El exjuez federal Walter Bento fue condenado este martes como el jefe de una asociación ilícita que recibía dinero a cambio de favores judiciales por parte de contrabandistas y narcotraficantes. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza quien lo declaró culpable de corrupción en un juicio que incluyó a otros 24 acusados.

Para la justicia de Mendoza, Bento lideraba una organización destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”. Y también fue responsable de los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.

Según las tres integrantes del Tribunal, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Bento está detenido desde hace dos años en la prisión de Cacheuta, a 40 kilómetros de la capital mendocina, en medio de la Cordillera. Recién el próximo miércoles se conocerán las penas en una audiencia de cesura.

No hubo fisuras en la decisión del Tribunal. El veredicto fue votado por unanimidad. Los jueces dieron por probada la acusació de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó que Bento habría generado al menos US$ 1,7 millones en sobornos.

En noviembre de 2023, el exmagistrado había sido destituido por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor.

En el fallo conocido hoy uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su hijo mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

A lo largo del proceso, los investigadores lograron probar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor. A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad. 

Con información de Noticias Argentinas

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso hoy que Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, termine de cumplir en prisión la condena a seis años que la Corte Suprema dejó firme esta semana por la tragedia del tren de la estación Once.

Así lo informaron fuentes judiciales, mientras que el Tribunal dispuso que se presente en el marco de tres días hábiles.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación había ratificado la semana pasada la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

DM

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, aseguró que quiere “probar” su inocencia luego de que la Justicia lo absolvió por el delito de privación ilegítima de la libertad, pero lo condenó por amenazas a 3 años de prisión en suspenso, por lo cual quedará por el momento libre.

“Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan”, señaló tras conocerse el veredicto en la última jornada del juicio oral que se le seguía en los tribunales de Mercedes.

En tanto, añadió: “Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia. Me he sentido traicionado y extorsionado. Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo”.

“Aprendí que se puede confiar en la Justicia”, aseveró, a la vez que dijo: “No tenía miedo de volver a la cárcel y me voy a poner a estudiar para terminar el secundario y estudiar derecho”.

La denuncia, que se inició por intermedio de unos vecinos de General Rodríguez, provocó que Valenzuela estuviera casi 100 días detenido.

La querella, en la que formaron parte los letrados de Darío Gastón Torres y Rosa Passi y de otros demandantes, habían pedido ocho y tres años de prisión para el referente de la Cumbia 420. 

La lectura de la sentencia por el asesinato de Lucio Dupuy que estaba prevista para este lunes 13 de febrero se postergó. El Tribunal informó que durante la audiencia de ese día se escucharán las apelaciones de los fiscales, la querella y los defensores de las acusadas.

La jornada comenzará a las 8 y durará cuatro horas. Será a puertas cerradas como todo el juicio oral que se desarrolló, entre el 10 de noviembre y el 22 de diciembre de 2021.

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas por el delito de homicidio agravado. En el caso de Páez, también fue declarada culpable de abuso sexual ultrajante mientras que Espósito Valenti fue absuelta por ese delito.

En la audiencia, la fiscal Verónica Ferrero y sus colegas Walter Martos y Marcos Sacco apelarán la sentencia y pedirán que la madre de Lucio también sea condenada por abuso sexual ultrajante. Al igual que la querella, a cargo de José Mario Aguerrido, que apelará la absolución.

Por otro lado, se buscará sumar como agravante por parte de la querella el delito por crimen de odio, por su condición de varón.

Por su parte, la defensa de Páez, representada en Silvina Blanco, cuestionará parte de la autopsia del médico Juan Carlos Toulousse y encuadrar el hecho en un homicidio preterintencional. Además, pedirá la absolución del abuso sexual por la “duda razonable”.

En tanto, el defensor de Espósito Valenti, Pablo de Biasi, pedirá la absolución de la madre de Lucio del delito de homicidio agravado. El letrado sostiene que no estuvo en el momento de la agresión que le produjo la muerte e insistirá en que el hecho debe encuadrarse en un acto de violencia de género por la supuesta violencia del padre de Lucio, Christian Dupuy, hacia la madre.

¿Qué le pasó a Lucio Dupuy, según la autopsia?

Una de las pruebas claves del juicio es el informe del perito forense Juan Carlos Toulouse, que especifica cómo murió el niño. En la autopsia, quedó detallado que las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio, entre las 17.30 y las 19.40, ocasionándole la muerte. ¿Qué confirmó la autopsia?

La historia clínica de Lucio Dupuy

Se revelaron los informes médicos de Lucio Dupuy que registraron cinco visitas a centros médicos, en un lapso de tres meses. No obstante, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la Policía por las claras situaciones de maltrato infantil:

¿Qué pasará con las condenadas una vez que se conozca la pena para cada una?

La instancia siguiente es el Tribunal de impugnación penal de Santa Rosa. Este fuero no tiene tiempos para decidir sobre el fallo del Tribunal Oral. El paso siguiente es el Tribunal Superior de Justicia, máxima instancia local. Y por último, queda la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién entonces el fallo quedará firme.

NB

Diez tipos de lesiones diferentes. Otras cinco lesiones internas. Golpes con el palo de una escoba. Rasguños. Quemaduras con cigarrillos. La pisada de una zapatilla que quedó grabada en la espalda como si se tratara de un tatuaje. Mordeduras en los genitales y en un brazo. Todo eso constataron los peritos que examinaron el cuerpo de Lucio Dupuy en la madrugada del 27 de noviembre de 2021. Tenía cinco años y pesaba 18 kilos. Lo habían asesinado el día anterior. La justicia determinó ayer que las asesinas fueron su madre y la pareja.

“Ambas poseen una personalidad perversa, caracterizada por rasgos de irritabilidad, agresividad e impulsividad (pasaje al acto), ausencia de culpabilidad, remordimiento y falta de empatía, capacidad de manipulación, engaño y simulación”, concluyeron los jueces sobre Magdalena Espósito Valenti, su mamá, y la pareja Abigail Páez.

Lucio Dupuy falleció por “edema cerebral con enclavamiento, asociado a múltiples golpes violentos que ocasionaron además rotura hepática y hemoperitoneo entre otras causas menores de daños orgánicos”, afirmaron los peritos que examinaron su cuerpo.

A lo largo de más de 120 páginas, los jueces del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa explicaron las razones que llevaron a declarar culpables a las dos mujeres. Es un relato sobre cómo fueron los últimos meses de Lucio viviendo en una ciudad que no conocía -la familia paterna es de General Pico- con gente que tampoco conocía. Pasaba la mayor parte de su tiempo con Abigail, la novia de su mamá, mientras esta trabajaba.

Daiana Micaela Rodríguez, quien alquilaba un departamento vecino al de Valenti y Páez, fue una de las personas que dio su testimonio durante el juicio. Ante el tribunal declaró que “casi todos los días había festejos hasta las 6 o 7 de la mañana, entre 10 a 15 personas; Lucio estaba con ellas, se escuchaba que había alguien ahí jugando”.

Poco a poco Lucio se transformó un estorbo. Ellas lo despreciaban “A mi me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en córdoba. Y si lucio impide que nuestra relación fluya yo no lo voy a permitir; Porque no me importa tanto como vos”, le escribió Espósito a su pareja, el 18 de octubre de 2021.

“Lucio Dupuy fue objeto de violencia física, psicológica y sexual durante varios meses antes de su muerte”, señala la sentencia firmada por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié. Para llegar a esa conclusión, se analizaron más de 85 mil páginas con transcripciones de los chats que ambas mujeres mantenían. “Revelan golpizas de diferente naturaleza proveniente de ambas acusadas, que fueron creciendo en intensidad y frecuencia a partir del mes de octubre de 2021”, señalaron los jueces. “Se trata no solo de violencia física, sino también psicológica, ejerciendo sobre Lucio Dupuy castigos, penitencias, restricciones, vigilancias y aislamientos absolutamente impropios. Asimismo, aparecen también en ambas acusadas preocupación por el ocultamiento de estos hechos y el acomodamiento de los discursos para que no se revelen sus actos agresivos”, agregaron.

Ninguna de las dos mostró pudor ni remordimiento por los ataques. Hablan de piñas en el estomago, de no mandarlo al colegio hasta que no se la vayan los moretones, de que Lucio ya había aprendido que si alguien preguntaba por un chichón debía responder que se había caído.

“Cualquier cosa Lucio se calló (sic) del árbol y se golpeó la cara, oka ?; Ya sabe el que tiene que decir eso.No, no vamos a salir a ningún  lado hasta que no se le pase él mambo y los moretones”, dice la transcripción textual de un mensaje que Valenti le envió a Páez el 12 de febrero de 2021.

Diez días después, entre el 20 y el 21 de febrero, la mamá de Lucio volvió a escribirle a su pareja: “Yo no le dije a pame (una amiga) ni a nadie que Lucio tenía la cara desfigurada por tu culpa. Si vos querés que yo me haga cargo de Lucio, como vos decís. Yo no quiero que te metas más,; Que no le digas ni a, ni que lo cambies ni que lo bañes ni que nada; Y que me respetes criarlo como yo quiera.; Y principalmente que no le vuelvas a tocar un pelo nunca más; Porque tiene el culo espantoso, y yo no te puedo seguir permitiendo que vos le pegues así. No, no está en penitencia. Suficiente con los palazos que le metiste en el culo”.

Pero para los jueces, los ataques fueron cometidos por ambas mujeres: “Si bien las agresiones físicas más ostensibles aparecen ejecutadas mayormente por Abigail Páez, ciertamente a partir del mes de octubre se verifican no solo con más asiduidad, sino como un comportamiento compartido y ejecutado también por Magdalena Espósito Valenti”.

A medida que transcurren los meses, los chats revelan como aumenta el enojo de las mujeres con Lucio. Páez propone darlo en adopción. Valenti le responde: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

El 27 de octubre, un mes antes de la muerte, Valenti y Páez vuelven a discutir. Valenti asegura que lo enviará con el papá. Páez insiste en darlo en adopción. “En menos de un mes ya no va a estar acá”, promete Valenti.

Las señales que nadie vio

La sentencia deja ver una correlación entre los chats que cruzaban ambas mujeres, en los que se ve como poco a poco iba aumentando el enojo que Lucio les provocaba, y el historial de agresiones que quedó registrado tanto en las guardias médicas como en las fotos en las que el nene aparece vendado.

Valenti había empezado en febrero de 2019 el proceso para tener la guarda de Lucio, algo que finalmente logró el 30 de julio de 2020. Desde entonces, los tres vivieron juntos.

Para los jueces, la golpiza que Lucio recibió el 26 de noviembre de 2021 fue la que causó su muerte. Sin embargo, a lo largo del juicio quedó claro que los golpes y las agresiones ocurrían desde hacía tiempo.

El 18 y 19 de abril de 2019, dos meses después de que Lucio fue a vivir con su mamá, fue atendido en el Hospital Centeno de Santa Rosa por una herida en un párpado y en la región periocular. Allí mismo lo volvieron a tratar el 14 de julio por un traumatismo de la muñeca y de la mano.

“Lucio se despertó recién todo meado; Así que la ligo; Así que no quiero ni que le hables y retalo vos también porque ya lo viene haciendo seguido”, le escribió Páez a la mamá de Lucio el 8 de febrero de 2021.

Pocos días después, el 20 de febrero, volvió a escribirle: “Pero parece que desde que está lucio nosotras no podemos pasarla bien juntas; Y eso me duele mucho a mi por lo menos, yo nose (sic) que tiene que pasar para que cambien las cosas”.

Valenti le respondió: “Si, pero no saben que lo recargas a palo, y que cada vez te cegas más. Y que yo no me puedo ni acercar porque no me lo permitís”.

Algunas de las lesiones que sufrió Lucio fueron tan graves que hasta se le tuvo que aplicar morfina. Eso ocurrió el 15 de diciembre de 2020, cuando lo atendieron en el Hospital Evita por una fractura expuesta en el dedo de una mano. Tres días después volvió al mismo hospital donde le diagnosticaron “fractura a nivel de la muñeca de la mano”. De acuerdo a lo que la mamá informó entonces al hospital, Lucio se había caído de una bicicleta.

Lucio fue llevado al hospital tres veces más a lo largo de 2021 por “accidentes” en la bicicleta: el 22 de enero, el 1 de febrero y el 23 de marzo.

Además de las veces en que Lucio fue atendido en un hospital, los jueces tomaron en cuenta que “hay varias heridas que se pudieron observar en fotografías del menor exhibidas durante el debate, que seguramente requirieron asistencia y a cuyo respecto no hay constancia de atención en la historia clínica”. Así incluyeron fotos en las que Lucio aparece con un corte en el mentón, lesión en ambas manos con vendajes, y distintos retratos con el brazo atado con un pañuelo.

Lucio, además, era sometido a abusos sexuales. Pero eso sólo se supo con la autopsia. Los jueces señalaron a Páez como la responsable.

El ataque final

La autopsia de Lucio determinó que la muerte ocurrió a partir la golpiza que recibió el 26 de noviembre de 2021, entre las 18 y las 19 horas. “Con mayor precisión, sostuvo el médico forense que las más graves se pueden ubicar 15 o 20 minutos antes de las 19”, dice el fallo. Ese dato resultó clave para condenar a ambas mujeres. A esa hora las dos estaban en la casa.

En su testimonio, la mamá de Lucio aseguró que salió para su trabajo a las 19:40 y que el niño estaba con vida. Para los jueces, ese fue un dato “inconducente, puesto que ya la fuerte golpiza que luego le ocasionó la muerte, había sido provocada”.

Hugo Argûello fue el médico que atendió a Lucio ese día en el Hospital Evita a donde lo había llevado Páez. En su declaración, Argûello aseguró que Lucio tenía en la espalda “una marca de una zapatilla y un hematoma muy grande en la región del glúteo derecho (…) eran golpes y patadas lo que tenía, sobre todo en la espalda, era muy notorio el hematoma en el glúteo y la marca de una zapatilla. Tiene que haber sido un mecanismo muy violento, porque estaba como si fuera un tatuaje, no era que estaba colorado, sino que era una marca bien del dibujo de la plantilla, como un pisotón, tiene que haber sido algo muy fuerte para dejar esa marca. Le da la impresión por la violencia ejercida, que debe haber quedado  la zapatilla sobre el cuerpo para que quede esa marca. El golpe sobre el glúteo era muy grande, abarcaba casi todo el glúteo”.

La autopsia agregaría después que “la pisada empuja el cuerpo hacia abajo y desagarra el hígado y genera derrame en columna, desplazamiento y restos de hematoma”. También mostró que tenía mordeduras en un brazo. Para los peritos fue un intento por evitar que siguieran lastimando sus genitales.

“En este devenir violento es posible advertir un crescendo de violencia, -concluyó el Tribunal- a la luz de los chat mantenidos entre ambas imputadas, a partir de mediados del mes de octubre de 2021, momento desde el cual se exacerba la irritación que evidentemente el niño provocaba en ambas y en el riesgo de que ello quebrara su relación sentimental, algo que ninguna de las dos parecía estar dispuesta a soportar”.

Su agresor sexual la amenazó con abandonarla en un solar, pero el tribunal que juzgó los hechos consideró que la acusación no demostró que la agresión se hubiera cometido con intimidación o violencia, a pesar de que el hombre tenía una amplia diferencia de edad con la mujer, menor, y que se valió de su relación de confianza familiar para abusar de ella. Es el resumen de una de las 200 sentencias sobre violencia sexual dictadas por audiencias provinciales durante el 2019 y que ha analizado el grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los resultados se recogen en el estudio Androcentrismo en la argumentación sobre las violencias sexuales y contienen varias conclusiones: que muchas sentencias aún recogen estereotipos que interpretan la intimidación y la violencia de manera muy restrictiva y que, en numerosas ocasiones, los agresores no llegan a entrar en prisión.

Las 200 sentencias que ha analizado el grupo fueron dictadas por las audiencias de Aragón, Asturias, Cataluña, La Rioja y País Vasco. El 37,7% tuvieron como resultado la absolución del acusado, “a pesar de que había pruebas o testigos en la mayoría de casos”. El 40,3% de las sentencias fueron condenatorias. El estudio hace hincapié en que muchas absoluciones se deben a que jueces y juezas no dan suficiente peso las pruebas o bien hacen una interpretación sesgada de las mismas. Por ejemplo, un 12% de absoluciones sucedieron a pesar de haber un parte médico coherente con el relato de la víctima, en un 30% de los casos había testigos de la agresión, y en un 20% de las absoluciones había informes forenses.

La profesora de Filosofía del Derecho Encarna Bodelón, que forma parte del equipo investigador, explica que jueces y juezas tienden a centrarse en si existen o no lesiones en el área genital, mientras que obvian otras: “Estamos hablando de casos donde hay, por ejemplo, un testimonio de una agresión en el que se relata un golpe en la cara y en el parte de lesiones figura un labio roto, pero donde la sentencia dice que no se puede condenar porque no hay lesiones en la zona genital. Esto no tiene sentido porque el sexo forzado no necesariamente produce lesiones genitales y, en cambio, puedes tener sexo voluntario y quedar pequeñas lesiones en la zona vaginal o anal. Muestra un profundo desconocimiento de las lesiones que pueden quedar en el sexo forzado, que pueden ser hematomas o lesiones en otras zonas”. En otras sentencias, se incluyen testimonios “muy contundentes” de terceras personas, como hermanas de las víctimas que dicen haber escuchado los abusos que, sin embargo, tampoco se consideran como prueba suficiente para la condena.

En los casos en los que las víctimas son menores, el porcentaje de absoluciones es algo mayor que en adultas –del 41% frente al 37,7%–. Bodelón llama la atención sobre ese dato porque, en el caso de niñas y niños, la denuncia es todavía más difícil: “Siendo así, la cifra de absolución para quienes luego denuncian es muy alta”. El estudio también llama la atención sobre las sentencias con conformidad, es decir, las que se produce por acuerdo entre las partes y que implica un reconocimiento de los hechos por parte del acusado. Cuando quienes sufren la agresión son mujeres adultas, las sentencias con conformidad representan el 7%, mientras que en el caso de niñas y niños llegan al 20%. “Suele tener que ver con que los agresores son conocidos o del entorno familiar, con que las madres quieren proteger a los menores del juicio y por eso aceptan la conformidad”, explica la profesora.

Además de la existencia de condena o no, el estudio analiza los años de prisión que establecen los tribunales y sí hubo o no indemnización a la víctima. En casi un 50% de las sentencias, la condena es inferior a cuatro años, y en un 36% está por debajo de dos años. Eso hace que muchos agresores, que no tienen antecedentes, nunca lleguen a entrar en prisión. La reivindicación central del movimiento feminista no tuvo que ver en los últimos años con un endurecimiento de las penas, pero Encarna Bodelón explica que en su análisis se encontraron con una paradoja: “A pesar de que las penas establecidas son muy gravosas, cuando vemos las penas a las que se está condenando nos encontramos un panorama de condenas leves, si las comparamos con otros delitos”. Mientras que la mitad de las condenas por violencia sexual está por debajo de los cuatro años, el tráfico de drogas tiende a penarse por encima de esa cifra, y los robos con violencia, dice Bodelón, se penan frecuentemente por encima de los dos años. Las penas, además, incluyen restricciones de visitas o de patria potestad, por lo que en muchos casos son “mínimas”, especialmente cuando se trata de menores.

La existencia o no de indemnizaciones a la víctima y su cuantía es otro de los factores que analizó el grupo Antígona. Casi la mitad de las condenas no contempla ninguna indemnización. En la mitad de los casos fue de menos de 6.000 euros, una cuantía que “según el daño es ridículo”, dice Bodelón.

Estereotipos

Más allá de cifras, el análisis revela que, a pesar de los cambios sociales de los últimos años, los tribunales siguen aplicando un concepto de intimidación “absolutamente androcéntrico”. “Se busca una intimidación hecha con armas o con amenazas de muerte, un tipo de intimidación que tiene lugar en otro tipo de delitos pero que no es la más propia de la violencia sexual”, señala Encarna Bodelón. Por ejemplo, en una de las sentencias que recoge el estudio, el tribunal no calificó como intimidación las amenazas del agresor, que le hizo saber a la víctima que conocía a su hija y que si no accedía a sus pretensiones le haría daño a la menor.

El grupo Antígona subraya la permanencia de un “lenguaje sexista” en los fallos, con expresiones muy frecuentes como “acceso carnal” o “conducta libidinosa”. “Hay un universo semántico que viene del siglo XIX y que debería estar fuera de las sentencias”, apunta Bodelón. Por contra, apenas aparecen las descripciones de los hechos en palabras de las víctimas, sino que sus relatos se reescriben: “Es una mala práctica. Si se dan por probados unos hechos se debería poder describir con las propias palabras de la víctima”.

En estudios anteriores, el grupo Antígona, a través de entrevistas con operadores jurídicos, encontró sesgos que hacen que sea más fácil condenar cuando los agresores son racializados o de clase baja, mientras que cuando se trata de personas de clase media, blancas, no migrantes, e incluso del entorno de la víctimas, las penas tienden a ser más leves.

El estudio subraya la necesidad de incidir en la formación judicial, algo que contempla la ley del 'solo sí es sí'. Pero Encarna Bodelón advierte: “Hay un problema de acceso a la carrera judicial y de formación judicial, inicial y continuada. Esto no se soluciona con un seminario de dos días, necesitamos formaciones largas, posgrados, que salgan de la endogamia judicial y que permitan a jueces y juezas formarse con personal externo”.