Edgardo Kueider aprovechó el conflicto abierto en torno a quien debía presidir la sesión en la que el Senado decidió su expulsión del cuerpo y presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se declare nula la resolución de la Cámara y se le restituya su banca.

El ex senador peronista devenido en libertario se encuentra con arresto domiciliario en Paraguay, luego de ser detenido por la policía de ese país con más de u$s 200.000 y $600.000 sin declarar

En una sesión presidida por Victoria Villarruel, el Senado resolvió ayer su expulsión del cuerpo por una amplia mayoría: 61 votos a favor, cinco negativos y una abstención. El conflicto surgió porque el presidente Javier Milei ya se encontraba en viaje hacia Italia –donde se reunirá con la Primera Ministra de ese país, Georgia Meloni–. y Villarruel no puede estar presidir el Senado si está a cargo de la Presidencia. En otro capítulo mas de la interna entre el Presidente y su vice, desde la Casa Rosada le achacaron a la vicepresidenta “incumplimiento de los deberes” y pusieron en dudas la validez de la sesión.

En su defensa, Villarruel argumentó que el traspaso de mando se firmó a las 19, cuando la sesión ya había terminado.

Ahora, Kueider denunció ante el Juzgado Contencioso N°6 que hubo “irregularidades” en la sesión y pidió que se la declare nula. El ex senador argumentó que su situación no fue debatida antes de llegar al recinto, que debería haberse tratado antes en la Comisión de Asuntos Constitucionales –que justamente él presidía– y que no se le permitió hacer un descargo ni ejercer su derecho de defensa.

“No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”, había dicho ayer en declaraciones a La Nación, poco antes del inicio de la sesión.

Su abogado, Maximiliano Ruiz, envió también una notificación a Villarruel en la que señala que este viernes “se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión” por medio de la cual “se dispuso la remoción del cargo de senador nacional de mi asistido”.

En la presentación, le reclama a Villarruel que “deje sin efecto la resolución alcanzada en esa sesión”. “Hasta tanto exista un pronunciamiento judicial a su respecto, solicito tenga a bien tomar las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado al mismo”, agrega.

La camporista Stefanía Cora es quien deberá asumir en reemplazo de Kueider para completar el mandato hasta diciembre de 2025.

Con información de Parlamentario

La Cámara Nacional del Trabajo admitió este martes el amparo presentado por la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 promulgado por el gobierno de Javier Milei en diciembre último. Anuló así todo el capítulo laboral de esa normativa, de acuerdo al fallo difundido por el sitio Palabras de Derecho y agencias de noticias.

El tribunal de apelaciones resolvió “modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional” y “declarar la invalidez constitucional del Título IV” del DNU de Javier Milei, informó la agencia estatal Télam.

El fallo lleva la firma de los jueces que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo: Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera. Los magistrados reconocieron a la CGT la “legitimación activa” para cuestionar todos los artículos de la reforma laboral incluida en el DNU y no solo aquellos que hacían a derechos colectivos, como había ocurrido en primera instancia.

Los jueces sostuvieron que aquello que el Gobierno buscó hacer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, al menos en términos de reforma de las leyes laborales, debió haberse realizado por la vía legislativa.

“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”, afirmaron los jueces.

“El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas”, remarcaron los magistrados.

Cuando el amparo de la CGT se trató en primera instancia, la jueza que intervino había declarado la nulidad de 6 artículos del capítulo laboral pero había dejado vigentes los demás a la espera de que se algún trabajador eventualmente afectado por su aplicación pudiera presentarse ante la Justicia, explicó Télam.

ED/DTC

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó un fallo que rechazó una acción de amparo de la CTA contra la totalidad del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei, informó la agencia Noticias Argentina (NA).

La Sala de Feria resolvió “desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia que había rechazado el amparo.

Se trata de una acción conjunta que impulsaron referentes de la CTA como Claudio Lozano y Hugo “Cachorro” Godoy, además de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. El amparo pedía frenar el megadecreto por inconstitucional.

El tribunal de feria sostuvo que “no se halla configurada la existencia de una ‘causa’, ‘caso’ o ‘controversia’ que corresponda al Poder Judicial de la Nación resolver”. Es decir, los jueces recurrieron a un tecnicismo jurídico para no hacer lugar al amparo que pedía frenar el DNU.

Los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco mantuvieron, en consecuencia, la vigencia del DNU, salvo en los capítulos y artículos que fueron expresamente suspendidos o anulados por otros tribunales durante la feria judicial próxima a concluir, como el capítulo laboral.

Los jueces rechazaron el amparo porque para ese tipo de acción judicial “se requiere la demostración de un ‘interés especial’ en el proceso, que se traduce en los agravios sobre los peticionantes. Esos agravios deben ser directos, substanciales, concretos e inmediatos. Según los magistrados, no se cumplían con esas condiciones.

El amparo había sido rechazado por idénticos motivos en primera instancia por el juez Enrique Lavié Pico, pero el Observatorio y los dirigentes de la CTA apelaron la decisión.

Ahora, la Cámara rechazó la apelación pero sin pronunciarse sobre la validez o no del DNU.

“Resulta inoficioso que este Tribunal se pronuncie sobre los diversos aspectos y planteos comprendidos en la pretensión articulada”, sostuvieron los camaristas.

Luego aclararon que “la confirmación del rechazo de esta acción de amparo, no importa sentar opinión –en sentido alguno– sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU 70/23”.

ED/CRM

La jueza nacional del Trabajo Silvia Garzini habilitó la feria judicial y le dio 72 horas el Poder Ejecutivo Nacional para emitir su informe por la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del presidente Javier Milei.

La jueza dispuso “habilitar la feria judicial” y “requerir al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 72 horas evacue el informe circunstanciado al que alude el artículo 8 de la ley 16.986”, según surge de la resolución de tres páginas.

LA CGT pretende se declare la invalidez constitucional del DNU 70/2023 porque, a su criterio, viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones “peyorativas y permanentes” en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, nacidos de normas legales y garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.

Después de cumplido el plazo fijado por la jueza, y tras analizar la admisibilidad del planteo, la magistrada estará en condiciones de dictar un fallo vinculado al reclamo de la CGT que, hasta aquí, ya consiguió el dictado de una medida cautelar que suspendió provisoriamente los efectos del capítulo laboral del DNU.

El pedido de habilitación de feria había sido formulado esta mañana a través de un escrito presentado por Héctor Daer, en su carácter del secretario General de la CGT, con el patrocinio del abogado Pablo Topet.

“Se viene a peticionar se habilite la feria judicial para el proseguir con el trámite de la acción de amparo en virtud de la importancia institucional de la causa, en razón de la representación colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, que posee la Confederación General del Trabajo conforme la Personería Gremial Nº 48 del 17/7/1948 y, por consiguiente, de los efectos generales de la sentencia definitiva que se dicte en el expediente”, se había indicado en la presentación.

El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

MM

Con información de la agencia Télam.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) anunció que será otra de las entidades que presentarán un recurso de amparo ante la justicia para intentar frenar la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei, y y advirtió que la decisión del Presidente “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” a la vez que “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”.

Los farmacéuticos presentarán el recurso de amparo mañana en el Palacio de Tribunales junto con movilización por el centro porteño para lo cual llamaron a cerrar sus comercios durante una hora, de 12 a 13. La convocatoria a cerrar las farmacias en ese horario se repetirá en todo el país.

Según explicó el presidente de la entidad, Ricardo Pesenti, “esta no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este gobierno. Sin embargo, creemos que hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”.

En un comunicado, la Confederación señaló: “Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional”.

El decreto 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.

Además, según explicó la COFA, deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”. Y también deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.

La COFA advirtió que el DNU ·lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos“, y aseguró que con estas medidas ”los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias“, pero ”lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos“.

“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó la entidad.

“Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis del sistema sanitario, cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables, curaciones, manejo de la medicación”, concluyó COFA.

La Justicia convocó a una audiencia para el próximo miércoles tras los amparos contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, presentados por referentes de izquierda y por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

La audiencia será el miércoles 13 de julio a las 11.30 hs en la Sala de Audiencia Nº 8, sita en Suipacha 150 de esta Ciudad. Entre los convocados, se encuentran la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña; las amparistas Celeste Fierro y Vanessa Gagliardi; el asesor tutelar; la fiscal; y la directora del Observatorio de Género, Diana Maffía. El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por las doctoras Mariana Chiacchio y Claudia Leaño, del Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU).

“La presión de nuestros amparos y el rechazo de la comunidad educativa a la prohibición abrieron este camino. Esperamos que luego de escuchar a todas las partes quede en claro que el retroceso en la comprensión de textos no es culpa del lenguaje inclusivo, sino del deterioro social y de las políticas de ajuste que aplica el gobierno porteño”, subrayó Celeste Fierro.

Y apuntó contra la ministra de educación porteña: “La resolución de Acuña, que se cree comisaria del lenguaje, ataca derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y la identidad de género. Por eso reclamamos su anulación”.

El gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas hace casi un mes, puntualmente aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”. Lo hizo a través de una resolución que empezó a regir desde el 9 de junio. La medida alcanzó tanto a las escuelas públicas como a las privadas de la Ciudad y a los tres niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria). 

DL

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Celeste Fierro y la secretaria Gremial de Ademys, Vanesa Gagliardi, presentaron hoy un amparo contra la Resolución 2566 que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.  La jueza María Rosa Cilurso, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 22, deberá decidir si le da lugar al recurso. La medida judicial se suma a dos proyectos de ley presentados la semana pasada en la Legislatura porteña.

El viernes pasado se conoció la resolución que indica que educadores y educadoras deberán “desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. A pesar de que la medida generó un amplio rechazo en la comunidad escolar y en autoridades nacionales, incluso de los propios integrantes de la alianza de Juntos por el Cambio como el diputado Facundo Manes, ayer la ministra de Educación, Soledad Acuña, reforzó su decisión y dijo que sancionarán a docentes que utilicen el lenguaje inclusivo. 

Frente a este panorama, las dos referentes de izquierda hicieron la presentación en la justicia. Fierro,  mamá de una niña que cursa primer grado en una escuela pública, señaló que Acuña busca “reducir la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos por la ley”. “Atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, indicó. 

Gagliardi, quien también es  profesora de secundaria, explicó que el retroceso en la comprensión de textos se da por la falta de computadoras y conectividad que sufrieron los estudiantes durante la pandemia. “Si no se revierten estos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos. Esta resolución no cayó bien en las escuelas, por eso nos estamos organizando junto a estudiantes y familias para rechazarla”, afirmó la referente del FIT- Unidad quien a fin de año asume como legisladora, ya que en esa fuerza los cargos se alternan. El amparo es representado por Mariana Chiacchio, integrante del Centro de Abogades por los Derechos Humanos. 

El viernes pasado, la legisladora Alejandrina Barry del PTS dentro FIT-Unidad, presentó un proyecto de resolución para derogar la resolución del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Consideró que “no obedece a razones pedagógicas, es discriminatoria contra el movimiento de mujeres y viola el derecho constitucional a la libertad de expresión”. Por otro parte, sus compañeros de bancada Gabriel Solano y Amanda Martín (del PO) presentaron un proyecto similar y denunciaron el “carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio, contrario a todo principio de defensa de la Educación Sexual Integral y al derecho a la identidad de género”.

CDB/MG

Cuando se inscribió en la obra social, Quimey Sol Ramos completó una extensa serie de preguntas e indicó que es una mujer trans (lo que valga la redundancia no es ninguna enfermedad). Seis meses después de afiliarse, en febrero de este año, recibió una carta documento de OSDE donde le informaron que estaba desafiliada, a menos que acepte pagar 800% más en sus cuotas. ¿El motivo? La acusaron de no haber declarado como “preexistencia” que deseaba hacerse una feminización facial, en línea con su identidad de género. Tras demandar a la obra social por incumplimiento de sus servicios, hoy Quimey recibió una respuesta favorable: el Juzgado Civil y Comercial N°7 ordenó a OSDE reafiliarla con las mismas condiciones que contaba hasta el momento de su rescisión, sin tener que abonar monto alguno por preexistencia.

El camino de adecuación física a su identidad de género comenzó hace 6 años, cuando Quimey cumplió 21 y pudo realizar el cambio de nombre. Tras eso decidió comenzar un Tratamiento de Reemplazo Hormonal (TRH) en el Hospital Gutiérrez, pero debido a situaciones discriminatorias y violentas en dicha institución no pudo continuar con el mismo, terminando en un tratamiento autoadministrado, según relató.

En la carta documento de OSDE, fechada el 21 de febrero de 2022, le informaron que del análisis comparativo que realizó la gerencia médica se advertía una sustancial diferencia que les lleva a creer que existió “una voluntaria actitud de reticencia y ocultamiento de esa verdadera situación de salud”. Dos días después le avisaron que el nuevo monto por el plan básico NEO 2-210 sería de $76.705 por mes: un aumento del 800% frente a lo que venía pagando.

El intercambio de cartas documento siguió y OSDE la acusó de falsear alevosamente la declaración jurada de salud, “al contestar el punto 14 en el que se pregunta si tiene planeado realizar algún tratamiento, práctica o intervención en los próximos 6 meses, y la accionante contesta un rotundo y cerrado no, lo que claramente no era cierto”. Cabe aclarar que al momento de solicitar la feminización facial Quimey ya había cumplido los seis meses de afiliada, por lo cual la obra social no tendría que haberla desafiliado en ningún momento, explicaron sus abogados.

La negativa de OSDE a dar asistencia a personas trans tiene larga data. Uno de los casos más conocidos se dio en 2013, cuando le negaron una cirugía a la performer Elizabeth Chorubczyck, también conocida como Effy Beth, y recién hicieron el reintegro por el tratamiento cuando la joven estaba fallecida.

Según los últimos datos del ReNaPer, 12.655 personas modificaron su DNI por la ley de Identidad de Género, a lo que hay que sumarle aquellas que sienten su identidad por fuera del binarismo pero no desean expresarlo en los documentos. El artículo 11 de la ley 26.743 indica que “todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. Desde la sanción de esta ley, que cumplió 10 años el pasado 9 de mayo, las prestaciones que apunten a la salud integral de personas trans están incluidas en el Plan Médico Obligatorio, por lo que ninguna obra social debería negarse a ofrecer sus servicios. 

MM