Cuando en una tarde de 2018 Darío Schvartz, Malena Filmus y Leandro Koch decidieron, reunidos en la confitería Imperio, iniciar una acción legal en conjunto contra el médico pediatra Alberto Cirulnik por haberlos abusado en la infancia, nunca imaginaron que iba a ser el puntapié para que se destapara una olla a presión que estaba a punto de explotar. La denuncia, iniciada algunos días después, se viralizó con tal fuerza que llegó a lugares inesperados y poco después otras más de 25 víctimas de Cirulnik se encontraron en la oficina de sus abogadas. Provenían de distintos lugares del mundo, tenían distintas edades, géneros,  religiones –porque el médico no sólo trabajaba con la comunidad judía por ser director médico de la escuela ORT, sino que tenía su práctica privada–. Estaban dispuestos a romper el silencio que habían sostenido por décadas sobre los abusos que el médico perpetró de forma sistemática, siguiendo el mismo modus operandi, durante los años 70, 80, 90, y en el primero de los 2000.

Esas más de 40 décadas de impunidad tuvieron su fin el pasado 30 de noviembre con un fallo del  juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, que declaró culpable a Cirulnik por el abuso sexual en la infancia de seis personas en el marco de un Juicio por la verdad. A la denuncia iniciada por Schvartz, Filmus y Koch se sumaron otras tres víctimas que sufrieron abusos en las décadas del  70 y 80. Todos tenían al momento de los abusos entre 8 y 14 años y éstos fueron cometidos en la Escuela ORT de la Ciudad de Buenos Aires, en el colegio Sholem Alejjem de Palermo, en el Club Centro Comunitario Kadima, en Moreno, y en su consultorio particular de Almagro.

Se incorporó en la causa además el testimonio de otras 18 víctimas, que no quisieron presentarse como querellantes, pero relataron ante el juez las vejaciones que vivieron. Se comprobó que Cirulnik sometió a los entonces niños a diferentes agresiones contra su integridad sexual como la violación, el abuso simple, la corrupción de menores y abuso deshonesto, agravados por ser encargado de su guarda.

La sentencia Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 se convirtió en un precedente jurídico fundamental para los delitos sexuales prescriptos. Se trata de uno de los primeros fallos que existen en el país en un juicio por la verdad sobre delitos a la integridad sexual en la infancia.

 ¿Por qué un Juicio por la verdad?

Los Juicios por la Verdad son un procedimiento judicial sin efectos penales. Se iniciaron en nuestro país por la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar, debido a que los genocidas estaban protegidos por las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y por los indultos. Los organismos de derechos humanos encontraron en los Juicios por la Verdad una estrategia para sortear la impunidad. Con una lógica similar, los abogados de las víctimas de abuso sexual en la infancia que se encontraban imposibilitadas de conseguir justicia porque los delitos habían prescripto por el paso del tiempo, comenzaron a tomar la misma estrategia para conseguir un poco de reparación. Hasta el momento son pocas las sentencias en estos juicios y ninguna se encuentra firme aún.

“Desde hace un tiempo empezamos a solicitar que se hagan Juicios por la Verdad también en causas por abuso sexuales, puntualmente en esas causas porque estos tipos de delitos incluyen, en ocasiones, pactos de silencio, por la relación asimétrica de poder entre el victimario y la víctima o  amenazas.  Por ejemplo, en el caso de Cirulnik, cuando Darío Schvartz empezó a hablar, él  le inició una causa para que se callara”, explicó a elDiarioAR la abogada Nadia Rivas, quien junto a Andrea Quaranta representa a Schvartz, Filmus y Koch en el juicio.

La letrada contó que iniciaron la demanda sabiendo que los delitos habían ocurrido hace muchos años y estaban prescriptos pero apuntaron a terminar con el ciclo de la impunidad que llevaba tantos años. “Nos encontramos con que un 30 de diciembre teníamos en la oficina a aproximadamente  30 personas planteando que habían sufrido abuso por parte de Cirulnik y era imposible que fuéramos parte de la impunidad, entonces iniciamos la denuncia penal”.

Nos encontramos con que un 30 de diciembre teníamos en la oficina a aproximadamente 30 personas planteando que habían sufrido abuso por parte de Cirulnik y era imposible que fuéramos parte de la impunidad, entonces iniciamos la denuncia penal

Nadia Rivas — Abogada de las víctimas

En 2020, los integrantes de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvieron declarar extinguida la acción penal y sobreseyeron a Cirulnik por la prescripción de los hechos. No se podía aplicar en retroactivo la ley 27.206 de “Respeto a los tiempos de la víctima” sancionada en 2015, que establece que el plazo de la prescripción en delitos de abuso sexual infantil es a partir del momento de la denuncia o hasta que el menor, una vez cumplida la mayoría de edad, ratifique la denuncia hecha por su representante. 

Más tarde, en 2022 la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por las víctimas, pero habilitó la realización de un  juicio por la verdad de los hechos denunciados.

“Nosotras iniciamos la causa pensando en un juicio común con una condena penal, una sanción que implique una pena privativa de libertad. Entendemos que existen limitaciones a esto por el paso del tiempo, aunque no estamos de acuerdo, y cuando no nos dieron más el lugar a que se siga tramitando un juicio ordinario entonces fuimos por el  juicio por la verdad para desarmar la impunidad del médico”, contó Rivas.

Carlos Lombardi, especialista en derecho canónico y representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, afirmó que el fallo puede ayudar a que otras víctimas de abusos previos a 2015 (cuando sale la ley 27.206). “La sentencia refuerza el Instituto del juicio por la verdad y le da la posibilidades a otras víctimas que están en la misma situación a conseguir que la justicia establezca la verdad de los hechos que han padecido. Es positivo como antecedente”, dijo a este medio.

Esta modalidad de juicios permiten investigar cuál fue la verdad de los hechos. “La parte resolutiva de la sentencia indica que se han probado los hechos que las seis personas denunciaron. Hay una serie de medidas que la Cámara impone en beneficio de estas personas que han buscado tutela judicial efectiva en el Poder Judicial de la Nación”, explicó el abogado. 

En el fallo el juez aseguró que está “acreditada la ocurrencia de cada uno de los hechos puestos en conocimiento por los denunciantes”,  y subrayó que “todas las personas que prestaron declaración fueron contundentes al relatar la vivencia de hechos”. Además, consideró que “se trata de múltiples acusaciones efectuadas por personas que interactuaron con el acusado en diferentes ámbitos y épocas”.

Los especialistas marcan como novedoso también que la sentencia ordena medidas reparatorias para las víctimas, como la publicación de la misma en el Boletín Oficial y en el Centro de Información Judicial;  la comunicación a los ministerios de Salud y Educación para que actúen en concordancia –quizás suspendiendo la matrícula de médico de Cyrulnik– y exhorta a las autoridades de la ORT a “adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de abuso, ello con el fin de evitar la reiteración de hechos como los que se han probado”.

Los tiempos de las víctimas

En la sentencia se reconoce la necesidad de respetar el proceso y los tiempos de cada víctima, más aún si se trata de niños. En sus reflexiones finales dice:  “Los cambios legislativos en materia de prescripción, que por motivos de irretroactividad de la ley (la 27.206 de ”Respeto a los tiempos de la víctima“) no fueron aplicables a estos hechos, fueron un reconocimiento de que no existe un momento correcto para que un menor denuncie un abuso sexual padecido y que cada víctima tiene sus tiempos personales, los cuales dependen de diversos factores”.

Al respecto, Rivas manifestó: “Es importante resaltar que las causas de abusos son muy particulares por el tiempo que les lleva a las personas el develamiento, darse cuenta de lo que les pasó, poder hablar sobre los que les pasó, hacer a un lado la culpa, exponerse, porque es algo muy íntimo. Ese proceso lleva un tiempo  para cada una de las víctimas”.

Hay una relación desigualdad de poder entre el abusador y el abusado, que muchas veces no se puede cortar. Cuando superan ese bloqueo y acceden a la justicia, el tiempo puede haber sido más que el que preveía la justicia. El tiempo jurídico juega en contra

Carlos Lombardi — Abogado de víctimas de abuso eclesiástico

En la misma línea, Lombardi, como defensor de víctimas de abuso eclesiástico, reflexionó: “Hay un proceso que tienen que atravesar las víctimas,  lleva un tiempo hasta que puedan hablar y denunciar. La psicología establece que el niños que sufre ese tipo de delitos sufre además una especie de bloqueo. Hay una relación desigualdad de poder entre el abusador y el abusado, que muchas veces no se puede cortar. Cuando psicológicamente supera ese bloqueo lo cuenta a la familia y accede a la justicia y el tiempo puede haber sido más que el que preveía la justicia. El paso del tiempo jurídico les juega en contra”.

La lista de delitos contra la integridad sexual de menores cometidos por el médico pediatra y ex director médico del colegio ORT Alberto Cirulnik es aún hoy difícil de calcular. Continuamente se suman  personas que pasaron por el mismo martirio que los denunciantes. 

 “No me cagó la vida, me queda mucho por vivir”

Darío Schvartz fue el primero en denunciar los abusos que había sufrido por parte de Alberto Cirulnik. Los ataques que recibió fueron de modo sistemático desde sus 8 hasta los 13 años, en diversos momentos y lugares. “Fueron tantos que no puedo contabilizarlos. Mis papás eran muy amigos de él y su pareja, compartimos el club, yo era el mejor amigo de su hijo e iba a dormir a su casa frecuentemente. Además, era mi pediatra”.  

Schvartz declaró en la causa que fue abusado en diferentes ocasiones, entre 1992 y 1997, mientras compartían un bungalow en el Club Centro Comunitario Kadima, en Moreno, provincia de Buenos Aires. “Nuestras familias compartían un Bungalow. Había momentos de un sábado o domingo en que, en horas de la tarde,  nos quedábamos solos. Mi viejo quizás estaba jugando al tenis y mi mamá al burako. Ahí aprovechaba para tocarme. Otras veces me llevaba a dormir la siesta y me hacía masajes en todo el cuerpo, me manoseaba. También en su consultorio buscaba que mi mano toque su pene y abusaba de mí cuando iba a dormir a su casa”.

Recién a los 21 años Schvartz pudo contar por primera vez lo que había padecido, en el marco de una terapia, pero no se sintió preparado para indagar en eso y dejó el espacio. “En un primer momento, como le pasa creo que a la mayoría de los abusados sexualmente en la infancia, no quería que se sepa. Me daba vergüenza, culpa, temor a la mirada del otro. Hoy puedo decir que haberlo contado me ha hecho muy bien”, dijo.

Cuando cumplió sus 25 decidió decírselo a sus padres. En ese entonces, Cirulnik era cliente del estudio contable de la familia, en el que Darío también trabajaba. Con su padre lo citaron en la oficina y lo encararon. “La respuesta genérica de él fue ‘no me acuerdo, me daría asco' pero nunca lo negó”, recordó el joven.

Pronto la historia de Darío se propagó entre las familias socias del club hasta que en 2011 llegó a ORT y el médico fue desvinculado de la institución. No era la primera vez que la escuela conocía de los abusos. En 1994, cuando fue el abuso de Landro Koch, sus padres lo habían denunciado a las autoridades pero entonces Cirulnik no fue apartado. “El colegio no hizo nada, nunca se acercó a las víctimas, nunca ofreció ayuda, se portó muy mal. Avaló los abusos cometidos por Cirulnik. Es interesante que el fallo los haga tomar conocimiento de lo que pasaba en su institución, aunque ya lo sabían”, dijo Schvartz.

Me hubiese gustado que le dieran una pena, porque se lo merece. Pero hoy él tiene más de 70 años y está mal de salud, si hubiese una condena tendría prisión domiciliaria, no sería muy distinto a lo que vive hoy, que supongo está muriendo solo en su casa

Darío Schvartz — Víctima

A mediados del 2012, Cirulnik inició una causa por injurias hacia Darío y sus padres por injurias. A pesar de que la causa pronto fue cerrada con un acuerdo de las partes, el joven sintió que tenía que hacer algo con lo que había pasado: “El juicio que él me hizo me enojó muchísimo, a tal punto que estaba dispuesto a hacer la denuncia contra él, a hacerme las pericias y salir en los medios”. Esa idea gravitó en su mente algunos años más hasta que recibió el llamado de Malena Filmus e iniciaron la demanda.

“Aunque el fallo es muy reciente, tengo menos de una semana, puedo decir que fue reparador. Me hubiese gustado que le dieran una pena, porque se lo merece, pero hoy él  tiene más de 70 años y está mal de salud. Si hubiese una condena, tal vez,  tendría prisión domiciliaria, no sería muy distinto a lo que vive hoy, que supongo está muriendo solo en su casa”, dijo Schvartz y remarcó, en cambio,: “A mi lo que me pasó no me cagó la vida. Pude reparar y, gracias a dios, me queda mucho por vivir.”

LG/MG

José Luis Guarrochena, el exteniente de navío y exintegrante del Servicio de Inteligencia Naval, se negó a declarar este miércoles en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA, el cual está a cargo del Tribunal Oral Federal nº5 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Me negaré a declarar en esta oportunidad sin perjuicio de hacerlo más adelante”, afirmó Guarrochena, acusado en este proceso al dirigirse -virtualmente desde su lugar de detención- a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero.

De todos modos, los jueces resolvieron incorporar en el proceso declaraciones indagatorias formuladas por el acusado en 2018, cuando aseguró que no tenía “nada que ver” con la lucha “contra la subversión” y se refirió repetidamente a su “trabajo en el marco de la Guerra de Malvinas”.

“Entre el 4 de marzo 1977 y 9 de febrero de 1978 no estuve en la ESMA. Si en el Servicio de Inteligencia Naval”, se defendió Guarrochena, imputado en este tramo de la megacausa por la comisión de crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura cívico-militar.

En sus declaraciones, el imputado aseguró haber asistido por primera vez a la ESMA “por una documentación”, y aseveró desconocer si en esa unidad de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención ilegal de la Capital Federal, se hubieran desarrollado tareas “contra la subversión”.

Guarrochena contó en otra de esas indagatorias que el 17 de diciembre de 1981 fue enviado a cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la Armada, pero adujo que no asistió a ese destino “por problemas de mudanza”.

“Asumí en enero de 1982 como jefe de comunicaciones de la ESMA”, donde “tenía una oficina” y la misión de “analizar las comunicaciones” en el marco de la Guerra de Malvinas, recordó.

La audiencia finalizó con un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de julio a las 9:30, cuando declararán como testigos la Defensora del Público, Miriam Lewin; Paula Ariana Segal y Alejandro Juan Clara.

El juicio comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación, presentados en 2019. Tomó la palabra Alejandro Falcioni, secretario del tribunal, quien contextualizó los delitos que se analizan, que consistieron “no solo en la reiterada violación de los derechos humanos, sino que por su escala, volumen y gravedad, constituyeron crímenes de lesa humanidad”.

Falcioni recordó que las actuaciones ilegales se dividieron en “cinco zonas” y que la Escuela de Mecánica funcionó “como centro clandestino de detención” al tiempo que “los relatos de los sobrevivientes permiten ubicar en el espacio los distintos sectores donde se desarrollaban” los hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado. “Esas tareas se estructuraban en tres sectores, inteligencia, operaciones y logística”, añadió el secretario.

Guarrochena está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

El exmarino prestó funciones en la jefatura de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) y también en la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) del Estado Mayor General de la Armada, informaron desde la Secretaría de Derechos Humanos. Guarrachena también se desempeñó en áreas de contrainteligencia y como enlace con la jefatura de Inteligencia del Ejército y con el Batallón 601.

En la etapa de instrucción, sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron con el alias “Raúl” y bajo el nombre falso de “Carlos Alberto Encina”. Sobre ese punto, en la lectura de la declaración del 2018, el acusado sostuvo que, “no tenía conocimiento de ese nombre”, palabras que fueron releídas en la audiencia de este miércoles.

No obstante, las víctimas declararon haberlo visto en varios períodos durante la última dictadura, donde actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en ese centro clandestino de detención.

En este juicio, se debería haber juzgado a otros tres imputados: Carlos Alberto Bengoechea, Juan José Lombardo y Gerardo Enrique Ferrer, pero murieron antes de iniciarse el debate. Ferrer, exjefe de la Compañía B de Ceremonial de la ESMA, estaba acusado por 372 hechos e imputado como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 335 casos; imposición de tormentos agravados en 273 casos; homicidio agravado en 111, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en 39 hechos.

Las audiencias se llevarán a cabo los miércoles a las 9:30 bajo modalidad mixta, presencial en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py y virtual por la plataforma Zoom del Consejo de la Magistratura, informaron oficialmente. En tanto, las audiencias de lectura de requerimiento y los alegatos se transmitirán por el canal de la plataforma YouTube del Consejo de la Magistratura.

LC con información de agencia NA

Finalmente sucedió: Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas, es el estreno argentino más visto del año. Mientras sus productores esperan que llegue al millón de espectadores a lo largo de las próximas dos semanas, la película ya está disponible en Amazon Prime.

La película que Mitre escribió con Mariano Llinás ha generado unas cuantas discusiones y polémicas. Algunas, muy interesantes, acerca de los mecanismos de la ficción cinematográfica para representar hechos históricos. Otras, agrietadas y estériles, sobre cuán peronista o radical es la película según las decisiones estéticas de sus guionistas. Se la ha calificado de “necesaria”. Hay colegios que la adoptan como material educativo. Es la candidata que el país va a mandar a competir en los Oscar, dicen, con bastantes chances de quedar en la shortlist de las nominadas. Las redes están llenas de testimonios del público en la sala emocionado con escenas clave de la película, aplaudiendo y llorando. El presidente de la Nación, cuentan, ya la vio dos veces.

El fenómeno tiene incluso más mérito considerando las condiciones de su estreno. Recordemos: las grandes cadenas de cines –Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyts, dueñas de la mitad de las salas del país y casi el 40% de la recaudación– decidieron no exhibir Argentina, 1985v en rechazo a la condiciones que impuso Amazon, co-productor de la película: una ventana de “apenas” tres semanas en salas hasta que sus suscriptores puedan en sus pantallas hogareñas. La ventana “habitual” entre salas y streaming era de 45 días, que antes eran 3 meses y, allá no tan lejos en el tiempo –cuando reinaba la TV por cable– era un año y medio. Es una disputa corporativa global que se está dando a niveles que exceden al cine argentino, y que acá tuvo la mala suerte de estallar con el blockbuster más “local” del año, lo cual resultó en un boicot que dejó algunas lecciones y abrió muchos interrogantes.

“Las condiciones en las que se estrenó hacían que cualquier proyección fuese bastante difícil, poco certera”, afirma Axel Kuschevatzky, coproductor de la película. “Nosotros estamos acostumbrados a hacer proyecciones en condiciones muy estándar y en realidad esta vez no tuvimos eso”, agrega. Para otros referentes de la industria, las expectativas eran evidentes. “Esta película nos trajo la evidencia de una discusión internacional, que evidentemente los CEOs argentinos no pudieron –o no quisieron, o quisieron y no los escucharon– explicar a los gerentes internacionales de Cinemark, Cinepolis, etc, y es que esta película tenía una relevancia importante y sin duda iban a ganar dinero, no iban a perder. Está haciendo más números que cualquier película estadounidense que hayan estrenado en esas semanas”, afirma Vanessa Ragone, productora de éxitos como El secreto de sus ojos y presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. “Se la perdieron, porque habrían hecho un número espectacular”, agrega.

El boicot a Argentina, 1985 tuvo, por otro lado, algunas consecuencias positivas inesperadas, como un alcance mucho más federal. Al haber sido estrenada en salas nacionales e independientes, muchas de ellas en las provincias, la película llegó a lugares que, si se hubiese estrenado solo en las grandes cadenas, quizás habría tardado más en llegar. Al mismo tiempo, cuenta un productor, la enorme demanda de público en algunas salas –con funciones agotadísimas– empujó el retorno de antiguos horarios que hace rato no se veían, como la mañana o la trasnoche. Argentina, 1985, entonces, quizás esté señalando que hay otros caminos posibles de exhibición más allá de los que el sector da por sentado. ¿Se aplica esta lógica para todas las películas? “Probablemente no”, responde Kuschevatzky. “Eso también es cierto. Pero por lo pronto sabemos que la posibilidad, aunque difícil, no es imposible”.

Hoy, con el diario del lunes, la decisión de no proyectar Argentina, 1985 parece efectivamente un paso en falso. En especial si consideramos que esta puja global por el tiempo de exhibición en salas es una negociación constante que no parece en absoluto resuelta, y la herramienta del boicot está resultando anacrónica. De hecho, hace poco más de una semana, los exhibidores más grandes de EE.UU –AMC, Regal y Cinemark– acordaron con Netflix que su próximo estreno Glass Onion: A Knives Out Mystery, secuela de la exitosísima Knives Out, será exhibido en salas por solo una semana, aprovechando el feriado del Día de Acción de Gracias, un mes antes de su estreno en la plataforma. Son las mismas cadenas que ya habían boicoteado estrenos de Netflix como Roma, de Alfonso Cuarón, en 2019, o The Irishman, de Martin Scorsese, en 2020. Días después de anunciado el deal, una declaración de Ted Sarandos, CEO de Netflix, sobre las prioridades de la plataforma, volvió a sacudir la paz que parecía sellada. Lo que está claro es que el tema –y la dinámica de la industria– sigue en movimiento.

El episodio es otro eslabón más en la mutación que está atravesando el modo en que vemos películas. “Argentina, 1985 más que dejarnos enseñanzas genera un montón de preguntas a futuro”, dice Kuschevatzky. “¿Cómo se relaciona el público con los contenidos? ¿Pueden los contenidos convivir en plataforma y en salas a la vez?”, se pregunta. Este fin de semana, por ejemplo, es el turno de El gerente, primera película original de Paramount+ en Argentina, dirigida por Ariel Winograd, que tendrá un estreno simultáneo en la plataforma y en los cines de la cadena Atlas durante una semana.

El cine argentino sigue buscando acomodarse en un escenario fluido, en el que las plataformas ocupan un lugar preponderante no solo en exhibición sino –principalmente y hace rato– en la producción audiovisual. En términos de financiamiento, las películas con aspiraciones de público masivo ya dependen de compañías como Netflix o Amazon para su existencia. “Hoy las plataformas son las únicas fuentes de financiamiento posible para hacer películas, sea del modo que sea”, sentencia Ragone. Una circunstancia agudizada por la desaparición del INCAA como instancia de financiación para películas que apunten a un público masivo, en gran medida por la devaluación de la moneda y una desactualización de los costos medios considerados para otorgar subsidios. De hecho, el sistema mismo de financiación pública del cine y otras artes corre riesgo de desaparecer por completo este mismo año si el Senado no aprueba la prórroga de asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales que Diputados aprobó en junio. Un dato que Llinás se encargó de recordar en la proyección especial para funcionarios de gobierno y organismos de derechos humanos que se organizó en el cine Gaumont.

La producción local de cine en este contexto cambiante sigue llena de interrogantes. Y el caso Argentina, 1985, con su omnipresencia en la conversación social y mediática de las últimas dos semanas, también demuestra que para determinadas películas la exhibición en salas previa al streaming es también una manera de aumentar el volumen y la calidad de la conversación, un activo difícil de generar a puro marketing. Y una ventana muy pequeña también puede cortar esa circulación. “La discusión social es algo que a las plataformas les interesa mucho, que haya ruido alrededor de sus estrenos”, opina Ragone. Y si hay algo que esta película generó fue ruido. De periodistas, juristas, intelectuales, un premio Nobel y hasta uno de los jueces de la Cámara Federal que condenó a los jerarcas del terrorismo de Estado. El desafío para el cine argentino, hoy, quizás sea demostrar que la mejor caja de resonancia para ese ruido es, todavía, la sala de cine.

AM