparo por parte del juez Morán con una sentencia que posiblemente tenga algún error”, dijo a Télam una de las abogadas de Fipca.

El error del juzgado, según la organización, radica en que la solicitud no fue por el libre acceso a la costa del lago sino que “sólo se pidió” un ingreso por un breve período para “reabastecer con agua y alimentos” a los manifestantes que arribaron a otra de las cabeceras del lago.

“Pedimos que el grupo de apoyo que se encuentra en el portón pueda ingresar hasta la cabecera Este de Lago Escondido a encontrarse con el grupo de montaña que tiene 61 marchantes hace cinco días, y que no pueden retornar por el mismo camino”, detalló la abogada.

Con información de Télam

El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó este miércoles que la causa del viaje a Lago Escondido, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Bariloche, como fue hasta ahora.

“Hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes”, escribió el juez Farah en su resolución, difundida esta mañana.

El lunes pasado, el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe opinó en ese mismo sentido en un dictamen que evaluó el juez Farah al concluir la feria judicial.

“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, explicó Farah.

En ese marco, el camarista indicó que “a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” y agregó: “Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”.

El pase de la causa a Comodoro Py, rechazado en primera instancia, fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por los jueces Julián Ercolini y Carlos Mahiques, así como el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, quienes fueron recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

El fiscal recordó en su dictamen de 7 páginas que, en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.

La causa se estaba tramitando ante el juzgado federal de Bariloche, que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien anunció recientemente su jubilación, por lo que hubiera sido reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.

Los jueces investigados en esta causa son Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

LC con información de agencia Télam

El pasado domingo, representantes políticos, gremiales y sociales de más de 120 organizaciones iniciaron la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La movilización, que pretende llegar a las orillas del lago a través de la estancia de Joe Lewis, busca denunciar la presencia de un enclave británico en la zona. De acuerdo a organizadores de la protesta, allí se encuentra “la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia”.

La columna encabezada por Julio Urien, dirigente peronista y titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), avanzó este lunes por la ruta 40 hasta el Paraje Foyel, donde se ubica el ingreso al Camino del Tacuifí. La caravana de más de 500 militantes iba a tomar dicho acceso para llegar al lago, pero encontraron el paso bloqueado por un portón y un grupo de más de 30 peones rurales a caballo.

El camino debería estar habilitado para libre circulación en línea con la orden de “abrir y otorgar transitabilidad al Camino de Tacuifí, señalizar el Camino de Montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad”, emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche Sin embargo, continúa bloqueado por un portón y señalizado como un “camino rural privado” por la Comisión de Fomento El Manso.

Este martes, las organizaciones que participan de la marcha presentarán un recurso a la Justicia para que libere el acceso al público, según especificó Urien. Organizaciones encabezadas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se movilizarán hoy para exigir el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan acondicionar las vías de acceso al lago. “La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a la Nación que no sigan haciéndose los distraídos”, comunicó Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE.

Estas organizaciones también denunciaron este lunes la inacción de parte de Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, y la complicidad de las fuerzas de seguridad con Lewis. Los integrantes de la movilización rechazaron la decisión del gobierno provincial de desafectar a la policía de la marcha y aseguraron que la medida allana el camino para posibles enfrentamientos entre las organizaciones y quienes bloquean el paso. “Lewis busca la violencia y quiere una pelea de pueblo contra pueblo”, aseguró Urien tras reafirmar el carácter pacífico de su columna y denunciar provocaciones de parte del personal de seguridad de Lewis.

Además, la izquierda se sumó a la séptima marcha al Lago Escondido. Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, manifestó: “Joe Lewis tiene una sede del imperialismo británico en la Patagonia y gracias al PJ, la UCR, jueces y fuerzas de seguridad lo mantiene con total impunidad. No solo compró tierras que nunca debió adquirir, sino que burla las resoluciones sobre el acceso público al Lago del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Bariloche”.

En 2022, durante la sexta marcha a Lago Escondido, quienes marchaban sufrieron hostigamiento de parte de más de 40 personas a caballo armadas y comandadas por Nicolás Van Ditmar, que obstaculizaron el libre tránsito.

Mientras estas agrupaciones reclaman la apertura del camino de Tacuifí, la columna “Juana Azurduy”, encabezada por Alejandro Meyer y Sergio Cuestas, avanza hacia el lago por el Camino de la Montaña. 

ACM con información de Télam.

Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

“En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam

Juan Grabois planificó durante un mes su mediática excursión a Lago Escondido, cuando denunció la ocupación del espejo de agua por parte del magnate Joe Lewis. Finalmente la llevó a cabo el 27 de diciembre, sabiendo con antelación que entre Navidad y Año Nuevo era más laxa la seguridad privada del magnate inglés. Ahora el dirigente subió su apuesta: en un texto que publicó anoche en su cuenta de Facebook, advirtió que podría haber nuevas intervenciones de ese tipo, pero ya contra empresarios y funcionarios nacionales. 

“Que mejor no le saquen más nada a ningún trabajador pobre de este país después del 20 de enero, ni sus derechos actuales ni sus derechos futuros, porque la próxima vez Lago Escondido va en alguna de sus mansiones a gritarles en la cara nuestra verdad”, escribió el referente del MTE y del Frente Patria Grande, aliado del gobierno del Frente de Todos.

Alentado por repudiar el operativo de la Policía de la Ciudad de ayer contra los vendedores ambulantes en el barrio porteño de Once, Grabois cuestionó al macrismo y al kirchnerismo por igual. Incluso hizo menciones al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, figuras en el último tiempo muy cuestionadas por todos los movimientos sociales oficialistas, ante el recorte al programa Potenciar Trabajo.

“Es algo paradójico cómo les molestan los planeros que supuestamente no trabajan y al mismo tiempo les molestan los manteros que evidentemente sí trabajan. En realidad, lo que les molesta son los pobres y si están organizados, peor. Les molesta cualquier trabajador que no sea un individuo aislado y sumiso que se deja atropellar por los de arriba”, apuntó Grabois, dirigente de diálogo directo con Cristina Kirchner y el papa Francisco.

Luego de defender “a los que el sistema descartó” –donde mencionó desde cartoneros a “quinteros boli” o “los pibes de visera”–, criticó a los funcionarios nacionales. “Los chetos sinvergüenza puertomaderences del Ministerio de Desarrollo Social que los vigilantean en vez de ayudarlos”, dijo sin mencionarla sobre Tolosa Paz, domiciliada en Puerto Madero, uno de los barrios más caros de la Capital Federal. 

También se despachó contra Massa, con quien Grabois llegó a negociar personalmente –según supo elDiarioAR– el bono para personas en situación de indigencia que se entregó a fines del año pasado a partir de la recaudación del llamado dólar-soja. Incluso llegó a amenazar con romper con el FdT, decisión que finalmente no tomó por la promesa del tigrense de abrir la billetera. Y recordó la reciente condonación de deuda por $140 mil millones a Edesur y Edenor –justamente de José Luis Manzano y Daniel Vila, amigos de Massa–. 

“Los quieren hacer sentir culpables de cobrar un complemento miserable de ingresos como si fuera regalo de ellos, los denigran o les niegan presupuesto a las causas sociales para bajar el gasto y chupamediar al Fondo Monetario Internacional pero haciéndose bien los boludos les condonan deudas multimillonarias a sus amigos dueños de EDENOR y EDESUR, subsidian a los sojeros, sostienen exenciones impositivas de multinacionales…”, se leé en uno de los párrafos del texto.

“Ajústense ustedes, ajusten a sus empresarios y financistas, antes de meter la mano en el bolsillo de la gente”, reclamó Grabois. En la última semana del 2022, el MTE –como parte de la UTEP– aceptó una tregua con Tolosa Paz ante el compromiso oficial de entregar un nuevo bono a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo en abril. Los piqueteros oficialistas habían llegado a hacer una inédita movilización contra su propio Gobierno, que terminó en las puertas de Economía.

La queja tenía origen en que el aguinaldo de fin de año se dividió en dos cuotas de $6750 –una en diciembre y otra en enero–, ya que la Casa Rosada necesitaba achicar el rojo del balance anual. Como publicó elDiarioAR, Massa exigió tampoco recargar los gastos públicos en el primer trimestre del nuevo año, y por eso el nuevo bono de $17.000 a beneficiarios de planes será en abril. “Los mantenidos son los multimillonarios, el 1% y algunos parásitos de la política que los hay; pero no son ni los cooperativistas ni los militantes sociales”, rechazó Grabois en su carta.

Justificó hacia el final sus últimas manifestaciones, en la misma semana en que fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas –en la causa impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli– por haber dicho en el Puente Pueyrredón que “iba a correr sangre” si no se estipulaba un Salario Básico Universal, medida que la gestión de Alberto Fernández ya descartó. “Vamos a estar defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía de las multinacionales expoliadoras y los piratas que con yuta, macristas, jueces, periodistas, patotas y la inestimable colaboración de algunos que diciendo de pico defender las banderas que nosotros sostenemos, en la práctica cambian la justicia del pueblo por poder para sí mismos, por congraciarse con los factores de poder”, escribió.

Y alertó de más escraches durante el año electoral, justo cuando Grabois está acordando, supo elDiarioAR, el apoyo de las candidaturas de dirigentes del Movimiento Evita en distritos del conurbano para pelearle al peronismo histórico, como Leo Grosso en San Martín y Patricia “Colo” Cubría –esposa de Emilio Pérsico– en La Matanza. En la disputa nacional, Grabois acompaña el coqueteo de Wado de Pedro como presidencialista del kirchnerismo, aunque también dijo que oficializará su postulación si el ministro no se presenta. “Sigan juntándose las lacras del gorilaje, los serviles al poder de turno, los periodistas cometeros, los jueces de la injusticia, los Ercolini y Stornelli de la vida, la caterva de envidiosos y resentidos de la política... juntense toditos y sigan pegando que nosotros aguantamos los trapos y nos van a ver cada vez más seguido, van a ver más acciones de resistencia no violenta pero si vehemente, van a ver cartoneras en el congreso, más villeros, más pibas, más militantes de causas justas”, advirtió. Y cerró: “No todos queremos ser amigos de Lewis. No todos queremos ir al sauna del Lago Escondido”.

MC

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de plataformas de mensajería digital instantánea como Telegram y Whatsapp.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos a D'Alessandro su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, por lo que entendió que correspondía que intervenga otro funcionario judicial, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el funcionario porteño y se comunicaran frecuentemente.

La denuncia de D'Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti -que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia-, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D'Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como 'Carlos Rivolo Fiscal'”, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

“Desconozco cómo las plataformas -Whatsapp, Telegram u alguna otra- adjudican la 'frecuencia' de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

“Conforme mi rol de ex Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación -durante los períodos 2016 -2019-2022- y Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó.

“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020”, continuó Rivolo.

“Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante -por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro- en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ”García Jonatan Manuel y otros s/daños “ -que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo.- y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ”Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa“- que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, detalló el fiscal.

Finalmente, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats -bajo ningún formato de plataforma- que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de 'contacto frecuente' como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”.

Con información de Télam.

IG

Desde hace un tiempo, el acto de despreciar a Alberto Fernández enciende a Cristina y La Cámpora. En on, en off, en presencia, en ausencia, con proclamas densas o estiletazos irónicos, pocas causas concitan tanta constancia y energía en la vicepresidenta y su grupo político como hacer blanco en quien accedió a la Casa Rosada, antes que nada, por una propuesta nacida en un living de un departamento ubicado en Juncal y Uruguay.

El último episodio fue la alusión a la “agrupación política del amague y recule” con la que Cristina etiquetó a su compañero de fórmula en relación a los vaivenes presidenciales ante el fallo de la Corte por la coparticipación de CABA. La saga de la bronca contra Alberto Fernández es de larga data, pero hubo un período en que las cosas fueron distintas.

En cada aparición pública, Cristina elogia su propia capacidad predictiva al recordar una advertencia que formuló a fines de 2020. “Sergio (Massa) decía que la economía va a crecer en el 2021. Pero ojo: yo no quiero que a ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, avisó la vicepresidenta el 19 de diciembre de ese año en el estadio único de La Plata, con toda la cúpula del oficialismo reunida.

El Frente de Todos todavía parecía una coalición de Gobierno y Cristina, una vez más, mostraba lucidez al identificar el nudo del conflicto que se venía. Delimitó que la función esencial de un Ejecutivo peronista era garantizar que los salarios y las jubilaciones —muy golpeados después de los años del macrismo y la pandemia— recuperaran valor.

Cuando se volvió a ilusionar

Aun con cuestionamientos latentes, el balance de Cristina era muy positivo al cabo del primer año traumático del coronavirus. Lo dejo claro en un texto difundido pocos días antes del acto en La Plata, también en diciembre de 2020, en el que se enorgulleció de que el Frente de Todos hubiera sancionado “leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía”. Un aval al Gobierno de Alberto en toda la línea, más allá de funcionarios que no funcionaban.

Esa Cristina en el papel de oficialista crítica sintonizaba con aquélla que había elegido a Alberto por razones tácticas, porque ella —según razonó en mayo de 2019— dividía y él, por el contrario, sumaba. El pragmatismo la llevó hasta a indultar a peronistas que habían coqueteado con el Gobierno de la restauración conservadora. Como Sergio, sin ir más lejos.

Entre el instante de su nominación como candidato y diciembre de 2020, Alberto Fernández buscó agradar a “Héctor” —proveedor de certificados de la no mentira— durante una convención de Clarín, pero también decreto que la TV paga, las comunicaciones móviles y la banda ancha fueran servicios públicos esenciales, en lo que parecía ser el golpe más efectivo contra el Grupo Poderoso en mucho tiempo y que, por supuesto, la Corte Suprema y viajantes a Lago Escondido se ocuparon de desbaratar. Pasaron los vaivenes de Vicentín, el impuesto a las grandes fortunas, la dilación como norma, la alfombra roja “al amigo Larreta”, el DNU por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la reestructuración de la deuda en mano de acreedores privados y el comienzo de la renegociación con el FMI por US$ 44.500 millones. Martín Guzmán era presentado como un técnico firme y sagaz, con capacidad de articulación con el mundo financiero y acceso al reservado living de Juncal. Cristina, hasta ahí, bancaba los trapos.

Fue un amague

El crecimiento del PBI en 2021 y 2022 sorprendió por su dimensión y desconcertó al consenso de economistas y líderes de opinión afectos a sobreestimar escenarios positivos cuando gobierna la derecha y prenunciar catástrofes cuando lo hacen los contrarios. Ocurrió que las multicausalidades de la inflación se dispararon al unísono y cuatro vivos tuvieron capacidad para llevarse buena parte de las ganancias. El poder adquisitivo de los salarios no levantó, escenario que se repitió desde México a la Unión Europea, desde Uruguay a Estados Unidos.

Ante el incumplimiento de la promesa de revertir la pérdida lacerante de los ingresos de los trabajadores durante el Gobierno de Macri, el pacto con los votantes del peronismo quedó dañado. Nueve meses después de la enumeración de logros difundida por Cristina a fines de 2020, el Frente de Todos perdió las primarias legislativas. Y Cristina reculó.

Gobiernos de izquierda y de derecha apelaron a estrategias y manotazos para hacer frente al descontento de sus bases electorales. Ganaron y (sobre todo) perdieron elecciones. Los tropiezos ante una crisis para la que no había recetas fueron la norma. En cambio, no abundaron países en los que una parte central del Gobierno, la de mayor capital político, pasara a actuar como opositora de su propio mandato. El Alberto de las idas y vueltas se tornó intolerable para Cristina. La vicepresidenta y su entorno hicieron saber por todos los medios que estaban arrepentidos de haber regalado al Presidente “nuestros votos”. Y Guzmán pasó de nerd nacional y popular a traidor neoliberal.

Queda librado a la imaginación el cálculo de cuántos festivales en las plazas habría hecho Cristina si el PBI y el empleo hubieran crecido como lo hicieron en los últimos dos años bajo un mandato conducido por ella misma. O si hubiera concretado un acuerdo con el FMI que fue criticado por el mundo financiero internacional como demasiado condescendiente hacia un Gobierno populista. El escenario fue otro. A la luz de los hechos, la agenda pragmática de Cristina ensayada en 2019, que concebía dar un paso atrás para dar dos adelante, no fue más que un amague.

Quitar el cuerpo

Para salir del atolladero, la vicepresidenta retornó a su versión del último mandato presidencial (2011-2015): festival de subsidios a los servicios públicos sin distinción de poder adquisitivo (de Florencio Varela a Barrio Norte, con costos secundarios en infraestructuras deficientes en Chaco y Jujuy) y aumentos por decreto financiados con emisión monetaria. Durante meses angustiantes, el cristinismo se permitió argumentar que la impresión de dinero no conlleva efectos inflacionarios. El tamaño de la inconsistencia se agravó ante una realidad de arcas vacías en el Banco Central y la deuda externa heredada.

A la hora de sellar un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda regalada a Macri y ante la inminencia de un default con resultados devastadores, la vicepresidenta levantó la bandera de la ruptura

La política dejó de ser el arte de lo posible para perpetrar el arte de la evocación nostalgiosa de la “década ganada”. Cristina y sus referentes le quitaron el cuerpo al escollo más importante que tenía el Gobierno del Frente de Todos. A la hora de sellar un nuevo acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda regalada a Macri y ante la inminencia de un default con resultados devastadores, la vicepresidenta levantó la bandera de la ruptura, como esos números diez que, cuando se complica el campeonato, sobreactúan su enojo con el técnico, besan la camiseta y se hacen invitar a comer un asado con la barra.  

Días atrás, La Cámpora volvió a quitar el cuerpo ante la eclosión del conflicto nacido de la dispendiosa generosidad de Macri hacia CABA y la abrupta decisión de Alberto contra su examigo Larreta.

Wado no es parte

Fuera por decisión propia o, como sostienen algunas voces del Gobierno, impuesta, la reacción inmediata del camporista Wado de Pedro consistió en difundir que ni él ni la cartera de Interior tenían responsabilidad en el conflicto judicial. “El Ministerio ni siquiera es parte en el expediente”, informaron desde Interior no bien la Corte emitió la cautelar, diez días atrás. Un tiro por elevación, más que contra Alberto, contra el silencioso Massa, a quien señalaron como responsable de aprobar las transferencias solicitadas por los cortesanos.

El argumento resultaba difícil de digerir. De Pedro participó de audiencias en la Corte, representó a la Nación en bilaterales con la Ciudad, habló en público sobre la defensa del federalismo, pero a la hora de sostener la estrategia ante un fallo adverso, optó por sustraerse de la pelea. Recién el jueves pasado, tras la chanza vicepresidencial sobre el amague y recule y una semana después de la cautelar cortesana, el ministro denunció una fallo “arbitrario, electoralista y antifederal” en diálogo con Radio con Vos. También se habilitó otra prueba de lealtad Cristina al reivindicar profundas diferencias con el Gobierno que integra. Una prueba que algunos de sus colegas del cristinismo ven necesario revalidar.

Con estas prácticas, Cristina asoma a 2023. La estrategia parece ser la recuperación de la mística de sus años en la Rosada, como si nada hubiera pasado. Ni el estancamiento de su último mandato ni el Frente de Todos, ni el hartazgo social ante problemas transversales que ni ella, ni Alberto, ni Macri supieron resolver.

El resultado de tan arriesgada apuesta es un enigma. “Dejen de elogiarme, hagan algo”, le dice ahora Cristina a su tropa, como síntoma de que esta vez no hay conejo en la galera y de que ella misma lee la dificultad de que el intento de ser opositora a su Gobierno es, más que nada, incomprensible. Y si en el año que comienza, la inflación baja, el crecimiento continúa y el Frente de Todos o lo de que de él surja encuentra una competitividad electoral hoy improbable, el plan de pararse en la vereda de enfrente perderá sentido. Difícil salir del laberinto que Cristina misma construyó.

Comodidad o cinismo

Otro eje al que la vicepresidenta entrega tanta o más energía que a limar a Alberto es la agenda judicial que la tiene condenada en una causa e imputada en otras. Cristina recibe críticas de los enemigos que la persiguen, pero también de otros, incluso propios. La ven ensimismada en los vericuetos de los expedientes y desapegada de problemas acuciantes como la inflación, la pobreza y el empleo de calidad.

El señalamiento encierra cierta comodidad intelectual, si no cinismo. Es fácil apuntar contra la vicepresidenta por su dedicación a los temas judiciales cuando hace años que se encuentra a merced de cortesanos que se dejaron designar a dedo y le pasan letra a ministros de Larreta, y jueces que se acomodaron ilegalmente gracias a estrategias pergeñadas por Pepín Rodríguez Simón, hoy plácidamente prófugo en el paraíso uruguayo.

Un entramado judicial con participación de espías, periodistas y lobistas del Grupo Clarín, y sedes en Comodoro Py, Los Abrojos y Lago Escondido, le apunta a la vicepresidenta en causas reales o inventadas, pero siempre, con métodos espurios. Sus acusadores ponen en juego allanamientos, procesamientos y amenazas a la libertad, de Cristina y de sus hijos.

Es fácil apuntar contra la vicepresidenta por su dedicación a los temas judiciales cuando hace años que se encuentra a merced de cortesanos que se dejaron designar a dedo y jueces que se dejaron trasladar sin concurso

Por ahora, el sistema judicial no concretó en los papeles una proscripción, aunque sí fuerza a Cristina a tomar decisiones políticas y elaborar discursos en función de pasos procesales orquestados con tiempismo electoral. La contracara de esa podredumbre es que sus rivales gozan de impunidad absoluta. No hay revalúo de peajes, parques eólicos, fugas en paraísos fiscales, Paseo del Bajo, concesiones de acarreos, Milmans y espionaje ilegal que logren conmoverla.  

Había razones para pensar que Horacio Rodríguez Larreta podría prescindir aunque sea en parte de la asociación ilícita que instaló el macrismo en el Estado. No por principios republicanos —sus antecedentes en CABA no son mejores que los de Macri en Nación—, sino por eficacia. Parecía factible el razonamiento de que ese sistema ilegal desquicia la política y sirve para condicionar a adversarios, pero no para sacarlos del mapa ni para dar vuelo a un plan de Gobierno.

Ocurrió lo contrario. Los supuestos chats del ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad y candidato para el mismo puesto nacional, Marcelo D'Alessandro, agravaron las peores sospechas. Si esos diálogos son ciertos —múltiples indicios, testimonios y la endeble desmentida del funcionario parecen confirmarlos, aunque corresponde dejar un resquicio a la hipótesis contraria— la promiscuidad entre la Corte Suprema, los tribunales federales, los espías, el Grupo Clarín, empresarios y dirigentes de Cambiemos tiene al proyecto de Larreta como beneficiario estelar.

La competencia electoral de 2023 se dará en ese marco. 

SL

La irrupción de Juan Grabois y un grupo dirigentes sociales en la propiedad Joe Lewis en Lago Escondido llegó a su fin. Al menos por ahora, ya que el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) anunció que se retiraba junto al grupo de más de ochenta personas con los que se filtró en la estancia del magnate británico e instaló un acampe, pero prometió volver. “Estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario, acá y en cualquier otro territorio donde se está violando la soberanía”, advirtió.

Los manifestantes fueron retirados por la policía de la provincia y un grupo de fiscales a cargo, entre ellos Francisco Arrien, de El Bolsón. Habían llegado hasta el lugar por un camino de ripio el pasado martes para denunciar la existencia de “un Estado paralelo” y “solo accesible los jerarcas del poder judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real”. También por “las ocupaciones ilegales de Joe Lewis en el sur”.

La noticia, por otro lado, se produjo luego de que se filtraran una serie de videos en los que se ve a Grabois y su grupo, que llegaron a desplegar hasta nueve carpas a la orilla del famoso espejo de agua y cruzarse con trabajadores del lugar y efectivos policiales de la provincia. La tensa situación fue difundida por Hidden Lake S.A., la empresa que se encarga de administrar la propiedad de Lewis, de 85 años y dueño de la séptima mayor fortuna de Inglaterra.

En los documentos, se lo ve al también líder del Frente Patria Grande decirles “chupamedias del inglés” a los empleados y que “si hay alguno que tiene espíritu de inglés, que se vaya a Inglaterra y a otra cosa”. También se puede ver a Grabois recordarles el “color de piel”. “Yo sé que ustedes tienen un empleador inglés, sé que no es su culpa, sé que están laburando. El inglés los desprecia a ustedes igual que nos desprecia a nosotros”, les dijo Grabois, que estuvo acompañado por Federico Fagioli, uno de los diputados del Frente Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos (FdT).

En medio de esa tensa situación, por otro lado, se escucha la respuesta de un empleado. “Yo estoy laburando, loco. Todos los días laburo yo. ¿Por qué no vienen cuando hay un incendio? ¿Por qué no vienen cuando hay un metro de nieve y la gente no puede salir?”.

Reafirmación de soberanía

En una conferencia de prensa desde El Bolsón, Grabois junto al diputado Fagioli y el resto de la delegación, hablaron sobre el acampe en el Lago Escondido. Grabois aseguró que fue “con el objetivo de hacer una acción de reafirmación de la soberanía nacional y lo logramos, por eso están enojados, dicen mentiras, inventan una agresión a una persona que no fue tal”. De esta manera, desmintió las versiones periodísticas y contó cómo fue la situación.

“Los lagos y sus costas son territorio nacional, patrimonio de todo el pueblo. Nadie tiene derecho a cerrar los accesos y menos en el caso del magnate Lewis, que van 20 años de incumplimiento del fallo para abrir el acceso público y seguro para que cualquier familia argentina pueda ir a disfrutar el lago escondido que es de lo más hermoso que tiene nuestro país” dijo Grabois.

El dirigente desmintió las versiones periodísticas que afirman que agredió a una mujer y contó que un grupo debía salir por razones de salud, la policía no los dejaba y tras dos horas de negociación, cuando ya estaban por salir, un auto de la “patota” de Lewis se puso adelante para impedirlo. En ese momento, el dirigente social se dirigió hacia ese auto con intención de correrlo. “Si en ese forcejeo se cayó el celular de una persona que estaba ahí, le pido disculpas a esa persona, pero no es verdad que hubo una agresión”.

Grabois denunció además que Lewis y sus testaferros tienen otras dos propiedades en zona de seguridad nacional. Una pista de aterrizaje “desde donde se hacen vuelos a Islas Malvinas” y la Estancia El Cóndor en estrecho de Magallanes “que cierra el triángulo”.

Y dijo que el gobierno de Río Negro está en “desacato” de un fallo del tribunal superior de justicia de la provincia. “Tenía hasta septiembre para abrir un camino” hasta el lago, dijo. “Esperemos que lo cumpla de inmediato”.

Denuncia

Desde Hidden Lake S.A. anticiparon que denunciarán a Grabois por “violación de domicilio, intrusión, amenazas, daños a la propiedad privada y violencia de género” por haberle pegado un manotazo a una trabajadora que lo filmaba con su celular. Denunciaron que Grabois junto a más de 80 personas “violentaron el ingreso a la propiedad” y afirmaron que “hay un guardia y 300 empleados”.

Más temprano, desde el Frente Patria Grande publicaron un hilo de Twitter donde afirmaron que se les cortó adrede la comunicación y dieron su versión de los hechos. “Suponemos que fue inhibida como forma de amedrentamiento y aislamiento comunicacional. Todos los integrantes estaban bien, aunque durante el día sufrieron distintos tipos de hostilidades por parte de las patotas de Lewis”, apuntaron.

Con información de agencia NA

Un grupo de activistas y dirigentes sociales liderados por Juan Grabois ingresó en la estancia del magnate británico Joe Lewis frente al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Además de fotografiarse a las orillas del espejo de agua, denunciaron la existencia de “un Estado paralelo”, “solo accesible los jerarcas del poder judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real”.

La consigna hace referencia a la filtración de chats en octubre pasado entre jueces y fiscales, como Julián Ercolini y Carlos Alberto Mahiques; funcionarios de la Ciudad, como el ministro Marcelo D'Alessandro y directivos del Grupo Clarín, quienes participaron de una reunión en la estancia de Lewis, cerca de San Carlos de Bariloche.

El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue acompañado de una veintena de personas que llegó a través del camino de Sirga y sin aparentes complicaciones por el personal de seguridad. Entre los presentes, se encontraba Federico Fagioli, uno de los diputados nacionales del partido que Grabois preside -el Frente Patria Grande- que integra el Frente de Todos (FdT).

Antes del desembarco, Grabois publicó un video en redes sociales donde le pidió a los gobernantes locales, provinciales y nacionales a que “se pongan la celeste y blanca para defender los derechos del pueblo y de su Patria”, apuntando contra “las ocupaciones ilegales de Joe Lewis en el sur”, en medio de las denuncias contra el empresario por haberse adueñado de tierras públicas, limitando los accesos del patrimonio natural.

“El Triángulo de Lewis se construyó violando todas las leyes. Hace 20 años hay un fallo para abrir un sendero público. El Lago Escondido forma parte de un enclave colonial inglés asentado ilegalmente en una zona de seguridad nacional. No puede haber una propiedad de una empresa transnacional, lo dice la ley”, cuestionó el dirigente sobre los otros dominios de Lewis: un aeropuerto en Sierra Grande y la Estancia El Cóndor, en el Estrecho de Magallanes, a kilómetros de las Islas Malvinas.

Grabois citó al pacifista y político hinduista Mahatma Gandhi. “Nuestra acción se enmarca en el concepto de Resistencia No Violenta con el que Gandhi enfrentó el imperialismo inglés en la India. No estamos violando ninguna ley, simplemente ejercemos nuestro derecho constitucional al libre acceso a la costa de los lagos”, afirmó y concluyó: “Nosotros somos argentinos que queremos liberar este pedacito de patria de la ocupación ilegal”.

LC con información de agencia NA

Este viernes, Juntos por el Cambio (JxC) bloqueó en una sesión extraordinaria de la Legislatura porteña el pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos (FdT) contra el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el Fiscal General del distrito, Juan Bautista Mahiques, por participar del viaje a Lago Escondido.

JxC también frenó un pedido de interpelación a ambos funcionarios, presentado por el Frente de Izquierda. Tanto el FdT como la Izquierda plantearon mociones de privilegio para habilitar el tratamiento de sus proyectos, pero no contaron con el apoyo de la coalición oficialista, que cuenta con 32 bancas de un total de 60.

Durante la sesión, Javier Andrade, el vicepresidente del bloque del FdT, dijo que D'Alessandro y Mahiques participaron del viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis para reunirse “con jueces federales y exagentes de inteligencia”, por lo que definió como “insostenible” la situación de ambos funcionarios y acusó a los oficialistas de “cómplices”, por impedir el juicio político.

Juan Manuel Valdés, su compañero de bancada, agregó que, al participar del viaje, los funcionarios “violaron la ley de ética pública” por recibir dádivas. Por su parte, Matías Barroetaveña dijo que la reunión en Lago Escondido mostró “cómo el grupo Clarín, el Poder Judicial, los funcionarios del gobierno de la Ciudad y los servicios de inteligencia manejan las causas en la Argentina”.

Algunos legisladores del FdT llevaron parlantes al recinto reprodujeron fragmentos de las conversaciones entre quienes viajaron a Lago Escondido que se hicieron públicas hace algunas semanas. Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que poner parlantes en el recinto es una “payasada” y pidió que los apaguen.

Desde el Frente de Izquierda, Mercedes de Mendieta intervino para decir que es “una vergüenza el encubrimiento de (Horacio Rodríguez) Larreta” a sus funcionarios, y agregó que Lewis “está expropiando las tierras de la Patagonia y no nos permite acceder a Lago Escondido”. Su compañera de bancada, Alejandrina Barry, apuntó que el británico es el “terrateniente más grande” de la Argentina.

La sesión se realizó por fuera del período anual de sesiones ordinarias, y fue convocada por Juntos por el Cambio para tratar la derogación del impuesto sobre los consumos realizados con tarjetas de crédito, proyecto que también fracasó, porque la coalición lo modificó a último momento para dejar la medida en suspenso hasta recibir fondos del Gobierno Nacional.

LC con información de agencia Télam