Una iniciativa multisectorial busca “priorizar la deuda interna e investigar la deuda externa”

Un 37,3 por ciento de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia.

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Referentes sociales, culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos, indígenas, comunicadores, científicos, jurídicos, feministas, religiosos, y de derechos humanos conformaron un “Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI)” para “visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.

La toma de Los Hornos, una estampita de la Argentina del emparche

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De acuerdo a la comunicación de los protagonistas de la iniciativa, apoyan el impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y piden revisiones trimestrales de las principales deudas sociales.

Según anuncian en una carta, la primera acción del Comité es solicitar una audiencia al senador José Mayans en calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación para expresar su preocupación “por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”.

Además, la carta detalla los principales desafíos del Comité:

  • Visibilizar las múltiples deudas internas (pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente, entre otras).
  • Promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, acompañadas de un compromiso presupuestario.
  • Demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la estafa de la deuda.
  • Hacer revisiones trimestrales de las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para evitar que la presión del FMI vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías.
  • Apoyar iniciativas orientadas a que el peso de la deuda no caiga sobre el pueblo sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga que fomentó el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, manifestaron su apoyo a la iniciativa del “aporte especial de emergencia” y de levantar el secreto bancario “para conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país”.

La carta completa y las firmas

Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación

Sr. Presidente, Senador José Mayans:         

Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para solicitar una audiencia como Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) preocupados por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes; preocupados también por la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición de unos pocos en perjuicio de muchos.

El Comité es un espacio amplio de articulación entre personalidades y organizaciones sociales, políticas, gremiales, universitarias, académicas, de derechos humanos, eclesiales, sanitarias, periodísticas, feministas, de pueblos originarios, culturales, entre otras, destinado a coordinar acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a buscar conocer verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por la gran estafa que ha sufrido la Argentina. De esa manera, el Comité se propone hacer realidad efectiva la consigna “La deuda es con el Pueblo”, a través de distintos objetivos.

En primer lugar, el Comité buscará visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo.

Los datos de esta enorme deuda son elocuentes. Actualmente en nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia. Son millones de argentinos y argentinas que sufren. Junto con esta situación, hasta el mes pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de $33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria, mientras que el ingreso medio de la población para el tercer trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que, aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social, se puede ser pobre en este país.

Un dato habla por sí solo: la participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021. La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %. Esta inequidad beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses que no son Nacionales, ya que los sectores PyMEs siguen sufriendo condiciones injustas frente a los grandes corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial. 

Además, según datos oficiales de 2018, el déficit habitacional de nuestro país supera las 3,5 millones de viviendas y, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones de extrema precariedad y falta de acceso a servicios públicos básicos.

En el campo pobre, pueblos originarios y comunidades campesinas sufren distintas formas de violencia y despojo. Sin tierra propia en muchos casos, los productores de alimentos son vejados por arrendamientos leoninos y falta de acceso justo a los mercados lo que empuja la inflación. Los pueblos originarios esperan que se termine el Relevamiento Territorial fijado por ley en 2006 que se lleva más de quince años de demora. La Naturaleza se encuentra constantemente vejada por las acciones impunes de grandes poderes económicos que con proyectos extractivistas sin licencia social desconocen los ritmos de la Tierra y las necesidades de las poblaciones. Basta señalar un dato: en diez años, se desmontaron 2.776.068 hectáreas de bosque nativo, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo las leyes ambientales y dejando a poblaciones enteras sin sustento lo que explica, por ejemplo, las muertes de cientos de niños wichí.

Es evidente, para nosotros, la urgencia que existe a la hora de atender la deuda interna, con más razón luego de las consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Macri y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19. En ese sentido, el Comité bregará por promover políticas públicas acompañadas por el correspondiente compromiso presupuestario, de forma tal que se refuerce y garantice el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura para las grandes mayorías, además del respeto a la Naturaleza y los bienes comunes.

En segundo lugar, este Comité buscará implementar acciones para demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados. En ese sentido, promoveremos la acción internacional del Estado Argentino, así como también las iniciativas judiciales y políticas de su ciudadanía.

En tercer lugar, manifestamos nuestro rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos. Sin perjuicio de las eventuales acciones de repudio que realicen organizaciones que integran este Comité contra las llamadas “auditorias trimestrales”, el Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías. En efecto, consideramos que deben realizarse “revisiones trimestrales” sobre las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta deuda.

En cuarto lugar, con pleno respeto a la posición personal u orgánica de cada integrante sobre el recientemente firmado acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre la conveniencia o no de su sanción, sobre el mérito de la estrategia de negociación y sobre cualquier otra consideración sobre el particular, el Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, el Comité apoya propuestas como el “aporte especial de emergencia” para gravar impositivamente a que quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes. También respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda. En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación. 

En virtud de los objetivos detallados arriba, resulta imprescindible para nosotros solicitarle una pronta reunión a la Comisión Bicameral que usted preside, bajo la comprensión de que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional y política de abordar esta problemática central para nuestro país y de que, naturalmente, esta Comisión Bicameral es un instrumento importantísimo para llevar adelante esa tarea, para la que nos ponemos a disposición. 

Saludamos a Ud. cordialmente y quedamos pendientes de una respuesta a nuestra solicitud.

FIRMAS                                                            

Adolfo Perez Esquivel, (Premio Nobel de la Paz), Adriana Serquis (Comisión Nacional de Energía Atómica-CONICET, Rio Negro), Agustín Lecchi (SiPreBA), Alberto Binder (INECIP), Aldi Leiva (Ex Combatiente, Chaco), Alejandro Bercovich (Periodista e Investigador), Alfredo Alfonso (Rector Universidad Nacional de Quilmes), Alfredo Serrano Mancilla (CELAG), Analía Virginia Ponce    (Vicerrectora Universidad Nacional de San Juan), Andrés Asiain (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), Antonio Rodriguez Villar (Presidente de la Academia Nacional de Folklore), Ariel Epulef (Comunidad Mapuche Curruhuinca, Neuquén), Atilio Borón (IELAC), Augusto Rosendo Pastore (Cooperativa Cachalahueca, Catamarca), Bruno Rodriguez (Jóvenes por el Clima), Cachorro Godoy (Secretario General de ATE), Carla Gaudensi (FATPREN), Carlos Fernández (FOL), Carlos Vila (Sindicato de Canillitas), Cecilia de Vincenti (Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Claudio Lozano (IPyPP), Cristian Miño (Confederación de Cooperativas de Trabajo, CNCT), Cristina Caamaño (Ex Fiscal Federal), Daniel Fernandez (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego), Daniel Mana (Unión de Pescadores Artesanales), Daniel Ricci (Secretario General de FEDUN, Docentes Universitarios), Daniel Yofra (Federación de Aceiteros, Santa Fe), Deolinda Carrizo (MOCASE-MNCI, Santiago del Estero), Dina Sanchez (Secretaria General Adjunta de UTEP), Eduardo Dvorkin (CONICET), Eduardo Montes (FETRAES), Eduardo Tavani (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Eladia Freyre (Brasas La Comunitaria del Chaltén, Santa Cruz), Elsa Yanaje (MTE Rural), Enrique Spinetta (Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Federico Prior (Inquilinos agrupados, Neuquén), Fernanda Beigel (CONICET - UNCuyo, Mendoza), Fernando Borroni (Periodista),Fernando Suarez (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Franco Suárez (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina), Gladis Cancelo (Pueblo Comechingon, Córdoba), Gonzalo Salerno (Decano Facultad de Derecho, Catamarca), Guadalupe Sánchez (Consejera Superior Universidad Nacional de San Juan), Gustavo Fernando Bertran (Asociación Argentina de Salud Mental), Héctor Lemos (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores - UTEP, Catamarca), Hugo Yaski (Secretario General CTA T), Ignacio Prafil (Lof Mapuche, Rio Negro), Isaías Maximiliano Díaz (Consejero Superior Universidad Nacional de La Rioja), Ismael Jallil (abogado de Derechos Humanos), Iber Mamani (activista por Derechos Migrantes), Javier Caccavelli (Liberación Popular), Jorge Elbaum (Escritor), Jorgelina Duarte (ATY Ñeychirõ, Misiones), Juan Grabois (MTE-UTEP), Juan Ignacio Lastra (Consejero Superior Universidad San Juan Bosco, Chubut), Juan Manuel Vides (MTE Rural, Salta), Juan Pablo Ruiz (Movimiento Verde, Córdoba), Julia Mengolini (Periodista e Investigadora), Julieta Nuñez (Bibliotecarias en Lucha, Formosa), Julio Cardozo (Federación Pesquera Argentina), Julio Piumato (Sindicato de Judiciales UJEN), Laura Steren (Vicedirectora INN CNEA CONICET), Leandro Da Rold (Instituto Balseiro), Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), Lourdes Guerrero (Presidenta Federación Universitaria de Lanús), Luci Cavallero (Ni Una Menos), Lucía de Cornelis (Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias), Lucía Macaggno (Coordinadora Nacional de TV Alternativa), Luis Borelic (Orquesta Sinfónica Entre Ríos), Maica Colantoni (Presidenta del Centro de Estudiantes del Juan P. Esnaola), Malvina Luera (Frente Nacional Campesino, Mendoza), Manuel Ernesto Giménez Navarro (Presidente Federación Universitaria de San Juan), Marcelo Horestein (Llamamiento Judio), Marcelo Levicoy (secretario general del Sindicato Argentino de Músicos), María Alicia Noli (Ex-Ministra del Superior Tribunal de Santiago), María Emilia de la Iglesia (Mov. de Cultura Viva Comunitaria Argentino, La Pampa), María Yaconis (Colegio Público de Abogados de Capital Federal CPACF), Mariana Gotardo (Consejera Superior UBA), Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha), Martín Tito Ferrari (Frente Popular Darío Santillán), Martin Majestic (Martín Fierro, Chubut), Mercedes D´Alessandro (Economía Feminista), Miguel Barrios (Empresas Recuperadas), Miguel Rodríguez Villafañe (Ex-Juez Federal, Córdoba), Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita, La Rioja), Miriam Corina Velardes (Federación Argentina de Costureros, Indumentaria y Textiles - UTEP, Jujuy), Miryam Gorban, (Doctora Honoris Causa UBA, UNR), Moisés Rioja (Productora Audiovisual Wairuro, Jujuy), Morena López (Consejera Superior Universidad Nacional de Entre Ríos), Nacho Levy (La Poderosa), Nadya Loscocco (Presidenta de la FULP), Nahuel Sosa (Agenda Argentina), Nehuén Corbeletto (Secretario Ejecutivo Federación Universitaria Argentina, Río Negro), Norma Morales (Barrios de Pie - UTEP), Omar Plaini (Secretario de Políticas Económicas y Sociales CGT), Orlando Carriqueo (Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro), Oscar Trotta (Directivo Hospital Garrahan), Pablo Antonini (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Pablo Gimenez (Federación de Pescadores Artesanales), Pablo Moyano (Secretario General CGT), Pablo Narvaja (Vicerrector Universidad Nacional de Lanús), Pabo Garciarena (Xumex, Mendoza), Padre Adrián Bennardis (Equipo de Curas Villeros), Paola Zapat (Mujeres Rurales, Santa Fe), Paula Litvachky (CELS), Ricardo Peiró (Secretario General de la CTA Autónoma), Roberto Baradel (SUTEBA), Roberto Salvarezza (Investigador CONICET), Rodrigo Valenzuela (Secretario general Federación Universitaria del Nordeste, Chaco), Rolando Goldman (Sindicato Argentino de Músicos), Rolando González-José (Director Centro Nacional Patagónico CONICET, Chubut), Sabina Frederic (Presidenta de Cascos Blancos), Sandra Carli (Investigadora Principal del CONICET), Sandra Russo (Periodista e Investigadora), Sol Pedre (Ingeniera Comisión Nacional de Energía Atómica, Río Negro), Soledad Escudero (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra CP, Mendoza),Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- LF), Teresa Mont (Mujeres Rurales Corrientes, Corrientes), Toto de Vedia (Equipo de Curas Villeros), Victor Fera (Maxiconsumo).

 *La firma no necesariamente implica adhesión de la institución.

Con información de agencias.

IG

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