Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.

En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.

La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.

“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.

Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.

La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.

“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.

“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.

1. Falta de fondos, desmotivación y miedos

El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.

La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.

Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.

Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.

“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.

La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.

La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.

Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.

La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.

“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.

2. El agua, de los Andes al Paraná

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.

“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.

El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.

Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.

De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.

Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.

El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.

Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.

“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.

En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.

“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.

Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.

3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente

En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.

En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30x30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.

“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.

“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.

La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30x30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.

La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.

La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.

Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.

Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.

Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.

El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.

4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año

La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.

“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.

“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.

Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.

Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.

ED

El Día Mundial sin Auto invita todos los 22 de septiembre a los conductores a dejar los automóviles aunque sea por un día, para viajar en transporte público, en bicicleta o caminar. Se calcula que a nivel global circulan más de mil millones de vehículos, lo cual afecta al ambiente y la convivencia en las ciudades.

El objetivo de la fecha es simple: concientizar a las personas sobre el daño ambiental que provoca el uso masivo de autos. Además, tomar conciencia de la importancia de un espacio público cuidado, con menos ruido, mejores alternativas de transporte público y seguridad para ciclistas y peatones.

Aunque el cuidado del ambiente es el eje central de la jornada, también promueve hacer foco en la salud individual y el estilo de vida, ya que ejercitarse viajando en bicicleta o caminando tiene varias ventajas. Entre ellas, es una actividad saludable, es más barato que usar un auto y evita perder el tiempo en embotellamientos o buscando estacionamiento.

Un poco de historia

En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortaron sus ventas a los Estados que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kipur. Esto generó una crisis que en Estados Unidos, por ejemplo, llevó a que se racionara el combustible para los autos según la terminación de las patentes y se impusiera el horario de verano.

Por estos años, aparecieron las primeras ideas para desincentivar el automóvil y promover otros medios de transporte. Recién en 1994, las ciudades de Reikiavik (Islandia), La Rochelle (Francia) y Bath (Inglaterra) organizaron las primeras jornadas, pero fue Gran Bretaña el primer país en aplicarlo a nivel nacional en 1997.

En el 2000, la Comisión Europea declaró formalmente esta fecha como día mundial y lo implementó en sus países miembros como parte de la “semana europea de la movilidad”. Más tarde, se sumarían ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires.

A pesar de que la conversación socioambiental parece haber retrocedido en los últimos años en la agenda pública, seguimos camino a traspasar los límites biofísicos (determinados por la ciencia) que hacen posible la vida humana en el planeta. Por eso, la acción individual de dejar de lado el auto implica conciencia y compromiso. Y también, un llamado a las autoridades a diseñar políticas y programas para desarrollar una movilidad sustentable y rediseñar nuestras ciudades.

MP

Las inundaciones, las sequías, los incendios y otros eventos climáticos se intensifican cada vez más como consecuencia del cambio climático. En Argentina, estos eventos son cada vez más frecuentes, severos y costosos. Sin embargo, los recursos disponibles para hacerles frente —como los del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— no se están utilizando: en 2024, más del 90% de esos fondos quedó sin ejecutar.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia presentado por la Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera que en nuestro país haya un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar. Esto tendría repercusiones a lo largo de toda la costa marítima argentina y del Río de la Plata, especialmente, podría afectar la costa al sur de la provincia de Buenos Aires con inundaciones permanentes.

A su vez, de acuerdo con el Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y se estima que este fenómeno le cuesta al país cerca de 1.000 millones de dólares al año. Además, alrededor del 28% de los argentinos todavía viven en zonas propensas a sufrir inundaciones.

En marzo, Bahía Blanca estuvo en el foco de la agenda pública por una grave inundación que dejó víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables. Dos meses después, un nuevo temporal afectó el norte de la Provincia de Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento, con un saldo de tres personas fallecidas, más de 2.900 personas evacuadas y daños estructurales.

Es inconcebible que habiendo fondos destinados a atender emergencias climáticas el gobierno nacional decida no utilizarlos. Durante 2024 se recaudaron casi 680 mil millones de pesos, pero sólo se utilizó el 7,3%. Cada peso que no se invierte en planificación y desarrollo de infraestructura resiliente para enfrentar eventos climáticos extremos, se transforma en daños y pérdidas evitables.

En este sentido, para evitar peores daños y pérdidas económicas y humanas irreparables debido a la falta de prevención y de una planificación urbana adecuada ante estos eventos climáticos extremos, es urgente una nueva forma de asignar los fondos ATN que ponga en el centro la resiliencia de las comunidades y fortalezca la capacidad de respuesta local ante inundaciones, sequías u otros desastres naturales.

Hace algunas semanas, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Por ende, no hay garantías de atención a las catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún la construcción de infraestructura preventiva.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil impulsamos un proyecto de ley que propone una nueva lógica para la distribución de los ATN, con enfoque ambiental y territorial.

Buscamos fortalecer las capacidades locales para prevenir desastres socioambientales, asegurar recursos disponibles de forma inmediata ante emergencias climáticas, mejorar la justicia distributiva de los ATN incorporando criterios ambientales, aumentar la transparencia y eficiencia del gasto nacional, articular la política fiscal con las políticas de ambiente y desarrollo territorial, y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Se trata de anticiparnos y de transformar fondos hoy discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a los eventos extremos que seguirán incrementándose y afectando a las personas más expuestas al cambio climático.

*Los autores forman parte de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Los chimpancés son nuestro pariente genético más cercano. Compartimos más del 98% de nuestro ADN. Aunque tanto los chimpancés como los monos son primates, los chimpancés no son monos. Los chimpancés son grandes simios y, a diferencia de los monos, no tienen cola. La británica Jane Goodall fue la primera en observar y difundir ampliamente que los chimpancés fabrican y usan herramientas, poseen un sistema de comunicación y estructuras sociales complejos, y pueden ser altruistas .

El 14 de julio de 2018 se dio inicio a la celebración del Día Mundial del Chimpancé para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrenta esta especie, entre las que se destacan la pérdida de su hábitat natural por elementos de la naturaleza o la intervención indiscriminada del hombre en su espacio habitual.

La iniciativa surgió de un grupo de ONG, entre ellas el Instituto Jane Goodall, la Alianza de Santuarios de Primates de Norteamérica, Liberia Chimpanzee Rescue & Protection y el Zoológico Lincoln Park.

De acuerdo a cifras oficiales actuales, hay 350.000 chimpancés en estado silvestre, solo en el continente africano. Hace aproximadamente 100 años se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés en 25 países de África.

Jane Goodall: la defensora de los primates

Jane Goodall es una primatóloga, etóloga y antropóloga reconocida internacionalmente, dedicada a estudiar a los chimpancés en estado silvestre desde el año 1960. El 14 de julio de ese año con tan solo 26 años pisó Gombe (en lo que hoy se conoce como Tanzania) para iniciar lo que nadie había hecho hasta el momento: estudiar el comportamiento de los chimpancés en su hábitat natural.

Debido a sus investigaciones permanentes sobre los chimpancés, desde hace 65 años, ha sido reconocida con un premio Guiness y fue nombrada Embajadora de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este video se ilustra en dos minutos el vínculo que ha llegado a construir con estos animales.

Peligros que enfrenta la especie

De acuerdo a las investigaciones, son múltiples los peligros y amenazas que atentan contra esta especie.

Curiosidades sobre los Chimpancés

Los chimpancés son una especie digna de admiración por sus habilidades sociales y cognitivas, capacidad de comunicación y altruismo. Y están en peligro de extinción. Es necesario elaborar leyes para su protección y la de sus hábitats naturales.

MP

Cada año se generan 400 millones de toneladas de plástico del cual se recicla menos de un 10 % y, además, 11 millones de toneladas terminan en lagos, ríos y mares, advierte la ONU con motivo del Día Mundial del Medioambiente que se conmemora hoy bajo el lema “sin contaminación por plásticos”.

Creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) este día oficial fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1973 y cada año un país diferente ejerce de anfitrión y organizador: en 2025, es la República de Corea.

La elección de este país está relacionada con “su papel activo” en las negociaciones del futuro Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, acuerdo que será jurídicamente vinculante para regular todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción hasta su eliminación.

Según datos del Pnuma, del volumen de plásticos generado anualmente, dos tercios componen productos efímeros como vasos y botellas de un solo uso o pajitas para beber, que se convierten en muy poco tiempo en desechos y, mal gestionados, terminan llegando a los océanos e incluso a la cadena alimentaria.

Microplásticos ingeridos

Estos productos plásticos de un solo uso “no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que contaminan todo tipo de ecosistemas desde las cimas de las montañas hasta las profundidades marinas”, advierte el Pnuma, quien también afirma que los seres humanos ingieren unas 50.000 partículas de plástico al año, “muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas”.

Varios estudios recientes alertan sobre la presencia de microplásticos -fragmentos menores a 5 milímetros- y nanoplásticos -entre 1 y 100 nanómetros- en órganos humanos y un informe publicado en Nature Medicine en el primer semestre de 2025 concluye que los plásticos acumulados en cerebros humanos analizados habían aumentado aproximadamente un 50 % en los últimos ocho años.

En este sentido, el investigador del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, Diego Kersting, ha confirmado a EFE el descubrimiento de concentraciones de microplásticos en una de las poblaciones de coral amenazado más importantes del Mediterráneo -el Cladocora caespitosa o coral cojín- que “superan con creces los valores considerados potencialmente dañinos para los organismos”.

Según Kersting, el hallazgo actúa como indicador del grado de exposición de todo el ecosistema: “Que estos corales que viven en una reserva marina a 60 kilómetros de la costa acumulen microplásticos sugiere que el resto de organismos marinos de la zona, incluidas especies de interés comercial, también están expuestos”.

Sumándose a las advertencias de la ONU, recuerda que “está demostrado que los microplásticos están presentes en la redes tróficas, donde son ingeridos por sucesivos organismos y van pasando a través de la cadena alimentaria”.

¿Soluciones?

Para hacer frente a la contaminación por plásticos “se requiere un enfoque integral que transforme la forma en que producimos, consumimos y gestionamos este material”, señala la directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen, durante la reciente presentación de la campaña 2025.

Andersen insiste en actuar “a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico” y no solo en la gestión del residuo.

En esta línea, Kersting ha defendido el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) porque si se da “un valor económico a los envases, estos no acabarán en las cunetas”.

El SDDR consiste en cobrar un importe adicional por cada envase que adquiere el consumidor y que le es devuelto cuando este lo retorna: una medida que “ha demostrado ser muy eficaz en otros países europeos” como Alemania o Lituania, donde las tasas de retorno de envases superan el 90 %, según la Fundación Ellen MacArthur.

De todas formas, el principal problema no es Europa, sino Asia y África, como demuestran los estudios de los ríos más contaminados por plásticos en el mundo.

Un informe del Foro Económico Mundial, por ejemplo, señala los ríos Yangtsé, Amarillo, Hai y de las Perlas (todos ellos en China), Amur (parte en China y parte en Rusia), Ganges e Indo (India), Mekong (Indochina), Nilo (que desemboca en Egipto pero atraviesa también Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, Congo, Sudán del Sur, Sudán y Etiopía) y Níger (que pasa por Guinea, Malí, Níger, Benín y Nigeria) como los más contaminados del planeta.

EFE.

IG

Sobre las 18:00 horas del miércoles 26 de febrero, Ana Luiza Hernández Raudelez vio cómo su pareja, Juan Bautista Silva, de 70 años, recibía una llamada telefónica. Silva, defensor de la tierra que llevaba más de 20 años trabajando en la defensa del medio ambiente local, se preparaba para salir con su motocicleta a fotografiar talas ilegales cerca de Las Botijas, en Comayagua, el centro de Honduras, con el objetivo de que las imágenes pudieran apoyar una denuncia ante la Fiscalía.

Cuando estaba a punto de partir, Ana le sugirió que el hijo de ambos, Juan Antonio Silva, de 20 años, fuera con él, ya que su nuevo teléfono móvil hacía mejores fotos.

Padre e hijo calcularon que estarían de vuelta a las 20:00 horas. A medianoche, su familia, preocupada, llamó a las autoridades, que activaron la búsqueda. Al día siguiente, los encontraron muertos bajo un acantilado cercano a Las Botijas.

Uno de los hijos de Silva descubrió las partes de los cuerpos, que habían sido desmembrados con motosierras, y sus restos abandonados al pie del acantilado. Algunas partes no han sido encontradas.

Sus muertes son un nuevo recordatorio de la feroz violencia a la que se enfrentan los defensores de la naturaleza en Honduras, que en 2023 se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita del mundo.

“Seguiremos luchando”

Selvin David Ventura Hernández, uno de los hijos de Juan, cree que la llamada telefónica, desde un número desconocido, es el punto de partida para explicar las desgarradoras muertes. La familia sospecha que la persona que hizo la llamada se hizo pasar por las autoridades. “Mi padre no le dio importancia”, dice Ventura. “En ese momento, ninguno de nosotros se la dio”.

Ahora, la familia vive con miedo. Rara vez salen a la calle y están pensando en mudarse. “Mataron a mi padre y creyeron que así ponían fin a la lucha contra la tala de árboles en la región. Y lo consiguieron; ninguno de nosotros seguirá sus pasos”, afirma Ventura. “Pero lo que no esperaban es que exigiéramos justicia. Ahora están esperando que esto se calme y que nuestro sistema judicial nos falle. Pero seguiremos luchando”.

La familia de Silva afirma que el defensor del medioambiente ya había sido agredido con un machete en marzo de 2020, lo que le causó graves lesiones en el brazo derecho y seis días de hospitalización. También aseguran que acudió repetidamente a la fiscalía para denunciar la tala ilegal, pero rara vez se tomaron medidas.

Tras los asesinatos, el Instituto Hondureño para la Conservación de los Bosques (ICF) emitió un comunicado en el que condenó los “actos violentos” y calificó de “trágica” la muerte de los dos hombres. También pidió que se abriera una investigación y se proteja a “quienes denuncian delitos ambientales en defensa del medio ambiente”.

Asesinatos y desapariciones forzadas

En 2023, la ONG Global Witness registró un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, empatado con México, fue el tercer país con mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), por detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en relación con el número de habitantes.

La investigación también muestra que, entre 2012 y 2022, al menos 131 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el país centroamericano. Más de la mitad (70) se han cometido desde 2016.

Laura Furones, asesora principal de Global Witness, afirma que Honduras aparece “con bastante regularidad” como un “país preocupante” para los derechos de los defensores de la tierra. Entre los factores detrás de la alta tasa de violencia contra estas personas, explica, está la presencia de recursos naturales, que pueden ser explotados con fines agrícolas o intereses corporativos. Furones también afirma que Honduras alberga una sociedad civil “bastante activa”, incluidos grupos de activistas indígenas. En algunos casos, afirma, “intentar adoptar una postura y proteger esas tierras y recursos, puede desembocar en violencia”. Según la experta, los activistas que “se interponen en el camino de estos intereses corporativos” también corren el riesgo de ser atacados.

Impunidad

Las cifras de Global Witness coinciden con las registradas por las autoridades locales. A finales de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) señaló que desde 2022, 35 defensores de la tierra han sido objeto de muertes violentas en el país.

Frank Cruz, coordinador de la Defensoría del Pueblo Indígena y Afrohondureño de CONADEH, asegura que casos como la muerte de Silva y su hijo disuadirán aún más a los defensores de la tierra de denunciar delitos ambientales. “El mensaje que se envía es: 'no denuncies, porque si denuncias, te matarán”, lamenta.

Cruz cree que son varias las razones por las que muchos hondureños deciden no denunciar los delitos medioambientales. Dice que el Estado “no tiene capacidad suficiente” para responder a las denuncias, mientras que algunas personas que viven en territorios remotos “no conocen sus derechos” y desconocen la protección a la que tienen derecho. Otros, según Cruz, se han enfrentado a amenazas de violencia. Según él, la impunidad está contribuyendo a la normalización de la violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.

“Si los agresores o autores de estos delitos, muertes y actos de violencia supieran que van a ser investigados, acusados y procesados por los órganos del Estado, no cometerían estos delitos”, dice Cruz, y añade que el Gobierno debe aplicar medidas a medio y largo plazo para “recuperar la confianza” de estas comunidades. “Cuanta menos impunidad haya, menos normalización. Cuanta más persecución haya, más sensibilización”, concluye.

Mauro Lara, coordinador de desarrollo forestal comunitario del ICF, trabajó con Juan como parte de una cooperativa forestal. Según Lara, aunque nunca ha registrado formalmente ninguna amenaza en la región donde operaba Juan, es probable que los defensores de la tierra se hayan enfrentado a ellas. “En general, la gente tiene miedo de enfrentarse a los madereros o de hablar de ellos. En la región se les teme”, dice.

De Berta Cáceres a Juan López

El país se ha enfrentado anteriormente a condenas por su gestión de los asesinatos de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del medioambiente. En abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández, activista medioambiental asesinada a tiros en febrero de 1995. Kawas se había opuesto públicamente a la tala ilegal y a los proyectos empresariales que se iban a llevar a cabo en la península de Punta Sal, en la costa norte. El tribunal consideró que al menos un agente del Estado estuvo implicado en su muerte.

En marzo de 2016, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. Antes de su muerte, Cáceres había participado en iniciativas para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Cáceres, galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, llevaba tiempo sufriendo amenazas y fue asesinada por sicarios.

El asesinato de Juan López –activista contra la minería, defensor del agua y líder religioso local– en septiembre de 2024 provocó la condena internacional, incluida la del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco. López regresaba en coche de la iglesia cuando un grupo de hombres le disparó. Desde 2018, había estado abogando contra un proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras, llamado así en memoria de otro ecologista hondureño, asesinado en octubre de 1997.

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Silva y su hijo Antonio. Por el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. No ha habido novedades desde el 19 de marzo, cuando el comisario de policía Miguel Martínez declaró que el caso estaba “en manos de la fiscalía”, y afirmó que la investigación seguiría su curso. 

Traducción de Emma Reverter.

En el territorio de Baltistán, a la sombra del K2 y entre las cordilleras del Karakórum y el Hindu Kush, el cambio climático está dejando sin agua a decenas de aldeas. La situación es tan crítica que, con ayuda del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los habitantes de esta región del norte de Pakistán están tratando de recuperar una antigua tradición que a priori suena inverosímil: casar glaciares mezclando sus diferentes tipos de hielo para que engendren un bebé glaciar que les devuelva el agua.

Esta práctica, que se remonta siglos atrás en el Himalaya, recibe el nombre de “injerto de glaciar” (en inglés, glacier grafting). Según la tradición local, consiste en escalar a zonas de alta montaña para recoger grandes cantidades de hielo de un glaciar macho y un glaciar hembra y trasladarlas a la espalda en cestas de madera de sauce hasta un nuevo valle. Una vez allí, el hielo se junta en una ceremonia similar a una boda y se entierra en las rocas mezclado con barro y paja, con la esperanza de que, al cabo de algo más de una década, el glaciar bebé crezca y se consolide hasta aportar agua a sus poblaciones. 

“Fabrícame un glaciar”

“Nosotros tenemos un concepto de glaciares como entes masculinos y femeninos”, relata Tehzeeb Bano, que nació hace 30 años en la remota aldea de NewRanga, a los pies del K2. “Utilizando el conocimiento tradicional, los hombres se aseguran de obtener partes del glaciar masculino y femenino y mezclarlas, porque si solo obtienen la parte del glaciar masculino, el glaciar no crecerá”.  

Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos. Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea

Tehzeeb Bano — Investigadora de la Universidad de Guelph, en Canadá

Bano recuerda que de niña veía desde la ventana de su casa el glaciar Singay, que significa “el rey de los glaciares”. “Mi abuela solía señalarlo y me contaba que el glaciar había sido hecho por los humanos”, asegura. “Todavía hoy podemos ver ese glaciar desde nuestra azotea”. La experiencia le impactó tanto que, cuando pudo acceder a estudios superiores, Bano hizo la tesis sobre el injerto de glaciares y ahora lo estudia desde la Universidad de Guelph, en Canadá. “La situación sigue empeorando y algunos aldeanos se han acercado a mí para pedirme que les injerte un glaciar para aliviar este estado”, asegura.

¿El hielo que frenó a Gengis Kan?

El glaciar Singay (o Gang Singe) que Bano veía desde la ventana es uno de los seis ríos de hielo que fueron creados mediante injertos, según las fuentes locales. “La tradición se remonta a hace alrededor de siete siglos, cuando se dice que un santo sufí injertó por primera vez un glaciar, el Kondus”, explica Zakir Hussain, profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU. Algunas versiones de las leyendas dicen que los habitantes de la zona usaron la técnica para crear una muralla de hielo que frenara la invasión de Gengis Kan. 

De haber sido injertados hace tanto tiempo, estos antiguos glaciares serían indistinguibles de los naturales, de modo que Hussain y su equipo pusieron el foco en los glaciares creados más recientemente. En concreto, en los ríos de hielo creados a finales del siglo XX y principios del XXI dentro de un programa de apoyo rural de la agencia Aga Khan (AKDN), que retomó la tradición después de décadas de abandono. En 2018, un grupo de académicos y porteadores encabezados por Hussain empezaron a trabajar en estas montañas remotas para tratar de entender cuánto había de verdad y cuánto de leyenda en estos procesos.

Hicimos un estudio de un glaciar injertado por una comunidad en 1995 y pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable de glaciar y los parches de hielo que lo rodeaban

Zakir Hussain — Profesor de la Universidad de Baltistán (UOBS) y asesor de proyectos de la ONU

“Hicimos el primer estudio en un glaciar injertado por una comunidad en 1995, que tenía alrededor de 23 años”, explica Hussain a elDiario.es. El glaciar estaba a una altitud de 4.700 metros. “Allí pudimos presenciar que quedaba un trozo considerable y los parches de hielo que lo rodeaban”, continúa. “Tuve la suerte de tener como informantes a las personas que crearon el glaciar y de recoger todas las historias, las prácticas, las narrativas indígenas, los mitos; todo fue registrado y documentado”.

Una unión sagrada

En la lengua local, los habitantes de Baltistán conocen este ritual como Gang Khswa, que significa algo así como “nutrir con profundo afecto”. La práctica tiene un significado espiritual, pues se considera una unión sagrada de almas que, como en una boda, se celebra con oraciones, himnos y canciones. El primer paso es seleccionar un lugar por encima de 4.000 metros y una temperatura del suelo inferior a 0 °C, con una exposición mínima al sol y un terreno con escombros de piedras y cantos rodados.  

Después se recogen masas de hielo de doce lugares diferentes, con partes iguales de glaciares hembra (mo­) y macho (pho­) que son trasladados a las espaldas de jóvenes sin que puedan tocar en ningún momento el suelo. Las masas de hielo se llevan hasta el pozo del nuevo futuro glaciar, que puede ser una cueva formada naturalmente o una cámara excavada a propósito, y se depositan junto a una serie de ofrendas y regalos. Los ancianos, considerados de un nivel espiritual superior, realizan el ritual y se les considera los padres del glaciar que se está injertando. 

Durante la ceremonia, estos patriarcas colocan los trozos de hielo con oraciones en sus labios junto con huesos de albaricoque, pipas de calabaza, cáscaras de trigo, agua y carbón. Luego cantan una canción popular como canción de cuna, recitan versículos del Corán y sacrifican una cabra hembra para proteger a los glaciares. Y en los siguientes cinco años, nadie podrá visitar el lugar, para evitar interferencias.

A pesar de que en los 90 se creyó que la estrategia no había dado resultado, la revisión de Hussain y su equipo de los 17 lugares de Baltistán en los que se practicaron injertos muestra que al menos la mitad mostraban signos de crecimiento. Asimismo, han documentado que los efectos ambientales y climáticos fueron positivos y aumentaron a la disponibilidad de agua, e incluso han recreado todo el proceso de trasporte de hielo y sembrado de un glaciar para comprender mejor la técnica y “concienciar” a la población sobre su utilidad.

Estos y otros hallazgos han contribuido a que la ONU y las autoridades locales hayan retomado el interés y apoyen recuperar la tradición del apareamiento de los glaciares como solución a la escasez de agua. La Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Baltistán (BCDF), por ejemplo, realizó uno de estos injertos, junto con la comunidad de Regayul, el 22 de octubre de 2023 y en sus vídeos se puede ver cómo realizan el sembrado de un nuevo glaciar. 

El cambio climático nos están dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores

Ahmnad Nazir — Supervisor del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan en la década del 2000

“Los glaciares están desapareciendo”, asegura Ahmnad Nazir, que colabora con una de las ONG que llevan a cabo estos injertos. “El cambio climático nos están dejando sin agua y subiendo las temperaturas. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás necesitamos ventiladores”. Nazir fue uno de los supervisores del programa de “sembrado” de glaciares de la agencia Aga Khan hacia el año 2000. “Plantamos 17 glaciares y todos por encima de los 4.500 metros”, recuerda. “No pudimos volver a todos, pero sí a cuatro de ellos. Y después de cuatro años descubrimos que tuvieron éxito. Eran más grandes, uno de los lados tenía ya más de 12 metros de largo”.

Desde el programa de desarrollo de la ONU han puesto en marcha el proyecto GLOF-II, que está “ayudando a las comunidades a preservar estas prácticas indígenas” para conseguir el acceso al agua y para paliar los daños que causan las inundaciones producidas por el cambio climático. También están aportando ayudas para otras estrategias para la conservación del agua en valles vulnerables del norte de Pakistán, como la llamada “cosecha de avalanchas” (retener la nieve desprendida mediante cables) y la creación de estupas de hielo (subir el agua del valle a las zonas frías para que se almacene en forma de grandes conos helados).

Un esfuerzo sobrehumano

¿Tiene algún sentido científico el injerto de glaciares? Eso es lo que trata de determinar Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), quien tomó contacto con Hussain en una visita de una delegación de Baltistán al País Vasco en 2019. Como especialistas en hielo, les interesaba comprender mejor esta tradición y en junio de 2024 viajaron para tratar de localizar uno de estos glaciares “injertados”. Pero, tras una caminata durísima de tres días, a más de 4.000 metros, se encontraron que la zona estaba cubierta de nieve y no podían ver nada.

“Nos dieron el permiso para verlo desde lejos, pero llegamos a estar justo encima, de manera accidental”, explica Lisa Kranz, ex investigadora del BC3 que formaba parte de la expedición. Buscaban el mismo glaciar que había estudiado Zakir Hussain y vieron la construcción de piedras y madera donde habían empezado el injerto. 

“Yo casi me muero”, explica Faria. “Así que entiendo por qué se abandonó la práctica durante tanto tiempo: tienes que escalar unos 2.000 metros, llenar tu espalda con 20 kilos de hielo del glaciar macho, hacer lo mismo con la hembra y luego llegar hasta el lugar del injerto. Es un enorme esfuerzo”. A esto se une que los jóvenes ya no están implicados y la tradición se pierde. “Ellos tienen su móvil y quieren vivir como nosotros, tener cosas materiales y no experiencias espirituales o religiosas”, recalca Kranz. 

La pregunta científica

Junto a Marcela Brugnach (BC3), Sérgio Henrique Faria está preparando un documental con el material que grabaron en verano, dentro de un proyecto financiado por el Gobierno Vasco para comprender la resiliencia y adaptación al cambio climático en estas regiones. También se propone regresar a la zona en 2026 para tomar muestras de los glaciares que no pudo obtener en la primera expedición y avanzar en su conocimiento. 

“Uno de los temas de nuestro proyecto es entender el fundamento científico, para ver si se podría hacer, por ejemplo, en los Alpes”, asegura. “Queremos ver en el laboratorio, a nivel microscópico, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales”. Los habitantes de Baltistán identifican como machos a los glaciares más oscuros, en los que hay una mezcla de escombros y están casi enterrados por los frecuentes desprendimientos. Los glaciares hembra son los que se ven en superficie, casi transparentes, o de un color azulado. 

Queremos ver a nivel microscópico, en el laboratorio, qué tipo de impurezas tienen estos llamados glaciares macho, e intentar entender un poco mejor la caracterización física de estos materiales

Sérgio Henrique Faria — Director del Laboratorio de Hielo del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3)

“A partir de este concepto de glaciar macho y hembra se desarrolló una tecnología ancestral tremenda”, explica el especialista del BC3. “Aparentemente, la mezcla te da una combinación óptima, con suficiente hielo limpio para congelar más agua y suficiente material de detrito que sirve de aislante térmico para protegerlo del calor del sol y del propio aire caliente. Y quizá esa combinación es la que permite que esta masa de hielo vaya acumulando más nieve y vaya creciendo y formando un glaciar”. 

Jakob Steiner, hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia, también cree que estas estrategias de llevar agua a zonas más altas para que se conserven congeladas tiene sentido, y que añadir paja, carbón y otros materiales es una forma de mantener el hielo congelado durante más tiempo. “¿Es eficaz para los problemas hídricos que enfrentan los habitantes de un asentamiento determinado? Sí, definitivamente”, explica a elDiario.es. “Sirve para generar agua adicional para riego, también une a la comunidad, enseña a los jóvenes sobre su entorno, facilita la gobernanza local de los recursos y tiene valor espiritual”.

Sirve para generar agua adicional para riego, une a la comunidad, tiene valor espiritual y es mucho más eficiente que muchas de las soluciones 'modernas'

Jakob Steiner — Hidrólogo especializado en las altas montañas de Asia

Ahora bien, recalca Steiner, no sirve para resolver todos los problemas hídricos de la región ni para evitar la desaparición de los glaciares, aunque ese nunca fue el objetivo. “Los volúmenes son pequeños, pero si solo se necesita pequeño, es perfecto. Mucho más eficiente que muchas de las soluciones modernas que se aplican actualmente, que potencialmente resuelven muchos más problemas, pero son caras, difíciles de mantener y, por lo tanto, a menudo no se llevan a cabo”.

“La criosfera en esta zona más septentrional de Pakistán está cambiando”, asegura Miriam Jackson, miembro de la Iniciativa Climática Internacional de la Criosfera (ICCI). “Los glaciares se están reduciendo y las competiciones de esquí programadas en Gilgit se han cancelado en los últimos años por falta de nieve”. A pesar de que no hay suficiente literatura científica que apoye la práctica de estos injertos, bastante desconocidos hasta hace poco, cree que el ingenio y perseverancia de los habitantes de Baltistán son admirables. “Su diligencia al buscar soluciones propias a estos desafíos es encomiable”, destaca.

Una práctica muy humana

Aparte del interés científico, la práctica tiene un gran atractivo desde el punto de vista humano y antropológico. No es el único lugar del mundo en que los glaciares son considerados como criaturas vivas o incluso sagradas. “En otros lugares, como Canadá y Alaska, las comunidades tradicionales tienen reglas estrictas sobre cómo comportarse sobre un glaciar para no ofenderlo”, subraya Faria. “Si comes grasa sobre el glaciar, por ejemplo, las consecuencias pueden ser desastrosas para ti y para la comunidad”.

También en occidente se han hecho ceremonias fúnebres de despedida a los glaciares, como ha sucedido en Islandia y otros lugares. “Hay gente de Silicon Valley que sube a la montaña para llorar la muerte de un glaciar”, señala el experto.

Al equipo del BC3 que viajó hasta Baltistán les sorprendió la capacidad de adaptación al cambio que tienen los habitantes de estos valles y cómo su cosmovisión integra soluciones a los problemas que van enfrentando en un entorno tan hostil. “Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios”, explica Brugnagh, profesora Ikerbasque y codirectora del documental en marcha. “Siempre se buscan soluciones técnicas, cuando esta gente lo tiene muy claro con el agua, hasta el extremo de que saben hacer glaciares”, apunta.

Sabemos que los glaciares se van a perder por el cambio climático, nos fuimos al valle de Hushe para ver cómo la gente percibía estos cambios

Marcela Brugnagh — Profesora Ikerbasque BC3

Especializada en modelos de ecología, ciencias sociales y humanísticas, Marcela Brugnagh define su trabajo como el estudio de cómo la gente toma decisiones de forma colectiva en situaciones de incertidumbre. “Nos interesa otro tipo de conocimiento, que no es científico y que es muy importante tener en cuenta de cara al cambio climático, porque habla de las relaciones de estas comunidades con la naturaleza y de sus dinámicas”, señala. “Durante la experiencia tuvimos un cambio de mentalidad”, resume. “Vamos con nuestras ideas objetivas de salvar el planeta, pero ellos han vivido con el cambio y no tienen problema para adaptarse a la naturaleza: somos nosotros quienes tenemos que aprender de ellos, no ellos de nosotros”.

El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de Cero Desechos, una efeméride proclamada por la ONU el 20 de diciembre de 2022. Se pretende así, llamar la atención sobre la necesidad de reducir los residuos y desechos sólidos en el planeta, promoviendo modalidades de producción y consumo más sostenibles.

Antes de esa fecha, ya existía una preocupación previa en cuanto a la temática, por ejemplo con el Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora el 29 de septiembre. De acuerdo a estudios y estimaciones, anualmente se desperdician unos 931 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Y existen 14 millones de toneladas de desechos plásticos en los ecosistemas acuáticos.

El lema de este año por el día de la Basura Cero es: "Hacia cero residuos en la moda y los textiles". Se pone el foco en la necesidad urgente de actuar para disminuir el impacto ambiental de los residuos generados por este sector y fomentar prácticas sostenibles y circulares.

El desarrollo y la imposición de la moda rápida (“fast fashion”) deja números alarmantes para el ambiente. La producción de ropa se duplicó de 2000 a 2015. Se producen 92 millones de toneladas de residuos textiles en todo el mundo. Esto equivale a un camión de basura lleno de ropa incinerada o enviada a vertederos cada segundo. Y el impacto del daño ambiental es más grave en el sur global como deja en evidencia el inmenso basurero de ropa usada de Atacama en el norte de Chile.

El enfoque “basura cero” consiste en evitar que los residuos terminen en vertederos, incineradoras y los océanos. Esto implica la ejecución de acciones orientadas a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Se requiere el esfuerzo conjunto de las comunidades, empresas, gobiernos e instituciones para disminuir la contaminación ambiental por desechos, residuos y desperdicios. Es necesario el desarrollo de una economía circular para proteger el ambiente, mejorar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de las personas.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo referido a la reutilización, renovación, reparación y reciclaje de materiales y productos, durante el mayor tiempo posible.

Con esta práctica se reducen al mínimo los residuos, desechos y desperdicios, mediante la reutilización y el reciclaje de productos.La economía circular difiere del modelo económico lineal tradicional, basado en la utilización de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso.

¿Cómo generar menos basura?

Algunas recomendaciones para reducir desechos:  

-       Usá botellas y vasos reutilizables para el consumo de bebidas.

-       Al hacer las compras llevá bolsas reutilizables y evita las de plástico.

-       Adquirí productoa lo menos empaquetado posible o que vengan en envoltorios reciclables.

-       Usá los restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo y la borra del café para preparar un compost orgánico en tu casa. Si tenés espacio, aunque sea un pequeño balcón, cultivá tus propios vegetales, evitando el uso de fertilizantes de orígen industrial.

-       Evitá el uso de platos plásticos, vasos de café, cubiertos, servilletas y cubiertos desechables. En tu lugar de trabajo podés tener un juego de cubiertos, vaso, bowl y taza que puedas lavar y reutilizar.

-       Comprá productores locales y a granel, reduciendo el uso de envases.

-       Disminuí el consumo de papel (correo, facturas, revistas). Pedí el envío de tus facturas de compra por email. 

MP

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles el nombramiento de Fernando Brom en la subsecretaría de Ambiente que depende de la Secretaría de Ambiente, Deportes y Turismo, pese a las críticas que propició contra la gestión del manejo del fuego que lleva adelante la gestión. 

A través de la designación 107/2025 publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo avanzó con la designación de Brom luego de que reconociera que el “tema de bosques y fuegos” tenía “prioridad cero” y que “evidentemente no se ha hecho bien” el trabajo en la materia.

El exvicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue convocado por Francos y por el secretario del Interior, Lisandro Catalán, para formar parte de la cartera que encabeza Daniel Scioli, y hasta entonces cumplía funciones en Jefatura de Gabinete. 

Su nombramiento tiene lugar tras la renuncia de Ana Lamas por cuestiones “personales” y “agotamiento”. El día después de que sonara su nombre para reemplazar a laexfuncionaria, Brom dio su primera entrevista y encendió las alarmas al cuestionar el desempeño de la administración libertaria en el combate del fuego en la Patagonia. 

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir”, planteó, y agregó: “Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”.

A contramano de la tendencia libertaria de castigar “con la guillotina” que maneja la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a todos los que no se pronuncian en sintonía con el mandatario, Brom sobrevivió a su primer traspié, y cinco días más tarde, logró su oficialización. 

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ensayó una especie de defensa a sus dichos para avanzar con su incorporación al Gobierno: “Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios”, supo argumentar.

“No es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad del tema porque todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, añadió en su habitual conferencia de prensa. 

MM con información de la agencia NA.

El flamante subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, reconoció este viernes que en el “tema de bosques y fuegos...lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien” durante las anteriores gestiones, y aseguró que la preservación del medio ambiente “es un derecho humano”.

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”, afirmó.

En declaraciones a Radio Mitre, Brom reconoció la voluntad de trabajo de su antecesora en el cargo, Ana Lamas, quien renunció en medio de la crisis ambiental por los incendios en la Patagonia, y, si bien la calificó de “excelente profesional”, consideró que la exfuncionaria sufrió “un desborde en sus funciones” por falta de “comprensión”.

“Tuvo un desborde en sus funciones, posiblemente por la no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico”, sostuvo.

“Es un derecho humano y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos, es la casa en que vivimos”, enfatizó el ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

El Gobierno le adjudicó la responsabilidad del desastre ambiental a la acción humana de grupos mapuches radicalizados, en sintonía con la incorporación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que lidera Facundo Jones Huala a la lista de organizaciones terroristas que oficializó este mismo viernes el Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Patricia Bullrich, a través de una resolución que se publica en el Boletín Oficial.

“Yo vengo de estar un año en la gestión en el INAI y ha habido también mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también eso hay que combatirlo. Yo diría que se ideologiza y se politiza”, consideró Brom. 

“Lo que originalmente son derechos humanos se transforman en un negocio. La venta en tala de árboles, el incendio de bosques deliberado para poder cambiar la perspectiva de un bosque y transformarlo en una plantación, en un cultivo. Eso sí hay que perseguirlo con todos los medios, tanto legales como judiciales, como de Poder Ejecutivo”, remarcó el subsecretario de Ambiente.

Además de la Patagonia, también hay incendios en Corrientes, con más de 100 mil hectáreas arrasadas por el fuego, en Córdoba y Catamarca.

Asimismo, Brom habló de la necesidad de “un cambio cultural”: “Yo creo que es con la gente que tenemos. No podemos importar sajones o noruegos que tengan otra cabeza. Más de la mitad de la población quiso un cambio y lo está logrando. Con paciencia, con perseverancia y con sacrificio”. Y apuntó al kirchnerismo: “La franquicia del peronismo se transformó en otra cosa. La transformaron en vez de un ascenso social, en una lucha de clases”, opinó.

Desde inicios del año se vienen multiplicando los focos de incendios no controlados en bosques de El Bolsón y Epuyén, en Chubut, y en los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín, en Río Negro y Neuquén. 

El Gobierno designó a Fernando Jorge Brom como nuevo subsecretario de Ambiente después de la renuncia de Ana Lamas a ese cargo. Así lo informaron hoy fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que revelaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, convocaron a Brom, quien ya cumplía funciones dentro del área, para que asumiera el cargo.

Brom mantuvo un encuentro por la tarde con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, como paso previo a su inicio formal en funciones.

Lamas anunció hoy su renuncia luego de haberse desempeñado como responsable del área de Medio Ambiente desde diciembre de 2023, momento en que asumió el presidente Javier Milei.Según trascendió, las razones que habría dado la abogada y especialista en Derecho Ambiental no están vinculadas con su desempeño sino a cuestiones “personales” y “agotamiento”.

En los últimos días, la exfuncionaria había sido cuestionada debido a que la Subsecretaría de Ambiente destinó recursos públicos para el mantenimiento del aire acondicionado en sus oficinas, en medio de los incendios forestales que azotan el sur del país.

Previamente, la ahora ex funcionaria había protagonizado una situación polémica debido a que, en noviembre del año pasado, y por orden expresa del Presidente, debió retirarse de la Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) que se llevó cabo en Bakú, Azerbaiyán.“Nos retiramos de la conferencia por instrucciones del servicio exterior”, confirmó en su momento Lamas.

De esa manera, el Gobierno se diferenció en esa oportunidad del Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, al cuestionar la Agenda 2030 bajo el precepto de Milei respecto de que “el cambio climático no es 100% producido por las actividades humanas”, según señaló Lamas en ese momento.

MM con información de la agencia NA.

Los humedales cubren alrededor de 6% de la superficie de la Tierra, pero son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Con el objetivo de su conservación y el uso racional de los recursos, cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales.

En Argentina, dada la variedad de climas y relieves, hay una importante cantidad y diversidad de humedales, como el Delta del Paraná, los Esteros del Iberá, zonas costeras estuarinas y marinas, salares, etc. Cada uno de ellos brindan numerosos beneficios ecosistémicos, explica la agencia de noticias de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de La Plata.

¿Cuál es el origen del Día Mundial de los Humedales?

El 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, 18 naciones firmaron un tratado intergubernamental denominado “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”.

El documento fue el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, por lo que su firma se recuerda cada 2 de febrero, precisa Parques Nacionales.

¿Qué son los humedales?

Los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor. Pueden ser de agua dulce, marinos y costeros, como los lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos y marismas, los pastizales húmedos, entre otros.

Representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, indispensables para los seres humanos y la naturaleza por los beneficios y servicios que proporcionan, enfatiza Naciones Unidas.

“Su diversidad biológica es crucial para la salud humana, el suministro de alimentos, el transporte y las actividades económicas que generan empleo, como la pesca y el turismo”, suma.

Más de 1000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) que viven en zonas rurales y urbanas de todo el mundo dependen de los humedales como medio de subsistencia, de acuerdo a datos de la ONU.

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Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, jornada en la que se busca resaltar la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.

“Durante muchos años se vio al medio ambiente como una fuente inagotable de recursos, pero hoy en día se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el entorno y el hombre es por eso que urge la necesidad de concientizar desde la escolaridad inicial el compromiso y aprendizaje en todo lo relacionado a la preservación y cuidado del ambiente en todos sus aspectos”, contextualiza el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO).

Algunas de las consecuencias a las que se enfrenta a diario la sociedad y que afectan a todos los ecosistemas son las grandes sequías, las lluvias torrenciales, los deslaves y la falta de alimentos.

La efeméride tiene su origen en 1975, cuando se celebró en Belgrado, República de Serbia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental. Allí participaron expertos de más de 70 países, que establecieron los principios de la Educación Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas, explica la Asociación Toxicológica Argentina.

Como resultado, tres años después se firmó un acuerdo entre países, la “Carta de Belgrado: un marco general para la educación ambiental”, que estableció metas ambientales, así como objetivos, metas y principios de su educación, señala el Ministerio de Capital Humano.

El propósito de la jornada, señala Fundación Vida Silvestre Argentina, “es identificar las interacciones entre el ambiente y la sociedad, buscando fomentar una relación armoniosa entre las actividades humanas y la naturaleza, impulsando así el desarrollo sustentable para asegurar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras”.

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

En medio de un descontrolado incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los brigadistas forestales que dependen de la Nación enfrentan una situación compleja. La semana de fiestas se vio empañada por la falta de estabilidad laboral para quienes responden tanto a la Administración de Parques Nacionales (APN) como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El 2024 terminó con una oleada de despidos que agravan su ya precaria situación laboral. Hay más de 500 brigadistas a quienes aún no se les ha renovado el contrato y están yendo a combatir el incendio sin tener la certeza de su continuidad laboral.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los empleados de la APN y el SNMF han sido recontratados bajo modalidades trimestrales. La falta de garantías laborales y la constante incertidumbre generan un escenario de vulnerabilidad, tanto para los brigadistas que luchan contra el fuego a lo largo y ancho del país, como para las áreas técnicas que posibilitan que los operativos de combate se realicen de manera segura y eficaz.

Además, esta fragilidad contractual actúa como un instrumento de control sobre los trabajadores y profesionales. Tanto brigadistas como guardaparques y técnicos, tienen estrictas órdenes de las autoridades de Parques Nacionales de no publicar en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre “los mapuche” y “lo menos posible sobre incendios”. Incluso en sus cuentas personales, las cuales son controladas sistemáticamente. El costo de desobedecer estas órdenes orwellianas es la no renovación del contrato trimestral.

Así las cosas, el trabajo de los brigadistas, fundamental para la protección de los ecosistemas y las comunidades, se ve hoy doblemente amenazado: por el riesgo inherente de su tarea y por la falta de un marco laboral que respalde su esfuerzo. En un momento en que la prevención y control de incendios debería ser una prioridad, las condiciones laborales precarias de estos trabajadores dejan al descubierto una crisis que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad

Y cuando el incendio seguía creciendo en cercanías de Bariloche, el Presidente decretó, un 30 de diciembre (Decreto Nacional 1136/24), el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la cartera ambiental al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Esta medida representa un grave retroceso en tanto que desliga de la agenda ambiental una problemática profundamente ligada al cambio climático, como son los incendios forestales.

Este traspaso del SNMF al Ministerio de Seguridad es coherente con la visión negacionista de la problemática ecológica que tiene el Gobierno Nacional. Los incendios forestales, para esta visión, son un siniestro más. Como si fuese el incendio de un edificio y debiera tratarse con fuerzas de seguridad. No encuentra esta visión una vinculación ni con el Cambio Climático, ni con la mala ocupación territorial. 

Actualmente, los incendios en las localidades del noroeste de la Patagonia están creciendo a un ritmo acelerado. Barrios en expansión sobre zonas forestales donde el bosque lleva décadas de fuertes ciclos de sequías, o colindando con plantaciones de especies exóticas pirófitas, como el pino, son potenciales escenarios de catástrofe. Este fue el caso en la Comarca Andina (Chubut) el 9 de marzo de 2021, cuando dos focos de origen antrópico arrasaron con 13.000 hectáreas de bosque y cerca de 500 viviendas. O la provincia de Corrientes, donde las plantaciones de especies arbóreas exóticas ya superan las 500 mil hectáreas y solo en el año 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio. 

Lo cierto es que la problemática de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva socioambiental, así lo es en todas partes del mundo. Las características que tienen los incendios forestales, están intrínsecamente relacionadas con la ocupación y distribución territorial y con el cambio climático: mayor ocurrencia de largos períodos de sequías, aparición y aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas donde antes no sucedían y olas de calor. 

El traspaso del SNMF a Seguridad implica la pérdida de una perspectiva territorial y ambiental, así como el abandono de la complejidad de variables que hay detrás de estos desastres. Confrontar estos incendios va mucho más allá de la gestión de riesgos; incluye también educación ambiental, prevención y regulación de la ocupación territorial, entre otros factores que usualmente inciden en los incendios.

Los cambios en los patrones climáticos hacen que el desarrollo de cada incendio no dependa solo del trabajo de las brigadas en el terreno, sino de una planificación adecuada a nivel nacional. En este sentido, el equipo interdisciplinario de Alerta Temprana del SNMF es una pieza clave en este momento en que los incendios vinieron para quedarse.

En este contexto, el rol del SNMF se ha vuelto indispensable. Por un lado sus brigadas han sido un refuerzo fundamental para todas las regiones que han atravesado escenarios complejos de grandes incendios. En algunos casos, las provincias ni siquiera cuentan con cuerpos especializados en incendios forestales, y la participación y capacitación brindada por las brigadas nacionales se vuelve sustancial. Por otro lado, su equipo técnico de Alerta Temprana permite planificar con antelación la distribución de recursos a lo largo del país, gestionando los operativos de la forma más preventiva y eficaz posible. 

Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Los días 15 y 16 de diciembre, Río Negro y Neuquén se vieron afectadas por una gran tormenta eléctrica que dejó como saldo múltiples incendios activos. En el caso de Neuquén se registró un récord histórico de más de 30 focos en toda la provincia. Científicos del Conicet han detectado un aumento exponencial en la frecuencia de tormentas eléctricas en la región, a partir de los ’90. Este cambio nos enfrenta a nuevos desafíos en materia de incendios forestales.

Los incendios provocados por rayo tienen la particularidad de, una vez que el rayo penetra en el bosque, permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones climáticas sean ideales para la propagación del fuego. Es por eso que, en algunas ocasiones, se han activado incendios con posterioridad a la actividad eléctrica. Los incendios causados por rayo pueden tomar grandes dimensiones por iniciar en zonas muy remotas y complejas, a las cuales las brigadas no pueden acceder rápidamente, ni trabajar con facilidad. Son investigadores, técnicos y brigadistas quienes contribuyen año a año en la generación de datos y desarrollo de estrategias de cara a los bruscos cambios de comportamiento y frecuencia a los que nos está enfrentando la crisis climática.

El 25 de diciembre, fuentes oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi informan la presencia de dos focos de incendio activos en la zona sur del mismo. Desconociendo el origen del fuego, se presupone que dicha tormenta eléctrica podría haber sido la causa. 

En un contexto donde las consecuencias del Cambio Climático son evidentes, con olas de calor que afectan a la Patagonia, con temperaturas superiores a los 32º y un aumento en la velocidad del viento, la situación del incendio se ha vuelto cada vez más compleja, alcanzando rápidamente una magnitud crítica. Aunque el fuego se encuentra alejado de áreas de uso público y zonas residenciales, continúa expandiéndose, arrasando hectáreas de bosque nativo a su paso.

Dado que los recursos son limitados y están destinados a combatir este incendio, es indispensable que no se activen nuevos focos cuya demanda podría colapsar la capacidad de respuesta. No hacer fuego en áreas no habilitadas es fundamental. También lo es apoyar activamente la defensa de las entidades que llevan adelante cada operativo de respuesta a incendios. 

La regresión como política de Estado

Así como Donald Trump en su primer mandato, y Jair Bolsonaro en Brasil, el desarticulamiento de las políticas ambientales se convierte en una política de Estado en los países donde gobierna la ultraderecha. El estadounidense degradó varios organismos ambientales, desreguló legalmente y se retiró fallidamente del Acuerdo Climático de París. Por su parte, el brasilero también desintegró áreas ambientales y alentó la deforestación y quema de la Amazonía para permitir el avance del agronegocio, tan poderoso en el vecino país.

La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, el intento de destruir las Leyes de Bosques y de Glaciares en el proyecto de ley Ómnibus, el retiro de la delegación argentina de la última Cumbre de Cambio Climático, la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite el avance descontrolado del extractivismo en las provincias, son solo parte de las medidas regresivas en materia ambiental del gobierno argentino. 

En la última semana, en otro hecho que marca un retroceso en las políticas climáticas, el Gobierno nacional nombró al militar retirado Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional. El puesto requiere de un conocimiento especializado y la nueva designación incumple los más elementales requisitos vigentes. El prestigioso Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó este nombramiento por “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera.” 

En un contexto mundial con eventos climáticos extremos que rompen récords, con inundaciones nunca antes vistas (Valencia, Rio Grande do Sul), mega incendios en la selva amazónica y catástrofes cotidianas en todas las latitudes, tener la variable climática como prioridad e invertir en prevención, es el mínimo acto de supervivencia esperable por parte de un gobierno.

A contramano del mundo y con gestos de crueldad, comienza el 2025 demandando que pongamos el foco en lo que ocurre con los y las brigadistas, técnicos, científicos y especialistas en incendios forestales de nuestro país. La Patagonia está en llamas y este fuego se apaga con trabajo interdisciplinario, presencia estatal y organización colectiva.

Este artículo fue escrito por Enrique Viale y Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.

“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.

Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.

En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales

El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.

Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.

Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.

Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.

Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.

La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.

Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.

En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación

“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.

Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.

Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.

En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.

“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.

“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.

El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.

Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.

“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo

En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.

Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.

Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.

Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.

Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.

El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.

Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.

Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política

Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.

Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.

Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.

“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.

Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.

La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.

Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos

“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.

A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.

“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.

Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.

Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.

“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.

Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario

La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.

Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.

Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.

“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.

Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.

Nota: se corrigió epígrafe de la foto principal, en el que faltaban datos de contexto. Corrección realizada el 22 de diciembre de 2024 a las 8:52 AM.

ED/DTC

A Javier Milei le podría gustar Azerbaiyán: el clima es frío, los autos de alta gama ya reemplazaron a casi todos los Lada de la era soviética, hay un exacerbado culto a la personalidad y la sociedad que creció en los años 90’s tiene una fascinación indeclinable por los Estados Unidos –tanto es así que existe una cadena de cafeterías llamada Friends, en homenaje a la serie televisiva de amigos que se juntaban a pasar las horas en el Central Perk—.

Sin embargo, el Presidente dio la orden este miércoles de retirar de manera intempestiva la delegación oficial argentina en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se lleva a cabo desde el lunes la 29° conferencia de las partes (COP) de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Para Laura Baron Mendoza, abogada consultora en derecho Internacional y medio ambiente, magister de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra y doctoranda de la Universidad de McGill, la reciente retirada de la delegación de Argentina de la COP 29 es, sin duda, un evento lamentable aunque no inesperado.

“Esta decisión sigue un patrón preocupante que comenzó con la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y las continuas amenazas de abandonar el Acuerdo de París. Al dejar de lado la agenda ambiental, no solo se evade la responsabilidad política; se evade una realidad palpable que trasciende la ideología en relación con los argumentos de que la emergencia climática es una mentira socialista”, dice Baron Mendoza.

Con la victoria de Trump, casi todos los analistas están discutiendo nuevamente qué pasará con los estados que deciden retirarse de las negociaciones en Bakú o del Acuerdo de París, pero no pueden retirarse del planeta en ebullición. Cuesta mucho creer el argumento de que tal o cual decisión unilateral de un país pone en riesgo la estabilidad el acuerdo de Paris, ya que, aunque que lo ponga o no, la emergencia climática no da tregua —los huracanes siguen azotando a los votantes republicanos del estado de Florida— y las obligaciones ya existen.

“Desde la perspectiva del derecho internacional el retiro anunciado tiene poco o ningún efecto jurídico en término de obligaciones macro. A pesar de las decisiones tomadas el día de hoy, las obligaciones de anticipar, adaptar, mitigar y reparar el daño medio ambiental permanecen intactas. Estas responsabilidades existen a la luz del derecho internacional de los derechos humanos independientemente de las negociaciones sobre ”el cómo“ acatarlas. Las obligaciones en materia de derechos humanos trascienden las maniobras políticas; es un imperativo jurídico en cabeza de actores estatales y no estatales”, agrega Baron Mendoza.

La Argentina sigue siendo parte de tratados regionales e internacionales en donde se establecen obligaciones como la protección al un medio ambiente limpio y saludable. Y aunque no fuese parte, los derechos humanos medio ambientales son normas imperativas de derecho internacional que no admite derogación o negación caprichosa política alguna.

Un silencio sepulcral

Por lo general, la delegación argentina tiende a ser efusiva y fácilmente identificable en las COP: en la cumbre de Egipto en 2022, y por primera vez, nuestro país contó con una oficina propia y con una participación moderada en las negociaciones. El año pasado en Dubai se logró acercar posiciones con los otros bloques negociadores de América Latina, ofreciendo por primera vez en mucho tiempo una postal de integración regional que todavía dista mucho de la fortaleza ofrecidas por las naciones de África, Asia y las Islas del Pacífico Sur. 

Con Milei recién electo, se decidió sobre la marcha enviar a la diplomática de carrera Marcia Levaggi para que representase a la Argentina durante el traspaso de mando a principios de diciembre pasado. Levaggi, quien cuenta con amplia experiencia en materia ambiental y climática, fue removida del cargo de subsecretaria de Política Exterior tras la salida de Diana Mondino. Cabe resaltar que este tipo de decisiones extravagantes no son algo nuevo cuando se mueven las piezas al interior del Palacio San Martín: en 2021, Alberto Fernández decidió remover a Felipe Solá de su cargo como Canciller cuando el mismo se encontraba a mitad de camino hacia la cumbre de la CELAC en México, donde Argentina recibiría la presidencia para el año subsiguiente.

Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente entre 2019 y 2023, comentó que “Milei retiró su ínfima delegación de la COP29 confirmando su negacionismo, en un grave gesto simbólico, mientras desde algunos sectores de la sociedad civil se guarda un silencio atronador”.

Pasada la medianoche del miércoles, el silencio en las calles de Bakú es sepulcral: la policía cortó varias avenidas por motivos de seguridad, y la falta de circulación vehicular se asemeja mucho a la casi nula comunicación oficial argentina. Son varios los consultores, diplomáticos y activistas que prefieren no dar notas por miedo a posibles represalias una vez que aterricen en Ezeiza, ignorando tal vez que “no darle publicidad al gobierno, porque en definitiva busca llamar la atención” puede tener consecuencias irreversibles para nuestra política tanto doméstica como interna.

De lo global a lo local

Delegaciones de casi todos los países del mundo llegaron a esta COP para discutir financiamiento a los planes de transición energética que permitirían una descarbonización de la economía global a gran escala, permitiendo que quizás así la humanidad llegue a fines del siglo XXI con un aumento de la temperatura no superior a los 2°C por encima de los valores preindustriales –la meta de quedar por debajo de los 1,5°C de calentamiento global ya resulta casi inalcanzable—.

Hacer catarsis sobre la crisis climática desde este rincón del planeta no es nada fácil: el país anfitrión no se caracteriza exactamente por ser referente de las libertades democráticas, y los grupos de la sociedad civil se manifiestan por lo bajo, casi susurrando sus críticas al actual gobierno.

La Francia de Macron también boicoteó la COP con la ausencia de la ministra de Transición Energética, pero por otros motivos geopolíticos y sin retirar a su delegación. Esto agita aún más el debate de las libertades civiles en un momento en el que el activismo climático alcanzar la trasversalidad y dejar claro su mensaje de que “no puede haber justicia climática sin derechos humanos”.

“La solidaridad está suspendida”, señaló un activista de la red de Acción Climática para América Latiana (Canla), en relación a la restricción por parte de la ONU para que las distintas ONGs presentes en Bakú puedan hacer mención a los crímenes de guerra en Gaza y a resaltar la contradicción de que desde el norte global exista presupuesto para financiar guerras, pero no para un fondo de Daños y Pérdidas que permita a los países más vulnerables como Filipinas de recuperarse de huracanes e inundaciones, o de que países de ingresos medios puedan tener acceso a una transferencia de recursos para dejar de extraer combustibles fósiles y tener una matriz energética más sustentable.

JR/JJD/DTC

Cuando se viene un finde largo o se acerca el verano, la Costa Atlántica es un destino turístico infaltable. Mar del Plata es, sin duda, uno de los sitios más visitados. Una ciudad histórica que mira al mar con excelente gastronomía. Desde churros en la playa hasta una cena con pesca fresca del día. Detrás de la historia de la ciudad Mar del Plata, hay una historia posible de la Argentina. Y lo mismo, detrás del plato de filet de merluza que disfrutamos, existe una historia de explotación, conservación y regulación pesquera que ha moldeado la disponibilidad de esta especie en el Mar Argentino. El uso de los recursos pesqueros resulta de un diálogo entre ambiente y economía.  

La merluza es uno de los principales recursos de la industria pesquera que representa el séptimo complejo exportador del país. Desde 1924, el puerto de aguas profundas de Mar del Plata se consolidó como el centro de esta actividad y actualmente recibe casi el 50% de los desembarques de pesca marítima. En torno a este puerto, se desarrolla una industria basada en tres especies principales: la merluza, el calamar y el langostino, que juntas representan el 80% de la pesca en el mar argentino.

A lo largo de las décadas, la merluza pasó de ser un recurso abundante y, sin mayores controles, a convertirse en un símbolo de explotación intensiva y desregulación. (¿Desregulación? Sí, una palabra hecha ministerio bajo el gobierno actual). Durante los años 60 y 70 la pesca de merluza creció de manera estable, pero fue en los 80 cuando realmente explotó, impulsada por la demanda internacional y la escasez de recursos en otras regiones del mundo. En ese entonces, Argentina exportaba enormes cantidades de merluza, especialmente en forma de pescado congelado. La falta de regulación permitía que casi cualquier embarcación con permiso pudiera pescar en aguas argentinas. Este sistema de pesca olímpica llevó a una competencia desenfrenada y hacia finales de los 80, las capturas de merluza alcanzaban las 500.000 toneladas anuales. 

El rápido crecimiento del volumen pescado y la escasa regulación provocaron una sobreexplotación del recurso. En 1986, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) alertó que las poblaciones de merluza común estaban al límite de su sostenibilidad y recomendó reducir la presión de pesca. Ante esta advertencia, el gobierno limitó la emisión de nuevos permisos de captura. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes. En los 90, la desregulación económica acentuó el problema y las capturas alcanzaron un pico de 1,4 millones de toneladas en 1997, un nivel insostenible. (Si, 1,4 millones es el triple de lo que se pescaba en los 80). Ese mismo año, ante la alarma de los expertos, el gobierno declaró la Emergencia Pesquera Nacional y estableció vedas parciales y luego totales en regiones de la plataforma patagónica.

La crisis de los 90 fue un punto de inflexión. Para el año 2000, las capturas de merluza cayeron a niveles mínimos de 200.000 toneladas, y la merluza común dejó de ser la especie más capturada en Argentina. Esta situación impulsó una serie de cambios en la regulación del sector pesquero, incluida la implementación de las Cuotas Individuales de Captura bajo el Régimen Federal de Pesca (Ley N° 24.922), que constituyen la piedra angular de la regulación actual. Actualmente, el Consejo Federal Pesquero debe reasignar estas cuotas, cuyo primer tramo vence en diciembre de 2024, lo que exige un consenso actualizado para distribuir las capturas hasta 2039. En otras palabras, la propia dinámica de explotación del recurso determinó la necesidad de una regulación: o nos poníamos de acuerdo en cómo pescar a la merluza, o la merluza desaparecía como especie. (Sí, el mercado casi extingue a la merluza)

Si bien luego de algunas escaramuzas de este año, hay un consenso en la industria de que la regulación y las cuotas deben continuar. No obstante, hoy en día la pesca enfrenta nuevos desafíos debido al cambio climático. El aumento de las temperaturas marinas afecta la disponibilidad y distribución de especies de captura comercial que pueden migrar o desplazarse en busca de condiciones más favorables. Esta situación añade una capa de complejidad a la gestión sostenible y exige que las políticas de conservación y desarrollo económico se adapten a los cambios en el ecosistema marino. 

La pesca marítima tiene límites ambientales. Pero, a su vez, el contexto global demanda cada vez más alimentos de origen acuático. ¿Cómo garantizar esa demanda entonces? La acuicultura, que es la crianza controlada de organismos acuáticos, emerge como alternativa. Si bien representa una fracción pequeña en Argentina, la acuicultura muestra un crecimiento sostenido, que superó las 4000 toneladas en 2015. La producción alcanzó un récord en 2022 con más de 6000 toneladas, liderada por la trucha arcoíris, que representa el 76% del sector, seguida por el pacú con un 21%. Con un territorio vasto y diverso, Argentina tiene un potencial significativo para expandir esta actividad más allá de las áreas costeras, diversificando la producción en regiones sin litoral marítimo.

El contexto global de creciente consumo de alimentos acuáticos abre oportunidades para que Argentina desarrolle tanto la pesca como la acuicultura. El país cuenta con condiciones ambientales y recursos que permiten responder a estas demandas, generando empleo, divisas y desarrollo local. La pesca argentina podría capitalizar este contexto al aumentar la proporción de especies certificadas con estándares ambientales, un paso que permitiría acceder a mercados internacionales más exigentes, donde la trazabilidad y las prácticas sostenibles son cada vez más valoradas. Es posible acceder a mercados internacionales que pagan mejor si el sello de merluzas felices está presente. Si bien la certificación implica costos, un abordaje temprano y colaborativo con el sector podría representar una ventaja competitiva.

Diversificar la producción y añadir valor agregado a los productos son los caminos para potenciar el sector. Más del 80% de las exportaciones pesqueras son productos primarios, por lo que estimular la transformación local ayudaría a capturar un mayor valor económico. Esta estrategia, además, reduciría la dependencia de unas pocas especies, haciendo al sector menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado y promoviendo un manejo sostenible de los recursos. Al mismo tiempo, fortalecería el mercado interno mediante la sustitución de importaciones de productos pesqueros elaborados.

No somos una nación de pescadores, pero tenemos todo para serlo. Es paradójico que, en un país con una de las líneas marítimas más grandes del mundo, la pesca sólo aparezca en la conversación pública cuando barcos extranjeros pescan de manera ilegal en el límite de la plataforma continental. Hay que volver a mirar al mar. No se trata, como algún trasnochado dijo, de privatizarlo: se trata de regular las actividades humanas para que el mar le sirva a la economía de nuestro país sin dañarlo en ese esfuerzo. Nuestro mar es una posibilidad y nuestro mar es una responsabilidad. La merluza que encontramos en los menús de Mar del Plata es más que un simple plato: es el resultado de una historia de aprovechamiento y conservación, de decisiones y políticas que buscan equilibrar la demanda de recursos con la necesidad de preservar los ecosistemas.

La autora es científica de Datos de Fundar

El presidente Javier Milei mandó al secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, a defender su presupuesto de ajuste para 2025. Se conocen desde hace años: cuando Scioli era gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Banco Provincia (Bapro) contrababa al actual mandatario como asesor, en operaciones que le valieron a Milei una investigación de la ahora disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Allá, por 2015, cuando Scioli fue candidato presidencial, el economista libertario ya lo asesoraba. Ahora trabajan en tándem de vuelta.

Scioli llegó en silencio este martes a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde ni lo saludaron quienes hasta 2023 eran sus colegas, los diputados de Unión por la Patria (UP). En un discurso soporífero, como los que lo caracterizan, anunció que se basaría en filminas de un power point. Habló de “campañas digitales de influencers” para fomentar al turismo. “Buscamos ser sede de eventos deportivos de la mano de inversores privados, aspiramos a que pueda volver la Fórmula 1”, dijo, sumándose a la moda Franco Colapinto. “Se llamará a licitacion de servicios en Chapadmalal y Embalse”, dijo también para desementir el cierre de ambos centros vacacionales. “La vuelta del crédito hace accesible los paquetes turisticos”, celebró Scioli.

“Me gustaría hacer mención, porque he escuchado mucha preocupación sobre la eliminación del fondo de la Ley de Bosques: nunca se financió mas del 20% de lo que corresponde, incluso llegando al 2%”, se defendió el secretario. “Se cierra el fondo pero el dinero se girará igual, de acuerdo con lo que han solicitado las provincias”, añadió.

También señaló que en 2023 se deforestaron 200.000 hectáreas, un 75% de ellas de manera ilegal. Más tarde, en la ronda de preguntas de los diputados, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, le advirtió que “sólo” estará gastando el “2,5% de piso mínimo legal” en bosques: “Sería el presupuesto más bajo desde que se sancionó la ley (en 2007), $170 por cada hectárea de bosque nativo”. Su colega del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Christian Castillo, calculó que hay $541.000 millones de exenciones mineras, “54 veces lo que representa el fondo de bosques”. En vez de responder, Scioli le cedió la palabra a su subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, que reconoció el ajuste en cuanto a la ley de manejo del fuego y la de protección de bosques: “Como bien lo manifiestan aquí, el Ministerio de Economía puso techos y no podemos superar esos techos”.

Ferraro advirtió que “es muy bajo presupuesto de medio ambiente”, un 45% de ajuste si se cumplen los pronósticos de los economistas relevados por el Banco Central. En Parques Nacionales la poda llegará al 21%. “Más que impacto climatico, hay que hablar de cambio climático”, retó el diputado a Scioli. Después Castillo le preguntó si adhiere al negacionismo de la crisis climática provocada por el ser humano que esgrime Milei. El secretario no contestó. Fue la subsecretaria Lamas quien respondió: “Son creencias del Presidente, nosotros estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, con la Convencion de Cambio Climático, una cosa es independiente de la otra, estamos cumpiendo con toda la legislación”. Ferraro también se preguntó por la continuidad de las obras de saneamiento del Riachuelo, que deberían dar cloacas a un millón de personas. “El Banco Mundial ya giró los fondos, pero hace meses hay retrasos en los pagos (a las constructoras)”, alertó el diputado. La radical Natalia Sarapura también manifestó su preocupación por el gasto en ambiente y turismo.

Son creencias del Presidente, nosotros estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, con la Convencion de Cambio Climático, una cosa es independiente de la otra, estamos cumpiendo con toda la legislación

Ana Lamas — subsecretaria de Ambiente, consultada sobre el negacionismo de Milei al cambio climático

Magalí Mastaler, de UP, le recordó que en 2018, cuando Scioli era diputado de Unidad Ciudadana, se opuso a la privatización de clubes. A ella sí le contestó: “Es verdad, en 2018 tenía esa visión, pero hoy viendo la realidad del fútbol se exige modernizar los clubes”. “¡Era peronista!”, gritó un diputado. Scioli explicó su cambio: “No se impone que ningún club se privatice, sino como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia se dé una alternativa sociedtaria, con dos tercios de los votos de los socios, para incorporar capitales prvados para las necesidades que como ustedes saben tienen muchos clubes”. El secretario chicaneó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, porque en 2019 estaba a favor de un campeonato de 20 equipos y ahora “por cuestiones políticas” lo amplió a 30.

Cuando arrancó sus preguntas, Castillo, del FIT, recordó: “La ultima vez que compartimos espacio parlamentario fue en 2015, cuando usted era gobernador del Frente para la Victoria y yo diputado (provincial). No le voy a decir (como Mauricio Macri en el debate presidencial de aquel año) '¿en qué te convertiste, Daniel?' Por eso no lo votamos”, lo chicaneó. “¡Hicieron bien”, grito la kirchnerista María Florencia Carignano. “Usted está a la derecha de Macri”, le apuntó Castillo, que vaticinó una mala temporada de turismo en verano, le advirtió por el ajuste en energías renovables en un gobierno que fomenta los combustibles fósiles y pidió tarifa especial de luz y gas para los clubes de barrio.

Cuando terminó la sesión de preguntas y le tocó contestar, Scioli calificó el interrogatorio como “muy interesante”. Surgió entonces la risotada de diputados y periodistas presentes. “Sinceramente lo digo”, insitió el monótono político que empezó en políitica en el menemismo, fue K y ahora volvió a sus orígenes.

Casi al final de la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, le cortó el micrófono Viviana Biasi, del FIT, por supuestamente extenderse en las preguntas. Después el diputado Carlos Castagneto, de UP, casi se va a las manos con Espert porque el libertario lo apuntaba con el dedo. A su turno, Carignano le enumeró a Scioli varias de sus contradicciones en su giro del kirchnerismo a La Libertad Avanza, le recordó que el año pasado se oponía a la privatización de Aerolíneas y le preguntó si en caso de que se venda, iba a “renunciar al cargo o a las convicciones”.

Sobre el final de la reunión de la comisión, Scioli se defendió de las acusaciones de saltimbanquismo de sus excolegas, por haber aceptado continuar como embajador en Brasil con Milei y después sumarse al gabinete somo secretario de Estado, apelando a una máxima peronista: “Primero la Patria, después fue el movimiento y después los hombres, ¿no? Si yo veo que el país necesita en este momento... y hay un presidente que se ha puesto un nuevo eje concreto, en los cuales yo creo, en este nuevo tiempo, de la Argentina en el mundo, ¿por qué no voy a ayudar?”.

“No le da al país para tener una aerolínea que pierda lo que perdía”

Respecto de la privatización de Aerolíneas Argentinas, Scioli se jactó de haber intervenido para evitar el paro y que la empresa pública funcione y preste sus servicios aéreos sin inconvenientes. “No le da al país para tener una aerolínea que pierda lo que perdía, como no le da a la Argentina para tener un Previaje en que se gastaron $900.000 millones, y yo estoy de acuerdo en que se puede haber utilizado en una etapa de la pandemia muy crítica, pero después esto ya es distorsión. Y como tengo en mi vida un pragmatismo, un sentido común, y esto es aplicable a una familia, es aplicable a una empresa, a un país, a una administración, cuando no da, no da”, dijo el funcionario mileísta y exreferente del kirchnerismo“. No abogó por la privatización sino por una ”Aerolíneas equilibrada“.

Finalmente, se jactó de haber “rendido todas las materias en el peronismo”, estando “siempre ahí para ayudar”. Y se preguntó, ya entre algunos pocos aplausos de apoyo de los diputados de La Libertad Avanza: “¿Está mal querer ayudar?”.

AR/JJD

Con la llegada del gobierno libertario, asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en Argentina. No es que los anteriores gobiernos no desarrollaran políticas extractivistas. Sabemos que la visión instrumental de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática/ecológica traza una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló una inflexión violenta que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal, el desmantelamiento de derechos, el cuestionamiento de la que creíamos era una idea consensual de la democracia, así como en sus modos hiper-represivos y violentos de tratar el conflicto social.

La firma del Pacto de Mayo (el pasado 9 de julio) dice explícitamente en su tercer punto  que las provincias deben avanzar en la explotación de los recursos naturales. Ese discurso de Milei dio luz verde a los gobernadores, una señal que habilita el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios, sin importar los costos, tanto respecto de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Más claro: el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al cual adhirieron casi de inmediato las provincias, envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria, para ir en la dirección extractivista que hasta hace poco se les hacía esquiva o más difícil, debido a la fuerza de los movimientos socio-ambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Obras de teatro con actores pagos

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es el caso de Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), sobre todo con la gran minería a cielo abierto, una actividad que no había podido llevarse a cabo, debido a la resistencia de las poblaciones y las comunidades indígenas, pese a que desde 2011 se derogó la llamada ley Anticianuro (sancionada en 2005).  

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, cuyo partido provincial gobierna ininterrumpidamente desde 2011, viene avanzando en el control de los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación, para generar un nuevo entramado legal, a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el Golfo San Matías), modificando otras leyes (de tierras, código minero), dividiendo a las comunidades indígenas (sin consultar a las que se oponen), para habilitar así la instalación de un puerto petrolero, una planta de GNL y avanzando en la minería a cielo abierto. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero, apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, montajes que convalidan la decisión gubernamental, tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, por el proyecto minero Calcatreu, realizada el viernes 30 de agosto.

Una de las cuestiones que más saltó a la vista en dicha audiencia pública, a la cual la coautora de esta nota participó como expositora, fue no solo el triunfalismo del gobierno sino también la manipulación política de las expectativas de la población sobre el trabajo prometido. Jacobacci es una pequeña y humilde localidad de la Línea Sur, vaciada económicamente en términos de políticas públicas, y muy probablemente sean muchos los pobladores –sobre todo, los jóvenes– que aguardan legítima y ansiosamente a la minería como oportunidad de trabajo. 

Debido a que gran parte de las asambleas socioambientales rechazaron participar, la audiencia pública se convirtió en un estrado donde los inscritos subían para exclamar enfáticamente “Sí a la minería” y manifestar su expectativa laboral. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto minero Calcatreu creará solo 100 empleos durante la fase de construcción y 250 durante la explotación del proyecto que durará cinco años. Pese a ello, en sintonía con el discurso libertario, los funcionarios rionegrinos anuncian exultantes la solución al desempleo, la pobreza y el desarrollo local de la mano de la minería. Atacan el “pobrismo” para fomentar el pensamiento mágico.

Tanto los especialistas como las poblaciones afectadas son conscientes de que la minería metalífera a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajo. Hace 20 años que venimos documentando datos desalentadores. Según datos del SIPA (2023), elaborados por el profesor y geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total. Si seguimos la trayectoria de las localidades mineras, en Belén (Catamarca), solo el 1,5% trabaja en minería, mientras que en Jachal (San Juan) es de 3,3% (datos elaborados por la investigadora del Conicet Cecilia Agnistein). Mientras tanto, el Indec informaba para el segundo trimestre de 2023 que la pobreza en Catamarca era del 45% y el 41% en San Juan, antes de que el gobierno de Milei sumara unos 10 puntos porcentuales. 

En Perú, país minero por excelencia, en la actualidad el empleo en minería metalífera es del 1,5% de la población económicamente activa, mientras que la agricultura llega al 27,5%, según el exviceministro de Ambiente, el economista José de Echave.

La conclusión es que el trabajo minero que se crea es poco y de mala calidad; el impacto en términos de desarrollo local es insignificante. El empleo indirecto es de inserción muy precaria, trabajadores informales, comercio, empleadas domésticas. Y no es casual que en las provincias extractivas crezca el empleo público y la economía popular. Para colmo, la ruta del extractivismo está marcada históricamente por la prostitución y la trata de personas. 

El día después de la audiencia el gobernador de Río Negro publicó un tuit en X que dice: “Somos una provincia minera”. Y ello no es casual, hay 53 proyectos mineros en distintas fases, que colocan a la provincia en el top del ranking nacional, por encima, incluso de San Juan, la provincia prominera por excelencia. Así, en Río Negro, se juega algo más que un proyecto minero: Calcatreu es la puerta de entrada que convertirá a esa provincia en una zona de sacrificio a gran escala, con proyectos de oro, plata, litio y uranio, entre otros. Una apuesta a la reconfiguración productiva hacia un modelo primario extractivo exportador, sin valor agregado, de la mano del RIGI, que amplificará la destrucción de los territorios, a lo cual hay que sumar la construcción del puerto petrolero y la Planta de GNL. 

Mientras tanto, en otra localidad rionegrina, en Chimpay, los que hicieron sentir su voz durante la peregrinación anual para homenajear al beato Ceferino Namuncurá fueron los obispos de la provincia, quienes manifestaron su crítica, diciendo: “No les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra (…). Que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

Embestida a gran escala

Pero esto no es todo. La embestida de gobernadores y corporaciones, envalentonados por la política libertaria, abarca numerosas provincias. La genuflexión es total, incluso en gran parte de las oposiciones provinciales. En Mendoza el embate minero es aplastante. Modificaron el Código Minero, pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. Y con el RIGI –ya aprobado a nivel provincial– pretenden destrozar la histórica ley 7722 que protege el agua.  

En San Juan, el avance del proyecto minero Josemaría supondrá el despilfarro de 1700 litros de agua por segundo, 151 millones por día, durante los 20 años del proyecto. También, ya se contó acá, en la provincia de Chaco se modificó el mapa de protección de bosque nativo para habilitar la destrucción de casi un millón de hectáreas por parte del agronegocio y las tanineras. En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los Esteros y humedales provinciales. Por su parte, avanza la privatización definitiva del río Paraná visto solamente como una ruta de transporte de mercadería, la vena mayor de desangrado y saqueo de nuestro país.

Y así, en la era de la demencia y la crueldad, el gobierno de Milei creó la Secretaría de Culto y Civilización. No es una fake news ni una broma de mal gusto; así se llama, por más de que no estemos en el siglo XIX, sino en el XXI. Allí pusieron a cargo de esta tragicómica secretaría a Nahuel Sotelo, un personaje ignoto cuyas primeras declaraciones fueron “ojalá Argentina contaminará más” y que pretende “declarar a Greenpeace como terrorista”, una denominación genérica, que por supuesto busca abarcar cualquier organización ambientalista. Esto es muy peligroso porque acusar a alguien de “terrorista” implica perseguirlo, encarcelarlo, considerarlo un enemigo que debe ser aniquilado, como sucedió en los años 70. Además, esta provocación resulta inaceptable en América Latina, que posee el récord mundial de asesinatos de defensores ambientales.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social. Con el corrimiento del umbral de lo posible, se abre así un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en Argentina. Hay que ser consciente de ello. 

Ciertamente, vivimos momentos de gran oscuridad, pero el acumulado de luchas en Argentina en defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, de género y raciales no puede nunca ser desestimado. Hoy no se trata solo de “una lucha ambiental” sino de saber y ser consciente que el núcleo de las dramáticas políticas económicas del gobierno de Milei pasan medularmente por habilitar el saqueo a gran escala de los bienes naturales. Comprender esto reconfigura el escenario de lucha frente a las políticas de entrega y saqueo. Ellos lo saben, por eso el escarnio y la descalificación de parte de los diversos oficialismos hacia el movimiento ambiental. 

En consecuencia, las resistencias vendrán de ahí, de los territorios, como lo fueron el Mendozazo y el Chubutazo. Allí puede estar el germen de resistencias más integrales que avancen hacia la construcción de propuestas de cambio que aborden la nueva situación y apunten a generosas articulaciones sociales y políticas en el plano de la justicia social y ambiental. 

MS/EV/MT