En la Argentina hay 4.416 barrios populares, donde viven alrededor de 5 millones de personas nucleadas en más de 900.000 familias. El 90% de estos barrios –llamados también villas, asentamientos o urbanizaciones informales– están construidos sobre terrenos privados que muchas veces no cuentan con los servicios básicos y donde las personas viven en condiciones de hacinamiento. 

En base a este diagnóstico, la Secretaría de Integración Socio Urbana impulsó una iniciativa para comprar tierras privadas que puedan convertirse en lotes a precios accesibles y con facilidades de pago para esas familias. La compra se hará con el dinero recaudado del aporte extraordinario a las grandes fortunas (el 15% fue asignado a la urbanización de barrios populares) y del impuesto PAIS que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal (el 9% de este concepto termina en el fondo para urbanización).

Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, aseguró que es una medida sin precedentes. Según la funcionaria,  hasta el momento los programas de loteos para sectores populares se realizaban íntegramente sobre terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales. 

“Acá no hay una cuestión de falta de territorio, por eso necesitamos políticas que le den herramientas a los sectores populares para poder acceder. Hoy para una familia que tenga dos o tres hijos, incluso si trabajan los dos, le es imposible acceder a un crédito para comprar tierra; no acceden a un crédito ni siquiera para comprar una heladera”, resumió Miño en una ronda con periodistas de la que participó elDiarioAR. Para la funcionaria, la “urbanización” de un barrio es una tarea que solo se completa con el dominio de la tierra; el resto son “intervenciones”.  

Miño es vecina del barrio La Cava, en San Isidro, madre de cuatro hijos y tal como la presenta su equipo, la primera “villera” que llegó a un cargo de secretaria en el Estado Nacional. Cinco años atrás, era profesora de catequesis de la secundaria, trabajo que realizó durante 23 años. En su escritorio hay rastros de su fe; cuadros del Papa Francisco y del padre Carlos Mugica intercalados con Perón y Evita, Néstor y Cristina, y también un cuadrito con el formato de un título que tiene su nombre y dice: “Acá arriba mandan los de abajo. Acá adentro mandan los de afuera”. 

La Secretaría que conduce, integrada al Ministerio de Desarrollo Social, ya abrió una convocatoria para que los privados interesados presenten su oferta de inmuebles --hasta la semana pasada habían recibido 10--, que cierra el próximo 15 de junio. A partir de esa fecha se evaluarán las tierras ofrecidas, que pueden ser urbanas, periurbanas y rurales. Deben tener una superficie mínima de una hectárea y no deben presentar riesgo de inundabilidad, focos de contaminación ni deben encontrarse dentro de un área protegida o con bosque nativo. 

El objetivo es generar 50.000 lotes con servicios, que sirvan para relocalizar a familias de barrios populares que vivan en situaciones de alto riesgo ambiental, sufran violencia de género o habiten en condiciones de hacinamiento crítico.

Tanto la compra de las tierras como el financiamiento de las obras de infraestructura se realizará a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), conformado por el 15% del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas (que a lo largo de 2021 le representó un total de $36.500 millones) y el 9% del impuesto PAIS (que el año pasado recaudó $9.800 millones). 

Según la documentación oficial, hasta el momento el FISU recaudó $87.800 millones y gran parte ya fue utilizada. Por eso Miño “reza mucho” para que el Tesoro le asigne más fondos, que le permitan avanzar con todos los proyectos que “sueña” desde su área. Espera que la urbanización de barrios populares sea un concepto de asignación específica también del impuesto a la "renta inesperada" que por estas horas diseña el Ministerio de Economía. 

Las familias que quieran ser tenidas en cuenta para la compra de un terreno deberán inscribirse en el Registro Único del Solicitante de Lotes con Servicios para Barrios Populares (RUS). Esa será la base a partir de la cual, con ciertos criterios de prioridad vinculados a la vulnerabilidad, serán asignados.

Son lotes a los que se les garantizarán los servicios y la infraestructura básica, desarrollo que se buscará hacer a través de las propias cooperativas de los barrios populares. Para Miño, llevar los servicios a los barrios populares es lo que realmente “hace la diferencia”. 

“Solo alguien que lo vivió sabe lo que es quedarte sin agua, quedarte hasta las 5 de la mañana para llenar un tacho y tenerlo para tomar, bañarte y lavar la ropa. El que no tiene sabe lo que es ir a colgarte a la noche de un palo de electricidad porque tenés que usar el nebulizador. Todo eso es tiempo; no es abrir la canilla y lavarte los dientes; todo es mucho más difícil para las familias de los barrios populares”, señaló. 

De acuerdo con el proyecto oficial, las urbanizaciones contarán también con áreas deportivas y de uso comunitario, zonas para huertas, veredas y pavimento. Esta iniciativa, que tiene en el centro a los terrenos privados, se complementa con otras que ya están en marcha. Hasta ahora la Secretaría aprobó 14 proyectos para la creación de 7.662 lotes con servicios y está trabajando en la adquisición de 67 inmuebles del Estado nacional y provincial para sumar otros.

La Secretaría impulsó también el programa “Mi Pieza”, que en 2021 entregó subsidios a 140.562 mujeres para que mejoren, amplíen o refaccionen sus hogares en los barrios populares.

DT

Vecinos de un asentamiento de la localidad bonaerense de Ciudad Evita liberaron la noche del viernes en forma total el corte de tránsito que efectuaban desde hace dos días en la autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 19, en reclamo del acceso al servicio eléctrico.

Los pobladores del denominado barrio “Puente 13” levantaron el corte al llegar cuadrillas de la concesionaria del servicio para restablecer el suministro tras intensas negociaciones con la empresa Edenor y la Municipalidad de La Matanza

En el asentamiento viven unas 700 familias que, según sostienen, quieren regularizar la situación con el servicio eléctrico ya que la concesionaria interrumpió el suministro por la precariedad de las conexiones.

La semana pasada habían hecho una manifestación frente a la Municipalidad de La Matanza, en la ciudad de San Justo, pero ayer decidieron trasladar la protesta a la autopista Riccheri y permanecieron durante toda la noche con carpas.

El corte de tránsito en ambos sentidos de circulación y, en forma intermitente, comenzó el miércoles pasado y los manifestantes liberaban un carril cada 10 minutos.

Durante la protesta se quemaron neumáticos mientras el personal de seguridad vial realizaba desvíos en las salidas hacia Camino de Cintura para retomar nuevamente hacia la autopista.

Fuentes de la Municipalidad de La Matanza indicaron a la agencia Télam que los terrenos donde se levanta el asentamiento son propiedad privada y que hay una causa judicial por un pedido de desalojo que lleva varios años.

 “Desde el municipio no podemos tener ninguna intervención porque se trata de un terreno privado, con una situación que está judicializada y la decisión de interrumpir el servicio eléctrico es también de una compañía privada, más allá de que brindamos asistencia para mediar entre las partes para que se pueda alcanzar una solución”, agregaro

LG con información Télam.