La influencia que acumula Nicolás Posse sobre el área de Inteligencia, uno de los tantos nichos de interés del todopoderoso jefe de Gabinete de Javier Milei, obliga a prestar particular atención a las políticas ligadas al espionaje promovidas por La Libertad Avanza. A través del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, un hombre de su extrema confianza, el ex Corporación América acaba de decidir avanzar con una iniciativa que puede acarrear tensiones puertas adentro del Gobierno: la de unificar el trabajo de las distintas áreas de inteligencia del Estado en la emblemática sede central de la ex SIDE, ubicada sobre la calle 25 de Mayo, a escasos metros de Casa Rosada.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del organismo, la AFI busca “mudar” las oficinas de Inteligencia Militar y de Inteligencia Criminal —ambas direcciones dependientes de las carteras de Defensa y de Seguridad, respectivamente— para que trabajen juntas en un mismo espacio físico. Sus nuevas autoridades defienden la medida como una manera de “eliminar barreras”, además de “profesionalizar” al sector y facilitar la coordinación en las tareas de prevención frente a las denominadas “nuevas amenazas” (terrorismo y narcotráfico).

Sin embargo, pese a ya haber existido una reunión para coordinar la implementación de la iniciativa, cerca de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, plantean dudas acerca de su legalidad. Aducen que, si lo que busca Sívori es que las tres áreas se integren de manera “orgánica y funcional”, se debería llevar adelante una modificación de la ley de Inteligencia. Es algo negado de manera tajante por la AFI. “No cambian las funciones de las direcciones, por lo que no requiere reforma”, explicaron ante la consulta de elDiarioAR. De acuerdo con lo que sostuvieron desde de la agencia, el “trabajo coordinado” es justamente uno de los objetivos estipulados en la ley 27.126 votada en 2015 en medio de la conmoción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

¿Acaso en el entorno de Bullrich interpretan la jugada de la AFI como una extensión del brazo indiscreto de Posse en asuntos que consideran potestad exclusiva del Ministerio de Seguridad? Es una sospecha que no se corresponde con la postal de unidad exhibida por ambos funcionarios durante la reciente visita a Buenos Aires del director de la CIA, William J. Burns. El jefe de Gabinete y Burns habían tenido su primer acercamiento en enero pasado, en medio del viaje que realizó a Washington el funcionario argentino. Uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Milei es fortalecer los lazos con las agencias internacionales y replicar varios de sus modelos, por eso ponen como ejemplo de éxito la centralización lograda en materia de inteligencia por los Estados Unidos.

Lo cierto es que en aquel encuentro convocado por Sívori a principio de marzo, con el fin de comenzar a formalizar la integración de las direcciones que conforman el Sistema de Inteligencia, la ministra Bullrich no estuvo sola. La acompañó su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. Luis Petri, en cambio, no contó con la presencia de Marco Alberto Constenla, un comodoro retirado de la Fuerza Aérea que había sido nombrado unos pocos días antes como secretario de Estratégica Militar. El cónclave, que tuvo lugar en Casa Rosada, transcurrió bajo la atenta supervisión de un funcionario de la Jefatura de Gabinete de estrechísima relación con Posse, tan gravitante como tapado: el brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional.

Director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 2015 y 2019, Antelo es apuntado como el responsable del desembarco de un nutrido grupo de exmilitares en varios puestos claves de conducción de la AFI. Por ejemplo, en la actual estructura del organismo, quien se encuentra inmediatamente por debajo de Sívori, a cargo de la Secretaría de Producción de Inteligencia Nacional, es un coronel mayor retirado que entre 2013 y 2015 estuvo al frente de la Agrupación Inteligencia de Campo de Mayo.

Pese a que constituye un hecho inédito en 40 años de democracia, como analizó el CELS en un informe, en el Gobierno desdramatizan la presencia castrense en “La Casa”. Lo justifican con el argumento de que todas las personas que fueron designadas en la AFI a lo largo de los últimos meses ya no formaban parte de las Fuerzas Armadas y que están allí porque cuentan con algún grado de experiencia en materia de espionaje. Es justamente ese punto el que desata mayor polémica: con figuras formadas en el ámbito de la inteligencia militar a cargo de los principales resortes de un organismo dedicado a la inteligencia civil, el límite entre la defensa nacional y la seguridad interior podría quedar, en la práctica, desdibujado.

PL/JJD

El CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales) denunció que, en los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite.

En un comunicado informaron que se pudo conocer esta situación a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte.

En 2020, ODIA inició una acción de amparo en la que puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en CABA. La presentación señalaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”. También consideraron que el Gobierno de la Ciudad no había realizado una evaluación de impacto del sistema sobre la privacidad de las personas.

La operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación.

“Por eso entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas” expresa el CELS en un comunicado dado a conocer este martes 12 de abril. Y agrega: “También reclamamos a la Justicia la suspensión del mecanismo de reconocimiento facial así como una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar tareas de vigilancia masiva e inteligencia”.

Permisos limitados

La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención. El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas. Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño tiene en el barrio de Chacarita.

Según la denuncia, entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementación nadie controló. Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA. Por la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cuál fue el uso y destino de los datos biométricos utilizados en todas aquellas búsquedas, y es indispensable también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del amparo, Andrés Gallardo, dispuso algunas medidas para decidir sobre la suspensión del sistema mientras continúa el trámite del juicio. En febrero de 2022 realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego le solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En función de este último pedido, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas.

En el marco de la investigación, Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.

“Solicitamos que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de 7,5 millones de personas en los últimos tres años, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo”.

¿Quiénes fueron reconocidos?

En el cotejo realizado por los funcionarios judiciales se pudo constatar que algunos referentes políticos y sociales fueron reconocidos. Entre ellos figuran:

Estela de Carloto, 2 veces

Belliboni, Eduardo, 14 veces (última marzo de 2022).

Berni, 17 veces.

 Fiscal Gabriela Bouqin, 4 veces.

Angel Borello, 1 vez

Myrian Bregman, 3 veces.

Bulgheroni, Alejandro, 3 veces.

Bulrich, P., 18 veces.

Canosa, Viviana, 6 veces.

Carrio, L. 10 veces.

Constatini, 2 veces.

De Pedro, Wado, 3 veces.

Del Caño, 2 veces.

Elstain, Eduardo, 3 veces.

Silvestre, Gustavo 9 veces.

Roemmer, Guillermo, 13 veces.

Hebe de Bonafini, 5 veces.

Hernandez, Juan Carlos, Jefe de la PFA, 10 veces.

Arshak Karhanyan, 92 veces.

Rosenkranzt, 1 vez,

Zaffaroni, 2 veces.

Gils Carbó, 2 veces.

Stornelli, 4 veces.

Picardi, Franco, 2 veces.

Maria Rosa Muiño, 3 veces.

Waimberg de Roca, una vez.

Alberto Fernandez, 76 veces.

Cristina Fernández de Kirchner, 225 veces.

Maximo Kirchner, 12 veces.

Florencia Kirchner, 9 veces.

Entre otros referentes.