Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta “modernización laboral”. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida.

Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.

Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.

Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.

Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.

Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral.

Comunicado de SiPreBA y FATPREN

La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior. El dato forma parte del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que fue presentado hoy en el auditorio Emar Acosta del anexo del Senado.

“Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales —prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior— se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el documento.

El relevamiento fue elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el SiPreBA, la FATPREN y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. Los datos surgen de denuncias recibidas por los sindicatos y que también integraron la reciente exposición ante la CIDH.

83 periodistas reprimidos hasta octubre

Según el informe, hasta fines de octubre se contabilizaron 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el fotógrafo Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, intoxicaciones por gases, golpes y vejámenes.

Ese número representa un incremento del 66% frente a los 50 casos registrados en 2024.

“Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el documento.

Una matriz regresiva que se profundiza

La segunda edición del informe describe una profundización de políticas regresivas que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en seis grandes ejes:

Represión y criminalización de la protesta

El incremento de periodistas reprimidos evidencia “acciones sistemáticas” de las fuerzas de seguridad contra comunicadores, docentes, manifestantes y activistas. El caso de Pablo Grillo es presentado como símbolo de la impunidad y la falta de respuesta institucional.

Censura y hostigamiento judicial

Se consolidó la judicialización de periodistas y dirigentes sociales como mecanismo para silenciar voces críticas. El informe destaca el primer intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difundir los audios de Karina Milei.

Estigmatización y ataques digitales

Desde la Presidencia y cuentas oficiales se impulsaron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas. El documento subraya el impacto diferencial sobre mujeres periodistas y detalla los ataques más relevantes del año.

Desinformación y deepfakes

En pleno año electoral, la producción de videos manipulados con IA y las campañas de desinformación adquirieron una escala inédita, afectando el debate público y la confianza en las fuentes.

Deterioro laboral del sector

Se registra un agravamiento de la crisis en prensa: congelamiento de salarios en medios públicos, falta de actualización paritaria en privados, precarización, pérdida de derechos y despidos masivos.

Vaciamiento y opacidad estatal

El informe denuncia el vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios. También advierte sobre la reducción drástica del acceso a la información pública y la opacidad en la pauta oficial.

Vigilancia estatal y patrullaje digital

Se documentan avances del Poder Ejecutivo en tareas de inteligencia y monitoreo digital orientados a criminalizar la protesta y la expresión crítica, además de ataques a colectivos culturales, educativos y de derechos humanos.

Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este jueves por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.

El informe, titulado 'Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados', señala que al menos cuatro comunicadores se exiliaron entre abril y junio pasado.

“Entre abril y junio de 2025, FLED documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua desde 2018”, puntualizó ese organismo, con sede en Costa Rica.

“Este dato confirma la persistente persecución contra la prensa crítica” nicaragüense de parte del gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, añadió.

Asimismo, la FLED señaló que en el segundo informe trimestral 2025 documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.

“El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital reflejó una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada”, valoró en el estudio.

“A medida que el exilio y el silencio forzado redujeron la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladaron con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensificaron”, alertó esa ONG.

Se incrementa negativa para ingresar a Nicaragua

Ese organismo aclaró que el número de casos documentados no abarca la totalidad de las agresiones que suceden en el país, debido a que “el miedo persiste como una barrera que impide a muchos periodistas denunciar lo que viven”.

Durante el segundo trimestre de 2025 también se observó “un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido”, de acuerdo con el informe.

La FLED observó que “estas restricciones alcanzaron incluso a profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico”.

“A diferencia de episodios anteriores, cuando las acciones represivas se centraban en figuras de alto perfil o voces abiertamente críticas, las recientes negativas de ingreso afectaron a comunicadores que no necesariamente son reconocidos y que intentaban regresar al país por razones personales o familiares”, anotó ese organismo.

Entre 2018 y 2023 se cerraron al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según esa ONG.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

EFE

En un escenario donde la industria de la prensa atraviesa su crisis más profunda, expertos del sector reunidos esta semana en el VIII Congreso de Editores de Medios de Europa y América Latina coincidieron en señalar que la inteligencia artificial (IA) podría ser la clave para la supervivencia de los medios de comunicación.

“¿Estamos ante una herramienta que potenciará el periodismo o, por el contrario, acabará con él?” Ésa es la pregunta que se hizo este martes un grupo de directores y editores de medios de comunicación de los dos continentes que se dio cita en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Y mientras unos ven en esta tecnología una oportunidad para adaptar la industria a los nuevos desafíos del ecosistema digital, algunas voces alertan sobre los peligros de la automatización y la pérdida de empleos.

Porque si no se maneja adecuadamente, advierten, la irrupción de la IA en el periodismo puede desplazar al periodista humano y deteriorar la calidad del contenido, amén de los riesgos éticos y económicos que supone su implementación.

Un nuevo compañero en las redacciones

Andrés Mompotes Lemos, director del diario colombiano El Tiempo, sostiene que la IA se ha convertido en un nuevo acompañante del periodista, con aplicaciones que van desde la generación de contenido hasta la automatización de tareas y el análisis de grandes bases de datos.

Según explica, su medio ha desarrollado herramientas basadas en modelos disponibles en el mercado que permiten realizar en segundos tareas que antes requerían semanas de trabajo. No obstante, Mompotes enfatiza la importancia de que el periodista mantenga el control sobre el contenido generado por la IA, para asegurarse de que esta no sustituya el criterio humano en la toma de decisiones.

Para Antonio San José, socio del Grupo Kreab en España, la IA marca un antes y un después en el periodismo. San José coincide en que el factor humano sigue siendo indispensable, porque la clave -asegura- está en preparar a los periodistas para manejar estas herramientas de manera efectiva y evitar así que la tecnología domine el proceso periodístico.

En la misma línea, Claudia Benavente, directora del periódico boliviano La Razón, plantea interrogantes sobre la ética en el uso de la IA en los medios, al tiempo que se pregunta si esta revolución tecnológica responde a una moda o realmente transforma la manera en que se concibe el periodismo.

Benavente advierte además sobre el riesgo de que la sociedad pase de un modelo de capitalismo financiero a uno basado en los datos, donde la identidad de los ciudadanos se vea comprometida.

Errores y ética en la era de la IA

Jennifer Wilton, editora jefa del diario Die Welt, resalta que si bien la IA permite a los periodistas concentrarse en tareas de mayor valor añadido, su implementación no está exenta de fallos.

En una participación telemática desde Alemania durante la jornada inaugural del VIII Congreso de Editores de Medios de Europa y América Latina, Wilton explicó que en su medio, una herramienta basada en IA condujo a errores en el 95 % de los casos en los en que fue utilizada. Es por ello, dice, que la creciente automatización del periodismo exige reforzar los principios éticos y la verificación de información para evitar la difusión de contenido erróneo o sesgado.

Alejandro Elortegui, director de Nuevos Proyectos del Grupo Prisa en España, advierte de que la situación económica de la industria periodística es más crítica que nunca, porque a pesar del crecimiento de la audiencia digital, los ingresos publicitarios han disminuido significativamente.

En su opinión, la IA representa una oportunidad para reformar y hacer más eficientes las empresas de comunicación, aunque reconoce que su implementación ha provocado la desaparición de cientos de empleos en el sector.

De hecho, en Argentina, Clarín ha reducido a un tercio la plantilla de periodistas que tenía a comienzos de este siglo, según señala Pablo Vaca, editor jefe del diario. En su caso, la IA se ha convertido en una herramienta fundamental para la automatización de determinados contenidos, el análisis de datos e, incluso, la gestión de ventas.

En cualquier caso, el consenso entre los profesionales es claro: la clave del futuro del periodismo no está solo en la tecnología, sino en la capacidad de los periodistas para adaptarse y mantener el control sobre el contenido que generan.

Un pacto contra la censura y la manipulación

Directores y editores de medios de comunicación reunidos en VIII Congreso de Medios de Europa y América Latina suscribieron esta miércoles la Declaración de Cartagena, en la que reafirman su compromiso con el periodismo como pilar de la democracia y denuncian las crecientes amenazas contra la libertad de prensa.

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, Susana Sumelzo, encargada de clausurar la reunión llevada a cabo en la ciudad amurallada del Caribe colombiano, respaldó el documento y subrayó la necesidad de un compromiso renovado con la veracidad, el rigor informativo y la lucha contra la desinformación.

Periodismo en defensa de la verdad El manifiesto enfatiza: “los periodistas estamos en una única guerra, la de la verdad”, motivo por el cual destaca la importancia de la información como un derecho inalienable y una herramienta esencial para la democracia, la igualdad y el desarrollo.

Al respecto, la Declaración de Cartagena exige garantías para una prensa libre, rechaza la censura y demanda protección para los comunicadores que denuncian violencia, dictaduras, mafias y corrupción.

Sus firmantes son miembros de la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, organización que agrupa a más de sesenta profesionales de la información y la comunicación de ambas regiones.

El principal objetivo de EditoRed Eurolatam, nombre de esta organización de medios, es defender el libre ejercicio de la profesión periodística y contribuir a mejorar la información y el entendimiento entre las dos regiones.

En el discurso de clausura de este congreso editorial, Sumelzo alertó sobre los riesgos de la desinformación, a la que calificó como un “virus” que distorsiona la realidad y amenaza la estabilidad democrática.

“La intoxicación deliberada no es sinónimo de pluralidad ni de libertad de expresión”, advirtió, al tiempo que instó a los editores a reforzar el compromiso con la honestidad y la transparencia.

Uno de los puntos más críticos de la Declaración de Cartagena es la transparencia en la asignación de la publicidad estatal, a fin de evitar que se use como herramienta de presión política.

La secretaria de Estado española apoyó esta postura, y recordó que los medios son indicadores de la calidad democrática de un país y que su independencia no puede estar sujeta a intereses gubernamentales o económicos.

Así mismo, hizo un llamado a los poderes públicos para que respalden a los medios en su labor de información, garantizando un ecosistema mediático fuerte y libre.

Inteligencia artificial y el futuro del periodismo El principal eje de debate del VIII Congreso de Editores de Medios de Europa y América Latina fue el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. Sobre este punto, la Declaración de Cartagena incluye un compromiso con el uso responsable de la IA, para garantizar que no sustituya la verificación humana en la construcción de la información.

En este sentido, Susana Sumelzo reconoció sus beneficios, pero alertó acerca de la necesidad de una regulación adecuada para evitar manipulaciones y sesgos que puedan distorsionar la verdad.

El Congreso también reafirmó el compromiso con la defensa del español y el portugués como lenguas globales y esenciales en la lucha contra la desinformación. La secretaria de Estado celebró este enfoque, recordando el papel del idioma como vehículo de pensamiento crítico y cohesión cultural en Iberoamérica.

La firma de la Declaración de Cartagena fue el acto de clausura de un congreso en el que los editores y periodistas reafirmaron su compromiso con un periodismo independiente y de calidad en un contexto de crecientes desafíos globales.

Desde su fundación en 2008, EditoRed ha organizado congresos periódicos que reúnen a los principales medios europeos y latinoamericanos para compartir y debatir temas destacados de la realidad y actualidad de cada país y de la profesión periodística.

Además, desde 2012, estos congresos han servido como actividades preparatorias para las cumbres de líderes europeos y latinoamericanos (CELAC – UE) que se celebran bianualmente, y que este año tendrá lugar en Colombia en el próximo mes de noviembre.

Manuel Fuentes, para la agencia EFE.

IG

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció las trabas al acceso a la información oficial y el “deterioro de las condiciones en las coberturas periodísticas” desde que Javier Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023.

En un comunicado, Acera destaca que entre los ejemplos de “vulneración del derecho a la información, se encuentran las recientes restricciones en la acreditación de reporteros gráficos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso”, que encabezó Milei el pasado 1 de marzo.

También, hace alusión a “las medidas de seguridad extra que, ante el clima de violencia creciente, muchos periodistas se ven obligados a tomar para realizar su trabajo en coberturas de protestas, marchas y movilizaciones de la sociedad civil argentina”, con el uso de chalecos y cascos antibalas por “el accionar policial dependiente del Gobierno nacional”.

Acera también destaca que “el presidente Javier Milei no ofreció ninguna conferencia de prensa desde que asumió (el cargo) hace catorce meses”, lo que “deriva en que la comunicación del mandatario con medios extranjeros sea extremadamente selectiva, según los criterios políticos y condiciones arbitrarias impuestas por Presidencia”.

La única comunicación entre Milei y sus ministros con los medios internacionales se reduce a una habitual conferencia de prensa del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien recientemente anunció “un inminente cambio de modalidad para el desarrollo de dichas instancias con un nuevo protocolo de selección de quiénes podrán estar acreditados en la sala de prensa de Presidencia”.

Además, la sala de prensa va a disponer de un “botón silenciador” que se va a activar “para evitar repreguntas de los periodistas o acallar intervenciones que no sean de su agrado”, denuncia Acera días después de este anuncio realizado en plena conferencia de prensa por Adorni.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros considera que estos hechos “vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente y las garantías de los periodistas para ejercer su trabajo”.

Dichas medidas adoptadas por el Gobierno también suponen un “avasallamiento de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y el respeto por el trabajo periodístico profesional”.

“Las limitaciones existentes para el desarrollo de la actividad periodística es un tema prioritario” para Acera, dice la organización, en la que explica que su objetivo es apoyar “el libre acceso de los corresponsales extranjeros a las fuentes de información”.

La organización explica que su misión, tras 40 años de existencia en Argentina, es “promover la libertad del ejercicio de la actividad periodística y protegerla de todo tipo de coacción, injerencia, agresión, discriminación u obstáculos directos o indirectos”.

Con información de la agencia EFE

La crónica de una renuncia anunciada: el periodista Eduardo Serenellini presentó este martes su renuncia al cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. En su mensaje a través de X, breve y casi protocolar, adujo “razones personales”, pero en la Casa Rosada nadie creyó esa explicación. La salida del funcionario es el capítulo final de una novela que se escribió en los pasillos del poder, con un guion plagado de intrigas, desplantes y, sobre todo, la omnipresente sombra de Karina Milei, la verdadera arquitecta de su caída.  

La renuncia llegó después de meses de desgaste. El nombramiento de Serenellini había sido oficializado en enero de 2024, como reemplazante de Belén Stettler, quien era cercana al asesor presidencial Santiago Caputo. Durante el período de más de un año en el que se mantuvo en el cargo, Serenellini fue cuestionado por referentes del mismo oficialismo. Al punto de que mantuvo una batalla con el vocero Manuel Adorni por la asignación de presupuesto.

La salida del exconductor se LN+ es el tercer cambio en el Gabinete nacional en menos de dos semanas. El viernes pasado fue eyectado Rodolfo Barra de la Procuración (este martes fue reemplazado por Santiago Castro Videla), mientras que el primero había sido Ignacio Yacobucci, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya salida se oficializó recién este martes.

Así y todo, Serenellini no tenía injerencia en la comunicación oficial del Gobierno a pesar de su cargo. Su agenda diaria incluía a cámaras empresarias y organizaciones civiles. Su último cónclave de relevancia había sido hace dos semanas, cuando recibió al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en medio de una reunión cargada de tensión. En ese momento, el sector agropecuario atravesaba fuertes reclamos por la cesación de pagos de varias firmas del campo, una situación que detonó críticas hacia el gobierno de Milei.

La foto de Serenellini junto a Pino fue interpretada como un intento desesperado por mantener puentes con un sector clave para la economía, pero también le costó reproches internos: en Balcarce 50 no todos aprobaron que el secretario de Prensa fuera quien encabezara un encuentro tan delicado.  

Sin embargo, ese gesto fue apenas un paréntesis en un proceso de aislamiento que llevaba meses. A puertas cerradas se le reprochaba una agenda paralela. En Balcarce 50 creían que usaba su rol para hacer lobby empresarial, con viajes frecuentes a provincias donde, según decían sus detractores, mezclaba negocios con su rol de funcionario. Él lo negaba, claro, insistiendo en que todas sus reuniones eran oficiales, pero eso no alcanzó para frenar la operación en su contra.  

Un episodio clave fue cuando la secretaria general de la Presidencia descubrió que Serenellini había supuestamente autorizado pauta oficial a través de una agencia de publicidad privada, con pagos millonarios a medios y empresarios que no comulgaban con la línea libertaria, según pudo saber elDiarioAR. El pecado capital: algunos de ellos estaban vinculados a la gestión de Alberto Fernández y otros, incluso, eran viejos enemigos declarados de Milei.  

Otro mazazo llegó en diciembre, cuando Karina le ordenó abandonar el amplio despacho que ocupaba en la planta baja de la Casa Rosada para mudarse al tercer piso, un rincón burocrático reservado para personal administrativo. Serenellini pasó de estar cerca del epicentro del poder a un ostracismo simbólico. La mudanza fue más que una decisión logística: fue un mensaje claro de que su tiempo en el gobierno estaba contado.  

Luego llegaron los desplantes. En la jura del canciller Gerardo Werthein, Karina pidió que Serenellini fuera reubicado en la última fila, mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, ocupaba un lugar destacado. Ofuscado, el secretario de Prensa abandonó la ceremonia. Poco después, quedó afuera del brindis de fin de año, una reunión clave para los libertarios, donde sí estuvieron todos los nombres importantes.   

¿Qué sigue para Serenellini? Desde su entorno insisten en que volverá al ámbito privado, tal vez retomando su carrera mediática. Mientras tanto, en Balcarce 50 prima el silencio, aunque el rumor es que Manuel Adorni podría absorber parte de las funciones de Serenellini, consolidando aún más su rol como hombre clave de Karina.  

PL/MC

El año 2024 batió un triste récord en cuanto a profesionales de prensa muertos de forma violenta, con al menos 165 en 21 países hasta la fecha, una cifra que ya supera todas las que anualmente recopila la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés) desde el año 2006.

Ese número supone un aumento interanual de casi el 18% con respecto a los datos de 2023, cuando se contabilizaron 140 periodistas asesinados.

Según los datos de PEC, la situación fue “particularmente dramática” en la Franja de Gaza, con 74 periodistas muertos en lo que va de año, y 155 si se contabiliza desde el comienzo de la ofensiva entre Israel y el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023.

La organización con sede en Ginebra advirtió que se trata del mayor número de víctimas registradas entre los medios de comunicación durante un conflicto en tan poco tiempo.

“La eliminación de periodistas palestinos sobre el terreno, selectiva o accidental, la destrucción de instalaciones de medios de comunicación, la negativa a permitir que periodistas extranjeros entren en Gaza y la presión sobre los medios israelíes demuestran un deseo sistemático del actual Gobierno israelí de obstruir la información sobre el destino de la población palestina”, declaró el presidente de PEC, Blaise Lempen.

Además de las muertes en Gaza, la extensión de los conflictos en la Oriente Medio también se saldó con la muerte de seis periodistas en el Líbano y dos en Siria, de acuerdo con el informe.

Otro conflicto especialmente mortal para los periodistas fue el de Ucrania, donde la guerra dejó este año un total de 20 reporteros asesinados: 19 periodistas ucranianos -fallecidos en su mayoría en el seno del Ejército- y uno británico que trabajaba en territorio ucraniano.

A estos hay que sumar además la muerte bajo custodia en Rusia de una periodista ucraniana el pasado octubre.

Más allá de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, Pakistán ha tenido el mayor número de periodistas asesinados (12), seguido de Rusia (7) y Bangladés (7).

En algunas regiones de América Latina la situación tampoco mejoró, como en México o Colombia, con siete y cuatro reporteros asesinados en 2024, respectivamente.

Por regiones, Oriente Medio ocupó el primer lugar con 85 muertes registradas en 2024, seguido de Asia, con 30; Europa, con 28; América Latina, con 13; y África, con 9.

EFE.

IG

En una nueva embestida contra la prensa, el presidente Javier Milei apuntó este miércoles contra los trabajadores de prensa en general a los que acusó, sin dar nombres, de golpear “de modo fuerte” a rivales “atados de pies y manos” quienes, “frente a su imposibilidad de defensa muchas veces son extorsionados para que no le peguen tanto”, al tiempo que advirtió a “los delincuentes del micrófono”, “estos pseudoperiodistas” que “les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”.

En un nuevo posteo en redes sociales, tras su regreso de Brasil, en donde participó de la cumbre del G20 y mantuvo reuniones cara a cara con el presidente chino, Xi Jinping, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y mientras aguardaba su encuentro bilateral con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en Casa Rosada, el mandatario sostuvo que, gracias a las redes sociales, “se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia”, y agregó: “Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente”.

En la misma línea, agregó: “Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre”.

Para Milei, “a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos”, por lo que planteó que “golpean” y “dan muestras de exquisitos en el arte”.

“A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, aclaró: “Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre”.

Por último, cuestionó las “respuestas conjuntas”, en alusión a la coordinación entre los gremios periodísticos, a los que acusó de ser cómplices de “un modelo violentamente siniestro”. “Al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio”, concluyó.

El texto

PERIODISTAS

A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan “muestras” de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto.

Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico.

A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión.

Por otra parte, cuando brindan esas respuestas conjuntas, los que se suman a esas cartas no sólo prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro, sino que al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio.

Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia. Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahira van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre.

CIAO!

Con información de agencias.

IG

Una serie de eventos y medidas se combinaron durante la última semana hasta encastrar como un frasco perfecto: ese que contiene a esta época de preguntas durísimas para la industria de los medios, especialmente, para el periodismo.

El lunes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de medidas destinadas a los medios de comunicación. Entre ellas, declaró el fin de la exención del IVA a las empresas periodísticas dedicadas a la publicación de diarios, revistas y publicaciones periódicas así como a las suscripciones de ediciones online. Además, le quitó a Arsat y al Enacom 100 MHz de espectro “para ampliar la oferta en el rubro de telecomunicaciones”. 

Para Martín Becerra, que analizó las medidas con precisión, los anuncios se engloban en un persistente ataque de Milei a periodistas pero también constituyen en su conjunto un ataque ruidoso al grupo Clarín y un probable cimento para los negocios de Elon Musk, la persona más rica del mundo, dueño de X, Tesla y Starlink. 

Ese mismo lunes de anuncios, en la Universidad Di Tella, Marty Baron disertaba sobre el futuro del periodismo en una entrevista con la periodista Inés Capdevilla. Exdirector del Washington Post, ganador de 11 premios Pulitzer, con una película tope de gama (“Spotlight”) basada en su trabajo de investigación: no hay un mayor representante del periodismo liberal profesional que Baron, que describía al periodismo como un proveedor de certezas fundamental para una democracia. Tiene ejemplos que lo respaldan: desde la investigación por los abusos en la Iglesia Católica que lideró en el Boston Globe y le dio la película premiada hasta la cobertura del ataque al capitolio en enero del 2021, que lo hizo ganar otro Pulitzer.

El Washington Post también cumple con la curva de una empresa de medios exitosa para esta era: cuna del Watergate en los 70, sostiene y amplía una redacción de 1.200 periodistas. Fue comprado por Jeff Bezos –uno de los hombres más ricos del mundo– en 2013, quien invirtió visiblemente en tecnología –por ejemplo, para mejorar los sistemas de suscripción– y aportó una mirada de mediano plazo poco común para el rubro –según Baron–, sin meterse en la línea editorial –también según Baron–, hasta que ¡último momento! impidió este viernes al directorio apoyar a un candidato para las próximas elecciones, algo que había hecho en los últimos 36 años y que provocó revuelo interno y 2.000 cancelaciones de suscriptores en un día. Suscripciones que, tal como sucedió en el New York Times, crecieron exponencialmente durante el trumpismo, en parte –más allá de sus innegables aciertos– probablemente porque una porción de la población mundial encontró en estos referentes del periodismo serio un espacio de apoyo a instituciones democráticas que Trump estaba dinamitando discursivamente y un sentido común progresista que desde hace un tiempo quedaba bien cuestionar en voz alta. El Washington Post sumó en 2017 su primer slogan de sus 140 años, también aprobado por Bezos: “Democracy Dies in Darkness”, que ahora se reversiona en memeras varias, incluyendo una viñeta de la ilustradora estrella del diario, Ann Telaes.    

La práctica del endorsement de los medios estadounidenses a los candidatos es ya tradicional, aunque en los últimos años en los que caen en confianza y se desesperan por ganar lectores (o no perderlos) está disminuyendo y despierta discusiones alrededor de cuánto conviene y corresponde. Además de que cada vez más se duda más acerca de su peso real. Normativamente, tiene sus reglas y se apoya en la idea de que es apropiado que los diarios tengan espacios para la opinión y también directorios editoriales sin que eso impregne las coberturas informativas y la búsqueda de un tratamiento justo o imparcial. Sobra decir que el caso es muy diferente en la televisión en Estados Unidos y muchas otras plataformas, visiblemente opinionadas y polarizadas. (Y que para las audiencias, en general, todos los medios tienen intereses partisanos).

En la historia larga, los apoyos pasaron de favorecer al Partido Republicano a una paridad y luego, hacia comienzos del nuevo milenio, a manifestar una leve ventaja para los demócratas. Sin embargo, más acá en el tiempo, las veces que se presentó Donald Trump, los medios de mayor circulación eligieron en mucha mayor cantidad y énfasis a su contrincante, indicando que Trump estaba por fuera de ciertos consensos democráticos, también en relación a la prensa, y que requería una oposición mucho más fuerte. Ese arco se puede ilustrar con un caso. Leonard Downie Jr, cuando dejó de ser el editor ejecutivo del Post en 2008, contó que no estaba ni registrado para votar y que ahora que no ejercía más como periodista iba a tener que pensar qué hacer porque no solamente había dejado de votar: “dejé de tener incluso opiniones privadas sobre políticos o temas para tener la mente totalmente abierta a la hora de supervisar nuestra cobertura”. En mayo de este año, 15 años después, escribió un editorial en el que decía: “Una segunda presidencia de Trump sería un desastre para los medios noticiosos”, mientras citaba múltiples ejemplos de Trump llamando a boicotearlos, amenazándolos de diversos modos, persiguiendo a periodistas, y mucho más.

La discusión en 2016 sobre este tema había sido áspera, con periodistas de renombre indicando que pretender imparcialidad frente a Trump –entre otras cosas, un mentiroso serial a la hora de declarar públicamente– era lo que se conoce como falso equilibrio.

Para estas elecciones, el New Yorker, el New York Times, el Boston Globe y muchos otros ya apoyaron a Harris. La flamante decisión de Jeff Bezos de bloquear el apoyo del Post que había elevado el directorio abre un nuevo panorama y presenta enigmas respecto de la reacción de la audiencia en el mediano plazo. Son pocos los que están viendo en esto una vocación de imparcialidad y sí lo interpretan como una previsión (que también tuvo Los Angeles Times) fruto del miedo a que un reelecto y vengativo Donald Trump apunte contra sus otros negocios, especialmente Amazon y Blue Origin, con contratos multimillonarios con el Estado.

Betsy Reed, la editora de la versión estadounidense de The Guardian, otro medio epítome del periodismo liberal de calidad, le escribió a su comunidad en duros términos: “Nunca ha estado más claro que la propiedad de los medios es importante para la democracia. The Guardian no es propiedad de multimillonarios ni tiene accionistas. Contamos con el apoyo de lectores y somos propiedad de Scott Trust, lo que garantiza nuestra independencia editorial a perpetuidad. Nadie influye en nuestro periodismo. Somos tremendamente independientes y responsables sólo ante ustedes, nuestros lectores.

Lo que está en juego en estas elecciones no podría ser mayor. El periodismo valiente y un público informado son los cimientos de nuestra democracia, y es una abdicación de nuestro deber como periodistas no participar en estas elecciones por interés propio. Un editorial de The Guardian respaldó firmemente a Kamala Harris para la presidencia a principios de esta semana, y no tememos las posibles consecuencias“.

Terminó su carta pidiendo contribución económica para poder hacer ese periodismo.

¿El que se enoja pierde?

Aunque ahora parece estar entrando en crisis, en Estados Unidos la hostilidad de Trump contra los medios fue provechosa para los que supieron usarla. En el caso argentino, eso está por verse. 

En el segundo gobierno de Carlos Menem, su encono hacia el periodismo de investigación que había publicado ya tramas como las del YomaGate, el contrabando de armas o la privatización de Entel fue tal que al conseguir su reelección aseguró que les había ganado a la oposición y a los medios de comunicación. Pero a pesar de las acusaciones cotidianas, e incluso por ellas, la institución periodística salió fortalecida de cara a la sociedad: los periodistas eran hombres y mujeres probos. Se armaron organizaciones profesionales –primero Periodistas, más tarde FOPEA–, Clarín se había hecho holding y los canales de televisión incorporaban contenido periodístico en los que los auspiciantes querían estampar su nombre. Basta recordar a los tres hombres de negro subiéndose a un Ford Fiesta, mascando Beldent y fumando Philip Morris. Los libros de investigación periodística se vendían de a cientos de miles. 

A diferencia de los 90, el encono del kirchnerismo contra determinados grupos de medios –y la reinterpretación de los periodistas como títeres de las voluntades de sus dueños– caló muy profundo en parte de la sociedad y también coincidió con una transformación demoledora del modelo de negocios de los medios: el fin del monopolio de la distribución de noticias aún genera más preguntas que respuestas. Las críticas constantes al estatus social del periodismo se combinaron con un visible deterioro del estatus económico de quienes lo ejercían.

Los medios argentinos llegaron a la tercera década del milenio con crisis económica y crisis de credibilidad: ese es el colchón electrizado sobre el que caen las medidas y los ataques de Milei.

En estas elecciones en Estados Unidos, Elon Musk apoya a Trump con entusiasmo, al tiempo que desdeña ostentosamente al periodismo tradicional por obsoleto. En la misma línea, Milei, muchos de sus funcionarios y muchísimos de sus seguidores no creen que haya una diferencia sustancial o favorable entre el periodismo “profesional” y la distribución de contenidos por parte de personas en redes sociales, como por ejemplo expresaron algunos funcionarios encumbrados cuando justificaban el cierre de la agencia de noticias Telam (“hoy la agencia es Twitter”, dijo Patricia Bullrich). 

En su charla, Baron habló de funciones periodísticas que se mantienen y hasta deberían potenciarse: una de ellas es la transparencia en pos de la credibilidad. A diferencia de las plataformas sociales, que administran la conversación pública con una combinación de edición humana y algorítmica cuyos criterios y motivaciones desconocemos, el periodismo profesional debería mostrar sus procedimientos, los documentos que sostienen sus investigaciones, sus razonamientos, ser consistentes. Abrirse a la audiencia. Esa audiencia, hoy ultra metrificada, va a ser clave en este nuevo round entre el poder político y el periodismo, en un contexto mundial de creciente rechazo a las noticias, nichos fragmentados, atención dispersa, pero también de crecimiento de ciertas marcas periodísticas novedosas. Esa audiencia es la que va a decidir si vuelve a confiar en que un seguimiento cotidiano de la realidad llevado a cabo por periodistas profesionales tiene para ellos un valor agregado. 

NS/DTC

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en las últimas horas sus conclusiones tras cuatro días de presentaciones y conferencias en el marco de la 80ª Asamblea General que se desarrolló en la provincia de Córdoba y remarcó que los periodistas y medios de comunicación argentinos “experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

En las Conclusiones de la asamblea de la organización, formada por 1.300 medios y asociaciones de prensa, se expresa que en América “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, al tiempo que detallan que las expresiones “más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”, denunciaron.

Para la SIP, existen “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones”, que “plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Con respecto a la Argentina, la organización retoma las advertencias que viene haciendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y reafirma que “periodistas y medios de comunicación experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

Como argumentos, la SIP menciona que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) “advirtió que un tercio de todos los ataques en los primeros meses del gobierno provinieron de Milei. Más de medio centenar de periodistas fueron desacreditados en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales con epítetos como 'ensobrados' (en alusión a un supuesto condicionamiento de su trabajo por publicidad estatal), 'mentirosos', 'difamadores', 'esbirros', 'manipuladores', 'extorsionadores' y 'cómplices de los violentos'”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación de la prensa en la Argentina durante la gestión Milei

“Uno de los episodios más graves en los que se registraron agravios del presidente ocurrió el 28 de septiembre. En un acto proselitista Milei dedicó algunos de los párrafos más enfáticos de su discurso a gritar insultos contra periodistas. Terminó dirigiendo un coro de miles de militantes que repetía ”hijos de puta“.

A la asimetría de poder entre la máxima autoridad y cualquier periodista, se suma el efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos, incluyendo amenazas de muerte, por lo general amparadas en el anonimato, lo que genera un efecto inhibitorio y degrada el debate público.

“Todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas”, afirmó en un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), pero subrayó que “debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional”.

El periodista Jorge Lanata anunció que iniciaría una demanda por haber sido llamado “ensobrado” por el presidente Milei, lo que a su juicio implica la imputación del delito de soborno. Editorial Perfil y el editor Jorge Fontevecchia, impulsan causas judiciales en el mismo sentido, además por discriminación publicitaria y por los daños y perjuicios que implican las declaraciones del presidente sobre la viabilidad económica de ese medio. La primera demanda fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, con un sobreseimiento express al presidente. Fontevecchia apeló la resolución, proponiendo como amicus curiae a Amnesty, Periodistas sin Fronteras, Fopea y Adepa.

En los inicios de la nueva gestión gubernamental, el presidente anunció la suspensión de la publicidad oficial por ajuste de gastos estatales. No obstante, organismos descentralizados y empresas públicas usaron fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores. Un grupo de diputados nacionales solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado de los montos usados, de los resultados y que quienes intermediaron en esas operaciones.

Un decreto del Poder Ejecutivo introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que desentonan con estándares internacionales y con el espíritu del principio de “máxima divulgación”. El decreto pretende flexibilizar los criterios legales con una ambigüedad que afecta la consistencia de la ley, bajo el argumento de la protección de la privacidad de los funcionarios y de ciertos aspectos de la gestión. El Gobierno estableció que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.

La extensión del secreto, cuando va más allá de lo previsto en la legislación, pone en riesgo la capacidad del periodismo y la ciudadanía de fiscalizar la gestión, y afecta los niveles de transparencia.

La sanción de la Ley de Acceso, en 2017, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de las libertades de expresión y de prensa en el país, que se suma a la eliminación del desacato, la protección constitucional de las fuentes periodísticas, la despenalización de las calumnias e injurias y los fallos judiciales que vedaron el uso discriminatorio de la publicidad oficial. La Ley de Acceso, además, está en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trazada en fallos como la causa “Menem contra Noticias”, en la que el tribunal revirtió el fallo de la Justicia argentina que condenaba a un medio y sus editores por violación de la privacidad, al publicar fotografías e información relacionadas con un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem.

El presidente Milei no ofreció conferencias de prensa desde que asumió en diciembre de 2023, aunque privilegia el uso de la red X para manifestar opiniones y restringe la concesión de entrevistas a un grupo reducido de periodistas televisivos y radiales.

El vocero presidencial es quien a diario informa a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Otros casos relevantes

A partir de las críticas de organizaciones ligadas a la defensa de la libertad de prensa y por legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de ministros admitió ante el Congreso que quizás el Gobierno debería revisar las modificaciones introducidas en el decreto sobre acceso. No obstante, el vocero presidencial señaló que el Gobierno no contemplaba revisión alguna.

Un anuncio público del Ministerio de Capital Humano, en junio, sobre la exigencia de una matrícula para ejercer el periodismo disparó las alertas. El anuncio luego quedó descartado.

También generó críticas la decisión de cancelar la acreditación de la periodista Silvia Mercado a la sala de prensa de la Casa de Gobierno. La periodista dijo que judicializaría su caso y el Gobierno decidió renovar su acreditación.

En agosto, el empresario tabacalero Pablo Otero demandó al periodista Andrés Sanguinetti y a los directivos del medio iProfesional por dos millones de dólares, por una nota sobre denuncias de evasión impositiva, contrabando y lavado de activos. La demanda del empresario está fuera de los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y presenta las características que configuran un caso de Slapp.

A mediados de agosto, la jueza Lucila Córdoba dictó una resolución que prohibía toda referencia al periodista Lanata, quien se encuentra internado desde hace cuatro meses y en torno al cual se han desatado conflictos familiares que derivaron en denuncias. La medida inconstitucional por configurar un caso de censura previa fue revocada después del rechazo de distintas organizaciones que defienden la libertad de expresión.

Adepa ha señalado la necesidad de tutelar los derechos de autor de los contenidos periodísticos. Dos de las grandes empresas tecnológicas llegaron a acuerdos de pago por el uso de ciertos contenidos con un centenar de medios de comunicación. Una de ellas, Meta, decidió no renovar esos acuerdos. La otra, Google, los renovó. Estos últimos acuerdos, señaló Adepa, constituyen un antecedente positivo, pero insuficientes para configurar una retribución justa“.

Qué pasa en el resto de los países de América

Según el informe de la SIP publicado este 20 de octubre, en las Américas “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo. Las expresiones más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”.

Para la organización, “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones, plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Además, detalla que en este período “tres periodistas fueron asesinados en México y uno en Colombia, mientras en Nicaragua desapareció una reportera de un medio independiente”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación en América

“La estigmatización y el descrédito contra comunicadores y medios provinieron de políticos, activistas, funcionarios públicos y grupos de interés. También preocupan el acoso y los insultos contra mujeres periodistas, principalmente a través de las redes sociales. Entre los países más afectados por estos flagelos, figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica y Nicaragua.

Las agresiones contra la prensa surgen desde ideologías políticas diversas. En Argentina, el presidente Javier Milei continúa sus diatribas contra periodistas y medios, mientras que, en Colombia, el presidente Gustavo Petro igualmente utiliza insultos para cuestionar la labor de los periodistas.

En la región norte del continente también preocupan las agresiones contra periodistas en Canadá y Estados Unidos, particularmente durante manifestaciones y demostraciones públicas. Incidentes similares ocurrieron en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

En Estados Unidos, asimismo, el expresidente Donald Trump continuó criticando a los medios de comunicación en el marco electoral.

El Índice Chapultepec 2024, presentado en la asamblea, señaló que existen “severas restricciones” para la libertad de expresión en las Américas y, por segundo año consecutivo, subrayó un retroceso de las libertades de expresión y de prensa.

Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen mostrando constantes violaciones a los derechos humanos, que traducen en la inexistencia de libertad de prensa. En junio fue excarcelado y desterrado el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, pero desde el 2021 continúa en prisión su colega Jorge Bello. En septiembre se registró una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición a salir del país a varios periodistas a los que, a la vez, se les insta a emigrar, pero renunciando a su derecho a retornar a su país.

En Nicaragua fue excarcelado y enviado al exilio, despojado de su nacionalidad, el periodista Víctor Ticay. La periodista Fabiola Tercero se halla desaparecida desde mediados de julio. En Venezuela, antes, durante y después del proceso electoral, más de una docena de comunicadores fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de incitación al odio.

En Guatemala, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. La repetición del juicio contra Zamora sigue demorándose.

En El Salvador, una misión conjunta de la SIP y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), corroboró el clima de presión contra la prensa y una restricción severa al acceso a la información pública. También en República Dominicana varios medios denunciaron restricciones al acceso a información pública y en la cobertura de eventos oficiales.

En Perú recrudecieron las iniciativas legislativas para silenciar a la prensa ante denuncias de medios y periodistas sobre irregularidades en la función pública.

En México prosiguió el derramamiento de sangre en las filas del periodismo con los asesinatos de Alejandro Martínez Noguez, Roberto Figueroa y Víctor Culebro Morales, mientras que en Colombia fue asesinado Jaime Vásquez, en medio de un aumento de la violencia en el interior del país. Por otra parte, durante el desarrollo de esta asamblea, el 17 de octubre, desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del edificio del diario El Debate en el estado de Sinaloa.

En Haití, la violencia generalizada de parte de bandas criminales sigue mermando la capacidad de informar de la prensa, en un marco de profundo deterioro social y político, En Jamaica, las violaciones a la libertad de prensa se relacionan con el proceso electoral del próximo año. Seguidores de los dos principales partidos políticos han realizado intentos de desacreditar a periodistas y medios.

En Bolivia, la crisis política generó una ola de violencia contra periodistas y en Honduras una reciente misión de Naciones Unidas advirtió sobre la exposición a la violencia que enfrentan periodistas, defensores de derechos humano y ambientalistas.

En Paraguay, el gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones contra la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y del periodista Juan Carlos Lezcano en una de varias querellas por difamación.

En Ecuador, prosiguió una ola de ataques contra periodistas, proveniente de funcionarios públicos y del crimen organizado. Varios periodistas se vieron obligados a salir del país debido a amenazas.

El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, continuó su ataque contra medios y periodistas críticos durante conferencias de prensa y discursos públicos. Esta violencia se tradujo también en prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial.

En Brasil, el Tribunal Supremo cerró la red social X durante varios días, lo que ocasionó graves perjuicios de cobertura periodística. Del lado positivo, el mismo tribunal determinó que la presentación de numerosas demandas con el propósito de coaccionar a un periodista o un medio de prensa constituye acoso judicial.

En Panamá las demandas por difamación contra medios y periodistas, así como las desproporcionadas sumas de dinero en las sentencias, representan problemas de sostenibilidad para los medios. Una iniciativa legal busca eliminar el embargo de bienes y cuentas bancarias en este tipo de litigio“.

Con información de la SIP.

IG

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un “deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina”, mediante una carta dirigida al órgano de la OEA que promueve y protege los derechos humanos en América.

En el escrito, Belski hace hincapié en dos ejes para fundamentar la acusación contra el Gobierno de Javier Milei: “el ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y 'asesinato de reputación'; y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas”. 

“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, señaló la representante de Amnistía Internacional Argentina.  

Según Belski, “la red socio-digital ”X“ (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ”mentirosos“, ”ensobrados“, ”idiotas“, ”violentos“, ”agresivos“, ”despreciables“, ”imbéciles“, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, detalla. 

A Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, por nombrar solo algunos, en las últimas horas se sumó Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta del presidente. 

En el escrito, la organización internacional también cuestionó “la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado”. Y alertó sobre “el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”.

Amnistía Internacional reveló también que, este tipo de ataques “suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, remarcaron. 

Para la organización que promueve y protege los derechos humanos en el mundo, “una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, sostienen. 

Y agregan desde AI: “La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”. 

La carta completa

De mi mayor consideración,  Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, tiene el agrado de dirigirse a esa ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión o CIDH), así como a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensoras y de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de la Justicia, a fin de compartir información sobre el deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina. A tales efectos, a continuación, le hacemos llegar información jurídica y de contexto que da cuenta de la relevancia y urgencia del tema de referencia. En este sentido, repasaremos 2 ejes: a) ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y “asesinato de reputación”; b) restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas.

I. Contexto: retórica confrontativa, fake news y temor: una receta para socavar la libertad de expresión

La confrontación, el odio o la pelea funcionan hoy en Argentina como una técnica de distracción para que las personas desvíen la atención de lo importante y se fijen en un punto de interés alternativo. 

Este fenómeno no es nuevo ni excluyente del país, sino que, en varias partes del mundo, los líderes políticos de diversos países promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias, entre otras, en culpabilizar a grupos enteros por problemas económicos, sociales o de seguridad. ¿Que buscan? Crear un enemigo a quien confrontar, deslegitimar y destruir; acusarlo por ser responsable de todos los males y, con eso, justificar todo t ipo de medidas e intervenciones. Así, por ejemplo, los refugiados o la población migrante pasaron a ser los responsables directos de las crisis económicas en Europa. Las conquistas de las mujeres para poner fin a los abusos y violencia pasaron a ser una amenaza para los valores “tradicionales” de un país, generando un entramado de violencia y odio. 

En Argentina, la construcción de la idea de “casta”1 y de “los mismos de siempre” usadas como latiguillos y figuras emblemáticas del gobierno entrante, si bien en un principio funcionaron para nombrar a la clase política históricamente vigente en Argentina, hoy el término en expansión es usado para nombrar un “ellos” difuso y abarcar esa parte de la sociedad que no piensa o adhiere a las ideas del gobierno. De este modo, el concepto es funcional a la creación de este enemigo – el que no piensa como “ellos” - que desencadena cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan una incapacidad de diálogo. O estás con “ellos”, o en contra. O es todo o no es nada. No hay posibilidad de disentir. 

De la mano de la confrontación, las tácticas de demonización y manipulación pública, las “fake news” (noticias falsas) publicadas en forma de noticia también cobran un protagonismo inédito. Se imponen como verdades, hechos o datos falsos y tienen más influencia que los hechos objetivos. Este tipo de noticias son acompañadas por narrativas estigmatizantes, cargadas de valoraciones implícitas y emociones. En permanente disputa, se apoderan del debate público e influyen directamente en la forma en que se manipulan y perciben los problemas. Además, la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no hace más que crecer, violando el acceso de las personas a la información pública.

Finalmente, el uso de este tipo de retóricas se ayuda del temor de las personas como vehículo para someter y dominar. Detrás de la forma, detrás del insulto, hay un castigo ejemplificador de lo que puede pasar si te estás en contra. Eso no solamente pone al que piensa distinto del lado del “traidor”, sino que amedrenta a quien quisiera expresarse en libertad; y lo que se impone es el silencio, la censura y con ello la pérdida de un derecho esencial como la libertad de expresión.

Con esta receta infalible -confrontación, odio, temor y noticias falsas – se han podido romper todos los límites y, al hacerlo, se garantiza un plafón absoluto donde todo vale y se quiebran reglas de convivencia en un estado de derecho. 

II. Los periodistas como blanco de ataque

La red socio-digital “X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. Los otros poderes, referentes, funcionarios (as), periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Se despliega una abierta cacería contra todo aquel que critique o señale. 

Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es ni más ni menos que el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos silenciadores sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión. Hay una intención de silenciar voces, con amenazas, escraches, hostigamiento y minando y socavando su reputación. 

El “asesinato de reputación” (character assassination en inglés) es una de las metodologías que se utilizan para atacar a líderes de oposición, líderes de opinión y figuras creíbles que pueden socavar la popularidad de un gobierno o persona. Esto incluye el ataque a los periodistas y formadores de opinión. ¿Cómo se traduce en la práctica?: minar por completo su reputación. 

Derribar una figura carismática, creíble, que inspira confianza es el propósito. Sean cuales sean los atributos de la personalidad, la suma de ellos debe dar como resultado una imagen en la que las personas confíen, y entonces la táctica no puede consistir en otra cosa que socavar esa confianza. Frente a la credibilidad, el desprestigio. Frente a la fe, la sospecha. 

Asesinato de reputación o carácter implica entonces aniquilar la reputación de la persona para desactivar así la estima que provoca sus seguidores reales y potenciales. La difamación, la calumnia, o la difusión de información falsa o malintencionada son vehículos para ello. El objetivo es desacreditar a la persona en cuestión y derribar su credibilidad o confianza ante los demás.  

El caso del periodismo: libertad de expresión bajo ataque

Desde el inicio de la nueva administración de Milei, e incluso antes de su asunción como presidente de la Nación, el vínculo con el periodismo ha sido tenso y hostil. En este Anexo, recuperamos un listado de estas agresiones, además de tomar nota de algunas de ellas en este acápite.

Ya en 2018, en ocasión de una conferencia sobre economía que se llevó a cabo en un pueblo de la provincia de Salta en el norte del país, el entonces economista maltrató de forma muy violenta a una periodista al punto tal que tuvo que intervenir la Justicia. El 26 de junio del 2018, Milei todavía estaba lejos de la campaña del 2021, a partir de la cual saltó a la política. En una charla en Colegio de Abogados de Metán, la periodista local Teresita Frías, le preguntó sobre las políticas keynesianas que fracasaron en Argentina.

En una respuesta de casi ocho minutos, Milei agredió verbalmente a la periodista, la trató de “burra”, le imputó problemas de comprensión y le preguntó “¿de qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a hablar de temas que no sabes un carajo”. A lo largo de varios minutos sus respuestas estuvieron cargadas de violencia y atravesadas por una situación de desigualdad entre el expositor y la periodista, a la que Milei, desde su micrófono en un atril, también desafió de manera constante con preguntas sobre conceptos económicos. Como no le gustaron las respuestas de la trabajadora de prensa y las consideró erradas, no hizo más que responder con violencia. A partir de la una denuncia judicial, el 28 de junio, dos días después del episodio, el juez Carmelo Paz le ordenó a Milei que se abstenga de ejercer “actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes” en contra de Frías.

Además, el magistrado le prohibió a Milei la participación de cualquier charla o reunión pública en la ciudad, al tiempo que pidió que se le practique “una amplia evaluación” psicológica. También lo citó a una audiencia a la que Milei asistió acompañado de un abogado el 11 de julio de ese año. Según consta en autos, el economista esgrimió sus disculpas, que fueron tomadas como “suficientes” por la víctima. A partir de eso, la causa se archivó.

Durante la campaña, en marzo de 2023, mientras estaba al aire en una entrevista con la periodista Jésica Bossi en el Canal de televisión TN y mientras discutían sobre un spot de un candidato del partido de La Libertad Avanza, que proponía una política de desregulación de las armas de fuego, el entonces candidato Milei la cruzó exaltado y con interrupciones que en ningún momento la dejaron responder su punto de vista le dijo: “¿Vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los delincuentes de bien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, dale?”. Y agregó: “Gracias por traernos tanta delincuencia Jésica. Hay una señora que hace una pregunta conociendo mi posición, que lo que hace es ensuciar. No quieras instalar que estoy enojado”.

Ya en ocasión de sus funciones, Milei dirigió ataques contra profesionales mujeres del periodismo. Silvia Mercado, periodista y escritora, quien trabaja en el diario El Cronista y Radio Jai fue tildada de “mentirosa serial” por una información que transmitió sobre los perros de Milei (8 de enero 20243); Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación en París, diez días más tarde, fue acusada de mentirosa y trabajar para un medio que, en términos de Milei, opera contra el gobierno, tras calificar la recepción del discurso del Presidente en la cumbre de Davos “con estupor y sorpresa”; y contra María O’Donnell, el 19 de enero, a quien acusó de mentirosa y de querer ensuciarlo, porque sostuvo, y luego rectificó, que el presidente viajaría de Aeroparque a Olivos en helicóptero cuando lo hizo en auto.

Los ataques contra Maria O´Donnel no cesaron allí. A principios de julio, María O'Donnell fue blanco de repetidas acusaciones por parte del presidente Javier Milei, quien se hizo eco de fragmentos editados de las declaraciones de la periodista, difundidos por tuiteros anónimos afines a su gestión. Estos nuevos ataques surgieron después de que el 2 de julio, el presidente retuiteara una publicación de una de estas cuentas afines, criticando a O'Donnell por haber viajado para cubrir la Copa América junto a otros colegas de Radio Urbana Play 104.3 FM.

Posteriormente, diversas cuentas tomaron las palabras de la periodista en sus programas, sobre la denominada “ley Conan”, la reducción de la edad de imputabilidad y los descuentos de la cuenta DNI, y las editaron y distorsionaron con la clara intención de desacreditarla ante la opinión pública. El presidente de la Nación no solo retuiteó estos mensajes, sino que además añadió sus propias acusaciones basadas en estas noticias falsas. Esto desató una ola de tuits violentos contra la periodista.

Como explicó María O'Donnell en su editorial del 5 de julio en Urbana Play, a pesar de aclarar que estos son recortes manipulados y sacados completamente de contexto, no cuenta con las herramientas suficientes para contrarrestar el impacto de estos mensajes falsos y dañinos que siguen circulando en las redes. Este perjuicio se agrava cuando es el propio presidente quien los difunde y avala. El 28 de junio el presidente Javier Milei retuiteó un posteo en X de la cuenta @usdtermo que cuestionaba un gráfico sacado al aire en el programa de María Laura Santillán (del medio televisivo LN+) y la tildaba de «pautera y operadora». El presidente Milei acompañó el retuit sosteniendo que se “manosean los gráficos para mostrar como mala una noticia buena, nada que te sorprenda”, e hizo referencia a la periodista como “la ex de…”, un recurso que viene utilizando para agraviarla públicamente desde hace unos meses.

Sofía Diamante trabajadora de prensa del diario La Nación también fue increpada por el Presidente. Sucedió cuando la periodista opinó sobre los métodos oficiales para bajar la brecha financiera, generando la reacción de un economista, tras lo cual, se sumó el primer mandatario, acusándola de haber mentido durante su campaña, y agregó: “A su vez, sería bueno saber cómo tiene información sobre el FMI que no tiene el gobierno, salvo que ello implique que uno de los dinosaurios analógicos del círculo rojo haya mentido de modo descarado (de hecho ha mentido de modo grosero y puede que ambos tengan la misma fuente) en su nota del fin de semana. Delicias del statu quo. VLLC !!!”.  

El ensañamiento hacia periodistas mujeres tampoco es novedoso. Si bien están expuestas a los mismos riesgos que sus compañeros varones cuando investigan e informan, corren riesgos específicos por el hecho de ser mujeres. 

A la par, en ocasión del discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2024, el presidente de la Nación se refirió en forma genérica a periodistas “ensobrados”, “comprados” con la pauta oficial y defensores “descarnados” de “privilegios” que se resisten a perder. La cuenta de X del presidente Milei lanza constantes sospechas de corrupción sobre la prensa. En seguimiento a su discurso, dirigió críticas contra al menos dos periodistas de reconocida trayectoria: Martín Rodríguez Yebra y Marcelo Bonelli.  

“#Bonelli siempre preocupado por la casta. Cuando peligraron ‘ciertos privilegios’, destrozaba a @mauriciomacri. Hoy intenta hacer lo mismo con @JMilei…”, dice el tuit al que hizo referencia el Presidente. Y cerraba con una línea amenazante: “Pero ya NO PODRÁS HACER MÁS DAÑO.” (…)

“Han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...”. 

El tuit de Milei fue el origen de una catarata de posteos y mensajes contra Bonelli. Es que justamente, la intimidación y acoso, potencia de manera exponencial una catarata de mensajes que plagan las redes sociales y los perfiles de los periodistas con violencia y odio. 

A la par, tildó de “violento” y “agresivo”, a Joaquín Morales Solá; y apodó “Victor Humo” a Victor Hugo Morales y lo calificó como “literalmente despreciable”. 

El periodista Jorge Lanata también fue protagonista de fuertes cruces con el Presidente, a quien termino denunciando ante la justicia por injurias, tras haberle endilgado recibir coimas por su labor: “Sería bueno que el larretista [en referencia a Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a la presidencia en 2023] Lanata se informe bien sobre la reunión”, introdujo Milei. “Jorgito, no mientas. En la reunió+D15, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC”. “Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre [en referencia a que recibiría dinero para atacar al gobierno]?”, cerró su posteo el mandatario.

A pesar de los meses, la escalada de ataques contra periodistas se continúa. Jorge Fontevecchia, director del Diario Perfil, ha tenido cruces muy fuertes a raíz de ataques del Presidente. Tras apodarlo “tinturelli” y mofarse públicamente en una entrevista periodística de “está carmeleado que da miedo, no”, celebró al aire que el diario que dirige “está camino a la quiebra...así que …¡que bueno!”.  

En julio de 2024, el presidente Javier Milei a través de las redes sociales atacó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) escalando nuevamente la pelea del gobierno contra los periodistas. Dijo que le daba “FOPEA ES UNA VERGÜENZA” la entidad que defiende el trabajo profesional de los periodistas14. Lo paradigmático es que este comentario fue hecho en simultáneo con un ataque de cuentas en X y fake news contra la entidad, tras publicarse un presunto chat privado que fue calificado de falso, respecto de una agresión contra un youtuber libertario en una protesta frente al Congreso contra la Ley Bases y tras que FOPEA alertara sobre la matrícula obligatoria que pretendía implementar esa semana el Ministerio de Capital Humano.  

Finalmente, huelga subrayar otros episodios que no responden exclusivamente a estrategias a través de las redes sociales, sino que escalan al uso de la herramienta judicial para perseguir al personal de prensa que se anima a criticar o disentir con medidas propuestas por el gobierno. 

Tal fue el caso de los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel. Ambos fueron denunciados penalmente por el ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona, por supuesta “instigación a cometer delitos”. En un caso que provocó repudio, el Ministro denunció a los periodistas a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las 5 toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, el dictamen del fiscal federal Ramiro González consideró que las expresiones “no tienen entidad” para ser consideradas un delito. Las estrategias de acoso judicial tienen un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel del ciudadano en la democracia. Pese a que, en casos como éste, la justicia las descarta, el efecto inhibidor y criminalizante opera en contra del ejercicio libre de expresarse y fomentar la rendición de cuentas del estado. 

Como señalamos al inicio, en los últimos meses se ha instalado en Argentina la persecución de la crítica. El uso de retóricas abiertamente hostiles que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como mentirosas, enemigas u opositoras; el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para desplegar mecanismos de persecución, hostigamiento y control; y la instrumentalización de los mecanismos judiciales funcionan en un entramado que procura fomentar el silencio y la censura. 

En abril último, la SIP ya había advertido sobre “las descalificaciones e imputaciones” de Milei a la prensa. “En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios”, resaltó en el informe de mitad de año. 

Algunos de estos hechos fueron condenados por organizaciones como ADEPA (que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país) tras entender que “cuando lo hacen las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”17. “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás LIBERTADES en un estado de derecho. El efecto que buscan quienes atacan a los periodistas, entre ellos ni más ni menos que el presidente de la Nación, es que piensen dos veces antes de hablar y que opten por la autocensura antes de relevar información o ser críticos de las políticas del Estado”.

Adicionalmente, uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo como resultado incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia. La estrategia de tildar a la prensa de mentirosa, y acudir a descalificativos degradantes tiene además el potencial de derivar en agresiones físicas y obstrucciones al trabajo periodístico.

Es claro que el temor a represalias o a escaladas de estos ataques socava la capacidad de periodistas para promover el acceso a la información de la sociedad u la rendición de cuentas del gobierno y su gestión.  

III. Censura y limitaciones para preguntar e indagar: acreditación de prensa en Casa de Gobierno

Además del hostigamiento en redes sociales y de otras intervenciones disciplinantes, Amnistía Internacional ha documentado situaciones de castigo y censura a periodistas por sus opiniones o preguntas. 

Tal fue el caso de Silvia Mercado, quien fue expulsada de las ruedas de prensa matutinas en la casa de gobierno, al retirársele intempestivamente su acreditación18 y de manera arbitraria no permitírsele retomar su presencia.

El 16 de abril de 2024, la Subsecretaría de Vocería Y comunicación del Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, publicó los “Lineamientos y Generalidades para la acreditación de la Función Periodística en la Casa de Gobierno” (Disposición 4/200419). En cumplimiento de dicha disposición, el 3 de Mayo, Radio Jai SA, por medio de su director y apoderado Miguel Steuermann, se remitieron los datos para acreditar a Silvia Mercado, quien, a su vez, hacía más de diez años que trabajaba como periodista acreditada en Casa de Gobierno. Los días posteriores al 3 de mayo, la Sra. Mercado fue a cubrir, como siempre, las conferencias de prensa que se realizaban en la Sala de Periodistas.

Ello fue hasta el 6 de junio, en que, al intentar ingresar a la Casa de Gobierno, el dispositivo de lectura de huella digital le denegó el acceso. Tal como denunció la periodista en sede judicial, una vez que comprobó que no se trataba de un problema técnico, se comunicó con el Subsecretario de Vocería de Presidencia, Sr. Javier Lanari, quien le informó que efectivamente no estaba acreditada, ya que había un problema con el medio periodístico. Al solicitar ser acreditada en representación de otro medio, le respondieron que, el vocero presidencia, Manuel Adorni, iba a comunicarse con la Sra. Karina Milei, secretaria General de Presidencia, ya que la decisión había sido suya.

Hasta ese momento, el caso de Silvia había sido el único caso a quien le fue removida la acreditación de manera arbitraria. Y desde entonces, pese a los diferentes intentos para volver a acreditarse, no pudo volver a ingresar a cubrir las conferencias de prensa. 

Como anticipamos, Silvia Mercado lleva acreditada en Casa Rosada más de 10 años, a partir de 2015 por el medio Infobae y desde 2021 por Radio Jai.  

El 5 de julio de 2024 la Sra. Mercado interpuso una acción de amparo y una medida cautelar innovativa ante la justicia contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Secretaría General de la Presidencia) por considerar que se violaron su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, su derecho a la igualdad y su derecho a la libertad de expresión y prensa. 

La libertad de expresión, tal como lo sostiene esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una “…piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.”

Asimismo, tal como tiene dicho la CIDH, “el ejercicio efectivo de la Libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intentes ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen”. 

La función del periodismo es indagar, preguntar, cuestionar y criticar. La prensa está para beneficiar a los gobernados, no a los gobernantes. 

Al respecto FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) expresó en un comunicado su preocupación por la no renovación de la acreditación de Silvia Mercado. “La colega de Radio Jai relató que desde el 6 de junio aguarda por una respuesta a su pedido y señaló que ha estado acreditada desde hace 10 años en la Casa de Gobierno. La falta de explicaciones oficiales vuelve a poner de relieve la necesidad de que las autoridades hagan públicos cuáles son los requisitos que un periodista debe cumplir para ser acreditado”, dijo la entidad que defiende a los periodistas. Y destacó que “lo sucedido ahora con Mercado representa una buena oportunidad para que el Gobierno nacional evite las represalias y las discrecionalidades, diseñe y transparente un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones de periodistas en Casa Rosada”. 

Tras las críticas por la exclusión de Silvia Mercado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el interés de crear una “sala de prensa de élite”, por lo que cambiarían las reglas de acreditación de los medios según su alcance y la experiencia de los periodistas: Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada, y estar en la sala de conferencias“, explicó Adorni en una entrevista televisiva. Detalló que se limitará el acceso a los periodistas para ”jerarquizar el trabajo de la prensa“. 

“Vamos a hacer una sala de prensa de élite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente. Porque perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir un honor por estar ahí”, añadió el vocero presidencial. 

Entre los requisitos que se evaluarán, se exigirá la experiencia de los periodistas y que estén inscriptos en relación de dependencia. 

Adorni destacó que se buscará la “excelencia” para acreditar medios según su alcance y audiencia, además de exigir “determinadas características al periodista, en términos de experiencia y que tenga relación de dependencia con los medios”. Añadió: “Que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencias”.

Huelga subrayar, tal como indicamos anteriormente, que en abril de 20024 ya había sido emitida una disposición que brindaba nuevos lineamientos para el acceso, que Silvia Mercado y el medio para el que trabaja cumplieron y que luego derivaron en su falta de renovación. 

Finalmente, el 18 de julio, trascendió que más de 50 periodistas acreditados le habrían sido removida su acreditación. Mientras tanto, el 19 de julio, a Silvia Mercado le fue devuelta la suya, en una clara muestra de los niveles de arbitrariedad con los que se maneja el ingreso a Casa Rosada para indagar, preguntar e informar a la sociedad. 

IV. Conclusiones

El derecho a la libertad de expresión e información y prensa son derechos fundamentales, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales tienen jerarquía constitucional.  

Es a través del ejercicio de la libertad de expresión que la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a información. Es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.

De manera similar, como ha sido señalado recientemente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Los periodistas merecen especial atención no solo — como ocurre frecuentemente— por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan [...].

La agresión a un periodista representa un atentado contra los fundamentos de la causa de los derechos humanos y contra la sociedad informada en su conjunto. La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad. 

Por ello, resulta oportuno, necesario y urgente la intervención de la Comisión Interamericana y de sus Relatorías competentes, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, en condiciones de igualdad en la República Argentina.   

En virtud de lo expuesto, Amnistía Internacional considera urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y considere:

Violencia contra mujeres periodistas

Diversos organismos de protección internacional de derecho humanos se han pronunciado para condenar las agresiones específicas contra las periodistas mujeres en el ejercicio de su labor, incluidas la discriminación y la violencia por razones de sexo y género, la intimidación y el acoso en Internet o en otros medios, y han interpelado a los Estados sobre la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan las periodistas por razón de su género.

La violencia y el abuso que viven muchas mujeres periodistas en las redes sociales hace que se autocensuren en sus publicaciones, limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo, pese a ser un espacio fundamental para la difusión de su trabajo, lo que en definitiva repercute en la falta de pluralidad de voces en el debate público y redunda en una vulneración de la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Una encuesta que llevó adelante Amnistía Internacional Argentina muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

Asimismo, disciplina a quienes presencian u observan las consecuencias de haber ensayado la crítica en público, inhibiendo así su reproducción. Esto impacta directamente no solo en el efecto silenciador que se genera en el debate público sino también en la salud de las personas afectadas. Asimismo, un informe de Naciones Unidas da cuenta del impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública. El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

En octubre 2023 se sancionó la Ley Olimpia que incorpora la violencia digital como un tipo de violencia de género, establece la necesidad de políticas públicas para atender esta problemática, e incorpora derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos para casos de violencia de género en entorno digital. 

IG