Para los trabajadores que viven de un ingreso mensual, el ajuste necesita una explicación política más una cuenta de almacén como parecen las que a veces postea el ministro Luis Caputo en Twitter (X). La encuesta de Zentrix marca un dato que altera el modo de leer el humor social del oficialismo: entre los votantes de Milei, la corrupción aparece como el principal desafío del país, con 27,9%, por encima del endeudamiento, el desempleo, el salario y la inflación. El dato no surge de una oposición que ya mira al Gobierno con rechazo, sino de su propia base electoral, definida por la consultora según el voto en las legislativas de 2025.

El orden de prioridades entre oficialistas es preciso. Corrupción reúne 27,9%; endeudamiento, 14,9%; desempleo, 14,3%; salario, 12,9%; inflación, 12,8%; inseguridad, 7,1%; pobreza, 3,7%; salud, 3,3%; y educación, 3%. Entre opositores, en cambio, lidera desempleo con 26,5%, seguido por corrupción con 16,8%, endeudamiento con 14,4%, salario con 12,8%, inflación con 12,3% y pobreza con 10,7%. La diferencia muestra dos formas de procesar el mismo deterioro: el oficialismo empieza a mirar la ética pública; la oposición mira primero el empleo, los ingresos y la fragilidad material del hogar.

De todas maneras, el factor determinante sigue siendo el bolsillo. El informe registra que el 86,6% de los consultados dice que su salario no le gana a la inflación. Entre votantes oficialistas, esa percepción alcanza al 70,1%; entre opositores, al 98,1%. Zentrix también señala que el votante oficialista expresa malestar económico y que casi la mitad llega solo hasta el día 20 con sus ingresos, aunque conserva una lectura más tolerante del presente. No hay una base oficialista cómoda frente al ajuste: hay una base que todavía soporta parte del costo, pero que empieza a ubicar la corrupción como límite político del sacrificio.

Ese límite aparece en otras respuestas del mismo relevamiento. El 57,3% considera que existe corrupción generalizada en el gobierno de Javier Milei y el 60,2% interpreta las denuncias como reflejo de un problema general de la gestión. Además, dos tercios de los consultados afirman que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometió combatir. El 66,6% también cree que la administración nacional no está comprometida con prevenir hechos de corrupción.

La encuesta no mide expedientes judiciales. Mide percepción social. Esa percepción se forma en una secuencia de causas, denuncias e investigaciones periodísticas que golpean al núcleo del discurso oficial. Cuando un trabajador recorta gastos, posterga consumos o se endeuda para llegar al mes, la sospecha de privilegios, retornos o enriquecimiento en el poder pesa más que una discusión abstracta sobre instituciones.

Una secuencia de causas y denuncias golpea el relato anticasta

La causa $LIBRA ocupa un lugar central en ese desgaste. La Justicia investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por Milei, cuyo valor se disparó tras el respaldo presidencial y luego se desplomó con pérdidas para miles de inversores. Peritajes incorporados al expediente hallaron en el teléfono de Mauricio Novelli un presunto acuerdo por US$ 5 millones a cambio del apoyo del Presidente al proyecto, con pagos escalonados ligados a la promoción pública y a la firma de un contrato.

La causa ANDIS agrega otro capítulo de mayor impacto social por el área involucrada: medicamentos y discapacidad. El Ministerio Público Fiscal informó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita dentro del organismo que cobraba coimas. El expediente incluye otros 18 procesamientos y un embargo de 202 mil millones de pesos sobre Spagnuolo. Según Chequeado, la causa se originó a partir de audios que mencionaban un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos.

Manuel Adorni concentra otro frente de desgaste. elDiarioAR publicó que el actual jefe de Gabinete registró un incremento patrimonial superior al 500% entre sus declaraciones juradas, con incorporación de dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares, entre ellos una jubilada de 95 años. La Justicia también investiga los vuelos privados a Punta del Este y pidió informes sobre contratos vinculados a la productora de un amigo de Adorni con la TV Pública. En la encuesta de Zentrix, Adorni aparece con 73,9% de imagen negativa y 17,5% de positiva.

La trama que une a José Luis Espert con Federico “Fred” Machado suma otra capa sensible para un gobierno que construyó poder sobre la denuncia contra “la casta”. Según revelaciones publicadas por elDiarioAR y recogidas en el debate parlamentario, Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro ligado a Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. La documentación también menciona aportes logísticos, vuelos y vehículos para actividades de campaña.

El episodio de las valijas mostró otra zona opaca del poder. Chequeado reconstruyó que el 26 de febrero de 2025 llegó a Aeroparque un vuelo privado desde Miami con Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, todos empleados de OCP Tech, empresa de Leonardo Scatturice. Dos fiscales dictaminaron irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación, y señalaron que se habilitó un carril especial que evitó que las valijas pasaran por el escáner.

A esa acumulación se suman denuncias por retornos salariales en organismos con presencia territorial. Página/12 informó que acusaciones internas de La Libertad Avanza señalaron pedidos de dinero sobre sueldos de funcionarios de PAMI y ANSES. Conclusión publicó denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y ANSES en Misiones, Santa Cruz y La Pampa por supuestos “aportes partidarios”, y mencionó una carta en Oberá donde se acusó a la conducción local de pedir el 10% de los sueldos de empleados públicos afiliados.

Ninguno de estos expedientes reemplaza una sentencia. La Justicia deberá definir responsabilidades penales, procesamientos firmes, sobreseimientos o condenas. Pero las encuestas que toman la opinión de los votantes, en este caso la de Zentrix, no preguntan por condenas: preguntan por el principal desafío del país y por la confianza en la voluntad del Gobierno de prevenir hechos de corrupción. El dato político es que el propio votante oficialista pone a la corrupción arriba del salario y la inflación, aun cuando siete de cada diez de esos votantes dicen que su salario no le gana a los precios.

El cruce con el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella refuerza el dato de Zentrix: la economía sigue pesando, pero la corrupción empieza a ordenar el malestar político incluso dentro del oficialismo. El ICC cayó 5,7% en abril, después de bajar 5,3% en marzo y 4,7% en febrero. Desde el pico registrado en enero de 2025, durante el actual gobierno, acumula una caída de 16,33%.

Esa secuencia importa porque Milei llegó a la Presidencia con la promesa de ordenar la economía. El consumo, la confianza y los ingresos siguen bajo presión, pero la encuesta de Zentrix muestra que entre sus propios votantes la corrupción ya aparece por encima del salario, la inflación y el desempleo.

La lectura positiva de la motosierra que la sociedad hizo en 2023, harta de la “política tradicional” y dándole crédito a un economista despeinado, que en programas de chimentos hablaba sobre la Escuela Austríaca, y su promesa de arrasar con la casta, se vuelve negativa cuando el sacrificio económico convive con causas judiciales, denuncias y sospechas sobre el uso del poder.

El golpe al relato anticasta pesa porque el ajuste ya tiene efectos en la vida diaria. Más de ocho de cada diez hogares resignaron algún gasto para sostenerse, según el informe. Zentrix lee esa base material como el suelo compartido entre oficialistas y opositores: unos procesan el costo desde una preocupación moral o institucional; otros, desde el deterioro directo del trabajo, los ingresos y las condiciones de reproducción cotidiana del hogar.

La pérdida de credibilidad también alcanza a la figura presidencial. En abril, Milei registra 35,2% de imagen positiva y 59,3% de negativa. La lectura del informe atribuye el desgaste a una doble presión: la microeconomía de los hogares, con salarios que no alcanzan y pérdida de poder adquisitivo, y las denuncias que afectan la pretensión de superioridad ética del mileísmo frente a “la casta”.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix se realizó sobre 1.559 casos, con cobertura nacional, mediante una encuesta online autoadministrada entre el 11 y el 18 de abril. La consultora aclara que la muestra es no probabilística, con diseño cuotado por sexo, edad y región, calibrado según el padrón electoral nacional, y que los resultados deben leerse en el plano nacional.

Cuando el salario pierde y el Gobierno queda rodeado por causas de corrupción, el apoyo se vuelve desconfianza y desgaste (a veces hasta odio). Ya lo sabemos. Hay líderes políticos que integraron gobiernos anteriores que hoy por hoy no podrían caminar tranquilos por las calles de la Argentina. Y no precisamente porque los vayan a parar para pedirles una selfie y felicitarlos por su gestión.

JJD

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse los conflictos en sectores que tienen algo en común: dependen del Estado para funcionar. Médicos del PAMI en paro, universidades nacionales con medidas de fuerza, prestadores de discapacidad al borde del colapso, empresas de transporte que reducen servicios. Detrás de todos esos conflictos aparece un mismo fenómeno económico: el atraso en los pagos del Estado.

La discusión económica argentina suele quedar atrapada en una variable: la inflación. Es lógico. Durante décadas fue el síntoma más visible del desorden macroeconómico. Sin embargo, detrás de ese indicador hay otros mecanismos menos visibles que también moldean la vida cotidiana de la economía. Uno de ellos es el manejo del tiempo de los pagos del Estado.

En los últimos meses, distintos sectores comenzaron a denunciar lo mismo: demoras en los pagos de parte del Gobierno nacional, y analistas económicos advierten que el retraso deliberado de desembolsos se ha convertido en una de las herramientas centrales para sostener el equilibrio fiscal que el dúo dinámico Javier Milei-Luis Caputo festeja cada mes como si cada mes la Argentina ganara el Mundial, mientras en la sociedad se oye el cantar a un grillo solitario.

En otras palabras: el superávit se sostiene, en parte, pagando más tarde. Y cuando el Estado se demora, toda la economía argentina —acostumbrada a anticiparse a los efectos de la inflación— siente el impacto.

La macroeconomía del pago diferido

Hay un principio bastante simple en economía pública: si los ingresos caen y el gasto no puede reducirse más, el margen de maniobra aparece en la administración del flujo de caja. Es decir, en cuándo se paga.

La recaudación tributaria viene mostrando señales de debilidad. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei busca sostener su bandera política más importante: el equilibrio fiscal.

Pero ese equilibrio no siempre se construye solamente con recortes de gasto. También con demoras.

Un informe periodístico firmado por el periodista Carlos Lamiral describe uno de los mecanismos utilizados: “Los comodines del superávit fiscal: Luis Caputo pisa la devolución de impuestos y suma ingresos extraordinarios”, la caída en la recaudación obligó al equipo económico a buscar recursos alternativos para sostener el resultado fiscal. Para el FMI, al día. Para adentro, paga Dios.

Entre esos “comodines” aparece la postergación de gastos tributarios. Un ejemplo claro es la devolución del IVA a exportadores, que en febrero directamente fue cero, cuando en meses anteriores superaba los cientos de miles de millones de pesos.

Es una forma elegante de ajustar sin anunciar un ajuste.

El problema es que los retrasos no quedan en las planillas del Tesoro. Se trasladan rápidamente a la economía real.

Hay reclamos de distintos sectores hacia el Gobierno por el atraso en los pagos. Las empresas de colectivos, los prestadores de discapacidad y las farmacias y clínicas que trabajan con PAMI sostienen que el ministro de Economía, Luis Caputo, demora desembolsos para mantener el superávit a pesar de la caída en la recaudación.

En el transporte público, por ejemplo, la situación ya generó conflictos concretos. Las empresas del AMBA denunciaron una deuda del Estado que ronda entre 120.000 y 150.000 millones de pesos en subsidios.

La Secretaría de Transporte terminó adelantando el 60% de los pagos de abril para evitar una paralización mayor del servicio.

Incluso con ese anticipo, varias líneas redujeron frecuencias o directamente suspendieron recorridos. El periodista de elDiarioAR León Nicanoff lo describió en esta nota: cómo la Argentina del libertario Milei se va pareciendo a Cuba, al menos en lo que respecta a cómo viajan los usuarios en las guagas, en el Caribe, y en los colectivos, aquí en Buenos Aires: apretados a más no poder. Y eso que al boleto lo vienen subiendo sin piedad.

La salud, el eslabón más frágil

Donde el impacto se vuelve más sensible es en el sistema de salud.

“Si PAMI no paga, vamos a tener que suspender el servicio”, advirtió Héctor Milanesi, uno de los farmacéuticos afectados. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron recientemente un paro de 72 horas para reclamar mejoras en sus condiciones de pago.

El conflicto se disparó por una resolución que modifica la forma de remuneración y reduce ingresos, lo que para muchos profesionales vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios.

Según denunciaron desde el sector, los médicos pasarían a cobrar alrededor de 2.100 pesos por paciente, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos básicos del ejercicio profesional.

Cuando el Estado paga tarde o paga menos, la salud pública funciona peor (pero con los mismos impuestos), y las consecuencias no son contables sino sociales.

Las universidades nacionales también denuncian retrasos en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según organizaciones docentes, el gobierno acumula más de 170 días de incumplimiento en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.

La respuesta fue la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y paros en el sistema universitario. Otra consecuencia del mismo problema.

Disco rayado

La relato oficial insiste en que el equilibrio fiscal es la condición necesaria para estabilizar la economía. Y es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas públicas. Pero también es cierto que el equilibrio fiscal puede construirse de distintas maneras.

No es lo mismo reducir gastos estructuralmente que postergar pagos. Porque en el segundo caso el gasto no desaparece: simplemente se traslada hacia adelante. Y ese traslado tiene efectos. Aumenta la incertidumbre en sectores que dependen del Estado. Dificulta la planificación de empresas y profesionales. Y, sobre todo, agrega estrés a una macroeconomía que sigue funcionando mal.

No solamente las paritarias y los ingresos están pisados en el gobierno de Javier Milei, con la presunción de que a mayor circulando de dinero, mayor es la suba de precios. Son también los pagos intra-Estado, que como el gobierno de La Libertad Avanza es tan libre, los honra cuando se le da la gana.

Analistas económicos advierten que esta es una estrategia fija de Luis Caputo para sostener su sagrado equilibrio fiscal, una de las pocas variables que le da bien pero que tiene sabor a nada a la luz de los números de la inflación 2026, que puede cerrar su primer trimestre en el orden del 9%, cuando, por ejemplo, en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner rondó el 9% promedio pero anual, no trimestral, a apenas 17 meses de la salida del uno a uno y justo antes de que el Indec empezara a mentir la inflación con el interventor Guillermo Moreno, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, período en que la macro empezó a funcionar mal.

La inflación ha bajado desde los porcentajes del gobierno del fantasmal Frente de Todos, pero no lo que Milei y los empresarios y los trabajadores que lo votaron esperaban que bajara.

La baja de la inflación es necesaria, porque la economía argentina es una economía indexada. Sin embargo, Milei, en nombre de libertad de empresa (porque de la del paciente, mejor no comments), les dio plena libertad a las prepagas para que subieran la cuota mensual a sus afiliados. Todo lo que quisieran. Después de aumentos impresionantes, como el del 40% que pusieron el primer mes, gracias a la libertad que les otorgó el Presidente al firmar en diciembre de 2023 ese primer decreto con centenares de artículos desreguladores y derogadores, ideado por el ministro de Transformación del Estado, “El Coloso” Federico Sturzenegger.

Los que tenemos créditos hipotecarios UVA estamos volviendo a tener los mismos problemas que con Mauricio Macri y con Alberto Fernández, presidentes a quienes la inflación, como consecuencia de los saltos del tipo de cambio por las corridas bancarias, se les fue de las manos: agarrándonos la cabeza porque la cuota te come cada vez más el ingreso, como la prepaga y los servicios, por mencionar sólo un par de ejemplos. Son gastos fijos, pagos que las familias no pueden dejar de hacer. No es sacarle al fiado un poco de fiambre y una Coca-Cola al almacenero. Es no pagar la luz. ¿Qué pasa si no pagás la luz? Te la cortan.

Con los UVA, Macri y Fernández por lo menos congelaron las cuotas. Fue una forma de admitir que no podían controlar la inflación: se nos fue de las manos, desde el Estado damos un alivio a la gente, pensaron (uno por motivos electorales; el otro, sanitarios).

Milei, que habla pestes de la inflación, tampoco logra controlarla pero no dará ningún tipo de ayuda a nadie. En este período libertario de la Argentina pareciera que todos tenemos que arreglárnolas como podamos, inclusive pagando los mismos impuestos. Todos, menos Manuel Adorni y el resto de la casta que juraron combatir.

Entonces, la economía argentina es una economía indexada a la inflación y al dólar. Por lo tanto, no controlar la inflación, que además era la principal —y reiterada hasta el hartazgo— promesa de campaña de Milei, activa la indexación y la retroalimenta. La salud privada aumenta según el Indec, y nadie dice ni mu.

Para este modelo, la única libertad que permanece innegociable es para los poderosos, las empresas que pueden ajustar precios cuando y como quieran, y el Estado para elegir a quién, cómo y —sobre todo— cuándo dejar de deberle. Para el resto, la libertad sigue llegando tarde. Como los pagos del gobierno del dúo dinámico.

JJD

Hay palabras que en la Argentina parecen prohibidas hasta que ya es demasiado tarde. Crisis es una de ellas. Durante meses —a veces durante años— los síntomas se acumulan sin que nadie quiera pronunciar el diagnóstico completo, crisis económica, porque el que se quema con leche ve la vaca y llora. Se habla de desaceleración, de reacomodamiento, de transición, de ajuste necesario, de sinceramiento. Pero no de crisis económica. Hasta que ya es tarde.

En la economía real, las señales empiezan a repetirse con una familiaridad inquietante: paros por salarios que ya no alcanzan; fábricas que suspenden trabajadores porque no venden; empresas que despiden a la mitad de su personal; bancos que advierten que cada vez más familias dejan de pagar sus créditos, y en consecuencia pierden valor, porque caen sus acciones.

Cada noticia parece contar una historia distinta. Miradas juntas, todas hablan de lo mismo.

La pregunta es insoslayable: ¿son problemas aislados o estamos asistiendo a los primeros capítulos de una nueva crisis económica?

La Argentina conoce bien ese terreno. En las últimas décadas atravesó al menos ocho grandes recesiones, según distintos estudios sobre el ciclo económico: en 1989-1990, 1995, 1998-2002, 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018-2020, cortando ahí, sin contar la pandemia. Cada una de esas ocho grandes recesiones de la historia reciente tuvo causas distintas, pero todas dejaron una marca similar: caída del empleo, deterioro salarial y retroceso del consumo.

En el mundo del trabajo las señales vuelven a aparecer con nitidez. Allí es donde las transformaciones macroeconómicas dejan de ser abstracciones y se convierten en experiencias concretas.

En 2010, Amado Boudou, cuando fue ministro de Economía y tenía poco más de 50 años, buenmozo, sonriente, en la cresta de la ola por —como se le atribuye— haber capeado en la Argentina la crisis económica mundial provocada en Europa por el derrumbe de las subprime, y antes de pasar al ostracismo por la causa Ciccone —por la que terminó condenado y preso—, dijo una frase que sonó fuerte: “La economía es como el amor, cuanto más caliente, mejor”.

A lo mejor quien al año siguiente se convertiría en vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner tenía algo de razón. Porque la realidad evidencia que cuando la economía se enfría, lo primero que se enfría es el salario. Y más cuando está en el poder un gobierno como el de La Libertad Avanza, con el economista Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación: al dejar al Estado de brazos cruzados observando cómo el mercado acomoda todo, deja a miles de hogares a la deriva, sin protección, tras los despidos de los hombres y las mujeres que los sostienen económicamente con sus trabajos. Despidos que se informan, ya desde hace meses, todos los días. ¿Acaso no son ya despidos masivos? Porque así como se habla de crisis en determinados sectores y no de crisis económica, se cuentan los despidos pero no se habla de despidos masivos.

La quiebra de Garbarino, durante años uno de los gigantes del comercio de electrodomésticos en el país, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esa descomposición. El cierre de la compañía, y centenares de ellas más, desde pequeñas hasta grandes, se enmarca en un escenario de.desmoronamiento de las ventas minoristas y, en la industria, de plantas paralizadas, suspensiones y despidos, desde el sector textil hasta el metalúrgico y el autopartista. En muchos casos, las empresas explican el ajuste por la misma razón que repiten desde hace meses: la caída de las ventas en el mercado interno.

En el sector del neumático, por ejemplo, el cierre de Fate dejó a cientos de trabajadores frente a un futuro incierto, además de dejar a la Argentina sin fabricación nacional de neumáticos después de 86 años (ahora sólo lo harán las extranjeras Firestone y Pirelli); en la metalurgia advierten que decisiones de compra externa pueden dejar cientos de empleos en el camino; y en distintos rubros manufactureros se multiplican los recortes de personal. Son episodios que parecen inconexos, pero son parte de la misma serie: una estructura industrial que cruje por la caída del consumo, la presión de las importaciones y el enfriamiento de la actividad económica.

Hoy el salario mínimo en la Argentina cubre apenas una fracción del costo de vida. En diciembre de 2025 fue de $334.800, mientras que la canasta básica total para una familia tipo superó $1,3 millones. Es decir que el ingreso mínimo legal cubre apenas una cuarta parte de lo necesario para no ser pobre.

Eso explica también el incesante crecimiento del pluriempleo. Cada vez más trabajadores necesitan sumar un segundo —y a veces un tercer— ingreso para sostener la economía familiar. En los últimos años la proporción de personas con más de un empleo pasó del 8,5% al 11,9%, un aumento cercano al 40%, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo.

Detrás de esa estadística hay jornadas que se estiran hasta la madrugada, padres y madres que encadenan trabajos formales con changas, aplicaciones de delivery y de traslados, como Uber, Cabify y Didi, y demás “kioscos” para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

Incluso en el empleo formal, los ingresos crecieron por debajo de los precios durante 2025. La inflación anual cerró en 31,5%, pero el aumento de salarios no logró acompañar ese ritmo. El resultado fue una nueva caída del poder adquisitivo.

Así aparece un fenómeno que hasta hace pocos años parecía excepcional y hoy se volvió estructural: la pobreza dentro del empleo. Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza. Los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, denunciaron que perdieron un 56% de su salario real desde diciembre de 2023, lo que derivó en un paro nacional del sector. Y en el transporte automotor, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida aún mayor de su poder de compra En distintas ramas industriales, las paritarias quedan rezagadas frente al costo de vida. Cuando el salario se debilita, es el consumo el que lo sigue. Inevitablemente.

Desde hace meses las empresas vienen describiendo el mismo problema: las ventas se desploman. Y de ese diagnóstico se desprenden consecuencias concretas: suspensiones, despidos y, en algunos casos, cierres. Es bastante lógico. No hay que ser un especialista en la teoría económica de la Escuela Austríaca para entenderlo.

Textilana, histórica fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores por acumulación de stock.

La empresa Kopelco, conocida por producir los preservativos Tulipán, despidió a 220 empleados en sus plantas de San Martín y San Luis.

En ambos casos, la explicación empresarial fue la misma: la demanda cayó.

La industria es particularmente sensible a ese proceso. Cuando el consumo se enfría, la producción se reduce. Cuando la producción se reduce, el empleo industrial suele ser el primero en resentirse.

Y cuando los salarios ya no alcanzan y el consumo se retrae, la tensión termina filtrándose también en otro frente de la economía doméstica: las deudas.

Los balances de los principales bancos privados del país revelaron un aumento de la morosidad en los créditos de consumo, el nivel más alto en casi dos décadas.

Detrás de ese número hay miles de historias similares: familias que se endeudan para sostener gastos corrientes y que luego descubren que el ingreso ya no alcanza para pagar las cuotas.

Salarios débiles, consumo debilitado, empresas que ajustan producción, hogares endeudados.

En economía, esa cadena de eventos rara vez aparece por casualidad.

Ahora bien, ¿alcanza todo esto para hablar de recesión?

La respuesta técnica es más cauta. En la literatura económica suele utilizarse una regla práctica: un país entra en recesión cuando su producto interno bruto cae durante dos trimestres consecutivos.

Sin embargo, la definición académica más utilizada es algo más amplia.

El National Bureau of Economic Research (NBER), el organismo estadounidense que estudia los ciclos económicos, define una recesión como una caída significativa de la actividad económica extendida en toda la economía y que dura más de unos pocos meses.

Pero no se trata solo del producto. También cuentan el empleo, los ingresos, el consumo y la producción industrial.

Desde ese punto de vista, el diagnóstico es más ambiguo.

La Argentina todavía no atraviesa una recesión en sentido estricto. Pero varios indicadores empiezan a mostrar señales de enfriamiento.

La serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ayuda a entender este momento. Tras la profunda contracción registrada entre finales de 2023 y comienzos de 2024 —una de las consecuencias inmediatas del fuerte ajuste macroeconómico— la economía experimentó un rebote durante parte de 2024.

Ese repunte permitió hablar durante algunos meses de “milagro económico” de la Argentina (esta vez, atribuido a Milei) y de recuperación acelerada. Pero las economías no viven de milagros, sino de ingresos, consumo y producción.

Durante 2025 la actividad empezó a perder impulso. En varios meses se observaron estancamientos o leves retrocesos. No fue una caída abrupta, pero sí una desaceleración persistente.

Ese comportamiento agregado, además, oculta fuertes desigualdades sectoriales. La industria manufacturera y la construcción —dos de los grandes motores históricos del empleo formal en la Argentina— fueron también dos de los sectores más golpeados del ciclo reciente. La industria cayó 9,4% en 2024 y apenas logró crecer 1,6% en 2025, mientras que la construcción se desplomó 27,4% en 2024 y rebotó 6,3% en 2025, una recuperación todavía insuficiente para compensar el derrumbe previo.

Al mismo tiempo, buena parte del crecimiento reciente se concentra en sectores que generan poco empleo directo o tienen menor efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esa asimetría ayuda a explicar una paradoja cada vez más visible: algunos indicadores macroeconómicos mejoran, pero el mercado laboral y el consumo siguen debilitados.

En términos de ciclo económico, es el tipo de comportamiento que suele observarse en las fases previas a una recesión.

En el viaje se acomodan los melones

Mientras tanto, el modelo económico oficial insiste en una idea simple: el mercado se encargará de acomodar las variables. El Estado, en esa lógica, debe retirarse y dejar que los precios y los incentivos hagan su trabajo.

El problema es que los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman ajustes. En la vida se llaman despidos.

Los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman “ajustes”. En la vida cotidiana se llaman despidos.

Quizás cada una de estas crisis pueda explicarse por separado. La crisis salarial, por la inflación pasada. La crisis del consumo, por la pérdida de ingresos. La crisis del crédito, por el endeudamiento familiar. La crisis industrial, por la caída de ventas y por otro factor que golpea a la producción local: el aumento de las importaciones y el debate sobre el tipo de cambio.

Cada vez resulta más barato traer productos del exterior que fabricarlos en el país. Incluso algunos economistas —a los que el Presidente suele descalificar públicamente como “econochantas”— sostienen que el peso volvió a apreciarse en términos reales, lo que abarata las compras externas. Los econochantas hablan de atraso cambiario. A Milei eso le pone los pelos de punta. Lo cierto es que su política aperturista y su política cambiaria, las importaciones de bienes crecen con fuerza en distintos sectores manufactureros, mientras plantas locales reducen producción o directamente suspenden o recortan personal.

Cuando todas estas crisis aparecen al mismo tiempo, cuando el salario pierde poder de compra, cuando el consumo se enfría, cuando la industria disminuye su producción y cuando las familias empiezan a dejar de pagar sus deudas, el fenómeno deja de ser sectorial.

Tal vez la pregunta no sea si hay crisis en tal o cual empresa o en tal o cual sector, como el textil, que trabaja al 40% de su capacidad instalada, o como la industria toda, donde se registran 160 despidos por día desde que llegó al poder el tándem Javier Milei-Luis Caputo y su modelo libertario. La pregunta es, más bien, si todos estos síntomas —vistos en conjunto— no están describiendo algo más amplio. Una palabra que en la Argentina siempre llega tarde, pero igual termina apareciendo: crisis. O crisis económica, con todas las letras.

Javier Milei dijo hace unas semanas que Maquiavelo ha muerto, para reivindicar una política sin cálculo, sin intrigas, sin el manual del florentino. No citó, sin embargo, una frase asociada al autor de El Príncipe, erróneamente adjudicada pero sugestiva en este contexto: “Divide y reinarás”. No hay evidencia de que el Gobierno haya impulsado una maniobra concreta para fracturar al sindicalismo, aun cuando la reforma laboral más profunda en más de medio siglo se debate en el Congreso. Si la CGT termina partida, no será por diseño oficial. La división, en todo caso, sería interna, algo que el florentino advirtió al analizar las fracturas del Estado y que resulta extensible a otras organizaciones. Entonces, ¿Maquiavelo ha muerto?

La expresión “divide y reinarás”, vale recordarlo, no pertenece a Nicolás Maquiavelo. La fórmula latina divide et impera se atribuye a líderes de la Antigüedad, como Julio César o Filipo de Macedonia. En El Príncipe, sin embargo, Maquiavelo sí describe la utilidad táctica de dividir a los adversarios y, a la vez, advierte que las fracturas dentro del Estado pueden debilitarlo frente a amenazas externas. Esas fracturas internas que señalaba Maquiavelo, está claro, son proyectables a otro tipo de organizaciones, como las sindicales: a mayor fragmentación, menos poder.

Ahí Maquiavelo sí está vivito y coleando. Y también, cuando uno mira las acciones estratégicas pensadas y ejecutadas por el gobierno libertario para lograr que su reforma laboral sea ley. Sí consta, por ejemplo, que hubo y hay negociaciones políticas para asegurar votos legislativos —como la modificación del capítulo sobre Ganancias para evitar afectar recursos coparticipables de las provincias—, pero no hay pruebas de operaciones destinadas a quebrar la CGT. Si la central se divide, no será por ingeniería oficial sino por tensión interna. Esa tensión es visible y, por qué no, precursora de otra ruptura en su historia institucional.

La reforma laboral en debate modifica aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que rige desde hace más de medio siglo. La actualización de un cuerpo legal con décadas de vigencia es, ya sólo por lógica temporal, razonable y necesaria. El problema radica en la orientación concreta de los cambios pretendidos por la Casa Rosada: ampliación de períodos de prueba, redefinición de indemnizaciones, revisión de licencias, alteraciones en la negociación colectiva y varias modificaciones más en contra de los trabajadores.

La conducción de la CGT eligió convocar a un paro sin movilización el día de la votación en Diputados. La sola decisión de esa modalidad de protesta, un paro en silencio, provocó un torrente de críticas desde dentro del propio universo sindical. La UOM, ATE, los aceiteros, La Bancaria y los camioneros, sólo por mencionar un puñado, cuestionan la plaza vacía que a su criterio promueve la central obrera peronista en su resolución, justo ahora, cuando está a las puertas de ser ley una reforma regresiva de la Ley de Contrato de Trabajo.

En 2025 más de 150.000 trabajadores accedieron al seguro de desempleo y se registraron casi 22.000 empleadores menos desde la asunción de Milei. La primera semana del año dejó casi 400 trabajadores despedidos en el sector privado. El frigorífico creador de la marca Paty suspendió a 450 trabajadores y paralizó su planta en La Pampa. Lustramax fue denunciada por despidos sin telegrama y violación de fueros sindicales. Fate acumuló 13 meses sin pagar aumentos y sus operarios hablaron de un “laboratorio de la reforma laboral”. Lácteos Verónica cerró tres plantas con salarios adeudados. ¿Todo esto es culpa de la legislación laboral argentina en vigor o más bien de la política económica que ejecuta el tándem Javier Milei-Luis Caputo? ¿Hace falta una reforma laboral como esta para que los trabajadores vivan mejor o una de otro tipo, como las que avanzan en la región, en países como México y Brasil?

Desde el empresariado pyme, mientras tanto, surgieron advertencias sobre el impacto negativo de la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza. La CAME señaló que la reforma no garantiza creación de empleo y alertó sobre su potencial judicialización. No es un debate binario entre sindicatos y empresariado (en esta era mundial de rebrote conservador, apoyado deliberadamente por el Gobierno), porque también hay diferencias en las miradas de los hombres de negocios.

En la Argentina nada es nuevo. Por eso la posibilidad de una CGT fracturada no sería una anomalía en la historia del sindicalismo argentino, sino una recurrencia.

Desde fines de los años sesenta, la central obrera atravesó escisiones cada vez que las tensiones internas coincidieron con coyunturas políticas decisivas.

En 1968, bajo el gobierno de facto de Onganía, un dictador inepto que también promovió políticas en contra de los trabajadores, la división entre la combativa CGT de los Argentinos —con Raimundo Ongaro como figura emblemática— y el sector más negociador vinculado a Augusto Timoteo Vandor marcó uno de los quiebres más profundos.

Durante la última dictadura volvió a escindirse entre la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y la CGT Azopardo impulsada por Jorge Triaca y Armando Cavalieri.

En 1989, ya en democracia, otra división opuso a Ubaldini en la Azopardo con la CGT San Martín conducida por Güerino Andreoni. Y en el año 2000, con una reforma laboral como telón de fondo (la de la ley Banelco), la central volvió a fracturarse: Rodolfo Daer condujo la CGT oficial mientras Hugo Moyano encabezó una estructura paralela hasta la reunificación de 2004 bajo un triunvirato.

La última gran ruptura se produjo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la central se partió entre el sector que respaldaba al Gobierno, encabezado por Antonio Caló desde la Unión Obrera Metalúrgica, y la CGT liderada por Hugo Moyano, que tomó distancia y endureció su posición frente al Poder Ejecutivo. En aquellos años también se dividió la CTA, que continúa partida en dos hasta nuestros días.

La historia muestra un patrón: cuando el debate interno se superpone con reformas estructurales o crisis políticas, la unidad sindical se resiente.

Hoy el escenario vuelve a parecerse a otros momentos críticos de la historia sindical. Un gobierno liberal impulsa una reforma laboral estructural proempresa —la más profunda en más de medio siglo— en un contexto de deterioro del empleo y cierre de empresas. Y, como en otras etapas de reformas intensas, la discusión sobre cómo enfrentar ese cambio abre fisuras dentro de la propia central. La eventual fragmentación no surgiría de alineamientos con el poder político, sino de desacuerdos internos sobre el método de confrontación.

La tensión interna en la CGT no es solo táctica —paro con o sin movilización— sino conceptual. ¿La central obrera peronista debería preservar canales de diálogo institucional frente a nada menos que la reforma de la ley marco del trabajo en la Argentina o bien, ante el avance parlamentario de esta iniciativa, sin que el Gobierno los hubiera convocado siquiera a participar del debate sobre el texto, tendría que plantarse y demostrar su rechazo por todas las vías (por supuesto, también en la calle)?

En política, las divisiones no siempre son producto de una mano invisible que las provoque. A veces emergen de la acumulación de desacuerdos, de estilos, de lecturas distintas del momento histórico. Maquiavelo —el real, no el apócrifo— advertía que las discordias internas podían resultar más peligrosas que los enemigos externos. Es irónico: a tres semanas de que el Presidente declarara muerto a Maquiavelo, la escena política argentina vuelve a dialogar con él.

Si la reforma laboral se aprueba y la CGT mantiene su fractura, Milei no habrá ejecutado acciones de división premeditadas. Pero podría beneficiarse de un sindicalismo menos compacto por obra y gracia del propio sindicalismo. A veces, el poder no se construye solo por acciones deliberadas y estudiadas. A veces el poder se consolida gracias a las grietas ajenas.

El tiempo dirá si esta reforma, en el caso de que sea sancionada, inaugura un nuevo régimen laboral y abre, además, un nuevo ciclo de división sindical. Maquiavelo quizá no haya dicho nunca “divide y reinarás” e incluso puede que esté muerto, como sostuvo el Presidente. Pero su sombra sí que reaparece cuando el poder y las divisiones se cruzan en el mismo escenario.

JJD

Un pueblo de unos 700 habitantes del norte de España ganó el Gordo de Navidad y, sin embargo, no supo cómo cobrarlo. En Villamanín, una localidad de montaña de la provincia de León, la comisión de fiestas que había vendido participaciones del número premiado reconoció un error: había más papeletas en circulación que décimos reales que las respaldaran (el décimo es el cupón oficial de la Lotería de Navidad, el único que reconoce el Estado, aunque vender participaciones no es ilegal ni constituye fraude en España). El resultado fue un acuerdo frágil, una quita del premio a cada ganador y un conflicto que puso en tensión vínculos personales, expectativas económicas y la idea misma de justicia. El episodio, que podría leerse como una anécdota local, funciona en realidad como una endija por la que se ve algo mucho más grande: el Gordo de Navidad como fenómeno social, económico y laboral único en el mundo.

Para entender por qué un sorteo puede generar semejante conmoción —y por qué, al mismo tiempo, logra unir cada año a toda España— conviene explicar primero qué es, exactamente, el Gordo de Navidad. Se trata del principal premio del sorteo anual de la Lotería de Navidad, que reparte varios millones de euros y se celebra cada 22 de diciembre. El premio mayor es de 4 millones de euros y el Estado paga 400.000 euros por cada décimo del billete cuyo número haya salido sorteado (que en pesos argentinos, al tipo vendedor del euro de la pizarra del Banco Nación de este viernes son unos 700 millones) es decir, por cada décimo oficial de 20 euros. Cuando se dice que “un número ganó el Gordo”, lo que en realidad ocurrió es que cada décimo de ese número obtiene esa suma, que luego se reparte entre quienes lo comparten a través de participaciones. De ahí que un mismo número pueda “caer” en un barrio, una empresa o sólo entre los empleados de su área de ventas o su área de Recursos Humanos, un pueblo entero o cualquier institución pública o privada completa, multiplicando el impacto social del premio.

La dimensión del fenómeno se entiende mejor con un dato básico. España tiene alrededor de 48 millones de habitantes, una población muy similar a la de la Argentina, que ronda los 46 millones. Cada año, decenas de millones de personas participan del sorteo, ya sea comprando un décimo completo o alguna participación compartida. El Gordo atraviesa a la mayor parte de la población adulta y se integra a la vida cotidiana del país.

Como no todo el mundo puede o quiere gastar 20 euros (unos 35.000 pesos argentinos) en un décimo del billete, desde hace décadas existe una práctica informal pero masiva: las participaciones. Son fracciones de un décimo que venden asociaciones, sindicatos, comercios de barrio, escuelas o comisiones de fiestas (grupos de vecinos voluntarios, normalmente del pueblo, que se organizan para armar y financiar las fiestas patronales o de verano). El comprador juega, por ejemplo, cuatro euros al número y deja uno para financiar una actividad colectiva. Legalmente, la participación es un acuerdo privado entre personas: vale solo si detrás hay un décimo real que la respalde. No es un título oficial ni un instrumento financiero, sino una forma socialmente aceptada de repartir un premio potencial.

Ese sistema, basado en la confianza y en la escala pequeña, funciona casi siempre. Funciona porque las participaciones no circulan en abstracto, sino en espacios muy concretos del mundo del trabajo y de la vida cotidiana. Se venden en oficinas de empresas multinacionales —a veces por áreas o divisiones internas—, en pymes donde juegan todos los empleados, en talleres, en fábricas, en hospitales, en escuelas, en sindicatos. También en una farmacia de barrio, en un almacén, en un bar donde el dueño ofrece “el número de la casa” a los clientes habituales. Alguien pasa con una lista, anota nombres, junta el dinero, guarda el décimo en un cajón o en una caja fuerte improvisada. Se discute si el que entró hace poco “entra” o no entra. Se aclara que, si alguien deja el trabajo antes del sorteo, se le devuelve lo que puso o se acuerda que sigue participando igual. Todo eso ocurre en charlas de pasillo, en una pausa para el café, alrededor de una infusión caliente en pleno invierno o, a veces, al final de la jornada, compartiendo un albariño, un rioja o un cava. El Gordo se juega, ante todo, en el trabajo.

Por eso el problema de Villamanín no fue que existieran participaciones —eso es normal— sino que se vendieran más de las que podían respaldarse. El error pasó inadvertido mientras el número no salía premiado. El conflicto apareció cuando apareció el dinero. Y cuando apareció, lo que había que discutir ya no era una ilusión, sino un ingreso concreto.

Ahí el lenguaje cambia. Ya no se habla de suerte, sino de reparto. De quita. De acuerdo. De evitar juicios. De “perder todos un poco”. El conflicto se resolvió —al menos provisoriamente— como se resuelven muchos conflictos laborales: con negociación informal, presión comunitaria y sin acudir a los tribunales, con la idea de que es mejor cobrar que no cobrar nada.

Conviene, sin embargo, poner en contexto económico ese conflicto. La quita acordada fue, según los propios términos del arreglo, de entre el 2% y el 3% del premio que correspondía a cada ganador. No es un recorte insignificante, pero tampoco implica que el Gordo haya dejado de cumplir su función: quienes compraron de buena fe su participación o su décimo igual cobrarían y obtendrían ese ingreso extrasalarial que da sentido al ritual. El problema fue menos el monto perdido que el golpe simbólico al valor de la palabra, que opera como contrato en los pueblos, donde todos se conocen y donde cualquier conflicto se vuelve inevitablemente personal.

Ese punto es clave para entender por qué el Gordo importa tanto en el mundo del trabajo. El sorteo no interpela a grandes patrimonios ni a quienes viven de ingresos financieros. Interpela a trabajadores, cuentapropistas, jubilados. A personas para las cuales el salario ya no garantiza ascenso social ni estabilidad a largo plazo. Esto pasa en España; en la Argentina ya no alcanza ni para superar el umbral de la pobreza. El Gordo en España no se juega como inversión: se juega como posibilidad. Como un ingreso extrasalarial que, aunque improbable, es legítimo imaginar. Y esa imaginación no es individual: es colectiva.

A diferencia de otras loterías, el Gordo se juega en grupo. El número de la oficina, del taller, del hospital, del sindicato, de la escuela. El de la empresa multinacional donde cada departamento compra una participación. El de la pyme donde juegan todos, desde el dueño hasta el último incorporado. La compra del décimo o de la participación es una acción mínima, repetida por millones, que no distingue jerarquías ni ideologías. Todos hacen lo mismo. Todos esperan lo mismo. Nadie compite con nadie. Si toca en un lugar, no pierde otro. En términos laborales, el Gordo no premia mérito ni esfuerzo: redistribuye azar.

Eso explica por qué el sorteo atraviesa toda España, incluso comunidades con identidades propias muy fuertes como Cataluña o el País Vasco. El Gordo no pide adhesión política ni identidad nacional explícita. No representa al gobierno de turno ni a una idea militante de país. Es un ritual laico, previo a la política, que no divide. Comprar un décimo no es un gesto ideológico; es una forma de no quedarse afuera de una experiencia compartida. Por eso nadie lo boicotea.

También explica por qué no existe algo igual en otros países con economías estables. En Francia, Estados Unidos, Chile o Uruguay hay sorteos grandes y confiables, pero no hay un evento anual que combine acción colectiva, estabilidad institucional y aceptación cultural del azar. En muchos lugares, el juego está moralmente estigmatizado o confinado a espacios específicos. En España, en cambio, el azar convive sin culpa con el trabajo y una sociedad entera.

En la Argentina, el contraste es evidente. No existe un sorteo nacional con esa estabilidad ni ese consenso. La inflación, la endebleza institucional y la historia de cambios de reglas impiden que una lotería funcione como ancla simbólica. El lugar que en España ocupa el Gordo lo ocupa, de otro modo, el fútbol; más concretamente, la Selección en el Mundial: una pasión colectiva que suspende diferencias, organiza el calendario emocional y permite que una sociedad se piense junta. Pero mientras el fútbol une a través de la competencia y la épica, el Gordo une a través del reparto y la posibilidad compartida.

Villamanín mostró el límite del sistema: cuando el azar se vuelve demasiado real, la confianza se tensiona. Pero también mostró su potencia. Frente a un error millonario, una comunidad pequeña eligió negociar, repartir la pérdida y evitar la judicialización. No es poca cosa. En un mundo del trabajo cada vez más atomizado, donde el ingreso es incierto y la negociación colectiva se debilita, el Gordo de Navidad sigue funcionando —con todas sus contradicciones— como un raro dispositivo de igualdad simbólica.

No garantiza justicia. No corrige desigualdades estructurales. Pero una vez al año permite que millones de trabajadores imaginen lo mismo al mismo tiempo: que la suerte, por una vez, también puede jugar a favor de ellos.

JJD

El título de esta nota suena exagerado, como si fuera el producto del enojo, la desesperación o el pesimismo. Pero no debe ser leído desde esa perspectiva emocional. Cuando utilizo el concepto de tradición hago referencia a un fenómeno social tangible, que opera sobre la configuración del campo judicial en su totalidad y las personas que componen esas instituciones judiciales. Recurro a la presentación del tema que hace alguien que no puede ser catalogado de otro modo que moderado, sobrio, hasta en exceso. 

Me refiero a Bidart Campos, que da cuenta de esta tradición en su libro La Corte Suprema (Allende y Brea, 1982: 183 y ss.), comenzando con la “comunicación” del golpe de Estado de Uriburu, que depuso al Presidente Irigoyen. Ante las diversas posiciones posibles, la Corte emitió una Acordada fatídica para nuestra tradición institucional, en la que reconoció la legitimidad de “facto” de dicha asonada militar. 

La historia es bien conocida, pero recordarla no es el objeto de esta nota, sino evidenciar cómo nuestra Corte Suprema, a lo largo de muchas décadas y hasta el presente, se ha mostrado especialmente débil para sostener y exigir el cumplimiento de las reglas de juego por parte de los actores políticos instalados en cualquiera de los otros dos poderes del Estado. Un párrafo de esa Acordaba es fundante de esa tradición: “Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. 

Dejemos de lado el hecho de que no discutimos ya (por obra de muchas generaciones que han luchado por ello) el origen ilegal de un gobierno dictatorial, pero la frase que interesa es la que nos dice que no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Cuatro veces la Corte Suprema repitió esta idea (1943, 1955, 1966 y 1976), con las desastrosas consecuencias para nuestro país que conocemos o hemos vivido. En 1962, en lugar de responder un amparo positivo para que se reponga al presidente legítimo, apoyó su sustitución por Guido, presidente provisional del Senado. Bidart Campos es condescendiente con esta historia, a la que considera “equilibrada”, más allá de la angustia de los constitucionalistas, porque esta debilidad de la Corte no ha significado que pierda independencia e imparcialidad en otros casos. 

La tradición sumisa de la Corte no se manifiesta en los innumerables fallos que sigue dictando, con deliberación o no, conociendo lo que firma o a consecuencia de la “maquinaria” de relatores —lo que constituye otro grave problema, admitido incluso por integrantes de la Corte—; sino porque no protege con especial cuidado las reglas de juego institucionales y no permite (no es que reconoce) que las personas puedan tener éxito (como en la Acordada del 30) en los reclamos judiciales, para que esas reglas de juego, previstas en la Constitución Nacional como derechos de la ciudadanía, salgan fortalecidas. Esa es la tradición sumisa de la Corte. 

¿Qué tiene que ver ello con el presente? Claro está que nos encontramos con un gobierno que tiene legitimidad constitucional en su origen y elección. Nadie duda de eso. Pero luego, en el ejercicio de su poder, ha dejado de lado muy claras reglas constitucionales. Por ejemplo, el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional nos dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. ¿Es muy difícil comprender el sentido de esa norma? ¿No ha abusado el Poder Ejecutivo de un modo brutal con ese principio? No se puede decir que la excepción siguiente (los decretos de necesidad y urgencia, fundado en “circunstancias excepcionales”) es la verdadera regla, porque entonces el idioma español ya no vale en el mundo judicial. 

Se ha dicho que la Corte debe esperar que le llegue un caso, pero eso es también falso porque ante temas menores (recordemos el del traslado de jueces) no dudó en utilizar el avocamiento que permite saltar instancias. Lo que hace la Corte es aplicar la doctrina de la Acordada del 30, para desesperación de los ciudadanos. Es tan grande el abuso del Poder Ejecutivo y tan estruendoso el silencio cómplice la Corte, que el mal desempeño está a la mano, si no fuera porque este sistema les conviene a los representantes, que deberían ejercer el control sobre la Corte en nuestro sistema de pesos y contrapesos. El circulo vicioso se cierra. 

Nos dirán los ministros y algunos constitucionalistas, como ya decía Bidart Campos, que este es un tema menor, porque mientras tanto la Corte sigue fallando, a veces bien a veces mal, en muchos de los otros casos. Pobre consuelo leguleyo. Permitir que se degraden a este punto las instituciones es el peor de los males posibles, que ningún buen fallo en otra materia lo remedia. Además, transmite un pésimo mensaje a todo el sistema judicial, en especial a los Tribunales y Cortes provinciales que repiten el mismo funcionamiento sumiso ante los poderes provinciales. Se produce una doctrina burocrática de la indulgencia moral. La burocracia, como se ha dicho, se convierte en un espacio de fuga moral, donde la integridad de cada uno de los magistrados ya no importa e igual son aceptados por la academia, por los juristas, por los colegios de abogados, etc. El mundillo académico-judicial se rinde ante el boato del cargo, no ante la calidad de la función. 

Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo federal. La Corte le ha ordenado que nombre cargos previstos especialmente para poner en marcha los derechos de los ciudadanos (como el Defensor del Pueblo) y puede pasar más de una década sin que cumpla con esa regla constitucional. Dejar vacantes (esto es un decir, porque se llenan con jueces interinos) a los cargos judiciales se ha convertido en un negocio, incluso para sectores del Poder Judicial que no dudan en prestarse a ese juego espurio, por un suplemento de su sueldo. Ha establecido plazos para que se dicten normas de base constitucional (como la del Consejo de la Magistratura) y nadie hace caso, como si la Corte fuera una instancia de meras declaraciones abstractas. 

La degradación institucional que observamos cotidianamente no es un fenómeno natural. Es el resultado del accionar concreto de personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que podemos identificar, denunciar y, si la denuncia no tiene efecto, repudiar y guardar en la memoria. La última dictadura, la más terrible, contó con la complicidad silente de la administración de justicia que se escondía en la burocracia. Siempre me impactó ese papel de los jueces. ¿Si hoy tuviéramos un dictador —que por suerte no lo tenemos— sería el Poder Judicial un escudo que protegería la democracia, o se repetiría la complicidad del pasado? Por este camino me temo que fácilmente hallaríamos jueces que nos dirían que las violaciones a la Constitución Nacional “no pueden ser judicialmente discutidas con éxito por las personas en cuanto el Poder Ejecutivo ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social”. La tradición servil de la Corte sigue viva.

*El autor es Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

“Siempre sentí que es mucho más difícil para una mina, y para mí lo fue, ocupar un lugar de primera mañana donde la voz de la política o la economía sigue siendo mayoritariamente masculina en materia de opinión. Vos viste que las columnas de los domingos en los diarios son de varones, los que conducen mayoritariamente programas —muy mayoritariamente—de política y de economía son varones. Como si el saber de la opinión política y económica fuese una voz predominantemente masculina y eso no cambió mucho”.

“Por eso cuando entro a Metro, donde el resto de los conductores eran todos varones —salvo el programa de Wainraich que conduce con Julieta Pink—, me decían que ‘necesitaban poner una mina’. Y yo decía ‘bueno, al revés, preguntémonos por qué costó tanto que una mina llegue’. A mí me costó mucho más que a mis compañeros de camada poder llegar a tener un lugar propio en primera mañana, que es un horario ‘caliente’”.

Quien da cuenta de este panorama es María O’Donnell en el programa On the record (Cenital), una de las pocas periodistas mujeres, entre otras excepciones, que conduce un programa en la radiofonía mainstream argentina. Es difícil pasar por alto el capital social con el que contaba María cuando dio sus primeros pasos en el periodismo. Si a ella, integrante de la familia O’Donnell, le costó llegar, ¿cómo es para el resto de las mujeres que no cuentan con contactos de antemano?

Ahora bien, ¿es tan así? ¿Qué pasa con el lugar qué ocupamos las minas en los medios?

Como consumidora casi adicta a todo tipo de medios, se me hacía cada vez más difícil pasar por alto la preponderancia de varones en la mayoría de los espacios. Lideran, opinan, marcan agenda, hablan de “los temas que importan” y dan o quitan la palabra a su antojo, pues ellos son quienes están al frente. A priori esto produce que estemos todo el tiempo consumiendo miradas y voces sesgadas, donde no entran ni la voz, ni la perspectiva ni las problemáticas de las mujeres. Acompañamos, complementamos, pero no protagonizamos.

El recorrido de esta nota propone evidenciar a través de un relevamiento cuantitativo la predominancia numérica de los varones al frente de los programas de radios, canales de cable y de aire, y streams más vistos y escuchados de la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta spoiler: los datos arrojaron que el 68,72 % de los conductores son varones frente a un 31,09 % de mujeres, esto significa que 7 de cada 10 son tipos. Yendo a un análisis cualitativo, la mayoría de los programas liderados por conductoras son magazines de actualidad, tendencias, entrevistas a personalidades, infantiles y cocina. 

De acuerdo con los datos que arrojó el sitio Totalmedios (elaborados por Kantar Ibope Media), las cinco radios AM más escuchadas en el trimestre de julio a septiembre fueron Radio Mitre, Radio 10, Rivadavia, La Red y El Destape AM 1070. En estas emisoras se contabilizaron un total de 89 conductores varones y 27 conductoras mujeres. En ningún caso, las mujeres están al frente de programas en los horarios más “calientes” de la mañana. Las pocas afortunadas, como es el caso de Cristina Pérez, Nancy Pazos y Marcela Feudale, tienen programas diarios a partir del mediodía. Mientras que el resto comparte la conducción junto a compañeros varones, o bien solas pero durante los fines de semana. Un caso que evidencia este escenario es el de Radio Rivadavia, la emisora que menos diferencia presenta en paridad de género, sin embargo, solo Cristina Pérez mantiene un programa de lunes a viernes, mientras que las nueve conductoras restantes tienen espacio solo los fines de semana, este es el caso de Débora Plager, Guadalupe Vázquez y Camila Dolabjian. Profundizando esta tendencia se ubica Radio La Red, cuya única voz femenina es la de Clara Mariño y se la puede escuchar solo los domingos a las 8 de la mañana. Estamos en condiciones de afirmar que si el periodismo político es un terreno predominantemente de varones, en materia de deportes este concepto se agudiza.

Según Totalmedios, las cinco radios más escuchadas en el mes de septiembre fueron La 100, Aspen 102.3, Radio Disney (de la que no hay información disponible, por lo que, en su lugar, se relevó Radio Pop 101.5, ubicada en el sexto puesto del ranking mencionado), Rock and Pop 95.9 y Mega 98.3. 

El relevamiento arrojó que hay 49 conductores y 12 conductoras. Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizi Tagliani y Gabriela Radice son las únicas tres mujeres al frente de programas matutinos. Si bien a priori podría verse como una diferencia positiva en comparación con las AM, hay emisoras que ni siquiera cuentan con mujeres, como es el caso de ASPEN. 

En el caso de La 100 no tiene programas conducidos únicamente por mujeres. Las únicas tres lo hacen junto con compañeros varones de mayor trayectoria o peso en los medios, como es el caso de las duplas Guido Kaczka-Claudia Fontán, Mariano Peluffo-Julieta Prandi y Sergio Lapegüe-Mariela Fernández.

Otro caso llamativo es el de la Rock and Pop, que presenta un plantel notoriamente masculino con excepción de la periodista Carolina Orden, quien comparte la conducción del programa “A otra cosa mariposa” de lunes a viernes a las 19 hs, junto con un compañero varón; y le da voz al único programa de toda la grilla a cargo de una mujer, que se emite los domingos a las 7 am.

Siguiendo con los canales de stream —probablemente una nueva oportunidad perdida para democratizar los espacios y achicar las brechas de género— de acuerdo al ranking de En Directo Stream, los canales Luzu, Olga, Carnaval, Blender y Gelatina lideraron las visualizaciones en el mes septiembre de 2025 (mes en que comenzó el relevamiento).

Si bien en algunos canales no se ve una marcada diferencia entre la cantidad de varones y mujeres al frente de programas, es probable que se deba principalmente a las grillas mucho más acotadas en comparación con los medios tradicionales.

En el caso de Gelatina, si bien hay 5 varones y 4 mujeres al frente de programas, ellos tienen mucha mayor presencia en la grilla así como en los horarios centrales. Este es el caso de Pedro Rosemblat y Matias Colombatti, quienes conducen de lunes a jueves en las franjas principales, mientras que el “El Triángulo de Hierro”, a cargo de Agustina “Sugus” Leunda, solo tiene aire los días viernes y “Que olor”, conducido por Noelia Custodio y Charo López, se emite solo los días martes.

Algo similar ocurre en Luzu: no hay una diferencia tan marcada en la cantidad conductores y conductoras, sin embargo, los programas principales están a cargo de varones, mientras que las mujeres conducen espacios que no se emiten todos los días, como es el caso de Carina Zampini, Victoria Garabal y Karina “La Princesita”.

Olga, a priori, parece más parejo en cuanto a la presencia de mujeres en horarios y programas relevantes, pero no así en cantidad, dado que los varones cuadruplican la cantidad de mujeres en la conducción (16 varones y 4 mujeres). La primera mañana está conducida por Nati Jota y tiene otra figura fuerte por la tarde como es Lizi Tagliani, sin embargo, cuenta con programas conducidos netamente por varones, como es el caso de “Faltan varones”, “Paren a Olga” y “Golgana”. 

Carnaval también presenta una diferencia notable en la cantidad de varones y mujeres al frente de programas. Tal vez el único punto a favor es que tiene tres programas liderados por mujeres: Viviana Canosa, Mariana Brey y Juana Viale (éste último se emite una vez por semana), pero las figuras “fuertes” del canal siguen siendo tipos.

Dentro de los streams analizados, el caso más extremo es el de Blender, que directamente no cuenta con conductoras mujeres. El único programa es “Soundtrush”, a cargo de la presentadora Mikki Lusardi pero no forma parte de la grilla diaria. 

En el caso de los canales de noticias de la televisión por cable más vistos, si bien mantienen un formato más tradicional donde la conducción de noticieros se conforma con parejas, el número de conductores varones duplica al de mujeres: de acuerdo al relevamiento, hay 110 varones conductores frente a 56 mujeres. 

Los programas políticos en horarios centrales, siguen siendo un territorio de varones. Las mujeres que logran poner un pie son excepciones, como es el caso de Cristina Pérez, María Laura Santillán, Débora Plager y Carolina Amoroso con programas diarios a partir del mediodía, mientras que Nancy Pazos, Daniela Ballester y Laura Di Marco cuentan con programas semanales por la noche. El resto de las mujeres que logran tener un espacio propio conducen programas de espectáculos, como “Chicas pochocleras” (Barbie Simons y Fernanda Arena); entrevistas, como “Un día en la Vida” (Alexia Toumikian) y “Right now” (Julieta Camaño); música (Miss Bolivia); y ciencia (Lucila Entín).

Por último, en el caso de los canales de aire, la diferencia de conducciones por género no parece ser tan holgada en comparación con el cable. Se relevaron 95 conductores varones y 64 mujeres. Tal vez esto se puede explicar por la programación más “liviana” que presentan las grillas desprovistas casi por completo de programas políticos, y abocadas mayoritariamente a magazines de interés general, programas de espectáculos, cocina, infantiles y entrevistas. En este caso, las conductoras son numerosas: Mirtha Legrand, Gerogina Barbarosa, Moria Casán, Verónica Lozano, Pamela David, Mariana Fabbiani, Wanda Nara, Belén Ludueña, Yanina Latorre, Juana Viale, Panam, Flor de la V, Carmen Barbieri, Marcela Tauro, Jimena Monteverde, Laurita Fernández, Susana Rocasalvo, Belén Francese, Andrea Rincón, Karen Reichardt (flamante diputada) Tamara Petinatto, Marcela Baños y Coki Ramírez, solo por mencionar a las más conocidas. “Opinión pública” es el único programa político conducido por una mujer en la televisión de aire. El programa de Romina Manguel se emite los domingo a las 22 hs.

A 10 años de la última ola feminista ¿qué logramos efectivamente? Los números presentados señalan una clara desventaja numérica a la hora de liderar y conducir espacios en los medios de comunicación más relevantes. Entonces, ¿quiénes nos representan? ¿Dónde está la voz de las minas? ¿De qué hablan las que pueden estar? Y, en todo caso, ¿alcanza solo con estar? 

Son todos tipos, falta la mitad del mundo

Así comienza la descripción de la cuenta de instagram Son Todos Tipos, una iniciativa creada por tres mujeres que se proponen evidenciar la predominancia de varones en lugares de decisión y, además, meterse en la conversación, disputar sentido y mostrar otra mirada.

“Hoy, lo que más nos preocupa es la sobrerrepresentación de varones en casi todos los espacios de poder. En los medios, por ejemplo, la presencia masculina domina no solo la conversación: domina la edición, la producción y la agenda. Nosotras quedamos como espectadoras de contenidos que no están pensados para nosotras. Y también está la violencia online, que crece y busca expulsarnos del espacio público digital —ese lugar donde pasamos horas cada día. Por eso quisimos generar un espacio propio: un lugar donde podamos pensar, reírnos, compartir, y también poner sobre la mesa los temas que nos tocan desde una mirada feminista. Y todo esto se repite también en la política: no hay una sola gobernadora mujer en el país. Las decisiones que afectan a toda la población se toman desde una lógica muy reducida. Y mientras tanto, la inteligencia artificial —que debería ser ‘el futuro’— se construye desde la mirada de un puñado de tipos blancos de clase media alta. Todo eso también nos preocupa”, señala Candela Villalonga Zalazar, cofundadora de STT, politóloga y doctoranda (UBA).

Por si no lo habías notado, en efecto, Argentina no cuenta actualmente con gobernadoras mujeres, tampoco se las puede ver en el equipo económico del presidente y nunca lideraron el triunvirato de la CGT. No importa cuando leas esto, las minas —salvo escasas excepciones— no conformamos los espacios de poder. 

En el libro La rosca política (Siglo XXI), su autora Mariana Gené, se pregunta: “¿Para ser armador político hay que ser varón? La cartera del Interior, como la Jefatura de Gabinete, es una de las pocas que aún no fue ocupada por una mujer. Si bien otros ministerios históricamente considerados ‘masculinos’, como los de Economía, Industria, Seguridad o Defensa ya fueron comandados por Ministras, en Interior nunca hubo una mujer ni se rumoreó jamás la llegada de una a ese cargo. La bibliografía ha mostrado con claridad que las leyes de cupo o cuotas de género, materia en que la Argentina es pionera, aumentaron notablemente la inclusión de las mujeres en el Congreso, pero también tendieron a encarrilarlas en carreras parlamentarias, en tanto su acceso a cargos ejecutivos en todos los niveles (nacional, provincial, municipal) continúa siendo infinitamente menor”.

En el otro extremo, la investigación publicada en el libro Sin padre, sin marido y sin estado (Siglo XXI), revela que para la agrupación Mujeres Liberales Argentina (MLA), la agenda de cupo paridad también es uno de los principales tópicos de discusión. 

“Si bien la idea liberal clásica, que sostiene que ‘todos somos iguales ante la ley’, las posiciona contra las acciones afirmativas, MLA engarza la demanda por más mujeres en el liberalismo con la demanda de la leyes de paridad. Como señalamos, María (líder del MLA) comenzó su militancia en 2019 con esa agenda en el armado de la Junta Promotora de Hurlingham y en 2024 acompañó a la presentación del primer proyecto de Ley de Paridad de Género en la Corte Suprema de Justicia (…). María compartió los datos que difundieron en la actividad con otras integrantes de MLA: ‘En la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 100% son varones, en la Procuración General de la Nación ocupan el 72%, en la Defensoría General de la Nación el 62%, en la Justicia Nacional y Federal el 76% de las Cámaras’; y luego les preguntó, como disparador para abrir el diálogo: ‘¿Por qué, a pesar de rendir bien los exámenes, no eligen mujeres para ser altas magistradas de la Nación?’”. 

En el libro Rompimos el cristal (Paidós), la empresaria y dirigente industrial, Carolina Castro, le pregunta a Julia Pomares, directora ejecutiva de Cippec, su visión sobre el “tema de cupos aplicado a otros ámbitos no necesariamente relacionados a la política”.

“Creo que tenemos que superar una falsa dicotomía que está muy instalada entre el tema de cupos y la meritocracia. Ya se estudió mucho que gran parte de las mujeres que entran al sistema gracias a una cuestión de cupos suelen tener una mejor formación que la de sus colegas varones. O sea, que no entran mujeres peor formadas por una cuestión de cupos. Yo creo que el cupo funciona porque presiona al menos para empezar a generar un cambio. También soy consciente de que existe una falsa dicotomía, sin fundamento empírico, que vincula los temas de cupo en la política con los temas familiares y de parentesco. Esa idea de que si ponés cupo, los hombres terminan incorporando a mujeres solo porque son sus familiares. Yo creo que muchas veces en la política , como también en otros ámbitos de liderazgo, hay mucho nepotismo, lo que no quiere decir que sean siempre las mujeres las beneficiadas. Hay muchos datos que corroboran que hay tantos hijos de como hijas de. Sin embargo, si vos mirás cómo se estructura la política en el conurbano bonaerense, hay muchos más familiares varones en la conformación de los espacios de poder”. 

Por su parte, Magdalena Pérez, cofundadora de STT y politóloga (UBA) afirma: “El cupo fue clave. Gracias a esa ley pudimos empezar a equilibrar una cancha que estuvo inclinada desde siempre. Pero hace rato que quedó corto. Lo que necesitamos ahora es más representación feminista. No alcanza con que haya mujeres: queremos mujeres con perspectiva de género en la política, en la economía, en la música, en todos los espacios donde se toman decisiones”.

“Y déjenme sumar algo que siempre decimos con ironía: el cupo masculino existió toda la vida, aunque nadie lo llame así. Varones ocupando el 90% de los espacios como si fuera lo más natural del mundo. Por eso resulta casi absurdo que cuando nosotras pedimos cupo aparezcan los escándalos. El cupo masculino funciona hace décadas y jamás generó debate”.

“¿Alcanza con el cupo? No, pero fue condición necesaria para llegar hasta donde estamos. Y es un logro enorme del movimiento feminista, de sus pioneras y de quienes lo sostuvieron contra toda resistencia. Argentina es vanguardia en esto, y el mundo lo registra. Es importante recordarlo”.

Tomando este último punto queda claro que sin cupo las minas directamente no estaríamos en el radar, pero también se evidencia que no es suficiente. Volviendo al análisis de los medios, aparece de nuevo la pregunta ¿qué lugar estamos ocupando las mujeres? No estamos ni en los horarios ni en los espacios centrales y, cuando excepcionalmente lo hacemos, la mayoría de las veces estamos escoltadas por alguien que —¡oh, sorpresa!— ¡es un varón! 

Además, parece que tampoco se nos está permitido hablar de todos los temas. La política, la economía y el deporte son territorios repletos de testosterona donde de vez en cuando se nos deja meter un bocado, contar noticias, complementar información o apuntarle datos al conductor despistado. Todo indicaría que las minas estamos destinadas a las columnas sensibles, a hablar de espectáculos y de cocina. También parece que nos queda muy bien dar la hora y la temperatura, y encima estar buena, caso contrario en la tele no podés estar.

Entonces, la discusión ya no debe centrarse exclusivamente en sí estamos o no, sino en cómo estamos, de qué manera y cuestionar esos roles previamente asignados. 

“La estrategia más poderosa sigue siendo la misma: unirnos. Armar redes, tender puentes, y hacernos piecito entre nosotras para llegar a lugares que solas serían imposibles. En un sistema que históricamente nos dejó afuera, la salida jamás es individual. La fuerza está en lo colectivo: compartir recursos, abrir puertas, pasarnos contactos, sostenernos cuando alguna flaquea. También es clave construir alianzas en espacios que no son feministas de entrada, pero donde hay personas dispuestas a mover estructuras desde adentro. No alcanza con estar: hay que ocupar con perspectiva, cuestionar prácticas, proponer otros liderazgos y visibilizar lo que todavía sigue oculto”, finaliza la tercera cofundadora de STT, Victoria Grinstein socióloga (UBA) y maestranda en estudios y políticas de género.

Aclaraciones metodológicas: Los relevamientos se realizaron casi en su totalidad de acuerdo a las información disponible en las páginas oficiales, canales de YouTube y perfiles de redes sociales, tanto de los programas, como de quienes conducen. El análisis comenzó en el mes de septiembre de 2025 y culminó en noviembre. Si bien puede haber cierto margen de error de acuerdo a la información encontrada, eso no cambia significativamente los números que arroja el relevamiento.

*La autora, Soledad De Marco, es comunicadora social, especializada en periodismo y medios (UBA y UCES).

Esta nota de Soledad De Marco fue publicada originalmente en la revista digital Vayaina Mag.

JJD

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”.

La frase pertenece a Margaret Thatcher, símbolo del neoliberalismo global, y sintetiza una visión donde los derechos colectivos son un estorbo para el mercado. Javier Milei no oculta su admiración por esa mirada y por la propia expremier británica: su proyecto de reforma laboral propone traducir esa consigna en política concreta.

La Argentina es hoy la tercera economía de América Latina, pero en materia de política laboral avanza en sentido opuesto a las dos primeras. Mientras Brasil y México —con gobiernos de izquierda— impulsan reformas que reducen la jornada laboral y fortalecen la negociación colectiva, el oficialismo argentino promueve un proyecto que flexibiliza, desregula y erosiona la arquitectura de derechos laborales.

La reforma de 182 artículos filtrada esta semana confirma lo que ya se venía anunciando: la intención del presidente Javier Milei de redefinir el trabajo como una relación individual, sin mediación gremial, con derechos recortados y poder concentrado en el empleador.

Una estrategia de descolectivización

El núcleo ideológico del proyecto es claro: romper la fuerza organizativa del trabajo. Al habilitar convenios por empresa, fragmenta la negociación sectorial, base histórica del sistema argentino de paritarias. Esta lógica debilita a los gremios, obliga a cada planta a negociar condiciones distintas y desarma la capacidad colectiva para discutir salarios. Es un modelo atomizador, que sigue la regla de “divide y reinarás”. Los convenios por empresa ya figuraban en borradores previos. Lo venía anunciando a viva voz, el Federico Sturzenegger, siempre sonriente, convencido de que está dando buenas noticias permanentemente.

Descolectivizar es desorganizar, y desorganizar es hacer que cada trabajador enfrente solo a su empleador. En ese esquema, reclamar deja de ser un derecho colectivo para volverse un riesgo individual.

La magnitud del impacto no es menor: más del 70% de los trabajadores registrados están alcanzados por convenios colectivos de actividad. Su desarticulación significaría desmantelar uno de los pilares centrales de la estructura laboral argentina, vigente desde mediados del siglo XX y clave en la recuperación económica post 2001

Salario por productividad: una idea tentadora que puede ocultar inequidad

El Gobierno sostiene que quiere “modernizar” el mercado laboral. Uno de sus argumentos es reemplazar los aumentos generales por esquemas de productividad, donde cada trabajador podría ganar más si produce más. En teoría, suena justo. En la práctica, convierte el salario en un premio discrecional, sometido a criterios poco transparentes y fácilmente manipulables.

Además, desconoce las desigualdades estructurales entre empresas: no es lo mismo una pyme que una multinacional, ni un taller textil que una planta automotriz. Al desligar los sueldos del marco paritario y atarlos al rendimiento individual, se introduce una competencia interna constante entre trabajadores que desgasta, precariza y erosiona la solidaridad gremial.

El oficialismo lo defiende como un mecanismo de eficiencia. Pero no hay productividad posible cuando las condiciones básicas —como estabilidad, descanso y previsibilidad— se ven recortadas.

La vuelta al trabajo como mercancía

El proyecto también incluye:

En conjunto, estas medidas desarman el concepto de trabajo como derecho y lo reconfiguran como mercancía bajo reglas de mercado. Un producto que se ofrece, se pacta y se extingue sin protección ni comunidad.

Tampoco se incluyen disposiciones sobre licencias parentales, cuidados ni perspectiva de género, a pesar de los reclamos del movimiento feminista y del peso creciente del trabajo reproductivo en la agenda laboral.

El contraste regional: Lula y Sheinbaum, el espejo invertido

Mientras tanto, Lula en Brasil y Sheinbaum en México defienden el camino opuesto. El presidente brasileño propuso reducir la jornada legal de 44 a 40 horas, cuestionando que el aumento de la productividad no haya sido devuelto en tiempo libre. La mandataria mexicana impulsa una ley que llevará la jornada a 40 horas sin baja de salarios, con amplio consenso sindical y empresarial.

Ambos casos tienen algo en común: parten del supuesto de que el trabajo no debe adaptarse al mercado, sino al bienestar social. En cambio, Milei parte de la premisa contraria: que el mercado es el único ordenador posible, y que el Estado debe retirarse incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.

La reforma argentina no surge de foros de consulta ni de diagnósticos participativos, como en México, ni busca redistribuir los frutos del crecimiento, como plantea Lula. Es una reforma escrita desde la cúpula, con base empresarial, sin mediación sindical ni política, impulsada en un contexto de recesión, pérdida salarial y conflictividad social creciente.

Lo que está en discusión no es solo un nuevo régimen laboral sino qué tipo de ciudadanía se construye a través del trabajo. El modelo Milei propone una ciudadanía individual, fragmentada, disciplinada por el mercado. Sin paritarias, sin convenios por actividad, sin estabilidad, el trabajador se convierte en una variable más del cálculo empresarial.

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”, fue una potente declaración de Thatcher, que reflejaba su ideología neoliberal y su defensa del individualismo, enfatizando la responsabilidad personal y familiar sobre el rol del Estado. La mandataria es venerada abiertamente por Milei, quien reivindica su figura en entrevistas y discursos, y replica su doctrina de desregulación, antisindicalismo y ruptura del Estado como garante de derechos colectivos.

La reforma laboral propuesta en la Argentina puede leerse como una traducción literal de esa frase: un intento de desmantelar los marcos colectivos —convenios, sindicatos, paritarias— que reconocen al trabajo como una dimensión social y no meramente contractual.

La Argentina no solo se aísla de sus principales socios regionales. Rechaza el rumbo progresivo que la región empieza a explorar en el mundo del trabajo y avanza en una dirección solitaria, de alta conflictividad y con riesgos institucionales.

Una modernización sin derechos es otro ajuste más de este gobierno, con otro nombre.

JJD

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

La historia de la sociedad argentina estuvo marcada, desde muy temprano, por un poderoso impulso igualitarista. ¿A qué se debe este fenómeno, que moldeó las formas de interacción social y tuvo consecuencias decisivas en nuestra vida pública? ¿Qué factores le dieron forma? ¿Cuáles fueron sus límites? ¿Cómo se transformó en el tiempo? En este episodio de Historiar, Roy Hora conversa con Juan Carlos Torre sobre estos problemas a propósito de un ensayo reciente de este autor titulado “Naides es más que naides. El impulso igualitario en la trayectoria de la sociedad argentina”.

Entrevistado: Juan Carlos Torre

Conducción: Roy Hora

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

¿Qué es el aquelarre y de dónde proviene este concepto? ¿Es un complot, una asamblea de brujas? ¿Quién lo define? ¿Los crímenes a los que alude son puramente imaginarios o tienen algo de realidad? ¿Cómo interviene la conquista de América en las visiones del canibalismo y la brujería? ¿Y cómo incide la imprenta? En este episodio Judith Farberman conversa con Fabián Campagne sobre imaginarios de larga duración, presentes en el folklore barroco y en cuentos infantiles como Hansel y Gretel o Pulgarcito. 

Entrevistado: Fabián Campagne

Conducción: Judith Farberman

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

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¿Cómo se visten quienes viven en el Buenos Aires del siglo XIX? ¿Hay moda? ¿De dónde proviene la ropa, con qué telas se hace? ¿Cómo son las tiendas? ¿Hay modistas y sastres? ¿Cómo juega “lo francés” como marca de prestigio? ¿Dónde consiguen sus prendas los menos pudientes? En este episodio, Cecilia Tossounian conversa con Teresita Garabana y Gabriela Mitidieri sobre aquel mundo del vestir, sus reglas, sus productores y consumidores.

Conducción: Cecilia Tossounian

Entrevistadas: Teresita Garabana y Gabriela Mitidieri

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

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A principios del siglo XX, la demanda de elecciones libres y honestas movilizaron a la elite dirigente y a la opinión pública, abriendo el camino para una serie de reformas electorales cuyo hito mayor fue la Ley Sáenz Peña de 1912. ¿Qué prácticas fraudulentas quisieron desterrar y qué tipo de ciudadano imaginaron? ¿Hubo intentos para incluir a las mujeres en el derecho a voto? ¿Qué papel jugaron los partidos políticos? En este episodio, María José Navajas conversa con Luciano de Privitellio sobre las elecciones argentinas en las décadas que van de 1890 a la década de 1920, y examina las distintas percepciones y propuestas de los contemporáneos, así como los nuevos desafíos que dejó abiertos la instauración del sufragio secreto y obligatorio en 1912.

Entrevistado: Luciano de Privitellio

Conducción: María José Navajas

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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Un día como hoy, hace exactamente 70 años, se produjo un golpe de Estado que derrocó a Perón. El golpe inició un proceso conocido como “desperonización”. El decreto 4161 de 1956 fue el símbolo institucional de esa política: prohibió la sola mención del nombre de Perón o de Evita, las imágenes, los himnos y cualquier manifestación pública de la identidad peronista, bajo amenaza de cárcel. La proscripción fue absoluta: buscó extirpar al peronismo del tejido cultural de la Nación.

Sin embargo, no se trató solo de la proscripción política y la persecución a dirigentes, sindicatos y militantes, sino también de un fenómeno social más complejo: muchos dirigentes peronistas dejaron de hablar de Perón. Desde luego, el miedo es un factor que juega siempre; también el oportunismo, la conveniencia, los posicionamientos personales o fraccionales. Sin embargo, también existieron cuestionamientos -no necesariamente acertados pero sí legítimos- que precedieron al golpe. Las diferencias con el líder podría resumirse en sus dos extremos: los que rechazaron la vía del “5x1” y los que rechazaron la consigna “entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo”.

Tras el golpe, la propia masa -que había llenado la Plaza de Mayo días antes- sufrió un fuerte reflujo. Si bien no tardaron en aparecer núcleos de resistencia activa, buena parte del pueblo peronista quedó desorientado, disperso o atemorizado y tardaron años en recomponer la fuerza colectiva que mantuvo viva la identidad hasta el retorno de Perón. Los primeros focos de la Resistencia Peronista, como el levantamiento de Valle, fueron ahogados con fusilamientos clandestinos, disciplinando por un tiempo la resistencia.  

En ese contexto, el silencio, la autocensura, el miedo a portar una foto o cantar una marcha fueron parte de esa primera etapa. La desperonización no fue sólo una política represiva del Estado; también fue la consecuencia de la fragilidad de las certezas en tiempos de derrota. En ese ambiente surgió el neoperonismo. 

Hoy, setenta años después, asistimos a un intento de “descristinización”, que no se inicia con un golpe militar sino con un largo proceso de desgaste que derivó en un golpe mediático-judicial. En este caso, el instrumento es otro: no un decreto, sino una sentencia. El fallo que inhabilitó a Cristina Fernández de Kirchner a ocupar cargos públicos tuvo la misma lógica que aquel infame decreto: la voluntad de apartar a la figura central de la política argentina mediante un mecanismo institucional que busca legitimar la exclusión. 

Si en 1955 se prohibía pronunciar un nombre, en 2025 se impidió que otro nombre figure en la boleta. En su exilio domiciliario, Cristina sufre similares limitaciones que Perón en Puerta de Hierro. El contacto con el pueblo y su rol de conducción se encuentran intervenidos por coacciones ilegítimas del partido judicial que cumple el mismo papel que el partido militar.  

La operación es similar en sus objetivos: despojar al pueblo de la posibilidad de elegir a su dirigente, forzar un vaciamiento de representación popular mediante la proscripción y provocar una ruptura interna entre las distintas posturas en torno a cómo encarar la vida política. La historia nos permite anticipar lo que puede suceder si cometemos el mismo error. 

La inhabilitación de la mismísima presidenta del Partido Justicialista, la columna político-electoral del Movimiento Nacional, no cambia las reglas del juego… impone un juego nuevo, ilegítimo y tramposo. Este accionar se refleja también en las últimas maniobras de la Justicia, que le impedirán a Cristina votar en las próximas elecciones de octubre, a pesar de que, según la sentencia de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, no anula su derecho de participar en los comicios. Aún así, la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo por “incumplimientos de los procedimientos legales establecidos”. 

“Sin Cristina hay Peronismo”, Gerardo Milman. 

Con esa frase impresa en un escrito legislativo -nada más y nada menos que un proyecto de ley- donde se anticipaba el intento de asesinato contra Cristina, Gerardo Milman inauguró la versión contemporánea del neo-peronismo: un intento de pergeñar una farsa que contenga la forma pero no la esencia del Movimiento para finalmente destruirlo. 

El primer neo-peronismo fue una estrategia que, por un tiempo, tuvo considerable éxito dentro de la Argentina para contener a las fuerzas del Movimiento Nacional y Popular. Ex ministros, dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, militantes buscaron en esa posición mecanismos de supervivencia. Las motivaciones de cada cual son inescrutables. No eran todos “traidores”. Muchos buscaban lo mejor para el pueblo y la clase obrera en momentos de turbulencia. 

Tanto es así que la historia revela cómo fueron cambiando las posiciones con el devenir de los acontecimientos; algunos incluso, después de las dudas iniciales, fueron vanguardia de la resistencia. Otros que adoptaron la línea dura en un comienzo, se sumaron a las filas del sello legalista Unión Popular. Me viene a la cabeza la metáfora que me enseñó un hombre de mar, Juan Carlos Smith, Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento: en tiempos de turbulencia, los tripulantes pasan incesantemente de un lado a otro del buque. 

Volvamos a Gerardo Milman. El conspicuo represor macrista marcó el programa descristinizante del poder real. La tentativa de asesinato inducido con una campaña sistemática de instigación a la violencia física contra Cristina fue un primer paso. Fracasada esa variable, llegaron las nuevas instrucciones del poder real desde el Diario Clarín, su pasquín oficial: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Finalmente, la escribanía de ese mismo poder -sita en el Palacio de Tribunales- rubricó con tres firmas y en tiempo récord la proscripción. Que siga el peronismo, pero sin Cristina. 

El peronismo sin Perón -la desperonización- es análogo al peronismo sin Cristina -la descristinización—. Noto que no se dimensiona adecuadamente la gravedad política de la proscripción de Cristina. No se trata de la postura de tal o cual dirigente; lo noto en muchos actores influyentes dentro del movimiento -dirigentes, comunicadores, intelectuales- como una tendencia desviada frente a un golpe del enemigo que ninguno de nosotros creó. No lo señalo desde una posición de certezas absolutas ni de superioridad moral, mucho menos en clave internista; simplemente quiero remarcar que esto está sucediendo y debemos registrarlo. 

Pero la frase de Milman tiene una segunda parte que expresa el núcleo de la estrategia: “Sin peronismo, sigue habiendo Argentina”. Aquí está el quid de la cuestión. Correr a Cristina es el primer paso para destruir el peronismo. Es posible que, de triunfar esa estrategia, seguirá habiendo Argentina… pero será una Argentina antidemocrática, injusta, dependiente y colonizada. La Argentina que quiere Javier Milei. 

El funcionamiento del movimiento cuando su líder está proscripto es siempre complejo. No es lineal, no se resuelve en blanco y negro, ni se trata de buscar culpables, cazar traidores o ensalzar leales. Es un proceso de búsqueda de síntesis, donde conviven el desconcierto, la adaptación y la resistencia. Entre la traición explícita y la verticalidad absoluta hay una enorme gama de posiciones, errores, aciertos, debates, discusiones; todo derivado del caos creado por el poder. Nuestro desafío es transitarlas dignamente. 

Esa dignidad que requiere la acción política en un régimen ilegítimo tiene dos dimensiones inexorables: combatir la descristinización y evitar la parálisis. 

La lectura de este artículo en clave internista sería la negación de una de las dos tareas, así como la cancelación de un aporte al rediseño de una estrategia prospectiva, nacional y popular.  

Un futuro con Cristina libre y presente. Un futuro con trasvasamiento generacional y social diseñado junto a Cristina como intentó el propio Perón. Un futuro con peronismo, actualizado en su doctrina, remozado con nuevas representaciones. Un futuro con Argentina Justa, Libre y Soberana. 

Podemos lograrlo. 

MC

La guerra en Ucrania ha traído a Rusia a la conversación. Por regla general, lo que se dice proviene de imágenes añejas sobre este país, forjadas a lo largo de mucho tiempo. En este episodio, Martín Albornoz conversa con Martín Baña sobre los imaginarios de Rusia en Argentina. ¿Cuál ha sido la impronta de la literatura y la música del siglo XIX en este modo de ver? ¿Cómo incidió el advenimiento de la Unión Soviética? ¿Cómo se comparan estas representaciones con los símbolos predominantes en la Rusia de Putin? ¿Cómo opera la nostalgia del comunismo? ¿Y cómo llegan esos elementos a bandas de rock argentino?

Conducción: Martín Albornoz

Entrevistado: Martín Baña

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell 

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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¿Qué diferencias hay entre la ciudadanía y la nacionalidad?¿Qué significa naturalizarse? ¿Qué clase vínculos políticos y jurídicos crean estas categorías entre los individuos, la comunidad, y los estados? En este episodio de Historiar, Pilar Gonzalez Berlando de Quirós explora la historia de estas nociones desde una perspectiva que incluye las leyes, el debate público, y las vivencias de la gente corriente. Conversamos sobre los desafíos de las grandes migraciones, la xenofobia, e indagamos en algunas particularidades de la concepción de la ciudadanía en la Argentina desde el siglo xix hasta nuestros días.

Conducción: Nicolás Sillitti

Invitada: Pilar Gonzalez Berlando de Quirós

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

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Desde 2010, cada 30 de agosto la ONU convoca al mundo a recordar a las víctimas de desapariciones forzadas. Lejos de un ritual encapsulado en una fecha del calendario, se trata de mantener, todos los días del año, el desprecio hacia una de las prácticas más atroces del poder estatal. Y también de garantizar su impedimento.

Cierto que en nuestro país, esta memoria resuena con una densidad. La valentía de un periodista le hizo confesar al tirano: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”. Y la reacción frente a experiencia sufrida en la última dictadura cívico-militar hace medio siglo nosconvirtió en referencia universal y hasta hoy constituye marca indeleble. Ahora, ¿Cuál es su sentido de futuro?

La respuesta no puede reducirse a la evocación del pasado. Y menos aún en un presente marcado por la relativización —cuando no la reivindicación— de los crímenes de Estado, al tiempo que persisten hipótesis de desaparición forzada, como lo evidenció, hace apenas un año, el caso doloroso de Loan Peña.

Cuando este niño correntino de apenas cinco años no fue habido, la primera línea de pesquisa apuntó precisamente a la tipología de desaparición, tras la ubicación en escena de integrantes de fuerzas. La burocracia judicial —oscilando entre instancias provinciales y federales— expuso un tratamiento burdo y descoordinado, con ausencia de temprana reacción institucional y hasta la participación de autoridades extranjeras, reflejo de desconfianza en las capacidades locales. Los reconocidos Protocolos de Minnesota y de Estambul, como tantas herramientas esenciales para investigaciones de esta gravedad, quedaron archivados en los escritorios, sin traducción práctica. En el colmo del disparate y el desprecio por las víctimas, se proclamó la radiografía de animales.

Hoy, Loan no es solo un nombre. Es la advertencia de que la desaparición forzada puede reaparecer bajo nuevas formas, con víctimas especialmente vulnerables, como lasinfancias, cada vez más empobrecidas. La indiferencia que siguió a la propaganda inicial —en parte porque se trataba de un niño provinciano, lejano del centro— revela cómo opera la crueldad de la reacción estatal y también social. Allí donde todavía se cree que la vida vale menos, la desaparición encuentra campo fértil.

Por eso un 30 de agosto no puede ser leído como un mero ejercicio de almanaque. La fecha nos advierte sobre el riesgo de seguir hipotecando el futuro, cada vez que el Estado no protege a sus excluidos, cada vez que el sistema penal fracasa en dar respuestas, cada vez que la sociedad se acostumbra al silencio. Hace tiempo que la deuda dejó de ser externa, medida en cifras y compromisos financieros. Antes, esa deuda es interna y ética, y se orienta a resguardar la dignidad de quienes más cuidado necesitan.

Recordar a los desaparecidos siempre implica impedir que nuevas generaciones crezcan bajo el signo del miedo y la desprotección. Y, sobre todo, que la desaparición siga siendo una posibilidad en nuestra democracia.

*La autora es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Observatorio Memoria y Justicia.

El vínculo entre catolicismo y peronismo evoca postales célebres, entre las que figura la quema de iglesias de 1955. Pero como han demostrado varios estudios, esa relación fue mucho más compleja de lo que ese cuadro puede sugerir. Y lo es mucho más si corremos el foco de Buenos Aires. En este episodio Lucía Santos Lepera y María Elena Barral conversan sobre algunas manifestaciones menos conocidas de este vínculo. ¿Cómo se involucran los curas párrocos en provincias como Tucumán? ¿Cómo viven los funerales de Eva Perón las mujeres católicas de esa provincia? ¿Cómo se manifiesta allí el conflicto de 1955?

Conducción: María Elena Barral

Entrevistada: Lucía Santos Lepera

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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