“Vamos a ir a la Comisaría a resolver un problemita. Sabemos que no son pandilleros”, le dijeron a Manuel los agentes de policía que, bajo engaño, lo detuvieron junto a su sobrino. Manuel de Jesús Gutiérrez Palacios, un lanchero turístico de El Salvador, jamás imaginó que sería arrestado en la Isla del Espíritu Santo, un lugar donde nunca se habían visto pandilleros.

Ese día, Manuel estaba junto a su padre cuando llegaron los agentes a pedir la documentación de todas las embarcaciones. Aunque todo estaba en regla, los agentes le pidieron que les llevara al puerto, subiendo también a su sobrino. Mientras se tomaban fotos y vídeos en su lancha, les informaron que quedarían detenidos bajo el régimen de excepción, prometiendo solo 15 días en la cárcel.

Esos 15 días se convirtieron en 11 meses en los que fue trasladado de penal en penal intentando probar su inocencia. A pesar de contar con una carta de libertad, problemas administrativos prolongaron su detención.

El régimen de excepción declarado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha permitido el encarcelamiento de alrededor de 107,927 personas sin juicio, privándoles de derechos y, en muchos casos, sin pruebas claras de su asociación con pandillas. Sin embargo, el presidente presume de los datos: “El país se curó de las pandillas”, llegó a decir al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que la falta de transparencia oculta otra realidad sobre las consecuencias de la política del presidente contra las pandillas.

Bukele basa el éxito de su política en el descenso de homicidios. No obstante, Edwin Segura, jefe de datos en La Prensa Gráfica, señala que ya hubo una reducción de más del 50% en los homicidios antes de que Bukele asumiera el poder en 2019.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 2015 hubo 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 fueron 38, y en 2021, un año antes de la declaración del régimen de excepción, ya estaban en 18.1. Así, antes del régimen, ya había una reducción del 82% en homicidios. También, desde 2019 hasta 2021, los reclusos se redujeron de 38,114 a 36,663.

Muchos de los detenidos durante el régimen de excepción han sido juzgados en procesos masivos y colectivos cuestionados por los relatores especiales de la ONU por su falta de garantías. Manuel fue sometido a uno de estos procesos y denuncia que los cargos contra él cambiaron tres veces debido a la falta de pruebas.

Desde Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, como directora, ha denunciado estos juicios masivos a través de las redes sociales y declaraciones formales. La experta, cuya organización tiene experiencia en la defensa de estos acusados, ha destacado que pueden llegar a figurar desde 500 hasta 1,500 acusados.

Bukele ha encarcelado a miles de inocentes como Manuel, tanto por confundirlos con pandilleros como por retar al régimen, explica Escobar. En el caso de Manuel, el lanchero quedó en libertad no por el juicio, sino que, tras verificar su documentación, le comunicaron que se había producido un error.

Actualmente, el Decreto 803 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Más aún, establece un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas por el régimen. 

“A pesar de las denuncias por parte de los mismos jueces, aunque el decreto no lo mencione textualmente, la práctica de este se traduce a la suspensión de las investigaciones de casos judiciales de las personas víctimas del régimen mientras la Fiscalía organiza los acusados por territorios y estructuras a procesar”, dice Escobar.

Más aún, todos los datos oficiales están en reserva por siete años a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Con el Artículo 19 de esta legislación como base, justifican la falta de transparencia. Este protege a todos los datos “que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” o que “menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”. Por este motivo, las únicas estadísticas disponibles se hacen públicas desde las redes sociales oficiales del presidente salvadoreño.

Leslie Schuld, presidenta de la Asociación Centro de Intercambio y Solidaridad, sostiene que el presidente ha creado una paz mediática, no real, y explica que en barrios pobres sin criminalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) está vaciando las comunidades, mientras muchos pandilleros siguen en las calles. Schuld cree además que el régimen de excepción está fragmentando aún más la sociedad, lo que provocará una reestructuración de los grupos criminales en lugar de su eliminación.

La Administración de Bukele justificó la implementación del régimen de excepción con los asesinatos de 62 personas en 24 horas, y más de 80 en solo tres días. Se ordenaron arrestos masivos y se implementó un severo régimen de excepción que ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, cuenta que hay un archivo de pandilleros que ha facilitado el proceso. Sin embargo, la Policía se vio obligada a ignorar este listado al imponerles cuotas diarias de detenidos, lo que produjo capturas arbitrarias y detenciones injustas, denuncia Reyes.

Por su parte, José Cruz, investigador en temas de seguridad, violencia y pandillas, explica que los asesinatos no son el delito principal de las pandillas, sino una consecuencia de la falta de acuerdos con los gobiernos. Cruz añade que en El Salvador hay una costumbre de líderes políticos pactando con pandillas, una tradición que Bukele ha continuado.

Pactos con las pandillas

Cruz también menciona que, a pesar de lo que Bukele presenta públicamente, su éxito está relacionado con negociaciones con pandillas a la vez que la represión en las calles. Según el periódico El Faro, el inicio del régimen de excepción fue el final del pacto con las pandillas, aunque algunas fuentes sugieren que el pacto sigue en pie.

Por su parte, Manuel denuncia que durante su encierro observó un trato preferencial hacia algunos pandilleros: mejores celdas, un gimnasio, más comida y visitas. “La cárcel es un sistema corrupto que protege a los pandilleros ofreciéndoles una mejor calidad de vida, mientras los pobres vivimos bajo agobio”, dice Manuel, señalando que los pandilleros disfrutan de ciertas libertades permitidas por las autoridades.

Zaira Navas, abogada jefa de la ONG por los derechos humanos Cristosal, sostiene que la efectividad de una política de seguridad no puede ser tan inmediata como ha ocurrido en El Salvador, lo que indica la existencia de un pacto con las pandillas. Reyes dice que antes de implementar el régimen, líderes de la MS-13 entregaron armas, vehículos y droga, facilitando sus capturas. Sin embargo, los recursos no han sido incautados, dejando dudas sobre su paradero, explica.

En cuanto a Barrio 18, Reyes cuenta que el Gobierno ordenó no capturar a sus miembros durante la etapa inicial del régimen de excepción, permitiendo que los líderes huyeran, en su mayoría a Honduras. De hecho, el pasado 26 de septiembre se registró la entrega de dos de estos líderes, Alexis Asael Climaco Zelaya, alias “El Pijudo” o “Cuervo”, y Luis Antonio Aguirre González, conocido también como “Ángel Negro” o “Culicha”, a la justicia salvadoreña por parte de las autoridades hondureñas.

Escobar cree que la confirmación oficial de esta tregua se evidenciará cuando los líderes de la MS-13 se enfrenten a los tribunales de Nueva York, luego de ser capturados por el FBI y añade que, al contrario de lo expuesto en muchos medios de comunicación, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido e inaugurado por el Gobierno de Bukele como la cárcel más grande de América, tiene solo a 14,000 presos, todos pandilleros encarcelados antes del régimen.

Mientras tanto, víctimas reales del régimen de excepción están en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona) y de Izalco, donde estuvo Manuel, quien afirma que son más los civiles que los pandilleros encarcelados. “Es propaganda y una campaña mediática muy bien hecha”, sostiene Escobar elogiando el equipo de comunicación de Bukele.

Juan Martínez, experto en pandillas y antropólogo, opina que el régimen de excepción convierte al Gobierno salvadoreño en una mafia de Estado que reemplaza a las maras. “Se crea un grupo de crimen organizado más eficiente y poderoso que las maras, pues controla el Estado, el ejército y la Policía”, ha explicado. 

“El Gobierno sustenta sus políticas con la información que le conviene”, dice Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, señalando la falta de transparencia y acceso a datos públicos. En ese sentido, Escobar cree que como parte de un pacto con las pandillas, muchos asesinatos no se hacen públicos ni los cadáveres se dejan en las calles; en su lugar, son enterrados en fosas clandestinas, de las que se descubrieron medio centenar entre 2019 y 2022.

“El impacto del régimen de excepción en la reducción de la criminalidad es psicológico, una sensación de seguridad que no es permanente ni real”, concluye Escobar.

DM

Septiembre fue un mes fatídico en Suecia por la cifra de muertos por armas de fuego y explosiones. Las últimas tres muertes ocurrieron en menos de 12 horas, entre la tarde y la noche del 27 de setiembre.

El primer asesinato tuvo lugar en un campo de fútbol de un barrio del sur de Estocolmo, que a las seis de la tarde se encontraba lleno de familias recogiendo a los niños después del entreno. Todo el mundo presenció el tiroteo en el que murió un joven de 18 años relacionado con el entorno de las pandillas. Unas horas después, la Policía de Estocolmo recibió el aviso de un nuevo tiroteo en otra zona del sur de la capital en el que murió un hombre de 30 años, también relacionado con las pandillas.

La tercera muerte de la noche fue tras la explosión en una casa en un suburbio de la ciudad de Uppsala. En este caso, la Policía sueca cree que la víctima, una mujer de 25 años que murió mientras estaba en la cama, era inocente. Se sospecha que los sicarios se equivocaron y que, en realidad, el explosivo que dañó cinco casas iba dirigido contra la vivienda de al lado, donde vive un miembro de otra pandilla.

Récord de muertes

La espiral de violencia que vive el país escandinavo en el último mes dejó un total de 12 víctimas mortales. Esta cifra es excepcional incluso para Suecia, que en los últimos años lidera el ranking de delitos con violencia armada en la Unión Europea. El 2022 fue un año de récord en el país con 391 tiroteos relacionados con las pandillas, que provocaron 63 fallecidos. Este año ya se produjeron 44 muertes y la Policía registró un promedio de un tiroteo no mortal al día.

La violencia sin precedentes también llevó al Gobierno sueco a tomar medidas. En un discurso televisado el pasado jueves el primer ministro, Ulf Kristersson, anunció que las fuerzas armadas ayudarán a la Policía en la lucha contra los grupos criminales. “Cada vez más niños y personas inocentes se ven afectadas por la violencia grave. Suecia no ha visto nada como esto antes”, dijo Kristersson para justificar la propuesta.

En su discurso, el primer ministro conservador añadió que “son tiempos difíciles para Suecia” y culpó a la “ingenuidad política” y a la “integración fallida” de haber provocado una situación que el país nórdico lleva arrastrando desde hace años.

Los líderes de las pandillas

Según las autoridades y los criminólogos, detrás de la espiral de violencia del último mes se encuentra una guerra abierta entre pandillas por el control del narcotráfico, principalmente de cocaína y hachís. En concreto, todas las miradas apuntan a un hombre: Rawa Majid, líder de la banda Foxtrot.

Majid nació en Suecia en una familia proveniente de Irak y en su historial consta una extensa lista de delitos por tráfico de drogas y por planificar asesinatos. Actualmente, Majid se encuentra escondido en Turquía y, pese a que Suecia pidió su extradición, el líder de la banda también tiene nacionalidad turca, por lo que no puede ser enviado y juzgado en el país nórdico. Se especula que desde Turquía Majid lleva dirigiendo la banda Foxtrot desde el 2018, en su lucha por hacerse con el control del mercado de las drogas en las ciudades de Estocolmo y Uppsala.

La Policía cree que su mayor rival es Mikael Tenezos (24 años), apodado “el griego”, pero las autoridades también apuntan a que la escalada de violencia de los últimos meses coincide con una guerra abierta entre Majid y un desertor de su banda apodado “Jordgubben” (la fresa).

Según las fuerzas policiales, actualmente hay 30.000 personas conectadas con las pandillas y se calcula que cada día se reclutan tres miembros más, muchos de ellos hombres muy jóvenes o menores de edad. En el mes de agosto, la opinión pública se estremeció por el caso de Milo (13 años), encontrado torturado y asesinado en un bosque a las afueras de Estocolmo. El caso puso en evidencia que la mayoría de víctimas en esta guerra de pandillas tienen entre 15 y 29 años.

¿Falló la integración?

Los criminólogos señalan que una de las causas por las que la Policía tiene tantas dificultades para detener a los principales actores que perpetúan la violencia es el hecho de que “las pandillas no tienen una organización ni una jerarquía clara y están formadas por individuos muy jóvenes”, explica a elDiario.es Ardavan Khoshnood, investigador en criminología de la Universidad de Lund.

Según el experto, este hecho favorece la aparición de escisiones en las pandillas, lo que alimenta las disputas y la espiral de crímenes vengativos entre grupos. Otro factor es la impunidad de estos crímenes y unas leyes que, hasta ahora, habían sido laxas frente a este fenómeno.

Prueba de ello, señala Khoshnood, es que solamente el 25% de los casos relacionados con delitos de armas que terminan en los tribunales acaban con una sentencia condenatoria. El control del mercado negro de armas es otro de los objetivos en los que la Policía concentra sus esfuerzos, ya que las autoridades han incautado auténticos arsenales militares, incluidos rifles semiautomáticos de todo tipo y pistolas. “Estas armas llegan de forma clandestina desde la República Checa, Rumania y los Balcanes a través de Alemania y Dinamarca y en Suecia tienen una demanda enorme”, apunta Khoshnood.

En los últimos seis años, Suecia desplegó 3.300 policías más en las calles y, desde la llegada del nuevo Gobierno conservador, se debate cómo implementar medidas punitivas más duras contra las pandillas, como la creación de centros penitenciarios para menores de 15 a 17 años o la imposición de penas dobles para los delitos con armas de fuego.

Sin embargo, el investigador de la Universidad de Lund apunta que “los cambios legislativos tardarán al menos una década en notarse en las calles”. El investigador, igual que otros expertos, no evita señalar que “hay una conexión entre la inmigración y la violencia de las pandillas y la relación es que muchos de los miembros son nacidos en Suecia con padres inmigrantes”. Aunque subraya que “el problema no es la inmigración, sino la falta de responsabilidad del Gobierno durante décadas para intentar integrarlos”.

Para Camila Salazar, directora del área de conocimiento de Fryshuset (una organización que trabaja en Estocolmo en la prevención de la violencia juvenil), “las pandillas son el síntoma de múltiples fracasos en la sociedad”. Salazar afirma a elDiario.es que organizaciones como la suya, que trabajan en barrios vulnerables, llevan “diez años advirtiendo de cómo se ha normalizado la violencia sin que nadie del Gobierno haya escuchado”. “¿Por qué no?”, se pregunta y añade: “No importa cuántas personas se metan en la cárcel, tenemos una cola de jóvenes que, por conseguir dinero, reconocimiento y un sentido de pertenencia a un grupo, están dispuestos a unirse a las pandillas”.

Salazar termina diciendo que no hay solamente un motivo, como la inmigración, que explique el fenómeno de las pandillas criminales: “Tenemos que mirar la desigualdad en nuestra sociedad, cómo son las escuelas y los servicios sociales, cómo funciona el mercado laboral y otros factores conectados con la pobreza. Decir que los inmigrantes tienen la culpa de la violencia es un argumento demasiado fácil”.

“Lamento darle una buena y una mala noticia. Le voy a dar la buena: en las dos audiencias y en el polígrafo, él salió inocente. Pero le voy a dar la mala: tiene insuficiencia renal terminal”. Fue la información recibida por uno de los familiares de Mario (nombre ficticio), uno de los fallecidos bajo custodia policial en El Salvador durante el estado de excepción aprobado hace un año por Nayib Bukele para acabar con las pandillas salvadoreñas. El joven de 24 años, que no tenía enfermedades o padecimientos crónicos previos, fue detenido en mayo de 2022.

Es uno de los testimonios recogidos en el informe de la organización de derechos humanos Cristosal sobre el coste de la “guerra” de Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador. Decenas de presos han sido torturados y asesinados durante el primer año de la operación, según documenta la ONG. Al menos 153 personas murieron bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación, según la ONG.

Después de pasar siete meses en una prisión salvadoreña, Mario fue trasladado al hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca, explica un familiar a Cristosal: “¡Señor de los cielos, si estaba irreconocible! Ya sólo era huesos y piel, el pechito amarillo…”. El médico le contestó: “De seguro él recibía golpes en el estómago. Se le reventó la gastritis… él ya no tiene cura”, recoge el informe. Dos días después, el joven murió en su casa.

Se trata de uno de los muchos jóvenes que, según la organización, murió en prisión sin estar implicado en las pandillas salvadoreñas. Mario era inocente, pero sufrió tratos inhumanos y degradantes recibidos en la cárcel, según los testimonios recogidos por la ONG. “Nos dan comida una vez, no dan desayuno ni almuerzo, solo a la hora de la cena… En una cancha grande nos ponen en fila y a quienes recibimos la comida, nos dan dos garrotazos en el lomo… Yo para que no me pegaran, porque dolían esos garrotazos, mejor no salía a comer”.

El negocio de las funerarias

La mayoría de los familiares de las personas fallecidas no recibieron comunicación de la prisión o de la Dirección General de Centros Penales, ni de los hospitales o de la Policía, aunque las autoridades penitenciarias tienen el deber de llevar un registro de los presos y de sus familiares. La mayoría se enteró por llamadas telefónicas o visitas de empleados de funerarias.

“Me avisaron de que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él… en eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban con el mismo dato de él”, explica uno de los familiares.

Las funerarias se enteran primero de la muerte de una persona porque tienen contacto con el personal de hospitales, la Policía y el IML, y en algunos casos la información se obtiene a cambio de beneficios económicos, como una comisión o porcentaje por los servicios que presta la funeraria, explican desde Cristosal. “Los informantes” reciben comisiones que pueden ir del 5 al 10% del total de los servicios prestados en el mes y, de esta forma, las funerarias obtienen el nombre del fallecido, sus datos personales y dirección de sus familiares, e incluso hasta fotografías del cuerpo.

Recibir la noticia por parte de una empresa que busca vender sus servicios causa un gran sufrimiento a las familias que, desconcertadas, ceden y acaban pagando precios elevados para conseguir más información acerca de su ser querido y poder darle así sepultura. “Yo andaba en el monte cuando regresé y encontré a ese montón de niñas llorando, diciendo que se había muerto papito. Vinieron como cuatro funerarias a ver cuál cada uno iba a agarrar. Traía ceñidas las esposas y un pinchón como de clavo en el ojo”, dice el familiar de otra de las personas fallecidas en prisión, un hombre de 53 años.

Enterrados en fosas comunes

Pero hay familias a las que nadie avisa. La ONG ha registrado varios casos de cadáveres sepultados en fosas comunes. “Los familiares se enteran de la muerte por terceras personas o por las redes sociales”, denuncia la investigación. En su proceso de búsqueda, los seres queridos se enfrentan también a malos tratos y discriminación por empleados y funcionarios gubernamentales al ser tratados como “familiares de pandilleros”, denuncia la investigación.

La familia de Juan (nombre ficticio) acudía cada mes a la prisión donde estaba recluido, preguntaba por él y entregaba un paquete de alimentos. Ocho meses después de su detención les informaron que ya no estaba allí. Había muerto seis meses antes y nadie les había llamado. Fue enterrado en una fosa común y la exhumación se realizó dos meses después, sostiene el estudio. Las fotos tomadas por el IML mostraban que el cuerpo presentaba varios golpes, pero el informe oficial recoge que falleció por “leucemia”. El joven tenía 23 años.

La mayoría de las muertes quedan registradas como consecuencia de causas naturales y enfermedades: edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral, tuberculosis… Pero, en numerosos casos, la causa de la muerte y el aspecto del cadáver no son congruentes, según la ONG.

El cuerpo de Joel (nombre ficticio) también acabó en una fosa común. De 45 años, el hombre sufría discapacidad intelectual. “Su cuerpo fue trasladado al IML con apellidos distintos por lo que fue sepultado en una fosa común en el Parque Memorial [Cementerio] La Bermeja”, indica la organización. El reconocimiento médico oficial establece que murió por un “edema pulmonar”. Sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba moratones en el rostro. Personas entrevistadas informaron a Cristosal que fue golpeado dentro de la cárcel: “Recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”.

Hacinamiento y tratos inhumanos

Según el informe de Cristosal, El Salvador supera las 105.000 personas privadas de libertad (aproximadamente el 1,6% de su población), lo que lo coloca con el país con más reclusos del mundo. La cifra se debe al régimen de excepción decretado por Bukele, durante el que se detuvieron a más de 66.000 personas en su “guerra” contra las pandillas, lo que generó unos niveles de hacinamiento nunca vistos hasta ahora en las cárceles del país, denuncia Cristosal.

El hacinamiento extremo ha desencadenado una situación de carencia de alimentos y de asistencia sanitaria en las cárceles del país, así como la falta de agua de consumo o aseo y las condiciones de limpieza.

“Los baños estaban tapados y los anteriores que estaban allí habían dejado todo sucio y lleno y rebalsaba hasta el piso, no había lugar para bañarse… Pasó cinco días sin poder defecar. A los cinco días empezaron a dar más de un tiempo de comida. Les pasaban tres baldes de diarios para defecar, no había nada de agua para limpiar, dormían debajo de los catres y en el suelo, algunos en el suelo de los baños, allí se llenaron de hongos en las espaldas. [A su ingreso a la celda] eran 45 personas, a los 10 días eran 252 personas”, cuenta un hombre de 20 años que estuvo recluido en Mariona.

Miedo

Numerosos testimonios recopilados por Cristosal evidencian que los detenidos son trasladados en vehículos policiales a las distintas cárceles y, al llegar, son esposados unos con otros, colocados de rodillas con la cabeza hacia abajo y, por lo general, “permanecen bajo el sol, en el cemento o grava durante más de una hora y, posteriormente, se les obliga a avanzar en cuclillas (con las piernas completamente flexionadas como si estuviese sentado en el suelo)”. Según la ONG, “mientras avanzan, los custodios los golpean” con garrotes de madera, “les dan patadas o golpes en la cabeza, algunos se desvanecen y sufren palizas para obligarlos a que se levanten”.

“Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo porque mirábamos cómo los ingresaban [otro grupo que ingresó antes]; agachados, hincados, y te golpeaban. A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis, él temblaba del miedo y me decía ”aquí me van a matar“, y yo le decía ”tranquilo“. A mí no me golpearon, pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr; él venía lento y lo golpearon, aunque estuviera enfermo, eso no les importa”, dice un hombre de 23 años a la ONG.

Quienes han pasado por las prisiones salvadoreñas durante el régimen de excepción denuncian haber sufrido o presenciado torturas y los tratos inhumanos. Los entrevistados por Cristosol hablan de castigos y palizas como prácticas generalizadas. “[La celda] tenían ventanas selladas. No entran aire por esas ventanas, sólo entra aire por la puerta de las celdas y el techo de la celda está formado por un plafón. Vi morir a 10 personas asfixiadas”, explica a la ONG uno de los reclusos ya liberados. “En las celdas de enfrente, vi que murieron otras personas porque los agentes las mataban. Los sacaban, los golpeaban en medio de la cancha y le ponían descargas eléctricas. A otro señor de 95 años, cuando gritaron ”conteo“, lo pusieron a correr en el piso. El señor se cayó y, cuando se iba a levantar, le pegaron en la cabeza y allí murió”.

Signos de tortura

Laceraciones, hematomas, perforaciones, fracturas, cortes, quemaduras, estrangulación… Se trata de un patrón común en los casos registrados como muertes violentas y varios cadáveres presentaban claras evidencias de que la persona fallecida había sido víctima de palizas. Una de las causas más frecuentes descritas en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML) es la asfixia mecánica, uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador y practicado entre 1970 y 1992 por los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado del país.

El IML determinó que un hombre de 30 años murió a consecuencia de “asfixia mecánica por estrangulación”. Su cadáver presentaba una protuberancia a la altura del músculo esternocleidomastoideo (en el cuello) y hematomas, probablemente producida por un objeto rígido. Otro hombre de 42 años murió en un calabozo policial, según el IML por “asfixia mecánica por ahorcadura”. Su cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza.

Algunos testimonios de las personas que estuvieron recluidas en los centros penitenciarios de Mariona, Izalco y Quezaltepeque dicen que hay ejecuciones dentro de las cárceles, pero que nadie habla de ello por miedo. Hablan de una pizarra ubicada en la prisión de Quezaltepeque. En ella anotan el número de reclusos que van muriendo. Un hombre ingresó a finales de abril del 2022. Cuando fue trasladado a otro penal un mes después, “la cifra alcanzaba los 40 fallecidos”.

Para ver a su padre en la comunidad salvadoreña de El Pepeto, Karla García solía recorrer un peligroso camino lleno de bandas y armas. Las dos calles que separaban sus casas eran una tierra de nadie agujereada por las balas en la que miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18-Sureños libraban batallas mortales por hacerse con el control.

“Era muy peligroso. Había tiroteos en las puertas de las casas”, dice esta ama de casa de 40 años de Soyapango, una ciudad satélite al este de San Salvador, la capital de El Salvador.

Sin embargo, un sábado reciente por la tarde, García pudo sentarse frente al invernadero de su padre con su familia, y no vio a ningún delincuente ni oyó ningún disparo.

“Han desaparecido por completo”, apunta refiriéndose a las bandas callejeras que durante años controlaron la zona con mano de hierro. Las paredes cercanas, antes salpicadas con las insignias negras de los líderes del crimen de la comunidad, fueron pintadas de blanco por el Gobierno para simbolizar una nueva era de paz.

El Pepeto, un laberinto de casas de una sola planta de clase trabajadora, no es ni mucho menos el único barrio de El Salvador dominado por las maras que vive días de calma antes impensables.

Un año después de la controvertida “guerra” contra las bandas salvadoreñas emprendida por el líder populista del país, Nayib Bukele, se están produciendo escenas similares en un país centroamericano considerado en su día uno de los lugares más violentos del planeta.

Un precio alto

Incluso críticos acérrimos del Gobierno, como el innovador medio de comunicación El Faro, admitieron que la represión de Bukele –que encarceló a más de 64.000 personas y redujo drásticamente la tasa de homicidios– produjo un “cambio extraordinario” para los salvadoreños, aunque con un enorme costo para la democracia y los derechos humanos.

Se cree que, desde que comenzó la ofensiva del Gobierno, miles de personas inocentes fueron detenidas –algunas simplemente por “parecerse” a delincuentes o a raíz de denuncias anónimas–, mientras que más de 100 murieron entre rejas.

“La ausencia de pandillas es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños”, escribió El Faro tras documentar la aparente disolución de las bandas en un detallado reportaje de investigación de 5.000 palabras. “Han acabado con las bandas tal y como se conocían”, dijo un alto jefe pandillero.

En febrero The Guardian visitó ocho comunidades de la capital de El Salvador y sus alrededores para analizar la inesperada pacificación. Hasta hace poco, cinco estaban bajo el dominio de la Mara Salvatrucha, dos del Barrio 18-Sureños y una del grupo Barrio 18-Revolucionarios. En ninguna había rastro de miembros de las bandas que antes merodeaban por las esquinas, bebiendo, fumando marihuana y observando constantemente a lugareños y forasteros.

Durante esas visitas, The Guardian habló con más de 20 fuentes, como comerciantes, policías, líderes comunitarios, vecinos y conductores de taxis y de autobús. Todos coincidieron en que los grupos delictivos son una sombra de lo que fueron, aunque muchos sospechan que algunos se fugaron o huyeron al extranjero para eludir una operación que llevó a la cárcel a cerca del 2% de la población adulta.

A principios de febrero, Bukele celebró la construcción de un “Centro de Confinamiento del Terrorismo” con capacidad para 40.000 personas, destinado a albergar a los presuntos “terroristas” encarcelados durante su cruzada contra las bandas, que se introdujeron en el país después de que sus fundadores fueran deportados de Estados Unidos en la década de los 90.

“Antes ni siquiera hubieras pasado la entrada de la comunidad sin que te interceptaran. Era impensable entrar sin su permiso”, sostiene una fuente policial sobre La Campanera, otra comunidad de Soyapango conocida por su violencia, a la que se enviaron miles de tropas a finales del año pasado.

En una tercera zona, la comunidad 10 de Octubre de San Salvador, un líder local cuenta que los residentes habían acatado durante años el mandamiento de las bandas de “ver, oír y callar”. “Básicamente, había que pagar un impuesto para poder vivir”, asegura, en referencia a los elevados pagos de extorsión que los miembros de la Mara Salvatrucha exigían a comercios y residentes.

Sin embargo, estas extorsiones cesaron después de que Bukele declarara el estado de emergencia en marzo del año pasado, tras un derramamiento de sangre que los analistas sospechan que se debió a la ruptura de un pacto secreto entre las bandas y el Gobierno. “Hasta ahora, con el estado [de emergencia] esto ha cambiado”, dice el líder comunitario, aunque, como muchos de los entrevistados, no está seguro de cuánto durará la calma.

Estado de excepción

Bukele, un exejecutivo publicitario experto en redes sociales, se regodeó en las informaciones de sus detractores habituales de que su ofensiva contra las bandas está funcionando, jactándose en Twitter de que las organizaciones de derechos humanos y los periodistas se vieron obligados a reconocer “el éxito absoluto de nuestra guerra contra las bandas”.

Pero muchos siguen siendo profundamente escépticos sobre la durabilidad del momento de paz de El Salvador y preocupados por las implicaciones de la represión para la democracia en un país donde más de 75.000 personas murieron durante la guerra civil de 1979-1992.

Desde que llegó al poder en 2019, Bukele fue señalado por desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas de El Salvador y de acabar con el Estado de derecho, acusaciones que se intensificaron tras la declaración el año pasado de un estado de excepción contra las pandillas que suspendió las libertades civiles básicas y el debido proceso.

En febrero, mientras los familiares de algunos presos se manifestaban en El Salvador en señal de protesta, se prorrogó el estado de excepción por undécimo mes consecutivo. “El Salvador ha entregado todo el poder a una sola persona: el presidente Nayib Bukele”, advirtió El Faro. “En el régimen autoritario que vivimos es el gobernante quien decide qué hacer y qué decirnos”, dijo.

“A Bukele le está funcionando de maravilla”

José Miguel Cruz, experto en bandas salvadoreñas de la Universidad Internacional de Florida, sospecha que las afirmaciones de que las bandas fueron totalmente desmanteladas son exageradas, a pesar de las pruebas anecdóticas de que estos grupos ya no dominan muchos barrios. Los problemas subyacentes que contribuyeron a engendrar y mantener a los grupos –pobreza, desigualdad y discriminación–no desaparecieron milagrosamente.

La escasa información sobre lo que ocurre en las cárceles del país, cada vez más abarrotadas, impide calibrar lo que está ocurriendo realmente. “Y lo que ocurre en las cárceles es clave para lo que ocurre en la calle”, añade Cruz. Pero cree que para Bukele, un populista de mentalidad autoritaria que espera asegurarse un segundo mandato de cinco años el año que viene, la represión fue una victoria política rotunda. Los índices de aprobación del presidente milenial se dispararon, mientras la propaganda oficial lo presenta “como un mago que por fin ha sido capaz de traer la paz a El Salvador”.

“La historia del éxito no es la [derrota de las] pandillas. Es su perpetuación en el poder... Le está funcionando de maravilla”, opina Cruz.

Benjamin Lessing, experto de la Universidad de Chicago en cárteles de la droga, bandas carcelarias y grupos paramilitares, asegura que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la supuesta disipación de las otrora poderosas bandas de El Salvador.

¿Qué ocurrió con sus principales cabecillas y quién manda ahora en las zonas que habían controlado? ¿Fue su supuesta derrota simplemente el resultado de la abrumadora represión gubernamental o, como afirman algunos analistas, el Gobierno de Bukele llegó a acuerdos secretos con algunos de sus principales cabecillas, dejando a las bases criminales sin líderes y desilusionadas?

En un artículo publicado en el Washington Post, el antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez d'Aubuisson señalaba que un alto funcionario del Gobierno había escoltado a un importante pandillero conocido como “El Crook” hasta la vecina Guatemala. Otro fue puesto en libertad.

En su artículo, Martínez d'Aubuisson afirma que las bandas fueron derrotadas por “una forma criminal más eficiente y organizada, con una potencia de fuego superior: la mafia estatal controlada por el presidente Nayib Bukele”. “Las maras solo sobrevivirán en la medida en que sean capaces de alinearse con este nuevo depredador que no tolera ningún tipo de competencia”, escribe.

Lessing indica que las consecuencias a largo plazo de la represión de Bukele no están claras, aunque es probable que El Salvador esté experimentando un importante cambio tectónico que rehará su paisaje criminal tanto como lo hizo el ascenso de las maras durante la década de los noventa. “Hay cambios de régimen en la gobernanza criminal”, dice Lessing, que señala cambios similares que implican a facciones de la droga y grupos paramilitares en ciudades brasileñas como Río de Janeiro y Sao Paulo: “Este podría ser uno de esos momentos”.

Temor a las consecuencias

Cruz señala que teme que la represión tenga consecuencias políticas nefastas y que permita a Bukele ganar las elecciones de 2024, dando paso a un doloroso periodo de gobierno autoritario. “Soy muy pesimista. Creo que mucha gente se dará cuenta de su error en los próximos dos o tres años, pero será demasiado tarde”, indica. “[Bukele] Ya lo controla todo. Tiene la lealtad absoluta de las fuerzas de seguridad”, sostiene.

Sea lo que sea lo que depare el futuro, los salvadoreños de a pie están, por ahora, saboreando el inusual sabor de la libertad frente al dominio de las bandas. 

“Es fantástico porque nos sentimos más seguros. Podemos movernos con más libertad... la gente nos viene a ver con más frecuencia; personas que no venían a vernos ahora sí lo pueden hacer”, explica García, aunque pide no ser mencionada con su nombre real y muestra su preocupación por la detención de un lugareño que fue encarcelado a pesar a no tener vínculos con las pandillas.

El Faro considera que la desaparición de las pandillas en esas zonas representa “un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños”. “Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es altísimo”, advierte. “El remedio podría resultar tan nocivo como la enfermedad”, concluye.

Traducción de Emma Reverter

JC/TP

Haití, la media isla caribeña negra y el país más pobre de América,  registró su primer caso de cólera en octubre de 2010, varios meses después de que un poderoso terremoto sacudió al país, matando a más de 300,000 personas. La enfermedad que dejó un saldo de 10.000 muertes fue introducida por un contingente de las fuerzas de paz de la ONU que habían completado recientemente el entrenamiento en Katmandú, Nepal, en un momento en que el cólera circulaba allí. Más de 800,000 haitianos fueron infectados con la enfermedad.

En 2016, después de años de evitar preguntas sobre la responsabilidad del brote mortal, Ban Ki-moon, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, dijo que la institución era “profundamente lamentable” por su papel. “Esto ha arrojado una sombra sobre la relación entre las Naciones Unidas y la gente de Haití”, declaró. “Es una mancha sobre la reputación del mantenimiento de la paz de la ONU y la organización en todo el mundo”.

Los activistas de DDHH  han argumentado que las Naciones Unidas no han hecho lo suficiente para compensar a las víctimas. Vélina élysée Charlier, miembro delgrupo anticorrupción Noupapdòmi,  sostuvo que ha estado viviendo bajo “arresto domiciliario” autoimpuesto para protegerse de la violencia de las pandillas.

Después de tres años sin registrarse un caso, funcionarios del Ministerio de Salud el 2 de octubre confirmaron dos,  uno de ellos letal  han sido detectados hasta ahora, dijeron el domingo funcionarios del Ministerio de Salud.  Otras cifras fueron dadas a conocer por la Organización Panamericana de la Salud que según datos de  los centros de atención médica se ha registrado  un aumento en la diarrea aguda severa entre adultos y niños hospitalizados en la capital y que más de 20 sospechosos de cólera y siete muertes dudosas están investigándose.

La violencia de las pandillas

Las violentas pandillas armadas han intensificado su violento control en varias partes del país, muchas veces bloquean el movimiento de ayuda humanitaria crítica y otros suministros. La Federación G-9 de las pandillas durante varias semanas impidió el acceso a la terminal principal de combustible, obligando a las empresas y hospitales a reducir sus horas o cerrar por completo.

La escasez de combustible afecta a las bombas de agua de la ciudad  que lo necesitan para su funcionamientos, a los distribuidores de agua potable a  menudo se ven obligados a restringir o suspender sus servicios y a los camiones de agua que reabastecen a algunos vecindarios.  La difícil  situación aumenta el peligro de las consecuencias letales del cólera, que se extiende principalmente cuando las personas ingieren alimentos o agua contaminados. La enfermedad es extremadamente virulenta y, si no se trata, puede matar a las personas en cuestión de horas. Con la intervención temprana, la tasa de mortalidad del cólera es inferior al 1 por ciento. Muchas haitianas y haitianos  están a merced de las fronteras no oficiales trazadas por pandillas rivales y tienen acceso limitado a la atención médica.

La Organización Panamericana de la Salud informó  que un posible grupo de casos de cólera bajo investigación está en Cité Soleil, el barrio pobre más grande de la ciudad capital Puerto Príncipe  donde cientos de personas fueron asesinadas y miles más atrapadas sin comida o agua este año por enfrentamientos entre pandillas rivales.

“Estás en un país sin ley. Nadie está a cargo. Es la pandilla la que está a cargo ”, dijo Cécile Accilien, vicepresidente de la sin fines de lucro de la Asociación de Estudios Haitianos. “La gente no puede ir al agua limpia porque la pandilla las barrica. ... Las personas han muerto porque no pueden llegar al hospital”.

El costo del agua embotellada ha aumentado aproximadamente un 100 por ciento en algunas áreas,  y se puede llegar a pagar 3.500 gourdes, alrededor de 29 dólares por galón de gasolina en el mercado negro.

Durante varias semanas, miles de haitianos han salido a las calles en algunas de las manifestaciones más grandes en años para protestar por el gobierno del primer ministro interino Ariel Henry y los altos precios del combustible. Algunos han saqueado tiendas, escuelas y almacenes humanitarios. Un líder regional describió los disturbios sociales que envuelven al país como una “guerra civil de baja intensidad”.

AGB con información de agencias, diarios y medios

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves “violaciones masivas de derechos humanos” en El Salvador, perpetradas por las autoridades locales en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas” del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La ONG reportó miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado, según informó en un comunicado difundido este jueves.

Estas violaciones se enmarcan en el estado de excepción decretado a finales de marzo por el Congreso salvadoreño- controlado por aliados del Gobierno y a pedido de Bukele-, tras un auge de homicidios presuntamente cometidos por pandilleros.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, alertó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

“Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, sentenció.

Durante las últimas semanas, la ONG documentó minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.

La denuncia de la organización se da horas después de que Bukele asegurara ante el Parlamento que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio de este país centroamericano, y llamara a los salvadoreños a apoyar sin titubeos esta lucha, pese a desarrollarse con la suspensión de las garantías constitucionales.

La “guerra” del mandatario contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las “maras”, que se suman a 16.000 más que ya se encontraban en prisión, según consignó la agencia de noticias AFP.

AI destacó que el régimen de excepción, junto a las reformas penales, limitaron los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite estas restricciones, ni siquiera en caso de estado de excepción.

En consecuencia, se reportaron miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino “únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno”, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas de tener supuestos vínculos con una pandilla o simplemente por vivir en una zona controlada por pandilleros, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.

Tras ser arrestadas, estas personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.

Aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron estas vulneraciones, los procesos no presentaron avances de momento.

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, advirtió Guevara Rosas.

La responsable insistió en que estas más de 35.000 detenciones arbitrarias reportadas en menos de tres meses no habrían sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato.

“Están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, lamentó y concluyó: “La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.

Con información de agencias.

IG