La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el caso que investiga las muertes de 111 personas que fueron inoculadas con el fentanilo contaminado.

Según informaron fuentes del caso, los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala IV, rechazaron por considerar “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa.

José Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El juez de instrucción Santiago Bignone procesó hoy con prisión preventiva a Ezequiel Guazzora, luego de que se negara a declarar ante la Justicia. El periodista militante está acusado de abuso sexual y corrupción de menores por haber ofrecido drogas a cambio de tener relaciones con una adolescente de 15 años. El magistrado a cargo de la causa también le impuso un embargo sobre sus bienes por $1.204.500.

Ahora, su defensa podría apelar la decisión judicial en la Cámara del Crimen.

Guazzora había estado 67 días prófugo, por lo que el juzgado había dispuesto su captura tras recibir una denuncia en su contra por haber abusado de una menor de edad entregada por su madre a cambio de estupefacientes. Esta última también fue procesada por haber permitido que el periodista llevara adelante el delito.

En el marco de la causa, la víctima exhibió un “discurso coherente y bien estructurado” e, incluso, llegó a identificar el lugar donde ocurrieron los hechos. Además, la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) y la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual aportaron como prueba los chats de Instagram en los que Guazzora coordinaba el delito con la madre de la adolescente abusada.

La secretaría de Captura de Prófugos, organismo a cargo de José María Campagnoli que depende de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), fue la encargada de coordinar su captura. La Policía Federal finalmente logró detenerlo en una vivienda de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

ACM con información de agencias.

El médico Aníbal Lotocki se entregó a la Justicia esta tarde en La Plata luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara su procesamiento en la causa por la muerte del empresario Rodolfo Cristina Zárate. El hombre había sido paciente del médico y había fallecido en 2021 durante la cirugía efectuada.

“Concluimos en que es posible, con el grado de certeza exigido por esta etapa del proceso, atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zarate por cuenta su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente a Rodolfo Cristián Zárate, o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica”, había indicado la Cámara este martes.

Tras su imputación, la Justicia revocó su excarcelación y dictaminó la prisión preventiva para evitar que el médico se diera a la fuga o intentase entorpecer la investigación. Los magistrados ya habían determinado que Lotocki había falsificado la historia clínica de Zárate y que había incumplido en tres oportunidades la obligación de informar circunstancias que pudieran mantenerlo fuera de su domicilio por más de 24 horas.

“En una de las ocasiones, el imputado, sin autorización del juez, mudó su domicilio fuera de su jurisdicción, estableciéndose al parecer ahora en la localidad de City Bell, provincia de Buenos Aires, contrariando una de las pautas asumidas al serle concedida la excarcelación”, habían detallado los jueces.

Ahora, Lotocki se entregó en la sede de la Policía Federal de la ciudad de La Plata, ubicada en la calle 49 N° 1004 y permanecerá detenido para prevenir los riesgos mencionados. “Novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis y en consecuencia se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar la sujeción al proceso”, establece en fallo judicial.

Ahora, el médico podría atravesar un juicio oral y público por el delito de homicidio simple en caso de que el juez Luis Schlegel así lo determinara. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta 25 años de prisión.

Esta no es la única causa contra Lotocki. Como bien destacaron los magistrados, “desde que fuera concedida la excarcelación, el 30 de abril de 2021, Aníbal Lotocki fue condenado el siguiente 16 de febrero por el Tribunal Oral número 28 a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el plazo de cinco años, en orden al delito de lesiones graves de distintas modelos, entre ellas la fallecida Silvina Luna”.

El médico también está siendo investigado por sus intervenciones quirúrgicas a Claudia Alejandra Leguizamón y Mariano Caprarola. En el primer caso, se busca determinar su responsabilidad por lesiones gravas y estafa, mientras que el segundo caso se enfoca en la causal de muerte del mediático.

ACM con información de agencias.

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó hoy la detención de Elián Ángel Valenzuela, popularmente como L-Gante, en la causa en la que está imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocara ayer el fallo que lo dejaba en libertad.

El juez Gabriel Castro indicó esta mañana que, pese a haber sido notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del cantante de cumbia, “se proveerá en consecuencia” recién cuando esta disposición haya quedado “firme”. “Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación”, explicó el abogado defensor del artista, Diego Storto.

Los letrados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, abogados defensores del vecino de L-Gante, principal damnificado, habían presentado también esta mañana un pedido de captura contra el cantante. “Haciendo tomado conocimiento de lo resuelto por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y siendo que el Sr. Valenzuela no se hizo presente en la puerta del Juzgado ni se ha puesto a derecho, solicitamos se inserte su formal captura”, detallaron en el documento presentado.

“En cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado, no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior”, explicó por su parte, Castro en su resolución.

En este marco, la Cámara de Apelaciones volvió a expedirse esta tarde en un fallo de 13 páginas donde le advierten a Castro que “en los sucesivo deberá dar estricto cumplimiento” a la Ley 15.232 que, en su artículo 12 estipula el derecho de la víctima a ser informada y oída previo a la excarcelación del acusado.

L-Gante había sido liberado el pasado 8 se septiembre, luego de que el juez a cargo de la causa tomara declaración a cuatro nuevos testigos presenciales que motivaron una “reevaluación” de las pruebas del expediente y derivan en la excarcelación del artista por “beneficio de la duda”. Valenzuela había permanecido encerrado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

ACM con información de agencias.

Dictaron prisión preventiva para Isaías José Suárez, el joven de 29 años detenido y acusado de haber asesinado a Mariano Barbieri, el ingeniero civil que murió de una puñalada en el marco de un robo en los bosques de Palermo, el pasado 30 de agosto. Así lo determinó esta tarde la jueza Yamile Susana Bernan que lo procesó como autor del “homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito y robo agravado por su comisión con armas, ambas en concurso real entre sí”.

“Para apoderarse del teléfono de la víctima, Suárez la atacó por sorpresa, en horario nocturno, y sin mediar palabras le propinó una puñalada en el pecho que le provocó las lesiones que condujeron a su muerte. No puede soslayarse el alto grado de violencia que el imputado desplegó para cometer el evento investigado, que amerita mantenerlo privado de su libertad”, establece el documento judicial.

En ese mismo fallo, la magistrada le trabó a Suárez un embargo de $60 millones sobre sus bienes y sobreseyó al segundo sospechoso del crimen, que había sido apresado cuando recién comenzaba la investigación.

Para determinar quién fue el responsable del delito, Bernan destacó que “al momento de ser detenido, Suárez llevaba puesta una gorra y bufanda (esta última con rastros de sangre humana) de idénticas características a aquellas que vestía la persona que surge de las imágenes fílmicas”. A ese indicio, se sumó el hecho de que el el acusado presentaba “lesiones en sus manos, hombros, pecho y espalda, compatibles con la pelea descripta” por el testigo presencial que había ayudado a identificar al victimario.

En este marco, la jueza también recordó los antecedentes penales de Suárez, que ya contaba con seis condenas en un plazo de menos de diez años y había sido declarado reincidente en cinco oportunidades.

La crimen del ingeniero Barbieri ocurrió el pasado 30 de agosto, a las 22.45 horas, cuando, luego de visitar a un amigo, se dirigió al Parque Tres de Febrero para ver la luna llena. Allí, fue abordado por un delincuente que lo apuñaló con un cuchillo tipo “Tramontina” para robarle el teléfono celular que, hasta el momento, no fue hallado. Tras el ataque, la víctima logró llegar a un local de una heladería en la esquina de la Avenida del Libertador y la calle Lafinur, donde se desplomó. Pese a que fue trasladado al Hospital Fernández, los médicos no lograron salvarlo.

La secuencia fue reconstruida gracias a las grabaciones de al menos 15 cámaras de seguridad, que también permitieron determinar que, luego de cometer el homicidio, Suárez escapó en dirección al Barrio 31 de Retiro. Un testigo de dicha zona admitió que el ahora detenido se había jactado de haberle dado “un puntazo” a la víctima para concretar el asalto.

ACM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de habeas corpus de la defensa de los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell contra las prisiones preventivas dictadas en 2020. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, así, ratificaron lo actuado por la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense que, en julio de 2020, declaró inadmisible el pedido.

Hugo Tomei, abogado de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Ayrton Viollaz (24), Ciro Pertossi (23), Lucas Pertossi (24), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (22) y Luciano Pertossi (21), había declarado “arbitrarias” las prisiones preventivas. Sin embargo, tras el rechazo de la Corte Suprema, los ocho imputados permanecerán alojados en la Alcandía 3 de Melchor Romero.

El martes pasado los imputados fueron trasladados a la Sala II de Casación en La Plata para participar de una audiencia oral en el que las partes respaldaron sus recursos de apelación a la sentencia dictada en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. En esa oportunidad, Thomsen volvió a plantear que jamás planearon matar a Fernando, negando así la hipótesis de premeditación en el crimen.

Thomsen fue el único de los condenados que eligió hablar ante los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño. Entre sollozos, cuestionó la legalidad del proceso desde su inicio.

Tanto él como Comelli, Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a cadena perpetua por el crimen ocurrido en Villa Gesell, mientras que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Con información de agencias.

Las defensas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de ser coautores del femicidio de Cecilia Strzyzowski junto a su hijo César Sena, se opusieron hoy a las prisiones preventivas de ambos. Según argumentaron los magistrados, no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en el crimen. El juez de Garantías de Resistencia, Chaco, deberá resolver este viernes si acepta el pedido.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) y los letrados Juan Arregin y Gustavo Briend, que representan a Gloria Romero, madre de Cecilia, rechazaron la posición defensista y, durante la audiencia de casi tres horas, argumentaron por qué deben continuar presos. Mientras exponían, un grupo de manifestantes se movilizó en apoyo a Emerenciano con banderas que pedían su libertad.

Ayer, durante otra audiencia oral, Sandoval rechazó los planteos defensistas de nulidad de las declaraciones testimoniales de Marcela Acuña y César Sena, precio a quedar imputados en la causa por el homicidio de la joven de 28 años. Osuna cuestionó que se tomen como pruebas las declaraciones que realizaron en calidad de testigos, cuando sus dichos eran bajo juramento de decir la verdad, lo cual se diferencia de una declaración indagatoria, que es considerado un acto de defensa. Briend celebró la decisión de la justicia.

En tanto, César Sena, ex pareja de la víctima, fue trasladado este jueves a la sede del Poder Judicial, donde el EFE le dio a conocer las pruebas incorporadas al expediente. En este marco, el principal imputado por el presunto femicidio se negó a declarar.

El próximo 9, 10 y 11 de agosto, los abogados de César Sena y los otros cuatro detenidos por encubrimiento agravado ─Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso─ expondrán ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

Hasta entonces, continuará avanzando la investigación del presunto femicidio y el análisis de las pruebas halladas. El pasado martes, expertos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) determinaron que los restos óseos encontrados durante el segundo rastrillaje del Río Tragadero no son humanos. A esto se suma que, la semana pasada, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no lograron extraer ADN de los restos óseos del primer rastrillaje, en el cual también se localizó un dijo en forma de cruz de Cecilia en “estado de carbonización a calcinados”.

Todavía se esperan los resultados que determinarán si la sangre encontrada en la caja de la camioneta de César Sena era de la joven desaparecida. Resta, además, analizar los resultados de los celulares de los involucrados y el reconocimiento de la billetera y la SUBE de Cecilia.

Con información de agencias.

Los investigadores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida, hallaron hoy restos óseos carbonizados durante un nuevo rastrillaje en el lecho del Río Tragadero que limita con la chanchería de la familia Sena. Ahora, deberán determinar si corresponden a un ser humano.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) se trasladó esta mañana al lugar por pedido de la querella para que se amplíe la búsqueda que se había hecho durante el primer rastrillaje luego de que el lugar fuera señalado por Gustavo Obregón, uno de los detenidos en el caso imputado por “encubrimiento agravado”. En esta segunda oportunidad, los peritos encontraron nuevos restos óseos carbonizados y fragmentados, que ahora serán analizados por antropólogos en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF).

El pasado 20 de junio, en ese mismo cauce de agua se habían hallado huesos de una persona adulta y un dije con forma de cruz que Gloria Romero, madre de la víctima, reconoció como propiedad de su hija.

Entre tanto, el EFE deberá definir si le concede el arresto domiciliario a Emerenciano Sena, padre del principal imputado y uno de los siete detenidos por el presunto femicidio, dado que el acusado indicó que padece diabetes y un problema intestinal. Esta tarde, una junta médica analizó el estado de salud del dirigente social y solicitó que el imputado sea sometido a estudios complementarios antes de elaborar el informe final que deberán utilizar los fiscales para tomar una decisión. “Hay que hacer estudios de laboratorio y otros exámenes para poder corroborar el estado general del cuerpo”, informaron.

En este marco, el próximo miércoles y jueves, el abogado Ricardo Osuna deberá presentarse a la audiencia de oposición a las prisiones preventivas de Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Se trata de un pedido que habían iniciado los letrados Juan Carlos Saife y Sebastián Vallejos, quienes renunciaron a la defensa de los dirigentes sociales por cuestiones “estrictamente personales” y han sido reemplazados por Osuna, quien ya asistía a César Sena.

Con información de agencias.

La defensa de César Sena, el joven de 19 años acusado de femicidio de su esposa Cecilia Strzyzowski, apeló hoy la prisión preventiva que los fiscales le impusieron junto a sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Los otros cuatro imputados como “encubridores” del hecho procedieron de la misma manera.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia deberá fijar, para después de la feria judicial, la fecha para una audiencia oral en la que el letrado que representa a Sena, Ricardo Osuna, deberá exponer los motivos detrás de la apelación al fallo. Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez han decidido procesar con prisión preventiva a la ex pareja de Cecilia por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Al igual que Osuna, los abogados defensores de Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo también apelaron las prisiones preventivas por el delito de “encubrimiento agravado”. Los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona deberán fijar una audiencia para que cada una de las partes argumenten el porqué del pedido.

Ya el pasado viernes, los abogados Juan Carlos Seife y Sebastián Vallejos se opusieron a las prisiones preventivas de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, considerados coautores del femicidio de Cecilia. El juez Héctor Sandoval es quien está a cargo de convocar la audiencia para resolver este pedido.

La joven de 28 años fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del pasado 2 de junio y cuando una cámara registró su ingreso a la casa de los dirigentes sociales en la calle Santa María de Oro 1460 en Resistencia. Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y 13.01 por estrangulamiento en dicho domicilio. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado por Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta hasta la chanchería de los imputados, donde fue quemada. Sus restos fueron esparcidos por distintos sectores, entre ellos el Río Tragadero que bordea el campo de la familia Sena.

Con información de agencias

Raúl Villalba, fiscal de la causa penal por la que se encuentra detenido L-Gante, pidió hoy prisión preventiva para el artista acusado por delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos víctimas. Argumentó que existe riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación si Elián Ángel Valenzuela recupera su libertad.

“Debe contemplarse no sólo la conducta de Valenzuela y su no respeto a la autoridad puesto de manifiesto con su accionar en los hechos traídos a estudio, sino que además debe tenerse presente que se domicilia en el mismo barrio que las víctimas de autos, ello a escasos metros de distancia”, aseguró en relación a las denuncias que realizó Darío Gastón Torres el miércoles pasado por un supuesto acto intimidatorio en el que prendieron fuego el vehículo de su esposa. Se trata de un Fiat Uno negro de patente FNU220 que se incendió en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez frente a la casa de la víctima.

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez presentó el pedido de prisión preventiva ante el juez de Garantías 2, Gabriel Castro, quien la semana pasada otorgó la excarcelación extraordinaria del cantante de cumbia 420, la cual quedó en suspenso a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

Villalba también afirmó que L-Gante “sabe que su versión exculpatoria adolece de argumentos y no puede acreditarse verosimilitud en el relato por parte de quien podría ser su único testigo para hacer sucumbir la acusación, puesto que este tal posible ”pseudo“ testigo en realidad resulta ser coautor del hecho que se ventila en esta investigación”. En este marco, además, apeló la decisión del juez Castro de no dar lugar al pedido de detención del presunto testigo que sería cómplice de los hechos investigados.

La denuncia que llevó a la detención de Valenzuela se realizó el pasado 27 de mayo luego de que a la salida del boliche “Río” de General Rodríguez, Torres comenzara a recibir amenazas por parte del músico y su grupo de amigos “La Mafilia”. Luego, tanto la víctima como su familia fueron agredidos físicamente por el grupo y el primero fue obligado a subirse al auto del cantante de la cumbia 420, en el que permaneció cautivo 23 minutos.

Con información de agencias

El Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo de la investigación del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski dictó hoy la prisión preventiva para los siete detenidos. César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son los más complicados en el hecho.

“Acompañamos el dolor y tenemos la misma indignación, lo que motoriza en traer y llevar justicia. Lo vamos a hacer en esta etapa penal preparatoria y también en el juicio por jurados”, expresó Hugo Miguel Fonteina, Procurador General Adjunto, en relación a los sucesivos reclamos de justicia de las últimas semanas.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez imputaron a César Sena, ex pareja de la víctima, por “homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio)”. En tanto, los dos dirigentes sociales fueron imputados por “homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”.

“Está acreditada la participación y responsabilidad de los tres Sena. Entendemos que son coautores, esperamos que compartan nuestra interpretación desde la fiscalía”, habrían señalado los abogados de la familia de Cecilia, Fabián Améndola y Gustavo Briend. Los letrados consideran que el femicidio ocurrió entre las 12 y 1, momento en el que solamente estaban los tres principales imputados en el domicilio.

Los otros cuatro detenidos Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, a su vez, fueron imputados por “encubrimiento agravado”, un delito que tiene una pena de entre uno y seis años.

Con información de agencias.

La justicia del estado mexicano de Oaxaca dictó la prisión preventiva para Cruz Irving Martínez Flores (21) luego de que atacase a machetazos a tres jóvenes argentinos que se encontraban vacacionando en las playas del país.

Benjamín Gamond (23), quien recibió dos heridas graves en la cabeza, falleció este lunes en el Hospital General de Ciudad de México. La Fiscalía, en consecuencia, solicitó al juez interviniente que reclasificara el “delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado”. El magistrado, además, fijó la audiencia de vinculación a proceso para mañana, miércoles 17 de mayo.

Esta mañana, Facundo Gamond, hermano de la víctima, compartió un video vía redes sociales en el que capturó el momento en el que el cuerpo de Benjamín era trasladado por un pasillo del centro de salud entre aplausos de médicos, enfermeros, familiares y amigos. “Te despedimos como te mereces; así te despedimos, hermanito del alma, como un héroe”, escribió.

Su familia decidió donar sus órganos, por lo que la Embajada argentina en México comenzó este martes las gestiones para concretar la solicitud. Cancillería, por su parte, especificó que su oficina diplomática en el país en el que ocurrió el ataque continúa asistiendo también a Macarena Elia González y Santiago Lastra, los otros dos jóvenes agredidos. Ellos sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas por las que ya recibieron atención médica.

El incidente ocurrió la tarde del pasado viernes en las Lagunas de Chacahua del municipio de Villa Tutupepec. Esta era la segunda vez que Gamond viajaba a México, según explicaron sus familiares.

ACM con información de Télam

La Justicia de San Nicolás dictó hoy la prisión preventiva para dos dirigentes de camioneros acusados de varios hechos de presunta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola, dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros, quienes están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora de San Pedro durante enero y febrero de 2021 con el objetivo de presionar para que la empresa acepte los reclamos laborales.

Entre esas demandas figuraban necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores, levantamientos de sanciones a delegados de la empresa, además de presuntamente extorsionar a la firma con la exigencia de sumas de dinero.

El juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, que reemplaza a la magistrada María Eugenia Maiztegui, dictó la prisión preventiva para ambos por los delitos de coacción en grado de tentativa-dos hechos-; extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real.

Sin embargo, el magistrado dispuso una medida de atenuación al disponer la prisión domiciliaria bajo la modalidad de pulsera electrónica para ambos dirigentes, que deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.

“Se impone a los causantes la prohibición de contacto con los denunciantes, Sergio y Gustavo Rey, la firma Distribuidora Rey y los testigos de esta causa”, precisa el fallo.

El Sindicato de Camioneros destacó la decisión del juez de otorgarles a los imputados prisión domiciliaria, al advertir que “no existía ningún tipo de pruebas para justificar las acusaciones falsas por parte del empresario Rey”.

El gremio señaló en un comunicado que su secretario general, Hugo Moyano, describió esta causa como un “tema netamente político contra la organización gremial”.

“La Justicia entendió que no correspondía que ambos compañeros estén detenidos. Esto fue manejado por Mauricio Macri, el otro día respaldó a la jueza y salió a declarar cualquier disparate, como lo ha hecho siempre, haciéndole creer a la gente que los compañeros de San Nicolás habían cometido un delito”, expresó Moyano.

Por su parte, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, manifestó que “ojalá que a partir de ahora la Justicia empiece a investigar a aquellos que destruyeron nuestro país; nosotros vamos a seguir reclamando, parando y movilizando por los derechos de los trabajadores camioneros”, aseguró.

Los hechos que se les imputan a los dirigentes de San Nicolás comenzaron en enero de 2021, cuando ambos dirigentes, junto a otras personas, bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, ubicada en la calle Bonorino 175 de San Pedro, “de forma intimidatoria, violenta y amenazante”, utilizando esta actividad como forma de presión, para lograr que se acepten los reclamos laborales de afiliados al sindicato.

Esta modalidad se repitió en febrero, y finalmente en abril de ese año se habría suscripto un convenio de pago entre los camioneros y la firma por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.

En el expediente constan además grabaciones donde los camioneros pedirían dinero a Rey para cesar los piquetes en la planta y testimonios de algunos empleados de la distribuidora.

Paralelamente, el juez Roman Parodi ordenó se investigue la existencia de un legajo reservado en el que aparecieron grabaciones de diálogos entre uno de los imputados y su abogado.

DA