Perú decretó el estado de emergencia a partir de este domingo y por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, medida que autoriza a los militares a intervenir junto a la policía frente a las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que causaron 42 muertes en cinco semanas.

La medida contempla que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, según el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial cerca de esta medianoche, de acuerdo con reportes de las agencias de noticias AFP y Europa Press. 

Además suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. 

La decisión gubernamental es dada a conocer al anunciarse movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir de este lunes, una acción que las autoridades califican de intento de desestabilizar a Boluarte.

Más de un mes de protestas

Perú vive una ola de protestas desde el pasado 7 de diciembre cuando Boluarte sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

Las protestas dejaron hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.

En un intento por aplacar las demandas, el Parlamento adelantó en diciembre los comicios de 2026 a abril de 2024, pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Parlamento a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad de Castillo, detenido en prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.

Las protestas expresaron sobre todo en tomas de instalaciones, aeropuertos y bloqueos de rutas.

Este sábado, por ejemplo, el país amaneció con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después de que la presidenta Boluarte asegurara que no renunciará. Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social.

En Cusco, meca del turismo internacional porque la región es sede de las ruinas de Machu Picchu, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad, medida con la que el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis. No obstante, los trenes a Machu Picchu, única vía para acceder a esta joya del turismo mundial, seguían suspendidos.

Las protestas fueron reactivadas durante la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se concentraron en el sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades. Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso. 

Como prueba, presentaron la captura esta semana de una exintegrante de esa organización, Rocío Leandro, conocida dentro del grupo como “Camarada Cusi”. Según un portavoz de la Policía, Leandro financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho.

El vocero definió a la senderista como “una asesina marxista, leninista, maoísta”, financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho. “Cusi” y siete personas capturadas junto a ella pretenden formar un nuevo grupo guerrillero llamado Nueva Fracción Roja, dijo la policía.

Organizaciones de izquierda como el partido Perú Libre, por el que fueron elegidos en 2021 Castillo y Boluarte, rechazaron la versión de la policía al considerarla una estrategia para criminalizar la protesta.

MB con información de agencias

La Secesión del Sur peruano no es una idea nueva. Es antigua, pero no vieja: nunca envejeció. En los inicios de la República peruana ya independiente del dominio colonial de la Corona española en Indias, existió la Confederación Perú Boliviana (1836-1839), un esquema que unió las nacientes repúblicas de Perú y Bolivia, por un breve tiempo. Las razones que la justificaron fueron geográficas, históricas, económicas y antropológicas que se remontaban cientos de años en el tiempo, sostiene el eminente historiador peruano Jorge Basadre, en su Historia de la República del Perú, 1822-1933.  De los tres estados confederados: el Perú dividido en dos países (norperuano y surperuano) y Bolivia, “Era una confederación muy fuerte, los chilenos reconocen que mucho más importante que ganar la guerra del Pacífico fue haber derrotado en la década del 30 del siglo XIX a la confederación, porque geopolíticamente era más preocupante para ellos”, detalla el sociólogo puneño Eland Vera.

Gran levantamiento de los Andes

A principios del siglo XX, la rebelión del militar y metodista Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Rumi Maqui, en quechua “Mano de Piedra”, nacido en Junín, cuya condición de serrano, mestizo y casi indígena destacó su coetáneo, el conocido intelectual peruano, el primero en introducir el marxismo en Perú y América Latina, José Carlos Mariátegui interesado grandemente por la rebelión bajo la lógica de la rebelión de clases y castas, entre el gamonal y el campesino, entre el descendiente del español y el serrano.

Rumi Maqui a partir de diciembre de 1915 organizó a más de diez mil campesinos en las provincias de Azángaro y Huancané, en Puno bajo la consigna de “Restaurar el Tahuantisuyo” (las cuatro regiones en que se dividía en Imperio Incaico antes de ser subyugado por los conquistadores españoles) exigiendo la devolución de las tierras a los indios de los Andes. Se llevaría a cabo el domingo de carnavales de 1916. Debido a la delación de  campesinos fieles al gamonalismo, Rumi Maqui adelantó fechas con un saldo trágico: 300 campesinos muertos y muchos detenidos los cuales fueron salvajemente torturados. Los que lograron huir fueron alcanzados y víctimas de una matanza cruenta y salvaje..

Perú, modelo para armar

En 2005, el referéndum propuesto por el gobierno de Alejandro Toledo para integrar 16 departamentos en 5 regiones, una macro región sur, obtuvo una abrumadora respuesta negativa de la ciudadanía, tan solo Arequipa votó a favor. Este proceso de descentralización preveía que la creación de macrorregiones potentes equilibraría el centralismo limeño.

El fracaso de la consulta popular es muy probable que se haya debido a la premura y menguada planificación de la propuesta. Sin embargo, no invalidó la necesidad de la descentralización y rediseño de la organización política territorial peruana asentada sobre bases asimétricas que fortalecen la desigualdad.

Un mapa abigarrado y complejo

La idea de la República Peruana del Sur no se asienta en un “pueblo” sino en “pueblos” con grupos de poder local y clases sociales enfrentadas. Elites andinas y de la selva amazónica, empresarios y jornaleros, pueblos quechuas, matchiguengas, shipibos y tantos otros.

 Las proclamas de estos días, que tienen raíces identitarias quechuas y aymaras y también regionalistas, se alimentan de la justa indignación por el ninguneo del sur desde las tesis “fraudistas”. Se han acrecentado con la destitución del ex presidente izquierdista maestro rural y campesino Pedro Castillo, el 7 de diciembre 2022  y la represión que siguió a las protestas con el saldo letal de al menos 28 vidas. El trasfondo del sentimiento de agravio es la experiencia cotidiana de exclusión social y de discriminación dentro de un orden político capturado por élites limeñas y regionales y un Estado muy desprestigiados.

El factor que motoriza la secesión no es compartido por todos. Los pueblos amazónicos en Madre de Dios, Cusco y  Junín sostienen conflictos permanentes con colonos andinos. Resienten de una apropiación étnica del poder de los centros de poder andino; entre ellos Cusco vs. Camisea, Huancayo vs. Satipo. Sin embargo, la Asociación de los Pueblos Originarios de la Selva ( AIDESEP) también  ha reclamado  el retorno del ex presidente Castillo.

Los conflictos por el control de los recursos, entre ellos de manera destacada los de las cuencas de agua, todavía dividen a pobladores de regiones vecinas. Pero también irrumpen poderes que operan de facto.

Una de las figuras que promueve en Arequipa la idea de secesión es Felipe Domínguez de antigua filiación fujimorista después partidario de Castillo, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, ex candidato sin éxito al Congreso y a la alcaldía del distrito de Cerro Colorado.  “Los limeños nos quitan el derecho a consulta popular, a nuestro presidente que hemos elegido mayoritariamente (Pedro Castillo) lo tienen secuestrado; están asesinando y los muertos son del sur, no del centro ni del norte”, afirmó en televisión el pasado 23 de diciembre. “¿Para qué pertenecemos al Perú entonces si tenemos todo, Machupicchu, gas, mineras, mar hermoso, agricultura? ¿Para qué estaríamos dando a zánganos de la ciudad de Lima?”, cuestionó Domínguez, a quien la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió diligencias preliminares en su contra por promover la creación de una ‘República del Sur’. Se lo acusa del delito de atentado contra la soberanía.

Una nueva nación

El proyecto secesionista, que tiene en marcha la formación de un “comité independentista”, sostiene una “nueva república” integrada por los departamentos andinos y/o amazónicos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Estos nueve departamentos del Sur Grande del  Perú (de los 24 que junto a la provincia constitucional Amazonas conforman el espacio geográfico del Perú), cuentan con puertos sobre el Pacífico, recursos importantes derivados de la minería y del turismo, con fuerte presencia quechua y aymara. En el territorio del Sur Grande, zona de gran importancia geopolítica por su vecindad con Brasil, Bolivia y Chile, históricamente ha determinado la identidad del país, tanto su matriz minera como también intelectual, viven entre seis y siete de los 33 millones de habitantes del Perú.

La propuesta de esta “nueva nación” -que alcanzaría parte de Bolivia y norte de Chile- surgida en Puno, se expuso en el Primer Encuentro Macroregional del Sur  del 28 de diciembre de 2022, en Arequipa. La idea es socializarla y propiciar una suerte de referéndum donde la ciudadanía decida.

Félix Suasaca Suasaca, un líder que defiende la cuenca del río Coata, afluente del lago Titicaca,  declaró que hace tres meses se llevó a cabo una reunión donde se expuso cuántas mineras operaban en el sur del Perú y el monto que generaban de renta al Estado. Un aporte que es mayor del que se recibe. “Se entregan muchos recursos a Lima y no se ve el progreso. Planteamos que mejor nos separamos y este recurso se quede en la macrosur”, manifestó Suasaca.

Una nación en construcción, decía Martiátegui

La contradicción entre Lima “la horrible”, inventada por el poeta César Moro y revisitada en el afamado ensayo de Sebastián Salazar Bondy, versus  las provincias, especialmente las del Sur Grande queda a prueba si se tiene en cuenta que 80 % de habitantes de Lima son migrantes provincianos, habitantes de las barriadas en condiciones de pobreza.

Por el contrario, la contradicción principal es entre el modelo capitalista neoliberal, centralista, discriminador y corrupto del statu quo y las fuerzas democráticas que aún con sus contradicciones apelan al cambio. Las tendencias centrífugas y secesionistas atentan contra la integración del país tanto como las políticas de gobierno que hasta el momento rigen en Perú.

El momento de una constituyente

 La derecha rechaza cualquier cambio como si la Constitución de 1993 promulgada por el régimen pinochetista fuera la Santa Biblia. El discurso de una nueva Constitución hace ya algunos años que no es marginal, y como todo discurso tiene su momento. Formó parte de las promesas de campaña del ex presidente Castillo, quien había anunciado su propósito de convocarla en el justo momento de su caída política. Si el Sur entiende que Lima no tiene o al menos no muestra intención de desarrollar un marco de entendimiento con nuevas reglas de juego más justas para las necesidades más urgentes; si no se ofrece esa solución política, el otro camino es el de una Secesión: salirse del Perú. Desde  una perspectiva dialéctica, pasarían de unos dominantes a otros dominantes sin una real emancipación. A esta situación se inclina el Sur Grande.

Una Constituyente es la única salida antes de que sea demasiado tarde; y el gobierno podría impulsar un referéndum de entrada para que los peruanos decidan si quieren o no una nueva Constitución para el Perú presidencialista cuyo Ejecutivo y el Congreso han perdido el respeto de la gente del común, del pueblo. 

AGB

Dos bomberos murieron hoy tras chocar su vehículo con un avión de la aerolínea LATAM que despegaba para un vuelo nacional desde el aeropuerto de Lima, se informó oficialmente.

“Lima Airport Partners lamenta profundamente la pérdida de las vidas de dos miembros del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de LAP en el accidente ocurrido esta tarde entre un vehículo de bomberos y la aeronave que atendía el vuelo LA2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca”, según informó Lima Airport Partners (LAP), operadora del aeropuerto internacional de la capital peruana, precisó la agencia de noticias AFP.

Según informó LAP en su cuenta de Twitter, los fallecidos fueron identificados como Ángel Torres, de la compañía de bomberos Garibaldi 6; y Nicolás Santa Gadea, de la compañía Garibaldi 7.

Por este hecho, el aeropuerto informó que todas las operaciones se encuentran suspendidas hasta mañana las 13.

Por su parte, la aerolínea LATAM Perú indicó en su cuenta de Twitter que “no hay pasajeros ni miembros de la tripulación fallecidos” tras el siniestro ocurrido.

DA

En las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo 2 de octubre en Perú más de 24 millones de ciudadanos fueron convocados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y  1.694 distritales en un contexto de crisis política donde las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo son una constante. Las peruanas y peruanos  también votaron para 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

Una de las resultantes más nítidas de este proceso electoral es la profundización de la crisis de partidos testimoniada en la fragmentación del voto que en Perú es obligatorio y en el ánimo electoral. No pocas  peruanas y peruanos han dicho que han ido a votar con pena, por obligación, con poca ilusión porque no han visto un candidato que expresara una posible renovación de los partidos competidores cuya debilidad conlleva el riesgo de una personalización de la política peruana.

Castillo y Fujimori son los grandes perdedores en las regiones

Sorprendentemente o no tanto, Perú Libre y Fuerza Popular que hace poco más de un año y cuatro meses lucharon encarnizadamente en la segunda vuelta presidencial han resultado perdedosos. Los ganadores pertenecen a movimientos independientes regionales en  Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Puno. Otros tres de Somos Perú, en  Loreto y San Martín; y Avanza País en  Madre de Dios.

Los candidatos postulados por Fuerza Popular, el partido cuya lideresa fue la candidata presidencial que había pasado a segunda vuelta en las elecciones de 2021, no ganaron en ninguna de las  19 regiones donde se han presentado: Amazonas, Áncash, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Piura, San Martín y Tumbes. Un desolador resultado también obtuvo Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia de Perú a Pedro Castillo. Ninguno de sus candidatos ganó en las 15 regiones donde han competido: Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali.

Muy probablemente se deba respecto a los primeros por su campaña del falso fraude electoral y sus intentos infructuosos de vacar a Pedro Castillo. Y los segundos, por asociarse a los fujimoristas en el Congreso y sumarse a proyectos antidemocráticos. Durante la campaña presidencial, Cerrón que había sostenido durante la campaña electoral un potente mensaje antifujimorista,  cuando accedió al poder hizo alianza con el partido denostado. En esta línea, la derrota puede bien leerse como el repudio de los electores a Cedrón y su partido por su actuación política.

La  crisis de partidos ha motivado que en las regiones hayan ganado  más los movimientos que partidos, incluso en el caso de  Acuña que ganó por  Alianza para el Progreso en el norte. El APP es un partido empresa, que gira alrededor de un personaje y no tiene  una estructura democrática significativa. “Hubo partidos que han ido perdiendo la presencia nacional, en un momento dependían de candidaturas locales hasta que ellos se dieron cuenta de que no necesitaban los partidos, es más, que se desprestigiaban asociándose a los partidos nacionales envueltos en denuncias de corrupción y optaron por sus propias organizaciones partidarias” detalla Hernán Chaparro, investigador y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

En el Perú, los gobiernos regionales como los municipios provinciales y distritales si bien guardan dependencia en relación al gobierno central, por ejemplo, en los mecanismos de recaudación tributaria altamente centralizada y en su capacidad de gasto, cuentan con una relativa autonomía administrativa que les permite implementar diversas obras públicas con la participación tanto de empresas privadas como entidades ejecutoras. Esto último ha sido  aprovechado por la corrupción institucionalizada. Funcionarios públicos y autoridades políticas en muchos casos son los grandes promotores y auspiciadores financieros y logísticos de las candidaturas de diversos caudillos regionales, provinciales y distritales. Por estas razones, en los últimos años las propuestas electorales se han desvinculado de propuestas integrales que pongan en cuestionamiento los problemas estructurales del país y el carácter altamente centralista y excluyente del actual régimen político que se sostiene en la Constitución de 1993.

En LIma, un ultraconservador sale primero, y un ex militar torturador sale segundo

El ganador de la contienda para ocupar el sillón de la Alcaldía de Lima donde viven 10 millones de habitante,  un tercio de la población del país  -que ha sido disputado por ocho candidatos- es el empresario Rafael López Aliaga por el partido ultraconservador Renovación Popular con 26,28 por ciento de los votos, un  ajustado 0,9 puntos por encima de su rival, el exmilitar  derechista acusado por violaciones a los DDHH, Daniel Urresti de Podemos Perú  con el 25,37 por ciento.   López Aliaga - apoyado por el fuijimorismo que no presentó candidato en Lima-  había asegurado en vísperas de conocer el resultado definitivo que  ya está “trabajando con bancos internacionales” para “conseguir dinero para Lima” y que, de ganar las elecciones, quiere contar en su administración con su principal adversario en las urnas, Urresti para quien aseguró  que las “puertas están abiertas”. Respecto al presidente Castillo,  López Aliaga  quien hizo buena parte de sus millones con el monopolio que le dio la dictadura de Alberto Fujimori para la operación del lucrativo tren a las ruinas de Machu Picchu, le pidió que “renuncie de una vez por el bien del Perú, que se asile a un país” y deje a Perú “en paz”.

Los porcentuales obtenidos por los otros candidatos ha dejado de manera nítida la fragmentación del electorado: el ex futbolista George Forsyth del centroderechista Somos Perú,  el 18,93 % seguido por Elizabeth León, del partido centroizquierda Frente de la Esperanza, con 10,92 %. En quinta posición figura Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso (APP), 7,10 %, seguido de Gonzalo Alegría acusado por su hijo de abuso sexual del partido izquierdista Juntos por el Perú (PJ), 6,38 %, y María Elena Soto, del derechista  Avanza País, 3,5 %.La lista la cierra Yuri Castro, 1,47 %, quien postuló por el partido Perú Libre.

Chaparro  ponderó  “Creo que es la primera vez que gana un candidato en Lima que no llega al 30%” y predijo “Con López Aliaga, creo que vamos a tener una gestión más ideologizada, más política, que tome como plataforma el municipio para enfrentarse a Castillo”. La ciudad capital permite también observar los lugares  alcanzados por las diferentes fuerzas políticas que compitieron y alcanzaron los primeros lugares: APP, en el sur de Lima, Somos Perú y Podemos Perú en el norte y Renovación Popular el centro de la ciudad.

En el marco general del país, las opciones conservadoras y derechistas fueron las ganadoras en este proceso electoral; sin embargo, su victoria se ha dado en un marco de alta fragmentación a nivel nacional con la predominancia de organizaciones regionales, no partidos nacionales y en un clima de creciente descontento social acicateado cotidianamente por la crisis económica y por las recurrentes crisis políticas que debilitan de manera considerable la legitimidad de las instituciones, que no permite con certeza vislumbrar un igual resultado en las próximas elecciones generales del país andino.  Y en cuanto los resultados virtuales del domingo 2 de octubre aún no quedó definido si habrá  una segunda vuelta, debido a que la Ley de Elecciones Regionales determina que para  ser elegidos los candidatos la fórmula que representan debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

AGB con información de agencias, medios y fuentes

El Congreso de Perú negó este jueves al presidente Pedro Castillo el permiso para que viaje a Bogotá, donde tenía previsto acudir el próximo 7 de agosto a los actos de transmisión de mando del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro.

En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso a Castillo, 42 lo hicieron a favor y hubo 5 abstenciones, con lo que el Parlamento negó el permiso que los presidentes peruanos deben obtener de la cámara para cualquier viaje al exterior.

Al tomar la palabra en el pleno, los diputados esgrimieron diferentes argumentos para negar el permiso; algunos afirmaron que existía riesgo de fuga, puesto que la Fiscalía está investigando a Castillo por varios casos de posible corrupción, mientras que otros alegaron que hay “una crisis presidencial sin precedentes”.

AGB

La marcha pacífica que pedía el fin del toque de queda ordenado para frenar un paro de transportistas y de la gestión del presidente Pedro Castillo acabó con la avenida Abancay, cerca del Parlamento, convertida en un campo de batalla que enfrentaba a manifestantes contra la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras destrozar la fachada de la institución judicial, esta fue saqueada y algunos asaltantes se llevaron ordenadores, material informático y documentos.

Durante la marcha, parte de los manifestantes intentaron llegar al Palacio de Gobierno, acceso bloqueado por la Policía, lo que provocó los primeros momentos de tensión entre las dos partes que derivaron en lanzamientos de bombas de gas lacrimógeno por parte de los agentes, lo que fue respondido por el lanzamiento de piedras a la policía e incluso a la prensa.

EFE

Unos 25 policías peruanos resultaron heridos en la noche del martes en choques con manifestantes que protestaban contra el presidente Pedro Castillo en Lima y que causaron destrozos en el Palacio de Justicia y la sede nacional de la Fiscalía, informó el Ministerio del Interior.

“Alrededor de 25 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos por los hechos de violencia protagonizados por un grupo de personas durante las manifestaciones” en el centro de Lima, dijo el ministerio.

Los disturbios comenzaron en la tarde mientras Castillo sostenía una reunión con los líderes opositores que controlan el Congreso y cientos de personas protestaban en los alrededores del edificio legislativo y otros puntos de Lima.

Durante esta reunión, el mandatario izquierdista anunció el fin del toque de queda diurno que había decretado para este martes con el fin de contener protestas por el alza de precios de los combustibles y alimentos.

Algunos manifestantes chocaron con los policías cerca del Congreso, mientras algunos de ellos “causaron daños en locales del Ministerio Público, el Poder Judicial y establecimientos comerciales del centro de Lima”, dijo el ministerio.

Además, en el Palacio de Justicia los manifestantes sustrajeron computadores y otros equipos, según la Policía, informó la agencia de noticias AFP.

La policía trató de impedir con agentes montados que los manifestantes violentos se aproximaran a los edificios púbicos, pero sus caballos fueron atacados a pedradas, mostraron imágenes de canales locales de televisión.

Además, causaron destrozos en un autopatrulla, dijo la Policía en su cuenta de Twitter.

El fin del toque de queda fue recibido con vítores por los centenares de manifestantes congregados cerca del Congreso y en otras partes de Lima por sentir que le habían doblado la mano a Castillo.

Paralelamente, un joven de 18 años murió este martes en Ambo, en el departamento central Huánuco, tras recibir golpes en la cabeza, informó la radio RPP, que citó a autoridades médicas locales.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Defensa de Perú, José Gavidia, explicó este martes que la razón por la cual el Gobierno decretó el estado de emergencia por casi 22 horas en Lima y Callao fue porque contaba con informes acerca de posibles “movimientos y actos vandálicos generalizados”.

“Y esa es la razón por la que hoy se ha decretado inmovilización (toque de queda), porque se tenía información que habría movimientos y actos vandálicos generalizados”, dijo al canal Latina.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, detalló en Twitter que se contaba con “reportes de inteligencia” y de dirigentes sociales “legítimos” que confirmaban esa información.

“Reportes de inteligencia y dirigentes sociales legítimos dieron cuenta que otros grupos estaban organizándose para crear el caos en Lima. Por eso, se tomó la decisión de la inamovilidad para preservar la seguridad de la población”, escribió en esa red social.

Rozando la medianoche del lunes el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que el Consejo de Ministros aprobó decretar el estado de emergencia durante 22 horas en Lima y su vecina provincia del Callao en respuesta al paro de transportistas que ha provocado protestas y paros en carreteras.

Una medida adoptada pese a que no hubo saqueos o actos vandálicos en Lima o en Callao, lugares donde se ha decretado esta inmovilidad social (toque de queda).

Por ello, el anuncio de Castillo sorprendió a los habitantes de ambas provincias que amanecieron confundidos por las restricciones.

Pero sí hubo saqueos menores en las provincias de Ica, Trujillo, Ucayali, Cajamarca y San Martín, todas ellas alejadas de la capital, donde varias tiendas de gasolineras, mini-supermercados y una cervecería fueron asaltadas.

Los gremios de transportistas y agricultores comenzaron el pasado lunes 28 de marzo paros en carreteras debido al aumento de los precios de combustibles.

POSIBILIDAD DE EXTENDER EL TOQUE DE QUEDA

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaró que, si esta situación persiste, el toque de queda “se puede extender al resto del país”.

“Sí, lo estamos estudiando, la presencia de la autoridad en todas las regiones va a ser mayor. Si esta situación persiste se puede extender al resto del país, pero creo que la población va a entender y no acepta estos actos vandálicos”, dijo Torres en el canal estatal TV Perú.

También explicó que esta medida busca evitar que se magnifiquen estos episodios de delincuencia común ocurridos este lunes en varios puntos del país.

REACCIONES DE LAS BANCADAS POLÍTICAS

El izquierdista Castillo encontró un peculiar apoyo por parte del congresista del partido de ultraderecha Renovación Popular Jorge Montoya, quien afirmó que existía el peligro de que personas bajaran “  de los cerros (zonas populares) a saquear” Lima.

La política y aliada de Castillo durante su candidatura presidencial, Verónika Mendoza, líder de la coalición progresista Juntos por Perú, criticó el toque de queda calificándolo de medida “arbitraria y desproporcionada”.

“El Gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de 'resolución de conflictos' de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos”, dijo en Twitter.

Por otra parte, la expresidenta del Consejo de Ministros del gabinete de Castillo entre el 6 de octubre y el 31 de enero, Mirtha Vásquez, también mostró su rechazo en la misma red social.

“Los conflictos sociales no se solucionan con la represión ni imponiendo un estado de excepción que recorta derechos. Medidas autoritarias como esta solo exacerbarán el malestar ciudadano que sufre la crisis económica. ¡Hágase cargo presidente y busque salidas democráticas!”, concluyó.

Con información de EFE.

IG

La Defensoría del Pueblo de Perú presentó este martes un recurso de “habeas corpus” para que la Justicia derogue la inmovilización social (toque de queda) dictada para hoy por el Gobierno de Pedro Castillo en Lima y su vecina provincia de Callao.

La demanda fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima por el defensor, Walter Gutiérrez, contra el presidente Pedro Castillo y varios ministros de Estado.

“Solicitamos se declare fundada la demanda y, por consiguiente, se disponga dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria (...) así como exhortar a las codemandadas de abstenerse en volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad”, señaló el documento.

El recurso se entregó poco después de que la Defensoría emitiera un pronunciamiento en el que demandó al Ejecutivo el “cese inmediato” de la orden por considerarla “inconstitucional”.

Castillo anunció minutos antes de la medianoche del lunes que el Consejo de Ministros había decidido decretar el toque de queda en respuesta a un paro de transportistas que comenzó la semana pasada y que generó cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.

La medida se mantendrá desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche de este martes “para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”.

Asimismo, se decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

La decisión del Ejecutivo fue rechazada por políticos de diferentes tendencias y ciudadanos que se mostraron sorprendidos y desconcertados por una medida que muchos conocieron solo cuando se disponían a ir a sus trabajos.

El presidente anunció, por su parte, que se presentará en la tarde de este martes junto con varios de sus ministros ante el Congreso, al que fue invitado por su presidenta, la opositora María del Carmen Alva.

La legisladora advirtió, en un primer momento, que el Gobierno “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución, aunque luego dijo que van a “ayudar al Ejecutivo a manejar esta crisis que ellos mismos han originado”.

“Desde el Congreso queremos ver qué podemos hacer para ayudar al Poder Ejecutivo a que pueda manejar esta crisis lo mejor posible, es lamentable que el presidente a la medianoche haya dado esta medida extrema porque la mayoría de los peruanos estaba durmiendo y se ha despertado y se ha encontrado esta noticia”, concluyó.

Con información de EFE.

IG

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se presentará en la tarde de este martes junto con varios de sus ministros ante el pleno del Congreso, en medio de la sorpresa que ha generado su decisión de decretar el toque de queda en Lima Metropolitana y su provincia vecina de Callao.

La Presidencia peruana informó, en un mensaje en Twitter, que Castillo aceptó la invitación de la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva.

Agregó que la decisión se tomó “al haberse cursado dos invitaciones en forma simultánea”, en referencia a que el gobernante también había pedido a la Mesa Directiva del Parlamento que asista este martes al Palacio de Gobierno.

Finalmente, Castillo aceptó la invitación de Alva y acudirá a las 15.00 horas de este martes (20.00 GMT) al Palacio Legislativo “acompañado por un grupo de ministros”.

El presidente anunció casi en la medianoche del lunes que el Consejo de Ministros había decidido decretar el toque de queda en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.

Castillo detalló que la medida se mantendrá desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche de este martes “para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”.

Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue rechazada y calificada de “inconstitucional” por políticos de diferentes tendencias y la Defensoría del Pueblo, que pidió que se deje sin efecto de forma inmediata.

La presidenta del Congreso afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución y anunció que el Legislativo “continuará con su agenda prevista”.

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que “la incapacidad y desgobierno” de Castillo “son inmorales pues atentan contra el bienestar del pueblo” y le pidió al gobernante que “adelante las elecciones”.

“Gabinete de transición ya”, enfatizó en su cuenta en Twitter.

Con información de EFE.

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La provincia de Lima amaneció este martes entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional.

Aunque la medida afectó a unas diez millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer de este martes numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad.

Efe constató la sorpresa de muchos de ellos, que no se habían enterado de la decisión del Gobierno, anunciada poco antes de la la medianoche por Castillo, mientras otros indicaron que, de todas maneras, debían llegar a sus trabajos.

A las paradas en grandes avenidas en la ciudad solo llegaron algunos autobuses de la Policía Nacional para recoger a personas que buscaban un transporte, como en el distrito de Santa Anita, en el este de la capital peruana.

La Carretera Central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país que, fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de alguna medio de transporte.

A pesar de ello, la emisora RPP reportó que el Mercado Mayorista de Santa Anita, el más grande de Lima, inició sus actividades con normalidad y que decenas de vehículos ingresaban para comprar productos para sus puestos y tiendas.

DENUNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de “inconstitucional por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó en la ”ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao“.

El toque de queda fue adoptado por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.

Castillo detalló que la inmovilidad ciudadana (toque de queda) se mantendrá desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche de este martes “para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”.

Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.

Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.

“Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, concluyó.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo aseguró que esta medida no toma en cuenta los “severos impactos” que causará a las trabajadoras y los trabajadores de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de forma inmediata.

La orden también generó el rechazo de otros autoridades, como la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución y anunció que el Legislativo “continuará con su agenda prevista”.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, también manifestó su desconcierto ante la decisión y rechazó que el Ejecutivo tome “estas decisiones tan insensatas, que da claras muestras de incapacidad”.

Incluso legisladores de izquierda, como Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, señalaron que la medida es “inacatable”, mientras Susel Paredes, del Partido Morado (liberal), afirmó que Castillo puede ser acusado constitucionalmente.

La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.

Durante estas protestas han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que al menos otras veinte han sido detenidas.

Con información de EFE.

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El Gobierno peruano decretó en las últimas horas un toque de queda que comenzará a regir a las 2.00 de este martes y que se prolongará hasta las 23.59 en la provincia de Lima, en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana.

“El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovibilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”, dijo el presidente peruano, Pedro Castillo, en una alocución minutos antes de la medianoche.

Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

La paralización de los transportistas responde al incremento de precios de los combustibles, ante lo cual el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio próximo.

El jefe de Estado justificó las medidas que entrarán en vigor mañana debido a los “hechos de violencia que algunos grupos han querido crear” con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, lo que ha creado “inseguridad y zozobra”.

En ese sentido, Castillo hizo “un llamado a la calma, a la serenidad” y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse “dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas , así como la propiedad pública y privada”.

“Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado, haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible (y) que esté a nuestro alcance para dar y ayudar a nuestra población”, expresó el mandatario.

Durante la protesta de los transportistas, y a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos.

Una veintena de personas han sido detenidas por los disturbios provocados en once regiones del país que han presentado cortes del transporte terrestre.

En la sureña Ica, los manifestantes quemaron este lunes cinco puestos de peaje, mientras que en la ciudad norteña de Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios, unos hechos que replicaron a los desórdenes del fin de semana en la ciudad andina de Huancayo.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, había invitado al mandatario y varios ministros el martes al Congreso para analizar las medidas que tenía en marcha para solucionar las protestas de los transportistas, a lo cual el Ejecutivo respondió con otra invitación a la mesa directiva del Parlamento unas horas antes.

Con información de EFE.

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