Sin dar mayores precisiones, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, anunció este jueves la implementación de un régimen de “borrón y cuenta nueva” para resolver deudas recíprocas entre la Nación y las provincias, medida que será publicada en el Boletín Oficial. Según el funcionario, el esquema busca restablecer el federalismo al permitir que las provincias ordenen sus cuentas y avancen hacia una autonomía financiera y económica genuina. De todas maneras, a juzgar por las respuestas a las preguntas que le hicieron los periodistas, no está claro aún la manera en que se implementará. El funcionario tampoco quiso revelar si hay un cálculo del monto de las obligaciones que se buscan cancelar o canjear tanto de la Nación como de las provincias. Está todo, más bien, por verse.

“En las últimas décadas, el centralismo de la Nación ha complicado las relaciones fiscales con las provincias, y queremos revertir esa situación en línea con el objetivo de orden fiscal planteado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión”, afirmó Catalán en una conferencia que dio en la Casa Rosada. El segundo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete señaló que esta medida se enmarca en un “diálogo sincero” que el Gobierno planea establecer con las 24 jurisdicciones, en el que las provincias pueden acogerse al régimen voluntariamente.

El vicejefe de Gabinete explicó que, a través de diversas herramientas, el régimen busca compensar las deudas mutuas con “creatividad” y una “maquinaria imaginativa”. Entre las herramientas propuestas están la transferencia de empresas estatales y tierras fiscales a las provincias, así como la concesión de rutas nacionales. “Nuestra intención es desatar las fuerzas productivas provinciales y que las economías regionales generen riqueza genuina”, destacó Catalán.

Catalán aclaró que las provincias interesadas tendrán un plazo de 30 días hábiles para acogerse al régimen y de 60 días hábiles adicionales para presentar la documentación que acredite las deudas. Para la implementación, se designará como interlocutores a los ministros de Economía y Hacienda de cada provincia, y en el ámbito nacional será el Ministerio de Economía, bajo la Secretaría de Hacienda, el encargado de las funciones operativas.

“El objetivo no es imponer, sino ofrecer un marco de cooperación en el que tanto la Nación como las provincias podamos acordar soluciones conjuntas”, remarcó Catalán. Agregó que el régimen, que permitirá el ordenamiento de cuentas fiscales tanto nacionales como provinciales, está basado en el “federalismo verdadero que hizo grande a Argentina con la Constitución de 1853”. En este sentido, enfatizó la importancia de que la Nación no restrinja el crecimiento autónomo de las provincias, sino que les permita “conducir su propio destino”.

El funcionario detalló que este mecanismo permitirá a las provincias reducir su dependencia de la Nación y estimular la atracción de inversiones. Afirmó que la idea es “empezar un futuro con un borrón y cuenta nueva”, logrando así “cuentas ordenadas de la Nación y de las provincias”, y subrayó la disposición del gobierno a escuchar propuestas adicionales de las provincias para la compensación de deudas.

Catalán también explicó que las provincias que decidan no adherirse al régimen mantendrán la relación interjurisdiccional actual, sin motivo de judicialización, salvo por cuestiones de relevancia. “Es voluntario, y si alguna provincia considera mejor no acogerse, respetaremos esa decisión”, indicó, añadiendo que la relación fiscal actual no se verá afectada para aquellas que opten por no participar.

Finalmente, Catalán mencionó que la iniciativa ha sido bien recibida por algunos mandatarios provinciales en conversaciones preliminares. “En el contexto del ordenamiento fiscal actual del gobierno, donde el equilibrio de las cuentas es clave, esperamos que esta medida sea bien acogida y que genere beneficios a largo plazo para todas las jurisdicciones y los 45 millones de argentinos”, concluyó.

JJD

Entre el Alberto Fernández candidato que en 2019 dejaba absortos a entrevistadores televisivos empeñados en hablar loas del modelo económico de Cambiemos y el autor del tuit “Mi decisión” del viernes por la mañana, hay un hilo conductor. Trasunta entre éste y aquél el texto de un abogado progresista nacido en Paternal, capaz de arbitrar entre peronismos en pugna, de La Matanza a Tupungato; un crítico de “los tres problemas que dejó Cristina Fernández de Kirchner, cepo, inflación y déficit fiscal”, pero más alejado todavía de experimentos supuestamente liberales que en Argentina terminan, por norma, en sangre, sudor y lágrimas para las mayorías y maxiganancias para privilegiados.

En el medio, pasó un período presidencial, y el hilo se corta.

La expectativa de que un peronista sin ensoñaciones mesiánicas podría llevar a cabo reformas por un andarivel económico razonable se frustró y están allí, a la vuelta de la esquina, voces de una derecha que declara que va a la guerra. Alberto le decía hace cuatro años a Joaquín Morales Solá, con razón, que Mauricio Macri había agravado “los tres problemas que dejó Cristina” y sobre ello había multiplicado la deuda externa y la pobreza. Al cabo de cuatro años, varios lastres que arrastra la economía argentina siguen allí y el riesgo de un abismo social producto de una devaluación sobrevuela los meses finales del Frente de Todos.

Alberto enumeró en su video de renunciamiento las cuatro catástrofes que quiere que figuren en el balance de su Gobierno: la deuda externa monumental, la pandemia, la guerra y la sequía. Son hitos indisimulables. Máximo Kirchner, Patricia Bullrich, Wado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta podrán fingir amnesia, pero la Argentina debió enfrentar las crisis sanitaria, bélica y climática con un Estado quebrado e hiperendeudado del que Juntos por el Cambio (JxC) nunca se hizo cargo. Tanta amnesia como la que se obliga a fingir Axel Kicillof cuando explica el aumento de la producción industrial, la construcción de viviendas y el empleo en la provincia de Buenos Aires como un logro propio, sin relación con los números macroeconómicos que mejoraron durante la gestión de Alberto Fernández. El gobernador le reclama arrojo al Presidente, cualidad que él ni siquiera puede exhibir para evitar que la Policía brava y la industria del juego de azar se autogobiernen.

Máximo Kirchner, Patricia Bullrich, Wado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta podrán fingir amnesia, pero la Argentina debió enfrentar las crisis sanitaria, bélica y climática con un Estado quebrado e hiperendeudado del que JxC nunca se hizo cargo

No todos los mencionados tienen la misma función. Macri, Bullrich y Larreta fueron ubicados por las urnas en el lugar de opositores del Gobierno nacional. Les toca cuestionar y tratar de vencer al peronismo en elecciones; el votante evaluará si ejercen su papel con buenas armas. Distinto es el caso de, por ejemplo, De Pedro, nada menos que ministro del Interior durante todo el período del Frente de Todos (FdT). En un país en el que los políticos se sienten eximidos de dar cuenta de lo que dijeron ayer, De Pedro pasó de un respaldo inequívoco al acuerdo con el FMI forjado por Martín Guzmán, porque servía para “evitar una catástrofe económica”, a criticarlo porque “todo lo que propone (el fondo), sabemos que es un círculo vicioso que termina siendo inflacionario, como lo venía planteando Máximo Kirchner”. Y ese giro de vértigo, sin dejar su silla en el gabinete, desde la que juzga que hay “funcionarios que no funcionan”. El ministro aspira a integrar una fórmula presidencial. A la luz de lo visto, será mejor que la encabece.

El Alberto que fue

El Presidente dice que no se queja ni pone excusas ante “el tiempo difícil que nos tocó vivir”. Vuelve a acertar; no correspondería para un político que reclamó el voto popular. Entonces, la historia deberá decir de él que se ocupó de socavar un espacio, el suyo, que requería sostener su autoridad más que nunca. Malgastó su palabra y procrastinó. No formó un equipo cohesionado ni forjó lealtades. Según el relato más difundido entre quienes habitaron y habitan Casa Rosada, no es que no supo cómo hacerlo, ni siquiera se lo propuso. El mandatario demoró medidas esenciales y, cuando las tomó, pareció no pensar el paso siguiente ni medir adecuadamente las resistencias que generaría. No fue siempre consecuente entre sus dichos y sus hechos. Una vez, hasta se permitió plasmar esa contradicción en una foto durante una cena prohibida en Olivos.

En nombre de una proclamada apuesta a la unidad del peronismo, Alberto permaneció inerte desde el momento en que Cristina y Máximo se dieron cuenta, en la mitad de la travesía y contra todo lo dicho y actuado, de que había que declarar el default ante el FMI. Los cristinistas se fueron del Gobierno, pero, para el desquicio colectivo, también se quedaron. Debió ser un punto límite. El Presidente toleró faltas de respeto y bloqueos de políticas en áreas cruciales. El no reconocimiento de quien actúa como enemigo será el signo de su mandato.

Por si fuera poco, el supuesto estoicismo en aras de preservar el Frente de Todos sirvió de poco y nada. Hace tiempo que todas las tribus del oficialísimo barajan como factible que el peronismo quede fuera de un ballottage entre dos derechas, clásica y recargada. Ni siquiera está garantizada la unidad, porque la vicepresidenta y su hijo sugieren que es mejor perder con lo propio antes que ganar sin posiblidades de hacer la revolución que intermitentemente proponen.

El no reconocimiento de quien actúa como enemigo será el signo del mandato de Alberto Fernández

La procrastinación y el rumbo errático no pesan sólo como errores de estilo. Alberto Fernández demostró tener una lectura fallida sobre el consenso y la conducción del Estado. Su Gobierno estaría parado en otro lugar si hubiera encarado una política energética seria de entrada, con eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos para estamentos medios y altos y revisión de ganancias abusivas generadas en contratos concedidos por Macri. Una cacofonía absurda demoró dos años el nuevo gasoducto desde Vaca Muerta. Sergio Massa vaticina un superávit en la balanza entre importaciones y exportaciones energéticas de US$ 8.000 a US$ 12.000 millones en pocos años. Son números realistas según la industria y expertos en gas y petróleo. Si parte de esos ingresos ya fueran realidad, el Gobierno peronista tendría ahora un oxígeno esencial (dólares) para esquivar la extorsión de los sojeros que retienen la cosecha a la espera de una devaluación.

El Presidente perdió también la oportunidad de cobrar más impuestos y retenciones a los sectores acaudalados. Optó por aumentos tibios a la hora de desmontar el obsceno esquema impositivo que había instrumentado Cambiemos. Es cierto que nada es fácil, como da cuenta el bloqueo del cristinismo y el massismo al impuesto a la renta extraordinaria que intentó aplicar Guzmán antes de irse, y todavía yace en un cajón del Congreso.

Succession

Esta semana, mientras las facciones del Gobierno peronista se enzarzaban en el affaire Aracre y violentaban, por enésima vez, normas de convivencia de un modo que ni un consorcio de un edificio se permitiría, y el dólar blue crecía y crecía, los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza rendían examen ante algunas de las mayores fortunas de la Argentina, del agronegocio a la obra pública, del supermercadismo al comercio online, en el hotel Llao Llao de Bariloche.

La escena pinta a los presidenciables de las derechas de cuerpo entero. Tan propensos Bullrich y Javier Milei a perpetrar relatos sobre armas, muerte, descarte social, despido y Ejército; tan enfática María Eugenia Vidal para golpear la mesa de La Nación Más; tan duro Rodríguez Larreta a la hora de ejecutar políticas urbanísticas, educativas y policiales de la Ciudad; tan valiente Gerardo Morales para mantener en prisión a Milagro Sala vía jueces amigos; tanta enjundia acumulada y los postulantes se asignaron mansamente el papel de concursantes para un casting de un sueño ajeno.

Una oportunidad perdida. Como recordó esta semana Carlos Pagni ante Daniel Tognetti y Diego Sztulwark, “todas las grandes fortunas de la Argentina nacieron de un decreto”. Un texto publicado en el Boletín Oficial para inventar un negocio, licuar una deuda, malvender un activo estatal, modificar un código urbanístico o crear un subterfugio para evadir. O su contracara, un decreto jamás publicado porque el Estado es débil a la hora de poner en caja a quienes se ven beneficiados, por ejemplo, durante una pandemia.  

Mauricio Caminos, cronista de elDiarioAR en el encuentro en Bariloche, abundó en esa línea: “La pobreza trepó en el segundo semestre del año pasado al 39,2%: 18,6 millones de personas no viven dignamente. ¿Qué grado de influencia –o de responsabilidad– tienen en esa escena los que habitan el círculo rojo, tanto empresarios como políticos?”

Si tan avezados candidatos que buscan gobernar a 46 millones de argentinos abordaron las aristas filosas ante tan afortunados hombres de negocios, se ocuparon de ocultarlo; en cambio, dejaron trascender una competencia poco edificante, temerosos ante el pollice verso.

En un ensayo bajo la pregunta “si la elección fuera mañana, ¿a quién votarías?”, con cien sufragantes millonarios, ganó Bullrich, seguida por Larreta. Muy atrás quedó Vidal, quien, no obstante, pareció conforme porque se reencontró con el aplauso que le venía resultando esquivo. Milei, con su dolarización, no agradó mucho y cosechó sólo tres apoyos. Alberto Fernández sumó dos, pero —aclararon con sorna fuentes empresariales— fueron “en chiste”. Se sabe. Además de exitosos, son hombres sensatos.  

Versiones de la historia

El paso del tiempo habilitará lecturas elaboradas sobre los años de Alberto Fernández en el Gobierno. No será inocuo para el balance si la economía desbarranca en los meses por vernir. Por ahora, se va con el odio profundo de la reacción conservadora, más empoderada que nunca. También, con la distancia de sus críticos, la indiferencia de los oportunistas, el desprecio del cristinismo, el resentimiento de quienes creyeron haber dado más de lo que recibieron, la desazón de muchos que lo votaron y el aprecio de una minoría. Allí se ubica Estela Barnes de Carlotto.

Dijo la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el viernes, una vez conocido el tuit “Mi decisión”: “Me pareció correctísimo todo lo que dijo, fue una confesión afectiva hacia el pueblo que él gobernó con muchísimas dificultades, que hay que tener en cuenta porque parece que hubiera estado en un país con ningún problema económico y social. Lo aprecio mucho”.

El dato más importante es que el Presidente se retira con la aflicción de los más pobres de la Argentina, que comprueban, una vez más, que las cosas salieron mal. 

SL

El dólar contado con liquidación (CCL), el más operado en el mercado y que se usa para girar legalmente divisas al exterior mediante la triangulación de bonos y acciones, continúa hoy su disparada y sube 4,5%, a $ 237,74. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se consigue en el mercado local mediante la compraventa de títulos públicos, también escala, un 3,7%, a $ 229,09. El blue o ilegal asciende 2,8%, a $ 216. El oficial mayorista está a $ 122,30, un 0,4% arriba. El riesgo país, que mide la desconfianza en los bonos en dólares, trepa un 3,4%, a 2.113 puntos básicos. Todo un cuadro que describe un tembladeral financiero. Habrá que ver si el Gobierno logra contenerlo. Por ahora no.

El broker Mauro Mazza, de la sociedad Bull Markets, atribuye la suba del CCL a que “muchos tenedores de bonos CER (en pesos ajustables por inflación) están huyendo al dólar”. “Mañana y pasado podría suceder lo peor. Lo que estamos viendo es que no hay vendedores en el cable (otro modo de llamar al CCL) y el MEP, sólo compradores. Está colapsado el mercado de pesos”, agrega Mazza. ¿Por qué se derrumbaron los títulos en moneda nacional desde la semana pasada, cuando organismos públicos los vendieron para financiarse y los fondos privados se prendieron a la ola vendedora? “Porque se rompió todo el mercado de fondeo del Estado, el CER está totalmente roto. Se llegó a un tope de colocación CER”, se refiere a las emisiones de deuda doméstica que venía haciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta ahora para financiar el déficit fiscal. “A este nivel todos los inversores son concientes de que se necesitará una reestructuración en 2024 o un canje”, completa Mazza.

Así como entre 2016 y 2018, el gobierno de Mauricio Macri colocó deuda en dólares hasta que un día el mercado internacional le dijo basta, ahora la administración de Alberto Fernández tal vez esté encontrándose con que los operadores locales también pongan un freno a su apetito por las colocaciones de bonos en pesos. Tal como ocurrió en 2018, otra vez los inversores creen que el Estado ya se endeudó demasiado. Aquella vez era en dólares. Ahora en pesos, lo que es más fácil de manejar porque la Argentina emite la moneda, aunque también tiene su impacto inflacionario.

Al tembladeral se agregaron los rumores de que los economistas de Juntos por el Cambio comentaron en privado que si volvieran al poder en 2023, reestructurarían la deuda en pesos, como ya hizo Macri y su entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en 2019. “Me dicen que me atribuyen conjeturas sobre el tratamiento de la deuda en pesos en un eventual futuro gobierno. Falsas”, tweeteó el pasado viernes Lacunza. “Porque a un año y medio se desconoce la herencia, y la solvencia fiscal y financiera depende de lo que haga el Gobierno en funciones, no el anterior ni el próximo. Dicho eso, ninguna declaración, ni en on ni en off, ni en privado ni en público, de ningún funcionario o referente de la oposición puede competir con los hechos: en los primeros cinco meses, con déficit inicial de 3% del PBI e inflación trimestral anualizada orillando 100%, el gasto crece 13% arriba de la inflación y los ingresos, 2%. O sea, brecha fiscal divergente, origen de deuda futura. La mejor (única) forma de proveer certidumbre financiera es una política fiscal responsable que reduzca el déficit, no rumores para deslindar responsabilidades”, completó Lacunza.

A su vez, Guzmán negó que este gobierno vaya a defaultear los bonos en moneda nacional. Pero el mercado descree del futuro, y eso complica la estrategia del ministro de seguir recurriendo a la plaza doméstica para financiar el déficit fiscal, en lugar de ajustarlo o de cubrirlo con emisión monetaria.

Juan Manuel Pazos, de la sociedad TPCG Valores, opina que “al quebrarse la demanda por títulos del Tesoro queda una masa de pesos presionando al tipo de cambio”. ¿Por qué se quebró ese apetito? “El grueso de la demanda estaba basada en un intento de protegerse contra la inflación. Con los bonos cayendo entre 10% y 15% la semana pasada, muchos inversores llegan a la conclusión que la deuda del Tesoro es un mal vehículo para protegerse de la inflación, que a lo sumo ofrece una protección parcial. En ese contexto, lo que empezó como un par de operaciones puntuales se convierte en algo más profundo, que afecta la demanda por activos en pesos”, completa Pazos.

Un banquero considera lógica la disparada del dólar teniendo en cuenta “el kilombo que hay acá y afuera”. Es que la inflación desbocada en el mundo, la mayor en 40 años, ha provocado que sea un “lunes negro” en todas las bolsas. El S&P 500, índice de Nueva York, cae 3,8%.

En otra sociedad bursátil encuentran tres variables que impulsan el CCL: 1. “Hay mucho ruido en los bonos en pesos, en las últimas jornadas cayeron fuerte y los inversores se refugian en el dólar. 2. La intervención oficial para frenar la caída de estos títulos genera emisión de pesos y, de tal manera, repercute inmediatamente en el tipo de cambio. 3. Fuertes rescates de fondos comunes de inversión en pesos que probablemente también busquen refugio en dólares”. Otro operador coincide en ver que los inversores que vendieron bonos CER se fueron en parte a la moneda norteamericana y que las intervenciones del Banco Central para comprarlos inyectó pesos en el mercado que a la vez terminaron alimentando la demanda del CCL.

AR

El Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán y tiene como secretario de Finanzas a Rafael Brigo, obtuvo este jueves $783.500 millones en la primera licitación de deuda doméstica de mayo, en lo que supuso una prueba ante el mercado para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno necesita financiarse con bonos para cubrir el déficit fiscal y no tener que recurrir tanto a la emisión monetaria. Economía logró refinanciar todos los vencimientos del mes hasta la fecha y obtuvo 30.000 millones extra. La mayoría de los analistas consideró exitosa la colocación aunque advirtieron que se pagó mayor tasa de interés y se acotaron los plazos. Una minoría la califica de mediocre.

Se cubrieron todos los vencimientos desde principios de mes hasta el próximo lunes, por unos $753.535 millones. Este viernes, Finanzas podrá obtener mayor financiamiento neto en la segunda vuelta con el Programa de Creadores de Mercado. Se recibieron 1.335 ofertas que representaron un total de valor nominal actualizado de $814.471 millones, adjudicándose un valor efectivo de 783.499 millones

El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación estuvo conformado por siete títulos y dos canastas, con vencimientos entre 2022 y 2027. Se emitió una nueva LELITE que vence el 16 de junio, se reabrió una letra a descuento (LEDE) al 30 de septiembre y se colocó una nueva LEDE al 31 de octubre. Asimismo, se reabrió un bono dólar linked (atado), al 30 de abril de 2024, se emitió un nuevo bono ajustado por CER (índice similar a la inflación) al 9 de noviembre de 2025 y se reabrió el BONCER al 9 de noviembre de 2026. Además, se colocó un nuevo bono del Tesoro (BOTE) en pesos al 23 de mayo de 2027. Por último, se ofrecieron dos canastas de títulos compuestas por la reapertura de letras ajustadas por CER. La primera compuesta en un 20% por una LECER con vencimiento el 21 de octubre próximo y en un 80% por una LECER al 21 de abril de 2023 mientras que la segunda se conformó en un 30% por una LECER al 16 de diciembre próximo y en un 70% por una LECER al 19 de mayo de 2023.

Del total de financiamiento obtenido, el 12% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 22% en 2023, el 1% a 2024, el 5% a 2025, el 1% a 2026 y, el 59% restante a 2027. Asimismo, el 64% del monto adjudicado fue a tasa fija, el 35% fue en instrumentos ajustables por CER y el 1% restante en el instrumento dólar linked.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, se efectuará la segunda vuelta, en la que se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy para los títulos elegibles del programa. La próxima licitación tendrá lugar el próximo día 27, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.

“Hay que destacar que logró un rollover (refinanciación) de más de 100% después de un abril donde por primera vez en ocho meses no había captado todo el financiamiento que buscaba”, analizó Juan Pablo Albornoz, de la consultora Ecolatina. “Ahora bien, no se qué tan termómetro de mercado pueda ser esta colocación puntual y mayo en sí. ¿Por qué? Aunque los vencimientos de mayo eran y siguen siendo, aún resta una licitación, desafiantes nominalmente, solo un tercio de los vencimientos corresponde a deuda atada a la inflación y más de la mitad era el bono que los bancos usan para integrar encajes, cuyo canje tuvo un 100% de adhesión, algo esperable.

Algunos puntos para destacar. El Tesoro tuvo que enfrentar mayores tasas en las LEDES: incidió la reciente suba de tasas del Banco Central, que para cumplir con la meta de tasa real positiva sigue encareciendo el costo del rolleo nominal al Tesoro. La letra de septiembre tuvo muy poca adhesión, en parte porque ofrecieron un rendimiento menor al del mercado secundario, a pesar de que buscaban poco financiamiento. La letra de octubre sí tuvo éxito, pero todavía son montos chicos para sacar conclusiones y apenas empardaron el rendimiento de la letra de septiembre. Hubo poco apetitivo por el bono dólar linked post-electoral: salió con una TIR (tasa interna de retorno) menor a la del mercado secundario. Hoy la curva dólar linked está invertida: el mercado espera con más probabilidad una devaluación previo a las elecciones“, completa Albornoz.

“Fue una buena licitación”, opina Andrés Borenstein, de Econviews. “Ofrecieron bonos para todos los gustos, lo cual fue una buena estrategia porque no tenían margen para que les fracase la licitación. Con todo lo que ya emitieron en lo que va del año y con el déficit que es más grande en el segundo semestre no tenían margen para que falle”, agrega Borenstein. En cambio, Hernán Hirsch, de FyE Consult, califica la colocación “muy mediocre”. “Por varios motivos: se convalidaron tasas más altas que en licitación previas y el financiamiento neto conseguido es muy bajo respecto de lo que necesita el fisco”.

“La demanda sigue concentrada en títulos CER con vencimientos cortos”, comienza su análisis el economista de uno de los principales bancos del mercado. “El resto es mayoritariamente el bono que sirve como encaje de los bancos. Lo de hoy le sirve al Gobierno para ganar tiempo, pero va a necesitar alguna estrategia para hacer más atractivos los títulos post-2023”, añade. Otro reconocido colega que también prefiere el anonimato opina que se recolectó “un buen monto, pero no pueden extender el plazo”. “Fijate que todos los vencimientos, salvo lo del bono de los bancos, llegan hasta 2023”, apunta.

“BOTE de encaje para bancos e instrumentos con CER... el resto son vueltos”, evalúa Marina Dal Poggetto, de Eco Go. Su colega Gabriel Rubinstein calificó la operación como “buena, aceptable, de acuerdo con lo esperado”. “Acordate que hay una parte de ese bono 2027 para los encajes bancarios. El resto creo que estuvo mejor que la vez pasada porque ofrecieron un menú más atractivo”, concluyó Rubinstein.

AR

El Comité de Acreedores de la Deuda Interna se concentró este miércoles frente al Congreso de la Nación para reafirmar que “la principal deuda que tiene nuestro país es con el pueblo”.

En ese marco, además, sus integrantes solicitaron ser recibidos por los diputados y senadores que integraron la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los préstamos tomados por el país con el objetivo de “conocer los avances en la investigación”.

“El Comité de Acreedores de la Deuda Interna, integrado por 100 referentes sociales, culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos, indígenas, científicos, jurídicos, feministas, religiosos, y de derechos humanos, se concentrará a las 12 en el Congreso de la Nación, en Av. Rivadavia y Combate de los Pozos, para reafirmar que la principal deuda que tiene nuestro país es interna, es con el pueblo”, anunciaron.

Asimismo, los integrantes del Comité solicitaron ser recibidos por los diputados y senadores nacionales que integraron la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa en el periodo 2019-2021, “con el objetivo de conocer cuáles fueron los avances en la investigación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y proceso de fuga de capitales”, afirmaron.

La concentración sobre Av. Rivadavia, donde también se llevó adelante una clase abierta sobre Deuda Externa, contó con la participación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jóvenes por el Clima, además de referentes académicos, científicos, juristas y organizaciones de Derechos Humanos, entre otros.

El Comité de Acreedores de la Deuda Interna fue conformado el pasado 12 de abril, a partir de una carta fundacional dirigida al senador José Mayans, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento, en la cual se exponen algunos de los objetivos de la iniciativa.

Esta agrupación busca “promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional; impulsar el impuesto a los capitales fugados y el levantamiento del secreto bancario; y realizar informes trimestrales de las principales deudas sociales”.

Con información de agencias.

IG

Referentes sociales, culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos, indígenas, comunicadores, científicos, jurídicos, feministas, religiosos, y de derechos humanos conformaron un “Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI)” para “visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.

De acuerdo a la comunicación de los protagonistas de la iniciativa, apoyan el impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y piden revisiones trimestrales de las principales deudas sociales.

Según anuncian en una carta, la primera acción del Comité es solicitar una audiencia al senador José Mayans en calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación para expresar su preocupación “por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”.

Además, la carta detalla los principales desafíos del Comité:

En ese sentido, manifestaron su apoyo a la iniciativa del “aporte especial de emergencia” y de levantar el secreto bancario “para conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país”.

La carta completa y las firmas

Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación

Sr. Presidente, Senador José Mayans:         

Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para solicitar una audiencia como Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) preocupados por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes; preocupados también por la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición de unos pocos en perjuicio de muchos.

El Comité es un espacio amplio de articulación entre personalidades y organizaciones sociales, políticas, gremiales, universitarias, académicas, de derechos humanos, eclesiales, sanitarias, periodísticas, feministas, de pueblos originarios, culturales, entre otras, destinado a coordinar acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a buscar conocer verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por la gran estafa que ha sufrido la Argentina. De esa manera, el Comité se propone hacer realidad efectiva la consigna “La deuda es con el Pueblo”, a través de distintos objetivos.

En primer lugar, el Comité buscará visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo.

Los datos de esta enorme deuda son elocuentes. Actualmente en nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia. Son millones de argentinos y argentinas que sufren. Junto con esta situación, hasta el mes pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de $33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria, mientras que el ingreso medio de la población para el tercer trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que, aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social, se puede ser pobre en este país.

Un dato habla por sí solo: la participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021. La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %. Esta inequidad beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses que no son Nacionales, ya que los sectores PyMEs siguen sufriendo condiciones injustas frente a los grandes corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial. 

Además, según datos oficiales de 2018, el déficit habitacional de nuestro país supera las 3,5 millones de viviendas y, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones de extrema precariedad y falta de acceso a servicios públicos básicos.

En el campo pobre, pueblos originarios y comunidades campesinas sufren distintas formas de violencia y despojo. Sin tierra propia en muchos casos, los productores de alimentos son vejados por arrendamientos leoninos y falta de acceso justo a los mercados lo que empuja la inflación. Los pueblos originarios esperan que se termine el Relevamiento Territorial fijado por ley en 2006 que se lleva más de quince años de demora. La Naturaleza se encuentra constantemente vejada por las acciones impunes de grandes poderes económicos que con proyectos extractivistas sin licencia social desconocen los ritmos de la Tierra y las necesidades de las poblaciones. Basta señalar un dato: en diez años, se desmontaron 2.776.068 hectáreas de bosque nativo, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo las leyes ambientales y dejando a poblaciones enteras sin sustento lo que explica, por ejemplo, las muertes de cientos de niños wichí.

Es evidente, para nosotros, la urgencia que existe a la hora de atender la deuda interna, con más razón luego de las consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Macri y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, el Comité bregará por promover políticas públicas acompañadas por el correspondiente compromiso presupuestario, de forma tal que se refuerce y garantice el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura para las grandes mayorías, además del respeto a la Naturaleza y los bienes comunes.

En segundo lugar, este Comité buscará implementar acciones para demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados. En ese sentido, promoveremos la acción internacional del Estado Argentino, así como también las iniciativas judiciales y políticas de su ciudadanía.

En tercer lugar, manifestamos nuestro rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos. Sin perjuicio de las eventuales acciones de repudio que realicen organizaciones que integran este Comité contra las llamadas “auditorias trimestrales”, el Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías. En efecto, consideramos que deben realizarse “revisiones trimestrales” sobre las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta deuda.

En cuarto lugar, con pleno respeto a la posición personal u orgánica de cada integrante sobre el recientemente firmado acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre la conveniencia o no de su sanción, sobre el mérito de la estrategia de negociación y sobre cualquier otra consideración sobre el particular, el Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, el Comité apoya propuestas como el “aporte especial de emergencia” para gravar impositivamente a que quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes. También respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda. En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación. 

En virtud de los objetivos detallados arriba, resulta imprescindible para nosotros solicitarle una pronta reunión a la Comisión Bicameral que usted preside, bajo la comprensión de que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional y política de abordar esta problemática central para nuestro país y de que, naturalmente, esta Comisión Bicameral es un instrumento importantísimo para llevar adelante esa tarea, para la que nos ponemos a disposición. 

Saludamos a Ud. cordialmente y quedamos pendientes de una respuesta a nuestra solicitud.

FIRMAS                                                            

Adolfo Perez Esquivel, (Premio Nobel de la Paz), Adriana Serquis (Comisión Nacional de Energía Atómica-CONICET, Rio Negro), Agustín Lecchi (SiPreBA), Alberto Binder (INECIP), Aldi Leiva (Ex Combatiente, Chaco), Alejandro Bercovich (Periodista e Investigador), Alfredo Alfonso (Rector Universidad Nacional de Quilmes), Alfredo Serrano Mancilla (CELAG), Analía Virginia Ponce    (Vicerrectora Universidad Nacional de San Juan), Andrés Asiain (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), Antonio Rodriguez Villar (Presidente de la Academia Nacional de Folklore), Ariel Epulef (Comunidad Mapuche Curruhuinca, Neuquén), Atilio Borón (IELAC), Augusto Rosendo Pastore (Cooperativa Cachalahueca, Catamarca), Bruno Rodriguez (Jóvenes por el Clima), Cachorro Godoy (Secretario General de ATE), Carla Gaudensi (FATPREN), Carlos Fernández (FOL), Carlos Vila (Sindicato de Canillitas), Cecilia de Vincenti (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Claudio Lozano (IPyPP), Cristian Miño (Confederación de Cooperativas de Trabajo, CNCT), Cristina Caamaño (Ex Fiscal Federal), Daniel Fernandez (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego), Daniel Mana (Unión de Pescadores Artesanales), Daniel Ricci (Secretario General de FEDUN, Docentes Universitarios), Daniel Yofra (Federación de Aceiteros, Santa Fe), Deolinda Carrizo (MOCASE-MNCI, Santiago del Estero), Dina Sanchez (Secretaria General Adjunta de UTEP), Eduardo Dvorkin (CONICET), Eduardo Montes (FETRAES), Eduardo Tavani (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Eladia Freyre (Brasas La Comunitaria del Chaltén, Santa Cruz), Elsa Yanaje (MTE Rural), Enrique Spinetta (Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Federico Prior (Inquilinos agrupados, Neuquén), Fernanda Beigel (CONICET - UNCuyo, Mendoza), Fernando Borroni (Periodista),Fernando Suarez (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Franco Suárez (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina), Gladis Cancelo (Pueblo Comechingon, Córdoba), Gonzalo Salerno (Decano Facultad de Derecho, Catamarca), Guadalupe Sánchez (Consejera Superior Universidad Nacional de San Juan), Gustavo Fernando Bertran (Asociación Argentina de Salud Mental), Héctor Lemos (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores - UTEP, Catamarca), Hugo Yaski (Secretario General CTA T), Ignacio Prafil (Lof Mapuche, Rio Negro), Isaías Maximiliano Díaz (Consejero Superior Universidad Nacional de La Rioja), Ismael Jallil (abogado de Derechos Humanos), Iber Mamani (activista por Derechos Migrantes), Javier Caccavelli (Liberación Popular), Jorge Elbaum (Escritor), Jorgelina Duarte (ATY Ñeychirõ, Misiones), Juan Grabois (MTE-UTEP), Juan Ignacio Lastra (Consejero Superior Universidad San Juan Bosco, Chubut), Juan Manuel Vides (MTE Rural, Salta), Juan Pablo Ruiz (Movimiento Verde, Córdoba), Julia Mengolini (Periodista e Investigadora), Julieta Nuñez (Bibliotecarias en Lucha, Formosa), Julio Cardozo (Federación Pesquera Argentina), Julio Piumato (Sindicato de Judiciales UJEN), Laura Steren (Vicedirectora INN CNEA CONICET), Leandro Da Rold (Instituto Balseiro), Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), Lourdes Guerrero (Presidenta Federación Universitaria de Lanús), Luci Cavallero (Ni Una Menos), Lucía de Cornelis (Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias), Lucía Macaggno (Coordinadora Nacional de TV Alternativa), Luis Borelic (Orquesta Sinfónica Entre Ríos), Maica Colantoni (Presidenta del Centro de Estudiantes del Juan P. Esnaola), Malvina Luera (Frente Nacional Campesino, Mendoza), Manuel Ernesto Giménez Navarro (Presidente Federación Universitaria de San Juan), Marcelo Horestein (Llamamiento Judio), Marcelo Levicoy (secretario general del Sindicato Argentino de Músicos), María Alicia Noli (Ex-Ministra del Superior Tribunal de Santiago), María Emilia de la Iglesia (Mov. de Cultura Viva Comunitaria Argentino, La Pampa), María Yaconis (Colegio Público de Abogados de Capital Federal CPACF), Mariana Gotardo (Consejera Superior UBA), Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha), Martín Tito Ferrari (Frente Popular Darío Santillán), Martin Majestic (Martín Fierro, Chubut), Mercedes D´Alessandro (Economía Feminista), Miguel Barrios (Empresas Recuperadas), Miguel Rodríguez Villafañe (Ex-Juez Federal, Córdoba), Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita, La Rioja), Miriam Corina Velardes (Federación Argentina de Costureros, Indumentaria y Textiles - UTEP, Jujuy), Miryam Gorban, (Doctora Honoris Causa UBA, UNR), Moisés Rioja (Productora Audiovisual Wairuro, Jujuy), Morena López (Consejera Superior Universidad Nacional de Entre Ríos), Nacho Levy (La Poderosa), Nadya Loscocco (Presidenta de la FULP), Nahuel Sosa (Agenda Argentina), Nehuén Corbeletto (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina, Río Negro), Norma Morales (Barrios de Pie - UTEP), Omar Plaini (Secretario de Políticas Económicas y Sociales CGT), Orlando Carriqueo (Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro), Oscar Trotta (Directivo Hospital Garrahan), Pablo Antonini (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Pablo Gimenez (Federación de Pescadores Artesanales), Pablo Moyano (Secretario General CGT), Pablo Narvaja (Vicerrector Universidad Nacional de Lanús), Pabo Garciarena (Xumex, Mendoza), Padre Adrián Bennardis (Equipo de Curas Villeros), Paola Zapat (Mujeres Rurales, Santa Fe), Paula Litvachky (CELS), Ricardo Peiró (Secretario General de la CTA Autónoma), Roberto Baradel (SUTEBA), Roberto Salvarezza (Investigador CONICET), Rodrigo Valenzuela (Secretario general Federación Universitaria del Nordeste, Chaco), Rolando Goldman (Sindicato Argentino de Músicos), Rolando González-José (Director Centro Nacional Patagónico CONICET, Chubut), Sabina Frederic (Presidenta de Cascos Blancos), Sandra Carli (Investigadora Principal del CONICET), Sandra Russo (Periodista e Investigadora), Sol Pedre (Ingeniera Comisión Nacional de Energía Atómica, Río Negro), Soledad Escudero (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra CP, Mendoza),Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), Teresa Mont (Mujeres Rurales Corrientes, Corrientes), Toto de Vedia (Equipo de Curas Villeros), Victor Fera (Maxiconsumo).

 *La firma no necesariamente implica adhesión de la institución.

Con información de agencias.

IG