La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

El Gobierno nacional mandó esta noche al Senado los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. El plazo para presentar ambas candidaturas vencía este jueves. Ahora será la comisión de Acuerdos, que presidde la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, del PRO, la que tramite ambos expedientes.

El presidente Javier Milei propone a Lijo, uno de los jueces de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, para cubrir el puesto que dejó vacante en 2022 Elena Highton de Nolasco, y a García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que aún integra el máximo tribunal y se jubilará recién cuando cumpla 75 años, el 29 de diciembre próximo.

Una vez que la comisión de Acuerdos emita dictámenes favorables a ambas postulaciones, los expedientes quedarán habilitados para discutirse en el recinto, donde deberán, cada uno, reunir el voto favorable de al menos los dos tercios de los senadores presentes en la sesión. Si estuvieran todos presentes, ese número sería 48 (de los 72 que integran la cámara).

Las dos candidaturas ya pasaron por un proceso de avales e impugnaciones públicas, que está dispuesto en el decreto 222/03 que dictó el presidente Néstor Kirchner en 2003.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está actualmente integrada por cuatro de los cinco miembros que debería tener por ley: Horacio Rosatti, su presidente, y Carlos Rosenkrantz, designados por Mauricio Macri en 2016; Ricardo Lorenzetti, propuesto por Kirchner en 2004, y Maqueda, nombrado por Eduardo Duhalde en 2002.

JJD

Antes de dejar en offside a Martín Menem y a Victoria Villarruel con el aumento de las dietas de diputados y senadores —que en pocas horas anunciaron y retrotrajeron— Javier Milei se subió el sueldo al menos un 12%. Fue a través del decreto 206/24, del 28 de febrero, que firmó junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El artículo cuarto de la norma establece que el incremento pactado en la paritaria estatal “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”, lo contrario a lo que disponía el mismo artículo del decreto 90/24, rubricado el 26 de enero por los mismos funcionarios y anunciado a los cuatro vientos como parte de la “motosierra contra la casta”. 

Al igual que las dietas legislativas, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales que negocia UPCN. En el caso del Congreso, la tradición que decidieron seguir Menem y Villarruel fue la que dispusieron sendas resoluciones de los titulares de ambas cámaras en 2011 y se mantuvo desde entonces bajo distintos signos políticos, pero que depende de la voluntad de los jefes del Senado y de Diputados. 

Para los funcionarios del Ejecutivo con cargo de subsecretario para arriba, el decreto 90/24 estableció que el 16% de enero no se traslade a las remuneraciones. Pero Milei decidió que el 12% de febrero sí. Si se aplica a su propio salario bruto de diciembre ($4.066.018 divididos en un básico de $1.807.295 y un “complemento por responsabilidad del cargo” de $2.258.722, según publicó la agencia Noticias Argentinas), son $487.922 más. Una suba equivalente a casi tres salarios mínimos. 

Más allá de lo que deba o merezca ganar, la decisión contrasta con lo que el mismo Milei dijo el jueves por la noche para fulminar las pretensiones salariales de los legisladores a quienes Menem y Villarruel habían extendido el 30% pactado con la Asociación del Personal Legislativo (APL). “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, soltó por televisión. 

También contrasta con la pompa del anuncio de fines de enero, cuando el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, dejó trascender que no ajustaría los salarios del ala política del Ejecutivo para sostener la “línea de austeridad” que le pidió imprimirle al cargo su jefe, Nicolás Posse. Ingeniero y de 75 años, Guibert ya había sido subsecretario de Reforma y Modernización durante los primeros años de la presidencia de Carlos Menem y acaba de sumar otro cargo —ad honorem, eso sí— como director del Banco Nación. 

Por cómo se calculan las remuneraciones de la planta política del Ejecutivo, en realidad, la suba del sueldo de Milei, sus ministros y sus secretarios y subsecretarios podría superar el 12% habilitado por el decreto 206/24 y llegar al 29,9%, casi lo mismo que se anunció para diputados y senadores y luego se revirtió en medio de acusaciones cruzadas internas. Es porque la base sobre la que se aplica la recomposición no es el salario de cada funcionario sino el del empleado mejor remunerado dentro del convenio de UPCN, que figura como “categoría A14” en una escala que va de la “A” a la “F” con subcategorías dentro de cada una. 

El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) establece que los subsecretarios ganen siempre un porcentaje por encima de ese sueldo más alto de la escala, de tal manera de evitar el solapamiento que también se da en muchas empresas privadas y que genera malestar entre quienes ganan menos que el personal a su cargo. Como ese salario de referencia ya se recompuso en un 16% en enero y es la base de comparación, aunque el decreto 90/24 haya procurado “desenganchar” los sueldos de la planta política, el decreto 206/24 volvió a engancharlos.  

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, se escudó el presidente Milei, vía X, cuando se conoció la noticia, primicia de elDiarioAR. No es así. 

La medida no fue “automática”, sino que el decreto que dispuso el aumento de su sueldo y el de todos los miembros políticos de su equipo lleva su firma, además de la de la ministra Pettovello y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. 

Desde que asumió, y mientras aplica un ajuste inédito por su intensidad sobre jubilaciones, salarios públicos y programas de ayuda social, Milei viene intentando demostrar que da el ejemplo y que su “motosierra” implica también sacrificios del funcionariado que él encabeza. Esta semana, por caso, Presidencia anunció el traspaso a la Fuerza Aérea de dos aviones y tres helicópteros que hasta ahora constituían su propia flota. El vocero Manuel Adorni destacó que el mantenimiento correrá por cuenta de la cartera de Defensa, que conduce Luis Petri, aunque aclaró que, en caso de necesitarlas, el Presidente podrá usar las aeronaves.  

AB/DTC

Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, realizó este martes una solicitud formal al ministro de Economía y rival suyo en las elecciones generales, Sergio Massa, para que postergue la presentación del Presupuesto 2024 hasta después del 22 de octubre, el día de los comicios. Por ley, el envío del proyecto está establecido para los 15 de septiembre de cada año.

El postulante libertario solicitó que se considere “el competitivo performance electoral (sic)” de su espacio en las primarias del 13 de agosto último y la “eventual paridad de preferencias ciudadanas”. Se refirió de esta manera al resultado de las PASO, en las que para la categoría presidencial La Libertad Avanza terminó sacando 29,86%; Juntos por el Cambio, 28%, y Unión por la Patria, 27,28%.

En el documento, que cuenta también con la firma de su compañera de fórmula y colega en la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel, “se solicita evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N.24.156 (Ley de Presupuesto), hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario”.

El pedido ocurre tres días antes de la presentación oficial del proyecto de ley del Presupuesto 2024 del Gobierno nacional ante el Congreso, establecido por ley. Según anticipó semanas atrás el titular del Palacio de Hacienda, tendrá como premisa el “déficit cero” y el recorte del “gasto fiscal” -es decir, de exenciones impositivas- para cumplirlo.

LC/JJD

Con los números en contra y la tensión política al máximo, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, comenzará a presidir el Consejo de la Magistratura con el objetivo puesto en acelerar el trámite de los concursos para la designación de jueces nacionales y federales, aseguró a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las tratativas del magistrado en el organismo.

El Consejo de la Magistratura se ocupa de parte de la selección de jueces y de su control (sanciones y juicios políticos). No sólo interviene en el diseño del poder Judicial que investiga casos de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas. También define quiénes son los jueces nacionales que deciden sobre el destino de denuncias de homicidios, violaciones y abuso sexual, estafas, demandas laborales, divorcios, tenencias de niños y niñas, demandas civiles y comerciales.

En plena batalla entre oficialistas y opositores por dos cargos de consejeros en el organismo, el viernes último por la tarde, Rosatti mantuvo una reunión en las oficinas de la presidencia del Consejo con el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, y con el administrador general, Claudio Cholakian. El presidente de la Corte escuchó un resumen de la situación actual del Consejo y aseguró el normal funcionamiento administrativo: pago de salarios del poder Judicial, ejecución presupuestaria, entre otros aspectos del día a día. “Empezó el diálogo”, dijo a este medio una fuente con conocimiento directo de la reunión. 

El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa.

Manuel Garrido — Abogado, exfiscal y exdiputado.

“Rosatti -que asume la presidencia del Consejo tras el fallo que dictó en diciembre la propia Corte- va a llevar al Consejo el espíritu de la Corte, que es el de celeridad. En 2021, la Corte sacó unas 8.000 sentencias, esa es la impronta que deberá traducirse en los concursos en trámite”, agregó la fuente. 

En el Consejo de la Magistratura, hay unas 150 vacantes de juzgados y tribunales en trámite, 67 de ellas ya tienen sus concursos abiertos pero el organismo padece de demoras de antaño. La falta de acuerdos políticos es la principal causa de un Consejo prácticamente paralizado.

Sólo por mencionar un caso reciente, a mediados de marzo último, los consejeros de la Magistratura debían acordar 18 ternas para juzgados y tribunales federales de distintos puntos del país y enviar los candidatos al Presidente para continuar con el proceso para ocupar vacantes centrales en el sistema judicial. Sin embargo, los representantes de los jueces y la oposición se opusieron a votarlas -a pesar de un acuerdo previo entre las fuerzas- y ninguno de los concursos avanzó finalmente. Todo quedó en suspenso.

¿Logrará Rosatti activar los concursos para cargos de jueces y juezas? ¿Cómo? El presidente de la Corte apuesta al diálogo con los consejeros, aseguró una fuente de su entorno. Será un trabajo arduo. Más allá de los litigios judiciales entre oficialismo y oposición por los consejeros que representan a las segundas minorías legislativas, hay otras complicaciones que Rosatti deberá enfrentar. Ninguna fuerza en el Consejo tiene quórum propio, mucho menos los dos tercios de los votos para aprobar una terna de jueces.

Rosatti es plenamente consciente de que el diálogo será con consejeros que son delegados, sin poder propio, en la mayoría de los casos. Representan un poder ajeno. Alrededor de la mitad responde al oficialismo, en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

La otra mitad de los consejeros se alinea con la oposición. Mauricio Macri y su espacio tienen a varios consejeros que responden directamente a sus intereses. En ambos casos, no sólo son legisladores de los espacios de Fernández de Kirchner y Macri. “En 1994, cuando se reformó la Constitución y se creó el Consejo de la Magistratura, la idea fue despolitizar la selección de jueces, pero terminó sucediendo lo contrario. Los consejeros que representan a los profesores, jueces y abogados, es decir, los no políticos, están alineados de un lado u otro de la grieta”, afirmó Manuel Garrido, abogado, profesor universitario, exdiputado y exfiscal.

“El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa”, aseguró Garrido.

El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%.

Agustina Díaz Cordero — Jueza y consejera.

¿Nuevo escenario?

El Consejo funciona como un pequeño parlamento, con representantes de las fuerzas políticas en el Senado y Diputados; de los jueces; abogados; y académicos. Tras el fallo de la Corte en diciembre, debían asumir seis nuevos consejeros para distribuir mejor las fuerzas entre los distintos sectores. Ya juraron cuatro nuevas consejeras y hay otros dos en trámite de jurar en el cargo, el senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes.

El poroteo del Consejo tiene 19 consejeros divididos en dos bloques políticamente antagónicos. Oficialismo y oposición tiene nueve consejeros cada uno. La consejera número 19 es la diputada Graciela Camaño -que integra el organismo desde hace años- y que es considerada una “independiente”, aunque suele concordar con el oficialismo mucho más que con la oposición. El número 20 es Rosatti, cuyo voto vale doble sólo en casos en que deba desempatar (no válido para garantizar el quórum). Dentro del sector opositor, el juez Juan Manuel Culotta no es considerado un “duro” sino otros “independiente” y también puede en ciertos casos encontrarse del otro lado de la grieta.

En el mejor de los casos, el oficialismo o la oposición podrían llegar a contar con once o diez consejeros, pero se requieren trece para el quórum, según la ley que reinstaló la Corte de manera momentánea. El poroteo es válido, al menos, por siete meses. En noviembre, vencen los cargos de trece de los 20 consejeros. 

¿Cómo logró el organismo funcionar hasta ahora? Cuando funcionó, fue en base a la negociación de las vacantes en juzgados y tribunales entre los distintos sectores, según admiten fuentes de los principales grupos en el organismo. En general, los consejeros políticos -senadores y diputados- y los consejeros jueces fueron los ganadores de esas negociaciones. Cuando no existen posibilidades de negociar los cargos, el organismo se paraliza.

El proceso de selección de magistrados empieza en el Consejo de la Magistratura pero el organismo es uno de los eslabones de una cadena bastante oxidada. Los datos oficiales del Consejo y del Ministerio de Justicia, registran 239 vacantes en la Justicia federal y nacional. Además de las 150 que están en trámite en el Consejo de la Magistratura, hay 51 vacante que se encuentran en el Ejecutivo a la espera de que Alberto Fernández elija a su candidato o candidata en las ternas, informó el ministerio de Martín Soria ante la consulta.

En el Senado también hay 38 pliegos de candidatos a ocupar juzgados y tribunales que aguardan que la Cámara alta trate los pliegos enviados por Presidencia, según los datos oficiales del Consejo de la Magistratura. No sólo se trata de concursos que se realizaron durante la gestión de Fernández, sino que algunos concluyeron en 2018 y 2019 y nunca fueron resueltos.

Estas vacantes están en los juzgados y tribunales laborales, civiles, de familia, comerciales y penales con competencia nacional y asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También en la Justicia federal de todo el país.

La Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento.

Marcos Aldazabal — Abogado.

Lo que el Consejo hace o deja de hacer impacta en la vida de muchos argentinos y las vacantes y los concursos que no avanzan son una de las principales críticas al organismo. En marzo último, el juez Alberto Lugones, consejero alineado con el oficialismo, solicitó a los consejeros que aprobaran las ternas para el fuero de familia. Las listas de candidatos para esos juzgados ya habían sido consensuadas, pero faltaba el voto final. No tuvo eco. 

La jueza de familia Agustina Díaz Cordero -exfuncionaria del ministro Germán Garavano por un corto periodo- juró el miércoles último como cuarta consejera por los jueces. “El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%”, explicó a elDiarioAR.

Díaz Cordero afirmó que en el fuero de familia, central en la administración de justicia para los ciudadanos, niños y niñas, alrededor del 30% de las causas actuales son por denuncias de violencia familiar.

¿Qué hacer con este organismo? 

Tras el fallo de la Corte, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que regía el funcionamiento del Consejo, el organismo deberá funcionar con esta nueva estructura y la ley de 1997. Será hasta que el Congreso sancione una nueva ley que garantice el equilibrio de poder entre los distintos sectores. 

El abogado Marcos Aldazabal sostiene que “la Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento”. “Por ejemplo -dijo-, en el caso de los concursos, no hay ningún motivo para que exista una entrevista personal con los concursantes y para que esa entrevista termine alterando el orden de mérito de los exámenes”. “Esa entrevista permite al Consejo que el candidato con el mejor puntaje en el exámen tal vez quede quinto en el orden de mérito”, explicó.

“El proceso de selección sigue siendo lento y los concursos, que fueron un gran avance porque ponían límites al Ejecutivo y establecen un piso de competencia e igualdad entre los aspirantes a jueces, siguen manchados de sospechas”, afirmó Garrido. “Creo que uno de los puntos clave es que el Consejo de la Magistratura debería ser más profesional y no debería estar integrado por legisladores. Tampoco tiene sentido que un juez de la Corte integre el organismo”, aseguró el exfiscal de Investigaciones Administrativas.

“En el caso de las sanciones y remociones, los encargados de investigar y decidir sobre las acusaciones a los jueces no deberían ser sus pares, que pueden ser reticentes a sancionar por corporativismo y por temor de generar estándares que se les puedan aplicar a ellos”, dijo Aldazabal.

Son sólo algunas ideas para una ley que, hasta el momento, no ha tenido el consenso suficiente para ser sancionada.

ED

Luego del cambio de gabinete en septiembre del 2021, la proporción de mujeres en los altos cargos del gabinete nacional se redujo cinco puntos porcentuales. Entre los ministerios con mayor proporción de mujeres en los altos cargos se encuentran Educación y Ambiente y Desarrollo Sostenible, con asuntos que involucran el sostenimiento de la vida, lo que genera una división sexual de las temáticas. Organizaciones dedicadas a cuestiones de género miran con preocupación esta brecha de género en el Poder Ejecutivo nacional, y aseguran que el instructivo para que cada ministro informe a jefatura de Gabinete la conformación de su staff por género ayuda, aunque creen que se deberían tomar más medidas para revertir esta situación.  

Solamente un 32,7% de las autoridades superiores en el Poder Ejecutivo nacional son mujeres, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Esta información, brindada en exclusiva a eldiarioAR, es de Octubre del 2021, un mes después del aluvión de renuncias ministeriales de septiembre que generó un cambio en la conformación del gabinete nacional.

“Hubo un estancamiento, incluso una desmejora en el equilibrio de presencia de género luego de septiembre del año pasado ”, asegura Ana Castellani, titular de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y una de las integrantes más activas del grupo “Mujeres Gobernando”, en diálogo con eldiarioAR. Los datos lo comprueban: para julio del 2020 un 37% de los cargos de autoridades superiores eran ocupados por mujeres y un 66% por varones, de acuerdo a datos de la misma secretaría. De cuatro ministras mujeres de un total de 21 ministerios, luego de septiembre se pasó a tener dos ministras de género femenino sobre un total de 20 ministerios.

¿Por qué se produjo esta desmejora? “Cuando ocurrió el cambio en el gabinete el año pasado, empezaron a llegar nuevas designaciones. Un nuevo ministro trae a sus secretarios y subsecretarios. Se vio tempranamente que esto significó un retroceso en la participación de las mujeres en el gabinete”, continúa Castellani. Las alarmas se prendieron dentro del ala feminista del Gobierno nacional, lo que culminó en la firma el viernes 11 de febrero del instructivo para que cada ministro informe a jefatura de Gabinete la conformación de su staff por género antes de nuevas designaciones, impulsado por Vilma Ibarra. 

¿El instructivo es suficiente para lograr el equilibrio? “Estas iniciativas son valiosas, pero lo importante es que n o quede en letra muerta, que efectivamente el instructivo se aplique. Es necesario avanzar de la formalidad al efectivo y real ejercicio de nuestro derecho a la igualdad”, asegura Veronica Aramayo, de la Fundación Siglo 21, organización de Jujuy dedicada a cuestiones de género. 

“El objetivo de Alberto Fernández es ir hacia una estructura paritaria del gabinete en términos de género. Quizás, una legislación como la Ley de Cuotas, que obliga a conformar listas equitativas en términos de género, podría ser un horizonte para el Poder Ejecutivo. Pero ahora no es el camino”, sostiene Castellani. “El camino va por generar mecanismos internos del propio Poder Ejecutivo para poder armar los gabinetes de ministros”, agrega. 

De acuerdo a un informe de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), para fines del 2020, el ministerio con la mayor proporción de mujeres hasta el rango de subsecretarios/as era el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con un 90% de altas funcionarias mujeres, seguido del Ministerio de Educación (con un 66% de autoridades superiores que son del género femenino), el de Ambiente y Desarrollo Sostenible (con un 57%) y el de Seguridad (con un 54% de mujeres en altos cargos). 

“Más allá del número, es importante ver la división sexual de las temáticas: los ministerios con agendas que involucran el sostenimiento de la vida, como el de Educación y el de Ambiente, son ocupados por mujeres. Pero los que involucran la producción, como el de Obras Públicas, el de Transporte, el de Trabajo, están muy masculinizados, una cuestión cultural que hay que romper”, asegura Ximena Cardoso Ramirez, de ELA.

El Poder Ejecutivo nacional tenía para fines del 2020, de acuerdo a datos de ELA, la participación más baja de mujeres en los puestos en que se toman decisiones (menos que en el Poder Legislativo, donde se aplican las leyes de cuota y que en el Poder Judicial). Para esa misma fecha, Argentina, con 2 de cada 10 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional encabezado por una mujer, se encontraba entre los peores puestos de América Latina y por debajo del promedio regional (28.5%) según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, como muestra el informe de ELA. Hoy en día, con 2 de 20 ministerios dirigidos por una mujer, estaríamos todavía más abajo en este ranking. 

A pesar de este desequilibrio y esta pronunciación de la brecha luego del cambio de gabinete, la presencia de mujeres en altos cargos ejecutivos es mucho mayor hoy en día que solo unos años atrás. Por solo nombrar algunos casos, en la presidencia de Néstor Kirchner solamente el 13% de los altos cargos del poder ejecutivo eran ocupados por mujeres y en la de Mauricio Macri, únicamente el 22% de la dirección de secretarías y subsecretarías estaban ocupadas por mujeres. 

AS