Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.

Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.

Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.

A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.

Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:

Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.

AR/JJD

En plena crisis por la seguridad en la Provincia, el jefe asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, redobló las críticas a la Nación por no haber participado al gobierno de Axel Kicillof de la reunión del Comando Unificado del Conurbano que organizó el miércoles la cartera de Aníbal Fernández con intendentes del conurbano.

El “puenteo” que denunció Bianco, fue desmentido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio de una abierta pelea por los seis mil gendarmes para el conurbano que reclamó Kicillof y la Nación dice que ya están trabajando en el distrito.

El funcionario bonaerense afirmó que “no contar con información, limita el impacto” que pueden tener las decisiones que se toman en materia de seguridad.

Además, expresó su malestar por la falta de invitación para el gobierno bonaerense a la reunión que encabezó la secretaria de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Mercedes La Gioiosa, con intendentes y secretarios de Seguridad de los municipios, para la conformación del Comando Unificado del Conurbano. Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense no participó de la reunión. Tampoco el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

“La Provincia no fue invitada y eso es un error grosero”, indicó Bianco en declaraciones radiales, y señaló que si bien “está perfecto que participen los intendentes y los secretarios de Seguridad de los distritos”, las medidas de la Nación “limitan el impacto de las políticas que se quieren llevar adelante porque quien tiene el mapa del delito y de las zonas calientes en la Provincia es el ministerio de Seguridad bonaerense”.

En el delicado contexto del crimen del colectivero Daniel Barrientos , el jefe de asesores de Kicillof también se refirió a la demora en la colocación de las cámaras en los colectivos, pese a que la Provincia había girado el dinero a las empresas.

“Hacia finales de 2021 se les giró $2.500 millones y $160 millones mensuales. Se hicieron varias auditorías y se realizaron varias intimaciones pero lo cierto es que hoy el 30% de las unidades tiene cámaras y, de ellas, no todas tienen envío de la información en tiempo real al centro de monitoreo que viene funcionando desde entonces, y ahí está trabajando el ministerio de Transporte con las sanciones que corresponden”, aseguró Bianco.

“Limita el impacto”

Antes del crimen del colectivero, la Casa Rosada había definido la creación de cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda.

Al ser consultado en radio Provincia sobre la reunión que se hizo en el Ministerio de Seguridad nacional, mandos de las fuerzas federales y secretarios de Seguridad de los municipios del conurbano, Bianco sostuvo que “no convocar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires limita el impacto de lo que se quiera realizar” en su territorio.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional ha decidido trabajar directamente con los intendentes y está bien, pero la Provincia debería tener ahí un asiento en esa discusión. Es justamente la que lleva adelante las tareas de caracterización de los problemas de inseguridad y cuenta con los mapas del delito”, comentó.

Sobre la detención de dos personas acusadas de haber participado en la agresión que sufrió el lunes pasado el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando se acercó a una manifestación de choferes que repudiaban el asesinato del colectivero Barrientos, Bianco indicó que desde el Gobierno provincial se efectuó una denuncia “ante la existencia de un delito”.

“Lo llevó adelante el Ministerio de Justicia de la provincia. Se cometió un ataque muy salvaje hacia el ministro Berni y estamos obligados a hacerlo porque se cometió un delito contra un funcionario público”, afirmó.

Y en ese sentido, remarcó que “esta semana hubo mucha oposición que justificó el salvaje ataque a Berni”.

“Podemos entender que en un momento de conmoción se cometan estos desbordes, pero no se puede tolerar, así no es la democracia. Hay distintas hipótesis que se están barajando hasta que la Justicia determine qué pasó. Hasta el propio sindicato (la UTA) mencionó que fue muy extraña la manera en que se dio ese robo”, puntualizó.

Aníbal F.

El crimen del colectivero hizo escalar las diferencias entre los gobiernos nacional y bonaerense por la seguridad. El miércoles, el ministro Aníbal Fernández cruzó al gobernador Axel Kicillof y lo calificó como un “profundo desconocedor de las cosas que suceden”.

“El gobernador dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, ¿qué cosa que plantea él?: 'Nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia'. Hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos desde hace un buen tiempo, y más con los que hemos incorporado en los últimos tiempos. Que lo repita como quiera, pero esos ya están hace rato trabajando en la Provincia de esa manera y estamos trabajando para mejorar la participación”, dijo el ministro de Seguridad.

Bianco, funcionarios de la confianza del gobernador Kicillof, ya había respondido ayer a Fernández. “No debe haber habido gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires que la conozca y que la haya recorrido como lo hace Kicillof. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador, en ese caso se podría presentar a unas PASO para gobernador”, dijo.

Con información de NA y Télam

En el marco de un acto por las nuevas incorporaciones a su Gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar los bonos que propuso el presidente Alberto Fernández por la devolución de los fondos coparticipables a la Ciudad que ordenó la Corte Suprema de la Nación (CSJN). “Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo que fue clarísimo”, apuntó.

Pese a que, en un principio y con apoyo de un grupo de dieciocho gobernadores, Alberto Fernández había recusado a los jueces de la Corte y desconocido el fallo, este lunes anunció que le transferirá bonos TX31 a la Ciudad para el “cumplimiento” de la medida cautelar dispuesta por la Corte. Frente a dicho escenario, Larreta anunció que la Ciudad ya realizó una serie de nuevos reclamos formales ante la Justicia.

“Los fallos están para cumplirlos, no para interpretarlos. Por eso presentamos en la Corte un informe respecto del incumplimiento por parte del Gobierno nacional para que se tomen las decisiones necesarias para hacerlo cumplir de la manera precisa que dice el fallo. Y hoy, además, presentamos en Comodoro Py las denuncias penales contra todos los funcionarios, incluidos los del Banco Nación, por no cumplir el fallo. Vamos a ir a fondo con esto hasta que cumplan con su deber”, explicó.

Para el jefe de Gobierno porteño, “con esta decisión, el Presidente quiebra todo el orden institucional, viola el Estado de Derecho y la división de poderes. Es realmente un atentado contra la democracia”. Y completó: “La Corte en esto fue contundente: el Gobierno Nacional tiene que transferirle a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable y eso se hace a través de transferencias del Banco Nación de forma directa, diaria y en pesos. En ningún lugar se habilita al pago en bonos”.

Las declaraciones por la coparticipación de Rodríguez Larreta se dieron tras la presentación de sus nuevos asesores de Gobierno. El mandatario porteño sumó al economista Martín Redrado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos; a Waldo Wolff en la Secretaría de Asuntos Públicos; y a Silvia Lospennato, que será integrante ad honorem (ya que continuará como diputada) del Consejo Consultivo de la Secretaría de Género.

“Hemos decidido algunas incorporaciones para seguir enriqueciendo el equipo de la Ciudad”, sostuvo durante el acto de las nuevas figuras de su equipo, una decisión que también apunta a las Elecciones del 2023. Y completó: “Nos llena de orgullo la enorme transformación que venimos llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, que la empezó Mauricio Macri como jefe de Gobierno y nosotros la continuamos”.

Con información de NA

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda iniciada contra la Nación por la coparticipación. En 2020, el presidente Alberto Fernández le había reducido los fondos mediante un decreto.

Con voto unánime, el máximo tribunal dictó una medida cautelar y ordenó que se le entregue al Gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y remarcó que esas transferencias deben realizarse en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

De esta manera, los magistrados de la Corte dispusieron la suspensión de la Ley 27.606, que había reducido la participación de la jurisdicción de la Capital.

La disputa por la coparticipación

En 2016, la Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad Autónoma, y terminó resolviéndolo la Corte luego de una instancia larga de mediación y negociación en el ámbito del máximo tribunal.

El expresidente Mauricio Macri, a poco tiempo de iniciar el gobierno, subió la cuota porteña del 1.40 por ciento al 3.75. En 2020, un recorte en la coparticipación porteña había sido decretado por el presidente Alberto Fernández, quien redireccionó esos fondos hacia la Provincia de Buenos Aires: en aquel entonces, el gobernador Axel Kicillof enfrentaba una fuerte protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales.

Contra esa decisión recurrió a la Corte Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno porteño, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias. De esa manera se inició un proceso donde la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente, pero el intento fracasó.

La Casa Rosada recibió el fallo y se encuentra analizándolo para poder definir los pasos a seguir en Tribunales.

LC con información de Télam y NA

Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este miércoles las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.

La reunión se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado 21 provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

En tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer hoy.

En ese marco, los gobernadores advierten que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron en el documento suscripto por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que las reuniones técnicas para acordar en el plazo fijado por la Corte -que finalizó este miércoles- seguirían sin dar resultado, dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzados en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación.

Sin embargo, luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores -incluso de aliados políticos de Rodriguez Larreta- la Ciudad motorizó un nuevo encuentro pero que no tuvo resultados positivos. Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

Las partes tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido este 11 de mayo.

Con información de agencias.

IG

Los representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires acordaron este miércoles solicitar una prórroga de 15 días a la Corte Suprema de Justicia para seguir negociando por los fondos del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña realizada por el macrismo.

Según informaron fuentes oficiales, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo y de cara al vencimiento del plazo impuesto por el máximo tribunal para el 26 de abril próximo, las partes acordaron pedir una extensión de los plazos para seguir debatiendo.

Durante las últimas tres reuniones se habían realizado ofertas y contraofertas, pero la semana pasada se había alcanzado un “punto muerto” que dejó la situación “lejos” de un acuerdo.

Luego de la reunión que se celebró en las oficinas del Ministerio del Interior en Casa Rosada, la agencia Télam pudo dialogar con un funcionario nacional que informó la imposibilidad de un acuerdo en los términos actuales, pero aclaró que “siempre hay tiempo para negociar”.

El pedido se formalizará este jueves, día en que se elevan los informes correspondientes a la Corte.

El máximo tribunal entiende en la demanda por inconstitucionalidad presentada por la Ciudad contra la ley que definía que los fondos contemplados por el traspaso de la Seguridad a la Ciudad no corresponden a fondos coparticipables.

La administración de Mauricio Macri había aumentado -por decreto- los fondos coparticipables asignados a la Ciudad, que alcanzaron el 3,75% y adjudicó esa suba a la transferencia de la policía a la órbita porteña.

En 2020, durante la etapa más cruda de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández decidió la redirección de esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires y, en diciembre de ese año, el Congreso sancionó la ley que confirmó que los fondos no se podían derivar de la coparticipación y los montos debían ser negociados entre las partes.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, entonces, acudió a la Justicia para impugnar esa norma y, en marzo de este año, la Corte ordenó a las partes negociar.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, ya anunció que los fondos a recuperar se utilizarían para reforzar la seguridad en diversas provincias.

Con ese contexto, varios gobernadores se manifestaron públicamente a favor de la posición de la Nación, enviaron una carta la Corte en ese sentido y afirmaron que una decisión del máximo tribunal en favor de la Ciudad atentaría contra el federalismo.

Con información de agencias.

IG

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación entre la Ciudad y la Nación en el juicio por la quita de fondos por coparticipación al gobierno porteño que dispuso el Poder Ejecutivo.

Los jueces de la Corte decidieron citar al ministro de Interior Eduardo de Pedro, por el Gobierno nacional, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Convócase al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Ministro del Interior de la Nación a la audiencia que se llevará a cabo el día 1º de marzo de 2022 a la hora 11 en los términos del artículo 36, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la que será presidida por los integrantes del Tribunal”, sostiene la convocatoria, publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

El Gobierno de la Ciudad reclama que se restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri y que le fueron quitados por el presidente Alberto Fernández, luego de una protesta de policías bonaerenses en la puerta de la Quinta de Olivos hace casi un año.

Puntualmente, el gobierno porteño pide que se restablezca el porcentaje de coparticipación equivalente al 3,5% que dispuso el Consenso Fiscal de 2018 y se ordene la restitución de los fondos que no fueron girados, con intereses.

El gobierno de Alberto Fernández decidió reasignar un 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad en medio de un conflicto del gobierno bonaerense con la policía provincial. La decisión fue ratificada por una ley en el Congreso: supuso un recorte de $65.000 mil millones del presupuesto porteño.

La resolución de la Corte

Antecedente

Esta modalidad de convocar a una audiencia privada para intentar un acuerdo entre partes tiene antecedente en la Corte: ya lo había hecho en medio de un conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza por la histórica disputa que mantienen ambos distritos por el caudal del río Atuel, aunque no se llegó a buen puerto y fue la Corte la que tuvo que dar su veredicto.

En aquella oportunidad (julio de 2020), con el voto mayoritario de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -el entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, acompañó la resolución pero con objeciones a los argumentos de la mayoría-, el máximo tribunal fijó un caudal mínimo permanente para el río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo para moderar el daño por falta de escurrimiento que sufre la provincia de La Pampa y que generó el conflicto con Mendoza.