La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este viernes una opinión consultiva no vinculante, a petición de la Asamblea General de la ONU, sobre las consecuencias legales de las prácticas y políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leyó la opinión consultiva, en la que los jueces del máximo tribunal de la ONU establecen que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales, como la IV Convención de Ginebra, y las prácticas de Israel en esos territorios constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de los mismos.

Salam también afirmó que la ocupación de Cisjordania establece una “discriminación y segregación sistemáticas, y un apartheid”, debido a las prácticas de Israel, que mantienen separados a los palestinos de los israelíes, limitando sus movimientos, expulsándolos de sus tierras y confiscándolas.

El tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya contesta de esta forma a las preguntas formuladas por la Asamblea General en diciembre de 2022: “¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?”. También preguntó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas (…) al estatus legal de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que surgen para todos los Estados y Naciones Unidas de este estatus?”.

La CIJ consideró que las políticas y prácticas de Israel atentan contra el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Además, pidió a todos los Estados de la ONU que no reconozcan ningún cambio sobre el terreno, porque la “continua presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal”, y les recordó que no deben prestar ayuda a Israel para mantener esa presencia. Asimismo, todos los Estados deben distinguir entre Israel y los territorios ocupados.

Los jueces de la CIJ concluyeron que Israel debe cesar su política de asentamientos y desmantelarlos, y retirarse de los territorios ocupados hace 57 años, además de reparar a los palestinos por los daños causados por la ocupación.

Para elaborar su opinión, los magistrados tuvieron en cuenta el derecho internacional humanitario, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad del organismo, entre otras normas; además escucharon el pasado febrero los argumentos de 52 países, incluidos Palestina, España y Estados Unidos –Israel no estaba entre ellos–, y de tres organizaciones internacionales (la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica).

De esos países, cerca de la mitad alegó que Israel está llevando a cabo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y de persecución contra los palestinos, en el marco de su ocupación.

España denunció un “sistema de fragmentación jurisdiccional en el contexto de una estructura de discriminación institucionalizada” y enumeró violaciones del derecho internacional de las fuerzas israelíes, como la detención de niños o los asentamientos.

Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967 y, desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino. Sin embargo, no aplica la ley de ocupación en esos territorios, ni cumple con sus obligaciones legales como poder ocupante.

La presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) y vocal de la sección de derecho penal internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Eulàlia Pascual, ve “complicada” la labor que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante una de sus resoluciones más trascendentes de los últimos tiempos y que comunicará este viernes: decidir si, como le ha pedido Sudáfrica, ordena a Israel un alto el fuego en Gaza.

La jurista aporta las claves para ayudar a entender qué elementos valorará el tribunal para emitir su fallo.

–¿Qué valora la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para decidir si ordena a Israel un alto el fuego en Gaza?

–La CIJ escuchó la presentación de la demanda de Sudáfrica y la respuesta de Israel. Ahora la Corte tiene sobre la mesa los elementos objetivos que Sudáfrica presentó como genocidio, y la clave será en si determina si hay que ordenar a Israel un cese en el uso de fuerza militar, o si, por contra, persiste una amenaza por parte de Hamas que impide acordar la medida cautelar contra Israel.

–¿Cuáles son esos elementos objetivos de un genocidio?

–Creo que es el punto fuerte de la demanda de Sudáfrica, que fundamenta bien varios elementos objetivos del genocidio alegados en base a la Convención del Genocidio: desplazamiento forzado de personas, condiciones extremas que hacen difícil la supervivencia, falta de alimentos, agua, y atención médica en Gaza, destrucción total de infraestructuras….

–¿Solo con estos elementos, que vemos en las noticias a diario, la CIJ puede ordenar a Israel un alto el fuego en Gaza?

–No. Para tomar su decisión, además de los elementos objetivos y valorar la amenaza que supone Hamas, la CIJ también tiene que entrar a valorar si, como dice Sudáfrica, es plausible que Israel cometa o sea cómplice de un genocidio en Gaza, es decir, si hay una intención genocida. Y esto creo que es mucho más complicado de valorar para un tribunal. Es una cuestión muy compleja, pero muy interesante a nivel de derecho penal internacional.

–¿Por qué?

–Porque supone entrar a valorar un elemento subjetivo e intencional, que es que Israel tenga la voluntad de destruir al pueblo palestino en su conjunto, no solo, como alega, a Hamas, que, recordemos, fue responsable del ataque a Israel del 7 de octubre.

La decisión de la Corte puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio

–“Los conflictos armados son brutales y cuestan vidas, pero no todos los conflictos son genocidios”, dijo el abogado que representa a Israel, Malcolm Shaw. ¿Dónde se pone la línea roja que separa a una cosa de la otra?

–Esta es la tarea, complicada, que tiene la Corte. Además de la intencionalidad de Israel, otra de las cuestiones a valorar es la proporcionalidad de la respuesta israelí, que es justamente el concepto detrás de la alegación de Israel de que tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas y recuperar a los rehenes. En cualquier caso, es una decisión muy importante porque puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio, y también afectar a otras masacres de las que el mundo parece haberse olvidado, como la de Azerbaiyán en Artsaj.

–Sudáfrica ha puesto como ejemplo de la “intención genocida” de Israel las declaraciones de sus líderes políticos que “deshumanizan” a los palestinos de Gaza. ¿La Corte las tendrá en cuenta?

–Es verdad que ha habido declaraciones imprudentes, pero el lenguaje ha sido destructivo por parte de los dos lados, solo hay que ver los comunicados de Hamas. La teoría nos dice que un jefe de Estado debe guardar la cabeza fría, y es verdad que cualquier declaración incendiaria, venga de donde venga, no ayuda y es un problema. Pero la defensa de Israel intenta contener el alegato diciendo que sus líderes se refieren a Hamas, no al conjunto de población palestina.

–La Corte podría ordenar un cese de la guerra en Gaza, como pide Sudáfrica, pero el tribunal no tiene medios propios para hacer cumplir sus resoluciones.

Es cierto, pero es que una fuerza coercitiva que obligara a cumplir las resoluciones iría en contra del espíritu de las Naciones Unidas.

Se podría llevar este incumplimiento al Consejo de Seguridad de ONU, pero ya se ha visto que Estados Unidos impone su derecho a veto. ¿Cualquier resolución de la Corte que ordene a Israel poner fin a la guerra tiene el riesgo de convertirse en papel mojado?

No tiene por qué ser así. Cualquier nueva actuación tras la decisión de la CIJ y su sentencia se vehicula a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero pensar que a Netanyahu le importan un poco más que a Putin las decisiones de los tribunales internacionales, aunque Israel no haya ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI).

–¿Se podría ver un juicio internacional a Netanyahu por la respuesta de Israel a los ataques de Hamas?

–Creo que es un escenario muy improbable. Ante la Corte Penal Internacional (CPI) solo pueden acudir países que hayan ratificado el Convenio de Roma, pero hay una excepción que permite al Consejo de Seguridad Naciones Unidas llevar un caso ante la CPI. Aunque parezca que nunca pase nada, quiero recordar que la CPI imputó y tiene en vigor una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en relación con la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Cualquier país que ha ratificado el Convenio de Roma puede detener a un imputado si pisa su país, y eso ha limitado los movimientos de Putin. A lo mejor no tiene consecuencias muy vistosas, pero tiene consecuencias.

Es muy triste, pero creo que hoy no se hubiera firmado la Declaración de Derechos Humanos"

–¿Que sea Sudáfrica y no ningún país europeo el que haya llevado a Israel ante el Corte Internacional de Justicia deja a los países europeos sin la autoridad moral de defensa de derechos humanos que se han arrogado?

–Parte de Europa ha asumido que Israel tiene derecho a defenderse y ha decidido no meterse, lamentando, eso sí, las víctimas palestinas, pero ha priorizado el derecho a defenderse de Israel y constatar que es Hamas quien inició la guerra. Pero Sudáfrica tampoco está sola en su demanda, la apoyan países como Colombia.

–¿Es viable la solución de los dos estados? ¿Ve posible que la decisión judicial empuje a una negociación para una resolución del conflicto a largo plazo?

–¿Qué otra solución hay si no es la de los dos estados? ¿La destrucción mutua? Eso sería horrible. No se puede aceptar ni que Israel tenga que desaparecer ni que los ciudadanos palestinos tengan que desaparecer. Una negociación es factible en función de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Y para ello hay que ser consciente de que, en una negociación, no se lograrán todos los objetivos y cada parte tendrá que ceder en algo. ¿Hay esa voluntad de negociar una solución a largo plazo? Me temo que no. El actual es un escenario completamente distinto al de las negociaciones de paz de hace años, tanto por los actores del conflicto, en especial Hamas, como por el contexto internacional. Y al final esto creo que cada vez afecta más a la población civil de Palestina, que está atrapada entre Hamas e Israel y viviendo una masacre.

–¿Qué papel ha tenido la ONU en este conflicto? Sus llamadas para una desescalada del conflicto no parecen escucharse

–Naciones Unidas ha reclamado, a los dos bandos en conflicto, corredores humanitarios y un alto el fuego. No puede hacer otra cosa y tiene que seguir insistiendo en ello porque es lo que dice la Convención de Ginebra. Se ha pedido a Hamas liberar a los rehenes como un intento de que luego Israel cese las hostilidades, pero no ha habido muchos avances. Aunque esto ya es una cuestión geopolítica, además de derecho penal internacional. 

Hace poco celebramos el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y, aunque es muy triste, creo que hoy no se hubiera firmado. Que el mundo no haga caso a la ONU, más allá de cuestiones geopolíticas, también creo que es porque desde ciertos sectores se ha fomentado una visión de Naciones Unidas como un club de blancos ricos, cuando no es así. Algunos políticos han captado rápidamente esa desafección hacia Naciones Unidas, que hace que no hacerle caso no tenga consecuencias a nivel electoral. Como toda gran estructura, la ONU tiene defectos, pero si no hubiera Naciones Unidas, sería el caos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, pidió a Israel que tome medidas para limitar las muertes y el sufrimiento de los palestinos, y evitar “actos de genocidio” en la guerra que está librando en Gaza, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que presentó una demanda contra ese país por lo que calificó de “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva contra la Franja de Gaza –en la que han muerto más de 26.000 personas desde el pasado 7 de octubre–.

La decisión ha sido tomada por 15 votos a favor y dos en contra, de los 17 jueces encargados de la demanda presentada por Sudáfrica a finales de diciembre, en la que alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel contra los palestinos. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, ha dicho en la apertura de la sesión de este viernes que el tribunal “está preocupado por la pérdida de vidas [humanas] y el sufrimiento en Gaza” y ha señalado que la ofensiva Israelí “ha causado muertes, una gran destrucción y el desplazamiento masivo” de los habitantes de la Franja, basándose en las declaraciones de varios altos representantes de la ONU, incluido el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Ante todo, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para juzgar este caso y, además, que los palestinos de Gaza representan un grupo que tiene derecho a ser protegido ante un posible genocidio. Para evitar que eso ocurra, el tribunal emitió una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los gazatíes, pero no ordenó un alto el fuego en la Franja.

Pidió a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” que se incluyen en la Convención contra el Genocidio y que son: “asesinar a miembros del grupo” protegido, “causar daño físico o mental grave a miembros del grupo”, “imponer al grupo condiciones de vida que conlleven su destrucción física, en parte o en total” e “imponer medidas que eviten nacimientos dentro del grupo”. En su fallo, la CIJ detalla que “el Estado de Israel debe garantizar que sus militares no cometen ningún acto de los descritos arriba” y tiene que “evitar y castigar cualquier incitación directa y pública a cometer genocidio de los palestinos en Gaza”. De cara a la desesperada situación humanitaria, el tribunal exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes.

Además, Israel tendrá que presentar a la CIJ un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes, en un plazo de un mes a partir de este viernes.

Israel no cumplirá las órdenes

La ministra de Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, a la salida de la vista en La Haya, lamentó que la CIJ no haya incluido un cese de las hostilidades en su fallo y afirmó que, para cumplir con las órdenes del tribunal, es necesario un alto el fuego. “La corte ha mandado una clara señal a Israel”,agregó, al mismo tiempo que ha advertido que no cumplir las órdenes de emergencia dictadas este viernes sentaría un “precedente peligroso”.

El jueves, el Gobierno israelí adelantó que no tenía intención de acatar las medidas cautelares, si estas incluían un alto el fuego, porque “no tiene fundamento”, afirmó su portavoz, Eylon Levy. También se mostró confiado en que la CIJ fallaría a favor de Israel: “Esperamos que la CIJ desestime estas acusaciones espurias y engañosas”. Las decisiones del máximo tribunal de Naciones Unidas son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero de facto no dispone de ninguna forma para imponer sus decisiones y que estas se apliquen.

Tras conocerse el fallo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que la acusación de genocidio contra Israel “no sólo es falsa, es escandalosa”, aunque se ha mostrado satisfecho con que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. “Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho”, ha afirmado.

Por su parte, el grupo islamista Hamas afirmó anoche que acataría la decisión de la CIJ si Israel también lo hacía y si cumplía con el alto el fuego que se esperaba que ordenara el tribunal. También aseguró que pondría en libertad a los rehenes que secuestró el día 7 de octubre y que siguen en sus manos y de otras milicias palestinas, si Israel excarcela a los presos palestinos que están recluidos en ese país.

Precisamente, la defensa que Israel presentó ante la CIJ el pasado día 12 se basa en los ataques de Hamas del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos, buena parte de ellos residentes de las comunidades judías cercanas a la Franja de Gaza. Esos ataques no forman parte central de la acusación sudafricana e Israel alega que es el elemento clave que justifica su derecho a la legítima defensa. Aún así, ante la posibilidad de que el tribunal emitiera una decisión en su contra, Israel –por primera vez en su historia– ha decidido defenderse y, de esta forma, reconocer la legitimidad de la CIJ.

Documentos desclasificados

El periódico The New York Times informó ayer de que Israel ha desclasificado más de 30 documentos secretos con órdenes del Gobierno y de los líderes militares para tratar de rebatir las acusaciones de Sudáfrica, en concreto, su “intención genocida”. Esas órdenes muestran que Israel hizo “esfuerzos” para no causar muchas muertes entre los civiles palestinos, según el diario, que ha revisado una copia de los documentos presentados a la CIJ. La defensa de Israel trata de probar que, aunque dirigentes políticos israelíes, incluidos ministros, han hecho llamamientos a expulsar a todos los palestinos de Gaza o matarlos, las órdenes oficiales del Ejecutivo y del Ejército no apuntaban en ese sentido.

Precisamente, Sudáfrica incluyó en su demanda de 84 páginas declaraciones oficiales de altos cargos políticos y mandos militares, así como lo que dicen los propios soldados en vídeos grabados por ellos mismos en Gaza, en los que prometen venganza contra los palestinos, expresan su desprecio y odio hacia ellos, o se ríen del sufrimiento que les están causando. Según uno de los abogados del equipo sudafricano, la “intención genocida” está “arraigada en la creencia de que el enemigo está incrustado en la vida civil palestina de Gaza, no solo en el brazo militar de Hamas”.

El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a todos los palestinos del ataque perpetrado por Hamas. Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, calificó a los gazatíes de “animales humanos” para justificar la decisión de cortar por completo el suministro de agua, luz y combustible a la Franja –suministro que aún no ha sido restablecido y que, entre otras cosas, está causando la propagación de enfermedades debido al consumo de agua contaminada y respiratorias por la quema de todo tipo de residuos para cocinar y calentarse–. La presidenta del CIJ citó esas declaraciones y otras de ambos dirigentes en la sesión de este viernes.

Según The New York Times, los documentos desclasificados no incluyen las órdenes emitidas en los primeros diez días de ofensiva contra Gaza, cuando Israel cerró el grifo del agua y la electricidad, y limitó las entregas de combustible y otros suministros básicos a la Franja.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este miércoles a Rusia, por trece votos a dos, “suspender de forma inmediata las operaciones militares” en Ucrania.

“La Federacion rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El tribunal se alineó así con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas este miércoles por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de EFE.

IG