A pocos días de que se cumplan 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves las condenas dictadas contra represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en Campo de Mayo. Los fallos ratifican prisiones perpetuas para los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, y mantienen las condenas al ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco y al ex integrante del grupo de tareas Víctor Roberto Olivera.

El tribunal rechazó los recursos interpuestos por las defensas en ambas causas y consolidó un cuerpo jurisprudencial que caracteriza a la exESMA y a “El Campito” —centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo— no como meros lugares de detención ilegal, sino como centros de exterminio encuadrados en lo que los jueces denominaron el “paradigma concentracionario”. La sentencia afirma que estos espacios encarnaron “la deshumanización y despersonalización sistemática de los sujetos detenidos, reducidos a meros objetos de control y sufrimiento”.

Los fallos fueron redactados por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En la causa ESMA, el voto fue liderado por el juez Alejandro W. Slokar —cuyo análisis estructuró el núcleo conceptual de ambas sentencias— al que adhirieron Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos. En la causa Campo de Mayo, Slokar votó como vocal junto a la jueza Angela E. Ledesma y el juez Guillermo J. Yacobucci, quien presidió esa sala.

Maternidad clandestina y violencia de género

En la causa ESMA, la sentencia pone especial énfasis en los crímenes cometidos contra mujeres embarazadas y niños. El caso de Cristina Clelia Salguero, de 25 años y nueve meses de embarazo cuando fue secuestrada en enero de 1977, ilustra lo que el tribunal describe como “una de las manifestaciones más radicales del terrorismo de Estado”: el encierro de mujeres en la maternidad clandestina de la ESMA, donde dieron a luz sin sus familias, en condiciones inhumanas y bajo el control de sus captores. El fallo concluye que esa práctica “constituyó una forma extrema de violencia de género”.

Magnacco, que actuaba como médico y nexo entre la maternidad clandestina y el Hospital Naval, fue condenado por su participación en partos en cautiverio. Las víctimas lo reconocieron como responsable de los partos realizados en el Casino de Oficiales. La sentencia también confirmó la condena a Olivera, guardia del grupo de tareas, por mantener bajo el régimen de “libertad vigilada” a Merita Susana Sequeira y su hija Mariela, incluso después de que abandonaran el centro clandestino.

El tribunal subrayó el deber del Estado de proteger especialmente a los niños y recordó que “la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia”.

Los vuelos de la muerte: el crimen sin testigos

En la causa Campo de Mayo, los fallos se detienen en la mecánica de los llamados “vuelos de la muerte” —la práctica sistemática por la cual personas secuestradas eran arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares— como herramienta de exterminio genocida. Las sentencias destacan que esta modalidad estaba diseñada para eliminar toda evidencia: “nadie sobrevivió a los vuelos para testimoniarlo”, señala el fallo. Las víctimas podían relatar el secuestro, la tortura y la reclusión, pero “el instante de la muerte careció de testigos que no fueran los propios perpetradores. El crimen se consumó en el único espacio donde la mirada ajena era materialmente imposible: en la noche, en el aire, sobre el agua”.

Desde diciembre de 1976, cuerpos comenzaron a aparecer en las costas bonaerenses. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien permitió identificar a las víctimas y determinar las causas de sus muertes, “contrarrestando la lógica de ocultamiento del régimen”. El fallo reconoce que ese trabajo fue determinante para convertir la sospecha en certeza judicial: “los cuerpos hallados en las costas son los que rompen el pacto de silencio”.

Los condenados Malacalza y Lance se desempeñaban como segundo jefe del Batallón 601 y oficial de operaciones, respectivamente, lo que les otorgaba —según la sentencia— “dominio funcional sobre el personal, los recursos y la ejecución de las operaciones represivas ilegales”. Los cuatro casos juzgados corresponden a estudiantes secundarios y militantes que permanecieron detenidos en “El Campito” y cuyos cuerpos fueron hallados en las costas argentinas.

Entre las víctimas, Roberto Arancibia fue secuestrado de su departamento en mayo de 1977 mientras sus hijos Martín, de seis años, y Adriana, de tres, quedaban solos. Los niños fueron internados en un instituto de menores durante seis meses. Durante el juicio, Adriana recordó que quiso ponerle “una curita” a su padre porque lo habían lastimado.

Memoria activa contra el negacionismo

Los fallos también se pronuncian sobre el presente. La sentencia sobre la ESMA expresa preocupación por el impacto del Decreto N° 345/2025 sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos y, en particular, sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA. El tribunal advirtió que el debilitamiento de esos mecanismos “podría comprometer seriamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino” y fue categórico: “el deber memorial constituye imperativo para todos los poderes públicos”.

Las sentencias exhortan a los tribunales orales a preservar la totalidad del material probatorio y afirman que el reconocimiento judicial de estos hechos “constituye una forma de memoria activa orientada a enfrentar el olvido y el negacionismo”. Recordar, concluye el fallo, “es lo que se definió como 'memoria ejercida': el esfuerzo por recuperar lo que tuvo lugar en el pasado articulando el testimonio individual con la reconstrucción histórica de la experiencia colectiva”.

El predio de la ESMA está protegido por ley como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado. El Casino de Oficiales es Monumento Histórico Nacional. A cincuenta años del golpe, estas sentencias recuerdan que memoria, verdad y justicia no son consignas: son obligaciones del Estado. Y este jueves, la justicia las hizo cumplir.

A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos:

¡Son 30 mil detenidxs desaparecidxs!.

¡Fue y es genocidio!

¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!

En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a Villarruel:

¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!

¡Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado!

¡Rechazamos el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes!

¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya!

Repudiamos el brutal ataque a lxs jubiladxs y todxs los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso.

Hoy Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte. Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!

A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo

¡Juicio y Castigo a todos los culpables!

¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles!

¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!

Urgente desclasificación de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan.

Seguimos exigiendo que nos digan: ¿DÓNDE ESTÁN?

Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo.

Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado.

Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad.

El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas.

Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas. Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos, hace apenas dos meses restituyeron la identidad un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos. Nunca es tarde.

Reivindicamos el rol histórico de nuestras Madres en el derrotero de las luchas populares por memoria, verdad y justicia.

Y con ellas decimos: ¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia! ¡Julio López, presente!

¡Libertad a Milagro Sala y a todos los presos y presas políticos!

¡Basta de represión y violencia institucional!

¡Basta de gatillo fácil, razias y detenciones arbitrarias, persecuciones, desapariciones y femicidios!

¡Basta de militarización de los territorios! ¡Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su educación intercultural bilingüe!

¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en sitios de detención y encierro!

¡A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki!

¡Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal!

¡Justicia por Iván Torres y Fernando Gómez, trabajadores de frontera asesinados en Salta y Jujuy!

¡Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes!

Hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado. Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martínez de Hoz, entre tantos otros.

Hoy, son esos mismos grupos económicos los que se benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo.

Por eso decimos: ¡Derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI!

¡Denunciamos la situación social de pobreza en la que viven cada vez más familias, el cierre o vaciamiento de políticas de asistencia a los más vulnerados!

Por eso le decimos no a la destrucción de la salud pública. Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas: vaciar es cerrar. Basta de despidos. ¡Reincorporación YA!

¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! Denunciamos el desfinanciamiento de todos los niveles educativos mediante la pauperización de los salarios docentes y la falta de otorgamiento y/o ejecución de los subsidios públicos para el funcionamiento, infraestructura y producción de conocimiento de las instituciones educativas. Apoyamos las luchas del movimiento estudiantil y de los trabajadores docentes y no docentes de los tres niveles educativos. Gritamos una vez más: LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Denunciamos el vaciamiento y cierre de muchas políticas públicas solidarias y de asistencia en distintas áreas:

¡No a la entrega de los bienes comunes! Defendamos la tierra y el agua contra el extractivismo, el RIGI y la política que incendia o inunda nuestros territorios y persigue a nuestras comunidades.

Defendemos el derecho de asilo y refugio, contra todas las formas de persecución.

Exigimos justicia por las niñas Villalba asesinadas por el Ejército de Paraguay. ¡Aparición con vida de Lichita!

Defendemos las políticas de niñez y juventud que garanticen y amplíen los derechos de todos nuestros niños y niñas a la ciencia, la educación, la salud y la vivienda. Por la efectiva aplicación de las leyes de protección a las infancias, por niñeces y adolescencias libres de toda violencia.

¡Rechazamos la baja de edad de punibilidad y los proyectos de ley que criminalizan a los adolescentes!

FUERA EL FMI. La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación!

Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación del decreto 70/23, la Ley bases, las Facultades delegadas en cumplimiento de la Constitución Nacional y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.

PARO GENERAL Y PLAN DE LUCHA YA DE TODAS LAS CENTRALES SINDICALES. ¡Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales!

Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas y los nietos y las nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: LA MEMORIA ES NUESTRA HERRAMIENTA

Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel!

¡Denunciamos el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los sitios de memoria! y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos.

¡Exigimos la preservación de los Espacios para la Memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y el cuidado de las pruebas materiales de la represión! Denunciamos la censura y el acoso permanente a los pocos trabajadores y trabajadoras que quedaron sosteniendo estos espacios a los que les prohíben realizar actividades, centrales para el sostenimiento de la Memoria.

Para les ex preses polítiques, exiliades, hijes y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social. Por la continuidad de los juicios a los genocidas.

Abajo la legislación represiva: ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad. Derogación de la reforma inconstitucional del código penal: las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.

Basta de discursos de odio y misóginos de los Trump y los Milei.

Por una Palestina libre. Repudiamos el genocidio en Gaza

Los movimientos feministas, transfeministas y LGBT+ conquistamos nuestros derechos en las calles y en las calles los vamos a defender.

En defensa del aborto libre. legal, seguro y gratuito, Del cupo laboral travesti trans, de la ESI y de la Leyes que garantizan el derecho a la identidad de género.

Contra el racismo, la xenofobia y la política fascistizante del gobierno. Basta de atacar y perseguir a lxs migrantes, jóvenes y pueblos originarios.

¡BASTA MILEI!

¡FUERA BULLRICH!

¡¡¡Nunca más es nunca más!!!

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 detenidos desaparecidos, presente!

¡Ahora, y siempre!

Firman los siguientes organismos de derechos humanos:

Organismos de derechos humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERTENCIENTES AL ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

La masiva movilización tuvo presencia de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, además de agrupaciones políticas como como La Cámpora, con la presencia de Máximo Kirchner; el Frente Renovador y el Partido Obrero, a los que se sumaron sindicatos y los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano.

Cabe destacar que luego de 20 años de actos separados en la plaza, todos estos espacios compartieron escenario en el acto central.

El acto se había iniciado con unas palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien reclamó que el Estado siga garantizando “la restitución de la identidad de los nietos y nietas” de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La acompañaron sobre el escenario Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, sostuvo Carlotto.

Carlotto resaltó que desde Abuelas llevan “139 casos resueltos” y “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”.

“Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde”, completó, ante una plaza colmada.

Posteriormente, se leyó sobre el escenario el documento de las organizaciones convocantes. .

“En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a (Victoria) Villarruel: el pueblo unido jamás será vencido. Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado”, expresaron las organizaciones.

Y completaron: “Rechazamos el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes”.

También se protestó contra la mayoría de las iniciativas que implementó el gobierno libertario en casi un año y medio de gestión, por lo que se reclamó la “derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI”.

Y apuntaron contra la “ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad, la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior”.

“Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”, plantearon los organizadores.

Y agregaron: “Le decimos ´no´ a la destrucción de la salud pública. Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas”.

“Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

Una vez concluida la lectura del documento, empezó la desconcentración de la multitudinaria marcha, en el marco de un operativo de seguridad de poco despliegue, sin que se aplicara el protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich.

Durante la jornada, las columnas fueron llegando desde distintas direcciones. La Campora inició su recorrido desde la ex ESMA con Máximo Kirchner a la cabeza. Ahí, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires participó de una ceremonia de restitución de una imagen de su padre bajando los cuadros de los jefes de la Junta Militar de la última dictadura, la cual había sido retirada por el Gobierno nacional.

Junto a Kirchner marcharon referentes políticos como el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro; los diputados nacionales Vanesa Siley y Sergio Palazzo; los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achaval (Pilar); y los dirigentes Juan Otermín, Lucía Cámpora, Leonardo Grosso y Daniela Vilar; entre otros.

También dió el presente el Frente de Izquierda. Su referente Myriam Bregman sostuvo que detrás del discurso del Gobierno y de “la derecha” sobre la “memoria completa” hay “una búsqueda de impunidad”. Para la líder del PTS y ex candidata presidencial, “quieren tener las manos libres para cuando las clases dominantes de este país, que nunca han dudado en recurrir a la represión más cruel para defender sus intereses económicos, los quieran volver a usar”, advirtió Bregman.

“La masividad de la movilización debe entenderse como un pronunciamiento de una parte muy importante del pueblo en rechazo a la política de gobierno actual, porque el 24 de marzo no es sólo una marcha de recuerdo del Golpe de Estado, es por sobre todas las cosas una marcha por el presente. Vamos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y allí planteamos abiertamente la necesidad de profundizar el plan de lucha y preparar una gran movilización para terminar con este gobierno”, planteó Gabriel Solano, legislador porteño y dirigente del Partido Obrero.

También estuvo presente en las calles el líder del gremio Camioneros, Pablo Moyano, donde sostuvo que más allá de las “diferencias” que tienen los sectores que convocan “hoy dieron prioridad a la unidad”. “Lo importante es estar en la calle y acompañar a los que más sufren”, recalcó.

A su vez, reafirmó la asistencia del gremio en la marcha de los jubilados del 9 de abril próximo, donde van a estar “apoyando”, y agregó que el paro nacional que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 10 de abril tiene que ser “un parazo general”.

El hijo de Hugo Moyano repudió también el DNU que consiguió el oficialismo en Diputados para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“El pueblo trabajador tiene que repudiar a los diputados traidores de Tucumán, Catamarca y Salta, que son los que dieron el apoyo para este endeudamiento”, dijo.

MP/MU con información de NA.

El jueves 24 de marzo de 1976 la Junta Militar leyó su primer comunicado golpista en Buenos Aires. El jueves siguiente, las FFAA festejaban en Brasilia un nuevo aniversario del golpe de 1964: la dictadura latinoamericana más larga del siglo XX había empezado 12 años antes y terminaría 2 años después que el 'Proceso de Reorganización Nacional' argentino. Cuando el domingo 2 de marzo de 2025 la actriz española Penélope Cruz anunció en Hollywood que Aún estoy aquí había ganado el Oscar a la mejor película internacional, la alegría brasileña, vociferada sin morigeración ninguna, sonó entre quienes festejaban con los decibeles bombásticos que responden a un gol de oro, a un añorado desenlace favorable de final de Copa FIFA. El drama filmado por Walter Salles recapitula la represión, la tortura, las desapariciones y la denegación de Justicia en la década de 1970. Recomendado para todas las audiencias por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despreciado por su antecesor Jair Messias Bolsonaro, el film de Salles recalienta (pero también ilumina) una guerra política y cultural donde la batalla decisiva no es ya, o no es ya solamente, la de las violaciones a los DDHH y la impunidad o siquiera la estadística de los crímenes de lesa humanidad, sino la de la posibilidad y las impotencias de la democracia brasileña. 

Desde la Ciudad Maravillosa hasta Bello Horizonte y Los Ángeles

Con el film de Walter Salles, Brasil ganaba por primera vez el premio mayor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La historia de Rubens Paiva y de la investigación de Eunice Paiva sobre la desaparición de su cónyuge culmina con dos epílogos, breves, sucesivos, post-dictadura. El segundo, y final, medio siglo posterior al Golpe militar de 1964, es de 2014. Fecha decepcionante, año deplorable del Mundial perdido, del Mineiraço humillante, de la Selección Nacional de Fútbol masculino brasileña derrotada 1-7 por la alemana. (¿Época gratificante? En Brasil gobernaba la petista Dilma Rousseff -confirmada este lunes 24 de marzo de 2025 su reelección al frente del Banco del BRICS por un quinquenio más gracias al guiño ruso-; en Alemania la democristiana Angela Merkel en coalición con la socialdemocracia; el demócrata Barack Obama en EEUU).

El día de triunfo nacionalista ganado en Hollywood podía ser percibido, en buena ley, como una jornada de justicia que al tiempo que acababa con una postergación consumaba una reparación o al menos representaba una compensación. Curiosamente, o no, este tema burgués por excelencia -el del galardón que espera al trabajo bien hecho, el de la laboriosa militancia que vence a la injusticia- es el perseverante tema del que no se distrae Aún estoy aquí. Las virtudes de extricar los objetivos, de fijarse un plan racional de acción, de dotarse de recursos y medios adecuados para perseguirlos y alcanzarlos, son a la vez recomendadas y premiadas, en el film, y por quienes premiaron el film.

En el conocimiento, ahondamiento y práctica de esas virtudes nunca desfallece Eunice Facciolla Paiva, la protagonista del biopic Aún estoy aquí. Lucha por obtener reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el fin de su esposo el ingeniero y ex diputado federal Rubens Paiva, secuestrado por agentes parapoliciales de la dictadura gobernante desde 1964 y torturado y muerto en dependencias de un cuartel militar en enero de 1971. Obtiene en 1996 una partida de defunción. Aunque no el juicio de los culpables. Pero muere intentándolo, y el film mismo es otro paso adelante en un camino de orden y progreso desde la injusticia hacia la justicia. En el film de Salles, las violencias de la dictadura militar son ante todo un escándalo jurídico, una burla flagrante del Estado de derecho: la desaparición de personas pisotea el debido proceso, el secuestro es un sacrilegio afrentoso del sacrosanto derecho individual de habeas corpus. 

Desde que la Independencia de la Monarquía portuguesa fue declarada en 1822 por el hijo del Rey de Portugal que después se declaró Emperador de la nación rebelde, Brasil ha vivido en una era sin parangón en el mundo, la de un país donde todo, hasta la revoluciones, lo hace una sola clase. Todos los presidentes del Brasil republicano fueron herederos de los Bragança, prototipos de la gran pericia brasileña para simular una Historia y evitarse así el engorro de tener que hacerla, apuntaba Verissimo en 2002. El fracaso de Fernando Henrique Cardoso fue la versión brasileña del fracaso del ideal ciceroniano de una casta iluminada capaz de hacer lo necesario para la mayoría en vez de lo conveniente para pocos.

Francisco y Óscar

La Iglesia Católica es una monarquía electiva y vitalicia. La renuncia de Joseph Ratzinger, primer papa alemán, que en 2005 había sucedido a Juan Pablo II, primer papa polaco, era una novedad o una anomalía en una historia que al menos desde 1978 no había hecho más que acumularlas.  Al papa Francisco, que el 23 de marzo salió victorioso del hospital que lo había retenido más de tres semanas en cama, curándose de una doble pulmonía, lo eligió el 13 de marzo de 2013 un cónclave vaticano que había reunido 117 cardinales. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood es la que confiere los premios Oscar. Veamos en qué se parece y en qué no al cónclave cardenalicio. Como el nombre no deja de insinuarlo, la artística Academia californiana no es un sindicato sino un club. Como a muchos clubes privados se ingresa por un proceso de selección endogámico (como al colegio cardenalicio) y el pago de una membresía anual (a diferencia del colegio cardenalicio, al que no se paga nada, porque paga a sus miembros). Como también suele suceder con los clubes exclusivos, la magra diversidad de la Academia salta a vista: de sus diez mil y pico de miembros, más del 80% son blancos (sólo el 50% entre los cardenales), el 70% son varones (el 100% entre los cardenales) y, en promedio, es un grupo que se acerca a la tercera edad (la tercera edad es la edad canónica de los Príncipes de la Iglesia).

En los últimos diez años, la ceremonia del Óscar ha pasado de ser un espectáculo que veían 40 millones dentro de EEUU y como 200 millones fuera de EEUU  a una ceremonia que ven menos de 20 en EEUU y menos de 40 fuera. Hace 40 años, se dice que mil millones de personas veían la ceremonia. En 2025, por primera vez en la historia de los Oscar -iniciada en 1929-, con Aún estoy aquí, una película brasileña había sido nominada tanto como mejor película internacional (premio que ganó) como mejor película (a secas, premio que no ganó). En 1999, Estación Central, del mismo Salles, había sido nominada como mejor película internacional. En 2025, por segunda vez, una actriz brasileña, Fernanda Torres, había sido nominada como mejor actriz. La primera había sido su madre, la protagonista de Estación Central, Fernanda Montenegro (que en las escenas finales de Aún estoy aquí interpreta a Eunice Paiva, que murió en 2018, durante sus últimos días, nublados por el Alzheimer).

Como en tantos grupos, en la Academia californiana hay un gusto dominante. Una década atrás, se decía que la Academia prefería películas de largo aliento, épicas, sobre los que consideraba temas serios y dramáticos (mejor si históricos), narradas en un lenguaje cinematográfico clásico y en un estilo siempre al borde de la grandilocuencia o de la pomposidad.  Basta un recuento rápido de los ganadores recientes del Óscar para sumirnos en el escepticismo sobre un canon hegemónico conservador: en los últimos diez años, han ganado el premio a la mejor película producciones independientes intimistas e idiosincráticas. Nunca como en ese mismo decenio había sido tan profunda la grieta entre lo que el Óscar premia y lo que el público va a ver, en masa. Con Aún estoy aquí ha sido diferente. Ha sido vista en masa en todo Brasil. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recomienda ir a ver el film. Que es más intimista que épico: su única epopeya es la de una mujer a la que le han secuestrado el marido que se muda de Rio a San Pablo con su familia para retomar sus estudios de Derecho, recibirse de abogada, y conseguir que el Estado le extienda una partida de defunción: un desaparecido que deja de ser tal porque fue asesinado.

¿Por qué había sido desaparecido el desaparecido? Por acciones de solidaridad con perseguidos por la dictadura, poco más se nos dice en este film de Salles. En 1999, Estación Central deploraba el analfabetismo subsistente en Brasil. La protagonista, Dora Teixeira, es una maestra jubilada que trabaja en la Estación Central carioca, escribiendo cartas para clientes que no saben leer ni escribir, para pagarse el alquiler. En 2025, Aún estoy aquí deplora la renuencia del Estado brasileño para reconocer su participación en las desapariciones de la dictadura que terminó en 1985 y elogia el saneamiento constitucional que aportó la nueva Constitución de 1988. Si menos personas son analfabetas, si hay menos impunidad en Brasil, nadie puede negar que la alegría por el Óscar que finalmente llegó donde debía, un cuarto de siglo después, sea legítima, y legal.

Mentiras y sortilegios

La larga dictadura brasileña de 1964-1985 fue desarrollista y estatista. Su tonalidad favorita de comunicación era el optimismo sádico: Pra Frente Brasil ! Ese ambiente festivo de telón de fondo, primero de playa carioca y después de centro histórico paulistano, ha sido muy bien logrado en sus rasgos circunstanciales y sus detalles de época y geografía por Aún estoy aquí. El film de Salles bulle con una efervescencia carnavalesca que Michael Wood, profesor emérito de Princeton, encuentra excesiva y exagerada, pero meditada y preferida, por el cineasta del film premiado. Aún estoy aquí empieza como una publicad turística de Rio, a cidade maravilhosa, tentador destino vacacional, donde siempre es verano, siempre en la playa es el día de la infancia que ríe, del beach-volley, desde lo alto la imagen del Cristo Redentor tiene los brazos abiertos de tarjeta postal no los puños cerrados de la vida real. Samba y bossa nova y memorabilia rock y fiestas en la casa de la familia Paiva, con vista al mar, a un paso de la arena en Zona Sul, y cintas que manda desde Londres Veroca (Valentina Herszage), la hija que fue a estudiar cine y se filma en Abbey Road.

En la pantalla, cuatro dígitos de la cifra 1 9 7 1 nos ubican en el tiempo, superpuestos al suave esplendor vespertino Rdel agua y la arena, las olas y el viento que nos situaron en el sur carioca. Marcelo Rubens Paiva, hijo del ingeniero, ex diputado federal socialista y futuro secuestrado Rubens Paiva (Selton Mello) y de la futura abogada de DDHH y ambientalista Eunice, es todavía un niño (Guilherme Silveira).

Su libro de memorias Ainda estou aqui (2015), que el film de Salles adapta, tiene un epígrafe en inglés de David Bowie: Planet Earth is blue and there’s nothing I can do. Eunice nada en la bahía de Guanabara y es feliz a pesar de los helicópteros artillados del Ejército, que zumban y sobrevuelan, controlando las aguas, la delgada franja de Copacabana, Ipanema y Leblon, los morros favelados que detrás levantan un muro de empinada sombra abrupta. En realidad, intuimos las favelas, intuimos la pobreza; en la pantalla jamás la vemos a lo largo y a lo ancho. El film no tiene tiempo para subalternos. Como una tragedia neoclásica, se concentra en las dramáticas personas que entran y salen de la escena de un quarteirão nobre. Cuando el presupuesto doméstico de los Paiva pierda los ingresos regulares del jefe de hogar secuestrado, Eunice pagará lo adeudado y despedirá a la criada (¿mulata?). De ella, que es parte de la familia, habíamos oído el comentario al paso “estos secuestros de diplomáticos (por la guerrilla, que negociaba con el gobierno su canje por presos políticos brasileños, aerotransportados a México) son un horror”.

En su elegía y panegírico de la movida punk Meninos en fúria (2016), Paiva Jr traza un panorama de secante nitidez de los treinta años brasileños que abrazan enteros a la década de 1970, enjaulada en el paréntesis de fierro de la dictadura militar: “Nos anos 1960, a juventude combateu com pedras, coquetéis molotov, anunciou que era proibido proibir. Parte dela pegou em armas. Nos anos 1980, outra juventude viu que a luta armada que acabou no terrorismo não dava em nada”. Su padre Rubens ni se levantó en armas ni fue terrorista ni secuestró: fue perseguido, secuestrado, torturado, muerto, su cadáver desaparecido, su muerte un cuarto de siglo silenciada, por ayudar a perseguidos. (Paiva Sr es un mártir de las luchas políticas de los años 60, no resiste la tortura, que lo mata en 1973; Paiva Jr, una víctima de las guerras culturales punk-rock de los años 8O: no muere en la tortura, una caída del escenario lo deja parapléjico y en silla de ruedas en 1982).

Si en vez de recurrir a los escuadrones de la muerte, a los grupos de tareas, a la tortura sistemática, el gobierno militar fuera el Estado de derecho que dice ser, sugerirá más adelante Eunice, Rubens nunca habría sido secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. Porque no recurriría a esos métodos brutales de inteligencia. Pero, aun antes, porque si en vez de comisarios anónimos la investigación de esa luta armada que não dava em nada (nacida estúpida, fue una pasión inútil) y que acabou no terrorismo (crecida furiosa, fue una pasión criminal) hubiera sido puesta en marcha, guiada, llevada adelante por el Ministerio Públicos y funcionarios como el ex fiscal de Curitiba y ex diputado evangélico Deltan Dallagnol, y procesados en las jurisdicciones competentes sea por cruzados  y enemigos de la corrupción petista, como el ex juez federal del Lava Jato, ex ministro de Justicia de la anterior administración en Brasilia, y actual senador federal por Paraná Sérgio Moro, que condenó y encarceló a Lula, sea por cruzados y enemigos de la corrupción antipetista,  como el juez supremo Alexandre de Moraes que ya proscribió a Bolsonaro y que no se detendrá hasta sentenciarlo y encarcelarlo, ninguna necesidad habría habido de prestar, incurriendo en valientes y heroicos riesgos personales, auxilios a inocentes perseguidos o a presuntos responsables de “terrorismo” que ven todas sus garantías judiciales desconocidas, avasalladas, pisoteadas, burladas.

En las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, el Partido de los Trabajadores (PT) fue derrotado y el ex capitán del Ejército y ex diputado federal carioca Jair Messias Bolsonaro ganó la presidencia. El candidato derechista fue el vencedor del balotaje, y vencido el candidato petista Fernando Haddad, actual ministro de Economía. La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había visto tronchado su segundo mandato por un impeachment en 2016: su vicepresidente, el centro derechista Michel Temer, la había sustituido en la presidencia, y el 1° de enero de 2019 traspasó el poder de Brasilia a Bolsonaro. Condenado y encarcelado por el juez Moro en cuatro procesos después declarados nulos, Lula no había podido ser candidato.

Feliz Año Viejo

En las llamadas ‘transiciones democráticas’ toda imagen de retorno a un escenario de legalidad y legitimidad anteriores al quiebre golpista sufrió una desmentida más, más profunda, y, hasta ahora, definitiva y sin remedio. Porque quienes cedían el poder a la fuerza que lo ganarían en elecciones ya comprometidas, lejos de abandonar sus privilegios y salvaguardas, las reforzaban con normas legales nuevas, con interpretaciones nuevas de los dispositivos constitucionales o, directamente, con la creación de Cartas Magnas que derogaban en todo aquellas vigentes al momento de violarlas para hacerse con el poder. La mayor excepción, que a periodistas lúcidas como la brasileña Sylvia Colombo asombra de que nos asombre en poco y que no agradezcamos casi en nada, es la de la Argentina. La República que celebró sus elecciones en octubre de 1983 y restableció en diciembre, vencido el peronismo, derrotado el pacto militar-sindical, y asumida a la presidencia de la República para el siguiente sexenio por Raúl Alfonsín el candidato radical vencedor, la vigencia del texto de la Constitución de 1853, con sus enmiendas acumuladas hasta 1957, y que la más luctuosa de las dictaduras no había modificado.

La Constitución pinochetista de 1980 sigue siendo hoy la Ley Fundamental vigente en Chile. El gobierno más a la izquierda de los últimos cien años, el que hoy preside Gabriel Boric, fracasó en dos intentos sucesivos, que mermaron el capital político del Frente Amplio y el socialismo democrático en el poder, de redacción de una nueva norma democrática sustituta: en 2022 y en 2023 el electorado repudió, en dos plebiscitos, dos textos alternativos que se le propusieron. Este fracaso es una de los resortes mayores del fortalecimiento de la derecha dura. La candidata Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), formación ubicada a la derecha de la centro-derechista Renovación Nacional (RN) del difunto Sebastián Piñera, dos veces presidente y antecesor de Boric en La Moneda, es favorita para vencer las presidenciales de noviembre, en el contexto político de una campaña electoral donde los liderazgos de las extremas derechas en plural pululan, y medran.

Noble igualdad, un trono vacío

En las primeras elecciones presidenciales post-dictadura celebradas en Chile, en el Uruguay, en Brasil, hubo candidaturas y formaciones proscritas por las autoridades militares que actuaban de Justicia Electoral. La dictadura brasileña se aseguró cómo contar con mayorías en la Convención Constituyente que redactó la Constitución de 1988. El texto constitucional asegura una representación desigual en el Congreso, con desventaja para los estados del Sur (más ricos, más modernos, más poblados) y ventaja para los del Norte (más pobres, más arcaicos, más feudales, menos poblados). Los Estados productores de renta (impuestos) para el Tesoro están subrepresentados y los Estados consumidores de renta (impuestos) están sobrerrepresentados.

Los estados cuyas demografías podrían dotar de mayorías más sólidas a los partidos de centro-izquierda cuentan con menos número prefijado de bancas (pero se requieren muchos más votos para ganar la disputa por cada una) y aquellos que son bases tradicionales de la derecha conservadora local cuentan con más bancas (y se requieren menos votos para ganarlas). Modificar la Constitución brasileña es fácil. Pero hay que tener los votos. Y para asegurar una representación proporcional, los favorecidos por la desproporción deberían renunciar espontáneamente a una ventaja y ponerse en desventaja. Todo invita a pensar que no ocurrirá.

En su tercer mandato, Lula por primera vez gobierna sin oposición a la izquierda. Pero las bancas del Partido de los Trabajadores (PT) y de toda la izquierda no forman una mayoría. En las dos cámaras del Congreso, en la mayoría de los estados, incluyendo los más ricos y poblados de San Pablo, Rio, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, y en la mayoría de los municipios, la derecha y la extrema derecha rivalizan por gobernaturas y legislaturas. Lula busca todavía una reelección y un cuarto mandato, a pesar de que pesa sobre él la edad (la misma de su correligionario católico Joe Biden), las debilidades de esa edad, y el modelo, antes positivo, ahora negativo, de la candidatura y desistimiento del demócrata. Tiene a su favor que Bolsonaro, a diferencia del republicano Donald J. Trump, está siendo indagado y procesado, a instancias del Supremo Tribunal Federal (STF) por todos aquellos mismos delitos y e instintos que la Corte Suprema de Washington declaró no justiciable al presidente n°45 y 47 de EEUU. Lula está corriéndose a la Izquierda en su discurso, dando señales a bases de apoyo como el Movimiento Sin Tierra (MST), enemigo natural del agronegocio. Es decir, hacia allí donde hay votos que puede volver útiles en una cartografía vedada a la derecha. 

Bernie y Alexandra

Es en sentido inverso, en otro territorio perdido para el progresismo, el Capitolio de Washington, que avanza la joven, fotogénica, enérgica, Alexandra Ocasio-Cortez (AOC). Busca ampliar su base entre un electorado centrista al que la radicalizada representante neoyorquina ahora en su cuarto mandato consecutivo ganado en las generales de noviembre nunca había ofrecido más que un hombro muy frío. Si antes se mostraba como lideresa de la facción más intransigente en su programa del Partido Demócrata y la más impaciente con la moderación de Biden y de sus colegas, ahora se sigue mostrando con el veterano legislador, correligionario socialista y multimillonario senador octogenario Bernie Sanders. Pero ya no como punta de lanza del progresismo sino de la resistencia demócrata a Trump contra los tímidos no en audacia utópica sino en pugnacidad y confrontación.

Ahora, ¿qué es más eficaz y frontal en esa lucha que  a sus 35 años quiere visibilizar a toda costa la orgullosa hija de una mucama hispana que de trabajar de barista pasó a ganar una primaria demócrata y después su primer período en la Cámara baja? ¿Cerrar el Congreso y el Gobierno, rehusándose a votar el presupuesto republicano? Es la posición in-your-face de AOC. ¿O negarle a Trump los poderes y decibeles que habría ganado la Casa Blanca por el sólo hecho de haberse auto-muteado el Capitolio? Esta es la posición de su rival, el senador neoyorquino Chuck Schumer, presidente de la bancada de la minoría en la Cámara alta.

En 2018, Lula no pudo ser candidato presidencial del PT para competir contra Bolsonaro, porque estaba en la cárcel. La Ley de 'Ficha limpa', de prontuario limpio, brasileña, priva de derechos políticos pasivos (no los de elegir: los de ser elegidos) a los condenados en tercera instancia, aun cuando todavía no hubieran agotado todos sus recursos de apelación o reconsideración. Desde enero de 2023, con la asunción de Lula a su tercera presidencia, la orientación ideológica de la Justicia ha girado 180 grados. No había pasado un mes de gobierno petista, que el juez supremo Alexandre de Moraes había declarado suspendidos hasta 2030 los derechos políticos pasivos de Bolsonaro. Ahora la ventaja es de Lula, si se repostula para un segundo mandato consecutivo, cuarto no consecutivo. Proscrito el único candidato carismático de la extrema derecha, es menos difícil al oficialismo retener el Ejecutivo. Lula puede ganar. Pero, ¿podrá gobernar? ¿Ha podido gobernar, Lula?

Cuando el PT perdió las presidenciales de 2018, Lula estaba proscrito. Si Bolsonaro está proscrito en 2026, será menos difícil al oficialismo retener el Ejecutivo. Pero, ¿podrá gobernar? ¿Ha podido gobernar, Lula?

De dos siglos de Imperio de los Bragança…

En 2002 el PT venció en su primera elección presidencial y derrotó al hoy irrelevante Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de su antecesor Fernando Henrique Cardoso, el partido del actual gobernador de Rio Grande do Sur Eduardo Leite, y el ex partido de su vice Geraldo Alckmin. El 30 de enero de 2002, el gran escritor gaúcho y mayor cronista brasileño sobreviviente, Luis Fernando Verissimo hizo pública su propia efervescencia ilusionada en O Estado de S. Paulo -el diario girado a la centro-derecha donde colabora Marcelo Rubens Paiva- bajo el título O último Bragança (la dinastía colonial imperial portuguesa que hacía descender hasta el mismo FHC) e o primeiro Silva (el ex migrante interno nordestino de familia indigente pero numerosa llegado de Pernambuco a San Pablo, el ex militante de izquierda anti-dictadura, el ex dirigente sindical metalúrgico).

Desde que la Independencia de la Monarquía portuguesa fue declarada en 1822 por el hijo del Rey de Portugal que después se declaró Emperador de la nación rebelde, Brasil ha vivido en una era sin parangón en el mundo, la de un país donde todo, hasta la revoluciones, lo hace una sola clase. Todos los presidentes del Brasil republicano fueron herederos de los Bragança, prototipos de la gran pericia brasileña para simular una Historia y evitarse así el engorro de tener que hacerla, apuntaba Verissimo en 2002. El fracaso de FHC fue la versión brasileña del fracaso del ideal ciceroniano de una casta iluminada capaz de hacer lo necesario para la mayoría en vez de lo conveniente para pocos.  

Después, aunque no tanto después, publicó: Tardé un poco en darme cuenta que mi voto por el primer presidente obrero de Brasil era un voto por el superávit primario.

La victoria de Lula no fue, no era, no podía ser, en sí, de por sí, para sí, la puntual hora de llegada a Brasilia de las clases peligrosas que se apoderaban de su historia. Porque el PT también necesitaría de una casta intelectual adentro o al lado, y de la buena voluntad del Patriarcado, de los Diputados, del Senado y del Mercado. Y de alianzas con el mandarinato, porque si no, no gobierna. Lula 1, Lula 2, Lula 3, con el mismo dilema, al que no escapará, si lo hay, Lula 4. Elegir que se lo recuerde como ‘Lula el Sabio’ porque para gobernar sin oposición gobernó 16 años con mandarines retrógrados y corruptos a los que buscaba inspirar al cambio con el ejercicio de su sabiduría y rectitud. O que no se lo recuerde como ‘Lula el Bobo’, un obcecado que nunca llegó a gobernar. Las cosas se complican pronto, porque la pureza modélica se ve comprometida, todos los días, con los arreglos que hay que hacer para no sacrificar el poder. 

Lula recomienda ir a ver Aún estoy aquí. Que es un mínimo común denominador, premiado en Hollywood. Aunque la democracia tiene que ser y que dar algo más que la restitución del Estado de Derecho. Operada por una dictadura militar que a la vez que entregaba el poder a sus sucesores con la promesa de no volver –porque el retorno de la democracia es ante todo el pacto de las cláusulas del no retorno de la dictadura-, los obligaba a acatar un marco constitucional nuevo diseñado para privarlos de una libertad de acción de la que ellos habían gozado soberanos. Con tales reglas castradoras, con corsé tan asfixiante, ¿es anti democrático pactar con el Diablo cuando el objetivo es el triunfo de la virtud? Para aprender esta moraleja los mandarines atrasados y corruptos no precisan del alto magisterio del PT: esa fábula china ya la conocían desde mucho antes.

AGB

La conmemoración del 24 de marzo fue establecida en 2002 mediante la Ley 25.633, cuyo primer artículo declara: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.

¿Qué ocurrió el 24 de marzo de 1976?

Ese día, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón e instauraron un régimen dictatorial que se convertiría en el más sangriento de la historia argentina. La denominada Junta Militar, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, tomó el poder, disolvió el Congreso, anuló las libertades democráticas e intervino los sindicatos.

La represión fue implementada de manera sistemática, reflejándose en la creación de más de 300 centros clandestinos de detención y tortura. Estas prácticas brutales tuvieron como consecuencia la desaparición forzada de miles de personas, con estimaciones que superan las 30.000 víctimas.

El régimen, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, no tenía como fin en sí mismo la represión, sino que la represión fue el medio necesario para implementar un programa económico de corte neoliberal que provocó la desindustrialización del país y aumentó la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Entre sus medidas destacaron la apertura comercial, las altas tasas de interés y la libre circulación de capitales extranjeros, lo que permitió la llamada “bicicleta financiera”, un mecanismo mediante el cual los capitales obtenían ganancias exorbitantes para luego ser convertidos en dólares.

Complicidad de civiles

La dictadura se denomina “cívico-militar” ya que sectores civiles y empresariales desempeñaron un papel clave en el sostenimiento del régimen. Empresarios y grupos económicos apoyaron activamente las políticas represivas y el modelo neoliberal implementado, beneficiándose de la desregulación económica, la apertura comercial y la persecución de sindicalistas y trabajadores. Esta complicidad permitió la consolidación de un sistema que priorizó los intereses económicos de unos pocos, mientras se violaban masivamente los derechos humanos

Además, en un intento por ocultar los fracasos internos, el gobierno militar inició el conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas en 1982. Esta guerra, que finalizó con la rendición argentina, dejó un saldo de más de 600 soldados muertos.

El rol de madres y abuelas de detenidos-desaperecidos

Durante la dictadura militar de 1976, organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, desempeñaron un papel crucial en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de justicia. Estas organizaciones, junto a otras, documentaron casos de desapariciones, torturas y asesinatos, exponiendo al régimen a nivel nacional e internacional. Su lucha incansable no solo mantuvo viva la memoria de las víctimas, sino que sentó las bases para los procesos de justicia y reparación en la democracia, aún en curso. Cabe mencionar que los archivos de la dictadura de 1976 aún no fueron abiertos en sus totalidad por ningún gobierno democrático desde 1983 a la fecha.

La dictadura llegó a su fin el 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, elegido democráticamente. Este hecho marcó el inicio de la recuperación de las instituciones y el camino hacia la justicia y la memoria colectiva.

Con motivo del Día de la Memoria, a 49 años del golpe cívico-militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976, este lunes en la Ciudad de Buenos Aires habrá varias concentraciones y marchas, que se replicarán también en otros puntos del país. No se esperan inconvenientes en el tránsito y los servicios públicos funcionarán con cronograma de feriados.

Por primera vez desde 2006, casi la totalidad de los organismos de derechos humanos marcharán en un unidad este 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 16.30, en Plaza de Mayo, habrá un solo escenario donde cuatro referentes leerán un único documento: las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Elia Espen, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La unidad, sin embargo, no será completa. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, las Madres que no forman parte de la Línea Fundadora tras la división en 1986, hará su propia marcha desde la Casa de Madres a las 14 y no firmará ni adherirá a ningún comunicado, dijeron a elDiarioAR. Por otro lado, La Cámpora marchará desde la ESMA hasta Plaza de Mayo, un recorrido de 16 kilómetros que comenzará a las 9 de la mañana.

Por su lado, el entorno que rodea al presidente Javier Milei preparará “sorpresas”. Se espera un anuncio grabado sobre la “memoria completa”, que emitirán el mismo lunes. Se estima que será el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de comunicar dos anuncios a través de un mensaje grabado con el que se busca sumar un nuevo capítulo a su “batalla cultural en defensa de memoria completa”.

Transporte y Servicios

Subtes: funcionará entre las 8 y las 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

Colectivos y trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): trabajarán con la frecuencia y las formaciones de los días domingo.

Cortes de calle: se verá afectada la circulación de las líneas de colectivo que atraviesan el centro y microcentro porteño, que modificarán sus recorridos para evitar la movilización, especialmente aquellas que circulan sobre las avenidas Rivadavia, 9 de Julio (Metrobús) y Avenida de Mayo, entre otras. 

Las líneas de colectivos 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 22 - 24 - 26 - 28 - 29 - 37 - 39 - 45 - 46 - 50 - 51 - 53 - 56 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 70 - 84 - 86 - 90 - 91 - 98 - 100 - 102 - 105 - 111 - 124 - 126 - 129 - 133 - 140 - 143 - 146 - 150 - 151 - 168 - 180 podrán realizar cambios en su recorrido según sea necesario.

Hospitales: estarán operativas las guardias, las áreas críticas, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. Mientras que Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103, tendrán sus guardias activas las 24 horas.

Escuelas: permanecerán cerradas.

Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido hacia Provincia y, de 17 a 21 horas, en dirección al Centro.

Cementerios: el GCBA informó que las inhumaciones en las necrópolis de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30.

Registro Civil: solo funcionará para la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

Edificios públicos: permanecerán cerrados, como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas, la Dirección General de Infracciones, las Sedes Comunales, la sede Roca para tramitar la licencia de conducir y también las siete plantas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Pista de aprendizaje vehicular: estará abierta en su horario habitual. Para poder utilizar el espacio, de forma segura y responsable, los vecinos y vecinas deberán sacar turno con anticipación.

Servicio de recolección de residuos: será de manera habitual. No regirá el estacionamiento medido y se podrá dejar el vehículo sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No se permite estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido hacerlo las 24 horas.

Museos: estarán abiertos de 11 a 20 horas. La Torre Monumental abrirá sus puertas de 10 a 18 horas mientras que el Planetario estará cerrado al público durante esa jornada.

Bibliotecas públicas: la Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura, Chacra de los Remedios y Reina Batata, estarán abiertas.

Teatros dependientes del GCBA:

Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

Centro Cultural San Martín: cerrado.

Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.

Centro Cultural Recoleta: abierto.

Usina del Arte: cerrada.

Teatro Colón: abierto.

MU

La represión ilegal, los secuestros y las torturas marcaron a fuego a la sociedad: 30.000 personas están desaparecidas, víctimas de un régimen despiadado. En el conurbano bonaerense, lugares como la Mansión Seré en Morón, El Pozo de Banfield en Lomas de Zamora, El Pozo de Quilmes en Quilmes y “El Infierno” en Avellaneda fueron centros clandestinos de detención donde se violaron de manera sistemática los derechos humanos. Hoy, estos sitios son espacios de memoria, verdad y búsqueda de la justicia, para que como pueblo no olvidemos lo que pasó, para que no pase nunca más.

La Mansión Seré, donde el lujo se convirtió en tortura

En el partido de Morón, el predio de 11 hectáreas, aparente elegante residencia conocida como Mansión Seré fue convertida en centro de detención y tortura donde cientos de personas pasaron por sus oscuros pasillos entre 1976 y 1978. La casa, rodeada de jardines y ubicada en una zona apacible, ocultaba los horrores que ocurrían en su interior.

En 1949 fue vendida al Instituto de Previsión Social y, a mediados de 1976, entregada en comodato a la Fuerza Aérea Argentina para el alojamiento de su personal. “Según el testimonio de sobrevivientes, familiares y vecinos pudo saberse que para febrero de 1977 ya había personas secuestradas y el lugar fue rebautizado por los miembros de la patota como Atila. La casona de estancia tenía dos pisos, con sótano y techo a cuatro aguas” , detallaron desde el archivo de la Comisión Provincial de la Memoria.

La “mansión” fue dinamitada y demolida para borrar los rastros del horror y el exterminio. “Sobre los restos de los cimientos se instaló una cancha de fútbol que funcionó hasta el 2002. Ese año se iniciaron los trabajos de excavación, a partir de los cuales se pudo reconstruir el perímetro exterior de la estructura y la distribución de recintos internos que reflejaban la organización de la planta baja del edificio, incluido un sótano. Al mismo tiempo, se recuperaron objetos pertenecientes a la casa como pisos, mayólicas, maderas, fragmentos de paredes y metales” , agregaron.

El 22 de marzo de 2013 se inauguró en el predio el Espacio Mansión Seré -@espaciomansionsere-, que contiene los restos del que fue el centro clandestino de detención más emblemático de la zona oeste bonaerense. 

Desde el proyecto organizan visitas guiadas, talleres de construcción de memoria y de promoción de los derechos humanos para escuelas, instituciones, grupos y organizaciones sociales. A su vez, en la Casa de la Memoria y la Vida se ofrecen eventos culturales como charlas, debates, presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, muestras fotográficas, de pintura y esculturas. En 2015 fue declarado como Lugar Histórico Nacional.

La memoria colectiva de la Mansión Seré está marcada por los relatos de quienes sobrevivieron y de los familiares de los desaparecidos que todavía luchan incansablemente por un pedido de justicia. Cada rincón es testigo de la barbarie que los genocidas llevaron adelante. Y, en los ojos de quienes visitan el espacio, el recuerdo de las víctimas y el compromiso con la memoria se renuevan constantemente.

El Pozo de Banfield, recorrido por la verdad 

El Pozo fue una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora. Allí funcionó un centro clandestino de detención tortura y exterminio y una maternidad clandestina entre 1974 y 1978, donde estuvieron detenidas ilegalmente alrededor de 350 personas. 

Durante su funcionamiento se tiene registro de que pasaron 30 mujeres embarazadas. Entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977, nacieron al menos ocho bebés, de los cuales cinco recuperaron su identidad.

“Realizamos recorridas durante marzo en particular y luego todo el año. Un circuito de Turismo Lomas que acerca a la ciudadanía a comprender el pasado reciente con el objetivo de seguir forjando memoria y conciencia social en relación a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país”, señalaron desde el organismo local.

Desde el 30 de agosto de 2006 el lugar se conformó como espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos -@espaciopozobanfield-. Ofrece visitas guiadas con reserva previa en espacio.ex.pozo.banfield@gmail.com, actividades culturales que conmemoran el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo y la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre. También se desarrollan tareas de investigación y conservación. 

“Cabe destacar que el ex Pozo, hoy reconvertido en uno de los espacios de Memoria más importantes de Argentina, resulta fundamental para el fortalecimiento de nuestra joven democracia. Por eso, el predio está en movimiento permanente con presentaciones de libros, muestras culturales, música y teatro en vivo y la posibilidad de terminar los estudios secundarios mediante el Plan Fines”, enumeraron. 

Este sitio ha sido resignificado como un espacio de homenaje a quienes padecieron el terrorismo de Estado. Recorrer sus instalaciones permite comprender la magnitud de lo sucedido, honrar a las víctimas y reforzar el compromiso de nunca más. 

Caminar por pasillos cargados de silencio y significado, donde fotografías, testimonios y objetos recuperados narran historias de lucha y resistencia. Cada rincón evoca recuerdos, transformando el dolor en conciencia y aprendizaje.

El Infierno de Avellaneda y el sector 134

Una edificación que guarda cicatrices imborrables del pasado reciente argentino a pocas cuadras del riachuelo. Conocido como “El Infierno”, este ex centro clandestino de detención se transformó en un espacio para la memoria, donde la historia se honra con reflexión y justicia. Y se enfrenta a una realidad que marcó a generaciones.

Cuenta con visitas guiadas por habitaciones que fueron testigos del horror. Fotografías, relatos y diferentes elementos valiosos reconstruyen episodios que resisten al tiempo. Este espacio no es solo un museo. Es un llamado a la responsabilidad histórica, a desafíar al olvido, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el presente, para construir un futuro más justo. Visitarlo informa y transforma porque es un acto de memoria activa, una promesa de que el sufrimiento de las víctimas no quedará en el silencio. Es, finalmente, un recordatorio de que la justicia se construye cada día al mantener viva la historia.

Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitieron determinar que los restos de algunas de las víctimas de esos fusilamientos ilegales pasaron por “El Infierno” y fueron ingresados como NN en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda: una de las fosas clandestinas más grandes del país, donde fueron hallados más de 336 cuerpos. 

El sector 134 actualmente se llama Camino del Desaparecido. Está señalizado y forma parte de un recorrido histórico que ofrecen los guías de Turismo Avellaneda -@turismomda-. 

El circuito incluye tres puntos dentro del cementerio que fueron protagónicos durante la última dictadura  “El equipo comenzó en octubre de 1986 a trabajar en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda por orden de la justicia para buscar los restos de Rafael Perrota, director del Diario El Cronista Comercial, quien fue secuestrado en 1977. Se trabajó en un área de 2 metros cuadrados. No se encontró el cuerpo de Perrota, pero sí los de otras 11 personas.” , contaron desde el equipo.

El Equipo Argentino de Antropología Forense retoma su trabajo allí en 1987. Esta vez por orden judicial, buscaron el cuerpo de María Teresa Cerviño. Los resultados fueron el hallazgo de la fosa común más grande conocida hasta la actualidad en Argentina. Además, la investigación pudo establecer una conexión entre el Pozo de Banfield y El Vesubio, en La Matanza.

El Pozo de Quilmes, una herida abierta

En la esquina de las calles Garibaldi y Allison Bell funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes, perteneciente a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Entre 1975 y 1979 el predio fue utilizado como centro clandestino de detención.

Dentro del circuito de centros clandestinos de la Provincia, conocido como Circuito Camps, el Pozo de Quilmes cumplió funciones específicas. Como lugar de obtención de información, allí se decidía sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la “legalización”, cuando las victimas eran trasladadas a la comisaría y luego enviadas a algún penal. 

“Realizamos visitas guiadas de práctica-teoría-práctica. Tenemos tres grupos: uno de instituciones y organizaciones sociales, otro grupo que es coordinado por docentes mujeres para estudiantes secundarios, y otra recorrida que hace la Comisión Provincial de la Memoria” , especificó Hugo Colaone, subsecretario de Derechos Humanos de Quilmes.

Aproximadamente más de 260 víctimas estuvieron secuestradas allí. Entre ellas había niños, por lo menos siete mujeres embarazadas y también ciudadanos extranjeros: más de 30 uruguayos. “Visitamos las celdas donde pasaron sus días, la sala de tortura y contamos algunas historias de vida sobre los detenidos-desaparecidos y los sobrevivientes” , relató Colaone.

La visita comienza en el garaje, que tiene una capacidad de 80 personas, donde los guías dan una charla didáctica y de intercambio mientras caracterizan cómo fue la metodología de la propia dictadura. 

La lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue viva en cada rincón de estos espacios ubicados en municipios bonaerenses. Cada testimonio, cada placa, cada visita guiada, cada actividad cultural es un paso más en el proceso de reconstruir la memoria colectiva y pedir justicia por las víctimas. Enseñar a las nuevas generaciones que la democracia y los derechos humanos son conquistas que deben ser defendidas y preservadas. En la provincia de Buenos Aires tenemos memoria.

Entre quienes conocen la historia argentina del último medio siglo y fueron figuras de la primera línea de la política y la Justicia el video del gobierno de Javier Milei que propone la “memoria completa”, difundo justo el 24 de marzo, es algo así como mezclar peras con manzanas. Al menos así lo entiende Ricardo Gil Lavedra, exjuez del Juicio a las Juntas Militares.

En una entrevista que le concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa en Radio Con Vos, el exdiputado de la UCR y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sostuvo que el único objetivo de la discusión del número de detenidos-desaparecidos es deslegitimar la memoria de esas víctimas y criticó la selección de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazar, respectivamente, a Elena Highton y a Juan Carlos Maqueda como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

—¿Cómo vio este video que difundió el Gobierno con la pretensión de que sea “completar la historia” que se venía contando sobre los desaparecidos?

—A ver, un video que dice esta es la historia completa y que sólo menciona a los crímenes del terrorismo, sobre los cuales nadie discute que son crímenes que deben haber sido enjuiciados y castigados, pero que omite toda mención a los salvajes hechos cometidos por la dictadura militar, parece que tiene como único propósito justificar a estos últimos. Desde ya, las organizaciones armadas en la década del 70 cometieron delitos muy graves, secuestros, robos, tomas del cuartel, homicidios, homicidios de personal militar y de seguridad, etcétera. Nadie duda de que era así. Lo inaudito e inadmisible es que el Estado, o que los militares, la Junta Militar, haya ordenado un plan criminal siniestro que no sólo ha deshonrado las Fuerzas Armadas sino también ha ofendido la conciencia universal. Nadie puede pretender que el secuestro, que la tortura, que la violación de las mujeres y que la apropiación de sus bienes puedan ser actos de combate.

—¿Estamos en una especie de reaparición del discurso de la teoría de los dos demonios?

—Me da la sensación de que la masividad de los actos de este domingo en todo el país demuestra que el consenso alcanzado en la década del 80 respecto Nunca Más a la dictadura, Nunca Más a la violencia política, está firme en la Argentina. Yo no veo mucho espacio para una teoría negocianista.

—Es que lo que escuchamos del final del video del Gobierno es justamente un llamado a dar vuelta a la página de la historia, que sería algo así como olvidar y acabar con los procesos que todavía están en marcha.

—Sí, no lo sé, me parece que la expresión popular ha sido muy contundente. Esto está muy firme, lo que no quita, por supuesto, desde ya, que las víctimas de los hechos del terrorismo en el 70 son víctimas.

—Sí, y que el discurso del kirchnerismo las escondió también.

—Probablemente esto (el video del Gobierno) es una reacción. Porque el kirchnerismo no solamente pretendió apropiarse de la cuestión de los Derechos Humanos sino que reivindicó los hechos guerrilleros, los de lo que llamaron “la juventud maravillosa”. Esto no es cierto. Fueron jóvenes equivocados, que cometieron delitos muy graves. Esto es inocultable.

—Estela de Carlotto fue una de las oradoras del acto en Plaza de Mayo y recordó las más de 300 sentencias contra más de 1.100 represores dictadas en los últimos 18 años, en el marco de la política de los juicios ya durante el gobierno de Néstor Kirchner.

—Sí, yo estoy de acuerdo que se reabrieran los juicios. Lo que no estoy de acuerdo, en esto que dice Estela, es en señalar los 18 años. Es decir, ¡son 18 años de juicios y aún hay juicios abiertos! El juicio de las Juntas Militares demoró 14 meses, ¡14 meses! Estos 18 años [enjuiciando represores] es probablemente porque ha habido una política muy equivocada respecto a estos juicios. Se creó una burocracia estatal alrededor, que no quería que los juicios terminaran. Y sinceramente me parece una vergüenza la duración, estos 18 años juzgando a personas que ahora ya son muy ancianas, muchos han muerto antes de recibir sentencia, es decir que han muerto inocentes. Esto ha sido una mancha.

—Además, con la implicancia del doble estándar para los arrestos domiciliarios.

—Sin duda.

—Es un tema, porque los organismos de Derechos Humanos dicen que no les corresponde al resto domiciliario y los demás dicen que son personas que están condenadas y que como cualquier otro imputado tiene los mismos derechos.

—Yo creo que los delitos de lesa humanidad deben juzgarse pero en un tiempo útil. Incluso los imputados por los delitos de lesa humanidad no son desapoderados del resto de sus derechos y garantías. Los gozan exactamente igual y creo que ha habido violaciones al plazo razonable en la prisión preventiva y allá de los procesos. Sinceramente, yo creo que no es algo que se pueda uno enorgullecer decir estamos hace 18 años. Es terrible que estemos así desde hace 18 años. Es una carga. Repito, el Juicio a las Juntas Militares demoró 14 meses. Sin contratos, sin internet, sin WhatsApp, con máquinas manuales, con carbónico.

—Con un sector del Poder Judicial en contra.

—Sí, claro.

—Y con los militares que estaban ahí mismo, que tenían otro poder.

—Sí, claro, en otro contexto.

—Doctor, ¿cómo mira usted la discusión sobre el número de detenidos-desaparecidos? Porque ahora es la vicepresidenta de la Nación [Victoria Villarruel] la que sale a decir que no fueron 30.000, ya no una figura marginal de la política sino alguien que está en el centro del poder.

—Es una discusión que esconde otros motivos. Es imposible saber el número. Y es imposible saber el número porque el sistema era clandestino. Es decir, no hay actas, no hay constancias, no hay nada. ¿Cuántos han sido? No lo sé. Por supuesto, nadie niega tampoco que ese número de 30.000 es un número simbólico. Pero negar ese símbolo lo que pretende en el fondo es deslegitimarlo. Es decir “ah, bueno, no son tantos, no son 30.000, fueron 9.800, fueron 7.574, fueron 8.750. Es absurdo. En el fondo, lo que se está queriendo es deslegitimar lo ocurrido.

—¿Qué opina de la postulación del Gobierno del juez Ariel Lijo y del doctor García Mancilla para la Corte?

—Nosotros [desde el Colegio de Abogados de la Capital] nos hemos pronunciado muy fuerte sobre el sentido de esas postulacione, que es una regresión el principio universal de igualdad real de oportunidades entre el hombre y la mujer. Esto no solamente está sostenido en convenciones internacionales sino en nuestra propia Constitución; hay leyes sobre los cargos electivos en nuestro país y hay una regla en general, que es que hay que dictar acciones positivas para la igualdad real de oportunidades del hombre y la mujer. No es una cuestión menor esta. Una estadística de la Oficina de la Mujer de la Corte dice que más de la mitad de los cargos judiciales son ocupados por mujeres, pero en los cargos superiores, el 70% son hombres.

—¿Y con respecto a los postulantes en sí?

—Lo que ha trascendido [de ellos] no son cosas buenas en el sentido de negociaciones ocultas, tendencias a tratar de encontrar una mayoría en la Corte, y no cabe ninguna duda que ha habido muchos cuestionamientos respecto de la conducta de Lijo.

—Da la sensación, doctor, de que podría haber mejores candidatos, ¿no? Más allá de mujeres, también candidatos que reúnan mejores antecedentes, que representen al espíritu federalista de la Nación.

—Es broma. Porque dicen: bueno, lo importante es la idoneidad. ¿Eso quiere decir que solamente los hombres son idóneos? Candidatos y candidatas a la Corte Suprema, gente con aptitudes para hacerlo, no hay dos o tres, hay decenas.

JJD

Más de 400 mil personas, entre organizaciones sociales, de Derechos Humanos, partidos opositores y personas autoconvocadas se congregaron ayer para conmemorar el Día de la Memoria.

Bajo el lema de todos los 24 de Marzo, ‘Memoria, Verdad y Justicia’, se vieron múltiples manifestaciones en recuerdo a los 30.000 detenidos–desaparecidos, al mismo tiempo que se vieron y escucharon pronunciamientos en contra del Gobierno nacional.

Simultáneamente, Casa Rosada publicó un video donde se invitaba a tener ‘Memoria, verdad y Justicia’ de manera “completa” y esas imágenes provocaron respuestas por parte de los manifestantes.

La agencia NA conversó con varias personalidades allí presentes, como el ex juez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, la ex presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, y María del Carmen Verdú, integrante de la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Para el ex juez Rozanski, la concentración de ayer fue “muy importante”, sin embargo, remarcó que fue “incluso más masiva” que las anteriores y el pueblo “está mostrando la necesidad de expresarse”, sobre todo, “con un Gobierno que reivindica el terrorismo de Estado y que niega los 30.000 desaparecidos”.

“No se trata sólo de negacionismo de cifras o de una mecánica genocida como hubo en la dictadura, sino que es un proceso de reversión en materia de Derechos Humanos, que es absolutamente insoportable y que no se va a permitir”, sentenció Rozanski.

Según la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi, la masividad que se vio en el día de ayer es comparable con la que hubo en mayo de 2017 “en oposición al 2X1”, cuando miles de personas se movilizaron contra el fallo de la Corte Suprema que intentó bajar las penas de los genocidas y lograron frenarlo.

“Estas manifestaciones muestran la decisión inquebrantable del pueblo argentino, más aún en estos momentos donde las políticas de ‘Memoria Verdad y Justicia’ están siendo atacadas desde el Ejecutivo”, afirmó.

Por su parte, María del Carmen Verdú de la CORREPI aseguró que estas marchas son importantes porque se está “viviendo un retroceso en materia represiva” dado que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “legitima que la Policía gatille por la espalda a cualquiera, ante la presunción de sospecha”.

“Que un policía pueda disparar y rematar a un pibe por la espalda, no se ve como una situación grave, sino por el contrario: desde el Gobierno se difunde, se felicita este accionar y se intenta cooptar a la opinión pública y el sentido común hacia un lugar donde eso está bien”, sentenció.

El spot de ‘Memoria Completa’ como provocación

Desde Casa Rosada, se difundió un video donde se invita a la población a tener ‘Memoria, Verdad y Justicia’, de forma “completa”; allí se pueden ver dos casos en los que hablan familiares y víctimas del ERP y Montoneros y al periodista y ex secretario de Inteligencia, Juan Bautista ‘Tata’ Yofre, quien afirma que “no se contó de manera completa la historia”.

Ese video fue compartido por varios funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, pero, tanto para la oposición como para los miles de convocados que estaban ayer en Plaza de Mayo, fue una provocación.

Según Rozanski, más allá de ser “incalificable”, lo que se está difundiendo es “absolutamente ilegal” dado que la Justicia demostró, con cientos de casos, “las violaciones a los Derechos Humanos” y las condenas “por los delitos cometidos durante la dictadura genocida”.

 “Muchos de esos fallos se encuentran firmes, es decir que, técnicamente, han declarado la verdad jurídica. El Gobierno está negando esa verdad, lo cual es absolutamente ilegal”, afirmó.

Por otra parte, el ex juez destacó que es “un mensaje perverso” que busca “manipular la opinión pública” con una operación “de alta peligrosidad”.

Para finalizar, Verdú, acerca del video emitido por Casa Rosada, dijo: “Nos marca que es importante entender que ninguna de las conquistas, producto de la lucha en las calles, es estática y definitiva” porque “era impensado, años atrás, discutir el robo de bebés, los vuelos de la muerte, las torturas, las desapariciones y asesinatos que se llevaron adelante en los centros clandestinos de detención”.

CRM con información de la agencia NA

El exjefe de Gobierno porteño y fundador del PRO Horacio Rodríguez Larreta se sumó a los dirigentes políticos que conmemoraron el Día de la Memoria, con un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que hay “30.000 razones para redoblar nuestra apuesta por la memoria, la verdad y la justicia”. 

Mientras la vicepresidenta Victoria VIllarruel publicó un video poniendo en duda la cantidad de desaparecidos, Rodríguez Larreta articuló su mensaje en las redes sociales en torno de los 30.000 desaparecidos que sostienen los movimientos de derechos humanos. Así, para Larreta, hay “30.000 razones para profundizar nuestro trabajo por una democracia más fuerte, ciudadana y representativa 30.000 razones para gritar hoy con más fuerza: ¡Nunca Más!”.

El fundador del PRO acompañó su mensaje con un video en el que recuerdó el secuestro de su padre durante la última dictadura. Horacio Rodríguez Larreta (padre) fue un dirigente político desarrollista que durante la dictadura fue secuestrado; sin embargo, dado su alto perfil -era presidente de Racing Club-, Rodríguez Larreta (p) fue posteriormente liberado. En ese momento, Horacio Rodríguez Larreta (h) tenía 12 años.

“Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos, y nos turnábamos para dormir con él; ese día me tocaba a mí. La chica que trabajaba con nosotros tocó la puerta y dijo 'señor lo buscan abajo'. Era raro, eran las tres de la mañana. Papá se levantó, dijo 'voy a ver quién es', y no volvió”, comienza el relato de Rodríguez Larreta.

“Después nos enteramos por un sereno o alguien que lo vio que se lo llevaron en un Falcon verde, en uno de los simbólicos Falcon verde. Después desapareció y no tuvimos más noticias. Al día siguiente, vino un montón de gente a casa y yo sentía que era como si nos dieran el pésame”.

Si bien el funcionario aclara que nunca se supo dónde estuvo detenido su padre, sí sospechan que fue trasladado al Pozo de Banfield: “Para mí fue una vivencia que me dejó muy marcado. Tuvimos la 'suerte' de que la visibilidad de mi viejo le salvara la vida, pero hay muchos otros que no tuvieron esa suerte, y hoy se lamenta”.

NB

En el marco del 48º aniversario del Golpe Militar de 1976, el peronismo, la izquierda, agrupaciones de Derechos Humanos y centrales obreras se movilizaron a lo largo del día en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Por la mañana, La Cámpora y organizaciones kirchneristas se concentraron desde la ExEsma hacia Plaza de Mayo, horas más tarde, lo hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y agrupaciones de izquierda desde Avenida de Mayo hacia la plaza. 

Este domingo será el primer Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del gobierno de Javier Milei, a 48 años del inicio de la última dictadura cívico militar en Argentina. Este 24 de marzo, fecha en la cual anualmente las calles y plazas del país vibran al grito de ‘Nunca Más’, será también la primera vez que los medios públicos no estén presentes oficialmente con su cobertura. 

“Que la agencia pública de noticias esté ausente el 24 de marzo, que la TV Pública esté ausente, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe, da cuenta del negacionismo y la censura de este gobierno, que desprecia la libertad de expresión”, señaló el secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi.

Desde el 4 de marzo, la agencia pública de noticias Télam dejó de estar operativa y su servicio periodístico fue silenciado por el gobierno de Javier Milei y la intervención dispuesta en la empresa. Los edificios fueron vallados cuando estaban vacíos durante la madrugada y sus trabajadores dispensados hasta nuevo aviso.

La web y la cablera de la agencia fueron dadas de baja, con un cartel que hace ya tres semanas dice estar en “reconstrucción”.

Televisión Pública

En cuanto a la Televisión Pública, esta semana se conoció que a partir del fin de semana ya no se emitirán los noticieros de sábado y domingo. Es decir, el 24 de marzo no habrá cobertura.

Al respecto, sus trabajadores denunciaron un nivel de censura “grotesco”, en línea con medidas que se venían llevando a cabo desde que asumió la actual administración, como no permitir al aire “ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o que critique al Presidente”.

Radio Nacional

En Radio Nacional, por primera vez desde el regreso de la democracia, no mandarán móviles a cubrir los actos del Día de la Memoria y solo saldrá información “acotada” a través de los boletines informativos. Además, el tema solo podrá mencionarse de forma “lavada” y “lo más neutro posible”.

Somos Télam pudo acceder a estos detalles a través de fuentes de la emisora de la calle porteña Maipú 555, que pidieron preservar su identidad y advirtieron sobre posibles represalias de las autoridades, encabezadas por el empresario Héctor Cavallero, flamante director de la radio.

Asimismo, indicaron que el secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini, pidió que se evite hablar del conflicto en la Agencia Télam y las repercusiones a favor o en contra.

Una fecha silenciada

Por su parte, la periodista y conductora Felicitas Bonavitta cuestionó: “En un contexto de retroceso en materia de derechos humanos y de proliferación de discursos negacionistas, ¿qué tipo de cobertura tendrán los actos a 48 años del golpe?”.

“Quizás parte de la respuesta esté dada por lo ocurrido con la multitudinaria marcha del (Día de la Mujer) 8M: los principales medios de comunicación decidieron silenciarla”, apuntó.

La conductora del programa Bonavitta en 530, de la Radio de las Madres, y extrabajadora de la TV Pública sostuvo: “La ausencia de los medios públicos en esta cobertura lesiona el derecho que tienen los argentinos y argentinas a saber lo que sucede, lesiona la consigna de ”memoria“ y habla del deterioro de la democracia a 48 años del último golpe de Estado”.

Una cobertura conjunta

Para contrarrestar la situación, el domingo 24 de marzo, los trabajadores de los medios públicos llevarán a cabo una cobertura desde Somos Télam, “en defensa del derecho a la información”, afirmó Lecchi.

A las 11.30, comenzará una transmisión radial desde la puerta del edificio de Bolívar 531, uno de los puntos de resistencia de los trabajadores de la agencia, donde sostienen desde principio de mes un acampe. 

Durante toda la jornada, realizarán una mega cobertura en redes sociales y el portal Somos Télam para seguir informando sobre las convocatorias en todo el país por la Memoria, Verdad y Justicia.

A las 19, como cierre, se transmitirá un noticiero en vivo desde la puerta de la Agencia, junto con los trabajadores de la TVP.

Los organismos de derechos humanos que convocan a marchar este domingo invitaron a los trabajadores de los medios públicos al escenario y la secretaria adjunta de Sipreba, Carla Gaudensi, subirá en representación del sindicato. 

“Los trabajadores vamos a garantizar que no apaguen los medios públicos, a pesar de la censura del gobierno de Milei y sus intentos fallidos de cierre”, completó Lecchi.

CRM con información de Somos Télam

El Gobierno busca vaciar las políticas de memoria. Justo en el marco de un nuevo aniversario del 24 de marzo, el fuerte ajuste en la administración pública que lleva adelante Javier Milei pone en riesgo el funcionamiento de los Espacios para la Memoria que funcionan en los excentros clandestinos de detención de la última dictadura cívico militar. Están en peligro un centenar de puestos de trabajo que sostienen a diario los sitios que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado, dependientes de la secretaría de Derechos Humanos.

El vaciamiento de los Espacios de Memoria fue denunciado por el gremio de ATE y el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, a partir de una serie de despedido y de la decisión extraoficial que circuló estos días en despachos de la Rosada de que no se renovarán el próximo 31 de marzo un sinfín de contratos precarios en la administración pública que fueron renovados por tres meses cuando recién comenzaba la gestión libertaria. 

Los excentros clandestinos de detención en todo el país que tiene comprometido su funcionamiento habitual son “ESMA”, “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos” y “Olimpo”, en la Capital Federal; “La Escuelita de Famaillá”, en Tucumán; “Faro de la Memoria”, en Mar del Plata; y “Regimiento de Infantería 9”, en Corrientes.

El martes pasado la Junta Interna de ATE del ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una protesta en la puerta de la secretaría que depende del exjuez Alberto Baños y que tiene su despacho dentro del predio de la ex ESMA. El gremio reclamó “con urgencia” la reincorporación de 26 despedidos y la renovación de unos cien contratados, cuyo convenio laboral vence el 31 próximo. 

También la Izquierda presentó en Diputados y la Legislatura de la Ciudad sendos proyectos de resolución contra la medida que afectaría a unas 600 personas contratadas bajo la modalidad eventual que dispone el Artículo 9 de la Resolución 48/2002, que regula el empleo público nacional. Aseguran que se afectaría al 90% de los trabajadores que se desempeñan en los centros de memoria. “En vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, advertir que estos hechos que amenazan las fuentes de empleo atentan también contra la lucha contra la impunidad de ayer y hoy”, reza el proyecto de resolución que firmaron los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá, al que accedió este medio.

Corrientes, un represor homenajeado y su vínculo con Villarruel

El caso singular de estos días es el del espacio de memoria “Regimiento de Infantería 9”, de Corrientes, porque recientemente fueron despedidos sus únicos tres trabajadores activos. Esa situación fue justificada a elDiarioAR desde el despacho del propio secretario Baños. “Hubo un error con personal del espacio de Corrientes que se está solucionando”, aseguró la alta fuente consultada por este medio. También fueron despedidos trabajadores del ex centro clandestino “Club Atlético”. 

El espacio “Regimiento de Infantería 9 Coronel Pagola” fue inaugurado en 2022, siendo de los más recientes. Durante la dictadura funcionó como clandestino de detención, tortura y exterminio entre marzo y diciembre de 1976, y entre febrero y julio de 1977, bajo la dependencia del Ejército Argentino. 

En ese regimiento militar operó durante la dictadura el represor Horacio Losito, condenado a prisión e inhabilitación absoluta perpetua por crímenes de lesa humanidad, quien justamente recibió la libertad condicional pocos días después de asumir Milei. Losito también fue declarado partícipe de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, donde fueron torturados y asesinados un grupo de detenidos desaparecidos. 

Los vínculos personales de Losito llegan a Victoria Villarruel. El represor combatió en la guerra de Malvinas junto con el padre de la vicepresidenta, con quien tuvo una estrecha relación. La segunda de Milei suele referirse a sí misma como “hija de un veterano de Malvinas”.

Luego del beneficio que le otorgó la Justicia, el 23 de febrero pasado Losito fue llamativamente homenajeado en persona por el Regimiento de Infantería de Monte, situado en la Ciudad de Apóstoles, en Misiones. Allí fue recibido por un militar con traje de fajina al grito de “¡Un veterano de guerra de Malvinas ha ingresado al regimiento!”.

La respuesta del Gobierno

“Cada uno de los trabajadores y trabajadoras cumplen tareas de conservación del patrimonio histórico; de investigación y archivo; de acompañamiento a familiares y víctimas del genocidio; de educación y formación en Derechos Humanos; de comunicación y acciones culturales comunitarias; tareas administrativas y de mantenimiento, entre otras, en estos sitios que están protegidos bajo la tutela de jueces ya que siguen aportando pruebas materiales y apoyan testimonios en los juicios de Lesa Humanidad”, afirma la iniciativa parlamentaria del FIT. 

“Cada compañero sin puesto de trabajo es una familia sin sustento”, dijo también esta semana Paula Donadio, delegada ATE. En diálogo con radio AM 530, denunció que el Gobierno “no tiene una línea de trabajo” en materia de derechos humanos, sobre todo porque a más de cien días de gestión, aún no fueron designados funcionarios más allá del secretario Baños.

Desde la cartera de Derechos Humanos negaron tajantemente a elDiarioAR que el Gobierno tenga una política de vaciamiento de los espacios de memoria. “Es mentira eso. Los espacios seguirán funcionando”, fue la contestación escueta que brindó un alto funcionario. Cuando este medio repreguntó si estaban garantizados los puestos de trabajo cuyos contratos vencen el 31 de marzo, la respuesta fue el silencio. 

La reconversión de los ex centros clandestinos como sitios de interés público está amparada por normas nacionales como la Ley 26.691, que define la “preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. También los protege la Ley 26.935, donde se expresa el sostenimiento y deber del Gobierno de dar continuidad a sus trabajadores y estabilidad laboral. La ex ESMA, por caso, fue declarada el año pasado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

MC/JJD

La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman alertó hoy en su cuenta de la red social X (antes Twitter) sobre la posbilidad de que el Gobierno esté preparando un indulto a genocidas en vísperas del Día de la Memoria, que se conmemora este domingo 24 de marzo.

“Circulan versiones que indican que el presidente dictaría un indulto a genocidas en las vísperas del 24 de Marzo. Aunque eso sería manifiestamente inconstitucional, reafirmamos más motivos para movilizarnos y estar en la calle. Este #24M tiene que ser una jornada de lucha”, escribió.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación recordó que en los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.

Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) “La Escuelita”, el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “la Escuelita” de Neuquén.

Los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron las condenas para integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. 

El fallo destacó que “el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura”.

“La imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”, subrayaron los jueces.

“El castigo implica –añade la resolución, de 416 páginas- también una reparación del daño generado a las víctimas y a toda la sociedad afectada por esta clase de delitos, la construcción de memoria colectiva y una advertencia de no impunidad tendiente a evitar la repetición de crímenes de este tipo”.

Los represores condenados habían objetado la calificación de genocidio aplicada por el tribunal bahiense.

La Casación respondió que “no cabe duda alguna a partir de un estricto entendimiento de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional actualizada sobre la materia, que los hechos en juzgamiento deben ser calificados legalmente como constitutivos del crimen de genocidio en los términos convencionales, en tanto parten de ‘una política de exterminio focalizada sobre un grupo nacional particular con el objeto de, a través de la violencia física y la difusión del terror, lograr la reorganización del conjunto de la sociedad”.

Los jueces evaluaron también “la extensión del daño causado tanto a las víctimas y sus familiares -producto de la violencia ejercida y la incertidumbre y temor por el destino de sus seres queridos-, como así también ‘hacia toda la comunidad’, con efectos que se extienden hasta la actualidad”.

El fallo resaltó que “los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de las graves violaciones a los derechos humanos, que las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado”.

En su voto, el juez Slokar subrayó que “el derecho a la verdad en una de sus aristas, incluye el derecho de la sociedad a ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Para cumplir con ese imperativo, el Estado debe implementar mecanismos adecuados de acceso a la correspondiente información y debe realizar, de buena fe, un esfuerzo sustantivo y aportar todos los recursos necesarios para reconstruir –y poner a disposición- la información”, dispuso la resolución.

El fallo confirmo la prisión perpetua para Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Ferreyra, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José María Martínez,  Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

También los nueve años de prisión para Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos y Miguel Ángel Chiesa; Héctor Luis Selaya (seis años), Osvaldo Vicente Floridia (diez años), Oscar Lorenzo Reinhold (14 años) y Antonio Alberto Camarelli (tres años).

Los hechos juzgados fueron cometidos en la Zona de Defensa Cinco a cargo del Quinto Cuerpo de Ejército, divididas entre las Subzonas 51 (Bahía Blanca) y 52 (Neuquén), tanto por oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, Policía Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense como de la Policía de la Provincia de Río Negro. 

Entre las numerosas víctimas que pasaron por los centros de detención, se encontraba un grupo de niños menores de edad alumnos de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica Número Uno de la ciudad de Bahía Blanca, quienes además de haber sido alojados en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, fueron torturados sistemáticamente, sometidos a simulacros de fusilamiento y liberación y luego alojados en el Batallón de Comunicaciones 181.

CRM con información de la agencia NA

El próximo domingo 24 de marzo no será una conmemoración más del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Será la primera efeméride contra la dictadura cívico-militar bajo el gobierno de Javier Milei, quien durante la campaña electoral minimizó los delitos de lesa humanidad al calificarlos de “excesos”. En ese marco se esperan masivas movilizaciones hacia la Plaza de Mayo, con la polémica agregada de que las fuerzas de seguridad tienen en agenda activar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito.

El hecho de que estén Milei al frente de la Rosada y Victoria Villarruel como vicepresidenta preanuncia que la jornada del domingo podría ser de las más convocantes de los últimos años, según recogió elDiarioAR entre los organizadores de los actos. Luego de conversaciones para unificar los actos de las organizaciones de derechos humanos y de izquierda, finalmente habrá dos homenajes distintos en medio de las víctimas de la dictadura. Sin embargo, las concentraciones y actividades callejeras casi ocurrirán en simultáneo en toda la zona del microcentro porteño.

Por un lado, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la agrupación H.I.J.O.S. convocan al mediodía en la intersección de la 9 de Julio y avenida de Mayo. En paralelo, habrá una concentración de la CGT y los movimientos sociales de la UTEP en Diagonal Norte. Allí se plegará La Cámpora, que temprano por la mañana hará su tradicional caminata desde la ex ESMA, en avenida Del Libertador al 8100, en Núñez. El acto de los organismos de derechos humanos está previsto para las 14 en la Plaza. En ese mismo horario comenzaría la concentración del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, donde se aglutinan las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas más ligadas a la Izquierda. Luego de marchar por avenida de Mayo, leerán su propio documento también frente a la Casa de Gobierno.

Ese mapa de manifestaciones está por estas horas en análisis tanto en la Ciudad como en la Nación. Hay una línea de contacto abierta entre los ministerios de Seguridad local, que depende de Waldo Wolff, y el nacional, que conduce Bullrich, para definir cuál será el operativo el domingo, pudo saber ayer elDiarioAR de fuentes en ambas jurisdicciones. 

Como sucede desde que se activó el protocolo antipiquete en diciembre, las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA– siempre se encargan de velar por aquellos “objetivos federales”. En el marco del 24 de marzo serían los edificios del Congreso y la Casa Rosada. La Policía de la Ciudad, a cargo de Diego Kravetz, tiene a cargo la custodia general del espacio público porteño.

La orden que está circulando en los despachos de Seguridad es que el protocolo antipiquete tiene que cumplirse, más allá de lo simbólico que representa que agentes policiales custodien de cerca una movilización que justamente repudia el accionar represivo que tuvo la dictadura. Hay un elemento extra que pone en tela de juicio la avanzada oficial de evitar los cortes de calles a cualquier costo: no solo es feriado, sino que también es domingo, por lo que se estima que la circulación de tránsito habitual será mucho menos reducida.

“Por ser domingo no sería una jornada que genere un estrés mayor, pero vamos a cumplir con el protocolo”, afirmó a este medio un vocero del gabinete de Jorge Macri. La misma fuente ratificó que el objetivo es que las manifestaciones transcurran “por la vereda” o que se corte aunque sea “un carril” de las avenidas. “La idea general es que la gente no crea que puede usar el espacio público porque sí”, justificó la voz consultada, que remitió como ejemplo a lo que sucedió anteayer con las protestas de los movimientos sociales en varios accesos a la Capital Federal. En el puente Pueyrredón hubo un herido con bala de goma de la policía y en el puente Saavedra, un detenido. También la policía reprimió ferozmente una protesta en las puertas del emblemático Cine Gaumont. 

En la Ciudad aseguraron que están en tratativas con las organizaciones para que pidan una “autorización” para poder marchar. elDiarioAR confirmó de tres fuentes distintas que hubo una reunión entre referentes porteños de La Cámpora y representantes de la Policía porteña para coordinar un operativo especial que acompañe la tradicional caminata desde la exESMA a Plaza de Mayo. 

En la organización juvenil kirchnerista afirmaron que fue solamente “una charla”, como se hace todos los años, y solo para “informar el recorrido” y darle “ordenamiento al tránsito”. No habría habido un pedido escrito de autorización. Habitualmente la movilización recorre unos 14 kilómetros siguiendo la traza de la avenida Del Libertador. La caminata del domingo comenzará a las 9 e irá “al trote” –detalló una fuente– para llegar a tiempo al acto de las Abuelas y Madres.

El plan del Gobierno de Milei es que el operativo de seguridad para la movilización de La Cámpora tenga una dinámica “como de una maratón”, calificó una alta fuente nacional. Los agentes de la Policía porteña seguirían el recorrido de la manifestación a medida que avanza, interrumpiendo el tránsito en algunos cruces y liberando otros. “Si la Ciudad les autoriza a caminar por la calle, mucho no podemos hacer. Estamos esperando una comunicación de la Ciudad”, puso reparos un funcionario cercano a Bullrich. 

El protocolo de la ministra supone que las manifestaciones callejeras deberían contar con una autorización previa. Incluso le exige a sus organizadores contratar un seguro de caución por posibles daños en la vía pública. Así hizo la CGT cuando protestó contra el DNU de Milei a fines de diciembre, aunque luego el Gobierno denunció a las agrupaciones tanto peronistas como de izquierda por no haber respetado el protocolo y hasta los notificó de multas millonarias que nunca prosperaron.

“Nunca vamos a pedir autorización para movilizarnos un 24 de marzo”, planteó a elDiarioAR la legisladora porteña Alejandrina Barri, querellante en causa de lesa humanidad y parte del EMVJ, en cuyo documento del domingo habrá también un fuerte cuestionamiento a Milei. “Vamos a repudiar cualquier presencia de la policía en la manifestación. Es una provocación que se active el protocolo antipiquete”, denunció la diputada. 

Que se active el protocolo antipiquete de Bullrich en el marco del Día de la Memoria sería un agravante más a la política abiertamente contra los organismos de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno. Al menos en EMVJ aseguraron que hasta ahora no tuvieron contacto con el secretario Alberto Baños. Ayer, la diputada Myriam Bregman denunció que en el marco del ajuste mileísta a los empleados públicos está en peligro el funcionamiento de los “Sitios de la Memoria” en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Extermino, como lo es la exESMA.

“Estamos preocupados, como hacen barbaridades pueden hacerlo con nosotros en ese día”, advirtió el lunes la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, ante el rol que podrían tener las fuerzas de seguridad. “La calle se puebla, vienen los sindicatos, vienen los jóvenes. Yo creo que va a ser una reunión única, con gran preocupación de lo que estamos viviendo pero sin aflojar porque tenemos que hablar”, dijo en el marco del acto que protagonizó en la CGT como previa a la movilización del domingo próximo. Y anticipó la masividad que podría tener la primera conmemoración del Día de la Memoria bajo la gestión de Milei: “Unirnos es una inyección de vida”.

MC/JJD

La CGT confirmó este lunes en una conferencia de prensa en su sede de la calle Azopardo junto a referentes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora que se sumará a la marcha del 24 de marzo, en la que se espera que haya consignas contra el gobierno de Javier Milei.

En una rueda de prensa en el histórico Salón Felipe Vallese, la iniciativa fue confirmada por el cosecretario general de la CGT Héctor Daer, quien estuvo acompañado por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, y la de Madres-Línea Fundadora, Tati Almeida, además del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Participaron también los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Julio Piumato (Judiciales), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Roberto Baradel (CTERA) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), entre otros.

En un comunicado, la CGT sostuvo que se definió “convocar a conmemorar en unidad por los crímenes de lesa humanidad y las políticas económicas y sociales de la última dictadura militar que tanto daño hicieron en nuestro pueblo”.

“Este año nos encuentra frente a un plan económico que reedita aquellos objetivos de pobreza extrema y beneficios para los grupos económicos concentrados. Otra vez es el momento de expresar MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. Es el momento de la REBELDÍA”, agregaron, al cuestionar a la actual gestión de Milei. 

Durante la marcha del próximo domingo se leerá un documento elaborado por todos los sectores con mensajes de repudio al gobierno libertario.

“La CGT, junto a las dos CTA y los movimientos sociales, se suman a la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos para reventar la Plaza este 24 de marzo. Frente a la crueldad y la miseria planificada, vamos a defender a la Patria y la Democracia. Más que nunca: Memoria, Verdad y Justicia”, escribió en la red social X el ex ministro del Interior y dirigente de La Cámpora Eduardo de Pedro.

MM con información de la agencia NA.

Después de 18 años de actos por separado, organismos de derechos humanos y partidos políticos confluirán en una sola concentración conjunta para el próximo 24 de marzo, cuando se conmemore el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el primero bajo la gestión de gobierno de Javier Milei.

“Es necesaria la unión frente a la política económica actual que es una copia calcada de la implementada por la dictadura militar a la que se opusieron las víctimas del terrorismo de Estado”, definió Charly Pisoni, integrante de H.I.J.O.S Capital en declaraciones a Télam.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) -que nuclea a varios organismos y partidos de Izquierda- confirmaron a Télam que ya comenzaron los “trabajos conjuntos” para confluir en una única marcha, que se no realiza con esa modalidad desde el año 2006.

Pisoni recordó que en aquel año “nos separó la postura que tuvimos respecto de las políticas de derechos humanos implementadas por el expresidente Néstor Kirchner donde, mientras algunos comenzábamos a festejar; otros sectores, cuestionaron”.

Desde entonces, si bien la consigna fue la misma cada 24 de marzo, se hicieron hasta dos o tres actos por separado, aunque ya en el 2018, comenzó un acercamiento entre las distintas vertientes. Si bien las convocatorias seguían siendo por separado, las agrupaciones y partidos políticos comenzaron a compartir escenario en aquel momento, en contra del gobierno de Mauricio Macri y de su política de derechos humanos.

“En los últimos años compartimos el escenario pero en cambio, en esta oportunidad, la idea es convocar y marchar juntos. Entendemos que tenemos que dejar de lado las contradicciones secundarias, porque hay un enemigo en común en el Gobierno, que está llevando adelante un plan económico calcado de la dictadura que se llevó a nuestros viejos. Eso, les valió la vida, así que entendemos que tenemos que unirnos en este reclamo”, afirmó a Télam el referente de H.I.J.O.S.

El próximo lunes, en una reunión con el Espacio Memoria, Verdad, y Justicia -que componen también organismos de izquierda- se avanzará en los detalles, en la posibilidad de un documento consensuado y una lista de oradores para el acto.

Desde Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la histórica referente Taty Almeida dijo a Télam que la consigna es tener “un pueblo unido” con el fin de recordar, como todos los años, a las víctimas del terrorismo de Estado tras el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

“Vamos a ser una sola marcha, siempre hacíamos dos, pero esta vez de común acuerdo, haremos una sola. Ya nos estamos reuniendo, pero lo principal es que será una única sola marcha”, destacó.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y nieto restituido, Manuel Gonçalves Granada, explicó que ya “está resuelta la intención de hacer una sola marcha pero lo estamos terminando de llevar a la práctica en términos organizativos por el volumen de organización y convocatoria”.

“Hay que pensar que los 24 de marzo siempre fueron al menos 10 horas de plaza llena”, señaló Granada en declaraciones a Télam y destacó que la importancia de la “gran participación de los jóvenes, muchos nacidos en democracia, lo que transforma todo el homenaje en algo maravilloso y admirado en todo el mundo”.

Gonçalves Granada cuestionó que “lo que está sucediendo es muy malo en materia de derechos humanos, sociales, laborales, y que todo eso engloba al 24 de marzo, pero fundamentalmente queremos mantener viva la memoria de quienes no están y tener puesta la atención en el presente respecto de las cosas a las que no queremos volver”.

Para el dirigente, en el marco de lo que será esa movilización, el protocolo de orden público implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es “impracticable” y consideró que ese día “lo que menos se puede hacer es restringir la concentración y la circulación” de las personas por la masividad de la marcha.

En tanto, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad), contó a Télam que “recién están empezando las reuniones” para coordinar la única marcha y destacó que “sería muy bueno converger en una plaza multitudinaria, que además supere el protocolo represivo de Bullrich”.

“Tenemos un balance muy crítico del anterior gobierno y de cómo llegamos a esta situación, partiendo de la deuda externa que incrementó en forma exponencial la dictadura. Es un problema actual en nuestro país, por eso hay que plantear el desconocimiento de la deuda y la ruptura con el FMI, entre otros puntos”, adelantó la diputada de Izquierda.

El Día Nacional de la Memoria, a Verdad y la Justicia fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, y en su artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.

Con información de agencia Télam.

AB

Más de 3.000 personas asistieron la noche del sábado a la proyección de la multipremiada Argentina, 1985 en las escalinatas del Congreso Nacional, que se efectuó como parte de las actividades del Día de la Memoria, Verdad y Justicia y los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el Gerente de Exhibición y Audiencias del INCAA, Rodrigo de Echeandia, y diputados nacionales.

Al respecto, Moreau señaló que “es muy importante que después de la marcha, estemos en el Congreso, justamente que fue cerrado por la dictadura que tuvimos en la Argentina, en familia, viendo una película que nos hace rememorar la historia, y que las generaciones que tuvieron la suerte de crecer en democracia puedan saber qué pasó, de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

“Los derechos humanos son uno de los valores más importantes que tenemos como Nación, el juicio a las Juntas, la derogación de las leyes del perdón, el trabajo de las Madres, de las Abuelas, la lucha de los Nietos, sigue siendo un valor que en el mundo admiran”.

Por su parte, de Echeandia, Gerente del INCAA señaló que “queremos agradecer a los productores de la película por permitirnos generosamente exhibirla de manera gratuita en este contexto frente a la explanada del Congreso Nacional” y agregó que “esperamos que esta sea la primera proyección de muchas organizadas en conjunto”.

El Congreso de la Nación y el INCAA suscribieron días atrás un acuerdo por el que se creó el ciclo “Cine en Democracia” que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematográfica nacional y los valores democráticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la Nación y el pueblo argentino.

La elección de esta película se basa en su importancia para rescatar la historia reciente de nuestro país, y proyectarla con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia remarca el compromiso de ambas instituciones con la decisión del pueblo argentino de NUNCA MÁS.

Con información de la agencia Télam

Lucía Cámpora es la nueva secretaria general de La Cámpora. Sí: es familiar de Cámpora, sobrina nieta de Héctor, el ex presidente, el Cámpora de “Cámpora al Gobierno, Perón al Poder”. Lucía fue presentada a la militancia este jueves durante un plenario que se hizo en Quilmes. Por primera vez desde que fue fundada, hace 17 años, una mujer sucede al único conductor que tuvo la organización, Andrés “Cuervo” Larroque. Tiene 32 años, es abogada y legisladora porteña por el Frente de Todos. Junto a Máximo Kirchner encabezó hoy la columna de militantes hasta Plaza de Mayo. Tardó en llegar, pero el recambio generacional del brazo musculoso, joven y nacional del kirchnerismo ya es un hecho.

La organización vence al tiempo pero para hacerla, es tiempo lo que hace falta. Cuando Néstor Kirchner le ordenó al Jefe del Ejército que bajara los cuadros de Videla y Bignone, Lucía Cámpora tenía 14 años y cursaba el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era 2004 y La Cámpora, organización que llevaría el nombre de su tío abuelo, no existía. La frase “bajando un cuadro formaste miles”, se volvió lema y estampa de remera. De ese episodio, fundacional para la militancia kirchnerista, se cumplirán 19 años. Larroque no sabía que dos años después, en 2006, lideraría La Cámpora ni Lucía Cámpora tenía idea de que sería ella la que asumiera en su lugar, aprobada por Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, 17 años después.

Se venía hablando. La fuerza joven leal a Néstor y Cristina necesitaba un refresh, un rebranding. Que alguien, por lo menos, abriera una ventana y corriera aire. Es que el promedio de edad de quienes fundaron la organización ya es de 46 años y no huele a espíritu adolescente. Lucía reúne una serie de características que le suman puntos. Para arrancar tiene poco más de 30 años, pero lo más importante puertas adentro de la organización es que Lucía tiene conexión con estudiantes: empezó a militar en el Nacional de Buenos Aires, durante el secundario, y fue vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) mientras cursaba Derecho. Es una referenta para un nicho con el que La Cámpora fue perdiendo con los años, los adolescentes, los post adolescentes y los adultos jóvenes. Hace dos años, en 2021, organizó el Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ESMA. Invitó a la vicepresidenta, se sentó a su lado y juntas observaron esa reunión de carne fresca, creyente, apasionada.

Hay más. Lucía Cámpora tiene un perfil agresivo, filoso, en la Legislatura porteña. Y su agenda de interés es atractiva para un población disidente y generalmente expuesta a la violencia. Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades impulsó un proyecto para la investigación, producción y comercialización de preservativos para personas con vulva. Es que no existen métodos de barrera que permitan el frotamiento, masturbación y sexo oral que cubra la vagina, la vulva y el ano, es decir que las personas con vulva están expuestas a infecciones de transmisión sexual. La opción es “adaptar” el profiláctico pensado para penes. Siglo XXI, increíble. “Acceso y promoción de profilaxis inclusiva”  es el nombre del proyecto de Cámpora y fue presentado hace dos años. No avanzó.

Fue militante de base hasta que entró primero a la Facultad de Filosofía y Letras, y luego a la de Derecho, donde estuvo cerca de Mariano Recalde y empezó a escalar en el armado político de la organización dentro de la Universidad de Buenos Aires. Fue empleada en el Ministerio de Trabajo y luego en el Consejo de la Magistratura, hasta que integró la lista del Frente de Todos en la Ciudad y ganó una banca como legisladora. La flamante conductora intenta plantar bandera en un distrito que siempre fue hostil con el kirchnerismo, la Ciudad de Buenos Aires.

El cabello oscuro y plateado por las canas, musculosa de La Cámpora cruzada por una riñonera, shorcito de jean, la gloria nueva de la gloriosa jotapé, Lucía avanzó con la militancia que debe responderle a 47 años del Golpe de Estado. Secundó a Máximo Kirchner desde la ESMA hasta Plaza de Mayo, recorrido que hace la organización cada año desde 2017 menos los dos de pandemia. Fueron 14 kilómetros que pueden contarse en fotos: Lucía con Wado de Pedro, con Axel Kicillof, con Mayra Mendoza. Larroque, actual ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, se corre de La Cámpora para armar La Patria es el otro, una federación de agrupaciones kirchneristas. Lucía ya es parte de la dinastía Cámpora, por filiación sanguínea y por haber sido ungida.

VDM/MG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que “la democracia peligra” cuando la concentración económica y de poder “profundiza” las desigualdades sociales, y celebró que “cientos de miles marchan” este viernes por “Memoria, Verdad y Justicia”.

“La democracia peligra cuando la concentración económica y de poder profundiza cada vez más las desigualdades sociales”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Y expresó: “Hoy, en calles y en plazas, cientos de miles marchan por Memoria, Verdad y Justicia para defender la Democracia y decirle Nunca Más a la Corporación Judicial”.

Organizaciones de derechos humanos, y políticas y sociales marcharon esta tarde hacia la Plaza de Mayo para volver a reclamar una vez más por la Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en el país.

CRM con información de la agencia Télam