Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria colectiva argentina se detiene en las huellas de un plan de exterminio que, en Tucumán, tuvo un prólogo feroz con el Operativo Independencia. Mientras el país conmemora cinco décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, en esta provincia el reloj parece haberse detenido. La reciente suspensión del juicio por el Ingenio La Fronterita, con 68 víctimas de delitos de lesa humanidad que debía iniciar este 11 de marzo, demuestra que el poder económico aún batalla por evitar el banquillo de los acusados sobre su complicidad con el terrorismo de Estado.

El mundo rural como blanco del plan sistemático de exterminio

El terrorismo de Estado en Tucumán no fue un fenómeno meramente urbano, fue una cacería diseñada para desarticular el movimiento social en el corazón productivo de la provincia. El plan sistemático de exterminio tuvo como blanco a los trabajadores de la caña de azúcar y del mundo rural, un sector que representaba parte de la columna vertebral de la resistencia social y sindical.

Para las fuerzas represivas, el peón de surco y el obrero del ingenio no eran solo trabajadores, sino objetivos militares dentro de una estrategia de control territorial. La militarización de los pueblos azucareros buscaba aniquilar la histórica capacidad de movilización de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), el poderoso gremio azucarero que había tenido conquistas históricas, desafiando hasta al expresidente Juan Domingo Perón. En este esquema, el ingenio dejó de ser una unidad productiva para integrarse a la logística del horror, convirtiendo el paisaje rural en un escenario de persecuciones, secuestros y disciplinamiento social a través del miedo.

La cacería de Ortiz

Dentro de este plan, la figura de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato de La Fronterita, personifica la saña contra el sindicalismo de base. Su secuestro, ejecutado en 1976, fue una muestra de la cacería coordinada entre el Ejército y la empresa. Ortiz fue arrancado de su hogar en un operativo violento, realizado a plena luz del día y frente a su familia, lo que evidencia “la zona liberada” que imperaba en los alrededores del ingenio.

Según los registros y testimonios, Ortiz no fue llevado a una comisaría, sino trasladado de inmediato a la base militar instalada dentro del propio predio de La Fronterita. El ensañamiento contra él fue particular: por su rol de liderazgo y su defensa de los derechos de los obreros del surco fue sometido a interrogatorios bajo torturas en los mismos galpones donde habitualmente cumplía su labor.

La logística empresarial fue determinante: se denunció que los grupos de tareas utilizaron camionetas de la propia compañía para su traslado y que la oficina de personal facilitó los datos precisos para localizarlo. Su destino final es incierto, tras pasar por este Centro Clandestino de Detención (CCD). Ortiz está desaparecido, siendo el símbolo de cómo la estructura empresarial proveyó “listas negras” para eliminar a los referentes rurales más combativos. 

Fidel Jacobo Ortiz no era un dirigente cualquiera. Se había criado en la Colonia 3 del ingenio La Fronterita, viviendo allí con su familia en las modestas casas que la empresa construía para sus trabajadores. Comenzó como obrero del surco –el trabajo más duro en el cultivo de caña– pero su compromiso con los compañeros lo llevó a escalar posiciones en el sindicato. Su influencia era tal que, a pesar de venir de una familia humilde, fue electo secretario general con 35 años y representó con dignidad los intereses de los trabajadores azucareros, según testimonios, frente a las injusticias laborales y al modelo productivo inequitativo que implementaba la empresa. 

Ortiz fue secuestrado unos días después del golpe de 24 marzo de 1976. Lo liberaron 43 días más tarde, en la localidad de El Manantial, luego de haber sido sometido a torturas, por lo que su estado de salud era delicado cuando regresó a su casa, recordó su hija Hortensia Ortíz, quien dialogó con elDiarioAR. Había perdido su trabajo en La Fronterita y sus verdugos le advirtieron que abandonara el país pero regresó con su familia y en junio fue detenido, una vez más, y nunca más se supo de él. “Papá no quería dejarnos, a pesar de las amenazas”, rememoró Hortensia. “Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo”. 

Galpones convertidos en mazmorras

En la planta azucarera operó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal, los propietarios del ingenio cedieron tres galpones a los militares, denominados “Tambo” y los “Conventillos”, utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra y “Campamento”, en donde estaban las carpas del Ejército Argentino desplegadas alrededor de una laguna de descarte de desechos de la planta azucarera. En los dos primeros se secuestró, torturó y desapareció a decenas de personas, a solo 300 metros de la casa del administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien no podía haber desconocido la existencia de esos delitos. El lugar fue funcional a la “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasaron alrededor de 2.500 víctimas, que está a solo seis kilómetros.

El caso de La Fronterita no es aislado, también se utilizó la misma metodología represiva en los ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía, Bella Vista y Concepción. En este último, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí, pegado a la capital tucumana, al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran gremialistas de la FOTIA o delegados del ingenio. De ese total, 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa aportó vehículos para los operativos de secuestros, muchos de los cuales sucedieron en las propias instalaciones. El genocida condenado y fallecido Antonio Domingo Bussi, excomandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en la planta, según testimonios.

Las cifras del genocidio

Una investigación conjunta del Centro de Estudios Genocida (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán (MIT), en base a datos extraídos de los juicios que se sustancias en estrados judiciales federales, reveló otra dimensión del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983, al consolidar una base de datos actualizada a 2025 que documenta 1.887 víctimas.

El estudio arrojó que el 44% de las víctimas tucumanas –825 personas– fueron secuestradas durante el Operativo Independencia, lo que confirmó que la represión ilegal no comenzó con la dictadura cívico militar, lo que desmantela la narrativa que intenta diferenciar ambos períodos. El 64% de las víctimas secuestradas (527) fueron liberadas, hubo 40 casos de crímenes y 258 personas están desaparecidas. El alto porcentaje de sobrevivencia no fue una rareza tucumana: una proporción similar se registra a nivel nacional. 

Al poner la lupa sobre los secuestros, se determinaron sus actividades en 555 casos: 450 víctimas trabajaban, 66 estudiaban y 28 estudiaban y trabajaban. El grupo más grande fue de la industria azucarera (123) y durante la dictadura este número ascendió a 305. Le siguieron los trabajadores de la administración pública (42), de otras tareas agrícolas (39) y de construcción (32). La cifra de 305 refleja la centralidad económica y política de los ingenios en la provincia, así como la determinación de las fuerzas armadas de desarticular cualquier organización sindical o política vinculada a la industria.

La geografía del terror en Tucumán se materializó, además, con la existencia de 80 centros clandestinos de detención identificados: 14 estaban vinculados a ingenios azucareros. Así, la fábrica y el campo dejaron de ser lugares de producción para transformarse en nodos de un sistema represivo que articulaba el poder económico con el militar.

Los acusados: de la gerencia al banquillo

La causa Fronterita tuvo un sinuoso recorrido. En 2019, el juez federal Daniel Bejas –actual miembro de la Cámara Nacional Electoral- dictó la falta de mérito para los empresarios acusados, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Tucumán. Fue la Cámara de Casación quien, en diciembre de 2020, revirtió ese criterio y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán procesó a los imputados por crímenes de lesa humanidad.

Producto de esas demoras judiciales solo llegaron a juicio dos acusados de la media docena original: Jorge Alberto Figueroa Minetti, que era administrador, y Eduardo Buttori, exmiembro del directorio. La fiscalía los acusa de ser partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad contra 68 víctimas, incluyendo torturas, homicidios y violencia sexual. La acusación sostiene que la empresa prestó apoyo logístico esencial –vehículos, predios y combustible– para la persecución de sus propios empleados. Otros dos exdirectivos procesados quedaron afuera: Alfredo José Martínez Minetti, fallecido, y Fernando Cornú De Olmos, apartado por problemas de salud.

El juicio oral estaba previsto para marzo de 2025 pero fue suspendido por la recusación contra dos juezas y para analizar el estado de salud de los dos empresarios imputados. Finalmente, el pasado miércoles 11 de marzo, tras innumerables demoras, debía comenzar el juicio oral contra Figueroa Minetti y Buttori pero un día antes, el Tribunal Oral Federal suspendió el debate: la defensa solicitó una nueva pericia médica sobre la salud de Figueroa Minetti, lo que obligará a intervenir al Cuerpo Médico Forense. La fecha de inicio quedó en suspenso.

“Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial y que investiga delitos de lesa humanidad. Esta situación coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia. El juicio tiene, además, un carácter histórico: es el primero en Tucumán que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado”, sostuvo a eldiarioar Rodrigo Scrocchi, integrante de la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). 

“A horas de comenzar el juicio, esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia”. “A 51 años del Operativo Independencia y a 50 años del terrorismo de Estado en Argentina, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia”, señaló la entidad en un comunicado. ANDHES acompaña la causa como querellante y representa a familiares de víctimas del Ingenio La Fronterita, entre ellos, a la familia de Ortiz.

Consultada Hortensia por elDiarioAR sobre esta nueva dilación, su breve respuesta fue: “tememos que ahora todo quede en la nada como en otros casos, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”. Y tras un silencio, agregó: “nos piden que esperemos, que tengamos paciencia pero la paciencia alguna vez se acabará”.   

El espejo del Ledesma

La suspensión del juicio en Tucumán encendió las alarmas por su similitud con el caso de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Blaquier falleció en 2023, a los 95 años, sin haber sido juzgado, beneficiado por una estrategia judicial de dilación. El caso Blaquier quedó definitivamente cerrado por la muerte del imputado, el de La Fronterita está “al borde de la impunidad biológica”. 

Ambos procesos ilustran lo que los organismos de derechos humanos identifican como una resistencia estructural del Poder Judicial para avanzar en causas contra actores económicos. De las 360 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas en el país, desde 2003, solo cinco involucraron a empresarios y ninguno del sector agroindustrial ha sido condenado hasta el momento. La impunidad biológica, lejos de ser un destino inevitable, aparece como consecuencia directa de “las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”. A 50 años del golpe, la justicia no puede seguir siendo un trámite postergable.

DC/MG

El 5 de febrero de 1975, Tucumán se convirtió en el primer escenario del plan sistemático de represión ilegal en la Argentina. A través del decreto 261, la presidenta María Estela Martínez de Perón ordenó la militarización de la provincia bajo el pretexto de “aniquilar a la subversión”. Ese operativo, que se publicitó como una respuesta a la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue en realidad el puntapié inicial de un plan genocida que incluyó secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. A 50 años, organismos de derechos humanos realizarán actividades en distintos puntos de Tucumán para recordar y denunciar las consecuencias de aquella política represiva que, un año después, se expandiría a todo el país con la dictadura militar.

Junto con familiares y víctimas del terrorismo de Estado, las organizaciones realizarán actos conmemorativos en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán bajo la consigna: “Lo dijeron las víctimas. Fue sentencia de la Justicia. Es historia. Operativo Independencia, el comienzo del genocidio”. Estas actividades cuentan con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Municipio de Tafí Viejo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Legislatura tucumana.

El decreto de la viuda de Perón, recientemente reivindicada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, permitió la ocupación militar de Tucumán: en pocos días, llegaron a la provincia unos 5.000 efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, instaurando un régimen de terror que incluyó la desaparición sistemática de personas.

Si bien el Operativo Independencia se presentó como una ofensiva contra el ERP, su alcance fue mucho mayor: se convirtió en un ataque directo contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas. En particular, los trabajadores azucareros y sus sindicatos fueron blanco de la represión, en un contexto de transformación económica que aún deja huella en la provincia.

Entre 1975 y 1983, se registraron en Tucumán aproximadamente 80 centros clandestinos de detención, incluyendo la Escuelita de Famaillá y las bases militares en los exingenios La Fronterita, Lules y Santa Lucía. En estos sitios, más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas y sometidas a violencia extrema. La represión en Tucumán fue de tal magnitud que, al inicio de la dictadura militar, la provincia ya había concentrado la mitad de las desapariciones registradas en todo el período.

La represión en Tucumán fue de tal magnitud que, al inicio de la dictadura militar, la provincia ya había concentrado la mitad de las desapariciones registradas en todo el período

El Operativo Independencia no solo instauró la desaparición forzada de personas como práctica sistemática sino que convirtió a Tucumán en un laboratorio de exterminio para las Fuerzas Armadas, que luego replicarían estos métodos en todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Los juicios por delitos de lesa humanidad, como las causas Operativo Independencia I y II entre 2016 y 2020, ratificaron judicialmente el carácter genocida de aquel plan represivo.

Las actividades para recordar el inicio del programa represivo que siguió la dictadura

La conmemoración de los 50 años del Operativo Independencia incluirá diversas actividades, a las que convocan y adhieren unas 230 organizaciones.

• Este miércoles, en la Escuelita de Famaillá, se llevará a cabo un acto con música, muestras fotográficas y testimonios de familiares y sobrevivientes.

• El viernes 7, la sede será Tafí Viejo, donde la represión apuntó especialmente contra trabajadores ferroviarios.

• El sábado 8, las actividades se trasladarán a Santa Lucía, localidad donde el Ejército instaló una de sus bases en el exingenio Santa Lucía.

• Finalmente, el 17 de febrero, frente al Tribunal Oral Federal de San Miguel de Tucumán, organismos de derechos humanos exigirán que se fije fecha para el juicio contra los exdirectivos del Ingenio La Fronterita, acusados de complicidad en delitos de lesa humanidad. “Los sobrevivientes y familiares de víctimas se están muriendo sin justicia y los empresarios mueren impunes. Rechazamos este punto final biológico y exigimos que se realice el juicio”, afirman las organizaciones.

La conmemoración del Operativo Independencia se realiza en un contexto de negacionismo estatal, iniciado con la llegada de Javier Milei al poder, que incluye el desmantelamiento de políticas de memoria y la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de figuras del oficialismo.

El genocidio, en números

El Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y la Fundación Memorias e Indentidades de Tucumán (MIT) Tucumampa Yuyaynim, cuyas coordinadoras son las investigadoras Ana Jemio y Julia Vitar, elaboraron una base de datos —actualizada a 2025— sobre el genocidio en Tucumán perpetrado entre 1975 y 1983. Aquí, algunos trazos generales de este proceso represivo:

JJD

Imagine el lector o la lectora un antiguo pozo de agua de 40 metros de profundidad reutilizado a fosa para ocultar cuerpos de hombres y mujeres. Por las dudas estuvieran con vida, algunos cuerpos reciben disparos, son rematados desde arriba. Unos cuantos son arrojados de manera individual, con las manos atadas, pero a otros se los envuelve de a tres o cinco y se los enrolla en bolsas y se ciñen con alambre. Después de cada operativo se arrojan escombros sobre los restos pero como es insuficiente, se trae tierra y ripio de arroyos cercanos. Cuando no da para más, se destruye el brocal del pozo, que también se deposita adentro, y luego con una máquina se empareja el terreno para ocultar esa boca profunda al horror. Los cuerpos llegaban hasta el predio durante la noche en camiones militares, al mismo tiempo que se producía un apagón y las pocas casas cercanas se quedaban sin luz. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos vecinos comenzaran a hablar. Esta escena que bien podría ser de la Alemania nazi, se repitió de manera sistemática durante dos años, al menos, en Tafí Viejo, Tucumán, y tiene un nombre: El Pozo de Vargas. Fue durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976. 

Se trata de la fosa más grande de Sudamérica, en donde se han identificado, hasta ahora, a 116 detenidos desaparecidos. Es tan espantoso lo que sucedió allí y son tantas las pruebas, que ni los más ultra defensores de las Juntas militares golpistas pudieron negar su existencia. Ni siquiera el ya fallecido Antonio Domingo Bussi, exdueño de la vida y de la muerte durante el Operativo Independencia y exgobernador tucumano, también condenado por crímenes de lesa humanidad en uno de los juicios. Su fallecimiento también le puso fin a un rosario de juicios en los que estaba comprometido y que le auguraban una similar resolución.

“A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas”, contó a este cronista el reconocido músico tucumano Juan Falú en una entrevista en febrero de 2022. Bussi fue condenado en este juicio oral y público. Luego de permanecer en ese limbo lacerante que es la figura del desaparecido, a los Falú se les informó el 7 de junio de 2016 que los restos de Luis, empleado de Gas del Estado, estudiante universitario y secuestrado el 14 de septiembre de 1976, habían sido identificados en el Pozo. Tuvieron que pasar 40 años para que la familia supiera a donde poner una flor para recordarlo. No es el caso de muchos que aún claman por justicia. “Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino”, canta el poeta y músico argentino Víctor Heredia, que aún pide justicia por la desaparición de su hermana María Cristina y de su esposo, Claudio Grandi, cuando estaba embarazada. Su canto es todavía el de miles en Argentina.

Este 19 de septiembre quedó marcado en la memoria de quienes pudieron identificar a sus familiares en El Pozo de Vargas y de quienes aún esperan que en los cientos de restos de huesitos hallados allí podría estar el ADN que les devuelva la identidad. Ese día, el Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la exESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos fragmentos extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Mucho antes, el 21 de marzo de este año, el juez federal Fernando Poviña declaró la Clausura de la Excavación Pozo de Vargas porque los peritos habían llegado al fondo, de donde se extrajo todo el material posible. Desde entonces trabajaron en tareas de zaranda para separar los huesos de la tierra y otros materiales, clasificar y conservar. Este fue el contenido del último envío. Una caja de cartón, embalada con cuidado, llevó en su interior alrededor de una veintena de pequeñas bolsas con huesitos y en una etiqueta, en cada una, en donde se consignaron datos importantes, como la profundidad del hallazgo y la cuadrícula en la que fueron encontrados. Las muestras serán cruzadas por los científicos del EAAF con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les llegaron desde los lugares en donde se están realizando investigaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer ese resultado.

Esa mañana fue soleada y con árboles en flor. Primaveral. Desde temprano esperaron el cumplimiento de la medida algunos parientes de identificados y otros que esperan que la ciencia haga posible el milagro de devolverle a sus seres queridos. Entre ellos estuvieron Josefina Molina, hija del vice gobernador tucumano Dardo Molina Chazarreta, y Teresa Arias, hija del ferroviario taficeño Segundo Bonifacio Arias. Ambos fueron secuestrados y sus restos identificados en el Pozo. A su lado estuvo Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) que aún espera tener algún dato, una pista, siquiera, que pueda dar con los restos de su esposo José Zenón Ruiz, secuestrado durante el Operativo Independencia, el 28 de julio de 1975. “Este día es muy importante porque es el resultado de haber militado durante años, contra todo, para que se supiera que aquí había restos. Cuando comenzaron las excavaciones nos pasamos semanas acompañando a los peritos, con viento, frío y lluvia, para exigir que el Estado destine fondos para los trabajos. Los acompañamos siempre porque seguimos pidiendo justicia”, dice y su voz se quiebra.

Virginia estaba en su cuarto mes de embarazo cuando ese 28 de julio, de madrugada, aún de noche, un grupo de policías, con Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz al frente, condenado y ya fallecido, entraron con violencia a su casa en el barrio San José y se llevaron a su esposo. Durante el operativo, Virginia y sus dos hijos pequeños fueron golpeados y obligados a meterse debajo de una mesa. Para entonces, ya tenía un hermano y una hermana desaparecidos, por lo que se hizo cargo de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, no se detuvo ni un día en buscar a su compañero y hermanos. Solo pudo rescatar a su hermana, que había sido llevada al penal de Concepción, en el sur tucumano, porque había sido “blanqueada”, es decir, estaba en los registros de detenciones. Su dolor se hizo público cuando declaró en la Megacausa Operativo Independencia. Aunque no lo confiesa de manera abierta, abriga una mínima esperanza de que en la caja de madera esté aunque sea un huesito de José.

Junto a ella estuvo Julia Castillo que, incansable, también busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976. “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”. Su hijo fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976, en Taco Ralo. Desde hace 47 años lo busca, incansable. La familia vivía en Bella Vista cuando una patota militar entró a su casa. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos confesó en donde se encontraba Hugo. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aun en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Hace unos días declaró en la Megacausa Jefatura III, en Tucumán, en la que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las que 84 continúan desaparecidas. “He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Que la justicia los condene y vean el dolor que yo pasé. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos”, sostuvo en la sala para cerrar su testimonio.

Pese a que se trató del último envío de restos de huesos desde El Pozo de Vargas al EAAF, todavía resta mucho por hacer, como clasificar otro tipos de materiales que se han encontrado y que podrían asociarse con algunas identificaciones, como marcos de anteojos, cadenas, crucifijos, medallas, restos de zapatillas, zapatos y medias, entre otros objetos personales. El lugar está señalizado como Sitio de la Memoria y hay varios proyectos para convertirlo en un museo que albergue todo el material que se extrajo y del que se desconoce su pertenencia. Además, también continuarán otras tareas en el predio porque se cree, por algunos indicios, que allí hubo construcciones que fueron destruidas y que podrían haber sido utilizadas como salas de detención y torturas. El lugar se mantiene por la colaboración del municipio de Tafí Viejo, cuyo intendente, el peronista Javier Noguera, señaló que “forma parte de nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el objetivo es que el predio se transforme en un museo para que las futuras generaciones conozcan los horrores que se cometieron durante la última dictadura cívico militar”.  

En la actualidad, en el lugar desarrollan las tareas de investigación los integrantes CAMIT, desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajaron en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, estuvieron a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones fueron y son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

La primera identificación de restos en El Pozo de Vargas fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 116 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darle sus nombres y apellidos, el camino a sus historias.

DC/MG

El municipio de Famaillá se encuentra 37 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, al pie de los cerros, es una de las zonas más aptas y fértiles para el desarrollo de actividades agropecuarias, como el cultivo de caña de azúcar. No es casual que ese lugar haya sido elegido por la familia Minetti para construir el ingenio azucarero La Fronterita en 1923, aún hoy uno de los más importantes en la provincia.

Este pasado 19 de mayo el municipio realizó un acto en el designó como Ciudadano Ilustre al empresario azucarero Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien fue administrador del ingenio y presidente de su directorio durante los años 70. El propio intendente José Orellana le entregó el reconocimiento ante la presencia de funcionarios municipales y ex empleados de la fábrica. “Reconocer a alguien es tomarlo como ejemplo para que sea un motivador de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que hacer las cosas como las hicieron ellos”, sostuvo Orellana durante el acto.

A las pocas horas y luego de la publicación de la actividad en las redes sociales oficiales del municipio surgieron repudios de organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura cívico militar. ¿Por qué? Porque en septiembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, miembros del directorio de la firma, por su participación criminal en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. Inédito en Tucumán por tratarse de complicidad empresarial con la represión ilegal. 

De acuerdo a la Fiscalía, los procesados son presuntos cómplices de crímenes de lesa humanidad contra, al menos, 68 personas que trabajaban en la planta o que vivían en sus colonias (casas que pertenecían a la firma) y que fueron detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención y tortura que operaba en la propia fábrica. Todos fueron torturados y algunos aún están desaparecidos.

Durante la investigación se pudo acreditar que la firma cedió parte de sus instalaciones al Ejército, aportó la logística para la base militar, puso a disposición vehículos y dio información clave para los secuestros y homicidios, la mayoría de dirigentes gremiales de la combativa Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), delegados y allegados al sindicato. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, señaló de manera taxativa la Cámara Federal al ordenar los procesamientos.

De esta manera Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Cornú de Olmos están a las puertas del inicio del juicio oral y todo indica que antes de fin de año se produciría, una vez que finalice el período de aporte de pruebas que será en breve. Martínez Minetti falleció. “Han recurrido a todas las vías legales posibles y a su alcance para impedir el juicio pero es inminente su inicio, ya nada lo impedirá”, sostuvo a elDiarioAR el abogado Pablo Gargiulo, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la familia del desaparecido Fidel Jacobo Ortiz.

“El acto de reconocimiento a Minetti es imposible de disociar de lo comprometido que está en la causa y de la necesidad que tiene de mejorar su imagen pública. Yo sólo haría las siguientes preguntas. ¿Por qué el intendente Orellana no hizo antes este homenaje como señal de apoyo político? ¿A qué responde esta acción de hace unos días? ¿No será porque estamos ante la inminencia del juicio oral? No hay otra lectura posible, al menos para mí”, expresó Gargiulo.

La causa se puso en marcha en 2018 por la desaparición de Ortiz, en base a testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia. Ortiz fue un obrero del surco del Fronterita y llegó a ser un aguerrido secretario general del sindicato en la planta, entre 1973 y 1975. Al año siguiente fue electo secretario de actas y vivía con su familia en una de las casas de la empresa. Fue secuestrado dos veces. En abril de 1976 lo sometieron a torturas y estuvo cautivo para que renunciara a su cargo. Lo liberaron pero unos días más tarde, en junio, fue otra vez secuestrado. De acuerdo a testimonios, su detención fue en el centro clandestino que se había montado en el ingenio. Desde entonces, nada se sabe de su destino. 

En diálogo con elDiarioAR, Hortensia Ortiz, querellante en la causa sobre la desaparición de su padre, reflexionó: “No puedo creer que le hayan dado ese honor a una persona que nos hizo sufrir tanto, como a muchas otras personas. No es justo, cuando secuestraron a mi padre hasta nos corrieron de la casa en la que vivíamos con mi mamá y mis otros siete hermanos. Quedamos en la calle y como mi papá era el único ingreso de dinero, desde niños tuvimos que salir a trabajar”.

La ciudad de Famaillá también es conocida porque allí funcionó “La Escuelita”, el primer centro clandestino de detención (CCD) del país. Seis kilómetros separan al ingenio del establecimiento que, en rigor, se denomina Diego de Rojas. Fue base de la 5ª Brigada del Ejército y en sus aulas se detuvo, torturó y asesinó, entre febrero de 1975 -Operativo Independencia- y 1976, hasta unos meses después del golpe de Estado cívico militar que comenzó en marzo. De testimonios que se hicieron públicos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se estima que por allí pasaron entre 1.500 y 2.500 víctimas. Mientras funcionó estuvo a cargo de los represores Acdel Vilas, general de Brigada, y Antonio Bussi, general.

Entre “La Escuelita” y el centro de detención del Fronterita hubo una articulación permanente. Mientras en el primero estaba el Puesto de Comando Táctico Adelantado, en el ingenio funcionó la fuerza del Ejército conocida como “Rayo” que se alojaba en dos lugares: en el Comando de la Laguna, la oficialidad, y en El Tambo, la tropa. Había un tercer espacio que se denominaba Los Conventillos, en donde estaban las habitaciones en donde se llevaban a cabo las torturas y detenciones ilegales. Esto detalles se conocieron por los testimonios que están en la causa. Si se cumplen los tiempos previstos, antes de fin de año debería comenzar el juicio, según Gargiulo. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Tucumán, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la Asociación de ex presos políticos Tucumán, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Comisión de DDHH de Tafí Viejo, entre otras organizaciones, han repudiado en un documento la decisión del intendente de Famaillá.

DC

Febrero de 1975. Un decreto presidencial habilita a las Fuerzas Armadas a “neutralizar y/o aniquilar” a la guerrilla en el monte tucumano. Un mes y un año antes del último golpe cívico militar en la Argentina, en esa provincia del NOA se instaura el terror. Personas presas y desaparecidas, en su mayoría obreros de ingenios azucareros, centros clandestinos de detención, anticipan lo que vendrá. Pero hay mucho más, y la trama es más compleja, como lo narra y analiza la socióloga tucumana Ana Jemio en su libro Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina ( Prometeo, 2021) y cuenta en esta entrevista. El libro se presentará este viernes 18 de marzo a las 19 en la librería Eterna cadencia. 

En Tras las huellas del terror contás que el proyecto surgió de algo que te dijo Margarita Cruz, una sobreviviente de la Escuelita de Famaillá, en 2005: “Yo quiero saber qué pasaba afuera del campo, no en la Escuelita sino en el pueblo”. ¿Por qué esa pregunta está en el origen?

Esa pregunta condensa una manera de interrogar nuestra historia que tiende puentes. La propuesta era investigar sobre el genocidio, pero no en la dictadura, sino durante un gobierno constitucional, tendiendo puentes entre esos dos procesos. La intención era entender ese proceso de violencia estatal pero no solo ni centralmente a través de quienes habían sido sus víctimas más directas: queríamos saber cómo había impactado el terror en todo el conjunto social. La idea que nos servía como norte era: esto no es algo que les pasó sólo a las víctimas, sólo a unos pocos, esto es algo que nos pasó como sociedad y, aunque no seamos capaces de verlo a simple ojo, eso nos ha cambiado. Y esa idea contiene, de manera intrínseca, un puente entre el pasado y el presente. Esta perspectiva que nos llegaba a nosotros a través de Margarita era, a su vez, producto de toda una reflexión conjunta en la que jugaron las propias experiencias de los sobrevivientes, las producciones de sobrevivientes de otras latitudes y de intelectuales argentinos de distintas generaciones. 

Y esa pregunta, punto de llegada de todo un proceso, funcionaba para nosotros como punto de partida de otro recorrido donde nos encontrábamos distintas generaciones. Digamos que esa pregunta inicial puede ser releída como: necesito entender mi historia en relación con los otros. Y eso es una especie de piedra basal en todo este proceso.   

¿Cuáles son los lugares comunes que Tras las huellas del terror logra desarmar? ¿Es mucho decir que a partir de tu libro el inicio de la última dictadura podría adelantarse un año? 

La tesis fuerte de este libro es que el genocidio no comienza en Argentina el 24 de marzo de 1976, sino en febrero de 1975 en Tucumán. Esto se da de patadas con uno de los nudos más fuertes que estructuran nuestra mirada sobre el pasado reciente: el que liga dictadura con genocidio. Si el “verdadero” genocidio comienza con una dictadura, el Operativo Independencia solo puede aparecer como la antesala de lo que se vendrá después. Sin embargo, y esto es lo que muestra el libro, durante 1975 y en Tucumán la represión tuvo idénticas características de lo que vino después: campos de concentración, desaparecidos, secuestros, negación de información sobre las víctimas. Esto no niega, por supuesto, que luego de marzo de 1976 esta política se haya generalizado e intensificado en el resto del país. Y que, incluso, muchas otras cosas hayan cambiado porque no es lo mismo un gobierno constitucional que una dictadura militar. Lo que sí fue igual fue el modo en que reprimieron. 

Algo similar puede decirse en relación a las víctimas: la imagen dominante del período es que la mayor parte de ellas continúan detenidas desaparecidas y que una ínfima minoría sobrevivió a los campos de concentración. En Tucumán esto es sencillamente incorrecto. Aunque cambia según el tiempo y el lugar, como mínimo la mitad del total de víctimas fue liberada luego de pasar por Centros Clandestinos de Detención.

Lo que me parece importante es que estos señalamientos no apuntan necesariamente a cuestionar como “falsos” esos íconos con los que solemos pensar el período. En todo caso, busca inscribirlos como un elemento destacado en el marco de un panorama más amplio: es cierto que a partir de 1976 se extiende territorialmente y se profundiza la política genocida, pero no que allí empieza; es cierto que la desaparición forzada de personas fue el modo dominante en que se ejerció la violencia estatal, pero además de su vertiente de exterminio, tuvo otra vertiente, la liberación.

¿Cuáles son las principales incomodidades a las que lleva ahondar en el Operativo Independencia: la mirada sobre la guerrilla en el monte y el hecho de que se haya desarrollado en un gobierno democrático y peronista?

Siempre dije que el Operativo Independencia era un acontecimiento incómodo, pero ahora con tu pregunta pienso que no lo es en general, ni para todo el mundo. Para los genocidas o durante la hegemonía de la llamada “teoría de los dos demonios” ese acontecimiento tenía un rol claro en sus narrativas: la guerrilla había construido en Tucumán su máximo desafío instalando una compañía en el monte, y el Estado constitucional respondía legítimamente a esa ofensa. Hay muchas diferencias entre ambas explicaciones, pero sí comparten este punto central: legitimar la represión a partir de la existencia de una guerrilla rural.

El campo popular y el amplio mundo del progresismo, en cambio, tiene muchos más problemas para lidiar con este acontecimiento. En primer lugar, porque ocurrió durante un gobierno peronista y porque bombardea la idea de que en un estado constitucional de derecho nada malo puede pasar. En segundo lugar, porque pone sobre la mesa el problema de los proyectos revolucionarios y de la lucha armada. Desde hace al menos 20 años tomó fuerza una interpretación según la cual el Estado persiguió a todo aquel que se opusiera al proyecto que buscaba imponer el bloque dominante. Con esta explicación más general, la discusión sobre las organizaciones revolucionarias pudo omitirse. El Operativo Independencia, como mínimo, impide esa omisión. Porque cuando uno intenta explicar por qué en Tucumán la política sistemática de desaparición forzada comienza un año antes, algo tiene que decir sobre la guerrilla. 

Usás dos figuras metafóricas para desplegar las hipótesis centrales: el caldito y la sopa, y el pulpo, cabeza y tentáculos. ¿Podés desarrollarlas?

Recién te decía que nuestro interés central era saber cómo había impactado el terror en todo el conjunto social. Para eso partíamos de los trabajos desarrollados por el sociólogo Daniel Feierstein (director de la tesis que luego se convirtió en este libro) y de las reflexiones desarrolladas por la propia Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de la cual Margarita formó y forma parte. Si el genocidio busca transformar la sociedad a través del terror, el principal ámbito de producción de ese terror son los campos de concentración. Los sobrevivientes crearon la metáfora del cubito y el caldo: el Centro Clandestino de Detención y sus reclusos eran la expresión concentrada (el cubito) de algo que irradiaba a todo el conjunto social (el caldo). 

Esta metáfora es muy rica porque sugiere varios sentidos. El campo no es una entidad separada o aislada de la sociedad, sino que está dentro de ella. Existe un movimiento, una direccionalidad porque hay un emisor y un receptor: a medida que el cubito se va disolviendo (va irradiando el terror), sus partículas van transformando el agua en sopa (va transformando a ese conjunto). Una vez disuelto todo el cubito, sus partículas no se esfuman, sino que persisten sus efectos en el caldo, cuya naturaleza inicial de agua está perdida, ha sido transformada.

Digamos que esta metáfora fue el punto de partida para investigar concretamente cómo habían sido esos “cubitos” en Tucumán, durante el Operativo Independencia. Y nos encontramos, en primer lugar, con que habían sido muchos: al menos hubo 60 espacios en los que hubo personas secuestradas. Pero además de muchos, habían sido muy distintos. Algunos eran grandes espacios, más parecidos a los que nos imaginamos cuando pensamos en un campo de concentración: la Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía, la base del Ingenio Fronterita. Otros, en cambio, eran lugares muy pequeños a los que difícilmente podríamos llamar Centros Clandestinos de Detención pero que también habían servido para secuestrar y torturar personas. Si tomamos esos espacios de a uno, podríamos caer en el error de restarles importancias: tenían un detenido, dos, tres. Pero si los tomamos en conjunto vemos que eran no menos de 45 y que estaban distribuidos por toda la geografía tucumana.

Y ahí llega la metáfora del pulpo que es, de alguna manera, producto de haber desplegado esa metáfora anterior. Lo que vimos en la investigación es que más que calditos, unidades similares, lo que había era una red de espacios donde ese terror se producía. Espacios que estaban conectados entre sí, y que tenían distintos niveles de magnitud, de complejidad. Los grandes CCD eran como la cabeza de un pulpo, que iba acompañada de tentáculos, ventosas. Esos tentáculos, en sus extremos más finos, no se parecen a la cabeza del animal, pero recuerdan su existencia. La comisaría de la esquina de la casa, la misma de siempre, o un campamento militar a orillas de un cañaveral en el que secuestraron a una, dos personas, no son la cabeza del pulpo, pero son sus tentáculos y con ello alcanza para reconocer qué hay detrás. Fueron piezas claves para producir y amplificar el terror en el conjunto de la sociedad.

El libro incluye bastante de backstage. Es el resultado de tu tesis de doctorado, pero también de otras acciones militantes, no solo académicas. ¿Podés resumir esa articulación de saberes y acciones?

Siempre he trabajo en procesos colectivos y siento que las producciones individuales (este libro, un artículo, la tesis) son momentos de reflexión sobre aquel hacer con otros. Primero, ese hacer fue con el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán, que impulsó Marga Cruz. Hicimos entrevistas, talleres con jóvenes y sobrevivientes, homenajes, espacios de educación popular, reconstrucción de historias de vida. En ese proceso quedaron sembradas las principales preguntas que han sido motor de este libro. Luego, ese hacer fue con el equipo del Observatorio de Crímenes de Estado, dirigido por Daniel Feierstein y Malena Silveyra. Con ellos ensayamos distintos modos de vincularnos con organizaciones querellantes y construir conjuntamente conocimiento que pudiese aportar a los juicios que se desarrollan contra los genocidas. Si en aquel proceso quedaron sembradas las preguntas, en este podría decir que encontré algunas de las principales herramientas para responderlas. 

GS