El revuelo arrancó con una frase al pasar, pero con impacto directo en millones de trabajadores. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en una entrevista que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “aplica a cualquier relación laboral”, y no solo a las futuras contrataciones. De inmediato, la CGT respondió con dureza: acusó al Ejecutivo de querer avanzar con retroactividad y lo denunció como un intento de “quitar derechos individuales y colectivos”.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, fue el primero en salir al cruce. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era solo para nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, declaró a Radio Mitre. Para la CGT, las palabras del ministro no fueron una confusión, sino la confirmación de una intención encubierta del oficialismo: afectar derechos vigentes sin discusión previa.

Frente a la reacción gremial, el Gobierno intentó apagar el incendio. En declaraciones en off a TN, una fuente oficial desmintió al propio Sturzenegger: “Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”. La aclaración buscó frenar un frente gremial cada vez más amplio, que ya incluyó el llamado a una movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, sin paro general, pero con respaldo de la CTA, ATE y la UOM.

La tensión se enmarca en el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el oficialismo. Según explicó Sturzenegger, se propone modificar 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminar otros 9. Entre los cambios se destacan la posibilidad de fraccionar vacaciones por acuerdo, un nuevo esquema de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado parcialmente por el Estado. Todo bajo la premisa —repetida por el funcionario— de “dar más libertad a las partes”.

Desde el sindicalismo, sin embargo, advierten que la falta de consenso y el sesgo regresivo del proyecto son innegociables. Jerónimo sostuvo que la reforma “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras” y acusó al Gobierno de negarse al diálogo: “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y representante de la CGT en el Consejo de Mayo —un espacio impulsado por el Gobierno para debatir reformas estructurales— fue más diplomático. “Sturzenegger es muy inteligente”, dijo, pero marcó un límite: “Aquí estamos tocando intereses. No son cuestiones caprichosas”. El propio Martínez se retiró de la mesa de negociación al considerar que se estaban planteando propuestas “ilógicas” que desconocen la realidad laboral argentina.

Con la aclaración oficial de que la reforma no será retroactiva, el Gobierno intenta contener el conflicto. Pero el malestar ya está instalado. Para los gremios, las declaraciones de Sturzenegger no fueron un error, sino un adelanto de la verdadera orientación del proyecto. Y la tensión se mantiene latente en cada artículo que modifica la legislación laboral.

El 18 de diciembre será una prueba de fuerza. Allí se verá si la CGT logra convocar una movilización masiva que frene el avance de la reforma. Pero sobre todo, se jugará un capítulo más del pulso entre el oficialismo y el movimiento obrero organizado, en una disputa central para el futuro de quienes viven de su trabajo.

JJD

En una convocatoria de urgencia y con clima de creciente tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este miércoles a su Consejo Directivo para fijar una postura frente al proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso. La central obrera se prepara para expresar un rechazo unificado a una iniciativa que considera “regresiva en términos de derechos laborales” y que no fue consensuada con los sectores sindicales.

“No estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, advirtió días atrás Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, al cuestionar la falta de diálogo por parte del Ejecutivo. El oficialismo impulsa un proyecto que redefine paritarias, elimina la Ley de Teletrabajo, restringe huelgas y precariza a repartidores, entre otros puntos clave.

La reunión tuvo lugar a las 12 del mediodía en la histórica sede de Azopardo 802, encabezada por los secretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y el propio Jerónimo, con un temario que incluyó el análisis del contexto laboral y económico, la evaluación del paquete de leyes que enviará el Ejecutivo y otros asuntos internos de funcionamiento .

La convocatoria se dio en un momento de alta conflictividad y como respuesta al desplazamiento de los sectores sindicales del debate legislativo. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, se ausentó esta semana de la reunión del Consejo de Mayo, donde el Gobierno presentó su paquete de reformas. Si bien desde Casa Rosada dijeron que regresaba de un viaje, el gesto fue leído como una señal de disconformidad interna dentro de la central.

El contenido preliminar del proyecto anticipado por el Gobierno incluye:

El Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, justificó el plan afirmando que busca “más libertad y prosperidad”, con el objetivo de “reducir la carga fiscal laboral y aumentar la competitividad empresarial”. Sin embargo, para millones de trabajadores, la iniciativa representa una pérdida de derechos históricos y un avance hacia la precarización, especialmente en sectores con baja cobertura gremial.

Mientras el Senado se prepara para abrir el debate en comisión, la CGT discute posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustanciales. También se prevé que la CTA y ATE se sumen al rechazo con jornadas de protesta. En simultáneo, el Gobierno intenta consolidar apoyos legislativos, con fuerte protagonismo del ala dura representada por Federico Sturzenegger, impulsor del paquete.

La reunión de la CGT, además de establecer una posición formal, busca contener las diferencias internas y reforzar la unidad gremial frente a un escenario adverso. Aunque sin fecha definida, no se descarta que la central convoque a una movilización nacional si el proyecto es tratado sin modificaciones sustanciales.

JJD

Sin presencia de la CGT, el Consejo de Mayo se reúne este mediodía para cerrar la reforma laboral que el Gobierno busca enviar hoy mismo al Senado. No será una sesión más: es el último encuentro del año, el que condensa semanas de tensiones internas, negociaciones paralelas y un operativo político acelerado por la Casa Rosada para exhibir músculo en la víspera del segundo aniversario de la gestión de Javier Milei. Desde las 13.30, en el Salón de los Escudos, se vuelven a sentar el conjunto de sus integrantes, pero con la ausencia de Gerardo Martínez. Ninguno de ellos ignora que la letra final ya está escrita fuera de la mesa.

Las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre funcionan como cuenta regresiva. Milei quiere abrir este miércoles la discusión legislativa sobre la reforma laboral en la Cámara alta, donde espera conseguir media sanción antes del cierre del año. El proyecto ingresaría hoy por el Senado y se convertirá en la piedra angular del paquete que el Gobierno intentará aprobar durante el verano: cambios en el Código Penal, Presupuesto 2026, modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal. En paralelo, dos puntos del Pacto de Mayo, como son la rediscusión de la coparticipación y la reforma previsional, quedaron en suspenso: no están las condiciones jurídicas ni políticas para empujarlos ahora.

En este esquema, la ingeniería política del oficialismo terminará de mostrarse esta tarde, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece la conferencia en Casa Rosada para oficializar el envío del proyecto y presentar el informe final del Consejo. Será el momento en que el Gobierno busque transformar en potencia comunicacional lo que, en la práctica, fue un proceso desbordado por tratativas solapadas.

El Consejo llega a esta instancia con un desgaste evidente. Desde la salida de Guillermo Francos, la conducción quedó concentrada en Adorni, pero la mesa funciona más como escenografía que como usina real de acuerdos. Lo dijo sin eufemismos la senadora Carolina Losada hace dos semanas, antes de entrar a la última reunión: “A todos nos molestó que se filtren cosas porque perjudica nuestro trabajo. Cuando se empiezan a filtrar cosas que no están acordadas, es falso”.

No es una percepción aislada. El órgano opera sin estatuto, sin actas públicas y sin procedimientos formales. Todos sus miembros fueron designados por la Rosada y buena parte de las negociaciones decisivas se trasladan a oficinas donde confluyen Adorni, Karina Milei y el equipo económico.

Cumbre Caputo-Martínez

En este clima, la figura de Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, se volvió central. Aunque fue el Gobierno quien lo ubicó como representante sindical dentro del Consejo, hace semanas se transformó en el principal contrapunto interno del oficialismo. En el anteúltimo encuentro llevó una crítica frontal al modelo económico libertario. “La fábrica de ollas Essen ahora va a traer casi el 80% de sus productos desde China. Ese es el modelo real”, apuntó en la previa.

La frase retumbó dentro de Balcarce 50. Pero el punto de inflexión llegó después: terminado aquel encuentro del Consejo, Martínez fue convocado al despacho de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro. Ese cónclave marcó el inicio de una negociación paralela entre el asesor presidencial y el jefe de los albañiles. Caputo buscó reencauzar la relación en un contexto donde el borrador de la reforma laboral ya estaba escrito.

A la salida, Martínez admitió el “buen vínculo” con Caputo, aunque fue tajante. “La propuesta del Gobierno está en las antípodas de lo que busca la CGT. Y ninguno de los integrantes del Consejo sabe a ciencia cierta cuál será el texto final”, señaló.

En Azopardo las alarmas estaban encendidas desde el inicio. El Gobierno planea modificar las leyes 14.250 y 23.551, limitar asambleas en horario laboral, eliminar la ultraactividad, reordenar jerarquías en los convenios y, sobre todo, cortar los aportes solidarios que financian la estructura gremial. Un golpe económico y político directo.

La promesa compensatoria del oficialismo consiste en garantizar a la UOCRA el manejo del Fondo de Cese Laboral y apostar a que la bancarización masiva aumentará la cantidad de afiliados. En la CGT lo llaman, con ironía, “la teoría del derrame sindical”. Otra pieza de la negociación es la reducción de la cartera de prestaciones de las obras sociales, un alivio presupuestario que el Gobierno está dispuesto a conceder a cambio de que la central obrera no lidere un frente homogéneo contra la reforma.

Pese a los choques, en el Gobierno insisten en que llegarán a un entendimiento. Según pudo saber elDiarioAR, en el cónclave Caputo-Martínez se habló incluso de un “acuerdo” tácito para que la CGT eleve el tono sin bloquear la presentación del texto, mientras después podrá mostrar que logró suavizar algunos artículos. Desde Azopardo, en tanto, admiten que el Gobierno presentará un proyecto “ultra libertario” que luego será desmembrado durante la negociación legislativa, permitiendo que ambas partes construyan su propio relato de resistencia y triunfo.

El encuentro de este mediodía es, en los hechos, un trámite necesario para sostener la arquitectura política del proyecto. La definición ya no pasa por el Consejo sino por la decisión que Milei ejecutará en cuestión de horas: enviar el texto al Senado, abrir este miércoles el debate en extraordinarias y forzar una primera votación antes de fin de año. El reloj corre hacia el mismo punto: hoy la iniciativa saldrá de la Casa Rosada y quedará en manos del Congreso.

PL/MC

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD

El Gobierno acelerará este mes la presentación de las conclusiones del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado para enmarcar las reformas estructurales que Javier Milei quiere enviar al Congreso antes de fin de año. El documento final, previsto para el 15 de diciembre, incluirá el capítulo laboral, el más sensible del paquete. Pero, detrás del formato de “mesa ampliada”, quienes participan admiten que el Consejo funciona como una instancia política del Ejecutivo y que las definiciones clave se redactan por fuera del Salón de los Escudos. “Después de la presentación final vienen los proyectos, aunque no veo viable que se trate tan de inmediato”, anticipó a este medio una fuente parlamentaria involucrada en el proceso.

La foto multisectorial no altera el diseño original: todos sus integrantes fueron designados por la Casa Rosada y el órgano no tiene estatuto, ni actas públicas, ni procedimientos claros. Federico Sturzenegger participa en nombre del área de Desregulación y Transformación del Estado; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo representa a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada y el presidente de Diputados, Martín Menem, lo hacen por el Congreso; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, completa la pata empresaria.

La CGT tiene una presencia singular: su único delegado, Gerardo Martínez (UOCRA), fue elegido por el propio oficialismo y no por la central obrera, que recién después de la convocatoria avaló su participación. Esos seis nombres constituyen, en los hechos, una mesa donde el Gobierno define la agenda y el resto acompaña con márgenes acotados.

Es que, pese a que La Libertad Avanza insiste en presentarlo como un espacio de “consensos”, la dinámica interna tiene otro sello: todas las reuniones se realizan bajo estricta confidencialidad, sin constancia pública de lo debatido. Ese hermetismo refuerza la percepción, incluso entre algunos de sus participantes, de que el Consejo funciona más como una herramienta de prelegitimación que como una mesa real de negociación.

Reforma laboral

La salida de Guillermo Francos del Gobierno profundizó ese esquema. El exjefe de Gabinete —coordinador formal del Consejo y articulador natural con gobernadores y sectores productivos— dejó vacante un rol que ahora pasó a ocupar Diego Santilli, pero bajo otras condiciones: el ministro del Interior opera bajo la tutela directa de Manuel Adorni, convertido en jefe de Gabinete y en el nuevo nodo de poder interno tras la consolidación de Karina Milei. El tándem Adorni–Santilli busca reemplazar la lógica personalista que construyó Francos por una conducción más vertical y alineada al corazón del mileísmo.

Ese recambio político ya tuvo su primera postal. En pleno debate sobre la reforma laboral, Santilli protagonizó este jueves un cruce fugaz con la nueva conducción de la CGT —conformada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, durante el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). No fue una reunión formal, pero sí un gesto: el exdiputado inició un vínculo que deberá sostener en un terreno en el que la central obrera plantea sus dudas. En Casa Rosada lo leyeron como un anticipo: Santilli ya empezó a ocupar el espacio que Francos dejó vacío.

Sin embargo, lo cierto es que el Consejo de Mayo no volvió a reunirse desde la salida del exjefe de Gabinete y la reforma laboral avanza por carriles propios en los despachos de Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Según trascendió, el borrador incluye cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, un fondo de cese para reemplazar indemnizaciones, reducción de cargas patronales, recortes en las deducciones de Ganancias, un régimen de nuevo empleo y regulaciones para plataformas digitales. En versiones preliminares figura incluso la obligatoriedad de pedir autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo, un punto que la CGT considera “intolerable”.

La central obrera ya dejó claro que el Consejo no debería ser el ámbito donde se discute esa agenda. “No hubo consenso, no se discutió nada”, insistió Gerardo Martínez en una entrevista a comienzo de mes. La CGT inició contactos con gobernadores para frenar cualquier norma “antisindical” y advierte que usará “todas las herramientas” si el Gobierno avanza sin garantías. En paralelo, Martínez cuestiona el enfoque “teórico y caprichoso” de Sturzenegger y la falta de escucha del Consejo.

Rosca legislativa

La tensión sindical se combina con una jugada legislativa acelerada. Patricia Bullrich, futura jefa del bloque oficialista en el Senado, ya les confirmó a sus pares que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta y buscará media sanción entre el 10 y el 31 de diciembre, en un mes recortado por las fiestas y con Diputados discutiendo al mismo tiempo el Presupuesto 2026. Para eso, el Gobierno necesita una coordinación milimétrica: Santilli en la interlocución con mandatarios, Martín Menem ordenando la Cámara baja y Bullrich en la ingeniería del Senado, donde deberá conseguir al menos 17 votos extra.

Las provincias son el factor decisivo. Los gobernadores condicionan cualquier apoyo a la negociación de la “ley de leyes”, las transferencias retenidas y los fondos de obra pública paralizados. Por eso, el verdadero debate no se juega en el Consejo de Mayo sino en despachos provinciales y reuniones informales.

El desafío para Santilli será transformar esa estructura más vertical en resultados concretos. Sin Francos en la mesa, el Consejo de Mayo debe convertir la foto multisectorial en votos reales para un paquete que enfrenta resistencia en varios planos. Pero lo que ocurra afuera de esa instancia tendrá más peso que lo que suceda adentro. Y ahí aparece la funcionalidad real del órgano: no como un espacio de acuerdos, sino como la puesta en escena que acompaña una negociación que se define en otro lado.

PL/CRM

Con retóricas más o menos encendidas, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) prenuncian una temporada en el desierto a partir de 2024, para terminar con lo que suelen definir como malgasto, dilapidación o “fiesta”, que llevaría a la Argentina a “vivir por encima de sus posibilidades”.

A diferencia de otros tiempos, una parte de la dirigencia política interpreta que las proclamas de inspiración thatcherista, aquellas que enmarcan un Estado y sectores parasitarios que viven del esfuerzo de los individuos, no espantarán votos en 2023, sino que servirán para cosecharlos. La presunta competitividad de Javier Milei, cuyo sobrevuelo altera los nervios de JxC, alimenta esa línea.

El objetivo del déficit cero que el FMI planteó en 2018 —y Mauricio Macri casi consigue en un año y medio mediante hachazos presupuestarios y traumas sociales— quedó establecido como un norte para todos los postulantes la coalición de derecha. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Macri dejaron saber que el Gobierno que asuma en 2023 no tendrá tiempo para dilaciones ni gradualismos.

La revisión del acuerdo con el FMI por US$ 44.500 millones gestionada por Alberto Fernández estiró los plazos para alcanzar el equilibrio. El programa supone una reducción gradual del déficit primario a 2,5% del PBI este año, 1,9% en 2023 y 0,9% al año siguiente, para después iniciar —dice el papel— una senda de equilibrio y superávit. Esa es la receta que asumieron las diferentes facciones del Frente de Todos, más allá de declaraciones del cristinismo que, a fuerza de hechos, perdió su capacidad desconcertante. Así las cosas, el déficit cero, con otros tiempos y herramientas, gobierna también la mente del oficialismo y la variante opoficialista de La Cámpora.

Sin margen

Aunque quieran, los postulantes de JxC no tendrán margen para repetir el aumento del déficit fiscal financiado con endeudamiento descontrolado, secuencia gatillada entre 2016 y 2018. Los mercados internacionales se cerraron desde entonces y todo indica que la ventana demorará un tiempo en volver a abrirse: una montaña de vencimientos espera a los próximos dos períodos presidenciales.

Otra coincidencia en JxC es que el déficit no será reducido mediante el aumento de impuestos, porque “no hay más espacio para eso”. Sus legisladores se oponen tanto a subir retenciones al agronegocio como a gravámenes especiales a sectores que multiplicaron su rentabilidad a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El diagnóstico en la alianza de derecha deriva en un recorte de gastos del que hay pocos detalles, más allá de amenazas rimbombantes pero poco efectivas (cerrar Aerolíneas Argentinas de un plumazo) o incompatibles con la paz social (eliminar planes sociales).

Una de las precisiones que deja saber el entorno de Rodríguez Larreta es que los regímenes previsionales de excepción, que benefician a unos 3,7 millones de los 9,5 millones de jubilados, son caros, inequitativos e insostenibles.

El universo de jubilaciones de excepción abarca realidades diversas. “Se compone de dos tipos: los regímenes diferenciales, cuyo beneficio es igual al general, pero cuentan con requisitos de edad y servicios menores para tareas consideradas insalubres o que generan envejecimiento prematuro, como mineros, recolectores de residuos, ferroviarios o bailarines del Colón (son 38 profesiones en total), y los especiales, que permiten obtener jubilaciones en mejores condiciones en requisitos y/o montos”, indicó a este medio Manuel Mera, director de Protección Social del Centro para la Implementación de Políticas Públicas y la Equidad Ciudadana (CIPPEC).

El régimen general establece que un trabajador se puede jubilar a los 65 años (hombres) o 60 (mujeres), al cabo de 30 años de aportes. Entre los exceptuados de esta regla y/o con acceso a un haber jubilatorio más alto que el promedio —porque sus condiciones de jubilación establecen un porcentaje sobre el sueldo activo de entre 70% y 82%— se encuentran docentes de primario y secundario, universitarios, investigadores del Conicet, Luz y Fuerza, agentes de seguridad, militares y empleados municipales y provinciales de algunos distritos. En la mayoría de los casos, como parten de salarios no tan altos o incluso bajos, sus jubilaciones alcanzan para un retiro sin zozobras, pero tampoco lujos.

Señorías

Dos profesiones se destacan en el sentido contrario: diplomáticos y judiciales. El piso jubilatorio del 82% se aplica sobre salarios promedio muy altos. De esta manera, jueces, embajadores y sus subalternos extienden a su vida pasiva los privilegios remunerativos y de condiciones generales (vacaciones, traslados, horarios, impuestos, obra social) que gozaron durante décadas de su trayectoria laboral.  

Este grupo, el de los “especiales” con piso de jubilación más alto, hace un aporte extra sobre el sueldo durante su vida laboral que va desde el 2% (Luz y Fuerza, docentes, Conicet) al 7% (embajadores, jueces). “Los mayores aportes no alcanzan para pagar esas jubilaciones, de ninguna manera son sostenibles esos regímenes”, aclaran en CIPPEC.

En suma, la ONG identificó más de 205 esquemas de excepción que alcanzan a 3,7 millones de retirados, cuya jubilación es 85% superior al promedio del régimen general. Con números a junio de 2022, ANSES reportó el pago de 8,7 millones de beneficios previsionales, incluyendo 1,7 millón de pensiones no contributivas (invalidez, víctimas del terrorismo de Estado, veteranos de Malvinas). A ello se suman unos 600.000 jubilados que pagan estados provinciales y cajas autónomas de Fuerzas Armadas.

Este año, Rafael Rofman se sumó a los equipos de Larreta 2023. En marzo de 2021, el economista publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso "limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.

En la cuenta de CIPPEC, que viene batallando hace años por la reducción o eliminación de los regímenes de excepción, el costo global de los regímenes excepcionales es de siete puntos del PBI.

La voz de esta organización no es marginal para Juntos por el Cambio, no sólo porque sus anteriores cuatro directores ejecutivos se incorporaron a esa alianza, incluida Julia Pomares, jefa de asesores de Larreta. Este año, Rafael Rofman, predecesor del citado Mera, se sumó a los equipos técnicos del postulante del PRO. En marzo de 2021, este economista y demógrafo publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso encarar “cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.  

Consenso

Si se eliminaran las jubilaciones excepcionales y todos los mayores de 65 años recibieran el haber medio del régimen general, el Estado podría ahorrar cuatro puntos del producto, lo que equivaldría a eliminar el déficit y pasar a superávit, evaluó Mera, docente en las universidades de San Martín y Di Tella.

El excel de CIPPEC atrae a Larreta, aunque es consciente de las obvias resistencias sociales y sindicales que dispararía una reforma de ese tipo.

Una fuente clave del proyecto presidencial de Larreta menciona a una reducción de los regímenes de excepción como un pilar del orden de las cuentas públicas, pero descree de una decisión unilateral que equivaldría a patear el tablero. Sostiene que el próximo Gobierno podrá sumar masa crítica con gobernadores, empresarios y algunos sindicatos. El caramelo de aumentar jubilaciones mínimas —47% del total de los jubilados, según ANSES—, como estipula el cálculo de CIPPEC, entrará a jugar. Entre los sindicalistas aliados se encontrarían los de los gremios más numerosos, Comercio, Construcción y UPCN (estatales nacionales), que miran los regímenes de excepción desde afuera. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y el de UPCN, Andrés Rodríguez, ocupan una silla en el directorio de CIPPEC.

Otra fuente no larretista de JxC baja el tono y advierte el veto previsible de parte de jueces prestos a poner el sello de “inconstitucionalidad” a una iniciativa que los perjudique. La voz agrega elucubraciones sobre los riesgos de ponerse en contra al estamento judicial.

Disenso

Los antecedentes del jefe de Gobierno permiten avizorar que está dispuesto a dar ciertas batallas con, por ejemplo, los docentes primarios y secundarios, cuyas jubilaciones representan el 50% dentro de los regímenes de excepción que paga ANSES. El gremio no sólo fue blanco habitual de agravios (“personas grandes”, “fracasados”, “sectores socioeconómicos bajos”, “militantes”, “adoctrinadores”) de la ministra de Educación y precandidata a gobernar CABA, Soledad Acuña, sino que también fue penalizado salarialmente por las administraciones del PRO. Los sueldos de los maestros porteños marchan marcadamente por detrás de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Patagonia y varias del Norte, según un informe del Ministerio de Educación de marzo pasado.

Aun si Larreta se arriesga a dar batalla a trabajadores supuestamente no afines, como docentes, científicos, ferroviarios y estatales de provincias, se enfrentaría a una ecuación difícil de resolver. Diplomáticos, policías, militares y jueces son, en principio, más próximos a la coalición de derecha. En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general, según números de CIPPEC.

Mera argumenta que hay que “reordenar” el sistema y apuntar a un pago jubilatorio con un componente universal y otro en función de los aportes realizados, sin desconocer que ciertas profesiones justifican un trato privilegiado por cuestiones de salubridad. El responsable de CIPPEC suma su crítica a las moratorias, que se aceleraron hace veinte años, cuando Sergio Massa se hizo cargo de ANSES. En un país con más de un tercio de su fuerza laboral en negro y tormentas económicas periódicas, el registro de 30 años de aportes se torna sisifiano para muchos trabajadores. Para Mera, las moratorias son un método “irregular” de resolver un problema.

En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general

Al respecto, Larreta se inclina por garantizar una prestación para el adulto mayor similar a la ofrecida durante el Gobierno de Macri (PUAM), con un estipendio menor a la jubilación.

En el lado del peronismo, no abundan voces que aborden una reforma del sistema previsional, renglón que representa 45% del presupuesto anual del Estado nacional. En general, iniciativas como la de CIPPEC o el retorno a la jubilación privada, como viene deslizando Macri, disparan reacciones inmediatas ante lo que en el peronismo y la izquierda perciben como amenazas a derechos de los trabajadores.

Una excepción satelital en ese campo sería Emmanuel Álvarez Agis. Este economista, cada vez más crítico del oficialismo, habló de un régimen de jubilación universal con haberes similares para todos los retirados, más allá de cuál haya sido su aporte.

El ex viceministro de Axel Kicillof acaba de incorporarse a CIPPEC como integrante del Consejo de Administración, en compañía de los citados Martínez y Rodríguez, además de Gastón Remy (ex Vista), Sergio Kaufman (Accenture), Alberto Abad (ex AFIP) y el abogado Alejandro Carrió, entre otros. 

SL

Primero fue el turno de Héctor Daer. Luego llegó el momento de abrir el juego a otros referentes. Tras recibir, 24 horas después de su charla con el economista Carlos Melconián, al dirigente de Sanidad que es, además, uno de los triunviros de la CGT, Cristina Kirchner abrió su agenda y extendió el diálogo directo a otros integrantes de la “mesa chica” cegetista.

El contacto entre la vicepresidente y referentes de la CGT se produjo en una semana particular: el martes, la “mesa chica” de la central se reunió en UPCN y analizó, con preocupación, el momento político y económico del oficialismo. Hubo alertas sobre el efecto de la interna del Frente de Todos (FdT), y la necesidad de dar señales de respaldo al Gobierno como frente político, no a un sector.

Ocurre, además, antes de la reunión de la “mesa ampliada” convocada para la tarde del jueves donde se terminará de definir una agenda de movilizaciones, en el marco de una situación crítica en materia económica y mientras aparecen, sobre la mesa, varias cuestiones de debate: desde el Salario Básico Universal (SBU), que propuso discutir Cristina, al planteo de un bono para los trabajadores formales, además de discusiones en torno a la reapertura de las paritarias. Sobre los dos aspectos, la CGT tiene postura tomada: no es partidaria del SBU y prefiere, como ya ocurrió durante negociaciones con la UIA y con el saliente ministro Martín Guzmán, priorizar las paritarias en vez de subas fijas.

En CGT, uno de los sectores sobre los que se recostó Alberto Fernández -en parte, porque tenía una tensión histórica con Cristina-, hay malestar con la Casa Rosada, a partir de los frentes críticos como la inflación, pero a su vez emiten señales de que hay que abroquelarse en torno a los dos Fernández, el Presidente y la vice, para darle músculo a un Gobierno que atraviesa un momento especialmente crítico por la presión devaluatoria.

El diálogo de la vicepresidente con parte de la CGT involucró, según supo elDiarioAr, a Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingeri (OSBA) y Gerardo Martínez de UOCRA. Este último, que es representate cegetista en la OIT, viajó hace semanas al plenario anual de esa entidad, y compartió comitiva con Daniel Funes de Rioja, delegado de UIA, y la senadora Juliana Di Tulio, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana.

En el mundo sindical dicen que Martínez, a través de Di Tulio, funcionó como enlace para producir el contacto con la vicepresidenta y la CGT. Asimismo, se indica que fue el secretario general de la UOCRA el que gestionó el diálogo con Cristina que se coronó con un encuentro de la vice con los tres dirigentes este miércole en total hermetismo.

26 de julio

Este jueves, la “mesa ampliada” de CGT reprogramará la movilización que tenia planeada para el 26 de julio, la fecha de la histórica Marcha de las Antorchas, por la muerte de Eva Perón. En los últimos años, en más de una ocasión, sectores de CGT coincidieron con el Movimiento Evita en una caravana desde Desarrollo Social a la sede de la calle Azopardo.

Pero no será el caso. Para evitar que esa movilización se “mezcle” con la que distintas organizaciones sociales, entre ellas la UTEP de Juan Grabois y el Bloque Piquetero de Eduardo Belliboni, para reclamar que el Gobierno impulse el Salario Básico Universal y que tiene como fecha tentativa el 20 de julio. Esa convocatoria se traduce como las críticas de Grabois a la ministra de Economía, Silvina Batakis, por haber planteado que no era el momento para tomar esa medida. Este miércoles, Alberto Fernández recibió a un grupo de dirigentes sociales en Casa Rosada para escuchar los planteos sobre “persecución” a movimientos sociales.

Falta definir, en paralelo, la marcha de la CGT que se convocaría para el mes de agosto, posiblemente el día 7, porque coincide con San Cayetano, el patrono del Trabajo. Algo anticipó Pablo Moyano, otro de los triunviros de CGT -junto a Daer y a Carlos Acuña- que lo juntó a sus críticas a Batakis por hablarle al FMI en vez de hablarle “al pueblo”. No es, sin embargo, el objetivo de la mesa chica de la CGT que quiere hacer una movilización “fuerte”, que involucre a todos los sectores del peronismo y el FdT, como una señal de apoyo al Gobierno.

Moyano, incluso, había avanzado con sectores de la UTEP, en particular Esteban “Gringo” Castro, para hacer una movilización contra los formadores de precios, en una señal de respaldo al gobierno en la lucha contra la inflación. Por lo pronto, la movilización de CGT sería más política: tendría como punto de partida Plaza de Mayo mientras que el punto de llegada sería el Congreso de la Nación.

Ahí hay un detalle recurrente: los dirigentes sindicales quieren surfear la interna entre los Fernández y pedir mensajes de unidad para evitar una crisis política que impacte en el frente económico. En ese plano, la movilización de CGT tendría como objetivo respaldar al Gobierno nacional y en parte para consolidar esa idea, y quizá para que no se interprete que es un respaldo solo a Fernández, los dirigentes cegetistas retomaron el diálogo con la vicepresidente.

“Desde CGT vamos a tender puentes de diálogo entre todos los actores del FDT. Hay que bajar el tono de la interna, porque si no nos rompemos todos. Acá no se salva nadie”, dijo una fuente sindical que estaba al tanto del encuentro programado de la vice con Rodríguez, Martínez y Lingeri.

En su último discurso, en El Calafate, la vice hizo una referencia a los sindicalistas. En un tramo, pidió hablar con datos y sostuvo que “a lo que nos tenemos que acostumbrar los argentinos y las argentinas y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, sindicales -repitió- es a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene sino a números concretos”.

Hace quince días, Héctor Daer estuvo reunido a solas con la vice. Lo hizo en la semana previa a que se produzca un momento de tensión entre los Fernández, en torno a un acto por el fallecimiento de Juan Domingo Perón el 8 de julio. Cristina había planificado un acto en Ensenada para ese viernes pero cuando Alberto anunció otro para el mismo día, en CGT, lo reprogramó. Hubo, en medio, idas y vueltas sobre si el acto en la central obrera se haría porque lo habían acordado Fernández y Daer sin consultar al resto de la mesa cegetista.

PI

“Alberto, querido, la Uocra está contigo”. El cántico provino de entre la multitud de afiliados del sindicato de la construcción que copó el predio ubicado sobre Camino de Cintura, en el partido de Esteban Echeverría. Frente a unos 20 mil afiliados, conducidos por Gerardo Martínez, el Presidente posó para la foto con un casco de seguridad y aseguró que la prioridad de su gobierno será combatir la inflación, que fue del 6% en abril, luego de alcanzar el pico de 6,7% en marzo. 

El jefe de Estado habló en un escenario afín, con parte de su gabinete a su derecha, y con las espadas de la CGT, Pablo Moyano y Héctor Daer, a la izquierda. Pero las ausencias dijeron más que las presencias. En medio de la interna con el kirchnerismo, no fue Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior y referente de La Cámpora, y tampoco se lo vio a Julián Domínguez, de Agricultura, que negó que se vayan a subir las retenciones al campo, un pedido que el propio Fernández había hecho más temprano, en una entrevista radial. 

“Nos está costando mucho que la distribución del ingreso sea equitativa”, admitió el Presidente al comienzo de su discurso, y les hizo una exigencia pública a sus funcionarios: “Cada ministro de mi gobierno tiene la misión de que el salario crezca y que le gane a la inflación”. Fue una demostración de albertismo puro: estaban Martín Guzmán, de Economía; Matías Kulfas, de Producción, y Claudio Moroni, de Trabajo, tres figuras apuntadas directamente por Cristina Kirchner y el camporismo. También dio el presente Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados y socio equidistante entre los dos polos del Frente de Todos. 

Sin apuntar directamente contra la vicepresidenta, Fernández hizo referencia a la interna, pero intentó saldarla, en línea con la nueva estrategia de la Casa Rosada de comenzar a “mostrar gestión” de cara al 2023, aunque evitó en todo momento mencionar la posibilidad de su reelección. “Nos hacen discutir entre nosotros mucho, pero en verdad lo que estamos discutiendo es preservar los derechos que desde 1945 ganaron los que trabajan. Esa es la verdadera discusión. Nosotros somos los garantes de Perón y Evita, y venimos a preservar a los trabajadores”, dijo el mandatario, lo que despertó aplausos y gritos en el público.

“La prioridad es que los salarios le ganen a la inflación”, remarcó en su breve mensaje. Y en continuación a lo que había planteado temprano sobre las retenciones, apuntó: “No puede ser que nos jactemos de ser el supermercado del mundo y la gente no puede comprar sus alimentos. Yo sé que intereses represento. Nadie nos va a torcer el brazo, porque estamos convencidos de cual es la obligación que tenemos”, sentenció.

Apoyo con reclamos de la Uocra

Fernández habló menos tiempo que Martínez, el anfitrión y dueño de casa que había organizado el acto “en apoyo al Gobierno”. La Uocra quiso celebrar así la recuperación de 200 mil puestos de trabajo luego de la pandemia.

Convocado para el mediodía, los miles de afiliados de la Uocra comenzaron a llenar las inmediaciones del predio –ubicado al lado del de Pasteleros y al frente del de Camioneros– desde temprano. Cerca de las 10 de la mañana el Camino de Cintura ya estaba colapsado, con colectivos a ambas manos de la ruta. 

“Alberto nos está dando laburo, es el único que nos acompaña”, aseguró a elDiarioAR Fabián, un trabajador de la construcción de zona norte, mientras sostenía una de las esquina de una gran bandera amarilla con letras negras que decía “Uocra Presente”. “Fuimos de los gremios más castigados, a nosotros no nos dieron el IFE”, agregó, caminando por un costado de la calle, antes de llegar al camping de su sindicato.

Cerca suyo, un grupo de afiliados de la seccional de San Martín hacían sonar las trompetas y los redoblantes. Más adelante, buscaba estacionar un colectivo de la seccional de Avellaneda-Lanús. Un puesto improvisado vendía choripanes a 300 pesos y hamburguesas completas con huevo a $500.

“Vamos la Uocra vamos, vamos de corazón, soy argentino, soy peronista, y quiero vivir mejor”, lanzó Martínez desde el micrófono, cuando subió al escenario junto con el Presidente, ya con los invitados sentados. Del Gobierno participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur –que en la reunión de ayer les había pedido a todos que asistieran–, y otros ministros como Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Martín Soria (Justicia), Matías Lammens (Turismo), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Vivienda). También estuvo el secretario de Planificación, Gustavo Beliz, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, a quien se vió conversar animadamente con Kulfas. 

Con la CGT representada por dos de sus tres líderes –también estuvo Jorge Sola, vocero y hombre del riñón de Hugo Moyano–, además sumaron su presencia los movimientos sociales: Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie. Apenas hubo un gobernador, el sanjuanino Sergio Uñac, que ayer había recibido al Presidente en su provincia. No estuvo Axel Kicillof, que fue parte del convite.

Wado faltó pese a que ayer había sido confirmado, según confiaron en la Uocra a este medio. También los habían invitado a Cristina y Máximo Kirchner, pero sin suerte. “Hasta anoche estuvimos llamando, pero nadie nos atendió. Es quilombo entre ellos”, explicaron en el gremio, desatendiéndose de la interna en el oficialismo. A las ausencias se sumó el intendente local, Fernando Gray, de viaje en Roma y quien ayer se mostró con el Papa Francisco.

Aunque juntó unas 20 mil personas en su apoyo, el líder de la Uocra también aprovechó para compartirle reclamos al Presidente. “Votamos una lista sábana que nos conmovía y pensaba en el desarrollo, donde había un presidente, vicepresidenta, gobernador, intendente y diputados. Estábamos convencidos de que íbamos a tener un cambio estructural estratégico de la visión que había gobernado antes”, comenzó diciendo Martínez en su discurso. “Nuestra Carta Magna determina los roles de cada uno. Y el sistema argentino es presidencialista. Por eso aquí frente al Presidente están los trabajadores constructores, para acompañarlo”, expresó, lo que despertó cánticos en el público, mientras el mandatario asentaba con la cabeza.

“Lo que no entendemos los trabajadores son los desacuerdos, porque a veces yo puedo estar no de acuerdo con usted, pero le puedo asegurar que no habrá ningún trabajador que va a viralizar la discusión que yo puedo tener con usted”, le dijo el sindicalista a Fernández. “No se detenga, porque nosotros creemos en la política. Y hoy observamos que la política no nos está dando respuestas a las necesidades del pueblo argentino. Humildemente planteamos que no alcanza el papel y el protagonismo que usted nos ha dado cuando se constituyó el Consejo Económico y Social”, le espetó en un pasaje que Fernández no respondió en su alocución.

El sindicalista también le pidió medidas contra la suba de precios: “No podemos dejar de hablar de la inflación, que es el impuesto a la pobreza, es el colesterol malo de nuestro sistema económico”, señaló.

“Transformemos este mal humor y falta de perspectiva diciendo que acá hay un gobierno que llegó en 2019 para poner la argentina de pie. Cuente con los trabajadores, estamos al pie junto a usted”, cerró su discurso Martínez. Y en un gesto que habló más que todas sus palabras sobre el rol presidencial, le obsequió a Fernández una lapicera.

CC

En medio de la disputa abierta con Cristina Kirchner y una semana después de haber zigzagueado con su reelección durante su gira por Europa, Alberto Fernández espera recibir hoy un fuerte respaldo desde el sindicalismo a su gestión. 

El escenario será montado por el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en el predio que el gremio de la construcción tiene en Camino de Cintura, en Esteban Echeverría. Los organizadores esperan convocar a unas 20.000 afiliados para el mediodía, momento en que hablarán Martínez y el Presidente, únicos oradores, según supo elDiarioAR. Cerca suyo estarán el pleno del Gabinete nacional, así como figuras de la CGT, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. 

El acto de la Uocra sobrevoló la reunión de Gabinete de ayer, y trascendió que el propio Juan Manzur le pidió a todos los ministros que asistan. La expectativa es grande en Balcarce 50, donde interpretan que podría servir como una suerte de “relanzamiento” de la gestión, comenzando a mostrar noticias positivas de cara al 2023. 

Uno de los ejes del discurso de Fernández será remarcar la recuperación en términos de empleo que hubo luego de la pandemia. Pese a la alta inflación –el mes pasado dio 6% y el anterior 6,7%–, el Gobierno quiere mostrar otra cara de la economía: el Ministerio de Desarrollo Productivo registró que entre agosto de 2021 y febrero de 2022 hubo 119 mil personas que pasaron a ser asalariadas registradas en el sector privado, lo que representó una suba de 2%; un promedio de casi 20 mil nuevos empleos privados registrados mensuales. Otro de los datos que destacará el Presidente será el que se conoció ayer, de que la actividad económica acumula 6,1% de crecimiento en el año, aunque el ritmo se desaceleró en marzo.

“No es un acto en contra de nadie, ni se mete en ninguna interna política; es a favor de un Gobierno y de apoyo a la dirección de sus políticas comprometidas con la recuperación de la producción y del trabajo argentino”, aseguraron desde la Uocra, según consignó la agencia Télam. 

Invitados y mensajes al kirchnerismo

Aunque no está planteado desde la organización, el acto en sí será un mensaje a Cristina Kirchner, con quien Fernández no se habla desde hace meses. La vice exige la salida de Martín Guzmán y está en contra de los deseos de reelección del Presidente, que cuando los dejó trascender la semana pasada en Madrid apenas tuvo eco: solo Aníbal Fernández lo respaldó. A su vez, muchos funcionarios están pidiendo que se salde de una vez por todas la discusión interna, a sabiendas de que los perjudica a todos de cara al 2023.

Ya en la previa Pablo Moyano –hijo de Hugo Moyano– respaldó enfáticamente al ministro de Economía, cuando aseguró el miércoles pasado que “no hay un plan de ajuste hacia los trabajadores”. En la misma nota periodística, sin embargo, el secretario adjunto de los camioneros le marcó la cancha a la Casa Rosada y exigió por la universalización de las asignaciones familiares.

Por su lado, el anfitrión Martínez cruzó discursivamente a la propia vicepresidenta a principios de mes, cuando celebró con un tuit el aumento del 60% conseguido por los bancarios, a cargo de Sergio Palazzo. “Yo no necesito que ningún político me venga a enseñar a cómo debo cerrar mis paritarias, ni indicarme qué porcentaje debo acordar. Yo firme el 62 por ciento y no precisó que nadie nos aplauda”, apuntó el constructor, durante un acto de la Organización Internacional del Trabajo junto a Claudio Moroni, otro de los funcionarios apuntados por el kirchnerismo.

Aunque el convite fue “para todos los que fueron electos en 2019”, Cristina no irá. Pero sí estará Wado de Pedro, el titular de la cartera de Interior y único referente de La Cámpora entre los funcionarios de mayor rango. Fue invitado y confirmó su presencia, confiaron desde el gremio a este medio. El mercedino profundiza así la ampliación de sus contactos con el sindicalismo: la semana pasada participó de un congreso de los gastronómicos y compartió elogios con Luis Barrionuevo.

Sin otras presencias del kirchnerismo –no se espera que esté Máximo Kirchner, quien hizo su propio acto sindical el 30 de abril al que no fueron convidados ni Martínez ni Fernández–, en el predio sindical ubicado al lado del de pasteleros y enfrente del de camioneros se espera la participación de gobernadores y otros referentes del oficialismo, así como intendentes peronistas del conurbano (no estará el jefe comunal local, Fernando Gray, que ayer estuvo con el Papa Francisco en Roma). Con la CGT apoyando explícitamente a Alberto Fernández en medio de la interna, la “foto final de familia” mostrará quiénes otros están del lado del Presidente.

MC

La conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que encabeza Gerardo Martínez, realizará el viernes un acto, con la presencia prevista del presidente Alberto Fernández, en “apoyo a su gestión y en defensa de las políticas que defienden el trabajo argentino y la producción nacional”, informaron voceros gremiales.

Del mitin sindical -que se realizará el viernes a partir de las 12, en el predio ubicado en Camino de Cintura al 6300, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría- participarán funcionarios del Gabinete nacional, miembros de la CGT y gobernadores, según adelantó Ricardo Caamaño, el vocero de prensa de Martínez.

“Esperamos sea un acto fuerte con la presencia y el respaldo al presidente Fernández de más de 20.000 trabajadores constructores de la provincia de Buenos Aires con el firme objetivo de dar un fuerte respaldo a sus políticas en beneficio del país”, explicó el vocero.

“La idea -dijo Caamaño, es dar una fuerte respaldo al Presidente y a su Gobierno porque entendemos que la situación actual así lo requiere. La Argentina atraviesa hoy momentos difíciles desde el punto de vista económico y social especialmente por el impacto inflacionario y por el coletazo económico provocado por la guerra” entre Rusia y Ucrania.

En esa línea, sostuvo que “sin embargo en la Argentina hay muchos de los índices económicos, de la producción nacional y del empleo que están mejorando sustantivamente y que por ahí no se conocen masivamente”.

“No es un acto en contra de nadie, ni se mete en ninguna interna política; es a favor de un Gobierno y de apoyo a la dirección de sus políticas comprometidas con la recuperación de la producción y del trabajo argentino”, afirmaron los organizadores.

Con información de Télam