El mercado laboral argentino está funcionando al revés, según especialistas. Mientras cae la participación de jóvenes, crecen los adultos mayores que recurren al trabajo precario para subsistir, luego del retiro. Paradójicamente, el descanso llega al comienzo, en el momento de mayor capacidad productiva, mientras que el deslome se produce sobre todo al final, en el ocaso de la vida.

“Estamos hablando de personas trabajando en condiciones precarias en sus últimos años, teniendo en cuenta que los hombres en los barrios populares viven 11 años menos que el promedio de Argentina, por los trabajos manuales”, advierte Candelaria Rueda, socióloga e investigadora, a cargo del último informe del Instituto Argentina Grande que da cuenta de esta tendencia en el mercado laboral.

“40 años trabajando en gastronomía y empresas de limpieza”, cuenta Mirta, una señora de 75 anos, sentada en un banco de Parque Lezama, frente a una olla popular. “Me la pasé cocinando y limpiando oficinas, y ahora tengo que cuidar a un hombre y venir a buscar la comida acá, ¿a vos te parece?”, dice la mujer que cuida a un hombre senil, seis horas diarias y recibe viandas de ollas populares y parroquias.

“Yo soy la que está entrando a una edad para que la cuiden y tengo que cocinarle y limpiarle a un hombre mayor para subsistir, y encima no me alcanza”, lamenta.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad de mayores de 66 años creció un 12% en el último año, al tiempo que se redujo la inserción laboral juvenil. “Lo esperable sería que los jóvenes se incorporen al trabajo y los jubilados tengan ingresos suficientes vivir, pero está sucediendo exactamente al revés”, señala Rueda.

Aumento de la precariedad entre adultos mayores

El crecimiento del trabajo en edades avanzadas se da, además, en condiciones mayormente informales. Según el relevamiento –basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares– la desprotección laboral entre jubilados aumentó de manera significativa entre fines de 2023 y 2025: un 39,7% en varones y un 34,4% en mujeres.

En la actualidad, los adultos mayores presentan la tasa de desprotección más alta de todo el mercado laboral, que llega a un pico histórico del 44,9% de los ocupados sin aportes ni estabilidad. En total, más de 6 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.

“Trabajé más de tres décadas como chofer, y ahora tengo que pedir ayuda en la calle”, cuenta Julio Romero, jubilado de 79 años, frente a la Estación Constitución. “Vivo en una pensión y hago changas de carpintería y jardinería, pero por semana me sale una o dos, con suerte”, dice. Atraviesa, además, un tratamiento oncológico.

Esta semana el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 292/2026, el bono de $70.000 para jubilados, sin actualizaciones desde marzo del 2024 y con una perdida de un 53,8% de su poder adquisitivo. Según un informe de Chequeado.com, para mantener su valor real debería ubicarse por encima de los $150.000. Aún con ese refuerzo, la jubilación mínima se encuentra un 9,4% por debajo de su nivel real de noviembre de 2023. Es otra de las razones que explican el crecimiento de la actividad laboral en la tercera edad.

“Sturzenegger celebró el crecimiento de la actividad poblacional, pero es básicamente de jubilados. El bono está congelado y los aumentos de tarifas, servicios y medicamentos están por encima de la inflación, rubros con peso particular en la canasta de ese grupo”, sostuvo Rueda.

Jóvenes: más desempleo y menos búsqueda

En paralelo, la situación de los jóvenes muestra otro tipo de deterioro. El desempleo entre personas de 18 a 26 años alcanzó el 18,1%, frente al 14,9% de 2023. Pero el dato más relevante es la caída en la tasa de actividad: hay menos jóvenes buscando trabajo. “No es que mejoraron sus condiciones, sino que dejaron de buscar”, señala Rueda.

Daniel Díaz, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Lanús, lleva meses sin conseguir empleo. Rechazó recientemente una oferta en una concesionaria de Lomas de Zamora con jornadas de 12 horas por un salario de $400.000. “Prefiero seguir estudiando a que se me vaya la vida en un trabajo esclavo, mis amigos están igual”, explicó. “Por ahora vivo con mis viejos”.

Mientras muchos jubilados son sostén económico del hogar y no pueden rechazar ingresos, los jóvenes –en general sin personas a cargo– tienen mayor margen para descartar empleos precarios. “La mayoría de los jubilados son jefes de hogar y no pueden darse el lujo de rechazar changas. Los jóvenes en general son trabajadores complementarios del hogar. Pueden decir que no a propuestas vergonzosas”, indica Rueda.

El impacto del ajuste fiscal

Otro informe de IAG vincula estos cambios con la política económica. En 2024, el gasto público cayó seis puntos del PBI, la mayor contracción desde 2002. De ese total, 3,3 puntos correspondieron al gasto social, con recortes en áreas como educación, asistencia social y previsión.

“El ajuste golpea en dos dimensiones”, explica el economista Hernán Herrera . “A nivel productivo, por el deterioro de la infraestructura. A nivel familiar, el ingreso disponible después de pagar servicios es mucho menor. Quienes consiguen más horas de trabajo pierden descanso. Quienes no las consiguen, pierden mucho más.”

A eso se suma lo que el gobierno presenta como logro: el superávit fiscal. “El superávit no es real”, dice Herrera. “Se ven obligados a ajustar todos los meses para lograrlo. No se puede hablar de estabilidad macroeconómica en ese sentido.”

“A la destrucción de empleo –agrega el profesional – se le suma la caída de subsidios que disparó las tarifas y la baja del 60% en las transferencias a las provincias del norte”.

En este contexto, el crecimiento económico ocurre sólo en los sectores concentrados de baja generación de empleo (exportaciones de minería y agro). En contraste, sectores como la industria y el comercio muestran retrocesos.

“La Argentina puede crear trabajos de calidad pero requiere promover cadenas de valor regionales, enlazando los servicios del conocimiento con los sectores productivos y con una planificación estatal”, analiza el economista.

“Yo nunca pensé que iba a tener que seguir cocinando y limpiando en la última etapa de mi vida”, dice Mirta, sentada a la noche con una vianda en Parque Lezama. “Ya no tomo ningún medicamento, y espero todas las semanas a que me salga alguna changa”, agrega Julio. Son dos septuagenarios que no pueden salir del mercado laboral. “Voy a seguir esperando un trabajo, porque no me sirve de nada tirar a la basura mi formación por 400 lucas”, comenta Daniel, un veinteañero que no puede entrar al mundo laboral.

LN/MG

La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

Un 7% de los jubilados en Estados Unidos volvió al mercado laboral en los últimos seis meses, principalmente por necesidad económica, según una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (American Association of Retired Persons, AARP). El dato se conoció en paralelo a un fuerte incremento de los despidos: solo en enero se registraron más de 108.000 recortes de personal, la cifra mensual más alta para ese mes desde 2009, de acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas. Ambas tendencias pusieron en evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad laboral y previsional.

La encuesta de AARP se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 sobre unas 2.100 personas mayores de 50 años y actualizó un relevamiento previo efectuado en julio y agosto, que había arrojado resultados similares. En ambos casos, la proporción de jubilados que retomaron un empleo se mantuvo prácticamente estable, con un 6% en el verano boreal y un 7% hacia fin de año. El informe definió este proceso como “desjubilación” y lo vinculó de manera directa a las presiones financieras.

Según los resultados, el 48% de quienes volvieron a trabajar lo hizo porque necesitaba dinero o evaluó que su situación económica era mala. Otras razones mencionadas fueron el aburrimiento o el deseo de ayudar a otras personas, aunque quedaron claramente relegadas frente al peso del factor económico. La responsable del programa de resiliencia financiera de AARP, Carly Roszkowski, advirtió en un comunicado que muchas personas temen no contar con ahorros suficientes para el retiro y sostuvo que la tendencia a prolongar la vida laboral podría profundizarse.

El relevamiento también expuso el clima de inseguridad entre los trabajadores de mayor edad que aún no se jubilaron. Un 24% manifestó temor a perder su empleo en el próximo año, mientras que un 67% consideró que tendría dificultades para conseguir otro trabajo, en gran parte por la discriminación por edad. A esas barreras se sumaron las enfermedades y discapacidades, señaladas como uno de los principales motivos que llevan a la jubilación, junto con la percepción de haber alcanzado una estabilidad financiera suficiente, algo que hoy aparece cada vez más en duda.

En paralelo, el informe mensual de Challenger, Gray & Christmas mostró un salto abrupto de los despidos. Durante enero se contabilizaron 108.435 recortes de personal, lo que representó un aumento del 118% interanual y del 205% respecto de diciembre. Se trató de la cifra más elevada para un mes de enero desde 2009 y de la segunda más alta registrada históricamente para ese mes, solo superada por el inicio de la crisis financiera global, cuando se habían superado los 240.000 despidos.

El detalle sectorial mostró que la industria tecnológica volvió a concentrar una parte relevante de los recortes, con 22.291 despidos anunciados. Dentro de ese total, alrededor de 16.000 correspondieron a Amazon, que avanzó con una reestructuración de sus capas de dirección. En el sector del transporte, los anuncios superaron los 30.000 despidos, mayoritariamente vinculados a UPS, que rompió acuerdos comerciales con Amazon.

Otro dato significativo del informe fue el impacto de la inteligencia artificial. La IA se citó como la razón principal en el 7% de los despidos de enero, lo que equivalió a 7.624 puestos de trabajo. Desde 2023, cuando la consultora comenzó a registrar específicamente este factor, se acumularon casi 80.000 despidos asociados al avance de la IA en el mercado laboral estadounidense. Para Challenger, este fue el tercer pico de recortes en los últimos 36 meses, una señal de volatilidad persistente.

Andy Challenger, director de ingresos de la firma, sostuvo que si bien los despidos suelen concentrarse en el primer trimestre del año, el volumen registrado en enero resultó excepcionalmente alto. Según explicó, la magnitud de los anuncios indicó que muchas de las decisiones se tomaron hacia fines de 2025, lo que reflejó un bajo nivel de optimismo empresarial respecto del panorama económico de 2026.

Leídos en conjunto, los dos informes mostraron un mercado laboral atravesado por la inseguridad, donde quienes pierden su empleo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse y quienes ya se habían retirado se ven empujados a regresar al trabajo para sostener sus ingresos. La coexistencia de despidos masivos con jubilados que vuelven a emplearse por necesidad económica marcó un escenario en el que el ajuste se trasladó de manera directa a las trayectorias laborales y previsionales.

Por ahora, no hubo anuncios de políticas públicas orientadas a revertir estas tendencias. Los despidos ya se concretaron y el regreso de jubilados al mercado laboral continuó estable en niveles elevados, con la presión económica como principal motor.

JJD, con información de la agencia EFE

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, delineó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico moderado y equilibrio fiscal sostenido para 2026. Las proyecciones del propio informe muestran, sin embargo, que ese crecimiento esperado no se traduce en una expansión del empleo, ya que la tasa de desocupación se mantendría prácticamente sin cambios a lo largo de 2026.

El REM se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero a 45 participantes, entre consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El relevamiento no mide la economía real, sino las expectativas de estos actores sobre un conjunto acotado de variables macroeconómicas: inflación, nivel de actividad, desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

En materia de actividad, el informe indicó que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en la medición desestacionalizada. Para 2026, el conjunto de analistas proyectó un crecimiento interanual promedio de 3,2%, cifra que implicó una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo. Entre quienes integran el denominado Top 10, el crecimiento esperado fue aún menor: 2,7%, con una revisión negativa de 0,6 puntos.

Ese nivel de crecimiento no aparece asociado, en las propias proyecciones del mercado, a una mejora relevante del mercado de trabajo. Según el REM, la tasa de desocupación abierta se habría ubicado en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y el conjunto de participantes espera que cierre 2026 en 6,6%. Para el Top 10 de analistas, la proyección fue de 6,7% tanto para 2025 como para 2026.

La estabilidad de la tasa de desocupación esperada indica que el mercado no anticipa una expansión significativa del empleo, aun en un contexto de crecimiento económico. En términos estrictos, el escenario proyectado describe una economía que crecería sin absorber de manera sustancial nueva fuerza de trabajo ni reducir de forma visible el nivel de desempleo existente.

En paralelo, el REM mostró un endurecimiento de las condiciones financieras esperadas para el corto plazo. Para febrero de 2026, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,8% nominal anual, lo que representó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada se ubicó en 22,4% TNA, también por encima de las proyecciones previas.

Un esquema de tasas de interés elevadas tiende a restringir el crédito, el consumo y la inversión, variables directamente vinculadas al ritmo de la actividad y a la generación de empleo. Si bien el REM no evalúa esos efectos de forma directa, el perfil financiero esperado no describe un contexto expansivo para el mercado laboral.

En el plano fiscal, las expectativas del mercado reforzaron la continuidad del ajuste. El conjunto de participantes proyectó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, cifra superior a la del relevamiento anterior. Ningún analista anticipó un resultado inferior a $9,0 billones. El escenario fiscal esperado se apoya en el equilibrio de las cuentas públicas, sin incorporar supuestos de expansión del gasto que impulsen el empleo o los ingresos laborales.

Respecto del frente externo, el REM estimó que en 2026 las exportaciones totalizarían USD91.885 millones y las importaciones USD80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD11.175 millones. El excedente externo proyectado tampoco fue vinculado por el mercado a una expansión del empleo, sino a un esquema de crecimiento contenido y demanda interna moderada.

En cuanto a la inflación, el relevamiento mostró que los analistas esperan una variación mensual de 2,4% para enero de 2026, tanto para el índice general como para el núcleo, con revisiones al alza respecto del REM previo. La desaceleración inflacionaria esperada no implica, por sí misma, una mejora del poder adquisitivo, ya que el informe no incluye proyecciones salariales ni anticipa cómo evolucionarían los ingresos frente a los precios.

El REM de enero describe una economía que crecería en 2026, pero sin una reducción significativa del desempleo. Las expectativas del mercado delinean un sendero de estabilidad macroeconómica relativa, con inflación más baja, equilibrio fiscal y expansión moderada de la actividad, aunque sin señales de que ese proceso se traduzca en una ampliación del empleo. En las propias proyecciones de los analistas, el crecimiento esperado no aparece acompañado por una mejora sustantiva del mercado de trabajo.

JJD

La inteligencia artificial (IA) no está generando una ola de despidos masivos, pero ya produce impactos sectoriales y presiona especialmente sobre los trabajadores jóvenes y las tareas fácilmente automatizables. Así lo afirma un informe de la consultora internacional Oxford Economics, que analizó datos del mercado laboral de Estados Unidos y proyectó escenarios posibles a futuro.

Según el estudio, publicado este miércoles, no hay pruebas concluyentes de que la IA esté provocando un desempleo generalizado ni una destrucción acelerada de puestos de trabajo a nivel macroeconómico. En los primeros 11 meses de 2025, se atribuyeron a la IA apenas 55.000 despidos en Estados Unidos, lo que representa el 4,5% del total registrado en ese período, de acuerdo a cifras de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

En contraste, más de 245.000 despidos respondieron a causas tradicionales como condiciones del mercado, reestructuraciones o reducción de costos. “Aunque cada vez más compañías vinculan sus recortes a la IA, la mayoría de los despidos siguen respondiendo a razones históricas más comunes”, explicó Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics.

“Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años”, afirmó May, quien también advirtió que algunas empresas podrían estar utilizando el argumento tecnológico como coartada para justificar decisiones que en realidad responden a otras causas, como contrataciones excesivas previas o caídas en la demanda.

A pesar de este diagnóstico moderado, el informe no niega el potencial disruptivo de la IA, sino que sostiene que su impacto será progresivo y desigual, dependiendo del sector, la calificación del empleo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. “Las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala, pero eso no significa que el proceso no esté en marcha”, resumió May.

Entre los sectores ya afectados, el informe menciona puestos administrativos, tareas de soporte técnico, producción de contenido rutinario y análisis de datos básicos, todos empleos expuestos a herramientas de automatización o asistencia por IA. En muchos casos, se trata de primeros empleos para jóvenes con estudios superiores, que ven bloqueado su ingreso al mercado o se enfrentan a mayor rotación y precarización.

De hecho, Oxford Economics señala que el aumento del desempleo entre personas universitarias recién incorporadas al mercado laboral podría estar vinculado al uso creciente de IA para tareas que antes realizaban esos perfiles. Sin embargo, el informe también aclara que esta tendencia se superpone con factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en sectores clave y el incremento en la cantidad de graduados.

La combinación de automatización, reducción de costos y cambios estructurales obliga a repensar políticas de transición laboral, según Oxford Economics. Entre las herramientas posibles, el informe sugiere capacitación continua, esquemas de reconversión productiva, fortalecimiento de los sistemas de protección social y regulaciones claras sobre el uso de IA en el empleo.

Para los países con mercados laborales más informales o con menor cobertura sindical, la expansión de la IA puede profundizar las desigualdades existentes si no se diseñan políticas activas que acompañen la transformación. En contextos como el argentino, donde el empleo joven ya enfrenta niveles altos de informalidad, rotación y subocupación, la automatización temprana de tareas de ingreso podría agravar ese panorama.

El documento concluye que la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial no ocurrirá de forma repentina, pero sí transformará de manera profunda las condiciones laborales en los próximos años. Lejos de un “colapso del empleo”, lo que se vislumbra es un proceso lento, segmentado y con impactos diferenciados, que requerirá monitoreo constante y respuestas políticas ajustadas a la realidad de cada mercado laboral.

JJD, con información de la agencia EFE

El mercado laboral argentino continúa en estado de alerta. Según el último informe del INDEC, correspondiente al segundo trimestre de 2025, la desocupación se mantuvo en el 7,6%, pero la estabilidad es solo aparente: la informalidad creció, la calidad del empleo cayó y cada vez más personas buscan un segundo trabajo para sobrevivir.

El reporte del organismo estadístico, publicado el 18 de septiembre, muestra un escenario de fragilidad estructural agravada. La tasa de empleo se ubicó en 44,5%, apenas 0,1 puntos por encima del trimestre anterior, pero la tasa de actividad cayó a 48,1%, una señal de desaliento. La presión sobre el mercado laboral aumentó a 30,5%, impulsada por un salto de los ocupados que, aunque tienen empleo, buscan otro.

Esa presión incluye no solo a quienes están desocupados, sino también a los subocupados –personas que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren más– y a los ocupados que buscan otra ocupación. El 17,1% de los trabajadores está en esta última situación, una señal del deterioro de las condiciones laborales, más allá de si hay empleo o no.

El dato más preocupante es que la informalidad laboral subió 1,6 puntos porcentuales interanuales y llegó al 43,2% de los ocupados. Más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes jubilatorios, una cifra incompatible con cualquier promesa de mejora social. Dentro de los asalariados, el 37,7% está en negro, y apenas el 15,7% de ellos realiza aportes por su cuenta.

Mientras el Gobierno celebra números que no empeoran, la realidad es que la precarización avanza. La proporción de personas que, aún trabajando, quieren o necesitan cambiar de empleo pasó del 16% al 17,1% en un año. A esto se suman los subocupados, que ya son el 11,6% de la población económicamente activa. En total, más de 4,3 millones de personas presionan activamente el mercado laboral.

En términos geográficos, el Gran Buenos Aires sigue encabezando la tasa de desocupación, con un 8,7%, seguido por la región Pampeana (7,4%). Las mujeres jóvenes vuelven a ser las más castigadas: entre las de 14 a 29 años, el desempleo es del 16,9%. El mercado laboral muestra una cara brutalmente desigual, donde el género, la edad y el territorio son determinantes.

El deterioro también se refleja en la composición del empleo. Los asalariados formales representan solo el 62,3% del total, mientras que los cuentapropistas ya son el 23,7%, cifra que creció durante el año. El 8,5% trabaja desde su casa y el 4% usa herramientas propias, signos de una creciente informalidad disfrazada de autonomía.

En cuanto al perfil educativo, el 60,4% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, y solo el 39,7% accedió a estudios superiores o universitarios. Por tipo de ocupación, el 55,5% se desempeñó en tareas operativas y apenas el 11% en empleos profesionales. Esto refuerza el perfil de un mercado segmentado, donde la informalidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos formación y menos poder de negociación.

La foto que deja este informe es la de un mercado laboral con poco movimiento pero alta tensión. Menos gente quedó fuera del sistema, pero más gente trabaja en condiciones precarias, sin cobertura ni estabilidad. En otras palabras, hay menos desempleo pero no hay más derechos.

En este contexto, el relato oficial sobre “recuperación” resulta insostenible. La economía no genera más empleo formal ni mejora las condiciones existentes. Por el contrario, la combinación de recesión, ajuste fiscal y desregulación acelera un proceso de desprotección laboral extendida.

El segundo trimestre de 2025 confirma una tendencia que se viene consolidando desde la llegada de Javier Milei al poder: menos Estado, más mercado... y más trabajadores sin derechos.

JJD

El mercado laboral argentino mostró, una vez más, su cara ambigua. La desocupación se mantuvo en el 7,6% en el segundo trimestre de 2025, igual que en el mismo período del año anterior. Pero la noticia vino acompañado de una señal preocupante: la informalidad laboral volvió a crecer y alcanzó al 43,2% de los ocupados, con un aumento de 1,6% respecto del mismo período de 2024..

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC) este 18 de septiembre y surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva 31 aglomerados urbanos. El informe registró una tasa de empleo del 44,5%, muestra como la presión sobre el mercado laboral aumentó y llegó al 30,5% de la población económicamente activa –era de 29,7%–, es decir, del universo que trabaja o busca activamente trabajo.

Esa presión incluye no solo a quienes están desocupados, sino también a los subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales y quieren más) y a los ocupados que buscan otra ocupación. El 17,1% de los trabajadores está en esta última situación, una señal del deterioro de las condiciones laborales, más allá de si hay empleo o no. En cuanto a la intensidad del trabajo, el 12,5% estuvo subocupado y el 27,2% sobreocupado, es decir, con jornadas superiores a las 45 horas semanales.

En total, hubo 13,3 millones de ocupados y 1,1 millones de desocupados sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 14,4 millones, en una población total proyectada de 47,5 millones. El empleo creció entre las mujeres (47,6%) y cayó entre los varones (64,9%), y si bien la desocupación bajó a nivel general, fue más alta entre las mujeres (8,5%) que entre los varones (6,8%).

El Gran Buenos Aires volvió a encabezar las cifras de desocupación, con una tasa del 8,7%, seguido por la región Pampeana con 7,4%. En el otro extremo, Patagonia y Noroeste marcaron el mínimo: 4,7%. También hubo diferencias según el tamaño de los centros urbanos: en los aglomerados de más de 500.000 habitantes, la desocupación fue del 8%, mientras que en los más pequeños se ubicó en 5,5%.

La precarización laboral se sintió en varios frentes. El 37,7% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio, y dentro de ese grupo, apenas el 15,7% realiza aportes por su cuenta. Además, el trabajo por cuenta propia alcanzó al 23,7% de los ocupados, mientras que los empleadores (patrones) representaron solo el 3,5%. El 8,5% del total trabajó desde su casa y el 4% utilizó herramientas propias.

En cuanto al perfil educativo, el 60,4% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, y solo el 39,7% accedió a estudios superiores o universitarios. Por tipo de ocupación, el 55,5% se desempeñó en tareas operativas y apenas el 11% en empleos profesionales.

Entre quienes buscan trabajo, el 71,3% no terminó estudios superiores. También se destacó que el 28,2% lleva más de un año buscando empleo, un dato que refleja el carácter persistente del desempleo para una parte de la población. Por edad, las mujeres jóvenes fueron las más afectadas, con una tasa de desocupación del 16,9%.

Comparado con el mismo trimestre del año anterior, el desempleo se mantuvo en 7,6%, pero aumentó la proporción de personas que, aun teniendo trabajo, buscan otro. También creció la informalidad, que hace un año era del 41,6%. A la vez, la tasa de actividad cayó 0,4 puntos porcentuales interanuales y la de empleo bajó 0,3 puntos.

La foto que deja este informe es la de un mercado laboral con poco movimiento pero alta tensión. Menos gente quedó fuera del sistema, pero más gente trabaja en condiciones precarias, sin cobertura ni estabilidad. En otras palabras, hay menos desempleo pero no hay más derechos.

La informalidad, sin embargo, no golpea por igual a todos los sectores. Según el informe del Indec, la mayor proporción de empleo asalariado no registrado se concentra en el trabajo doméstico (74,2%) y en la construcción, donde el 71,4% de los asalariados trabaja sin descuento jubilatorio. Es decir, siete de cada diez obreros de la construcción están en negro. También se registraron niveles elevados de informalidad en los sectores de restaurantes y hoteles (59,6%) y en el comercio (44,6%).

Por el contrario, los niveles más bajos de empleo informal se dieron en la administración pública (3,5%), en la enseñanza (6,2%) y en el sector financiero (7,6%). La informalidad, entonces, se concentra en ramas de actividad intensivas en mano de obra, con alta rotación y bajos niveles de formalización estructural, lo que marca desigualdades profundas dentro del universo ocupacional.

Además, si se analiza por calificación, el 62,4% de los trabajadores informales se desempeñó en ocupaciones no calificadas u operativas, mientras que apenas el 6,1% lo hizo en puestos técnicos y el 3,2% en funciones profesionales. Esto refuerza el perfil de un mercado laboral segmentado, donde la informalidad castiga sobre todo a quienes tienen menor nivel educativo y menor poder de negociación.

JJD

En una entrevista en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por La Nación Más, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó un instante sin respuesta al ser interrogado por la reducción de 50.000 empleados públicos y la situación del empleo en general.

Durante la conversación, Sturzenegger defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de desvincular a decenas de miles de trabajadores estatales, asegurando que la pregunta por la “crueldad” de esas medidas estaba “remal planteada”. El ministro sostuvo: “No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”.

Sin embargo, Majul lo interrumpió y lo cuestionó: “¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy…”, lo que obligó a Sturzenegger a reafirmar su argumento: “Por supuesto que sí”, aunque sin precisar cuántos ni dónde estarían esos nuevos puestos de trabajo.

Además, el ministro criticó el paquete de leyes que aprobó el Senado la semana pasada, y aseguró que si esas leyes se llegaran a implementar revertirían el superávit fiscal y generarían un nuevo incremento de la inflación y la pobreza.

Sturzenegger calificó la votación como un intento del Congreso de decir en qué se tiene que gastar tanta plata sin decir de dónde sacarla, y lo comparó con “cuando un niño pide un juguete” sin reparar en el costo.

MP

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, advirtió sobre el fuerte retroceso del aparato productivo nacional y el empleo formal durante el gobierno de Javier Milei.

“Se perdieron 150 mil puestos de trabajo formales en lo que va del año. Lo que estamos viendo es una transferencia brutal al trabajo precario, informal o monotributista. Vamos camino a un modelo de exclusión social”, afirmó con preocupación.

Según Moreno, la política económica actual está diseñada para eliminar la industria nacional: “Es un modelo de dólar barato y costos carísimos en dólares, que nos saca de competencia en el mundo. Las pymes exportadoras ya no pueden sostener sus ventas externas. El 11% de las que exportaban, dejaron de hacerlo. Y cuando se liberen del todo las importaciones, lo poco que queda va a estar en peligro”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente empresario explicó que, aunque la desocupación no crece en forma dramática, hay un cambio profundo en la calidad del empleo.

“La caída de puestos no se ve tanto en el desempleo porque lo que ocurre es una migración del trabajo registrado al informal. El operario que tenía aguinaldo y vacaciones hoy reparte con la bici, con ingresos variables y sin derechos laborales”, precisó.

Sobre el rumbo general de la economía, fue tajante: “Nos están llevando a un país más injusto, primarizado, donde el Estado se sostiene con lo que produce el campo, la minería o el petróleo. Pero eso no alcanza para dar trabajo a los 22 millones de trabajadores que tiene la Argentina”.

Finalmente, Moreno alertó sobre las consecuencias sociales del rumbo elegido: “Este modelo no genera desarrollo ni empleo digno. Es un proyecto de país para pocos. Agarrémonos porque se viene una bastante dificill”.

MP con información de NA

“Cuando estás haciendo el tendido para ingresar la electricidad al barrio lo primero es poner los pilares que son muy pesados. Para levantar uno de esos y ponerlo en pie, se necesitan cuatro hombres forzudos, o seis mujeres. O dos mujeres y un carrito con palanca”. Para Natalia Ramos la ecuación es así de sencilla. “Las mujeres reemplazamos la fuerza con inteligencia”, grafica. 

Pero no siempre fue así. Aunque nació en La Plata, Natalia vive en la ciudad de Salta desde hace muchos años. Allí cursó el secundario en una escuela técnica y empezó un terciario en Biomedicina. Pero, durante las prácticas en los hospitales, a sus compañeros de cursada les parecía que a ella le correspondía sentarse en un escritorio u ocuparse de la limpieza. 

Aquellos estudiantes no constituían un caso aislado. Muchos hombres y mujeres de la Argentina aún siguen pensando que hay oficios para hombres y otros para mujeres. Más aún en aquella ciudad, a más de 1.400 kilómetros de Buenos Aires, donde se preserva la arquitectura colonial y se rinde culto al Señor del Milagro. 

Las estadísticas ponen en números estas diferencias. Según los Indicadores de Género del Mercado Laboral Argentino que elabora el Ministerio de Economía a través de Secretaría de Coordinación de Producción  y el CEP XXI - Centro de Estudios para la Producción, en 2023  la tasa de feminización, es decir, el porcentaje de mujeres que trabajaban en Salta  era del 26, 9 por ciento. En Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina  era del 40 por ciento. 

Pero hay otros números del Instituto Nacional de Estadística y Censo que documentan que aún en 2025, la brecha promedio de inserción laboral es del 21 % entre hombres y mujeres a nivel nacional y entre quienes tienen trabajo, los sueldos de los varones son un 29 % más altos que los de las mujeres. Esta diferencia se agrava cuando se desagrega la variable trabajadores sin calificación, como la construcción que alcanza a una diferencia del 35,7 % en los ingresos de unas y otros.

La capacitación

Con estas discrepancias en la mira, en 2022 el Gobierno provincial decidió apostar por la inserción laboral de las mujeres con cursos de capacitación en oficios. Fue a partir de la creación de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo provincial. El programa se denomina Constructoras y apunta a formar a mujeres y disidencias para integrarse al sector. 

La elección de la construcción no es caprichosa. Se trata de uno de los sectores de trabajo eventual que emplea mayoritariamente a los varones. Para las mujeres, los trabajos más precarizados y eventuales están ligados al trabajo doméstico o el cuidado de personas. Sin embargo, la diferencia de salarios entre el sector de la construcción y el de servicio doméstico, coloca a las mujeres en un lugar de mayor vulnerabilidad y menor retribución que los hombres. En marzo de 2025 el salario del servicio doméstico era de entre  $2.863 y $3.454 por hora. En cambio, en el mismo mes, los salarios de la construcción arrancaban precisamente en los $3450 y podrían llegar a los $8111, según la zona geográfica y la especialización.  Estas cifras explican el interés por sumar mujeres en una ocupación mejor remunerada. 

Por eso la provincia puso en marcha Constructoras que comenzó a mediados de 2022. Actualmente, el programa está en marcha en Capital, Tartagal, Cafayate, Metán, Cerrillos, Galpón, Cachi, El Carril, Apolinario Saravia, La Caldera, Coronel Moldes, Angastaco y Colonia Santa Rosa, tras desembarcar gracias a la articulación con las Áreas Municipales de Mujeres, Géneros y Diversidad de cada uno de los municipios. Los últimos municipios que se sumaron durante 2025  fueron San Carlos y la Puna salteña. 

Todos los cursos se dictan en colaboración con la UPATECO (la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios). “Primero es un modo de formarlas en un oficio históricamente masculinizado como una manera de romper estas barreras que siguen existiendo en algunos oficios para la incorporación de mujeres y personas LGBT y Q+”, argumenta Itatí Carrique, secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia.  Luego apunta: “Además, es incluirlas en un mercado laboral que tiene mejores salarios  que muchos otros ámbitos de la economía donde las mujeres se desarrollan en mayor medida, como por ejemplo, las empleadas de casas particulares”.

Para Carrique poder incluir a las mujeres en un mercado laboral que tiene mejores salarios y mejores condiciones que el que habitualmente transitan “permite lograr mujeres que tengan mayor autonomía económica y mayor posibilidad de autosostenerse, que es una de las grandes dificultades que tienen las mujeres”.

Estos cursos tuvieron un efecto concreto: la capacitación de las egresadas que aprendieron oficios y certificaron sus saberes para integrarse a la construcción. Pero hubo otro efecto colateral: en 2023 el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en conjunto con el de El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anunció la realización del Programa Constructoras a nivel nacional a partir de la experiencia de Salta  y otras provincias con iniciativas similares como La Rioja, San Luis, Catamarca y Chaco. Desde entonces, comenzaron a desarrollarse cursos en todo el país.

Aunque no hay datos desagregados por provincia, la inserción de mujeres en el sector de la construcción tiene estimaciones a nivel nacional. En 2007 las mujeres constituían el 4,1 por ciento de los trabajadores, según los datos del CEP XXI. En 2023 (el último año que registró el estudio) se había elevado al 7,1 por ciento.

Para explicar el crecimiento incipiente que se dio en ese período, además del programa salteño hubo una decisión de la representación sindical en el mismo sentido. Fue en el seno mismo del principal gremio del sector, la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción). A través de su brazo UOCRA MUJER organizó talleres de capacitación por la equidad de género tanto para hombres como para mujeres. “Fortalecer y visibilizar a las mujeres en el sector aporta que más mujeres se sumen y se animen”, explica la titular de la rama gremial  femenina, Paula Martínez. 

La sindicalista es consciente de las diferencias de representación que se dan en el sector: “La industria de la construcción es una industria masculinizada, es decir, durante mucho tiempo estuvo compuesta exclusivamente por varones y aún hoy ellos son franca mayoría”. Sin embargo, apunta: “Esto no implica necesariamente que sea una industria machista. La construcción puede ser tan machista, o tan poco machista, como el resto de la sociedad”. 

En ese sentido, Martínez admite que durante mucho tiempo se sostuvo el argumento de la diferencia de fuerza física como motivo para que quienes participaran de la construcción fueran solo los varones. Pero, en línea con la anécdota que cuenta Natalia Ramos, la sindicalista asegura que ese razonamiento se vuelve insostenible con la tecnificación actual. “Nos obliga a revisar qué otros preconceptos, qué otros mandatos de la masculinidad y de la feminidad están operando para que aún sea una industria fuertemente masculinizada”, agrega.

Si bien la conformación actual del equipo UOCRA Mujeres es más reciente, la preocupación del sindicato por la equidad de género comenzó en los primeros años de la década del 2000. “Dos hitos marcan las primeras acciones de UOCRA Mujeres: por un lado, la sanción de la Ley 25.674 de Participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales conocida como ”Ley de cupo femenino sindical“ en 2002. Por el otro, la crisis del año 2001 que implicó que muchas mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar, se acercaran en su búsqueda de sustento a la industria de la construcción”, detalla Martínez.

La sindicalista cuenta que a estas dos realidades buscó dar respuesta la creación del entonces Departamento de la Mujer, que inició sus actividades con relevamientos de la participación de mujeres en obras de grandes dimensiones. Continuó con el trabajo en el abordaje de la salud y seguridad de las mujeres en la industria de la construcción y fue sumando actividades y competencias, entre ellas la transversalización de la perspectiva de género y la sensibilización, manteniendo siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras constructoras y sus familias. 

El modo que encontró el sindicato para abrir la brecha, también fue la capacitación. “En 2023 concretamos, en conjunto con Fundación UOCRA y Programa PAGE de la OIT cursos en los que participaron más de 120 mujeres de distintas seccionales de CABA, AMBA y Mar del Plata. Además, en la seccional Zona Norte (la de Salta) 10 compañeras se capacitaron en electricidad por un requerimiento específico de una empresa que luego contrató a algunas de ellas”. 

A los cursos de formación los dictan técnicos y profesionales de la Fundación Uocra, pero también hay componentes de sensibilización en perspectiva de género en los que está involucrada específicamente Uocra Mujer. “Somos profesionales de las ciencias sociales y también personal técnico”, apunta Martínez, quien resalta que el equipo es federal y tiene referentes de todo el país de la Fundación Uocra, Uocra Mujer y los centros de formación profesional del sindicato. Todos ellos diseñaron la respuesta en conjunto. El financiamiento también proviene de distintas fuentes. “Hay cursos que cuentan con financiamiento de organizaciones internacionales, otros de gobiernos locales. Algunos se realizaron en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción, y otros por cuenta del sindicato. El programa y los fondos se adaptaron a cada situación, cuentan en Uocra Mujer.

El cupo

En el caso concreto de Salta, la capacitación se articula con otro factor que la potenció: una decisión política. Hasta hoy, gracias a la conciencia creada por el programa Constructoras, 15 comunas salteñas sancionaron una ley de cupo de género que establece que las empresas concesionarias de las obras públicas que contrata la municipalidad, deben tener, al menos un 10 por ciento de mujeres entre sus operarios.  

“Ya que la provincia estaba formando a las mujeres con el programa Constructoras, buscamos una herramienta desde el Concejo Deliberante para la inclusión laboral de esas mujeres capacitadas. La encontramos en el cupo de obras públicas, que permite incorporarlas desde el mismo Estado”, cuenta la concejal Malvina Gareca de la ciudad de Salta que logró que se sancionase una modificación que propuso de incorporar el artículo 3 Bis a la norma 15.593- Adhesión al Sistema de Contrataciones de la Provincia para establecer el cupo femenino. Fue en noviembre de 2022. Meses más tarde en mayo de 2023 la edil Alicia Vargas impulsó que ese cupo del 10 por ciento se extendiese no solo a las contrataciones sino también a las obras que lleva adelante la misma comuna salteña y a los operarios de la planta hormigonera comunal en la que se produce el material destinado a la obra pública. 

Los resultados

Las capacitaciones suman mujeres formadas en oficios relacionados con la construcción. Desde UOCRA Martinez cuentan que fueron 120 en 2023 y en 2024 27 en el AMBA y otras 27 en Comodoro Rivadavia, otro de los distritos donde se impulsaba una ley de cupo en la obra pública. “El rol de UOCRA como sindicato es impulsar, favorecer estas iniciativas, y a la vez ofrecer formación técnica a las compañeras para que cuando esos puestos de trabajo efectivamente estén disponibles, ellas tengan la capacitación necesaria para poder desarrollarse en esta industria”, argumenta Martínez. 

Por su parte, desde la provincia de Salta y Constructoras, Carrique cuenta que desde mediados de 2022 la provincia formó a 1.100 mujeres. “Además de formar en la Capital de la provincia que es el mayor volumen, hemos formado también en 15 de los 60 municipios provinciales. Este año estamos continuando con la formación, de hecho, hace pocos días entregamos los últimos certificado”. 

Si bien la iniciativa en Salta se sigue desarrollando, el programa Constructoras a nivel nacional solo desarrolló unos pocos cursos. Sucede que el Ministerio fue disuelto en junio de 2024 y las capacitaciones se discontinuaron. El único rastro que queda de ellas es un manual que se denomina “La perspectiva de género en el ciclo de la obra pública”. Esta publicación que realizó el Ministerio de Obras Públicas junto a ONU Mujeres tiene por objetivos generar la inclusión laboral de las mujeres en todo el ciclo y rompe con el mandato de la masculinidad en este campo laboral, reconocer la heterogeneidad de su público destinatario y propiciar una mayor participación de las mujeres y diversidades en la toma de decisiones en espacios de jerarquía de la política y la Obra Pública.  El manual reúne buenas prácticas en la gestión administrativa y financiera de la obra con perspectiva de género de la Argentina y de otros países latinoamericanos como Perú, Bolivia y Uruguay. 

La secretaria de Género salteña asegura que el programa Constructoras le sigue dando a la provincia muchas satisfacciones concretas:  “Algunas de esas mujeres se incluyeron en la obra pública. En casos concretos y emblemáticos como la construcción del Centro de Convenciones de Cafayate o un plan de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda”. 

También Gareca evalúa como positiva la experiencia a partir de la respuesta de las empresas: “Nos dicen que las mujeres realizan una tarea excelente. Con mucha responsabilidad Alaban la calidad de las terminaciones y que son muy organizadas. A veces, más que los hombres”. 

“El conocimiento nos da ventajas-apoya Ramos, una de las mujeres que se capacitó en la provincia- Al principio nos mandaban a limpiar o a un escritorio a hacer papeles. Pero después se dieron cuenta de que éramos útiles. somos organizadas y suplimos la fuerza con conocimientos o herramientas e ingenio”.

En ese sentido, Ramos, una de las beneficiarias del curso apunta: “Siempre me interesaron los oficios, de hecho estudié en la escuela técnica Pero además me tentó la remuneración que es mejor que en otras ocupaciones. Y el poder organizar mis horarios”. Luego cuenta que optó por realizar el tendido eléctrico de las obras y otros trabajos particulares para poder disponer de su tiempo y compatibilizarlo con el cuidado de sus dos hijos. 

Luego hay gratificaciones que pasan más por lo personal. “Mi hija de 10 años está orgullosa de mí, Cuando le preguntan en la escuela qué hace su mamá, cuenta todos los oficios que tengo y, que, además, tengo cultivos y gallinas en casa”, cuenta Verónica González, otra de las salteñas que pasó por las clases.. 

“A mi marido le resultó raro cuando empecé a ir a la obra. pensaba que me iba a volver enseguida. Ahora se acostumbró y tengo su apoyo cien por ciento. Va a buscar a la nena a la escuela mientras yo estoy trabajando”, confiesa Ramos, sobre el día a día que cambió la dinámica familiar. 

La revolución también se instaló en las aulas:  “Cuando empecé el primer curso de albañilería mis compañeros se sorprendían. Era la única mujer entre 18 varones”, grafica González. “También en el barrio se sorprenden de que sepa de albañilería, de electricidad y hasta arreglar lavarropas. Me dicen la multioficio, Cuando me contratan por Whats App para que vaya a hacer un arreglo se sorprenden de que llegue una mujer”, cuenta divertida. 

Su colega Natalia Ramos también describe la reacción de sus clientes: “Intentan pagarme menos por ser mujer. Me dicen que me van a pagar lo que les parezca. Cuesta hacerse respetar”. 

Tras la desaparición del Ministerio de Mujeres las capacitaciones crecieron ya que el Estado nacional no organiza cursos. Sine mango, desde UOCRA, Paula Martínez apunta: “Creo que es imposible aislar el impacto del cierre de organismos estatales de género -el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación entre ellos pero no únicamente- solamente en términos de demanda de capacitaciones.Son muchos los factores que podrían modificar esa demanda: por ejemplo, la tasa de desempleo, que está en aumento y que lleva a muchas personas a buscar nuevas alternativas de subsistencia y ven en la adquisición de nuevas calificaciones una oportunidad. También la mayor difusión de las actividades”. 

Sin embargo, grafica: “el cierre de organismos estatales de género implica la pérdida del interlocutor estatal en el diálogo tripartito (sector empleador, sector del trabajo, Estado) con lo que distintas líneas de trabajo conjunto se deterioran o se pierden”.

Al interior de la organización, durante 2024 UOCRA pudo seguir ampliando la llegada a seccionales de distintos puntos del país. “Trabajamos con 34 seccionales, 18 de ellas por primera vez en 2024, lo que implicó que más de 1200 compañeros y compañeras participaran de actividades de sensibilización, en forma presencial o virtual”, sintetiza.  

 Los aprendizajes

Quienes pasaron por la experiencia de la capacitación y la salida al mercado laboral de la construcción aún señalan cuentas pendientes. Por ejemplo, el preconcepto que existe sobre el desconocimiento de la mujer de ciertas tareas consideradas tradicionalmente como masculinas. “Cuando toman a un hombre no le preguntan dónde aprendió, porque les parece normal que sepa hacer ciertas tareas. Como soy mujer, a mí me preguntan y no me creen que lo sé hacer”, se lamenta Ramos. 

Precisamente, el primer aprendizaje sobre la integración de las mujeres en la construcción surgió sobre la marcha: para insertarlas era necesario tratar de erradicar estereotipos. Así lo describe Martínez  “Desde UOCRA Mujeres trabajamos también con las empresas que están dispuestas a ello para la remoción de los patrones socioculturales que limitan el acceso de las mujeres a sus derechos y a la igualdad y la no discriminación”. También Nancy Hornus, titular del programa de Equidad de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) cuenta que, al igual que el brazo sindical, la entidad empresaria apostó por  la concientización. “Desde la Cámara nos sumamos para acompañar a los empresarios ya que el Estado estableció la perspectiva de género en la obra pública. Comenzamos a trabajar en la sensibilización de los empresarios. El objetivo era desaprender el modo habitual de trabajo para sumar esta perspectiva”.

La ley de cupo implementada en Salta como resultado de las capacitaciones ha inspirado réplicas en otras partes del país y generó que ciudades como Concordia aprobasen una ordenanza de cupo en la obra pública. En Mar del Plata, aún es una propuesta y en Comodoro Rivadavia se sancionó en diciembre de 2024 conel requerimiento de  un porcentaje superior: el 15 por ciento de participación femenina. 

Esta posibilidad de réplica quedó sistematizada en los manuales que editó el Ministerio de Obras Públicas en 2023.  En ese marco, también en octubre de 2023 el Ministerio de Obras Públicas presentó la Red Federal de la Construcción con Perspectiva de Género, una política articulada con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) que busca consolidar y profundizar en todo el país las estrategias desplegadas para revertir las brechas de género que históricamente afectan al sector fortaleciendo la participación de las mujeres y LGBTI+. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023 estas acciones quedaron desactivadas. 

Puestas a pensar, las mujeres capacitadas tienen más sugerencias.  “El capacitador del curso era un varón, y a veces nos llamaba muchachos o changos (N.R.: un modismo que se usa en el noroeste de Argentina para nombrar a un joven) y se olvidaba de que éramos todas mujeres. Creo que eso deberían tenerlo en cuenta”, explica Ramos, quien ante esa carencia se propuso ella misma ser capacitadora. “Ahora capacito mujeres para enseñarnos y aprender de nosotras mismas. De hecho estoy yendo a la Puna salteña a dar un curso”, cuenta. 

Las mismas participantes se dieron cuenta de que necesitaban manejar sus tiempos para compatibilizar sus nuevos oficios con las tareas domésticas que suelen recaer en ellas. “Más que trabajar en una obra me sirve hacer trabajos particulares. Así puedo cumplir con las actividades de mi hija. Llevarla y traerla de la escuela, de taekwondo o inglés. Y hacer las tareas de la casa”, describe González, quien se ufana incluso de tener cultivos en el fondo de su casa. Luego analiza: “Algunas de las chicas que hicieron los cursos no se pueden organizar con los horarios y la familia. En definitiva, lo que aprendieron solo les sirvió para hacer arreglos en su propia casa”. 

Consciente de esta necesidad de muchas mujeres de ser trabajadoras y, a la vez, esposas y madres, y sumar las tareas de la casa y las de cuidado, la concejala Gareca asegura que en algunas comunas se promovió la creación de cooperativas para la obra pública que tuviesen un 50% de mujeres y que contemplasen los horarios flexibles para que pudiesen compatibilizar su trabajo con la familia. 

Los límites  

La mayoría de las limitaciones tienen que ver con decisiones políticas. Así describe la situación Paula Martínez: “El número de mujeres y diversidades en la industria de la construcción continúa siendo pequeño aunque mostró un crecimiento sostenido hasta fines de 2023. En 2024, con la eliminación del Ministerio de Obras Públicas y la casi eliminación de la obra pública el golpe al nivel de empleo de los trabajadores y trabajadoras de la construcción fue durísimo. Se estima que se perdieron 200 mil puestos de trabajo directos. Entre ellos por supuesto también hay empleos de trabajadoras”. Al haber menos trabajadoras empleadas, lógicamente menos cuotas sindicales y menos disponibilidad de fondos para cursos y capacitaciones. 

La gremialista señala el rol del Estado como garante de derechos y como regulador de las relaciones entre el sector empleador y el sector de los trabajadores y trabajadoras. “No solo se dio la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; también se cerraron o desjerarquizaron ministerios o áreas de género en varias provincias. Y también organismos en otros ministerios que transversalizaban la perspectiva de género en sus respectivas áreas de intervención. Entonces, faltan interlocutores y todos los avances que se venían dando en término de inclusión de mujeres y diversidades en la construcción están ahora en cuestión”. 

En el mismo sentido, Lorena González, titular de la Dirección General de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Salta explica que aunque la ordenanza de cupo de género está vigente, no se ha avanzado en su reglamentación para delimitar sus alcances concretos. De este modo, la integración de mujeres depende de la buena voluntad de las empresas pero cuenta con una herramienta poderosa que está subutilizada. Sucede que muchas ordenanzas requiere una reglamentación explícita que incluya los alcances y el modo de ser implementada. No es el caso de la del cupo que depende de la buena voluntad de las empresas. 

Desde lo cotidiano, Natalia Ramos propone sumar práctica a los cursos. “Por supuesto que hay, pero, desde mi experiencia tendrían que ser más, así las chicas salen más seguras y con más conocimientos prácticos”.  Luego apunta: “También nos pasa que , a veces, carecemos de equipamiento. El programa te da un incentivo económico y yo lo aproveché para comprarme un taladro, pero las herramientas son caras, y a los bancos les cuesta darles créditos a las mujeres, más que a los hombres. Entonces una no puede armarse de las herramientas que necesita para entrar en una obra o hacer trabajos particulares de construcción”. Como alumna y como capacitadora, Ramos sueña con la posibilidad de que cada mujer reciba un kit de herramientas de construcción junto a su certificado de capacitación. 

Mientras tanto, se dedica a transmitir lo que sabe, en las aulas y en su propia familia. “Cuando voy a hacer un trabajo, a veces llevo a mis hijos para que me acompañen. Les doy la caja de herramientas y les pido que me las alcancen para que aprendan. Tanto al varón como a la nena, porque los dos pueden ser constructores”, avisa convencida. 

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Solutions Journalism Network y la Fundación Hewlett, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506.

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

La cantidad de personas que perciben el seguro de desempleo se duplicó en el primer semestre del año, en medio de una recesión de largo aliento.

Según datos oficiales, en el primer semestre, 98.703 personas que perdieron el empleo registrado sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo. 

Así se elevó a 111.851 el promedio mensual de los alcanzados por este seguro, que cobran un haber promedio de $182.858 mensuales.

Las altas de este año se duplican frente a las de igual período de 2023. 

Habían sido de 49.910 y el promedio mensual de 64.457 personas.

De este total, 84.372 son varones y 27.479 mujeres. 

De las 98.703 altas, las más numerosas están en la construcción (36.488 trabajadores), la industria manufacturera (19.532), el comercio (15.389), actividades administrativas (6.768), servicio de transporte (3.753), servicios de comida y alojamiento (3.268) y salud y servicios sociales (2.708).

Las personas que pueden cobrar el seguro por desempleo son los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia.

Mientras cobran este seguro –de hasta 12 meses- perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. 

Y los meses del cobro de la prestación se computa como antigüedad para la jubilación o pensión.

Un requisito importante es haber tenido al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

En el caso del trabajador eventual y de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años. Las trabajadoras mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.

DM con información de agencia NA

La politóloga e investigadora del CONICET Paula Varela participó de un estudio sobre la Morfología de la clase trabajadora en la Argentina actual, que reorganiza los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y arroja un mapa distinto: el 40% de este universo son trabajadores registrados, 30% son informales y 11% están dentro de lo que ella considera como desocupación abierta. “Si vos mirás esa foto, empezás a tener un degradé de formas de precarización que van desde el cuentapropismo y la informalidad hasta la desocupación”, reflexionó.

El mercado laboral en la actualidad, su efecto en la irrupción de candidatos de ultraderecha como Javier Milei y la dicotomía entre trabajo formal e informal, son algunos de los aspectos que también analiza la profesora de la Universidad de Buenos Aires en esta entrevista.

‒ Ustedes utilizan los datos del INDEC del segundo trimestre de 2022 sobre el mercado del trabajo, pero hacen un estudio propio, ¿no? ¿Por qué eligieron una forma de medición distinta sobre esos datos oficiales?

‒ El Obsevatorio de les Trabajadores de LID surgió durante la pandemia con un colectivo de compañeros y compañeras, todos sociólogos. Nosotros empezamos a relevar despidos y después algunas acciones de conflictividad, porque consideramos que era muy importante también mostrar conflictos que en momentos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) quedaban completamente invisibilizados. Con la recomposición del mercado de trabajo post pandemia o hacia el final de la pandemia, empezamos a analizar las características de ese fenómeno a través de datos del INDEC y de otros observatorios. Ahí aparecía una cosa que después se va a mantener en el tiempo, y es que el mercado de trabajo y el ascenso, digamos, del empleo post pandemia, estaba traccionado por la informalidad, por un lado; y por el trabajo cuentapropista, por el otro. Eso abrió algo que, quizás para quienes hacemos estudios de trabajo hace un tiempo no es tan novedoso, pero que sí empezó hablar como un fenómeno nuevo en Argentina que son los trabajadores pobres. Efectivamente es un fenómeno nuevo porque la pobreza siempre estaba asociada a la desocupación y el que tenía empleo tenía garantizado estar por arriba de la línea de pobreza.

‒ ¿Desde cuándo es nuevo? Porque con el agotamiento del modelo kirchnerista, si querés, ya la devaluación de (el entonces ministro de Economía) Axel Kicillof en 2014 empieza un ciclo de caída de salario real. No es nuevo, pero no sé si es nuevo desde hace dos meses o dos años, sino que me parece que es previo.

‒No, yo diría incluso más. Para pensar en los trabajadores pobres hay que hacerlo en dos temporalidades distintas. Una podría decir que empieza ya notoriamente desde 2015 una caída del salario real, claramente el gobierno macrista profundizó todos los indicadores y sobre esa profundización se monta el fenómeno de ajuste del gobierno de Alberto Fernández. Eso te da la foto del 40% de pobreza, el aumento de la desigualdad y la caída o el cambio regresivo de la distribución funcional del ingreso, que es lo que todo el mundo da más o menos en cualquier informe. Eso es corto plazo. Una de las cosas que hay que pensar para comprender esta emergencia de estos trabajadores pobres como novedad de la historia argentina es que incluso la recomposición del salario y de los indicadores laborales después de la crisis del 2001 tiene características específicas que permiten comprender eso. Concretamente, en ese momento hay claramente una recomposición del empleo. Sí, un aumento del empleo después de la caída del 2001 y 2002, y una recomposición del salario real. Esos dos fenómenos se montan sobre mantenimiento de ciertas condiciones del mercado de trabajo que vienen desde la segunda mitad de los '90 y hay tres que son claves. Una es lo que se podría llamar como las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, es decir, condiciones de contratación con altos índices de informalidad. O sea, por ejemplo, durante el kirchnerismo no se perfora nunca el 30% de informalidad, y eso es un dato que va a segmentar el mercado de trabajo hasta la actualidad. Un elemento también de la venta de la fuerza de trabajo, que es la tercerización y los contratos precarios, que se van a mantener. La tercerización le abre la puerta a formas de cuentapropismo, incluso en el Estado, al que miles de compañeros que todos nosotros conocemos facturan de forma monotributista. A esos elementos podría agregar las condiciones de organización sindical. Es decir, un sindicalismo que acepta una reducción de base de representación y se desliga de aquellos trabajadores que son o informales o cuentapropistas. Esos elementos, que se parieron todos del '95 en adelante, por poner una fecha un poco arbitraria pero que es certera, se mantienen durante la recomposición kirchnerista. ¿Y qué es lo que se da sobre esos elementos? Un aumento del salario real. Es decir, un aumento de la capacidad de consumo de la clase trabajadora. Cuando esa capacidad de consumo retrocede por inflación, por políticas de ajuste más deliberadas o menos deliberadas, lo que queda es esas mismas condiciones pero con salarios caídos. Entonces, si uno quisiera pensar los trabajadores pobres hoy tiene que pensar políticas de caída del salario real. En 2011 o 2012 empiezan a marcar una caída de salario real para ciertos sectores, por ejemplo, el estatal. Y lo que empieza es una cosa interesante, que es la diferenciación según el poder de fuego de los sindicatos. Aquellos con buen poder de fuego mantienen el salario incluso en condiciones de inflación muy altas; y los de poder de fuego bajo empiezan a perder salarios. Vos podés situar eso en 2010 y 2011. En 2015 y devaluación 2014, eso se profundiza. Después va a tener un pequeño ascenso, y ya con macrismo y Alberto Fernández hay condiciones peores.

‒ En el informe que hicieron (Morfología de los Trabajadores en Argentina actual ) dice que hay un total de 15 millones de trabajadores los que efectivamente logran vender su fuerza de trabajo. Es decir, son ocupados. Hay un 1.700.000 desocupados plenos, más los inactivos que ya no buscan y eso ya te da un dato que contrasta con el INDEC, que es un 11% de desocupación. Al mismo tiempo, ustedes ofrecen otro dato de que alrededor del 60% de los trabajadores hoy están en una situación de precariedad. Es decir, no tienen los plenos derechos que hoy tiene una minoría, que algunos quizá son los que están beneficiados por la eliminación de del impuesto a la cuarta categoría (del Impuesto a las Ganancias), pero es una realidad que no tiene que ver con la vida de las de las mayorías asalariadas. ¿Cómo llegan a ese número de un 60% de trabajadores en situaciones de vulnerabilidad?

‒ Nosotros tratábamos de ver cómo hacer una buena foto de los niveles de precarización. A partir de los microdatos del INDEC retrabajamos la base de lo que se llama la población económicamente activa. Es decir, los ocupados, la población que está en capacidad de ser activa en el mercado de trabajo. Nosotros ahí sacamos los que son patrones, gerentes y CEOs para poder quedarnos con una definición de clase trabajadora como aquel que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, que es una definición clásica de clase trabajadora dentro del marxismo, por ejemplo. A partir de eso empezamos a organizar en función de estas diferencias en el mercado de trabajo. Si vos te quedás con eso, la población económicamente activa se reduce. Para pasar los números que vos diste en absolutos a porcentajes: tenés un 40% que son los trabajadores registrados. Son aquellos que una podría decir que es el trabajador clásico en el sentido de que tiene plenos derechos que -ya como verás- no es más clásico porque es minoritario. Después, tenés un 30% de trabajadores informales. Es decir, el que no tiene absolutamente ningún derecho asociado al trabajo. Un 19% son trabajadores cuentapropistas. Ahí tenés una gama muy variada de situaciones, porque vos podés tener, por ejemplo, a un trabajador de una aplicación de reparto o de movilidad, pero también podés tener uno a domicilio que factura. Y después tenés un 11%. ¿Por qué en nuestra medición la desocupación sube? Porque estamos contando lo que se llama la desocupación abierta, que es aquel que busca trabajo pero no lo encuentra; y aquel sector que ya no busca trabajo, pero que no porque no lo necesite para poder reproducirse o para poder reproducir su familia, porque ya está desalentado. Entonces, si vos mirás esa foto, tenés ese 40%, y después empezás a tener un degradé de formas de precarización que van desde el cuentapropismo y la informalidad hasta la desocupación. Ahí hay una cosa interesante: incluso en ese 11% que nos da a nosotros esa desocupación, no están contados los compañeros y las compañeras del Potenciar Trabajo.

‒ Que son, según los datos que ustedes presentan, casi un millón y medio de personas. No son desocupados para el INDEC, pero no tienen un trabajo formal claro ni ninguno de los derechos de un asalariado registrado.

‒ Exacto. No son desocupados porque efectivamente trabajan, sí. Prestan servicios en distintas actividades que pueden ser desde un comedor sociocomunitario, y entonces eso se toma como trabajo de cuidado y efectivamente lo es; o en lo que llamábamos en 2011 como las bloqueras, en las que construyen bienes o servicios en forma comunitaria. Esos trabajadores están contados en las distintas ramas de actividad en las que efectivamente trabajan. Ahora bien, esos trabajadores no tienen ninguno de los derechos que tienen los asalariados. Entonces, esos trabajadores están en una franja de precarización que es muy difícil de medir a través de las estadísticas del INDEC.

‒ ¿Qué pasa con la informalidad? Uno de los elementos que aparece como un hallazgo del informe es que en cada rubro de actividad puede haber informalidad, pero con apariencia formal, ¿no?

‒ Sí, en la discusión pública, pero también en la discusión académica, suele hacerse una suerte de dicotomía entre el empleo formal y la informalidad, como si efectivamente fueran dos mundos separados. Ahí hay dos problemas. Uno teórico y también político fuerte, que es esa dicotomización de la clase trabajadora. Primero, que empíricamente no es tal, y eso es lo que surge del informe. A su vez, políticamente tiende más bien a considerar que el problema es que la clase trabajadora ya no existe o mutó hacia otra cosa. Esos dos discusiones creo que hay que hay que mirarlas con mucha atención. En el terreno de los datos empíricos, vos lo que tenés es que, tanto la informalidad como el cuentapropismo, permea a las distintas ramas de actividad, incluso en ámbitos que nos llamaron la atención. Existe la informalidad en el empleo estatal. Uno ya sabía que existe la el cuentapropismo porque hay muchos contratados en el Estado. Existe la informalidad en la industria manufacturera. Es decir, en actividades que se supone que no hay mucha informalidad, no se no se reduce a determinadas ramas. Y lo mismo pasa con el cuentapropismo. Eso te permite ver que estas formas de precarización son transversales a distintos sectores y que eso también tiene que ver con la forma en que se experimenta la precarización. El crecimiento de formas de precarización, como la informalidad, necesariamente repercute e impacta en aquel sector que se cree blindado respecto a lo que implica, por ejemplo, una baja del valor de la fuerza de trabajo.

‒ Es parte de la misma ecuación. De alguna manera, tiene que ver con la tasa de ganancia y la rentabilidad empresaria esto de tener una parte de los empleados en la informalidad o tercerizado y otra parte sí con todos los derechos.

‒ Exactamente te iba a mencionar la palabra tercerización. En la industria manufacturera, la tercerización es una cosa habitual que se instaló en la segunda mitad de los '90 y que continúa hasta en la actualidad. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo, que no está en este informe, sobre la industria automotriz, y encontrabas una cosa bastante interesante. Incluso, en ciertas tareas que fueron tercerizadas, como tapizados de autos, le cuesta a Volkswagen, por ejemplo, más que si hicieran los tapizados. Entonces, ¿vos te preguntás por qué optan por la tercerización? Porque hay una serie de elementos relacionados con la tercerización, uno de ellos es que dividen completamente el colectivo de trabajo en el interior de la fábrica, que opera como factor de preferencia de ese mecanismo antes que tener a todos bajo convenio del SMATA.

‒ Este cuadro da cuenta de una pauperización mucho más grave de la que se desprende de esta situación crítica en la que estamos, pero al mismo tiempo este mosaico laboral astillado, en el que conviven situaciones diversas y enfrentadas, donde hay un trabajador que tiene todos los derechos y otro que hace una tarea similar y no tiene esos mismos derechos, puede tener consecuencias políticas. ¿Cómo ves estos resultados del trabajo que ustedes hicieron en base al informe del INDEC en relación al resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a la irrupción de Milei y al ausentismo? ¿Cómo qué se podría tratar de inferir de cruzar estos datos?

‒ Hay elementos políticos del voto Milei o del ausentismo que fueron analizados. Sin lugar a dudas, uno es el espacio que Milei tiene en los medios de comunicación y lo beneficioso para la derecha macrista de subirlo al ring y ahora tenerlo que bajar, digamos. Eso es un fenómeno. Si uno piensa en términos de cuáles son los derechos que tiene un sector de los trabajadores y las trabajadoras que vota a Milei es imposible disociar esta precarización de la vida de la ilusión de una salida individual ante esa situación. Cuando hablamos de esta precarización, estamos hablando de trabajadores que están la gran mayoría sin organización colectiva. Es decir, no hay espacios ni de sociabilización ni de debate político que permitan una discusión acerca de cuál puede ser una salida colectiva para salir de la situación de pobreza y precariedad. También tenés un fenómeno de pasivización en términos de estos sectores de la clase trabajadora. Ese fenómeno tiene que ver con este mosaico que vos decís estructural, pero también tiene que ver con una política de apuesta electoral que ha disminuido el combate en la calle respecto a retroceso de derechos. Después lo que tenés también es una idea de que efectivamente la figura del Estado, que es reivindicada por el kirchnerismo, aparece como vacía, porque la falta de prestación de servicios o la falta de relación de estos sectores con el Estado se experimenta cotidianamente. Esta heterogeneidad, debilidad en organización colectiva y desafiliación de pertenencias colectivas es un caldo de cultivo para salidas de tipo individual, antiestatistas y del tipo sálvese quien pueda.

‒ ¿Vos crees que hay, como alguien me decía, un corte generacional a nivel de los trabajadores jóvenes, que quizá ven a los últimos diez años como de caída libre, estancamiento, inflación y no tienen una memoria de esos años del primer kirchnerismo en los que se recuperó el empleo y el salario, y eso puede llevarlos a probar con esperanza o que explote todo por la variante de Milei?

‒ Sí hay corte generacional, más allá de que es un voto transversal en otros sectores también. Vos mencionabas mi libro La disputa por la dignidad obrera (Imago Mundi, 2015), yo ahí hice entrevistas entre el 2004 y el 2015 a distintos trabajadores que en ese momento estaban en lo que era el ascenso de las luchas laborales del primer kirchnerismo. Muchos de ellos que habían ingresado a fines de la década del '90 en las fábricas y no habían tenido experiencia de organización colectiva ni de lucha y estaban haciendo sus experiencias. Es esa generación que hoy tiene 40 y que efectivamente tuvo un período de movilización. El título del libro salió de esas entrevistas. Aparecía esto de que yo tengo que ganar más salario porque dejo la vida en la fábrica y es justo. Es esa idea de disputar cuál es la dignidad del trabajador. Escuché la entrevista que le hiciste a Yofra, un tipo muy interesante. Y ellos discuten desde aceiteros, por ejemplo, el derecho que tiene un trabajador al ocio o a salir a comer. Esas cosas estaban en la baraja de discusiones de la organización sindical, y en muchas ocasiones de la organización de base, y eran colocadas por esa generación como parte de aquello que puede disputarse, todo en un contexto en que se perfilaba un aumento del empleo. Esa generación que tuvo esa experiencia y es distinta a la generación de los últimos diez años, que vio la caída libre del salario, el aumento del cuentapropismo y la informalidad, además de una enorme disminución de las organizaciones colectivas. El año pasado, salió el conflicto con trabajadores del neumático. Ahí uno de los elementos en discusión fue si el trabajo de los sábados y domingos tenía que cobrarse o no como extra. Eso fue una derrota de la década del '90. Poner eso sobre la mesa fue parte de lo que se discutió durante el primer el primer kirchnerismo, como parte de la recomposición. La generación de los últimos diez años no tiene esa discusión. Entonces, los espacios de discusión de aquello de que que nos merecemos quienes trabajamos y que tenemos derecho para acceder no es parte de la discusión colectiva, entonces es parte de lo que te pueden bombardear en la televisión. Es otra forma de pensar tu propio lugar en la sociedad.

‒ El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es una variante clave para determinar el ingreso de quien recibe un Potenciar Trabajo, por ejemplo, y que se firma en el Ministerio de Trabajo con las centrales sindicales. Representa un derrumbe del salario mínimo que está refrendado por el Estado, pero además por las centrales sindicales.

‒ Por eso me acordaba de la entrevista a Yofra. Esa legalización de que el SMVM en realidad implique una línea de pobreza aparece como una norma. El hecho de que no se mida en la canasta el alquiler es absolutamente ridículo. Tener una canasta que no mide el alquiler no tiene ningún sentido. Es decir, es una legalización abierta de que en realidad tus ingresos te van a impedir directamente poder superar la línea de pobreza. Cuando esa es el mensaje del Estado de facto, y no hay organización colectiva para que eso pueda ser puesto en discusión, no es tan raro que aparezcan salidas de corte ultra individual.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).

No es algo novedoso pensar que las consecuencias de la pandemia permanecerán vigentes durante un largo tiempo. Además de los clásicos problemas económicos –elevada inflación mundial relacionada a la flexibilidad monetaria y fiscal de los gobiernos, y caída en la producción, entre otros—, un informe de la consultora Accenture revela el problema de “trabajadores ocultos”: personas dispuestas a trabajar, pero que no logran insertarse por la rigidez en los términos de contratación de las empresas.

El problema del empleo es un desafío a nivel global, según la investigación “Hidden Workers, Untapped Talent”, hecha en el marco del Proyecto de Gestión del Futuro del Trabajo de la Harvard Business School (HBS) y Accenture. “La brecha entre oferta y demanda laboral ha alcanzado un máximo histórico en mercados como el estadounidense, con dos ofertas de empleo por cada trabajador desempleado”, apunta. La muestra tomada por la consultora abarca más de 2.000 empresarios y 8.000 empleados de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Hay varios problemas que impiden que el mercado de trabajo se dinamice e integre a personas que están dispuestas a trabajar. En primer lugar, se evidencian ciertas rigideces y barreras en el sistema general de contratación ya que el concepto de part time o la flexibilización horaria son casi inexistentes. En este aspecto, Laura Briano, HR Lead Managing Director de Accenture Latinoamérica señala que “hay aún un prejuicio muy arraigado asociado al cumplimiento de horarios, cuando hoy muchos puestos de trabajo son por objetivos.”

Específicamente, en el caso de Argentina se suma una legislación particular que dificulta el ingreso de trabajadores al sistema: si una persona está contratada por 6 horas, la ley laboral indica que ese trabajador debe cobrar como empleado full time. No es ilógico pensar que, si se pudieran adaptar los salarios a la cantidad de horas demandadas, esta rigidez se reduciría.

“Luego nos encontramos con los factores relacionados a la calificación de los postulantes. Es real que muchos de ellos no tuvieron una carrera continuada, es muy común (y hermoso a la vez, desde mi punto de vista) ver mujeres que desean reinsertarse a la vida laboral, luego de dedicar tiempo exclusivo al cuidado de sus hijos. Sin embargo, no podrían disponer de un trabajo de 8 horas sin flexibilidad alguna y, por eso suelen autoexcluirse de muchas búsquedas. Desde el otro lado, las organizaciones hay momentos en que tampoco contribuyen en sus procesos cuando exigen estrictos requisitos”, agrega Briano.

A su vez, Argentina tiene una dificultad extra que no está ligada a la legislación laboral. Hace varios años el país entró en un ciclo de valorización financiera, lo cual significa que la ganancia del capital está en el vector especulativo rentístico en lugar de estar en la producción. Cuando poner la plata en tasa de interés es más rentable que invertirla en una máquina, el proceso de generación de empleo se lesiona.

¿El mundo laboral sufre los efectos de la post-pandemia o aún no se ha adaptado por completo a la revolución de internet?

Muchas de las rigideces mencionadas se profundizaron durante la pandemia y una vez finalizada la misma. Sin embargo, es preciso señalar que la incapacidad de

adaptación de las empresas y estados no está relacionada con una época post-pandémica per se, sino que es razonable pensar que aún las instituciones no han terminado de incorporar el internet como vector de competitividad.

Es normal que primero sucedan los cambios y después se modifiquen las estructuras vigentes: durante la primera mitad del siglo pasado, cuando Henry Ford generó la revolución del trabajo en cadena para la producción de automóviles, el mundo no estaba listo. En ese momento, la producción automovilística era de fabricación casi artesanal y con un precio prohibitivo. Con la revolución fordista, los autos pasaron a ser un bien de consumo masivo. Si bien, esto generó un gran avance, este cambio no estuvo exento de inconvenientes ya que la estructura estadounidense en términos de rutas, caminos y todo lo ligado al transporte estaba pensado para una estructura automovilística chica. De esta manera, los avances relacionados al fordismo y el boom de la producción automotriz se vieron demorados hasta que el sistema general pudo asimilar la situación.

El mundo laboral aún no se ha terminado de adaptar a la revolución tecnológica ligada al internet y a la hiperconectividad. El hecho de que “cualquiera” tenga acceso a la red de internet desde casi todos los lugares del mundo, debería contribuir a generar más trabajo, más oportunidades, más fluidez. Sin embargo, todavía queda muchos espacios que ocupar en este sentido.

Consultado sobre si las maneras de adaptarse del mercado laboral presente deberían estar ligadas a las formas en que lo hacen los trabajadores de la tecnología, un economista ligado a la investigación del mercado de trabajo, aseguró que se pueden ver dos perfiles. “Por un lado, el típico caso de Rappi que es un trabajador de muy mala calidad, con problemas de regulación, pero no ligados a la falta de flexibilización —fácil entrada y fácil salida—. Por otro lado, el trabajador muy calificado —sistemas, programación, entre otros— puede trabajar en casi cualquier rubro con lo cual esa persona no necesita una regulación que le permita flexibilizar sus condiciones laborales ya que tiene un alto poder de negociación. En ambos casos se ve un proceso de deslaboralizacion que niega la relación de dependencia y sus garantías, ya que es gente que, en los hechos, depende económica y organizacionalmente de la empresa sin los marcos regulatorios típicos de la regulación del mercado laboral”, planteó.

¿Cuáles podrían ser unas posibles soluciones?

Es un desafío tanto para el sector privado como para los estados, el diseñar un conjunto de reglas que permitan la dinamización del mercado laboral sin perder derechos adquiridos.

Un aspecto a considerar podría ser el hecho de centrar más en las capacidades de las personas y en las demandas puntuales de cada empresa a la hora de efectivizar una búsqueda. Es decir, minimizar las barreras o rigideces de contratación que no tienen que ver con las necesidades específicas de cada trabajo.

En este sentido, la flexibilización horaria y física —home office— resultan piezas claves a la hora de permitir a los trabajadores asumir tareas profesionales adicionales.

IC/JJD

Las instituciones, los sindicatos, los titulares de prensa, los especialistas y las patronales llevaban años avisando de que este momento llegaría. La Inteligencia Artificial (IA) salió del laboratorio y aterrizó en el mercado de trabajo. Algunas de sus aplicaciones prácticas ya pueden hacer las mismas tareas por las que las personas reciben un sueldo, pero de forma más rápida y eficiente que ellas. Como se anticipó, millones de puestos de trabajo están ahora en vilo, mientras que nuevas ocupaciones aparecen en el horizonte. Pese a todo, nos tomó desprevenidos.

El motivo es que la IA no siguió el camino esperado. No saltó de las fábricas a los trabajos más repetitivos o especializados del resto de sectores. En vez de presentar candidatura para conducir camiones o ser camarera, llegó a las oficinas y se sentó en el escritorio de aquellos trabajadores con formación superior, idiomas y masters. Se trata de las inteligencias artificiales generativas, que pueden interpretar lo que dicen las personas, escribir textos, componer mensajes orales, canciones, diseñar imágenes o producir canciones y videos. Esto les permite ordenar y contestar correos electrónicos, distribuir recursos, plantear estrategias, elaborar informes o jerarquizar tareas de otros trabajadores. Cosas que a priori no estaban en la hoja de ruta para ser las siguientes en automatizarse.

“En los últimos años hemos centrado mucho la conversación en los robots industriales, esos que se llaman de cuello azul en referencia a los monos de trabajo. Pero una de las grandes revoluciones que está por venir es la de los robots de software, los de cuello blanco. Esto va a afectar a los empleados digitales y nos va a tomar en un momento en el que no estamos del todo preparados para ello”, expone Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. “Este tipo de inteligencias artificiales, que pueden hacer cosas como leer los correos y contestar, pueden suponer una reducción muy considerable del trabajo de oficina”, añade. 

La tecnología que lo ha desencadenado todo es ChatGPT. Esta IA generativa de texto ha provocado una carrera a pecho descubierto entre Microsoft y Google en la que ambas han dejado claro el potencial que ven no sólo en este producto, sino en todo el campo de la Inteligencia Artificial. “Tendrá un impacto transformador de la misma magnitud que el ordenador personal o Internet”, ha declarado Satya Nadella, presidente de Microsoft. No hay un estándar más alto con el que comparar a la IA. Las computadoras y la red de redes supusieron cambios dramáticos en la forma de trabajar de las personas, y ahora los capos de la tecnología esperan que la IA sea la tercera vuelta de tuerca en el mismo sentido. 

La misma jornada que hace 100 años

Todos los estudios que han analizado el posible impacto de la IA en el mercado laboral han concluido que esta tecnología dejará obsoletos un gran número de empleos, a la vez que crea otros que hasta ahora no podíamos imaginar. Muchos se han mostrado más preocupados por lo primero que esperanzados por lo segundo, aunque las inteligencias artificiales generativas ya están dejando una primera pista de por dónde pueden ir esas nuevas profesiones: con los modelos actuales, se hacen necesarios profesionales especialistas en los comandos que usa esta tecnología para conseguir que escriba el texto, diseñe la imagen, produzca el vídeo o componga exactamente la canción que el cliente está buscando. Hasta ahora, se podía emplear una hora en explicarle a un diseñador el tipo de creatividad que se buscaba para una campaña publicitaria, y este podía tardar varios días en darle forma. Ahora el cliente puede explicarle a un especialista en IA la creatividad que quiere para la campaña, y este introducir todos los parámetros en un modelo automático que lo diseñe en pocos minutos. Las máquinas se van a comer una parte del proceso creativo que muchos pensaban que estaba reservado a las personas.

Lo que no ha sido una conclusión tan típica en los estudios que han analizado el impacto de la IA en el mercado laboral es cómo esta podría cambiar la forma de trabajar de todos los trabajadores, se vean afectados por ella o no. La jornada laboral de ocho horas fue regulada por ley por primera vez hace 104 años, precisamente en España. El movimiento obrero que lo consiguió buscaba mejorar las condiciones de los operarios de las fábricas, en un contexto diametralmente distinto al actual. Sin embargo, la jornada de ocho horas ha sobrevivido como estándar a todas las revoluciones industriales posteriores, incluida la digital. 

¿Podría la IA impulsar un cambio real en el ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas para vivir? “Es una perspectiva muy interesante”, adelanta Ana Belén Muñoz, que ha solicitado fondos de la UE para un nuevo estudio sobre la jornada laboral de cuatro días. “Hay muchos métodos para llevarlo a cabo. Está la reducción de días de trabajo por semana, pero también las jornadas reducidas, el teletrabajo y las fórmulas combinadas. Lo que está claro es que la pandemia ha demostrado que las largas jornadas de muchas horas frente al ordenador no suponen más productividad ni beneficios para la empresa ni para el trabajador”, recuerda. 

El peligro, señala de nuevo la experta, es que “no estamos del todo preparados para este cambio y cuando llegue esa automatización realmente nos va a encontrar fuera de juego. Tiene que haber transparencia por parte de las empresas en las políticas que van a significar una reducción del tiempo de trabajo. El nuevo ritmo debe ser objetivo, razonable y con objetivos equilibrados y realistas. Y los sindicatos o representantes legales han de ser parte de la configuración de los cambios. Todo el proceso debe ser transparente y los trabajadores han de saber cómo se mide la productividad”, enumera la profesora.

El reto que plantea la IA, coinciden los profesores de Derecho del Trabajo consultados, es que altera definitivamente el principal mecanismo de redistribución de la riqueza que ha operado en las sociedades capitalistas desde la primera revolución industrial: el sueldo. Por primera vez, se abre un escenario en el que muchas empresas podrán llevar a cabo su actividad sin apenas empleados. Sin apenas sueldos. 

El sueldo de las máquinas

“La clave es que el salario ha sido la principal forma de redistribución de los beneficios a lo largo de la historia. Tradicionalmente los impuestos han supuesto menos del 20% del reparto, mientras que los salarios han sido el 60%. El problema es que ese porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos 20 años y el salario tiene cada vez menos importancia”, apunta Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. “¿Pero qué pasa si ahora aparecen empresas que no contratan? Ya no hay reparto de la riqueza, lo que hay es una persona o unas pocas personas que son los dueños del capital y se lo quedan todo”, avisa.

Esa es la gran pregunta en el conflicto laboral que viene. “Todo el mundo está obsesionado con el aumento de la productividad que va a generar esta tecnología, con ahorro de tiempo y ahorro de costes. Muy bien pero, ¿cómo repartimos esos beneficios?”, cuestiona José Varela, responsable de Digitalización de UGT. “Aquí aparecen tres caminos. Uno: lo repartimos en dinero a través de impuestos. Dos: lo repartimos en tiempo con reducciones de jornada sin recortes de sueldo. O tres: una combinación de ambas”, resume.

En este punto del debate es cuando aparecen soluciones innovadoras que no se han puesto en práctica a gran escala. El impuesto a los robots, el impuesto de sociedades ascendente para las empresas que empleen un menor número de trabajadores o la renta mínima universal. “Si la solución es una renta universal, está claro que tendrá que financiarse a través de nuevos impuestos. Esto no es nada que nos estemos sacando de la manga los sindicatos, ya la propia Comisión Europea planteó en 2019 fórmulas para que el impuesto de sociedades descienda si das mucho empleo; pero aumente si no das trabajo. Si no hay sueldos, pagas más impuesto de sociedades”, explica Varela. 

“Al final la conclusión es la misma: si tú tienes una serie de beneficios, ¿cómo los devuelves a la sociedad?”, resume. 

Menos es menos

La otra fórmula, la de trabajar menos horas por el mismo sueldo, no está mucho más avanzada. Por el momento, las empresas no están tomando el camino de reducir la jornada de sus trabajadores mientras les mantienen sus beneficios laborales. Al contrario, la oferta más popular es la de trabajar menos a cambio de cobrar menos. Que no es algo que satisfaga a los trabajadores. En Telefónica, por ejemplo, solo un pequeño porcentaje de los empleados accedió a trabajar un día menos a cambio de una reducción equivalente del sueldo cuando la compañía ofreció esta posibilidad el pasado verano. 

El debate no es a una década vista. La mejor pista de ello la están dejando las compañías que mejor conocen lo que está por venir en la Inteligencia Artificial. Entre enero de 2022 y febrero de 2023, las compañías tecnológicas han desatado la mayor destrucción de puestos de trabajo desde la explosión de la burbuja de las puntocom. A pesar de que todos los analistas, coinciden que este sector “no están en crisis” y que estos profesionales siguen estando entre los más cotizados, las tecnológicas han despedido a 283.000 personas en poco más de un año. Desde las más grandes a las más pequeñas, todas han aprovechado la caída de negocio tras la pandemia para reducir sus plantillas aproximadamente un 10%. En la disyuntiva de mantener a sus empleados repartiendo la carga de trabajo entre todos; y tener menos empleados trabajando las mismas horas de siempre, han tenido clara la elección.

“La legislación actual favorece que se despida a los trabajadores que son sustituidos por tecnología”, expone Todolí. El profesor cita el ejemplo de España, donde un despido por esta causa reduce la indemnización de 33 a 20 días. “Esto es algo que está muy estudiado a nivel internacional: si la regulación no dice nada, o como en el caso español, se incentiva a las empresas a que despidan al introducir nueva tecnología, el resultado es que los trabajadores se van al paro y ya está. No hay repartos de jornada ni se valora la posibilidad de otras medidas. Es decir, la opción de mantener a dos empleados trabajando 20 horas en vez de a uno trabajando 40 horas ni siquiera se contempla”, opina.

“Es cierto que ahora mismo parece una cuestión lejana–reconoce José Varela, del sindicato UGT–. Pero si no hacemos nada, lo que nos vamos a encontrar cuando queramos actuar es con miles y miles de personas que se han quedado sin trabajo y además, carecen de las herramientas para atravesar los cambios de manera ordenada”.

Este artículo forma parte de la revista 'Inteligencia Artificial. Riesgos, verdades y mentiras', exclusiva para socios y socias de elDiario.es.

La Encuesta Mundial de esperanzas y miedos realizada por la consultora PwC  -que fue presentada el día 24 durante el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos y escuchada 52.195 personas en 44 países, incluido Brasil- encontró que el temor a perder el trabajo convive con el pedido de los trabajadores que esperan que las empresas los ayuden a desarrollar sus competencias digitales y tecnológicas.

Este deseo es razonable en Brasil donde los programas de enseñanza no incluyen de manera suficiente esta área de estudio. A la vez, el 35% de los profesionales en Brasil y el 39% en todo el mundo opinan que sus empleadores tampoco tienen conocimiento y práctica en el tema.

La encuesta de PwC  revela que los trabajadores de más edad no son los que se sienten más amenazados por la tecnología, como a primera vista podría imaginarse. Por el contrario, el 38% de los que pertenecen a la “Generación Z” (nacidos después de 1997), teme ser reemplazado por la automatización digital en los próximos tres años, en comparación con solo el 19 % de los “Baby Boomers” (nacidos entre 1946 y 1964). Y a la vez, los de la “Generación Z” carecen de mejor formación tecnológica por parte de sus empleadores: el 44% frente al 29% de los boomers.

El sondeo de Insead, ubica a Brasil en el puesto 75 en el ranking de competitividad global del talento, entre 134 países. En América Latina, Brasil se ubica en el noveno lugar.

Los más jóvenes son los menos satisfechos con su trabajo en contraposición de los profesionales cuyas experticias valoradas por el mercado tienen más probabilidades de sentirse satisfechos con su trabajo (70 %), de ser escuchados por sus gerentes (63 %) y de que les quede dinero después de pagar sus cuentas (56 %).

La inversión en el desarrollo de habilidades digitales y la formación técnica de su personal se vuelve cada vez más crucial para las empresas.

“La inversión debe estar guiada por un principio de equidad, fortaleciendo las capacidades de los empleados calificados y brindando vías de acceso para aquellos que carecen de estas habilidades”, explica Carol Stubbings, directora global de servicios legales y fiscales de PwC. Para la ejecutiva, “invertir en todo el mix de habilidades es bueno para las empresas, bueno para las personas y bueno para la sociedad”.

El desempleo vs “la gran renuncia”

El martes pasado, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IGBE) anunció que la tasa de desempleo fue del 10,5% en el trimestre finalizado en abril. A pesar de estar en declive, ese el índice alto no permite observar un fenómeno visto en economías más sólidas, especialmente en EEUU. 

La llamada “Gran Renuncia en masa” es un fenómeno clave hoy en el mercado laboral: muchas personas renuncian a ssus trabajos para trasladarse a otras empresas, con mejores condiciones.

Para PwC este fenómeno explica que no existe la “lealtad eterna” por parte de los empleados. Y las empresas que deben atender esta situación no prestan mayoritariamente demasiada atención y, en consecuencia, probablemente perderán cada vez más profesionales en los diferentes niveles.

La brecha digital en Brasil

En Brasil, además de los 11,3 millones de desempleados, la situación se ve agravada por la falta de acceso a recursos digitales de calidad para la mayoría de la población.

El estudio La brecha digital en Brasil, publicado en marzo por la misma PwC y el Instituto Locomotiva, muestra que solo el 29% de los brasileños están “plenamente conectados”. Por otro lado, el 20% está totalmente “desconectado”. Entre ellos se encuentran el 26% “parcialmente conectado” y el 25% “subconectado”.

Las empresas deben entender que la habilitación digital de sus empleados se ha vuelto fundamental para sus negocios que se han ido digitalizando exponencialmente durante años.

El estudio sobre la brecha digital brasileña señaló que las profesiones tradicionales, que representaban el 15,4% de las vacantes en 2020, se reducirán al 9% en 2025. Las vinculadas a la tecnología aumentarán del 7,8% al 13,5%. 

Como las universidades no están aportando profesionales en la cantidad y con la calidad que demanda el mercado, queda en manos de las empresas realizar “upskilling”, término en inglés que indica el desarrollo de nuevas habilidades. 

PwC afirma que si la fuerza laboral se mejora adecuadamente para 2028, esto podría resultar en un aumento del PIB de América Latina en un 7,7% para 2030, equivalente a US$12.500 millones. Pero puede ser ilusorio: a nivel mundial, el 40% de las empresas están haciendo “upskilling”, pero en Brasil, solo invierte el 27 por ciento.

Una tercera encuesta, realizada por la escuela de negocios francesa Insead, ubica a Brasil en el puesto 75 en el ranking de competitividad global del talento, entre 134 países. Se basa en la capacidad de los países para desarrollar profesionales y atraer y retener su talento. En América Latina, Brasil se ubica en el noveno lugar. 

Los directivos de empresas de todos los tamaños y segmentos necesitan salir de su zona de confort. “Los trabajadores no solo buscan un salario decente: quieren más control sobre cómo trabajan y quieren más significado en lo que hacen”, dice Bob Moritz, presidente general de PwC. “Al adquirir habilidades, los trabajadores pueden ganar control sobre el trabajo que buscan”, concluye. 

AGB con información de medios y fuentes

“¿Te gustaría tener niños?”. Marta (nombre ficticio), de 33 años, estaba en un proceso de selección para ser administrativa en una clínica de España cuando la entrevistadora le lanzó la pregunta. Doble licenciatura, máster y varios idiomas en su currículum -“¿qué más quieren?”, se pregunta ella-, Marta vio, una vez más, cómo su vida personal entraba en juego a la hora de acceder a un trabajo. ¿Vives con tu pareja?, le preguntó primero su entrevistadora. “Le dije que no porque no tenía y ella me dijo 'mejor, así más tranquila' y vi cómo anotó en mi currículum que no tenía novio”, recuerda. Después vino un “me imagino que entonces no tienes niños, ¿no?”. Cuando Marta le confirmó que no, la empresaria quiso saber entonces si tenerlos estaba en sus planes de futuro.

Ni era la primera vez que le pasaba algo así, ni su caso es una rara excepción. Las preguntas sobre la situación sentimental y la maternidad siguen muy presentes en los procesos de selección cuando se trata de contratar mujeres. “A veces son directas, otras no tanto. Te preguntan, por ejemplo, si eres ambiciosa, si querrías llegar a ser jefa. De alguna manera se busca saber si vas a primar tu vida profesional sobre la personal”, explica la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal. A pesar de que este tipo de preguntas son ilegales, la dificultad de probarlas o el miedo a las consecuencias laborales inhiben las denuncias.

Las preguntas sobre la situación sentimental y la maternidad siguen muy presentes en los procesos de selección cuando se trata de contratar mujeres.

Marta sí lo hizo. Harta de que le sucediera lo mismo, decidió grabar la conversación por lo que pudiera pasar. “Cuando llegamos a esas preguntas yo ya sabía que lo único que podía hacer era tirarle de la lengua para ver hasta dónde llegaba y poder denunciarla en la Inspección de Trabajo”. Su entrevistadora admitió que en esa empresa las reducciones de jornada se concedían porque era una obligación legal pero que quien lo hacía se arriesgaba “a que le hagamos la vida imposible hasta que se marche por su propio pie”. Con la grabación, Marta acudió a la Inspección y denunció los hechos. Está a la espera de la resolución.

“Estas preguntas se pueden dar tanto en los propios procesos de selección como una vez formamos parte del equipo en una empresa. En el primer supuesto, el hecho de ser mujer puede dar lugar a lo que se conoce como discriminación estadística y segregación horizontal: solo por ser mujer ya se te veta en según qué procesos generando profesiones feminizadas y mucho más precarizadas. En el segundo caso, da lugar a la segregación vertical, es decir, a la imposibilidad de promocionar”, explica la abogada feminista Emilia de Sousa. En todos los casos, este tipo de preguntas son ilegales por discriminatorias.

“Especialmente discriminatorias”, dice Sousa, son las preguntas que hacen referencia al estado civil o la posibilidad de una futura vida en pareja, a la maternidad, sea sobre si ya tienes hijos o sobre la posibilidad de tenerlos, o sobre la salud. La Ley de Igualdad de 2007 exige igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo y en la promoción. Este texto refuerza la prohibición de discriminación que ya menciona la Constitución de manera genérica.

Ante este tipo de preguntas, explica la abogada, “podemos no responder e incluso podemos denunciarlas mínimo ante Inspección”. Acudir a las entrevistas de trabajo con la grabadora del móvil en marcha es legal, recuerda: “No se comete ninguna ilegalidad por grabar una conversación de trabajo en un centro de trabajo en la que nosotras participamos y solo a los efectos de poder usar si se vulneran nuestros derechos fundamentales. La Jurisprudencia es clara en esto, aunque se haya grabado a escondidas y sin consentimiento de la otra persona”.

Grabar para probar

Mar García, de 38 años, también decidió grabar su entrevista de trabajo. Lo hizo hace solo unas semanas, y después de una primera conversación que despertó sus alarmas. “Mi marido estaba sentado a mi lado y ella me dejó caer un par de veces que si tengo familia, que si los niños... Cuando colgué le pregunté a mi marido, ¿esto ha pasado, verdad?”. Fue entonces cuando, enfadada, decidió grabar el audio de la videollamada que iba a tener con su entrevistadora para continuar con el proceso de selección.

Todo fue normal, hasta los últimos cinco minutos. “Antes de empezar la entrevista, en un tono muy distendido, amistoso, me dijo algo así como 'bueno, a ver si en esta entrevista nos conocemos mejor y me respondes a todas las preguntas'”. En los últimos cinco minutos fue cuando, hasta en tres ocasiones, su interlocutora le preguntó si tenía hijos. “Me dijo que era para organizarme la vida. Le dije que gracias, pero que no me hacía falta”, recuerda. Cuando Mar le hizo saber que ese tipo de preguntas eran ilegales, la entrevistadora le dio la razón pero se excusó en la organización empresarial.

Mar subió la grabación a las redes sociales y también la puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo. “Dudé pero me pudo la parte de contarlo. Para que cuando nos digan que no, que es que nosotras lo malinterpretamos no quede lugar a dudas”. Días después la empresa le comunicó que no había sido la persona seleccionada.

La secretaria de Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, asegura que detrás de estas preguntas hay una idea “muy arcaica y muy patriarcal” del trabajo: “Hay una denostación absoluta de la vida frente al trabajo, una concepción muy liberal del mundo del trabajo según la cual solo puedes trabajar bien si solo te dedicas a trabajar”. Aunque las discriminaciones directas son más evidentes, Vidal anima también a denunciar las indirectas, aunque sea más difícil llevarlas ante los tribunales.

También lo hace la abogada Emilia de Sousa, que asegura que muchos de los mensajes que recibe de mujeres muestran casi una normalización de ciertas dinámicas en los procesos de selección, “porque se desconoce totalmente que dichas preguntas quedan fuera de la legalidad y son denunciables, mínimo a Inspección Laboral”. Por contra, dice, cuando esas preguntas se dan ya en el marco de una relación laboral, las mujeres sí suelen consultar con la idea de denunciar: “Ahí ya tenemos más interiorizado qué es discriminatorio y qué no y qué se puede incluso denunciar como mobbing o acoso a veces. Pero veo una gran diferencia en esto y es importante hacer ver a las mujeres que en los procesos de selección hemos de ser igual de tajantes a la hora de proteger nuestros derechos y que determinadas preguntas no tenemos por qué responderlas y además podemos denunciarlas”.

Detrás de esta discriminación, hay datos y sesgos. La economista Jenifer Ruiz-Valenzuela señala que, cuando hay medidas de conciliación que finalmente asumen mayoritariamente las mujeres, suele haber un efecto perverso. “Desde el punto de vista del empleado ver a una mujer en edad fértil es ver un riesgo: piensan que si las contratan acabarán acogiéndose a una reducción de jornada o a un tiempo parcial... Y así discriminan a mujeres en edad fértil respecto a hombres”. Ruiz-Valenzuela señala que uno de los problemas de España son los horarios largos y poco flexibles, la presencialidad o la falta de una cultura de permisos que naturalicen faltar al trabajo varios días al año por motivos de cuidado.

“La conciliación se nos quedó corta, hay que hablar de corresponsabilidad”, dice por su parte Carolina Vidal, que ve clave aplicar la perspectiva de género a las negociaciones y los convenios. Revisar, por ejemplo, que los pluses salariales no premien funciones incompatibles con los cuidados.

Tanto Marta como Mar han sufrido estos sesgos varias veces. Y sus amigas. Aún así, el descaro, a veces, les sigue sorprendiendo. Marta concluye: “En una subcontrata de una multinacional petrolera me preguntaron si tenía pareja y si tenían intención de tener hijos. Les dije que no, que me había operado los ovarios. Es mentira, pero es que ya sé que si no, no te contratan. Esas preguntas no te las hacen ni por casualidad ni por curiosidad, te las hacen con una intención, vamos a ser sinceras. Ni se mira mi trayectoria ni mis estudios. Me descartan porque estoy en edad de procrear”.

ARA