El exjuez federal Walter Bento fue condenado este martes como el jefe de una asociación ilícita que recibía dinero a cambio de favores judiciales por parte de contrabandistas y narcotraficantes. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza quien lo declaró culpable de corrupción en un juicio que incluyó a otros 24 acusados.

Para la justicia de Mendoza, Bento lideraba una organización destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”. Y también fue responsable de los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.

Según las tres integrantes del Tribunal, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Bento está detenido desde hace dos años en la prisión de Cacheuta, a 40 kilómetros de la capital mendocina, en medio de la Cordillera. Recién el próximo miércoles se conocerán las penas en una audiencia de cesura.

No hubo fisuras en la decisión del Tribunal. El veredicto fue votado por unanimidad. Los jueces dieron por probada la acusació de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó que Bento habría generado al menos US$ 1,7 millones en sobornos.

En noviembre de 2023, el exmagistrado había sido destituido por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor.

En el fallo conocido hoy uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su hijo mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

A lo largo del proceso, los investigadores lograron probar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor. A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad. 

Con información de Noticias Argentinas

El destituido juez federal de Mendoza con competencia electoral Walter Bento apeló hoy la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de destituirlo de su cargo, lo que precipitó que se ejecutara una orden de detención en su contra y quedara detenido.

La semana pasada, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Bento por las causales de “mal desempeño en sus funciones”. “La conducta aquí analizada permite afirmar que ha incurrido en actos que perjudican al servicio público, deshonran al país”, sostuvo el fallo de mayoría del Jurado.

Los defensores del ex juez, Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Federico Casal, apelaron hoy esa resolución argumentando que “no se trata de simples disconformidades con el análisis de la prueba o las consideraciones acerca de la verificación de la causal de mal desempeño, sino que el decisorio en crisis presenta una efectiva alteración discrecional e infundada de los hechos”.

La defensa atacó la inapelabilidad de las decisiones del Jurado, reivindicó su derecho a una revisión del fallo y argumentó que durante el debate “se requirió la convocatoria de todos los involucrados en los hechos que son objeto de la causa penal”, pero todo fue rechazado.

“El Jurado no hizo lugar a la citación de ninguno de ellos, ni tampoco a la producción de los diversos medios de prueba (pericial, informativa, etc.) ofrecidos en ese sentido”, sostiene el escrito presentado para la revisión de la Corte, que agrega: “La acusación, representada por tres miembros del Consejo de la Magistratura no cumplió con su carga procesal, si no que se limitó a ofrecer como prueba la totalidad del expediente penal. Es decir, no solicitó la producción de ninguna medida disponible, ni tampoco requirió la convocatoria de testigo alguno, sino que se conformó con la incorporación por lectura de las constancias de un proceso penal que se encuentra en pleno trámite ante la Justicia Federal de Mendoza”.

En efecto, Bento está siendo sometido a un juicio oral en su provincia, acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales. El fallo destituyente fue suscrito por los jurados jueces Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (de Juntos por el Cambio); las diputadas Anahí Costa (FdT) y Ana Romero (JxC) y el abogado Alfredo Barrau.

MM con información de NA

El Consejo de la Magistratura destituyó hoy al juez federal de Mendoza Walter Bento por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor. El juez De la Fuente se opuso a la decisión.

En paralelo, Bento enfrentaba un juicio penal en Mendoza por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros, y tras perder los fueros por la remoción de su cargo, quedó detenido. La Justicia de dicha provincia había detectado un incremento patrimonial de la familia del juez que, junto a viajes al exterior y la adquisición de nuevas propiedades y vehículos, podría provenir de coimas cobradas a detenidos.

El letrado también estaba siendo investigado por cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, prevaricato y falsedad ideológica. Ahora, además, se reveló que el magistrado había asistido a casas de juego en Las Vegas, Estados Unidos, actividad prohibida por el reglamento para los funcionarios judiciales.

Tras escuchar la sentencia del juicio político en su contra, Bento permaneció en la planta baja de los Tribunales escoltado por dos policías federales. Alrededor de las 13.30 fue notificado de la decisión del Tribunal Oral Federal 2 sobre su detención tras la pérdida de fueros por su destitución. El magistrado tenía un pedido de prisión preventiva en su contra.

Luego de recibir la noticia, Bento fue llevado a otro sector del edificio donde aguarda el traslado a la Unidad 32, ubicada en los subsuelos de los tribunales federales, y luego al penal federal de la localidad mendocina de Cacheuta.

Sus abogados defensores habían adelantado que buscarán apelar el fallo del jurado, pese a que la Constitución Nacional establece que las decisiones de dicho cuerpo son inapelables. “Vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte y creemos que tiene efectos suspensivos; si eso no funciona, Bento va a ir preso, no se va a fugar”, indicó el letrado Mariano Fragueiro Frías. Para ello, citarán antecedentes de presentaciones que sí fueron aceptadas por el Máximo Tribunal.

ACM

Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.

Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.

El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.

Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.

Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.

Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.

“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

LC con información de agencia Télam

El nuevo Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces nacionales y federales, comunicó este miércoles su primera resolución: trabó las aspiraciones de Walter Ricardo Bento, juez federal de Mendoza, procesado por ser el supuesto líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de beneficios judiciales, quien se había inscripto para concursar un cargo de juez en la Cámara Federal de Casación.

Fue, además el primer acto público del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como presidente del Consejo, y la resolución fue unánime: lleva su firma y la de los otros 17 integrantes del organismo: los consejeros del oficialismo, la oposición, los jueces, abogados y académicos.

Bento se había inscripto para concursar para un cargo como juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal federal penal del país.

El 18 de abril, el consejero Ricardo Recondo (uno de los representantes de los jueces en el organismo) solicitó que se excluya a Bento de la lista de aspirantes al concurso, ya que el artículo 17 del reglamento prohíbe a los acusados con procesamiento por delitos dolosos competir por un cargo de magistrado. En el caso de Bento, su procesamiento está firme, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Recondo remarcó en su solicitud que Bento “omitió informar su situación procesal” y actuó así de “mala fe”. La causa contra Bento ha sido informada en distintos medios de comunicación, por lo que la acusación en su contra es pública, e incluso se había tratado en la Comisión de Disciplina del Consejo por denuncias contra Bento que tramitan en el organismo, según la nota firmada este martes por los 18 consejeros.

En la causa penal contra Bento hay otras 22 personas procesadas por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

El caso contra Bento se inició en Mendoza cuando en una investigación penal se detectó que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado defensor en los que hablaba de supuestas maniobras para obtener la libertad en otras causas que tramitaban en el juzgado de Bento. Tras la denuncia, se llegó a una presunta banda liderada por Bento e integrada por abogados, intermediarios judiciales y un fallecido despachante de Aduanas, luego fallecido. El juez de Mendoza niega las acusaciones.

Tras el pedido de Recondo para excluirlo del concurso para camarista de Casación, Bento se defendió ante el Consejo. El 20 de abril, sostuvo ante el organismo que no tiene condena firme por lo que “rige el principio de inocencia” y alegó que el artículo del reglamento que impide a los procesados concursar para jueces es “inconstitucional” porque “colisiona con el principio de inocencia” y que por esa razón, aseguró, al momento de inscribirse en el concurso para camaristas no había informado que cuenta con un procesamiento firme en una causa penal.

Este martes, los 18 consejeros firmaron una nota rechazando la postura de Bento y afirmando que, de darle la razón, el Consejo estaría incurriendo en “una consciente renuncia a la verdad objetiva, con franca y grosera afectación al principio de transparencia, legalidad e igualdad que debe primar”. Además resaltaron que si Bento considera que es inconstitucional el impedimento de concursar a los procesados debería haberlo planteado al inicio del trámite.

ED