“Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”, declaró en primera personal del plural la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, el lunes pasado en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, antes de viajar al día siguiente a la nueva fuente de divisas del país, Vaca Muerta, con las que aspira cobrar las deudas del mayor acreedor del organismo. “Ver Vaca Muerta de primera mano permitió apreciar el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, comentó en X tras su visita a Neuquén.

El gobierno de Javier Milei se ha jugado un pleno a las materias primas con la esperanza de que eso derrame sobre toda la economía. Al campo le ha rebajado las retenciones, aunque no las ha eliminado. A la minería y los hidrocarburos les concedió el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras que el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente, con su impacto en la salud humana, puede pasar de potencial a concreto.

Las inversiones en la economía argentina en general cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, según el estudio Ferreres. Las exportaciones crecieron 24%, más por mayores cantidades que por suba de precios, sostenida por estos tres sectores primarios. Las de hidrocarburos estuvieron influídas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán. Hay un consenso de economistas que consideran que la Argentina nadará en dólares y resolverá por fin su problema histórico de restricción externa, o escasez de divisas, pero no todos suscriben.

Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo advirtió en un reciente artículo en el diario Clarín: “Hoy es difícil prever una avalancha de dólares”. Primero, porque las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor de los casos, a US$3.500, muy por debajo de países verdaderamente ricos en naturaleza en relación a su población, como Noruega (US$29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según el paper publicado por los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak. Segundo, porque “de la cuenta de las exportaciones hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades que se van a girar al exterior y las importaciones que se necesitarán para explotar los recursos; el flujo neto de divisas será bastante menor que lo que sugieren las exportaciones brutas”. En este último sentido, las compras externas están ganándoles terrenos a las nacionales.

Y en tercer lugar, “el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas” y “en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares” la autoridad monetaria “necesita un alto nivel de reservas propias”, advierte Rapetti. Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. En su último reporte, el analista político Ignacio Labaqui plantea el reto en un contexto actual de caída de la popularidad del Gobierno: “El programa financiero del año que viene, presentado durante julio por el equipo económico, contempla que el Banco Central le venderá al Tesoro US$5.000 millones, un supuesto optimista (o desafiante) si pensamos que en años electorales crece de manera significativa la dolarización de carteras, es decir, la compra de dólares por parte de los particulares”.

El empleo privado tampoco se dispara. En los primeros dos años de gobierno de Milei se cayeron 193.000 puestos, un 2,8%. El campo, en cambio, contrató un 2%, 7.000 empleados más. Pero el rubro minería y petróleo, se contrajo en 8.000, de 99.000 a 91.000, un 8% menos, según datos de la Secretaría de Trabajo. La mayoría de la pérdida, unos 7.000 empleos, proviene de los hidrocarburos, sobre todo por la caída de los pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz, según apunta Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy Consultora, pero también de los no convencionales, alerta el politólogo Mariano Novas, del Área Ambiente y Política de la Universidad de San Martīn, integrante a su vez del Observatorio del RIGI junto a otras cinco instituciones. En Añelo, la capital de Vaca Muerta, se perdieron 2.000 trabajos porque estos sectores son intensivos en el uso de capital, no de mano de obra, y a su vez crece el reemplazo de personas por tecnología, según observa Novas. En la minería sucedió lo mismo: se pasó de 41.000 a 40.000 en dos años.

No obstante, se espera que en la medida en que se pongan en marcha las inversiones del RIGI comience a recuperarse el empleo en minería y petróleo. “El total de puestos de trabajo generados por los proyectos RIGI ascendería a 54.984, lo que representa 60% del total de empleados actualmente en el sector”, calcula un informe de Qualy. “Sin embargo, estos números deben analizarse con cuidado. Se puede suponer que la mayoría de estos empleos se generarán durante el período de inversión, y no serán necesarios una vez que los proyectos entren en operación. De todas formas, el impacto, al menos de corto plazo, es positivo”, sopesa la consultora de Daicich.

Tampoco los proveedores locales consiguen mucho más trabajo. Fueron noticia este año el campamento hecho en China que se instalará en la que será la principal mina de la Argentina, Vicuña, en San Juan, de oro, plata y cobre; las estructuras metálicas también del gigante asiático para el yacimiento de litio Rincón, en Salta; los tubos indios para el futuro gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL) por barco al mundo; o los 35 despedidos de la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor justo cuando los dispensaban de permanecer en la fábrica de Noetinger, Córdoba, durante un partido de la selección en el Mundial.

La industria metalmecánica, que podría ser una beneficiada por estos tres sectores primarios, cayó 5,3% este primer semestre en el rubro de proveedores del petróleo y el gas, 4,6% en los de la minería y 3,7% en los del área agrícola, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). En maquinaria agrícola, en el primer trimestre bajaron 41% las unidades vendidas de tractores nacionales, aunque los importados mejoraron 23%, después de que en 2025 se habilitara traer equipos usados del exterior. Las automotrices con fabricación nacional sufrieron en el primer semestre una caída de sus ventas internas de utilitarios del 29,2%. Por algo Ford reducirá su ritmo de producción de la pick up Ranger en Pacheco a partir de octubre próximo.

El RIGI sólo obliga a contratar un 20% de la inversión en el ámbito local y los industriales temen que ese porcentaje se vaya casi todo en la construcción y no beneficie a las fábricas. Qualy calcula a partir de las presentaciones oficiales de las empresas ante el Gobierno que se alcanzará un 35% de compras locales, más de lo exigido por ley, pero advierte: “La evidencia internacional muestra que, si bien las exigencias de contenido local excesivas pueden afectar la competitividad de los proyectos, la ausencia de instrumentos específicos también puede limitar la generación de encadenamientos productivos y la captura de beneficios económicos por parte del país anfitrión”.

“Noruega representa uno de los ejemplos más desarrollados de utilización de recursos naturales como instrumento de construcción de capacidades productivas nacionales”, elogia Qualy. “Canadá y Australia se ubican en una posición intermedia: mantienen mercados relativamente abiertos, pero complementan esa apertura con programas destinados a fortalecer proveedores y empleo local. Chile también privilegia mecanismos de mercado, aunque incorpora políticas activas para desarrollar clusters (conglomerados) y proveedores especializados vinculados a la minería. Perú presenta una estrategia más explícita de promoción de empleo local y compras regionales”, resume la consultora de Daicich.

El impacto, en cambio, sí aparece en lo ambiental. Novas recuerda que ya en 2022, en el gobierno anterior, Río Negro modificó la ley que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el Golfo San Matías, que ahora acogerá no sólo barcos regasificadores de GNL sino también un puerto petrolero. “Con su impacto en turismo y pesca”, apunta no sólo a los efectos ambientales sino también a los que atañen a otros sectores económicos, en una región donde se encuentran las playas de Las Grutas. También señala que proyectos mineros antes resistidos por la sociedad civil, como algunos de Mendoza, Catamarca y San Juan, fueron habilitados, mientras que el Congreso nacional echó por tierra la ley que protegía los glaciares para viabilizar yacimientos metalíferos. Además, cita el avance de la firma china Ganfeng en la explotación del litio sobre la Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en Salta.

“Todo el paquete de leyes y la política económica están orientados a la reprimarización de la economía”, opina el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, que incluye en ese concepto también a la futura instalación de data centers de la inteligencia artificial, demandantes de energía y agua, si es que se aprueba el proyecto de ley de Súper RIGI. “Todo esto está teniendo consecuencias muy concretas en los territorios, y tendrá muchas más: desde el avance sobre glaciares y ambientes periglaciales, que estaban protegidos antes, hasta la ampliación de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos, humedales y pastizales, o hasta la ampliación de la infraestructura petrolera sobre el Golfo San Matías”, agrega Viale. Por supuesto que mineras y petroleras, desde Vicuña hasta el consorcio del GNL Southern Energy, juran y perjuran que cuidarán la naturaleza.

Queda por verse qué impuestos derramarán esta actividades ganadoras para sostener los servicios básicos de un Estado cada vez más ajustado. De por sí los proyectos del RIGI pagarán menos tributos que el resto de las empresas e individuos. Daicich reconoce que sin este régimen muchos de estos proyectos no se hubieran concretado y, por tanto, no hubiera generado ni un ingreso al Estado. Pero la economista admite también que algunas iniciativas mineras ya estaban previstas antes del RIGI pero lo aprovecharon para contar con más beneficios, lo mismo que la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, que cuando se votó la ley en 2024 el Gobierno consideró que era un subsector que ya tenía rentabilidad suficiente y no requería de ayudas, pero este año lo incluyó en la promoción. Este cambio fue lo que llevó a que los anuncios de inversión -anuncios no son concreciones- pasaran de US$68.000 a millones a más de 140.000 millones, contabiliza Novas.

AR/MG

Que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, haya bajado 0,5 puntos porcentuales, al rango de 4,75% a 5%, la tasa de interés de referencia significa que ya no está preocupada por la inflación, como desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, sino que ahora la preocupación gira hacia el enfriamiento excesivo de la primera economía mundial. Cuando baja la tasa en Estados Unidos, se deprecia el dólar en el mundo, fluyen capitales buscando mejores rendimientos en mercados emergentes, como la Argentina, que en este momento no tiene acceso al crédito privado internacional pero podría volver a lograrlo si el presidente Javier Milei continúa con el ajuste que le gusta a los inversores y además se anima de una vez a liberar el cepo cambiario.

Un descenso de la tasa estadounidense, que abarata su moneda, también suele impulsar los valores de las commodities (materias primas), que cotizan en esa divisa, lo que favorece a países que exportan granos, petróleo y minerales como la Argentina. Sin embargo, los precios de los productos básicos no están en su mejor momento, en parte por la amenaza de recesión de Estados Unidos y en parte porque la segunda economía mundial, China, también corre el mismo riesgo.

“La baja de tasas de la Fed debería ser bueno para la Argentina si (a) Estados Unidos no entra en recesión, y (b) recortan tasas porque se normaliza la inflación”, analiza Alberto Ades, director general del fondo NWI Management. “En ciclos de ese tipo (de tasas bajas), el dólar se deprecia y cuando se deprecia el dólar, suben las commodities en dólares, siempre que no tengas una recesión global. O sea, con nosotros semipegados al dólar, debería ser un viento de cola positivo”, opina Ades, economista argentino en Nueva York.

Otro colega suyo en Wall Street coincide: “Lo de la Fed es positivo”. No obstante, “hay otros factores mundiales que son negativos para la Argentina: la soja cayó 21% en lo que va del año”. De todos modos, este analista no ve a las materias primas “tan hundidas” en términos históricos y muestra el cuadro adjunto sobre el índice del Fondo Monetario Internacional (FMI) que las aglutina.

“Si te fijas, el índice muestra que está mucho más arriba que cuando dejó [Mauricio] Macri su gobierno (en 2019). Además, la Fed baja la tasa para evitar una recesión. Si lo hace bien, y la evita, es su trabajo... y por eso bajó la tasa 50 puntos. Al final, que la Fed haya controlado la inflación y que Estados Unidos se vea encaminado a un soft landing (suave ralentización de su economía), es bueno para emergentes. Pero es cierto que pasan otras cosas en el mundo”, admite el observador de la Gran Manzana.

Jorge Viñas, investigador de economía internacional de la Universidad del Salvador, analizó el martes último, en una mesa redonda de la institución de la que participó este cronista de elDiarioAR, que llegó por fin la hora tan esperada en que la Fed comenzaría a revertir la suba de tasas que había decidido para enfrentar el alza inflacionaria de hace dos años.

“Baja de la inflación y problemas de crecimiento impulsan cambio en el ciclo global de tasas de interés”, señaló Viñas, en referencia a que primero fue el Banco Central Europeo (BCE) el que empezó a desandar el alza del costo del dinero. “La Fed se apresta a comenzar el ciclo de baja de tasas, preocupada por el empleo, a pesar de que la inflación no llegó al 2%”, anticipaba Rivas el día anterior a la noticia. “El BCE bajó la tasa de política monetaria en 60 puntos, a 3,65%, tras revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para 2025”, recordó.

Y no sólo inquieta la actividad de Estados Unidos y Europa sino también la de China. “China no despega. La crisis del sector inmobiliario sigue afectando a la demanda agregada y hay dudas respecto a la meta de crecimiento de 5%. La inflación se mantiene demasiado baja y la deflación amenaza”, advirtió Rivas.

Y, como se sabe, la baja generalizada de precios es una señal negativa de la economía, indica hundimiento de la actividad. En ese contexto, “la debilidad de la demanda global presiona a la baja los precios de commodities, que ya han dejado atrás la suba por la guerra en Ucrania”, alertó Rivas. Así como el gigante asiático impulsó la suba de la soja y otros productos agrícolas, el petróleo y los minerales a principios de siglo, el hecho de que haya dejado de crecer a tasas chinas y pase a caminar lento afecta a la Argentina, sobre todo en tiempos de escasez de reservas en el Banco Central.

Rivas señaló que “el nuevo esquema monetario” que implementó el gobierno de Javier Milei para bajar los dólares financieros desde julio pasado “fue eficaz para contener la brecha”. “Pero siguen las dificultades para acumular reservas, lo que pone en dudas el pago de la deuda a partir de 2025”, advirtió. En un contexto de tasas bajas a nivel mundial, se supone que la Argentina podría llegar a volver a acceder a los mercados internacionales de deuda, lo que disiparía los problemas de reservas y las dudas sobre los pasivos, pero si las commodities no repuntan, las exportaciones no reportarían las divisas necesarias.

AR/JJD

Estamos en presencia de un nuevo ciclo ascendente de los precios de los commodities agrícolas, motivado por el calentamiento global y potenciado recientemente por la guerra en Ucrania. Sin duda, es una oportunidad para los países exportadores de alimentos como Argentina. Los impactos a mediano plazo del nuevo boom son todavía inciertos. Si nos guiamos por la experiencia reciente —el último auge de mediados de los 2000—, podemos esperar un crecimiento de los ingresos del sector y del Estado. Como contracara, por las características del modelo productivo actual, también se va a profundizar el deterioro del ambiente y de los ecosistemas. Las propuestas desde el progresismo ante esta situación priorizan la redistribución y la agenda socioambiental, y tienden a descuidar agendas como la generación de exportaciones y la transformación productiva del agro. Es necesario combinar o repensar estas agendas en un nuevo modelo de desarrollo que utilice parte de la rentabilidad de las exportaciones para financiar actividades de innovación y transformación productiva en el agro. 

Los altos precios de los alimentos encuentran a la agricultura argentina en una crisis en tres niveles: ambiental, productivo y comercial. La manera en la cual el país responda a las oportunidades del nuevo escenario global va a depender de cómo se resuelva dicha crisis. ¿Por qué decimos “crisis”? Sin dudas, el sector está mostrando buenos resultados en términos de rindes: la introducción del paquete tecnológico de semillas transgénicas resistentes a herbicidas generó un salto exponencial en la productividad. No obstante, también ha producido un severo daño ambiental: la intensificación en el uso de herbicidas de amplio espectro asociados al paquete tecnológico —la aplicación de plaguicidas por hectárea en Argentina es más del doble del promedio mundial, según la FAO— redujo drásticamente la diversidad biológica y multiplicó casos graves de afectación a la salud en poblaciones rurales. A su vez, el desplazamiento de la frontera agrícola aumentó la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, traducido en una mayor frecuencia de inundaciones. 

Una segunda dimensión de la crisis es productiva. Incluso los promotores de la difusión del paquete tecnológico, como Aapresid, señalan hace unos años los síntomas de agotamiento del modelo productivo: las malezas resistentes a plaguicidas se han multiplicado. Los estudios muestran también un balance negativo de nutrientes y una degradación de los suelos, en parte por los bajos niveles de fertilización, con lo cual se ve amenazado el principal recurso: la tierra. Si incluimos la pérdida de valor que esto implica, el balance económico positivo del último boom se reduce sensiblemente.

La tercera dimensión de la crisis es comercial: las respuestas al cambio climático y los cambios en las dietas a nivel global aumentaron los requisitos necesarios para acceder a mercados. Las reglas de juego están cambiando: los exportadores de alimentos van a tener que ajustar sus formas de producción para no perder mercados con condiciones cada vez más exigentes sobre la huella de carbono. 

Ante este diagnóstico algunos sectores del progresismo plantean un rechazo sin matices del paquete tecnológico y una transición radical hacia la agricultura orgánica o agroecológica. Un problema de esta propuesta es que en la actualidad más del 50% de las exportaciones argentinas vienen de la producción de commodities agrícolas, de la cual depende además la actividad económica y el trabajo de millones de personas. Para no generar trastornos macroeconómicos ni poner en riesgo la fuente de ingresos de amplios sectores de la población, las transformaciones del modelo necesitan ser graduales. Además, la promoción de la exportación de commodities no es necesariamente contraria a la promoción de la agroecología. 

Desde versiones más liberales del progresismo se cae en la versión opuesta del mismo problema: se asocia a cualquier desarrollo tecnológico con el progreso y se sobreestima la capacidad que tiene el mercado para incentivar vía competencia el surgimiento de tecnologías más amigables con el ambiente. Sin duda los avances tecnológicos recientes tienen mucho potencial: insumos biológicos para reemplazar a los químicos, edición génica para la adaptación a la recurrencia de sequías y alimentos más saludables, agricultura de precisión para reducir el uso de herbicidas, entre otros. Pero el rumbo de la innovación de las empresas responde sobre todo a la necesidad de aumentar sus ingresos y eso muy pocas veces coincide con los desafíos sociales y ambientales. La desconfianza del progresismo liberal respecto a las regulaciones, el control y las sanciones estatales para proteger a los ecosistemas (por ejemplo a través de una mejor aplicación de una Ley de Bosques y la aprobación de una Ley de Humedales) es otra limitación para abordar esta agenda. 

Pero tal vez el mayor desafío del progresismo liberal es explicar cómo van a surgir los desarrollos tecnológicos necesarios, dada la concentración y extranjerización del mercado de insumos agrícolas en Argentina. Hoy cuatro firmas (Bayer, Corteva, BASF y ChemChina) poseen el 60% del mercado mundial de semillas y la mayoría de las patentes de eventos transgénicos y de las técnicas biotecnológicas asociadas al desarrollo de insumos, las cuales les permiten excluir a otros actores del proceso de innovación. Además, estas firmas mantienen sus actividades de I+D en sus casas matrices y desarrollan productos en función de sus negocios globales, y no de los problemas locales. 

Si Argentina quiere aprovechar este contexto para impulsar el desarrollo necesita una estrategia que vaya más allá de las opciones clásicas de liberalizar el sector o tomarlo solo como una fuente de recursos fiscales y divisas. Los desafíos del momento (ambientales, productivos, tecnológicos, comerciales, financieros) demandan un rol más activo y un liderazgo del Estado en el proceso de transformación, en articulación con empresas, científicos y actores de la  sociedad civil. Requieren que se usen de manera coordinada y en el marco de un plan estratégico instrumentos de  desarrollo productivo, de ciencia y técnica y de política comercial y regulatorios. Una propuesta: redirigir parte de la rentabilidad de las exportaciones de los commodities para financiar actividades de I+D e intentar aumentar la incidencia de empresas locales de biotecnología, agtech, maquinaria agrícola y de las instituciones públicas (INTA, CONICET, universidades) en las formas de producción. Para un gobierno de base popular, que históricamente excluyó al principal sector exportador de su base de apoyo, esta estrategia tiene dos ventajas adicionales: ampliar su base política incorporando actores vinculados al sector agrícola, y diversificar la estructura productiva promoviendo la formación de empresas locales en sectores dinámicos. 

Coordinador del Área de Recursos naturales de Fundar

Desde hace algunos años el litio se ha convertido en uno de los commodities de moda. Impulsado por el uso creciente de energías renovables en medio de la amenaza del calentamiento global y la meta de reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2050, su aplicación en la fabricación de baterías de almacenamiento de energía eólica, solar, y en autos eléctricos lo puso en el centro de la escena económica mundial. Las empresas mineras globales y países productores buscan posicionarse para liderar el nuevo boom, en el que Argentina ocupa un lugar estratégico.

El país tiene claras ventajas comparativas: integra junto a Bolivia y Chile el denominado “triángulo del litio”, un área geográfica donde se ubican salares con niveles de concentración del mineral que hacen que su explotación sea más rentable que en otras zonas y que contiene cerca del 67% de las reservas probadas de litio, la mitad de la oferta global, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En un contexto de escasez de divisas crónico, la explotación del litio en Argentina aparece asociado a la promesa de revertir un panorama sombrío e insertar al país en la economía del futuro. Los anuncios de inversión de empresas de Australia, China, EEUU y Corea del Sur se multiplican, aunque no está claro aún el horizonte de su puesta en producción. Un informe elaborado por el BID en 2019 afirmaba que no es factible que en el corto plazo se observe un crecimiento explosivo.

En una entrevista reciente, el subsecretario de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, Andrés Vera, habló de un “frenesí de capitales” para invertir en cobre y en litio y se mostró confiado en que la inversión extranjera directa en minería va a generar divisas en el corto plazo. Pero en la actualidad solo dos proyectos se encuentran en fase operativa: el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, operado desde 1998 por Minera del Altiplano, una subsidiaria de la estadounidense Livent; y el Salar de Olaroz, en Jujuy, operado desde 2015 por una joint venture entre la empresa australiana Orocobre, la japonesa Toyota Tsusho Corporation y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Otros seis proyectos se encuentran en etapa de construcción, entre ellos la planta de extracción de litio del proyecto Sal de Oro, en Salta, por parte de la empresa coreana Pohang Iron and Steel Company (POSCO) con una inversión de 1.700 millones de dólares; y el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, a cargo de la minera china Zijing, con una inversión aproximada de 380 millones de dólares. Otros 28 proyectos se encuentran en “estado de avance”.

Recursos y reservas

El litio es un metal de color blanco y liviano que se encuentra en algunas rocas y que no fue descubierto y aislado químicamente hasta 1817. Un siglo después, en 1920, comenzó su producción industrial mediante el método de electrólisis. Hacia la misma época el químico y geólogo argentino Luciano R. Catalano fue el primero en detectar su presencia en los salares de la Puna. Los primeros estudios para su explotación comercial comienzan en 1970 y recién en 1990 se inauguró el primer proyecto de producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, actualmente operado por la empresa Livent.

“En lo que respecta a recursos (concentración de un material de interés económico) somos el segundo país a nivel mundial”, explica Jorge González, director nacional de Promoción y Economía Minería. “En esa métrica sólo nos supera Bolivia. Mientras que, en materia de reservas (que son los recursos con viabilidad económica de explotación), estamos posicionados como el tercer país. Chile y Australia son los dos primeros”.

En el 2021 se exportaron 208 millones de dólares FOB (franco a bordo, o el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo con descarga en el puerto más cercano) en cloruros y carbonatos de litio, un 6.4% de las exportaciones mineras totales el año pasado (3.240 millones de dólares), según datos de la Secretaría de Minería. El Gobierno espera que esos valores aumenten a medida que los seis proyectos que al día de hoy se encuentran en etapa de construcción comiencen a entrar en operación. Las proyecciones hablan de una expansión de la capacidad productiva desde las 37.500 toneladas producidas en la actualidad a 144.000 una vez finalizado los proyectos.

Los ingresos fiscales por la actividad minera están basados en el cobro de impuesto a las ganancias, derechos de exportación (8% para el oro, 4,5% para plata y litio), regalías del 3% valor boca de mina y diversos aportes que varían según la provincia, explica González. Parte de esa recaudación se destina a la conformación de fondos fiduciarios con distintos fines, como el desarrollo de infraestructura.

“Las regalías de la actividad minera en general dependen de lo que las empresa declaran, pero no hay fiscalización al respecto”, explica Mara Pedrazzoli, economista e investigadora del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.

La clave del impacto del desarrollo del litio en Argentina es cómo industrializar la materia prima, opina. “El litio se encorseta como minería pero tiene un segundo paso que es la química y un tercer paso de industrialización, el armado de baterías que hoy está concentrado en China, Corea del Sur y Japón. Si vos exportás el litio para comprar baterías a China, eso te daña la balanza comercial”. Un eslabonamiento de la cadena de valor donde sean las empresas locales las que fabriquen los insumos y maquinarias también impactaría positivamente en la balanza de pagos, afirma.

Para Pedrazzoli hay otro factor que podría optimizar la gestión del recurso desde el Estado: exigir la reinversión de utilidades. “Es una medida muy criticada pero en un sector puntual como el litio se podría pensar en una reinversión al declararlo como recurso estratégico, como hizo Chile, y que se invierta en investigación local”.

Mientras tanto la carrera sigue y las empresas se adelantan a cerrar acuerdos, incluso con proyectos sin terminar: a comienzos de esta semana la automotriz Ford firmó un acuerdo con la empresa australiana Lake Resources, a cargo del proyecto Kachi, en Catamarca, actualmente en etapa de prefactibilidad, para el suministro de 25.000 toneladas anuales del mineral destinado a la fabricación de baterías para automóviles. 

AJ/CC