“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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¿Puede un condenado por abusos sexuales ostentar cargos de responsabilidad en la Iglesia católica? Para el arzobispo de la ciudad francesa de Toulouse, Guy de Kerimel, parece que sí. El prelado nombró nuevo canciller de la diócesis a Dominique Spina, quien tomará posesión el próximo 1 de septiembre. Spina fue condenado en 2006 a cuatro años de prisión por violar a un adolescente de 16 años. Los hechos sucedieron hace tres décadas, cuando el sacerdote ejercía como director espiritual del joven en la escuela Notre-Dame de Bétharram, en Pau (diócesis de Bayona). El clérigo también fue nombrado responsable de la pastoral matrimonial de la diócesis. Las víctimas consideraron la decisión “simplemente escandalosa”.

¿Hasta dónde llega el perdón, la misericordia y la reinserción? El prelado francés salió al paso de las acusaciones con un comunicado en el que reivindica el trabajo contra los abusos llevado a cabo por la diócesis, aunque recuerda que, tras un proceso canónico, “Roma no expulsó al padre Spina del estado clerical”.

“Desde que estoy en Toulouse, el padre Spina se encarga de los archivos de la catolicidad y, como vicecanciller, gestiona las notificaciones de bautismos, matrimonios, extractos de bautismo para las parroquias que lo solicitan... Clasifica, archiva, digitaliza documentos... ”,explicó De Kerimel.

Eso sí, aclara que el sacerdote “seguirá trabajando en su despacho del arzobispado, por lo que no tiene contacto con los jóvenes y lleva una vida muy discreta”. El arzobispo defiende que, hoy, el nuevo canciller “es de reputación íntegra y está por encima de toda sospecha”, y subraya que “la conversión de una persona es posible”.

El arzobispo de Toulouse insiste en que “en el caso del padre Dominique Spina, se reconoció a la víctima, se hizo justicia, se denunció el delito y el padre Spina cumplió cuatro años de prisión”.

¿Qué ocurrió?

Los hechos probados muestran que Spina fue director espiritual del joven, que provenía de un entorno familiar problemático, y abusó de él entre 1992 y 1994. Tras esto, el clérigo impidió que el chico entrara en el seminario, aunque posteriormente fue admitido. Fue entonces cuando el seminarista denunció los abusos, siendo expulsado por “falta de madurez”.

En 2002, finalmente, la víctima –que posteriormente acabó siendo acusado a su vez de abusos– presentó una denuncia penal y Spina fue detenido y condenado a cuatro años de prisión por lo que él describió como “una relación consentida”. Durante el juicio, los peritos psiquiátricos advirtieron de las “disposiciones paranoicas, narcisistas y perversas”, y la “ausencia de culpa” del clérigo, que dos años después de su entrada a prisión pasó a libertad condicional, siendo trasladado a la diócesis de Toulouse.

En 2009, se le permitió reanudar su ministerio sacerdotal. En 2016, después de que se conociera que estaba en contacto con menores, el obispo de la diócesis lo relevó de sus funciones, derivándolo a tareas administrativas hasta que, ahora, se le asciende a canciller de la diócesis. Por su parte, Fraternité Victimes, asociación que apoya a las víctimas de abusos en la Iglesia, criticó con dureza la decisión: “Hablar de misericordia para defender este ascenso es simplemente escandaloso”.

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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

“Hay víctimas que nunca se han atrevido a hablar porque hay obispos que no creen en estas cosas, entonces tú puedes decir: ‘Mira, no ha habido suficientes víctimas que hayan hablado’. Yo te digo que no estaría aquí si no nos preocupáramos y lo central fueran las víctimas”. Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del pederasta Karadina en Chile, es uno de los miembros de la Comisión Antipederastia del Vaticano que este mediodía, después de diez años de trabajo, ha presentado su primer informe global sobre los abusos en la Iglesia. Un informe que no aporta cifras de casos a nivel global, pero que plantea exigencias a la propia institución para mejorar su actuación con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica.

“Las víctimas claman justicia”, admitió el cardenal Sean O'Malley, quien fuera arzobispo de Boston y uno de los máximos responsables de la lucha contra la pederastia en la Iglesia durante la presentación del informe, que incluye una serie de recomendaciones, entre la que destacan “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los abusadores, así como “medidas rigurosas de reparación” para las víctimas.

De hecho, el estudio exige “estudiar las políticas de indemnización” a nivel global para ejercer medidas “rigurosas” de reparación en el proceso de “sanación” de las víctimas, al tiempo que admite “una preocupante falta” de estructuras de denuncia y de acompañamiento de los supervivientes de abusos sexuales. Más aún: se constata que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”, que les impide desarrollar una vida normal.

A día de hoy, y pese a las reformas en el Derecho Canónico, todavía no existe un estatuto de las víctimas, que no tienen acceso completo a sus procesos judiciales. En ocasiones, incluso, los denunciantes solo se enteran verbalmente del resultado de los juicios canónicos, algo que debe cambiar radicalmente, en opinión de la Comisión, que ha sido recibida en estos días por el papa Francisco.

Para ello, constata el informe, la Iglesia católica debe impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el “problema” de la opacidad en los procesos canónicos. “Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos”, se lee en el informe.

“Hay personas sin medios para contratar a un abogado, que temen el encubrimiento de algunos obispos, que no les creen, los insultan o destruyen sus carreras”, lamenta Juan Carlos Cruz, quien plantea a la Iglesia dar voz “a los buenos, para que podamos callar a los malos”, y pide a la institución “no ponerse una venda en los ojos”. “La Iglesia tiene que hacer un firme compromiso de conversión, de que esto no vuelva a pasar”, concluye en su doble figura de superviviente y miembro de la Comisión.

El informe publicado este martes insta a “garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa” de cada caso de abuso, y a “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los líderes eclesiales acusados de abusos, “siempre que esté justificado”.

Algo que, pese a que ya es posible con el Código de Derecho Canónico en la mano, apenas se ha llevado a cabo.

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En función de la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno español indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan con el que toma el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, quien en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población sufrió abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.

El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que elDiario.es pudo confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.

“Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, aseguró Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que señaló que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación”. “Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer esos abusos, de prevenir y reparar el daño” , ha asegurado.

Las indemnizaciones

En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aportar dinero para la reparación. De hecho, la Conferencia Episcopal señaló que solo se avendría a participar de un fondo de reparación si este incluyera “a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia”. Bolaños, en cualquier caso destacó que están “en conversaciones” con los obispos para que sufrague esas indemnizaciones. “Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan”, señaló el ministro.

Concretamente, el plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el texto no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos. Bolaños recordó que una de las recomendaciones del Defensor era la creación de un órgano independiente para el reconocimiento de las víctimas y establecer su reparación.

“Entiendo que la Iglesia asumirá los costes”, señaló el ministro de Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. En cuanto a la negociación, Bolaños señaló que el diálogo ha comenzado el pasado jueves y destacó: “La iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y están trabajando en este tema”. Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal se han mostrado proclives a establecer una relación con las asociaciones de víctimas, pero de facto la Iglesia reconoce una mínima parte de los abusos que incluye el informe del Defensor del Pueblo. En el polémico informe Para dar Luz, hablaban de apenas unos 800 casos.

Casos no prescritos

En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.

Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos.

Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual.

El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española. Y prevé la elaboración de un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la prevalencia de los abusos en el ámbito religioso. La encuesta realizada por el Defensor del Pueblo e incluida en el informe que da origen al plan reveló que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años. En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos han afectado a un 1,13 % de las personas adultas.

La posición de la Iglesia

Fuentes episcopales sostenían a primera hora de la mañana que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, “el tema de las víctimas se abordó en general”, y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. El ministro de la Presidencia señaló, por el contrario, que las conversaciones se iniciaron entonces y que ayer adelantó a los obispos las líneas generales del plan, del que hoy remitirá el texto completo.

En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir. Y lanzan mensajes de entendimiento con el Gobierno que podrían dar a entender la intención de la Iglesia de participar de un posible fonde de reparación.

La Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, “asumiendo nuestra responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”. Así respondía el cardenal de Madrid, José Cobo, a las preguntas de elDiario.es tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.  

“En la última Plenaria –señaló Cobo– establecimos una línea y un horizonte”. Y recalcó que “hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento, no solo a corto plazo, sino en todo el proceso de acompañamiento que necesita”.

Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.

La Conferencia Episcopal publicó una nota de prensa en la que consideraba que el plan de reparacióndel Ministerio de la Presidencia “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas”.

“La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, concluye el comunicado.

Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague

Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.

La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.

Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición.

Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.

Las víctimas critican “el rescate de los obispos”

“Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, tomó con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo. 

Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo. En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer. 

Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como “un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.  

“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”.

Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.

El Padre Julio César Grassi pidió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón que le otorgue el derecho a la libertad condicional. Su argumento es que ha cumplido la mitad de condena. El cura hizo el trámite por su cuenta. Recibido de abogado en el penal de Campana, aun no tiene matrícula pero redactó y presentó el escrito por su cuenta. Como no anotició a sus abogados, el estudio que lo representa renunció a su defensa. De acuerdo con la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por haber abusado de un menor de edad, Grassi debería permanecer en la Unidad 41 de Campana hasta el 30 de mayo de 2028.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, dijo a Télam que se opondrá “rotundamente” a este pedido, que significa “un fuerte golpe para las víctimas”. Gallego representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn). Agregó que “aún no han sido notificados” y su “oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal”.

El proyecto

Grassi se ordenó sacerdote en 1987. Se interesó en las infancias desde el principio. Su primera incursión en la asistencia a menores de edad fue en “La Casita” de Paso del Rey, al oeste de Buenos Aires. Con la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, logró reconocimiento público. La Fundación daba comida y escolarización a quienes sí tenían dónde vivir, pero no suficientes recursos. En diez años, 20 mil adolescentes egresaron del sistema Felices Los Niños, que llegó a tener 500 empleados, más de 30 hogares distribuidos en el país y asistía a casi 6 mil menores de edad. Estaban divididos en dos grupos. Los internos, unos 600, vivían en la Fundación, es decir que accedían a cama, comida, escolarización y la preparatoria para la primera comunión. La mayoría eran externos: acudían a los hogares de día, una forma de prevenir que estuvieran en la calle. El primer denunciante, “Gabriel”, era del primer grupo, un “interno”.

La denuncia

El 29 de noviembre de 2000 alguien dejó un papel impreso y sin firma en el Juzgado de Menores N°3 de Morón. Nunca se supo qué decía exactamente esa carta, pero señalaba a Grassi como abusador sexual dentro de su fundación Felices los Niños. Nadie investigó. Dos años después, el 23 de octubre de 2002, la Justicia ordenó la detención del cura por “abuso deshonesto y corrupción de menores agravada”. Esa misma noche “Gabriel” daba testimonio un informe de Telenoche Investiga. 

Grassi se entregó el 24 de octubre, al día siguiente de la emisión del informe. Quedó detenido en el servicio penitenciario de Ituzaingó. Salió 15 días después y regresó a la Fundación en andas, vitoreado. También le habían imputado el delito de corrupción de menores. 

El sacerdote cumple una pena de 15 años por haber abusado en dos ocasiones y corrompido en una a “Gabriel”. Los tres hechos ocurrieron en 1996, cuando la víctima tenía 13 años. En el mismo juicio, Grassi fue absuelto por otros 15 delitos sexuales porque la Justicia no pudo acreditar que habían sucedido. El fallo fue en 2009 y Grassi vivió bajo un régimen de libertad vigilada hasta que la sentencia quedó firme, en 2013. Lleva diez años preso. 

VDM/DTC

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo”. Con esa frase, Carla Vitale, cuyo hijo es una de las víctimas del cura Tulio Mattiussi, le reclamó al obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, que dejé de proteger al sacerdote dándole lugar para que cumpla la prisión domiciliaria luego ser condenado por abuso sexual de niños de un jardín de infantes.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram Vitale hizo su descargo luego de que ayer el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 15 años de prisión a la que fueran sentenciados el año pasado Mattiussi y el portero Anselmo Ojeda. Ambos fueron encontrados culpables por el abuso sexual de niños de entre 3 y 5 años en un jardín de infantes Belén de San Pedro.

“Hoy es un día que es bueno, porque significa que los pasos que vamos dando en la justicia son buenos”, comenzó en Vitale con la voz entrecorta.

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo, a veces nosotros les depositamos a esas personas nuestras angustias, nuestras esperanzas, no digo que todos los curas son así pero este cura no puede estar protegido por un obispado, no puede estar viviendo en una casaquinta donde le estén dando la comida, la vivienda, donde esté protegido, donde le paguen los abogados, cuando dos tribunales lo condenaron por abuso de menores”, siguió Vitale quien contó además que tuvo que recurrir a la justicia para frenar el hostigamiento que sufrió por parte del obispado.

Los padres de las víctimas reclaman que tanto el sacerdote como el portero pasen a cumplir prisión efectiva.

“Vamos a pedir una revocación de la domiciliara para que puedan ir a la cárcel y tengan que ir donde que tengan que estar”, dijo Vitale.

El año pasado, el 24 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de de San Nicolás condenó por unanimidad a Mattiussi y Ojeda por “abuso sexual simple agravado y reiterado” por ser ministro de un culto para el caso de Matiussi y por ser un encargado de la guarda de las víctimas para el de Ojeda, en tanto la preceptora María Rubies resultó absuelta por “falta de pruebas”.

Mattiussi y Ojeda integra la lista de los 128 miembros de la Iglesia católica involucrados por abuso sexual de acuerdo a la investigación publicada por elDiarioAR en octubre de 2022.

El fallo fue firmado por los miembros de la sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por Ricardo Maidana y Daniel Carral, ante quienes habían presentado recursos de apelación tanto las defensas como el particular damnificado.

“¡Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena!”, expresaron en un comunicado los padres que participan del expediente como particulares damnificados.

Las defensas de Matiussi y Ojeda habían cuestionado la “valoración probatoria efectuada en el veredicto para tener por acreditara la materialidad ilícita y la participación de sus defendidos”, mientras que el abogado de las familias había pedido un monto mayor dado que “la pena impuesta no resulta proporcional a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes contempladas”.

“Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del Tribunal respecto de la materialidad ilícita se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por las defensas logren evidenciar falencias en lo decidido”, dice Casación en su sentencia a la que tuvo acceso Télam.

Los hechos ocurrieron en 2017 en el jardín Belén, un establecimiento educativo y religioso de San Pedro. Al menos cinco niños fueron las víctimas, quienes sufrieron “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

“Necesitamos que estas personas estén en la cárcel sin privilegios y cumplan una condena efectiva de 15 años de prisión”, pidió desde su cuenta Instagram Vitale apenas conocida la decisión de la Cámara de Casación.

Desde allí contó cómo fue la pela que tuvo que dar para conseguir justicia: “Enfrentarnos al obispado fue muy difícil, enfrentarnos a una sociedad fue muy difícil porque nadie quería creer y hoy hay dos tribunales que confirman que son culpables”.

En otro tramo de su publicación, la mujer también reconoció lo difícil que resulta para las víctimas y sus familias seguir adelante con las denuncias: “De muchas denuncias no se logran las condenas, porque es muy difícil, es muy difícil mantenerte intacta, porque no podés llorar o gritar porque terminas siendo loca, tenés que tener estabilidad en todos los sentidos, tenés que guiar el proceso, que esto se haga bien, tenés que buscar abogados cuando no tenés idea de que significa un proceso penal, mientras tenés que atravesar el dolor de un abuso sexual a tu hijo que es lo último que querés en la vida”.

Con información de Télam

MG

Una expulsión definitiva, sin marcha atrás. Marko Ivan Rupnik, el artista de Dios, uno de los artistas religiosos más aclamados (y contratados) de la actualidad, cuyas obras pueblan catedrales de medio mundo, incluido el Vaticano, el santuario de Fátima o la misma sede de la Conferencia Episcopal española, no volverá a ser jesuita.

Así lo asegura en una carta abierta el responsable de este caso en la Compañía de Jesús, Joahn Verschueren, quien afirma, tajante, que Rupnik “ya no es religioso jesuita”, pues han pasado 30 días desde el decreto, sin que el religioso quisiera apelar la sentencia que así ya se ha hecho efectiva.

Rupnik ya no es jesuita, pero, al menos por el momento, seguirá siendo sacerdote porque la secularización del artista esloveno es competencia de la Santa Sede y, hasta ahora, Roma no permite esta medida que piden sus víctimas y católicos de todo el mundo.

Una decisión polémica, que algunos achacan a la amistad del Papa con Rupnik, mientras que otros acusan al todavía prefecto de Doctrina de la Fe (será sustituido en septiembre por Víctor Manuel Fernández), el español Luis Ladaria, también jesuita, de haber anulado una primera sentencia de excomunión (la más grave para un católico) contra él, por abusos continuados contra religiosas, a quienes además absolvía de sus pecados en confesión, aduciendo que dichos delitos habían prescrito. Un escándalo dentro y fuera de la institución, que no termina de comprender cómo, con el Derecho Canónico en la mano, sigue siendo más grave confesar a una víctima después de violarla que la misma violación.

Verschueren recuerda cómo la Compañía de Jesús invitó a Rupnik a “emprender un camino de verdad y de confrontación con el mal denunciado por tantas personas que se han sentido heridas”, que “no quiso aceptar”.

Se negó a pedir perdón

Al tiempo, el superior mayor del artista lamenta la “incapacidad” de Rupnik para “hacer frente a la voz de tantas personas que se sintieron heridas, ofendidas y humilladas por su comportamiento y conducta hacia ellas”. A finales del año pasado, los jesuitas reconocieron que Rupnik había sido acusado por varias mujeres de abusos sexuales, espirituales y psicológicos durante un periodo de 30 años. Tras una investigación, los jesuitas anunciaron que consideraban “muy altamente creíbles” las acusaciones de las mujeres. Pero Rupnik nunca ha hablado del tema, aunque siempre se ha negado a pedir perdón o iniciar un proceso de reparación con sus víctimas. Más aún: el ya exreligioso se saltó en varias ocasiones las restricciones que se le habían impuesto: no salir de la región del Lazio, no llevar a cabo ningún “ejercicio artístico público”, especialmente en templos, así como la prohibición de ejercer el ministerio en público.

Tras su expulsión, ¿concluye el juicio canónico contra Rupnik? Oficialmente sí, puesto que la Santa Sede declaró prescritos los delitos del artista esloveno. Sin embargo, Verschueren sugiere que la intención de la Compañía de Jesús siempre fue “iniciar un proceso que pudiera garantizar la averiguación judicial de los hechos, el derecho a la defensa y las consiguientes penas sancionadoras (o la posible absolución)”, aunque “diversas razones, entre ellas los límites actuales de la normativa relativa a situaciones similares, no lo han permitido”.

Lo que sí harán los jesuitas es romper definitivamente tanto con Rupnik como con el centro Aletti, comunidad creada por el artista y que desde hace unas semanas ya no forma parte de la Compañía de Jesús, y ha pasado a depender del Vicariato de Roma. “A todos los que, de cualquier modo, se han sentido y se sienten heridos y lastimados por este que fue hermano nuestro, les aseguro mi plena solidaridad y apertura para encontrar en el futuro las mejores vías de reflexión para encontrar la paz y la reconciliación interior a través de caminos que podamos estudiar juntos”, culmina quien fuera superior del ya exjesuita.

¿Qué pasará con sus obras? ¿Y con las víctimas?

¿Qué pasará con los mosaicos de Rupnik? ¿Seguirán exhibiéndose en los templos, formando parte de las catequesis diarias en las iglesias y santuarios de todo el mundo? Las posiciones en este punto están enfrentadas entre quienes abogan por borrar todo rastro del esloveno de la vida de la Iglesia y quienes apuntan que, a lo largo de los siglos, han sido muchos los genios que han dejado para la posteridad inmensas obras de arte y que, sin embargo, resultaron ser unos monstruos.

Uno de los últimos casos en España es el de Cesáreo Garabain, el sacerdote autor de himnos religiosos como Pescador de hombres y que, tal y como se descubrió recientemente, resultó ser un pederasta. Pese a la repulsa general, sus canciones siguen sonando en los templos de habla hispana de medio mundo. Y es que la cultura de la cancelación, para bien o para mal, también afecta a la Iglesia.

Con todo, la pregunta más importante continúa sin resolverse: ¿qué pasará con las víctimas? ¿Quién se responsabilizará de ellas, y de las atrocidades cometidas por Rupnik? Mientras el Vaticano se escuda en el supuesto vencimiento de los delitos, el dolor de los supervivientes no prescribe.

Con información de www.religiondigital.org.

IG

El Opus Dei “está cohesionado por una doctrina que se transmite de manera ‘mesiánica’ y es liderado por una figura carismática que se considera poseedora de la Verdad Absoluta”. Esta es una de las ‘perlas’ de la denuncia internacional que un nutrido grupo de exmiembros de la Obra han presentado ante la Nunciatura en España (y, posteriormente, enviada a los dicasterios del Clero y Doctrina de la Fe, y a más de 600 obispos de todo el mundo), y en la que reclaman “la supresión del Opus Dei” y su “refundación”.

La denuncia, adelantada por Religión Digital y a la que tuvo acceso elDiario.es, contiene también una tarjeta de memoria con más de 700 documentos adjuntos, entre los que se incluyen “46 libros y documentos” que, señala el cuerpo del escrito, “conocían parte de los miembros del Opus Dei y que fueron ocultados a la Santa Sede” y que suponen, afirman, “las verdaderas normas por las que se rigió y se rige el Opus Dei”. Algo verdaderamente relevante en este momento en el que la Santa Sede tiene que definir los nuevos estatutos de la Obra después de que el Papa interviniera a la Prelatura y esta convocase un congreso extraordinario, cuyos resultados tampoco se conocen.

La demanda se plantea como una ‘Denuncia internacional contra el Opus Dei por Fraude Normativo a la Santa Sede y a los propios Miembros’. En ella se sostiene que los estatutos de la Obra son una especie de “fraude institucional” ante la Santa Sede, “una simple referencia jurídica”. Asegura la demanda que el estatuto depositado en el Vaticano no es el que realmente rige el funcionamiento de la Obra, y que la mayoría de sus miembros ni siquiera lo conocen: “Ante los miembros del Opus Dei, directamente fueron inexistentes de facto mientras se pudo. Los Estatutos no fueron traducidos, ni informados jamás a los miembros del Opus Dei”.

Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo, en el que se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos, y se controla la información que les llega

Antonio Moya Somolinos y Carmen del Rosario Pérez San Román fueron los encargados de presentar la denuncia ante la sede del Papa en España. Tuvieron que hacerlo en la calle, pues no se les recibió. Pero quedó registro de la entrega. También, del envío de la denuncia y sus anexos de manera telemática (con verificación certificada de contenido) a los dicasterios del Clero y de Doctrina de la Fe.

“Los denunciantes queremos llevar a cabo la mayor transparencia posible y evitar protagonismos personales. En consecuencia, no haremos, en principio, declaraciones o manifestaciones relativas a la denuncia”, señalan en una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Un decálogo de malas prácticas

La denuncia recoge una suerte de decálogo de malas prácticas en el Opus Dei, entre las que destacan, además del liderazgo “mesiánico” de sus responsables, la estructura de la Obra, que definen como “teocrática, vertical y totalitaria”, en la que “se exige una adhesión total al grupo, lo que implica distanciamiento de relaciones sociales, lazos afectivos y actividades previas”.

Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero: bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero

“Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo”, recalca el escrito, que añade que en el interior del Opus “se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos”, “se controla la información que llega a los miembros del grupo”, “se emplea un conjunto de técnicas de manipulación y persuasión coercitiva, como la meditación o el renacimiento espiritual” y “se fomenta un rechazo más o menos fuerte hacia el resto de la sociedad, considerándolos enemigos o al menos sospechosos”.

“Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero”, añade la demanda, que precisa cómo, “bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero”.

En conclusión, los denunciantes exigen, por un lado, “la intervención de la Santa Sede” para “proteger a los católicos que fueron miembros, que son miembros y que podrían serlo en el futuro, con la supresión del Opus Dei en el modo en que se desarrolla actualmente”. En segundo lugar, reclaman a Roma la “refundación de la institución por parte de la jerarquía de la Iglesia con nuevas normas y nuevos gobernantes”. Finalmente, “solicitamos penas canónicas para los principales responsables de las actuaciones ilícitas recogidas en esta denuncia”.

Toda la información en www.religiondigital.org

Claudia Carrero entró en la cocina, la más grande que había visto en su vida, con el paso alegre de una nena y el uniforme a cuadros diminutos rosas y blancos. Tuvo que levantar la vista desde su metro treinta para ver el lavavajillas, que duplicaba su altura. Le pareció moderno, extraño, inmenso como todo desde que había cruzado el portón de rejas de la mano de sus padres, una hora antes. 

Detrás del paredón infranqueable había un pequeño paraíso con árboles altos hasta el cielo, flores perfumadas y pajaritos. Así eran los bosques en los cuentos de princesas. 

Una mujer bien vestida y amable les mostró las habitaciones en las que viviría los próximos tres años. A ella le tocaría una de tres chicas, pero había otras de hasta seis. No le importó que fuera más chiquita que la que tenía en su casa en Villa Ramallo, una ciudad pequeña mitad de camino entre Buenos Aires y Rosario. Dejó el bolso que traía sobre la litera. La mujer bien vestida las llevó hasta una sala a la que llamó “el planchero”. Como era verano, el calor que hacía adentro no contrastaba con el de afuera. Un tiempo después, cuando le tocó pasar decenas de sábanas por los rodillos enormes, padeció ese calor húmedo, estancado en el aire como una nube pegajosa. 

—Ahora te vamos a buscar un uniforme a tu medida.

De un perchero repleto le eligieron uno de su tamaño. Había de todas las tallas, porque a los 14 años muchas chicas todavía tienen cuerpos infantiles. La tela era suave y liviana, tan finita que tuvo que ponerse una enagua debajo porque se traslucía. Era cómodo. Le gustaba.

Los padres la miraron, quizás con orgullo: habían encontrado una buena escuela para su hija. La despidieron en el portón de rejas. Claudia se quedó entusiasmada. Podían visitarla, decía el reglamento, un domingo al mes.

Cuando se fueron, la mujer guió a Claudia por el jardín hasta una casa de tejas. Entraron por detrás. Otra mujer se acercó y le entregó un repasador. ¿Le había dicho su nombre? ¿Sabría algo de ella? 

—Vaya con las chicas a secar vasos.

Con el trapo seco en la mano, se acercó al lavavajillas mirando la escena: unas chicas llegaban con los carros de acero inoxidable llenos de platos, cubiertos y vasos sucios, los pasaban por agua caliente, los acomodaban en los cajones de madera, tan pesados que tenían que levantarlos entre dos, y los ponían a lavar. Cuando la máquina terminaba, empezaba el trajín.

El repasador en la mano derecha, un vaso en la mano izquierda. Primero por dentro, después por fuera. Por dentro, por fuera. Al carrito. Y siguiente. La única indicación era apurarse. Rápido. Por dentro. Por fuera. Segunda pasada. Al carrito. Y siguiente. 

El ritmo lo marcaba la máquina: los cajones salían uno detrás del otro, se volvían a llenar y otra vez a empezar. ¿Cuántas chicas eran? Muchas, pero el movimiento era tanto que no se podían contar. Además, estaban las instructoras y las que dirigían, que iban de acá para allá. 

Del otro lado de la pared, cien hombres comían en un salón elegante. Claudia no podía verlos desde el “office”, así le decían a la trastienda de la cocina, pero se escuchaba el murmullo. Las únicas que podían cruzar la puerta hacia el otro lado eran las “doncellas”, las chicas un poco más grandes, que ya estaban en la escuela y tenían experiencia. Iban y venían con los carros y su uniforme azul con puntillas blancas. 

El plato sucio se saca por el lado derecho.

El plato lleno se pone por el lado izquierdo.

En silencio.

Sin mirar a los ojos. 

Sin llamar la atención.

Sin bambolear las caderas.

El agua por el lado derecho. 

El vino por el lado izquierdo.

Paradas detrás del comensal.

Sólo el brazo asoma en la mesa.

Sin ningún roce.

Apenas una presencia. 

A los dos lados de la pared, los cuerpos uniformados se movían con la perfección de los engranajes de un mecanismo automatizado. Claudia estaba atenta a todo. El pelo prolijamente recogido en una cola de caballo, los ojos grandes por los nervios. El repasador en la mano derecha, un vaso en la mano izquierda. Primero por fuera, después por dentro. Segunda vuelta. Al carrito. Uno, dos, tres, cuatro, ¿diez o veinte vasos? No llegó a percibir la diferencia en el movimiento: el vaso se le escurrió del repasador. Las tragedias suceden en un segundo. Siguió la caída con la vista y, antes de que llegara a pedirle a Dios, vio cómo estallaba contra el piso. 

Hubo un silencio artificial.

Todo el mecanismo se detuvo.

Claudia quedó paralizada, con el vaso destrozado a sus pies y el repasador, ahora húmedo, en la mano. Vio cómo una mujer iba directo hacia ella. 

Con la voz baja, casi amable, le habló de cerca:

—Mi chulita, no se preocupe…

Y, señalando una lista de precios que estaba colgada en la pared: 

—Usted lo va a pagar con su trabajo.

Claudia perdió la cuenta. ¿Habrá secado diez mil o treinta mil vasos? ¿Cuántos pisos y baños limpió? ¿A cuántos hombres y mujeres les cocinó cenas exquisitas con entradas, primeros platos, postres y panadería casera? ¿Cuántos pantalones, sacos, faldas, sotanas, sábanas y manteles fregó para sacarles hasta la última mancha y planchó hasta dejarlos tan lisos como ahora se veían sus manos? Lo que sí contabilizó fueron los veintidós años y seis meses en los que fue una sirvienta del Opus Dei. 

Lo escribió en un documento que tipeó en el verano de 2020. Se sentó en la computadora, en su casa en Rosario y mientras miraba jugar a su hija, Angelina, casi con la misma edad que tenía ella cuando le probaron el uniforme, escribió: “NO SE PREOCUPE, MI CHULITA. USTED LO VA A PAGAR CON SU TRABAJO”. Así, todo en mayúsculas, describió detalles de los casi diez mil días en los que trabajó, rezó, se flageló y besó el piso apenas sonar el despertador, cada mañana a las 6, diciendo: “TE SERVIRÉ”. Lo contó con sus palabras y lo escribió con bronca. Lo mismo hicieron otras 42 mujeres, ese mismo verano, desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde Moreno, desde Ezeiza, desde Tigre, desde España, desde Canadá, desde Estados Unidos; 7 años, 16 años, 13 años, 18 años, 26 años, 11 años. Un cadáver exquisito de historias personales, con algunas diferencias de tiempos y espacios, que puesto en conjunto describen una matriz, una máquina en la que metieron a cientos de mujeres jóvenes y pobres que al final del proceso eran sirvientas profesionales y devotas obedientes. Una fábrica. 

En 1973, cuando terminaba un gobierno militar en la Argentina, cuando un gobierno popular estaba por reasumir el poder y a punto de sancionar la ley más progresista de América Latina en derechos laborales, la organización católica Opus Dei abrió una 'escuela de mucamas' en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de la capital. La llamaron Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED). 

“Tras casi diez años de estancia en el país, las primeras mujeres del Opus Dei, que ya contaban con un buen conocimiento de la realidad argentina, individuaron, como necesidad urgente, la tarea de devolver a los trabajos domésticos su propia dignidad”, rememoró la primera directora, Ana María Sanguinetti, en un documento de 50 páginas publicado por el Instituto Histórico Escrivá de Balaguer en 2019 que relata la gesta de “una de las labores apostólicas más modernas y dinámicas que se conocen en la zona”.

Ana María Sanguinetti fue una de las dos mujeres que en 1979 tocó la puerta de la casa de Claudia y se presentó como la directora del ICIED.

A Claudia la había recomendado una mujer para la que trabajaba su tía, en la ciudad de Rosario: le había prometido que si iba a estudiar a esa escuela de hotelería de Buenos Aires, después podría ser su dama de compañía. Pasaron pocos días entre que Claudia dijo que sí y golpearon la puerta de su casa, en Villa Ramallo.

—Una escuela secundaria con orientación en tareas del hogar —les explicaron a los padres— Sólo para mujeres, católica. 

Antes de irse, la directora le dio a Claudia una estampita con la imagen de Josemaría Escrivá de Balaguer. Ya había tenido otras estampitas en sus manos, pero a ese hombre de anteojos negros de marco grueso y media sonrisa no lo había visto nunca. No se olvidó de la frase que estaba al pie: “Siervo de Dios”. 

—Va a haber un sorteo entre varias chicas para entrar a la escuela. Rezale mucho, así te eligen —le dijo Sanguinetti. 

Claudia rezó. Cada noche y a veces también de día, rezó dos o tres meses sin parar. Cuando la llamaron, sintió que alguna especie de milagro había ocurrido. Era el primer deseo que se le cumplía. La habían elegido, a ella entre tantas otras. 

El llamado fue en noviembre. Le dijeron que se presentara el 3 de enero. Era 1980. Hacía seis días había cumplido los 14. 

“Cada vez son menos personas que quieren dedicarse a las tareas domésticas y no están satisfechas. Esto último lleva a las jóvenes a emplearse transitoriamente [...] cuando ése es el trabajo que tiene como objeto directo el más digno: el ser humano”

María Alba Blotta — Promotora y Asesora pedagógica del ICIED, 1972.

El paredón infranqueable encerraba nueve hectáreas que habían sido la casaquinta de una de las familias pioneras de San Miguel, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la Capital. Los Gallardo se habían despojado de su propiedad en Bella Vista después de la insistencia y la buena oferta de la Asociación para el Fomento de la Cultura, la primera asociación civil creada por el Opus Dei en la Argentina, en 1961. Se compró con aportes de los primeros miembros. Con el terreno, los Gallardo habían entregado el viejo casco, una casona de grandes galerías con mayólicas y suelos terracota, suelos de madera y techos de ladrillos típica del siglo XIX. A esa casona la continuaba otra de estilo colonial, de techos con tejas naranjas, galerías de columnas blancas, un patio con un aljibe y una fuente de agua sobre la entrada principal. Los Gallardo habían bautizado a su casaquinta La Chacra y así quedó para siempre. Sonaba bien para una casa de retiros y convivencias espirituales. Unos años después ese nombre quedó revestido de un aura sacra: en su única visita a la Argentina, entre el 14 y el 18 de junio de 1974, Josemaría Escrivá de Balaguer vivió allí.

La escuela empezó a funcionar en 1973 en algunos cuartos de la construcción colonial, en la otra punta de la casona. Así, no había manera de que los huéspedes se cruzaran con las chicas, salvo con las que los servían. 

Cuando Claudia llegó, en 1980, se respiraba el perfume de los pinos y los eucaliptus cincuentenarios que habían inspirado el nombre de la ciudad, Bella Vista, y un sentido común católico y militar que blindaba los límites como los de una aldea: todo el barrio lindaba con el predio del Ejército más grande del país, Campo de Mayo, que marcaba el ambiente y las reglas de la vida también: entonces, la dictadura militar tenía ya casi cuatro años en el poder –de los siete que estaría– y ese era uno de los centros de tortura y secuestro clandestinos en los que habían asesinado y desaparecido a miles de personas. 

Puertas adentro del paredón también se hablaba de eso. Los que cenaban ahí eran miembros de élite del Opus Dei: hombres profesionales, algunos de apellidos ilustres, linaje terrateniente, empresario, político, judicial o académico. Parecían hombres comunes y corrientes, debían serlo, pero eran elegidos. Habían aceptado el desafío de santificarse en la vida ordinaria a través de su trabajo y del celibato, la prescindencia del dinero y la fidelidad a las enseñanzas de Josemaría Escrivá de Balaguer. A eso le decían compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Eran máximas equivalentes a los votos de los religiosos, pero los llamaban compromisos porque ahí estaba su distinción. A diferencia de los sacerdotes, ellos eran laicos que podían participar de la vida civil sin restricciones: podían ser legisladores, jueces, profesores universitarios, periodistas, empresarios y banqueros. No sólo podían, sino que tenían que serlo: llegar a lo más alto de la sociedad, ocupar la cima del poder, porque el mundo es como una montaña y quien quiera dominarlo debe llegar a la cumbre para desde allí derretir la nieve y bañar al resto.

El Opus Dei, creado en 1928 “por inspiración divina” en la España del dictador Miguel Primo de Rivera, desembarcó en Rosario en 1950. El fundador de la “Obra de Dios”, Escrivá de Balaguer, llevaba años de intercambio epistolar con el obispo castrense Antonio Caggiano. Ese año también llegaron a Chile y antes a México. Para la década del 60 se multiplicaban los miembros. Con ellos, también creció la necesidad de tener propiedades para crear residencias para la vida en comunidad -“en familia”- entre hombres y mujeres, por separado. A La Chacra iban a hacer sus convivencias y el “retiro anual” –equivalente a las vacaciones–, que en esas épocas doradas duraba un mes.

Para enero de 1980, entre sacerdotes y laicos varones llegaban a cien personas. Tuvieron que llevar a todas las alumnas nuevas para poder atenderlos. En febrero, se fueron los varones y llegaron las mujeres. Ellas también eran de clases altas y vivían castas, pobres y obedientes, pero con menos ambiciones en la vida pública. Su misión era mantener las residencias y centros del Opus Dei, dirigir a las criadas que servirían a los varones en primer lugar y después a ellas, y llegar a las mujeres de buena sociedad para hacerlas supernumerarias. Era un segundo anillo de membresía abierto a varones y mujeres también de familias pudientes y poderosas, pero no tomaban el compromiso del celibato, sino el de formar familia. A ellas se les daba formación espiritual, se les pedía llevar a otras mujeres, colaborar con dinero y tener muchos hijos. La mujer es santa después del octavo hijo. 

Los primeros años de la escuela tuvieron la promoción de un grupo de mujeres que formaron un Patronato: la primera presidenta fue Hortensia Dedyn de Miguens, la sucedió Luisa Nelson de Llorente. En su casa se reunían los miércoles María Elena Duhau de Avellaneda, Lucía Duhau de Escalante, Elena Figueroa de Avellaneda, María Luz Fontana de Pini, Carmen García Verde de Klappenbach, Carmen de los Angeles Larruy de Petit, Esther Zavalía de García Mansilla, María Helena Secondo de Cuesta Silva. Las donaciones llegaban de todos lados: la renta de un campo, una tienda de regalos en Ayacucho 1584, Recoleta, que les daba sus ganancias; el laboratorio Andrómaco de Alejandro Roviralta, las instituciones Adveniat y Misereor, de Alemania, “cuarenta millones de pesos mensuales que, desde el 26 de noviembre de 1976, daba como renta una playa de estacionamiento de automóviles ubicada en una zona de Buenos Aires llamada Constitución, y que aportó, durante seis años −es decir, hasta 1982−, el cincuenta por ciento de sus ganancias. Este donativo se consiguió por intermedio de Carmen de los Angeles Larruy de Petit, de Córdoba, quien conocía a Osvaldo Cacciatore, de origen cordobés, a quien habló del proyecto”. 

En 1979 Ana María Sanguinetti reunió a numerarias y supernumerarias para pedirles ayuda. Se necesitaban más alumnas, porque La Chacra estaría repleta durante todo el verano. En pocas semanas se armaron listas de nombres de chicas de 12 y 13 años de todo el país que eran buenas candidatas: pobres, de lugares rurales, sin posibilidades de educarse, de familias trabajadoras, católicas con los sacramentos al día en lo posible, aunque si no los tenían por falta de acceso, y no de fe, no había problema. Chicas con destino de criadas, de una u otra manera. Los primeros nombres se los sacaron las supernumerarias a sus empleadas: una hermanita, una prima, una amiga del pueblo. Las mandaron a preguntar a otras empleadas del barrio con las que charlaban. 

Una escuela gratuita en Buenos Aires para ser sirvientas profesionales, se corría el rumor. “La empresa Ford contribuyó con la donación de un automóvil, al que se llamó ‘El ochenta’ −por haberse conseguido en ese año−, que se utilizó para los viajes de promoción y búsqueda de alumnas y otras necesidades de la escuela”. Así se enteró Claudia: la tía de una numeraria llamada María Amelong se lo comentó a una señora de Rosario. Ella se lo dijo a su empleada. Su empleada llamó a su sobrina: 

—Hay una escuela de hotelería en Buenos Aires.

“−Es verdad: antes “sólo” pelaba patatas; ahora, se está santificando pelando patatas”

Josemaría Escrivá de Balaguer, — Surco, 1986

En marzo empezaron las clases, tal como Claudia las había imaginado: izaron la bandera, cantaron el himno y les dieron carpetas en las que hicieron las carátulas de las materias: Matemática, Ciencias Naturales y Aplicadas, Prácticas de Taller, Religión, Historia, Formación Moral y Cívica, Geografía, Castellano, Inglés, Artes del Hogar, Ciencias del Trabajo y Educación Física. 

Antes de las 7 de la mañana sonaba el despertador en los pasillos. El desayuno era un paso rápido para después ir a misa, y enseguida había que ponerse a trabajar en el orden, limpieza y cocina de la casa. Para ellas y para los huéspedes. Hasta el mediodía, que paraban para almorzar. Después de limpiar la cocina, entraban a clases. Cuando terminaban, volvían a trabajar hasta la hora de la cena. Tenían tiempo para una pequeña tertulia, después de levantar y lavar todos los platos. A eso de las 10, cuando los huéspedes terminaban su cena, se cerraba la puerta entre el comedor y el resto de la casona. Doble llave. Una de las directoras la cerraba del lado de las chicas, siempre acompañada por otra numeraria o alumna, y algún director hacía lo mismo del otro lado, con un numerario. Nunca debían cruzarse mujeres y varones solos. La puerta dejaba la cocina del lado de las chicas para que, una vez cerrada, pudieran pasar a limpiar, lavar y preparar la mesa para el desayuno del día siguiente. Cuanto más rápido lo hacían más tiempo para dormir les quedaba. Rápido era rápido: había que buscar la perfección, siempre, porque así es como Dios quiere que se hagan las cosas. 

La vajilla en la mesa se sirve así. 

¿Cómo que puso las tazas hacia la izquierda?

Las asas miran a la derecha. Todas alineadas. 

Las servilletas, el mismo doblez, a la derecha. 

Los cubiertos, ¡juntos no! Uno a cada lado del plato, el tenedor a la izquierda. 

En las clases prácticas aprendían cómo hacer bien, o mejor, las tareas que les tocaban todos los días: trabajar con un orden y un método podía dosificar el esfuerzo y cansarse menos. 

La cera debe cubrir todo el piso. 

Primero, con trapo y secador.

Después, de rodillas para llegar a los rincones. 

Con cuidado, no sea cosa de mancharse el uniforme.

Puede poner algo debajo de las rodillas para que duelan menos. 

Lustrar parece fácil pero no. La máquina es grande y ellas chiquitas. 

¡Cuidado porque las puede revolear!

Le quedó cera acumulada en el zócalo, mi chulita. 

Y también en aquel rincón. 

Eso se saca con viruta.

Otra vez de rodillas. 

Queman las manos después de la viruta. 

Había técnicas para tender la cama, ordenar una habitación, limpiar la cocina y mantener la despensa. Otras para priorizar y jerarquizar tareas cuando eran muchas: para aprovechar el tiempo, para no tener que hacer dos veces lo mismo.

Algunas de las chicas habían llegado sin saber limpiar vidrios y muchas no conocían elementos de limpieza básicos. También era nuevo para muchas bañarse en una ducha, tener una cama individual y comer cuatro veces al día. 

La tarde de clases a veces se hacía cuesta arriba. Sobre todo en las materias teóricas, siempre alguna de las chicas cabeceaba o se rendía al sueño sobre el pupitre. Había una profesora de Historia que no se los dejaba pasar. Se les acercaba y les susurraba al oído: 

—Mijita, levántese, vaya al baño, lávese la cara, mójese detrás de las orejas y vuelva. 

Esa profesora había llegado después de que echaron a otra, más jovencita, que había explicado La teoría de la evolución de Charles Darwin en su clase. Tenía 22 años, estudiaba Derecho y era vecina de Bella Vista. Cuando la llamaron para pedirle que volviera al aula y dijera que eso de la evolución era todo mentira, renunció. 

—La mayoría de las profesoras no eran de la Obra y nos tenían un amor inmenso… Éramos chiquitas —, recuerda Claudia mientras repasa las fotos en las que se la ve con uniformes de distintos colores, según iban pasando los años: en el patio de La Chacra bailando folclore, en la cocina cortando carne, en el planchero con los rodillos y las sábanas, en una tertulia tocando la guitarra, sentada en la cama de su habitación con un crucifijo detrás. 

—No podíamos salir solas a ningún lado. Los domingos nos llevaban a dar una vuelta por ahí nomás y también, a veces, de excursión: fuimos a conocer la fragata Sarmiento una vez, otra a la Rural y la República de los Niños. 

Tampoco podían quedarse solas. El único momento de intimidad era cuando entraban al baño. Y siempre tenían el tiempo contado, porque alguna compañera estaba esperando su turno o una instructora mirando qué hacía. Y si veían que entre algunas había confianza, las rotaban en las habitaciones y en las tareas. 

Había un teléfono general por el que podían recibir llamadas, pero las familias muchas veces no tenían quién les prestara un teléfono o el dinero para pagar una llamada que ni siquiera sabían si les pasarían. Lo mismo pasaba con las cartas: cuando llegaban iban directo a la dirección. Una numeraria las revisaba y evaluaba si podían leerlas. Lo peor era que anunciaran alguna muerte, porque ahí a las chicas les daban ganas de irse a ver a la familia. Esas se las daban un mes después, cuando ya había pasado todo. Si las cartas pasaban, las dejaban responderlas. Antes, las leían. Si decidían no enviarlas, no les avisaban. 

Los días pasaban sin sobresaltos. A Claudia le gustaba la escuela. Se había acostumbrado. Aunque extrañaba escuchar música. ¿Cuánto hacía que no podía poner un disco de Rafaella Carrá y jugar a mover la cabeza como ella? ¿O uno de Palito Ortega de los que escuchaban sus padres los sábados a la noche? Había visto un recital en la tele en su casa, pero ahora  no veían la tele. Había una, empotrada en la pared del living y cerrada con llave. La llave la tenía una de las directoras. Qué ganas de sacársela a escondidas y ver una tarde de cine continuado tirada en un sillón. Un domingo cada tanto, cada mucho, la prendían a la hora de la tertulia. Pero dependía de la programación. Era imposible controlar lo que podían escuchar o ver. El proyector, en cambio, tenía menos riesgos:  

—Cantando bajo la lluvia, Un gato en el tejado, Expreso de oriente, Sandokan, El tigre de Malasia, La novicia rebelde… Esas eran las que nos pasaban. Y cuando había un beso o algo así medio romántico, enseguida tapaban el proyector con un diario o algo hasta que pasara la escena.

Felices, todas sentadas en silencio frente a la pared, miraban fascinadas y se reían o lloraban. Quizá alguna aprovechara ese momento para llorar por su familia, por un novio que había dejado, porque sí.

Al día siguiente todo volvía a empezar. 

El Opus Dei era omnipresente, pero no sabían mucho hasta que les tocaba. Podía ser en cualquier momento, una tarde de lluvia o  una mañana de sol, antes o después de la misa, en medio de alguna tarea, al terminar la tertulia o en el paseo dominical. 

Una numeraria, con la que más trato tenían, se acercaba a hablarles. 

—¿Cómo se siente ser mejor cada día? Dios la mira y está feliz con su servicio.

Después de algunas charlas, les recomendaba confesarse.

El padre no dudaba:

—Usted tiene vocación. Qué feliz debe ser. 

Volvía entonces la numeraria:

—Usted puede santificarse a través del trabajo. 

Y el cura:

—Dios la ha elegido para concederle su gracia.

Y la numeraria y el cura:

—Sus padres tendrán el cielo gracias a usted. 

—Servir es la tarea más digna que una mujer puede hacer. 

—Salvarse sirviendo a Dios, qué privilegio.

—No ha nacido hombre para una numeraria auxiliar.

—No tendrá felicidad si rechaza el designio divino.

—Si tiene hijos nacerán enfermos porque está desafiando la decisión de Dios.

—Si no es la Obra, será el infierno.

—Yo jamás vi mi vocación, pero si Dios la veía cómo iba a decir que no —, dice Claudia. 

Fue en el año de las prácticas, cuando terminó los tres años de escuela, que ella “pitó” como numeraria auxiliar. Así le decía Escrivá de Balaguer a “hacerse de la Obra”: pitar. 

—Creo que a mí me dejaron tranquila mientras estaba en la escuela porque mis padres venían a verme una vez al mes. Sabían que yo podía decirles que no estaba bien y me perdían… Porque ellos te miden y te eligen. No invitan a todas las chicas a ser de la Obra. 

Una vez que pitó, la separaron del resto de las chicas que no eran del Opus Dei para empezar a cumplir con las reglas del Plan de Vida: además del trabajo, ser numeraria auxiliar conlleva una rutina de rezos, meditaciones, charlas con la directora espiritual, confesión con el cura, formación teórica intensa de dos años y las mortificaciones físicas. 

—Son tantas cosas que cuando te dan el cilicio (una liga de alambre con puntas)  y la disciplina (un látigo de soga con varias puntas y encerado) vos sólo pensás en que tenés algo más para hacer. 

Claudia pitó en 1984. Tenía 19 años. Para la ley argentina vigente era menor. Para el Opus Dei, ya era grande.

Lo ideal era que todos los miembros pitaran a los 14 años y medio o 15. La cuenta era así: tenían que pasar seis años desde la “admisión” hasta la incorporación de por vida al Opus Dei. Para eso, tenían que ser mayores. En ese tiempo, los formaban y los evaluaban: convicción, disciplina, carisma y salud. Entonces sí, estaban listos. Con los 21 años llegaba la “fidelidad”: un anillo como símbolo de la alianza con Dios y un testamento de puño y letra en favor de la nueva familia. A Claudia le tocó firmar en favor de una asociación civil, la AFC, que era la que llevaba la administración de la escuela.

Entre 1980 y 2002, trabajó en una docena de instituciones del Opus Dei en la Argentina: residencias universitarias, casas de varones, casas de mujeres, casas de retiros, clubes para niños, la sede central. 

Hasta que se escapó. 

Encontró el momento y salió. Se llevó las pocas cosas que tenía. No escribió la carta obligatoria al Padre, la máxima autoridad en Roma, para pedirle permiso. Nadie puede irse sin la carta de dispensa. Claudia se fue. El Opus Dei llamó a sus padres, los fue a ver, la buscó en la casa de otras numerarias auxiliares que se habían escapado antes que ella. Imposible, si las chicas que se iban eran como fantasmas. Desaparecían como ella, de un día para el otro, y adentro decían que, pobres, se habían vuelto locas o se habían ido detrás de cualquier tipo. A veces las hacían rezar por sus almas pobres. Eso dijeron de ella también, mientras la buscaban en Villa Ramallo, en Buenos Aires y en Rosario. 

En una de las casas en las que la buscaron fue la de Lucía Giménez, una numeraria auxiliar que se había escapado antes. Lucía era de un pueblo rural de Paraguay, Loreto. La habían llevado a Asunción a los 14 años y a los 15, en 1982, a Buenos Aires en un avión de la embajada argentina. No hubo escuela para ella: fue directamente a trabajar. Lucía nunca supo dónde estaba Claudia hasta que muchos años después, en 2014, viajó a Villa Ramallo con su familia y la recordó. Buscó el apellido por la guía telefónica y llamó. La atendieron los padres, le contaron que vivía en Rosario y le dieron su dirección. Lucía la fue a ver. 

En 2017 el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación para Empresas de Servicios (ICES). Le habían cambiado el nombre y la figura cuando tuvieron que adaptar el programa de estudios a las nuevas leyes de educación del país, en 1993. No había argumentos para justificar que chicas de 13 años tuvieran que irse tan lejos de sus familias para tener acceso a la educación. 

“El fundador del Opus Dei deseaba una mejora de las condiciones socio-laborales en que se desarrollaban las tareas domésticas, y vislumbraba la proyección social que se derivaría de la dignificación de esta tarea"

Ana María Sanguinetti

En 2021, Lucía, Claudia y otras 41 mujeres denunciaron al Opus Dei ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano por trata de personas, reducción a la servidumbre y manipulación psicológica. Hasta hoy no han tenido respuesta.

Este texto se trabajó en el Laboratorio de No Ficción Creativa llevado adelante por Revista Anfibia, el Doctorado de Escritura en Español de la Universidad de Houston y la Maestría en Periodismo Narrativo de Unsam entre septiembre de 2022 y mayo de 2023.

Benedicto XVI fue “cómplice” en un caso de abusos a menores durante su etapa como arzobispo de Múnich. Esta es la convicción de la presidenta del tribunal de Traunstein, Elisabeth Nitzinger-Spann, que desde este martes juzga la demanda de Andreas Perr, víctima de abusos por parte del sacerdote Peter H. y que reclama 300.000 euros por daños y perjuicios a su abusador y a la archidiócesis de Múnich, y otros 50.000 euros a los herederos del Papa emérito.

Para la jueza, que ha decidido separar ambas demandas (diócesis y Ratzinger) hasta que se determine quiénes son los herederos del Papa emérito fallecido el pasado 31 de diciembre, y si aceptan o no dicha herencia (así como una posible responsabilidad subsidiaria frente a este tipo de denuncias), Ratzigner tenía “el correspondiente conocimiento de la vida anterior del sacerdote”, tal y como apunta en un dictamen jurídico preliminar.

Sin embargo, dado que una heredera de Josep Ratzinger se negó a aceptar la herencia y los otros cuatro primos no habían dado señales, la demanda originalmente dirigida contra él se separa del proceso, como anunció el tribunal este lunes y recoge Katholisch. Hasta el momento, solo una prima del Papa emérito ha aparecido, rechazando la herencia, mientras que el secretario de Benedicto XVI, Georg Gänswein, ya desde Friburgo (el 1 de julio abandonará el Vaticano, por orden expresa de Francisco), continúa buscando a los otros cuatro familiares, por el momento sin éxito.

Como se recordará, en 1980, mientras Joseph Ratzinger era arzobispo de Múnich, participó en una reunión en la que se decidió aceptar en la diócesis a un sacerdote, Peter H., trasladado desde Renania del Norte por sospechas de abusos. La participación de Ratzinger en dicha reunión saltó a la prensa al presentarse el informe de abusos elaborado en Munich en 2022. En un primer momento, el Papa emérito negó haber asistido a dicha reunión, aunque posteriormente habló de un error y admitió haber estado allí.

En todo caso, el tribunal deja claro que Ratzinger conocía a la perfección dichas acusaciones y, sin embargo, el religioso “fue acogido sin más restricciones y precauciones”, siendo destinado a la atención pastoral de niños y jóvenes.

Esta decisión, en opinión del Tribunal de Traunstein, daría lugar tanto a una demanda contra Ratzinger como contra la diócesis muniquesa, que ya ha adelantado que pagará los daños causados por el abuso. La presidenta del tribunal añadió que está claro que el demandante tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios. “La única cuestión que queda por resolver es la cuantía de la demanda”, subrayó.

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Kevin Montes eligió las fotos que acompañan esta entrevista con un criterio: “Para que la gente que vea la nota se dé cuenta que 'ah, era el chico que estaba en la parroquia siempre, el que ayudaba en las misas'”, dice a elDiarioAR. Es una forma de reconocerse y de que lo reconozcan. Kevin Montes quería ser cura. Sintió el llamado cuando era chico: a los 11 años iba a la Parroquia de su barrio, que pertenece a la diócesis de Orán, en Tartagal, Salta. A los 18, apenas terminó el secundario, entró en el seminario. El quería “salvar al mundo”. De aquel deseo no queda nada. “A mí me lo quitaron todo. A mí me quitaron todos los sueños, me quitaron las ganas de vivir. Hasta que en un momento dije: no. Para vivir necesito cerrar este ciclo con justicia”. Kevin Montes denunció por abuso sexual a Carlos Fernando Páez, el cura de la parroquia donde él estudiaba. Pudo hacerlo hace cuatro años, en la justicia Civil y en la canónica. El juicio contra Páez arranca en pocas semanas, el 15 de mayo.

Salta es un provincia muy religiosa y Tartagal, donde está la parroquia a la que ibas, es una localidad pequeña. ¿Cuáles son las consecuencias de denunciar al cura del barrio?

En un proceso difícil, el paso más difícil fue el de la condena social. No hacia quien abusó de mí, sino la condena social hacia mi persona. Gente muy religiosa que te empieza a señalar, te critica, te dice que sos “un anticlerical” o que lo hacés por resentido. O que tentó a esta persona psicópata para que me hiciera todas esas cosas. Como si terminara ocupando yo el lugar de demonio. Tuve que irme de Tartagal. Llegó un momento en el que la persecución hacia mí y mi familia fue tan fuerte que tomé la decisión de irme, no sólo de mi ciudad sino de mi provincia.

Denunciaste hechos que ocurrieron entre 2015 y 2017, en tu etapa de seminarista. Suele pensarse que si no hubo acceso carnal, el abuso no existió. ¿Es así?

Yo también tenía ese concepto erróneo, ese concepto que dice que si no hay acceso carnal, no hay abuso sexual. Por eso me costó reconocerme como víctima. Pero en un momento empiezo a darme cuenta de que me habían ocurrido cosas que no eran normales y con mucho dolor asimilo lo que me había pasado. Hubo un obispo que nos juntaba (N. de la R.: a los seminaristas) y nos hacía a cada uno una pregunta muy, muy directa: “¿a vos te violó alguien?'” Y decíamos no, no, no. Porque tenía el concepto de que si no había acceso carnal entonces no era abuso. En un momento dije, bueno, listo, ya está, me pasó. Y uno como víctima por lo general tiende a culparse: “Fue mi culpa, yo provoqué esto”.

Además de ser situaciones contra tu voluntad, ¿hubo un aprovechamiento de tu fe religiosa, como si eso fuera una herramienta de Poder sobre vos?

Tal cual. Siempre tengo muy patente algunas frases que me decía esta persona: “Si yo quiero te saco del seminario”, por ejemplo. Mi fe, mi vocación me la había dado Dios, pero él se había adueñado de ella. Desde ahí jugaba sus cartas. Él se había involucrado mucho en mi vida personal. Cuando uno está en el seminario cuenta absolutamente todo, hasta tus más profundos pensamientos, tus más profundas sensaciones. Y ahí donde esta persona empezó a a tejer sus hilos para atraparme y así vulnerar mi integridad sexual.

El consejo del Obispo: “Andá y encaralo como un hombre”

No lo nombra. O lo nombra apenas y por el apellido. Carlos Fernando Páez está imputado por el delito de abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por ministro de culto reconocido y encargado de la educación. Paéz era sacerdote en la parroquia La Santa Cruz, en Villa Saavedra, Tartagal, que depende de la Diócesis de Orán. Allí coincidieron Montes, el denunciante, y el cura acusado. Después de la denuncia civil, Páez fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Unión, que también depende de la Diócesis de Orán. El obispo de Orán, Luis Scozzina, suspendió del ejercicio del sacerdocio a Páez en agosto. También lo expulsaron de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Unión, donde residía.

¿Cómo cambió tu vínculo con la Iglesia Católica a partir de la denuncia?

Hoy en día, después de casi cuatro años, separo mi relación con Dios de la Iglesia como institución. La Iglesia como institución a mí y a tantos otros ex seminaristas que hemos pasado por lo mismo nos hicieron a un lado, nos soltaron la mano. Hoy no pertenezco a la institución, no me siento parte, no me interesa. Y con respecto a mi relación con Dios, yo creo que Dios no me llamó a ser cura. Creo que Dios me llamó a que ayude a destapar ese tipo de cosas.

Antes de hacer la denuncia en la Justicia civil, hablaste de las violencias de las que fuiste víctima con el obispo de la Diócesis. ¿Qué respuesta te dieron?

Cuando hablé Monseñor Scozzina y le manifesté lo que me pasaba con este sacerdote Páez, me dio la opción de no ir a esa parroquia en mis días libres. En enero del 2019, cuando presento oficialmente mi renuncia al seminario, volví a comentarle a Scozzina la situación: “Padre, fijesé que esta persona sigue llevando gente, a chicos menores de edad a su casa, que él me hizo esto y esto, y me hostiga, me persigue y me difama”. Scozzina me dijo “bueno, andá y encaralo como un hombre; y si lo tenés que reventar, reventalo”.

¿Qué quiso decir con “andá y encaralo como un hombre”?

Yo lo interpreté como que esperaban que fuera yo quien cometiera el error de ir golpearlo, desahogarme de mala manera con todo lo que él me había hecho. Entonces el denunciado hubiese sido yo.

Montes dice que una vez que radicó la denuncia canónica nunca más le abrieron las puertas del Obispado. Que el desconocimiento de parte de la institución a la que había elegido pertenecer y dedicar su vida hizo que no supiera si la causa avanzaba dentro de lglesia Católica. Montes había declarado en 2019 en la causa por abuso sexual contra Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán. Cuando Montes denunció a Paéz, Zanchetta aun estaba en funciones en la Diócesis. En el perfil de Facebook de la Diócesis, Zanchetta posteó un comunicado que decía: “Seguiré acompañando a las víctimas”.

Ahora dice Montes a elDiarioAR: “Nunca nos acompañó. Siempre nos dejó solos y trató de ocultar todo lo que pudo”. Asegura que aunque en aquella causa declaró como testigo aunque también podría haber sido denunciante. Pero que afrontar dos procesos judiciales al mismo tiempo no iba a ser fácil así que optó por denunciar al sacerdote que más daño me había hecho.

Te definís como sobreviviente y no como víctima. ¿Cuál es la diferencia?

Es un proceso en el que uno muere. Al reconocer que te dañaron lo más íntimo, que dañaron tu integridad, que dañaron lo más sagrado que puede llegar a tener una persona... Quiero aclarar esto y lo voy a aclarar siempre: no estamos hablando solamente de acceso carnal: te voltearon, te mataron, te quitaron la vida. Tus sueños, tus proyectos. Yo entré en el seminario porque quería ser cura, quería salvar al mundo desde el servicio. Y a mí me lo quitaron todo. Me quitaron las ganas de vivir. Yo me he auto flagelado. He intentado quitarme la vida en dos ocasiones y en un momento dije: no. Dije: yo quiero vivir y para vivir necesito cerrar este ciclo con Justicia. Justicia para mí, Justicia para aquellos jóvenes que fueron abusados por esta persona desde el año 1998, jóvenes que hoy ya son adultos y que no pudieron dar este paso todavía. Yo elegí renacer y elijo todos los días sobrevivir. Todos los días me levanto con un propósito: justicia por mí y por los que no se animaron a denunciar.

Kevin Montes, hoy empleado en el área administrativa de una escuela de Córdoba, dice que lo que impulsó el pedido de juicio fue saber que Páez seguía en contacto con varones menores de edad. “Chicos vulnerables, chicos que estaban saliendo de la droga, que terminaban yéndose de campamento o retiros espirituales con él. Eso fue lo que me motivó. Yo conocía a todos los chicos del barrio que iban a la casa de él. No quiero tener 40, 45 años, y prender la tele y ver que esta persona le jodió la vida a otro joven”, sigue Montes.

Estás a punto de encarar un juicio acompañado por la Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y otras organizaciones. Advirtieron sobre tu seguridad física y la de tu familia. ¿Por qué?

Para llegar a Tartagal, donde se hará el juicio, tengo que emprender un viaje en colectivo de aproximadamente 18 horas. Yo no sé con qué me voy a encontrar a la hora de bajarme el colectivo. Habiendo vivido toda esa persecución por parte de feligreses, ante mí y ante mi familia, esto es revivir todo. Tengo miedo de que le faltan el respeto a mi familia, de bajarme del colectivo y me estén esperando para insultarme, para tratar de desencajarme. Yo debería alojarme donde vivía, a la vuelta del Poder Judicial, que es donde tengo que ir a a declarar. Tengo miedo de salir de casa y hacer ese camino solo. Entonces yo también exijo mis garantías de seguridad. He pedido al fiscal estar aislado en algún lugar durante lo que dure el proceso.

VDM/MG

“Espero que el proceso judicial no sea una carnicería como ha pasado con otros sobrevivientes”, dice el exseminarista Vicente Suárez Wollert. El 2 de mayo comienza en La Pampa el juicio por abuso sexual agravado contra el cura José Miguel Padilla, fundador de la congregación de frailes La Fraternidad de Belén, que tiene monasterios en La Pampa y provincia de Buenos Aires, y excapellán del Ejército durante la última dictadura militar. 

Padilla, quien actualmente reside en San Luis, es acusado por hechos que ocurrieron entre noviembre de 2015 y junio de 2016 cuando el joven, de 19 años, ingresó al monasterio en Intendente Alvear, La Pampa. En ese momento, el sacerdote era el director del convento de los frailes Capuchinos Recoletos. En 2019, el seminarista pudo denunciar la situación en un hilo de Twitter y después continuó por la vía judicial. “Era como ‘El elegido”', relata el joven en diálogo con elDiarioAR. “Yo recibí muy rápido el hábito de fraile y comencé a ser como el 'secretario' de Padilla: lo acompañaba a las citas, a las reuniones, a las visitas de los enfermos, en los viajes, al médico. Me decía que cuando él no esté quería que yo quedara al frente de la comunidad junto con otros frailes”, agrega.

Un sacerdote me dijo que era psicólogo y me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro

Vicente Suárez Wollert — Denunciante

La denuncia indica que los abusos comenzaron durante unas vacaciones comunitarias en una casa de retiro en Villa de la Quebrada, en San Luis. La segunda vez fue en la habitación del cura cuando los padres del joven lo visitaron en el convento. “A ellos les dijo que yo los odiaba y a mi me decía que mis papás no me querían, que tenía que concentrarme en mi vocación. De a poco fue alejándome de todo lo que era mi entorno, no había celular, no había Facebook, ninguna comunicación. Hay hechos que los recordé con terapia y al momento de hacerme las pericias judiciales. Otro de los hechos ocurrió en la ruta, eso lo recordé hace pocas semanas en el camino cerca del convento”, comenta el joven que ahora vive en Santa Fe y es docente en una escuela especial.

Padilla es criticado también por su actuación durante la última dictadura cívico militar en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141 de San Luis. La escritora y docente pampeana Claudia Giacobbe, autora del libro sobre el caso llamado “La verdad los hará libre”, da cuenta eso. “Fue capellán del Ejército entre 1980 y 1983. Después, estuvo en San Luis con el obispo ultra conservador Juan Rodolfo Laise (Nota del diario: acusado por testigos en juicios por delitos de lesa humanidad de cooperar con los militares). En ese momento, Padilla fue rector del seminario, párroco de la catedral y vicario del obispo”, afirma la autora a este diario.

Además, el libro da cuenta de que Padilla participó del levantamiento carapintada. “En abril de 1987 bendijo las armas de los enemigos de la patria y al año siguiente participó del segundo levantamiento que buscaba derrocar a Alfonsín”, describe Giacobbe, quien escribió la historia de Vicente y estudió características de los curas abusadores. El sacerdote también se expresó en contra de los pueblos originarios. “En el colegio secundario Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear difundió material donde se trataba a los pueblos originarios de sanguinarios, cuatreros y extorsionadores. También caracterizó a la Campaña del Desierto como una monumental empresa y reivindicó la figura de Roca. También calificó el Día de la Memoria como una fiesta ideológica y consideró al genocidio de los 70 como una guerra contra la subversión y las minorías rebeldes extremistas. Al mismo tiempo, caracterizó como patéticos y deplorables a los militantes de derechos humanos”, detalla la periodista.

“El cometía los abusos y después lloraba, decía que le había fallado a Dios, a su vocación. Le pedía perdón a Dios, pero nunca me pidió perdón. Él me decía que fuera del convento yo no iba a ser feliz. Los abusos se meten no solo con la integridad sino también con los sueños, con el proyecto de vida”, reflexiona Vicente, quien después de estar en La Pampa intentó seguir la vida religiosa en la Congregación San Miguel del Arcángel en Paraguay. Allí le contó la situación a sus superiores, que le recomendaron perdonar y dejar las cosas “en manos de Dios”. Además, un integrante de la iglesia le hizo un test que determinó que tenía un trastorno psicoafectivo. “Era un sacerdote que me dijo que era psicólogo y me realizó un psicodiagnóstico falso, me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro. Yo creí por varios años, incluso después de haber dejado la vida religiosa. Después un psicodiagnóstico privado reveló que eso no era cierto”, agrega.

Tres años después de la denuncia, la justicia pampeana determinará la responsabilidad de Padilla, quien recibió una presentación en su contra de un exalumno del Colegio Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear, al que renunció a su cargo de rector. Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina advirtieron sobre las maniobras dilatorias del proceso judicial en la causa de Vicente por parte del abogado del cura, Jorge Salamone. Indicaron que presentaron varios recursos para impedir que las personas citadas a declarar lo hagan de manera virtual, algo que sí le permitieron a los obispos citados. “La defensa continúa obstaculizando la causa, a semanas del inicio del juicio, oponiéndose a la declaración remota de testigos y peritos que no benefician a su cliente. La Justicia ha hecho lugar a la mayoría de sus pedidos, permitiendo - en cambio - que los obispos implicados declaren desde la comodidad de sus palacios arzobispales. Exigimos un acceso real e igualitario a la justicia”, indicaron en un comunicado. elDiarioAR se comunicó con el abogado defensor de Padilla, quién no pudo responder por estar de viaje. 

Desde la querella indicaron que las tres autoridades de la Iglesia Católica citadas a declarar fueron habilitadas por el tribunal a hacerlo de manera virtual. Se trata de Raúl Martin, obispo de Santa Rosa, su auxiliar Luis Darío Martín y el arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer. “A ellos les permitieron declarar de esa manera. En mi caso, la defensa se opuso y le dieron lugar. Tendré que viajar 800 kilómetros para declarar”, contó Suárez Wollert.

Le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada

Vicente Suárez Wollert — Denunciante

“Fueron años en los que yo revisaba los mails, actualizaba la página una y otra vez a ver si el obispo me escribía”, así se puede resumir la respuesta de la institución católica a los reclamos del seminarista ante la denuncia de abuso sexual. En 2016, Suárez Wollert le envió mails al obispo Martin para contarle lo que pasaba en su jurisdicción, pero no recibió respuesta. “En el primero no remití explícitamente al abuso, pero le di suficientes elementos con capturas de pantallas y con mensajes que me mandaba mi superior, que era Padilla. En el primer mail respondió y después ya no. En ese momento confié en la Iglesia. Yo también confié y también le conté a los superiores de Paraguay”, agregó.

“Le escribí al obispo de San Luis, Gabriel Barba, a monseñor Mario Poli también. Lo mandé a todos los correos de la Conferencia Episcopal pidiendo que intervenga y no tuve respuesta. Denuncié en la Comisión que creó el obispado de Santa Rosa. Ahí denuncié a Padilla y al monseñor Gabriel Martin por encubrimiento. Son dilaciones y falta de voluntad, no hay un compromiso con la verdad y la justicia”, detalló el joven. 

La parte acusadora pidió citar a varios integrantes de la iglesia, de distintas jurisdicciones, para que relaten las advertencias que el joven hizo en distintas etapas.“Cuando me desvinculan de la comunidad fui al obispado de La Plata, donde la congregación de Padilla tenía una casa y le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada”, explicó. 

CDB / MG

“Era un sacerdote que me dijo que era psicólogo y me realizó un psicodiagnóstico falso, me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro. Yo creí por varios años, incluso después de haber dejado la vida religiosa. Después un psicodiagnóstico privado reveló que eso no era cierto”,

Vicente Suárez Wollert

.“Cuando me desvinculan de la comunidad fui al obispado de La Plata, donde la congregación de Padilla tenía una casa y le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada”,

Vicente Suárez Wollert

Pablo Vío y Gonzalo Elizondo cursaban juntos sexto grado en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Tenían 11 y 12 años cuando César Fretes, hermano jesuita de la institución, abusó sexualmente de ellos y de varios de sus compañeros. Hace un año, formaron parte de un grupo de diez exalumnos que denunciaron penalmente a las principales autoridades del colegio y de su orden religiosa madre, la Compañía de Jesús, la misma a la que pertenece el Papa Francisco, en calidad de partícipes y encubridores siendo las autoridades responsables.

Tres años atrás, Vío y Elizondo, casi en sus treintas, intercambiaron experiencias y se dieron cuenta de lo que les ocurrió. Habiendo conocido testimonios de otros amigos, recurrieron a la institución: “No encontramos ningún tipo de respuesta, arrepentimiento o decisión de hacerse cargo de una manera responsable”, dijo Pablo a elDiarioAR. “Lo único que hicieron fue excusarse diciéndonos que ellos creen que actuaron de la forma indicada para la época”, apuntó.

“Nos fuimos muy dolidos y decidimos darle inicio a este camino judicial”. Tras un año y medio de buscar abogados, Vío y Elizondo -junto a otras ocho víctimas- presentaron su denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres (UFEM) con el patrocinio de Carlos Lombardi, Pablo y César Mayer.

Los denunciados son Luis Rafael Velasco, rector del colegio entre 1999 y 2003; Ricardo Moscato, vicerrector entre 1999 y 2010 y rector desde entonces; Alonso José Gómez, superior provincial de la orden entre 2003 y 2009 y actualmente rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); Álvaro Pacheco, delegado de la Compañía para la prevención de denuncias y abusos y Andrés Ignacio Aguerre Herrera, rector de la escuela entre 2004 y 2010 y desde 2022 vicerrector de la UCC.

Fretes falleció a raíz de un cáncer en octubre del 2015. Se había desempeñado como tutor de sexto grado entre 1997 y 2003. “Sí tenía una relación más cercana con la mayoría”, recordó Vío. Fue el encargado de impartir “Educación para el amor”, una especie de educación sexual. “A vista de nuestros padres y profesores se lo veía de una forma muy positiva; cercano y simpático”. Fretes estaba habilitado a indagar en cuestiones del desarrollo corporal y de la vida sexual de sus alumnos. En ese momento, tenía 40 años.

El jesuita solía retirar a los niños del aula durante horario de clases, para llevarlos a su despacho al final del pasillo del tercer piso, cuya puerta con ventanas estaba tapada con cartulina desde adentro. Dice la denuncia que ahí, con sus alumnos, Fretes preguntaba si se habían masturbado, con la excusa de que se bajaran los pantalones para ver y tocar. Como acompañante, frecuentaba también campamentos de retiros espirituales, llamados “Encuentros con Cristo”, donde de noche entraba a las carpas o las habitaciones.

Los denunciantes indicaron que Velasco y Moscato recibieron al menos tres denuncias de padres y una cuarta de un sacerdote, pero estos dos en vez de separar a Fretes del trato con los niños, habrían consentido para que continuara retirando niños del aula y siguiera como tutor y acompañante de ellos en campamentos y retiros espirituales, optando por el silencio para que la comunidad educativa no tomara conocimiento de lo sucedido. Los exalumnos consideran que la inacción de los directivos hizo que el hermano siga por más de dos años.

Por su parte, Gómez, Pacheco y Aguerre Herrera habrían encubierto los delitos de Fretes y la inacción de Velasco y Moscato. Según la denuncia, ocultaron pruebas fundamentales para el esclarecimiento a los hechos y se negaron a entregar copias de los expedientes abiertos por los abusos de Fretes. “Ellos tienen que entregar la documentación si la piden, porque es un derecho humano ejercido por víctimas de abuso”, explicó Lombardi a elDiarioAR.

En cuanto al paradero de Fretes, “él se fue a Mendoza, y nunca se dijo nada sobre su traslado y se mantuvo con bastante hermetismo”, dijo Vío. Comenta que es común ver entrar y salir curas en un colegio religioso, por lo que no sería raro el traslado en otras circunstancias. Sin embargo, “tenía que ver con encubrir a un abusador”. Lombardi describe un modus operandi de la Iglesia, y cuenta que en la ciudad cuyana “vino a la sede de los jesuitas, también colaboró en una parroquia de un barrio vulnerable y siguió en contacto con jóvenes porque participó de algunos campamentos”. “Como no tenían cómo contener el reclamo de los padres, deciden trasladarlo, pero en silencio”, apuntó.

La respuesta del colegio

A poco de conocerse la denuncia penal, la Compañía de Jesús difundió un comunicado en el que aseguran haber prestado “toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación”, y recordaron que Fretes ya no pertenecía a la institución ya que había sido “dimitido” del estado clerical, la máxima sanción prevista por la Iglesia católica, en 2007. También afirman que fue separado de sus funciones en 2003, cuando se conoció la primera denuncia.

Luego, agregan el argumento utilizado en la mayoría de los casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, que se trataba de un delito privado y que por lo tanto no podían denunciarlo:  “Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas”.

Como sigue la causa

La causa, actualmente bajo secreto de sumario, tuvo el viernes 10 de marzo dos allanamientos: al Colegio del Salvador y al Centro Loyola, sede de la Orden Jesuita en San Miguel, provincia de Buenos Aires. elDiarioAR supo que los investigadores fueron en busca de documentación: “Parte de esa documentación se secuestró y otra se presentó por parte del abogado de los curas. No deja de ser una actitud contradictoria, porque el año pasado negaron la información y ahora con una orden judicial la presentan”, cuestionó Lombardi. “Lo que presentaron es antojadizo, lo que han querido”.

"Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco

Carlos Lombardi — Abogado de las víctimas

En un comunicado, los excompañeros dicen que “en octubre del 2022 enviamos una carta al Papa Francisco”, donde explicaron su denuncia y solicitaron “su intermediación para esclarecer estos hechos. Es la segunda carta que enviamos al Papa. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta”. Jorge Bergoglio fue docente de la institución: “Si no lo conoció personalmente, por lo menos por las cartas ha tenido noción y conocimiento del caso y la persona”, piensa Lombardi. “Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco”.

“Consideramos que era una forma de aunque sea hacer algún comentario, alguna reflexión”, explica Vío, aunque confiesa: “A mí no me va a conmover porque entiendo que es el líder de la institución que se maneja de esta forma”. Aunque opina que el Papa no debe conocer el caso, cree que la Iglesia “permite este tipo de abusos, entonces esperar una respuesta es un poco irónico. No lo veo como una solución a esto, sí una herramienta para el proceso judicial y el sanar de muchas personas que estamos transitando esto”.

“Entiendo que tiene un condimento particular esta denuncia, que es la de varones”, reconoce Pablo, y piensa que de ahí viene la repercusión que tiene el caso, aunque “no lo hicimos con ese objetivo, fue hacer público algo que estábamos intentando hacer casi tres años, hacernos escuchar”. Reflexiona: “somos personas que pudimos seguir con nuestra vida, trabajando, estudiando, y sin embargo lo que nos pasó no deja de ser gravísimo y sí tuvo repercusión en nuestras vidas”.

“El objetivo de todo esto es encontrar justicia. Esperamos que ese fallo sea positivo, más allá de la condena, porque tiene que ver con poner un granito de arena con lo que no se habla y tampoco se juzga”, responde Vío a la pregunta de sus expectativas. Habla de sentar bases para que quienes cometan delitos de abuso y encubrimiento “tengan que dar explicaciones ante la justicia y no aprovechar si son casos religiosos”. “Ellos creen que todo se define dentro de su ámbito”, sentenció.

LC

Unas 1.200 víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica de Francia presentaron el pedido para recibir una compensación económica por los ataques sufridos. Pero hasta ahora sólo 190 víctimas recibieron compensaciones por 37.000 euros mientras que apenas 40 consiguieron el máximo posible de 60.000 euros.

Estas víctimas representan una ínfima parte las 330.000 denuncias recibidas por una comisión independiente en el año 2021. A lo largo de 2.500 páginas, la denominada Comisión Ciase determinó los abusos cometidos entre la Iglesia de Francias entre 1950 y 2020. De ese total, 216.000 fueron menores.

A partir de este informe, la Conferencia Episcopal de ese país resolvió crear una nueva comisión, la INIRR (Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación), para escuchar y recibir denuncias de las víctimas. Sin embargo, hasta el 1 de marzo sólo se habían recibido 1.186 denuncias, de las cuales sólo 404 fueron atendidas por sus servicios.

El número se achica aún más al momento de diferencias entre los casos que siguen en estudio y quienes efectivamente recibieron una compensación: 230.

Del total de casos recibido por la INIRR, el 58 % de los ataques se prolongaron durante más de un año, en tanto en el 21% las víctimas fueron sometidas por más de cinco años. En la mayoría de los casos se trató de violaciones, sobre todo a niños de entre 11 y 15 años (54 % del total) o entre 6 y 10 años (40 %).

“Sabemos que los abusos sufridos durante la infancia son extremadamente importantes y sus efectos se prolongan durante años”, reconoció la presidenta de la institución, Marie Derain de Vaucresson, quien admitió que durante años hubo una voluntad en la Iglesia de ocultar estos hechos. 

Las víctimas, cuya edad media actual es de 61 años, son mayoritariamente hombres (68 %), pero la directora de la INIRR reconoce que el número de mujeres es mayor del esperado y actualmente representan el 32 %.

Las víctimas, que contactan por teléfono o por correo electrónico al organismo, reciben un acompañamiento próximo e individualizado por parte de la figura del referente, quien les ayuda a través de entrevistas a clarificar sus recuerdos y calificar la violencia sufrida.

Sin embargo, el dinero no siempre es suficiente y en el caso de Stephan, que prefiere no usar su nombre verdadero, la reparación estuvo en el reconocimiento y el consuelo de su sufrimiento. Atacado a los 13 años durante una confesión, cargó durante años con la culpa del episodio, que le hizo desarrollar una obesidad mórbida por la que tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.

“Pensamos que el niño que es violado lo olvida, pero no. El niño que es violado no olvida nunca y sufre traumas de por vida”, resalta esta víctima, que, tras su proceso con la INIRR, dice sentirse liberado y reconocido. 

“La reparación pasa por una reparación financiera, pero no puede sustituir a la justicia civil”, señaló François, nombre ficticio de otra de las víctimas. El hombre agregó que contar su experiencia ante INIRR fue “una revelación” que le permitió poder expresarse y dar testimonio de lo que había sufrido, e insiste en esa necesidad de reconocimiento, en especial por parte de la Iglesia.

“Lo más importante es que exista esta instancia, creada para ser un foro de escucha, con gente competente que puede comprender lo que hemos vivido y reconocer lo que hemos vivido”, concluyó.

Con información de EFE.

La Fiscalía General del Estado trata de dar pasos para arrojar luz sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica de España a pesar de la falta de colaboración de los obispos. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció este jueves en una comparecencia en el Senado que en los “próximos días” se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas para que remitan toda la información a su alcance sobre denuncias o testimonios relativos a la pederastia clerical. El objetivo es acceder a “los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”, explicó ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. 

Esta decisión es consecuencia de la “escasísima información” que la jerarquía católica facilitó hasta el momento sobre “una realidad criminal de incuestionable gravedad” como son los abusos sexuales a menores en la Iglesia. García Ortiz explicó que el pasado noviembre la Fiscalía solicitó a las 70 diócesis que facilitaran toda la información al respecto que estuviera en su poder. Pero sólo 29 de ellas contestaron. Y lo hicieron, además, con “respuestas modelo”, afirmando que no tienen casos abiertos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. 

La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal general revela que las diócesis siguieron a rajatabla las directrices de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el sentido de que debían limitar la información que ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario general de la CEE, César García Magán, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la fiscalía provincial y que la respuesta fuera coordinada por la procuradora que representa a esta organización. E incluso para facilitar esa respuesta unánime adjuntaba además dos modelos a completar que fueron utilizados por la mayoría de ellas. 

La Fiscalía preguntó a las diócesis por indicación de la propia Conferencia Episcopal, a quien se había dirigido el Ministerio Público en primera instancia tras recibir un escrito que reproducía a su vez la investigación realizada por El País sobre estos abusos. “Valorando ese gesto” —dijo García Ortiz—, la Fiscalía pidió a los obispos que informaran “de aquellos casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y “valorar cada caso de forma individual”. Pero éstos replicaron que no tenían “competencia” para hacerlo e indicaron al Ministerio Público que contactara con cada diócesis individualmente. 

En su intervención, García Ortiz aseguró que las agresiones sexuales a menores “cometidas en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa” es “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. Y recordó en este sentido, que la Fiscalía está elaborando un estudio sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos y autores fallecidos. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”, afirmó.

elDiario.es informó este jueves que la auditoria sobre estos abusos que la Conferencia Episcopal encargó al al despacho Cremades & Calvo Sotelo apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se centró en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se concretó en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50. 

Portugal no fue una excepción. La investigación sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica logró validar 512 testimonios de víctimas, aunque la comisión independiente que llevó a cabo este trabajo estima que, desde 1950, hubo al menos 4.815 víctimas de abusos sexuales en las instituciones católicas lusas.

Del total de las denuncias recibidas, la comisión envió a la Justicia apenas 25 casos, porque en su mayoría ya prescribieron, aunque la comisión prepara una lista con los abusadores todavía activos, la cual apuntan que podría estar terminada en las próximas semanas y que no será publicada, sino enviada a la Fiscalía. El coordinador de la comisión, Pedro Strecht, reconoció que “no es posible cuantificar el total de crímenes”, durante la presentación del informe final este lunes.

Las conclusiones de esta investigación deben conducir a un “cambio”, reclamó Strecht, en un acto con la presencia de Manuel Clemente, cardenal de Lisboa, y el presidente de la Conferencia Episcopal, José Ornelas, entre otros miembros de la cúpula de la Iglesia católica de ese país.

La mayor parte de los abusos fueron entre los 60 y 90

El grueso de los abusos fueron cometidos entre los años 60 y 90, por eso la comisión -creada por la Conferencia Episcopal e integrada por seis miembros entre psicólogos, sociólogos, juristas y hasta una cineasta- pidió la modificación de las leyes para ampliar a 30 años la prescripción de estos delitos.

La abrumadora mayoría de las víctimas fue abusada más de una vez, y alrededor de un tercio sufrió abusos durante al menos un año -en algunos casos hasta siete años-, según concluyó la investigación.

Algunos de los datos que aporta el informe revelaron que cerca del 53% son niños y comenzaron a sufrir abusos entre los 10 y 14 años, aunque la edad media apenas supera los once. La mayoría tiene 52 años en la actualidad y alrededor del 20% está en los 40. Además, se destacó que casi el 60% residía con sus padres y pocos blanquearon lo que estaba ocurriendo. Como media tardaron diez años en contarlo, y más de una cuarta parte apenas se atrevió a hablar cuando se puso en marcha esta investigación en enero del año pasado.

Los miembros de la comisión concluyeron que el silencio fue el cómplice de los abusadores, ya que el 77% de las víctimas nunca presentó una queja ante la Iglesia y solo en un 4% se denunció ante la Justicia. Muchas de las víctimas que revelaron los abusos a sus familias no fueron creídas o incluso fueron rechazadas.

Perfil del abusador

Las víctimas sufrieron violaciones y todo tipo de abusos: penetraciones, sexo anal, oral, tocamientos, masturbación, palabras ofensivas. La mayoría de los abusadores fueron hombres (96%) y sacerdotes -alrededor del 77%-. Las conductas que fueron señaladas en esta investigación se produjeron en seminarios, dependencias de las iglesias -incluidos altar y sacristía-, confesionarios, casas parroquiales, centros de refugio, escuelas o instituciones deportivas. Por zonas, los delitos se registraron en el todo el país, con especial incidencia en Lisboa, Oporto y Braga, y afectaron a víctimas de todas las clases sociales.

La investigación confirma que Portugal no fue una excepción y que la dimensión y violencia de los abusos en el seno de la Iglesia lusa es similar a la denunciada en países vecinos. “Los testimonios son emocionalmente muy intensos” y deben servir para terminar con “una larga noche de silencio, vergüenza, miedo y culpa”, apuntó Strecht.

Otro de los expertos de la comisión, el exministro luso Alvaro Laborinho, aseguró que en la Iglesia católica portuguesa “hubo una cultura de la ocultación”. “No dejo de ver en varios miembros de la Iglesia actualmente una deseo de regresar a esta cultura, pero hay también una disponibilidad de apertura”, agregó.

Las conclusiones de esta investigación se hicieron públicas cinco meses antes de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, prevista para agosto en Lisboa, donde se espera la visita del papa Francisco.

Con información de EFE

LC

Desde 1970, al menos 148 religiosos y religiosas fueron denunciados por “terribles vejámenes en nombre de la Iglesia”. Aunque la mayoría de esos abusos están relacionados con ataques sexuales, el listado incluye también sacerdotes acusados por encubrimiento y varios casos por tormentos y castigos como ocurrió con las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, donde la exsuperiora del convento, Luisa Toledo, fue condenada a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad

El listado fue difundido por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina que este jueves cumplió diez años de existencia. Es una de las organizaciones más antiguas del país y una de las pocas de este tipo en América Latina.

“A lo largo de una década, cientos de sobrevivientes de situaciones traumáticas como consecuencia de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones de culto, nos hemos reunido en torno a esta Red, encontrando en ella la

contención y comprensión necesaria para poner en palabras los horrores cometidos por clérigos, monjas y laicos en diferentes momentos de nuestra vida“, señala el Informe Anual, informativo y estadístico de las causas por abusos eclesiásticos en todo el territorio nacional.

“La base de datos es una lista de sacerdotes, hermanos, seminaristas, diáconos, laicos y monjas de órdenes religiosas y diocesanas en la iglesia católica romana en Argentina que enfrentan una acusación o acción legal (penal o civil) relacionada con el abuso

eclesiástico“, agrega el Informe --denominado ”Cuando rompa el silencio“- que aclara que la Red no tiene relación con ”agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica, con quienes hemos tomado la firme determinación de no dialogar ni trabajar de forma conjunta“.

De acuerdo a estos datos, desde 1970 fueron denunciados 89 sacerdotes diocesanos, es decir que pertenecen a alguna de las diócesis que existen en Argentina, en tanto otros 37 frailes y religiosos son integrantes de órdenes religiosas. Además del total de denuncias, once son monjas “con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias”.

También hay cinco obispos, en tanto tres de los acusados son fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.

El pasado 23 de octubre, al cumplirse 20 años de que se conoció la acusación por abuso contra el padre César Grassi, elDiarioAR presentó una investigación especial que daba cuenta de que en Argentina, luego de que aquel escándalo actuara como disparador de las denuncias, se conocieron 128 casos en los que los acusados fueron miembros de la Iglesia.

Además de presentar un mapa interactivo con los religiosos denunciados, la Red de Sobrevientes detalló que de esos 148 casos sólo 66 fueron radicadas únicamente en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en ambos ámbitos. El informe también incluye 17 denuncias públicas que no prosperaron porque fallecimiento del agresor.

A partir de estos datos, la Red advirtió que observan con “preocupación que los abusos eclesiásticos no son tomados en cuenta con la real dimensión con que éstos perjudican a infancias, adolescencias y adulteces vulnerables a lo largo de los años”.

Por esa razón, insisten en que las denuncias deben ser llevadas a cabo siempre en la justicia penal, la única que tiene validez para sancionar a los agresores. La Red recordó que su posición es “la firme recomendación de no acudir a tribunales eclesiásticos, ha permitido evitar acciones de revictimización en los llamados ”Tribunales Canónicos“, donde a nuestro entender, no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes”.

Desde la Red también destacan que “la ausencia de organizaciones similares en países de habla hispana ha movido a diferentes sobrevivientesa la consulta, diálogo e implementación de abordajes multidisciplinares para acompañar de forma remota a numerosos sobrevivientes de países vecinos, como Brasil, Paraguay y Venezuela”.

MG

Fue una noche de 1999 en un campamento de los que organizaba la diócesis de Scranton, en Pensilvania. El joven, para quien hasta ese momento el sacerdote Carlos Urrutigoity era “perfecto, según lo que años después declaró en la justicia, se despertó con la mano del cura argentino sobre sus genitales.

“Le tenía una gran confianza y respeto, pensaba que era un sacerdote perfecto”, fueron sus palabras en la declaración que brindó en 2003. La causa no avanzó. Para la justicia de los Estados Unidos el delito estaba prescripto. Sin embargo, el adolescente sí logró que la diócesis firmara un acuerdo extrajudicial por el que recibió 380 mil dólares. Pero para cuando esto ocurrió Urrutigoity ya estaba lejos. Su nuevo destino era Paraguay.

El 14 de agosto de 2018,  la Corte Suprema de Pensilvania difundió un informe con el nombre de más de 300 sacerdotes de la diócesis de ese estado acusados de haber abusado de más de mil niños a lo largo de 70 años. Para los investigadores se trató también de un “plan sistemático” de encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. El nombre del cura mendocina aparecía en la página 880.

Los traslados de sacerdotes denunciados por abuso de un país a otro o incluso dentro de una misma diócesis es una de las políticas más habituales para encubrir a los agresores.

Urrutigoity, que pertenece a la orden utlraconservadora de San Pio X, los lefebvristas, había tenido su primera denuncia cuando estaba en el seminario en La Reja, en el partido de Moreno. De ahí fue transferido a Estados Unidos en 1991. Tras la denuncia volvió a ser trasladado a Paraguay, a la Ciudad del Este, donde fue nombrado vicario de la juventud y número dos dentro de la diócesis.

Un enviado del Papa viajó en 2014 a investigar a Urrutigoity y a su superior, el obispo Rogelio Livieres Plano, pero no por las denuncias de abuso sino por el manejo poco claro de los fondos de la Iglesia.

Dos años más tarde, en 2016, Urrutigoity volvió a estar en el centro de la polémica. Un informe del diario La Nación de Paraguay daba cuenta de que al menos cinco sacerdotes argentinos habían elegido ese país para esconderse de la justicia. Además del mendocino, aparecían  Carlos Ibáñez, Raúl del Castillo y Luis Eduardo Sierra. Todos denunciados por abuso sexual de menores.

El informe agregaba un quinto integrante, Aldo Vara imputado por crímenes de lesa humanidad y prófugo hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde murió en junio del 2014.

Tras el escándalo, Urrutigoity volvió a su Mendoza natal donde nunca fue investigado.

Los traslados se aplican en el 30% de las denuncias

De los 128 sacerdotes, monjas y religiosos relevados por elDiarioAR en la investigación especial sobre abusos en la Iglesia católica de Argentina, 40 de ellos fueron trasladados. Es decir que en el 30 por ciento de los casos el cambio de destino funcionó como una manera de encubrir a los denunciados.

Italia, desde donde llegaron los cinco curas involucrados en los abusos en las sedes de Mendoza y La Plata del Instituto Próvolo, es el país que más intercambio de sacerdotes denunciados tuvo con Argentina. La siguen Estados Unidos y Paraguay.

El caso de Nicola Corradi, condenado a 42 años en el caso Próvolo, es quizás uno de los que mejor representa esta política de encubrimiento. Está acusado de haber cometido abusos en los tres destinos por donde pasó: Verona, La Plata y Mendoza. La primera denuncia pública se conoció en 2006 pero la investigación judicial comenzó diez años más tarde. La justicia mendocina dio por probado que los abusos habían comenzado al menos en 2005.

Carlos Miguel Buela es el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación ultraconservadora con sedes en 45 países. En diciembre de 2016 el Obispado de San Rafael -donde residía el sacerdote- emitió un comunicado en el que admitía “la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad”. Aunque rechazabn las acusaciones de abusos a menores sí admitía las de los adultos. Por orden del Papa Francisco, Buela fue recluido en un monasterio de España y el IVE sigue funcionando.

En otros casos, los traslados fueron de apenas unas cuadras. En 2004, el sacerdote Cristian Gramlich fue denunciado ante el obispado de San Isidro por abusos cometidos en 1998 contra alumnos del colegio Marin, uno de los más tradicionales de la zona norte. Ante las acusaciones, el obispo Jorge Casaretto decidió darle un nuevo destino: párroco de la Iglesia de Santa Rita, en Boulogne, de la cual depende otro colegio, el Juan XXIII.

Lo mismo ocurrió con César Fretes. En 2003, un grupo de padres del colegio ​​jesuita del Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires, acusó al sacerdote de haber abusado de sus hijos que cursaban el sexto de la primaria. La respuesta fue trasladarlo a Mendoza donde falleció en 2015 sin condena.

MG

De 128 casos de curas o religiosos abusadores denunciados con posterioridad al caso Grassi, solo 6, el 4,6 por ciento, son mujeres, lo que la psicoanalista especializada en abuso sexual infantil Sonia Almada atribuye a las diferencias de género en la crianza, así como a la desigual distribución del poder dentro de la Iglesia, pero advierte que “una mujer pederasta en un lugar de poder causa el mismo estrago que un varón”

Contemporáneo al 20º aniversario del la investigación periodística que dio origen al Caso Grassi, resulta el segundo megajuicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo para niños, niñas y adolescentes sordos que desde mayo del año pasado se está sustanciando en los tribunales mendocinos con la particularidad de que las nueve personas sentadas en el banquillo son mujeres, dos de ellas religiosas.

Las monjas que están siendo juzgadas en Mendoza, Kumiko Kosaca (46) y Asunción Martínez (53), integran la breve lista de las mujeres denunciadas por abuso sexual eclesiástico en las últimas dos décadas, junto a las religiosas Viviana Fleitas, María Alicia Pacheco, María Tellez Fajardo y Silvia Challú.

Habilidad para capturar a las “presas”

En el caso de Viviana Fleitas, su condición de presunta pederasta trascendió a partir de la publicación en 2014 del libro “Raza de Víboras” de la ex monja Sandra Migliore quien allí cuenta que la religiosa “tenía la habilidad de capturar a sus presas con un método infalible que consistía en hacerles sentir que eran lo más importante en su vida en ese momento, y que ese trato tan íntimo era exclusivo”.

María Tellez Fajardo, “Sor Marina”, y  Silvia Challiú, “Sor Silvia”, están acusadas de “abuso sexual reiterado gravemente ultrajante y agravado a cinco adolescentes de entre 12 y 17 años en un hogar de niñas en Boulogne. La causa ya fue elevada a juicio. María Alicia Pachecho fue detenida en 2016, en Salta, acusada por abuso sexual gravemente ultrajante. Cinco años después, el fiscal retiró la acusación porque la denunciante aseguró que ya no quería seguir adelante con la acusación.

“Si bien la pedofilia es una perversión, desde una mirada psicoanalítica la pederastia es una decisión, la de atacar a un niño y lastimarlo para siempre. Se da solo porque existe impunidad y desigualdad de poder. Tanto los hombres como las mujeres pederastas se ocultan y amenazan a sus víctimas para que callen”, dijo Almada en diálogo con elDiarioAR

Presidenta de la organización Aralma contra las violencias en la infancia, Almada publicó a principios de este año con gran repercusión el libro “La niña del campanario” dedicado al crimen impune y olvidado de una niña de 8 años violada y asesinada a mediados de los años '70 dentro de la iglesia San Marcelo lindera al colegio de Don Torcuato donde la víctima cursaba el tercer grado.

“Ya sea provocada por un hombre o una mujer, la violencia sexual padecida en la infancia es atroz y la visibilización de estos casos hace que muchas más personas se atrevan a hablar”, dijo.

“Por ello nosotras desde Aralma y (la campaña) Derecho al Tiempo Argentina presentamos un proyecto de ley que exige, entre otros términos, la creación de una Comisión de la verdad para investigar estos crímenes sexuales padecidos en la infancia en todos los ámbitos”, agregó.

El proyecto en cuestión también propone que sean imprescriptibles los delitos sexuales contra menores y dejar de lado la expresión “abuso sexual en la infancia” para utilizar la más correcta “violencia sexual contra la infancia y/o violencia sexual”.

De éstas y otras cuestiones, Almada se explayó durante una entrevista con elDiarioAR.

De los 128 casos relevados de curas o religiosos abusadores denunciados con posterioridad al caso Grassi, solo 6 corresponden a mujeres, es decir, el 4%. ¿Qué reflexión te genera esta relación proporcional?

El abusador sexual puede ser de cualquier clase social, etnia, raza, religión, estado civil y nivel educativo. Se confirma en todos los estudios  que la mayoría de los agresores son hombres, a la vez que se reconoce una minoría relevante de abusadoras: el 86,6% son varones  y entre el 13 y 20% son mujeres.

Yo creo que  además de la estructura perversa de personalidad, tiene que ver con los estilos de crianza -hacia hombres y mujeres-, con el tipo de instrucción que se les da a los seminaristas y monjas, y con la total impunidad con la que hasta ahora se han manejado en ámbitos eclesiásticos y de culto. 

Hay menos mujeres pederastas que hombres y esas mujeres tienen menos posibilidades de obtener lugares de poder. Una mujer pederasta en un lugar de poder causa el mismo estrago que un varón, es decir ataca a los niños, niñas y adolescentes. La oportunidad, el desvalimiento es lo que alimenta esta forma de perversión, en términos psicoanalíticos.

¿Qué características tienen los casos de las mujeres autoras de abuso sexual eclesiástico?

El interés sexual por los niños, niñas y adolescentes presenta una gran dificultad a la hora de evaluarse y pensarse cuando la agresora es una mujer. En mi clínica me he encontrado con varios casos de adultos que fueron abusados sexualmente en su infancia por mujeres: monjas, celadoras,  niñeras, abuelas, tías, madres. La mayoría de las víctimas eran varones pero en espacios institucionales dirigidos por mujeres que alojan niñas y niños –como por ejemplo, hogares convivenciales, instituciones, internados-,  la violencia sexual estaba dirigida a la única población vulnerable, las niñas. Era solo una cuestión de oportunidad. 

Los relatos de los pacientes abusados sexualmente por mujeres son aún más confusos que los de los violentados por varones. Las formas de crianza hacen que esperemos que la violencia se desate por el lado de la masculinidad y no tanto por la femineidad. Una mujer pederasta parece algo difícil de creer y soportar probablemente por el lugar sacralizado y también objetal donde se nos ha puesto a las mujeres: buenas, obedientes santas, o su contracara cuando no obedecemos, malas, putas, asesinas.

El adulto que recuerda la violencia sexual padecida en la infancia, cuando su agresora es una mujer, tiene el doble trabajo de desmontar los prejuicios estereotípicos mencionados, es decir, cómo una mamá va a hacer eso, cómo la monjita va a atacarme. Muchas veces creen que es una fantasía y les cuesta hacerle el espacio a esta cruda realidad. 

¿Cómo talla en estos casos el patriarcado?

Esta forma de  violencia sexual contra los niños evidencia un comportamiento perverso del adulto sostenido en  estructuras culturales y sociales basadas en la naturalización de  violencia hacia la infancia. La violencia sexual en la infancia, tanto si la ejercen hombres o mujeres viene del más próximo, aquel quien tiene a su cargo el cuidado del niño y su protección. Los elementos que se entrelazan en general son: cuidado, protección  y violencia. El niño o la niña puesto como objeto de goce del otro, sin límites, sin freno. 

Todavía no se conoce el alcance de la violencia inusitada en ámbitos eclesiásticos en todo el mundo. Hay comisiones de la verdad pero todavía falta hacerlo en Argentina. Allí tendremos más víctimas que todavía no han logrado denunciar".

Sonia Almada — Psicoanalista

El abuso sexual ha tomado múltiples matices, cada vez más cruentos: desde pornografía, la explotación sexual comercial, hasta la promoción del consumo a través de la erotización de los cuerpos infantiles. Los cuerpos infantiles  se presentan en el mercado como  objetos para consumir y eso es el patriarcado, invitando a transgredir, a consumir sin coto.  

Este tipo de consumo es más frecuentado por varones. Los casos de pederastia en mujeres se dan en ámbitos de orden íntimo, la casa, el ámbito clerical donde ocurre y mucho.

Siempre repito que el primer eslabón donde pega el patriarcado es en la infancia y por ello no es extraño conocer que son los niños y niñas las personas que soportan una de las peores formas de  violencia. El lugar objetal que todavía tiene la infancia, hace que se haga con ellos cualquier cosa y son pocos los frenos sociales  a esta problemática,

En 4 de los 6 casos relevados de religiosas pederastas, las víctimas son exclusivamente mujeres, ¿a qué crees que se debe?

A que el mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual en la infancia son mujeres. Según ONU 1 de 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fue víctima en la infancia. Las mujeres a medida que crecemos y después de los siete años estamos más expuestas a la violencia machista, especialmente a la sexual. El lugar objetal  que se nos asigna al nacer hace que quedemos expuestas como objeto de goce para el otro. Todavía no se conoce el alcance de la violencia inusitada en ámbitos eclesiásticos en todo el mundo. Hay algunas comisiones de la verdad como en Canadá, en Bélgica y Francia, falta hacerlo en Argentina, y creo que allí tendremos más víctimas varones que todavía no han logrado denunciar por lo menos de manera pública.

¿Es posible recuperar a los curas o monjas pedófilos, como confía la Iglesia cuando los manda un tiempo a “las cárceles de la Iglesia”?

La pedofilia o trastorno pedófilo se clasifica como una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual derivado de fantasías o actividades sexuales con niños y niñas. En general se utilizan indistintamente los términos “pedófilo” y “pederasta” pero, aunque estos conceptos están estrechamente vinculados, no son sinónimos. 

El pederasta es aquel que pasa al acto y agrede sexualmente al niño, niña o adolescente. La dimensión es ética. A sabiendas del daño que provocará, muchas veces irreparable,  el o la pederasta busca su satisfacción sexual que siempre está basada en la desigualdad de poder.

Hasta el momento no se conoce tratamiento ni intervención posible para cambiar el deseo pedófilo, es decir que un adulto deje de desear sexualmente a los  niños y los  mecanismos utilizados para agredirlos son  los mismos, tanto en hombres como mujeres: seducción, disuasión, coerción y amenaza.

MAA/MG