Las “usurpaciones” VIP en la Patagonia que no molestan al poder

Mansión de Joe Lewis, en Lago Escondido. Días atrás prescribió la causa por la compra de las 11 mil hectáreas que rodean el lago.

2

En la misma semana y con sólo 50 kilómetros de distancia, ocurrieron dos hechos que ponen en evidencia que la discusión por las tierras en el sur está atravesada tanto por intereses políticos y económicos, como por signos claros de racismo y aporofobia o fobia a los pobres. Y que merecieron distinto tratamiento mediático.

A los seis días de iniciada la “recuperación territorial”, como la justificó la comunidad, en Cuesta del Ternero, en el ingreso a El Bolsón, la policía rionegrina intentó desalojar el 24 de septiembre a la comunidad mapuche Quemquemtreu y, por orden de la Justicia, sitió el territorio para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a quienes habían quedado en lugar.

Este proceso de “recuperación territorial” se realizó sobre lotes fiscales explotados por un privado -sin escritura ni posesión efectiva en el lugar-, beneficiado por recurrentes subsidios estatales e incentivos impositivos. La explotación forestal de pinos degradó la tierra en el lugar y potenció el riesgo de incendios.

Esa “usurpación”, según la definición de la denuncia presentada por el privado y amplificada por el Gobierno provincial, mereció el rechazo del Intendente de El Bolsón, organizaciones ruralistas y empresarios turísticos.

Al mismo tiempo y a medio centenar de kilómetros de allí, el equipo de colaboradores del magnate inglés Joe Lewis, celebraba la prescripción de la causa por la compra de las 11.000 hectáreas que rodean el lago Escondido.

La investigación por la posible adquisición fraudulenta de las tierras prescribió por el paso del tiempo, sin condenas. Quedó libre de culpas, entre otros, el hijo de Joe, Charles Barrington Lewis, quien había sido imputado. Así lo confirmó el pasado 15 de septiembre la Cámara Federal de Casación.

La causa se había iniciado en 2012 a partir de una denuncia anclada en la Ley que prohíbe la venta a extranjeros de tierras ubicadas dentro de una zona de seguridad de fronteras. Sin embargo, Hidden Like S.A, de capitales ingleses y sin vínculos familiares con Argentina, con una maniobra de triangulación, fue autorizada a adquirir las hectáreas en 1996. Del expediente se desprende con claridad que el grupo Lewis creó una empresa ad hoc con participación directiva argentina, para luego pasar a manos de los verdaderos dueños ingleses.

En 2016, el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, requirió al Ministerio del Interior que inicie acciones judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras. Ese mismo año, en marzo, el por entonces presidente, Mauricio Macri, descansó con su familia cuatro días en la mansión de Lewis, a la que habían llegado en el helicóptero del magnate. Balbín fue apartado de la Procuraduría y el pedido de nulidad jamás se inició.

Ahora, el tiempo y la falta de impulso por parte del Estado argentino provocó la prescripción, que apenas tuvo repercusión mediática.

Unos kilómetros más al sur, la empresa Laderas S.A -vinculada a Lewis-, adquirió en 2010 tierras por un valor irrisorio en la ladera el Cerro Perito Moreno, en una operación que mereció una investigación para determinar cómo el Estado de la Provincia de Río Negro permitió una nueva triangulación: una antigua familia que habitaba el lugar durante décadas accedió a la titularidad de la tierra fiscal, pero ocho meses más tarde la vendió al grupo Laderas, más allá de las restricciones existentes al plazo de propiedad de los lotes. En el lugar, la empresa proyecta un redituable negocio inmobiliario, cuestionado por el impacto ambiental en una zona de humedales.

A pesar del cúmulo de pruebas, funcionarios provinciales y empresarios privados fueron absueltos o excusados por la Justicia provincial en la causa por “venta irregular de tierras fiscales”.

Las costas poco libres

En Bariloche, reciente sede del antimapuche Foro Consenso, el avance de los privados sobre los espacios públicos en las costas de los lagos, es una problemática recurrente que despertó recientemente la inquietud de las autoridades nacionales.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, pudo constatar desde una embarcación del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), a fin de septiembre, cómo las construcciones privadas avanzaron sobre el lago Nahuel Huapi, particularmente en los aproximadamente 25 kilómetros de costa que recorre la avenida Bustillo, desde el centro de la ciudad hasta el hotel Llao Llao.

A través de la red social Facebook se organizó el colectivo de Vecinos por playas libres Bariloche, para recordar que “el Código Civil en sus artículos 235, 237, 240 y 1974 protege el libre acceso a las costas y establece que todas las aguas, riberas, playas y sus accesos, con toda su extensión, son ‘bienes públicos’. Es decir, patrimonio ‘inalienable’, ‘inembargable’ e ‘imprescriptible’ de todos los ciudadanos. Por esa razón, ningún emprendimiento privado puede impedir u obstaculizar el uso o ingreso a estos bienes”.

Un recorrido por las playas del Nahuel Huapi muestran otra realidad. Así lo confirmó a elDiarioAR el Intendente del Parque Nacional que lleva el mismo nombre que el lago. Horacio Paradela, apenas asumido en su cargo los primeros meses de 2020, impulsó el abordaje de la problemática a través de un proyecto de ordenamiento integral que desde un año antes figuraba en el plan de gestión del Parque.

El relevamiento dispuesto determinó que aproximadamente el 90% de los muelles en la costa del Nahuel Huapi están en una condición irregular. Ya sea porque no tienen la autorización correspondiente, porque se les sumaron “mejoras” no aprobadas, o por incluir infraestructura que no se corresponde con la normativa vigente (largo o ancho del muelle o instalaciones asociadas como sobretechos y rampas).

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a Paradela y técnicos del Parque Nacional, recorrió el lago en una embarcación, observando unos 10 kilómetros de costa desde la zona de Puerto Pañuelo.

Paradela señaló que se verificó la existencia de “infraestructura de privados que invaden el espacio público, sobre el que tiene jurisdicción el Parque Nacional, y que puede ser una playa o un área rocosa o con pendiente”.

También se constató la existencia de tomas de agua clandestinas, instaladas por privados, y para usos como el riego.

El año pasado, el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Municipalidad comenzaron un trabajo conjunto de ordenamiento de balnearios del lago, que incluye la organización de los espacios de uso de la playa con la seguridad correspondiente, la señalización, y el límite a las construcciones de privados; así como la verificación del cumplimiento de la normativa de las bajadas para lanchas, y la regularización de los fondeaderos de embarcaciones, en muchos casos no regularizados.

En paralelo, “empezamos a hacer el relevamiento costero donde están las situaciones de invasión al espacio público, con alambrados, escolleras y muros”, detalló Paradela.

Desde el municipio de Bariloche, en tanto, se admitió la problemática. El Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, explicó a elDiarioAR que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”. Teniendo en cuenta que “se trata de un problema histórico”, según definió, la “única alternativa es la expropiación o un sistema de compensación” a favor de los privados.

Uno de los casos en revisión es el del kilómetro 6 de la ruta a Llao Llao, donde la venta de un lote y el proyecto de construcción derivó en la edificación de una cerca que impide el libre tránsito hasta la costa del Nahuel Huapi. “Estamos negociando con él una servidumbre de paso”, explicó Barberis.

En el kilómetro 23 de la misma ruta, se abrió un proceso de expropiación -aprobada por el Concejo Municipal en 2011, y nunca concretada- contra una empresa del grupo Blaquier, que cerró un acceso a la playa.

Lo mismo sucede 12 kilómetros antes, donde privados de una conocida casa de artesanías y regalos regionales impide el libre paso hasta el lago.

Paralelamente, se multiplican las denuncias de vecinos por el mal estado de las “bajadas” hasta las aguas del Nahuel Huapi. En algunos casos se trata de picadas prácticamente intransitables, que el Municipio debería abrir, emparejar y mantener para garantizar su transitabilidad. “Estamos buscando los lugares más complicados y realizando tareas de limpieza”, respondió el Jefe de Gabinete municipal ante el planteo que realizaron algunas Juntas Vecinales del oeste de la ciudad.

Las Juntas de Pinar de Festa, Parque Pehuén, Pinar del Lago, Ladera Norte, La Cascada y Rancho Grande apuntaron a la situación en el kilómetro 5 de la ruta a Llao Llao, también cerrada por privados.

La presión del mercado inmobiliario de los últimos 20 años, el boom de construcciones de viviendas en zonas costeras, y la histórica falta de control estatal -por complicidad con los privados o ausencia de estructura para la verificación- terminaron por conformar en Bariloche un complejo escenario de violación a la normativa que consagra el derecho de acceso a los espejos de agua y el uso y disfrute de playas. Se trata de usurpaciones que no merecen titulares como “Millonarios al ataque. Son los nuevos usurpadores...”, por parangonar el título “Indios al ataque” que presentó en su programa televisivo Jorge Lanata.

Benetton, Arelauquen y de nuevo Lewis

Otro caso: el grupo Benetton también se quedó con valiosas tierras que habían sido despojadas a una comunidad mapuche. En Cushamen, la comunidad Ñancuchi Nahuelquir habitaba un predio -entregado por el Estado durante la primera década del siglo XX en reconocimiento a su presencia ancestral en la zona- de 625 hectáreas, denominado lote 140, asignado por la Ley 1501. Pero pocos años después, un inquilino que nunca pagó el alquiler vendió parte de la propiedad al comerciante árabe Heikel El Khazen, que fue corriendo a la comunidad.

Además, la viuda e hijos del lonco Rafael Nahuelquir se vieron perjudicados en un engorroso proceso -que incluyó un remate del que no fueron notificados- que permitió al comerciante Julio Telleriarte arrebatarles las tierras que luego pasaron a manos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A., antes de engrosar el latifundio de más de 900 mil hectáreas de Luciano Benetton.

El despojo fue denunciado por el periodista e historiador Osvaldo Bayer, a través de su periódico La Chispa, a fines de la década del ‘50. Desde entonces la situación no se modificó. En 2017, durante una protesta de integrantes de la lof en Resistencia Cushamen -que unos años antes anunció la recuperación de parte de ese territorio-, la represión de Gendarmería derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

En el caso de Lewis no sólo la forma de adquisición de las tierras está bajo sospecha, sino que se suma la imposibilidad de acceder a la costa del lago sin autorización de los administradores de la estancia. En 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó al Estado provincial y a la empresa Hiddeen Lake, abrir el camino Tacuifí para garantizar el acceso público a la costa: 24 kilómetros de recorrido que nace en el paraje El Foyel, cerrado por el multimillonario cuando compró las tierras a la familia Montero, poseedora por usucapión y también reticente a permitir el paso libre al lago.

La sentencia judicial está firme y establece su reapertura con obras que garanticen la transitabilidad, pero hasta la actualidad, nunca se ejecutó, por lo que el lago permanece cerrado al público y sólo pueden disfrutarlo quienes habitan la mansión construida a sus pies.

Una de las impulsoras de la denuncia, en 2005, fue la actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, (INAI), Magdalena Odarda, quien en diálogo con elDiarioAR cuestionó a las autoridades rionegrinas por las dilaciones en el cumplimiento del fallo, en contraposición con la urgencia y rigidez aplicada cuando las tierras son reclamadas por los pueblos originarios.

“Pasaron 24 jueces, tiene Resolución del Superior Tribunal de Justicia, no hay apelación posible y hace 10 años estamos en etapa de ejecución de sentencia”, reprochó, informando que recientemente incorporó al expediente la construcción de un vallado con cámaras de seguridad en el camino Tacuifí que la Justicia ordenó abrir.

“Esto está permitido obviamente por el gobierno de Río Negro que es el que está incumpliendo esta sentencia que favorece a los ciudadanos”, dijo Ordarda, e ironizó: “Ese camino sí fue abierto, pero sólo para permitir el paso de la policía y el fiscal en el desalojo de la Lof Gallardo Calfú -el 19 de octubre de 2020-. Para desalojar una comunidad, sí. Pero no para el acceso de los ciudadanos al lago”.

Al estar comprometidos funcionarios públicos, Odarda calificó de “reprochable” la prescripción de la causa que investigaba la compra de las tierras de Lago Escondido, aunque aclaró que “el fallo no impide que el Estado retrotraiga las actuaciones y que con una acción de lesividad pueda recuperarlas”. Al respecto, dijo que “hay elementos para probar que habrían sido adquiridas en forma fraudulenta con una sociedad compuesta por ciudadanos argentinos, pero que al ser inscripta en el registro de propiedad se hizo a nombre de Hidden Lake, contraviniendo toda la legislación relativa a la seguridad de frontera”.

El INAI tuvo una actuación determinante en junio pasado, al reconocer la ocupación “actual, tradicional y pública” de unas 300 hectáreas en el Cerro Otto de Bariloche por parte de la Comunidad Quijada, decisión que derivó en un fallo de la Justicia Federal para que un exclusivo country detenga obras y garantice una servidumbre de tránsito mientras resuelve la discusión de fondo.

Según la denuncia, Arelauquen Golf & Country Club, del grupo belga Burco, alambró en 2007 parte del territorio de la comunidad Quijada -unas 30 hectáreas que incluyen su cementerio- y cerró el camino ancestral Los Álamos, obligando a sus integrantes a ascender en vehículo por la ladera norte del Cerro Otto y bajar a pie o en carro por la sur, por más de una hora, hasta sus tierras. El reciente fallo cimentado sobre la resolución del INAI exige al privado a permitir a los miembros de la comunidad el ingreso directo, por la puerta principal del country.

Los casos se multiplican por centenares en la Patagonia. Casi al mismo ritmo de la disparidad en el tratamiento político/mediático y en la consideración social, ya sea protagonizada por intereses económicos concentrados o mapuches.

SR/WC

Etiquetas
stats