El Gobierno estrenó su Consejo de Mayo pero pateó todas las reformas para después de las elecciones

El Gobierno puso en marcha este martes el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial con el que busca tejer consensos políticos en torno a las reformas estructurales planteadas en el Pacto de Mayo. La primera reunión se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con presencia de los seis consejeros designados por decreto y bajo la conducción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ofició como presidente del Consejo. El clima fue institucional, sin anuncios de impacto inmediato, pero con un objetivo claro: elaborar un informe con propuestas legislativas antes de fin de año, que sirva como insumo para la agenda parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

“El ánimo de diálogo fue muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre”, dijo tras el encuentro el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo en la mesa. El tono de la cita fue más fundacional que resolutivo. Participaron también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en nombre de los mandatarios firmantes del Pacto; la senadora Carolina Losada por el Senado; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresario. Completó la mesa la secretaria técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca.

La presencia de Cornejo, como representante de los mandatarios provinciales firmantes del Pacto de Mayo, no fue solo protocolar. El gobernador de Mendoza llegó a Casa Rosada con el eco todavía fresco de la reunión que ayer juntó a 22 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamar mayor participación en la distribución de recursos nacionales. Aunque el Consejo de Mayo no fue planteado como un espacio para discutir coparticipación ni ATN, el trasfondo fiscal tensiona la mesa. Varios de los temas que se abordarán —reforma tributaria, rediscusión del federalismo fiscal, racionalización del gasto— cruzan de lleno las demandas de las provincias, que vienen advirtiendo que el ajuste nacional impacta de manera asimétrica sobre sus administraciones.

Aunque los 10 puntos del Pacto de Mayo incluyen compromisos ambiciosos —desde el equilibrio fiscal y la inviolabilidad de la propiedad privada hasta reformas laboral, previsional, política y tributaria—, el eje más sensible y prioritario para el Ejecutivo es la reforma laboral. En paralelo a la reunión, el Gobierno ya activó el primer paso concreto en esa dirección con la puesta en marcha del Sistema de Cese Laboral, un régimen voluntario para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de aportes previsionales anticipados, canalizados a través de fondos de inversión o fideicomisos. El mecanismo, que deberá implementarse mediante convenios colectivos, será uno de los puntos en disputa con el sindicalismo en las próximas sesiones del Consejo.

Es que la participación de Gerardo Martínez, confirmada a último momento, se dio en medio de internas dentro de la CGT. El titular de la UOCRA aclaró que su presencia no implicaba un aval automático y que la central obrera aún debía debatir institucionalmente su rol dentro del proceso: “No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT”, dijo el lunes.

En lo inmediato, la apuesta del Gobierno es que el Consejo se reúna una vez por mes, de aquí a fin de año, para elaborar un documento de síntesis con propuestas legislativas sobre cada uno de los puntos del Pacto firmado en Tucumán. La expectativa oficial es que ese informe pueda transformarse en una hoja de ruta para la nueva etapa parlamentaria que se abrirá tras las elecciones generales. En palabras de un funcionario de Casa Rosada: “Queremos sembrar acuerdos ahora para cosechar leyes después”.

Además de su dimensión técnica, el Consejo tiene una función política: ofrecerle al Gobierno un canal de negociación más flexible y controlado que el Congreso. El órgano no tiene aún estatuto público ni reglamento formalizado, y sus miembros fueron designados por decreto, sin convocatoria abierta a otros actores sociales. Aun así, el oficialismo logró incorporar a representantes clave y, sobre todo, consolidar una narrativa de institucionalidad en medio de un escenario legislativo fragmentado.

PL/MC