Cada vez que Javier Milei se refiere al cambio climático es para negar su existencia y relativizar sus implicancias. Allá por el 2021, el candidato libertario afirmó en una entrevista que “El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo” y que “hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar”. Dos años después, y a menos de dos meses de las elecciones generales que lo podrían depositar en el sillón de Rivadavia para comandar los destinos del país, la postura de Milei no ha cambiado. 

En el Debate Presidencial de la noche de ayer, el candidato libertario afirmó que no va a adherir a la Agenda 2030 ni al Acuerdo de París por representar la decadencia y el marxismo cultural. Raro, cuanto menos, tratándose de agendas que llevan adelante los principales países desarrollados del mundo, a los que Milei dice quiere parecerse.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas “IPCC”), que es la máxima autoridad científica en la materia, y cuyos integrantes provienen de 195 países distintos, pasando por China y Estados Unidos, extremadamente heterogéneos desde el punto de vista ideológico, político y tecnológico, viene sosteniendo hace años que el cambio climático es una realidad.

En sus informes, donde relevan más de 14 mil papers científicos revisados, afirman categóricamente que la influencia humana es la causa dominante del cambio climático, que ya está desencadenando fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. El primero de estos informes data de 1990, donde ya se indicaba que la temperatura iba en aumento. De manera que las aseveraciones de Milei en torno a que se discutía si el planeta se iba a congelar son manifiestamente falsas.

Ahora bien, cabe preguntarse si los argentinos (muchos de los cuales optaron el candidato de la Libertad Avanza en las últimas elecciones) adhieren a esta postura, que por la contundencia de la evidencia científica es asimilable a una postura terraplanista. 

De acuerdo a los datos arrojados por una encuesta de la consultora Marketing y Estadística SRL realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el último trimestre del 2022, al 86% de los encuestados le preocupa en alguna medida el cambio climático. 

Así las cosas, parece que los votantes de Milei no lo votan por su postura respecto al cambio climático, sino a pesar de ella.

El motivo de que el cambio climático no sea un factor de peso a la hora de votar, es probablemente el mismo que hace que la agenda ambiental haya sido postergada por mucho tiempo: se la concibe como una agenda secundaria con respecto a los problemas más acuciantes que enfrentamos en Argentina, como los índices de pobreza, la inflación y la inestabilidad macroeconómica. 

Sin embargo, transformar esta realidad socioeconómica exige sí o sí abordar con seriedad las políticas de cambio climático.

El cambio climático se volvió una variable determinante en la economía global. Los países más desarrollados implementan cada vez más restricciones siguiendo parámetros ambientales. Sin ir más lejos, recientemente la Unión Europea decidió prohibir importaciones de productos alimenticios e industriales provenientes de tierras deforestadas o cuya huella de carbono resulte excesiva.

Más allá de cualquier juicio de valor sobre estas sanciones, para un país con una canasta exportadora primarizada como Argentina que tiene en la Unión Europea uno de sus principales mercados, pensar en cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad es fundamental si queremos salir de la crisis.

Asimismo el cambio climático también trae aparejada una oleada de desarrollo de nuevas tecnologías de la que, si nos quedamos afuera, profundizará nuestra dependencia de los países centrales. Y más aún si se boicotea la ciencia y técnica nacional, fundamental en este proceso.

En este sentido resultará central el enfoque que se le de a la producción de Litio, que se erige como un recurso estratégico en el marco de la crisis climática. Entre Argentina, Chile y Bolivia concentran el 58% de las reservas mundiales de litio, y poder desarrollar la cadena de valor depende de las decisiones que se tomen los próximos años. 

Hoy en día no tenemos autosuficiencia energética, y nos vemos obligados a importar energía, lo que redunda en un déficit comercial energético que presiona nuestras cuentas y condiciona la balanza de pagos del sector externo.

La Argentina tiene además un enorme potencial para energías bajas en emisiones con una capacidad de vientos y radiación para producir energía eólica y solar que se encuentra entre las mejores del mundo. Y a ello debemos agregar una gran capacidad para la generación de energía biomásica, hidráulica y nuclear. 

En un contexto de guerra, no estamos en condiciones de rechazar energías que nos permitan reducir las emisiones, y que nos aseguren soberanía energética por un capricho ideológico.

Aunque Milei sostenga que la agenda ambiental es anticapitalista y antidesarrollo, las empresas no parecen estar de acuerdo. Según la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), a principios de 2020 el valor de inversiones sostenibles en los principales mercados financieros mundiales fue de 35,3 billones de dólares, lo que representa el 36% de todos los activos administrados profesionalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Europa. Esto representa un aumento del 15% en sólo 2 años. 

Ese crecimiento también se vio reflejado en América Latina y Caribe, con la emisión de US$ 48.6 mil millones en el primer semestre de 2021 vs. US$16.3 mil millones en 2020.

Genneia, la compañía argentina centrada en la producción de energías renovables que en 2022 fue responsable por el 20% de la energía eólica y solar de todo el país, dio a conocer los resultados financieros del primer trimestre de 2023, en los cuales se expone su sólido crecimiento. Concretamente, la empresa registró ingresos por ventas netas de $13.818 millones, lo que representa una mejora interanual del 88%.

Entonces, ¿las empresas que motorizan la agenda ambiental son comunistas? ¿O, por el contrario, entendieron que abordar la problemática es fundamental en un país que perdió 3 puntos de su PBI este año producto de la sequía?

Y no se trata sólo de lo estrictamente economico. Uno de los peligros más grandes de que quien gobierne el país niegue el cambio climático y sus efectos en la salud y la calidad de vida de los argentinos, es que este no hará nada al respecto para protegernos de sus consecuencias. Las olas de calor, las inundaciones, los incendios y las sequías entre otros fenómenos climáticos extremos se están volviendo cada vez más intensos y frecuentes, profundizando tanto la crisis económica como la crisis social.

Un estudio realizado por World Weather Attribution (WWA) determinó que el cambio climático hizo que la ola de calor que tuvo lugar en Argentina a principios de diciembre del año pasado fuera 60 veces más probable, y 1.4 °C más caliente.

La gravedad del cambio climático es tal que las muertes por calor en Sudamérica se dispararon un 160% en los últimos 20 años. Y en Argentina, un 85.2%. No hacer nada no es una opción.

Es por eso que la necesidad de hacer frente a la crisis climática debe ser entendida no sólo como un mandato histórico de supervivencia, sino por sobre todas las cosas como una oportunidad para abordar estructuralmente los problemas sociales y económicos que tenemos.

Abordar la problemática ambiental de manera integral nos permitirá desarrollar nuestras capacidades productivas, crear trabajo, agregar valor y, por sobre todas las cosas, mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos.

Por el contrario, ignorar el cambio climático no traerá más que miseria y desigualdad a nuestro país.

Una reciente nota publicada en este medio (“La conquista de derechos por sobre la comodidad”), firmada por Jóvenes por el Clima (JOCA) y el MTE, nos interpela como colectivo que viene aportando a las luchas socioambientales de nuestro país. Como coordinadora socioambiental, aclaramos que nuestra respuesta va a centrarse en JOCA por encontrar en ese artículo un correlato con posiciones previas que dan cuenta de dos orientaciones opuestas para el movimiento ambientalista en toda la Argentina.

El argumento de la nota en cuestión podemos resumirlo en que como el movimiento obrero y popular en general, y el socioambiental en particular, estarían en condiciones de inferioridad para dar las peleas por las reformas estructurales que necesitamos o que la “transición es lenta”, no existiría otro camino que “la búsqueda de acuerdos con representantes de modelos e intereses contrapuestos” a los nuestros, como forma de “hacer carne” y “ponerle el pecho” a nuestras convicciones. De ahí la reivindicación del planteo del líder de Patria Grande, Juan Grabois, de una alianza con el “Zar de la soja”, Gustavo Grobocopatel.

Este argumento de la debilidad de las posiciones de quienes enfrentamos al modelo extractivista vigente en la Argentina, es hermano del que el referente de JOCA, Bruno Rodríguez, habría esgrimido respecto de la pelea contra las nuevas petroleras Off Shore: como las Off Shore ya son un hecho, tenemos que dedicarnos a pedir su fiscalización estatal. Y estos dos, son hijos del posibilismo mayor que ordena la política de JOCA: el pacto con el FMI es una cosa fraudulenta, pero hay que pagarlo, y de algún lado tienen que salir los dólares. Es de ahí que surge su programa de intervención que, en definitiva, coincide con lo propuesto por el gobierno del Frente de Todos: extractivismo al mango… pero con control estatal. Todo esto ratificado al cuadrado con su apoyo al plan nuclear pactado con China.

La participación de JOCA y otras organizaciones en la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), sentándose codo a codo con el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, que horas después estaría baleando a la comunidad de Choya, es la consecuencia necesaria de este hilo de razonamientos. Para JOCA este posibilismo implica asumir algún tipo de “incomodidad” necesaria y reivindicable: forjar alianzas con enemigos, bajar reclamos, supeditarse a la agenda del Gobierno.

Desde nuestro lugar, entendemos que el balance de medio de siglo de convenciones internacionales, compromisos de “metas” firmados solo para ser incumplidos, y promesas de todo tipo y color por parte de los gobiernos de todo el mundo, es claro: estamos yendo hacia catástrofes inconmensurables a escala global producto no solo del calentamiento global, sino también de la devastación total de la biodiversidad y la vida de nuestros territorios. La ciencia señala que estamos a pocos años de superar puntos de no retorno dramáticos por la responsabilidad de los gobiernos que sirven a las multinacionales, entonces ¿de qué sirve citar a Greta Thunberg si la propuesta es adecuarse a los ritmos y las políticas de quienes nos trajeron hasta acá?

Es en contraposición a esa orientación que hemos construido una herramienta para la lucha socioambiental, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, sobre la base de un principio articulador fundamental: la independencia política de todos los gobiernos. Nuestras consignas y reclamos los marcan los territorios, porque esa independencia nos permite tanto no darle la espalda a ninguna lucha, como nombrar con nombre y apellido a todos los responsables políticos. La historia reciente de JOCA es lo opuesto: le dieron la espalda a la lucha por un Mar Libre de Petroleras de la que participaron en una primera instancia y evitan hacer denuncias al poder ejecutivo nacional. Para la BFS, si un territorio dice NO, es NO. Para JOCA es “bueno, puede ser, pero con control estatal”. Porque tienen confianza en que este Gobierno que jamás controló a ninguna multinacional, y que tiene en su acervo el haber firmado un pacto secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta, vaya a controlar algo. Lo que JOCA critica como “dogmatismo”, no es otra cosa que haber sacado conclusiones de las luchas pasadas y escuchar a los territorios. Escuchar a los territorios, a los cuales no les alcanza ningún tipo de fiscalización y claman por un basta al extractivismo en cualquiera de sus formas.

JOCA dice que su política tiene que ver con “no dejar a nadie afuera”. Estamos 100% de acuerdo en que no tiene futuro un ambientalismo que no se rompa la cabeza por buscar la forma de ligar los reclamos ambientales con los del conjunto de les oprimides y explotades. Ahora, si el movimiento ambiental requiere cambios estructurales, lo que se impone es unificar los reclamos con quienes se están proponiendo dar vuelta realmente la historia de nuestro país: con les trabajadores ocupades y desocupades que pelean contra el ajuste y contra el pago al FMI; con las mujeres y disidencias que pelean por derribar el sistema patriarcal y todas las formas de violencia y opresión; con los pueblos originarios que quieren que los Grobocopatel dejen de arrebatarles sus territorios; y sí, también con quienes en el campo argentino pelean por un modelo opuesto por el vértice al modelo sojero.

Grobocopatel no es un empresario más, es un emergente de un modelo que las trasnacionales de los agrotóxicos impusieron en nuestro país de la mano de Menem-Solá en los 90’, cuyo saldo es claro. Invitamos a Grabois y a JOCA a ir al Hospital Garrahan a tratar de convencer a las familias de les niñes provenientes de los pueblos fumigados de su plan de andar a los besos con Grobocopatel para conseguir tierras. Porque ahí está la cuestión. ¿Cómo se le explica a las víctimas de enfermedades terribles como el cáncer que hay que “negociar” con quienes se hicieron ricos vendiendo el veneno? ¿Cómo se le explica a las comunidades afectadas por incendios que no queda otra que impulsar proyectos con los ecocidas que prenden fuego los bosques? ¿Cómo se justifica a los campesinos y pequeños productores que perdieron todo a lo largo de los años que ahora recibirían alguna tierra de justamente los actores que los expulsaron, y, encima, a costa de seguir enriqueciéndolos?

La mejor forma de NO cambiar la realidad es seguir perpetuando un sistema con los actores que tan impunemente lo conforman. Negociando, debatiendo, con la excusa de que hay “que escuchar a todos los sectores”, sin importar qué tan criminales sean. Sin embargo, por alguna razón, solamente “escuchan” a los victimarios. Las comunidades, mientras tanto, siguen siendo ahogadas, no sólo en agrotóxicos, sino en la complicidad y la desidia. A su vez, no podemos pasar por alto que esta alianza va de la mano del encumbramiento del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como vocero del gobierno. Esto mientras sigue acechando en el Congreso la Ley de beneficios al Agronegocio. La “charla de Grabois con Grobocopatel” no fue una mera charla, es una política de Estado sin grietas entre el FdT y Juntos por el Cambio.

Desde la BFS no queremos islotes agroecológicos en un mar de transgénicos, queremos terminar con el poder de la oligarquía terrateniente que apoyó a todas las dictaduras, y repartir esas tierras para una producción de alimentos en armonía con la naturaleza y al servicio de las mayorías populares. Y eso es una pelea sin pactos, mediaciones, ni mucho menos besos, con los Grobo, los Aracre, la Sociedad Rural Argentina, todas las corporaciones terratenientes, los Bayer-Monsanto y todos los envenenadores seriales. Derrotarlos dependerá de la fuerza que logremos conquistar, pero jamás nos va a permitir acumular en ese camino lavarles la cara.

Escribimos esta respuesta al servicio de seguir construyendo la unidad plurinacional que las luchas socioambientales necesitan: en las calles e independiente de todos los gobiernos. Eso es lo que intentamos hacer humildemente las decenas de organizaciones socioambientales, antiespecistas, políticas, asambleas locales y autoconvocades que construimos la Coordinadora BFS en todo el país. Porque rechazamos que desde la comodidad de quienes gracias a sus discursos posibilistas reciben financiamiento para viajar a eventos internacionales y son invitados con honores por el gobierno a cuanto evento más o menos “verde” haya, se señale con el dedo a quienes encontraron que la vía de “ponerle el pecho a las convicciones” no es aliarse con nuestros enemigos, sino enfrentarlos todos los días en las calles. Bienvenides quienes quieran sumarse a dar pelea en ese camino.

Paula Kaeser es docente. Juan Esteche es nutricionista. Ambos integran Basta de Falsas Soluciones (BFS), Coordinadora socioambiental de Organizaciones, Asambleas, Movimientos, Partidos Políticos y Autoconvocades contra la profundización del extractivismo.