Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.

En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental. 

Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.

“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?

Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral 

El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN. 

Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.

Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos

El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.  

Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).

De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN. 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.

“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.

El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales

Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.

De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”. 

Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”. 

Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector. 

De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente. 

Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:

Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas

A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.

Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles. 

Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.

“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.

Con información de FARN.

IG

Un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de los derechos humanos marcharán este miércoles a las 17, desde el Obelisco hasta la sede del Ministerio de Salud, en contra del “modelo del agronegocio, los transgénicos y el uso de agrotóxicos, que atenta contra la salud socioambiental y la soberanía alimentaria”, informaron los convocantes a la movilización.

Se trata de una nueva edición de la denominada “Marcha Mundial contra Bayer-Monsanto y los agronegocios”, que se realizó por primera vez 2013, en forma simultánea en distintos países y que iba a concretarse el último sábado en el centro porteño, pero fue reprogramada.

Según adelantaron los organizadores, se alertará sobre que en Argentina “se rocía con 500 millones de litros de agrotóxicos al año” y que “tiene el récord de ser el país que más glifosato por persona aplica del mundo”.

“La Argentina tiene el lugar de primer país colonizado por este modelo en Latinoamérica, con la rápida expansión de la frontera sojera y el abandono de cultivos alimentarios en pos de commodities o insumos de exportación para el mercado global”, aseguraron desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones.

Además, criticaron “la reciente aprobación del trigo transgénico HB4 en el país” y advirtieron que “ya son 25 las empresas que están comercializando esta molienda a la población en forma de pan, fideos y otros productos”, según denunciaron en un comunicado.

Con información de agencias.

IG

Hace 40 millones de años, la Antártida estaba cubierta de grandes bosques. Y hace 25000 años, media Europa estaba cubierta de hielo y la otra media eran estepas frías. Gracias a la paleontología hoy sabemos que la vegetación de todo el mundo ha ido cambiando según han ido sucediendo cambios climáticos. Ya lo decía Humboldt, la vegetación y el clima están ligados.

Si ahora, con nuestra inacción climática, hemos aceptado que cambie el clima, debemos aceptar también que cambie la vegetación. Es iluso querer conservar la vegetación del siglo XX con el clima del siglo XXI. Igualmente, la gestión forestal del siglo XXI no puede ser como la del siglo XX, cuando el clima era menos árido.

Los grandes incendios forestales

Los grandes incendios no se producen por una sola causa. Se producen por la coincidencia de igniciones en periodos de sequía y condiciones meteorológicas adversas (olas de calor, viento), en zonas con vegetación continua y fácilmente inflamable. Estas zonas a menudo son matorrales y vegetación en etapas tempranas después del abandono rural (incluidos bosques jóvenes) o plantaciones densas no gestionadas apropiadamente.

El cambio climático interviene en la ecuación porque extiende la estación propensa a incendios, agudiza las sequías, incrementa la mortalidad de plantas (y la biomasa seca) y la frecuencia de condiciones meteorológicas favorables a los incendios (por ejemplo, olas de calor).

Pero el gran incremento de incendios que se ha dado en la historia reciente de España ha sido independiente del cambio climático, y asociado principalmente al abandono rural. La disminución de la agricultura, del pastoreo y de la recolección de madera, y la falta de gestión en plantaciones forestales, generan paisajes más continuos y homogéneos donde el fuego se propaga fácilmente. En estos paisajes, el papel relativo del clima en los incendios aumenta a medida que dejamos que avance el cambio climático.

La vegetación que aparecerá después de sequías e incendios recurrentes será diferente a la actual, porque muchas especies pueden no estar adaptadas a esos nuevos regímenes climáticos y de incendio. Presumiblemente la nueva vegetación será menos densa y menos forestal, y con cambios en la composición de especies.

Podemos dejar que las sequías y los incendios vayan adaptando los pasajes al nuevo clima. El problema es que esos grandes incendios pueden tener consecuencias sociales y económicas. Una alternativa es adelantarse a los incendios.

¿Qué podemos hacer?

Para evitar esos grandes incendios que perjudican a la sociedad, debemos adaptar nuestro paisaje y nuestro comportamiento a las nuevas condiciones ambientales. Esto incluye generar paisajes que sean más resilientes al régimen climático y de incendios que viene. Para ello, podemos poner en marcha estrategias como las siguientes:

1. Generar paisajes heterogéneos

Las discontinuidades en el paisaje y los mosaicos agroforestales reducen la propagación de incendios. Esto es especialmente importante en zonas cercanas a las poblaciones humanas. Hay diversas estrategias para alcanzar este objetivo, por ejemplo:

Todas estas herramientas no son excluyentes; se pueden combinar según las distintas características socieoconómicas y del terreno. Ciertamente, estimular el mundo rural es fácil de decir, especialmente desde el mundo urbano. Quizás podría ayudar una política de inmigración que ofreciera esa posibilidad a personas que llegan en busca de condiciones mejores a las que se dan en sus países de origen.

2. Aprender a convivir con los incendios

Eliminar los incendios de nuestros paisajes es imposible y contraproducente, especialmente en el marco del cambio climático. El reto de la gestión es crear condiciones que generen regímenes de incendios sostenibles tanto ecológica como socialmente.

Enfocar las políticas de gestión de incendios únicamente a la extinción puede generar incendios grandes e intensos. Es más sostenible tener muchos incendios pequeños y poco intensos, que pocos incendios de grandes dimensiones e intensos.

Para alcanzar estos objetivos se requiere profesionalizar a los actores que intervienen en la prevención y extinción de los incendios forestales. Son ellos quienes pueden generar los regímenes de incendios sostenibles, pero en muchas ocasiones trabajan en condiciones precarias.

3. Minimizar y asumir riesgos

Debemos evitar construir viviendas e infraestructuras en zonas con bosque mediterráneo altamente inflamable y reducir al máximo la interfaz urbano-forestal. Esto no solo reduce el peligro para las personas e infraestructuras, también reduce las igniciones. Entre los mecanismos para conseguirlo se incluyen la recalificación de terrenos (a no urbanizables) y la implementación de tasas (disuasorias) por construir en áreas con alto riesgo de incendios (pirotasas), entre otras.

En zonas ya construidas, es necesario asegurar que se realizan tareas de autoprotección, como la implementación de franjas de seguridad con poca vegetación (o con cultivos) alrededor de las viviendas, o incluso implementar sistemas de riego prescrito. Es importante asegurar que las viviendas tengan seguro contra incendios forestales, y que no esperen que los bomberos necesariamente las protejan. Hay que asumir riesgos, responsabilidades y costes si se desea vivir en medio de paisajes altamente inflamables en lugar de en una zona urbana.

Durante olas de calor, sería conveniente reducir la movilidad en el monte y en zonas de interfaz (urbano-forestal y agrícola-forestal) para minimizar el riesgo de igniciones.

4. Conservar los bosques y los humedales

Debemos conservar y restaurar los bosques en los microhábitats húmedos (refugios), para incrementar su resiliencia a los cambios en el clima.

Hay que potenciar la restauración de humedales y otros ecosistemas litorales que, aparte de los beneficios para la biodiversidad, mantienen el ciclo del agua y contribuyen a la conservación del clima.

La degradación de la costa (por la desecación de los humedales y la sobreurbanización) contribuye a la reducción de la precipitación y al incremento de gases de efecto invernadero (vapor de agua). Potenciar vegetación en zonas urbanas (jardines, árboles en las calles) también contribuye a la conservación del clima, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

5. Restaurar con especies vegetales más resistentes

La restauración no ha de tener como referencia el pasado, sino el futuro. En proyectos de restauración y en plantaciones, se deben utilizar especies (o poblaciones de las mismas especies) más resistentes a la sequía y a los incendios que las que había con anterioridad. Por ejemplo, especies y poblaciones que actualmente se encuentran en zonas más secas o con más incendios. Esto sería más sostenible que utilizar las estaciones de alta calidad forestal que se utilizaban con el clima del siglo pasado.

6. Reducir el consumo de combustibles fósiles

Esto es clave para frenar el aumento de gases de efecto invernadero, y así reducir la velocidad del cambio climático y la frecuencia de las olas de calor.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Podés leer aquí el original.

Fede Rost es apicultor artesanal y busca pasar el legado de la producción de miel silvestre a Pablo, su joven aprendiz, en un contexto económico y ambiental cada día más difícil.

“Me pregunto si podremos repararlo —dice y sorbe un mate—. Me pregunto si nosotros acá en el pueblo… siendo tan pocos. Si podremos resistir, digo, si lograremos cuidarlas.”

Fede vive junto con su compañera Rocío y siete perros bien-de-campo —inteligentes, afectuosos— en Colonia Santa Teresa, un pueblo de 550 personas en la Patagonia argentina.

Sus condicionales saben amargo, como la bebida. De fondo se oye el murmullo del viento pampero que hace bramar los eucaliptos del boulevard y levanta tierra seca de las calles áridas en el invierno patagónico. 

“Me pregunto si estaremos a tiempo, y si valdrá la pena.”

A ellos también les dijeron que este lugar podría ser considerado un lugar de paso. Casi en tono de menosprecio: ofensivo. Como si una zona rural, una localidad pequeña, un pueblo chico debiera resignarse siempre a la etiqueta de «infierno grande».

Para ellos, en cambio, la Colonia es el lugar indicado en el cual construir una madriguera, una base, echar raíces: un refugio ante la hostilidad del mundo. “Pero para que las plantas crezcan y las raíces profundicen hay que cuidarlas y abonar la tierra —dice—. Y la tierra se abona con bosta. Con mierda, básicamente. Acá se aprende eso: a extraer lo bueno de lo desechable, a aprovechar lo que nutre”.

A esperar, también. 

Algo que se está perdiendo: la pausa.

La posibilidad de vivir a otro ritmo y encontrar gracia en lo simple.

El pueblo respira una cadencia apacible. Y como escribió Whitman: “la paz siempre es hermosa”.

Aunque las preguntas de Fede denotan angustia. Y tiene motivos:

Según el estudio Declive mundial de la entomofauna: una revisión de sus impulsores —publicado en la revista Science—, el desplome de las poblaciones de abejas es crítico debido a su papel fundamental en los ecosistemas, que podrían derrumbarse ante la falta de estos pequeños seres vivos. En las últimas décadas se ha registrado disminución de colmenas en todo el mundo; han muerto miles de millones y las proyecciones de los últimos tres años son peores. 

Entre las principales amenazas se encuentra la degradación de sus hábitats, el cambio climático, las prácticas agrarias, el abuso de los suelos, los incendios y las especies exógenas. Las causas agrarias en particular toman forma en el uso de prácticas de la agricultura industrializada, como los monocultivos, que se traducen en menos diversidad y disponibilidad de alimento, así como plaguicidas tóxicos para estos seres vivos y los humanos.

“Sin ser alarmistas, esto es realmente grave”

La polinización que realizan las abejas permite que las flores sean fecundadas para dar semillas y frutos; es decir, son la piedra angular de la biodiversidad —informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)—. Pero también de nuestra seguridad alimentaria: a nivel mundial, una tercera parte de los alimentos dependen de las abejas, así como un 90% de las plantas silvestres con flor.

“Son uno de los grupos más importantes de polinizadores que existen en el planeta; me atrevería a decir que entre ambos son el más numeroso”, dice Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM —el ecólogo más citado en América Latina—. Varios agentes o vectores de polinización pueden transferir el polen de los estambres al estigma de la flor: el viento, el agua o algunos animales. Se sabe que cerca del 90% de las angiospermas (plantas con flores y cuyas semillas están en el interior de un fruto) requieren ser polinizadas por animales: insectos, mamíferos, aves y algunos reptiles.

Plantas y polinizadores llevan miles de años evolucionando juntos y probablemente constituyen el ejemplo más claro de mutualismo en la naturaleza. Sin estos agentes polinizadores “tendríamos problemas serios. Sin ser alarmistas, esto es realmente grave porque las plantas, a su vez, juegan un papel muy importante en la función de sus ecosistemas”: si desaparecieran, podrían desaparecer las especies animales que se alimentan de ellas. La extinción de abejas y abejorros también tendría un serio impacto en los humanos: “se reduciría nuestra capacidad de producir alimentos”, continúa Ceballos. Se calcula que la tercera parte de los alimentos que consumimos dependen de la polinización de las abejas.

“Estamos viviendo una sexta extinción masiva, lo que implica la desaparición muy rápida de la flora y fauna. Rápido en tiempo ecológico significa cientos de miles de años, pero la sexta es instantánea: hablamos de 100 o 150 años. Si no hacemos algo muy pronto, en los próximos diez o quince años perderemos una cantidad de especies gigantesca —advierte el investigador—, y esto va a socavar nuestra capacidad para sobrevivir”.

Las causas

De manera inicial, los estudios señalaban a que los posibles factores de la desaparición de las abejas fueran agentes patógenos (como el Varroa destructor), parásitos (como el Nosema apis, que ataca su sistema nervioso), el estrés derivado del ambiente o por el manejo de las colmenas, que causa malnutrición de los insectos —afirma Elisa Hernández y Carlos López Morales, investigadores de la Facultad de Ciencias y de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México—. Y aunque hay porcentajes de pérdidas por estas causas, los estudios se han reorientado a otras posibilidades como los efectos de los pesticidas en las comunidades de melíferas.

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como probable cancerígeno en humanos. Por su parte, Walter Fanina (docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, e investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne-Conicet), encabezó un grupo de investigadores, quienes evaluaron la respuesta de una especie de abeja (Apis mellifera) a la exposición a dosis similares a las que se encuentran en los agroecosistemas. El estudio encontró en las abejas expuestas una reducción en la sensibilidad olfativa a la sacarosa y una disminución de su rendimiento en el aprendizaje y la retención de la memoria a corto plazo. Se infirió que si las abejas llevan al nido néctar con trazas de glifosato puede interferir negativamente el rendimiento de toda la colonia.

En otro estudio, también encabezado por Walter Fanina, se analizó la navegación de las abejas al ser rociadas con glifosato y se encontró que realizaron vuelos de mayor duración para llegar a casa, es decir, este herbicida deterioró sus capacidades cognitivas para el regreso a la colmena. 

Hay que considerar, a todo esto, que Argentina es uno de los tres países que más glifosato usa en el mundo.

Liliana Galliez, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Sur y especialista en producción apícola, dice que la mayor parte de los argentinos no reconoce los diferentes tipos de miel y en general sabe muy poco de su origen. Y confirma: “sí, el uso de insecticidas ha disminuido considerablemente la cantidad de polinizadores naturales. Las abejas están en seria reducción de sus poblaciones. Estamos muy preocupados por el despoblamiento de colmenas, por la muerte de colonias.”

¿Es el ocaso?

Tal vez. 

“Si dejamos que se llegue al grado de que queden muy pocas [abejas y abejorros], es muy difícil recuperarlas —sostiene Fanina—. La buena noticia es que, si llevamos a cabo acciones de conservación bien enfocadas en los factores que están causando la extinción, en la mayoría de los casos es reversible”.

Hay opciones: la agricultura comunitaria de pequeña escala tiene un papel esencial en el mantenimiento de los estilos de vida rurales, la protección de estos oficios de cuidado y el combate a la pobreza. Por otra parte, “a corto plazo, el primer paso es prohibir los productos tóxicos para las abejas —exige Greenpeace en un informe—. Y la solución definitiva es la adopción de la agricultura ecológica como única vía para una producción de alimentos respetuosa con todos los habitantes del planeta”.

Federico lo sabe, aunque también advierte que se necesitan más personas conscientes de la situación para que haya mejoras. Dice, además, que pasar el oficio no es sencillo: “menos ahora, que las tecnologías distraen tanto. Los pibes no se quedan en el pueblo. Y para los que se quedan, la responsabilidad les resulta extenuante.

No sé. Es difícil.

El esfuerzo es muy grande.

Cada vez hay que buscar más, cada vez hay que ir más lejos. Cada vez queda menos monte.

Los pequeños productores tenemos una lucha en enorme disparidad contra las corporaciones. Pero, ¿qué podemos hacer?“

Su pregunta queda en suspenso, mientras se ceba otro mate. Mira con un dejo nostálgico hacia el fondo del patio. Allá atrás prepara un galpón para tener su propia planta extractora. Él mismo es el constructor, con ayuda de maestros albañiles del pueblo. Los materiales son difíciles de conseguir o aumentan su precio semana a semana. No sabe si logrará llegar a tiempo a la próxima cosecha. 

De pronto se responde a sí mismo: “Hay que seguir trabajando y concentrarse en cuidar bien las abejas.”

La transmisión de conocimientos y dominios de un oficio por parte de un maestro a su aprendiz ha sido relegada por distintos procesos de aprendizaje vinculados a la globalización y la virtualización. 

La desigualdad económica, el cambio climático y las prácticas agrarias nocivas están disminuyendo la población de abejas y vulnerando la resistencia de sus guardianes: los apicultores artesanales.

MR/SH

Al quimilero, el más grande de las tres especies de pecaríes que viven en la región del Gran Chaco Sudamericano, se lo dio por extinto durante varias décadas del siglo XX. Recién en los años 70 el zoólogo estadounidense Ralph Wetze volvió a encontrarlo en los montes del sudoeste paraguayo. 

El pecarí quimilero tiene una longitud de un metro, pelo de cerdas de color marrón o gris y una gran capacidad de tolerar la falta de agua durante largos períodos. Se lo llama así porque se alimenta del quimil, un cactus típico de la zona. Ante el riesgo latente de extinción, la Cámara de Diputados chaqueña sancionó en 1996 la ley 4306 que, con el objetivo de brindarle protección, lo declaró “Monumento Natural Provincial” junto a otras especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tatú carreta, el ciervo de los pantanos y el aguará guazú. 

El quimilero sólo habita en el Gran Chaco Sudamericano, la ecorregión más grande del continente después de Amazonia: tiene una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados, comprende áreas del noroeste de Argentina (62% del total), oeste de Paraguay (22%) y sudeste de Bolivia, y se divide en las subregiones del Chaco Húmedo y el Chaco Seco. En las áreas boscosas de esta última se localiza el pecarí y hasta allí llegó, en 2010, Micaela Camino, investigadora del Conicet, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Biología de la Conservación. 

“Empecé trabajando en la región del Chaco Seco argentino hace más de diez años. Junto a las comunidades locales llevamos a cabo, entre 2011 y 2017, un monitoreo participativo de fauna silvestre. Así pudimos ver qué especies estaban presentes en el territorio y cuáles eran importantes para las poblaciones. Entre los resultados que obtuvimos, encontramos que allí estaba el pecarí quimilero, un chancho grande que solo habita en esta parte del mundo”, contó Camino a elDiarioAR.

Acaso como le ocurrió a Ralph Wetze en la década del 70, Camino llegó a la zona con la información de que esta especie de pecarí estaba extinta fuera de las áreas protegidas de Chaco. Sin embargo, comprobó que el quimilero está en riesgo de desaparición por el avance del desmonte para la producción industrial de soja, sorgo y pasturas para el ganado. “Esta es una especie que necesita los bosques para sobrevivir y reproducirse. Entonces, decidimos poner más atención a lo que le estaba pasando”. Así nació “Proyecto Quimilero”, que procura la conservación a largo plazo de la biodiversidad chaqueña pero enfocándose en este mamífero y sus hábitats mediante trabajos de investigación, monitoreos de fauna y el intercambio de conocimientos entre el saber científico y las poblaciones locales: comunidades indígenas y familias criollas campesinas.

Por este trabajo Camino fue distinguida en Londres con el premio Premio Whitley, el llamado “Oscar verde”, que cada año reconoce la tarea de conservacionistas de la vida silvestre que se desempeñan en países ricos en biodiversidad. El Whitley incluye la entrega de fondos financieros para ejecutar proyectos científicos que trabajan en conjunto con las comunidades locales en busca de beneficios duraderos.

-¿Qué significa para su carrera científica haber recibido el Premio Whitley y cómo puede marcar su trayectoria profesional a futuro?

-Es un reconocimiento hermoso, pero lo más importante es que nos permite seguir adelante y utilizarlo como una herramienta para visibilizar las maravillas y los problemas que tiene el Chaco. A partir del Whitley, podemos desarrollar investigaciones sobre la conservación del quimilero frente al avance de la deforestación que, a la velocidad que se lleva a cabo, en menos de 30 años causará su extinción como especie.

Pero el avance de las topadoras, dijo la bióloga, no sólo expulsa a este pecarí de su hábitat: otras especies silvestres y a las propias comunidades rurales son desplazadas de sus hogares por empresas y grupos privados que arrasan el bosque para sembrar, especialmente, soja y otros cultivos. 

Según Greenpeace, el avance del desmonte en la región del Gran Chaco provocó la pérdida de más de 14 millones de hectáreas en casi cuatro décadas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, lapso en el que se deforestaron 7,6 millones de hectáreas, unas 300.000 al año.

Esta situación continúa dándose, inclusive, pese a la vigencia de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la Ley de Bosques, aprobada en 2007 por el Congreso pero reglamentada en 2009. La norma establece que las provincias deben realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos por medio de un proceso participativo, que categorice los usos posibles para las tierras boscosas desde la conservación hasta la posibilidad de adecuarlas para el desarrollo agrícola.

Junto al desalojo de las comunidades originarias en los territorios y la pérdida de biodiversidad, los desmontes provocan la disminución de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, entre ellos la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero. Al respecto, los sectores de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, junto a otros usos del suelo, representan el 39% de las emisiones de estos gases 

En noviembre pasado el gobierno argentino firmó un compromiso global para frenar y revertir la deforestación para 2030. Más de 100 países, que representan el 85% de los bosques del planeta, acordaron hacerlo con motivo de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolló en Glasgow, Escocia. En ese ámbito el país anunció la decisión de aumentar 27,7% los compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050. 

Al abrir el período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último, el presidente, Alberto Fernández, anunció, entre otras medidas de corte ambiental, el envío de un proyecto de modificación de la Ley de Bosques Nativos y la decisión de avanzar en un Plan Nacional de Forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023. “Los eventos climáticos que estamos atravesando y sus catastróficas consecuencias a nivel humano, natural y productivo, muestran la necesidad de asumir compromisos en materia ambiental”, reconoció Fernández. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había advertido que la Argentina causaba el 4,3% de la deforestación global y que la principal fuente de emisiones de carbono se encontraba en el norte del país. En la misma línea, un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó que el 87% de los desmontes llevados a cabo entre 1998 y 2018 se localizó en la región chaqueña, allí donde trabajan Micaela Camino y sus colegas.

“Abordar este tipo de problemáticas es complicado porque muchas veces la gente no sabe las leyes ni qué pueden hacer o no en los bosques. Buscamos, entonces, compartir la información y escuchar lo que tienen para decir. Así, construimos redes entre los habitantes del monte y personas de otros ámbitos, ya sean científicos, políticos, ONGs y activistas, para que puedan visibilizar sus problemas, contactar a otros actores cuando surge un conflicto o visibilizar sus saberes, que son muchísimos y venimos discriminando desde hace siglos”, detalló Camino.

La investigadora resaltó que son muchos los científicos que consideran que “para salir de la crisis climática y ambiental en la que se encuentra el mundo se necesitan abordar las soluciones desde lo local” para luego llevarlas a una escala más global. 

“A partir del Proyecto Quimilero, dialogamos con las comunidades que están sufriendo muchísimo por los desmontes. Se están destruyendo territorios que muchas veces tienen usos medicinales, se utilizan para la producción agrícola y ganadera. Es muy doloroso. Quienes viven en las ciudades -comparó Camino- pueden imaginarse que salen a la calle y hay una topadora destruyendo la farmacia, el supermercado, el cementerio, la iglesia...”.

La científica advirtió que la pérdida de los ecosistemas naturales por los desmontes se da a una velocidad “muy acelerada”, afectando a especies silvestres y ocasionando la degradación y desertificación del suelo. “Las napas subterráneas de agua quedan más cerca de la superficie y tienen más posibilidades de salinizarse. El Gran Chaco Sudamericano es una región que tiene muchísima diversidad y especies endémicas que, como el quimilero, sólo existen allí. Perder esta ecorregión -aseguró Camino- es una amenaza muy grande para nosotros, que estamos más cerca, y para la humanidad”.

GT

En diciembre del año pasado un pescador artesanal rescató a una tortuga marina, de unos 35 centímetros de largo, que había quedado atrapada entre sus redes en la costa atlántica bonaerense. El animal, de la familia de los reptiles, fue ingresado a la Fundación Mundo Marino, en la ciudad balnearia de San Clemente del Tuyú, donde mientras se recuperaba  expulsó más de 10 tipos diferentes de plásticos, entre ellos fragmentos de tapas plásticas, manguera, redes, telgopor, sachets, nylon, precintos plásticos y celofán. 

Según Naciones Unidas (ONU, cada minuto se arroja a los océanos el equivalente a un camión colmado de basura plástica, lo que significaría una cifra anual de entre 4,8 y 12.8 millones de toneladas de este tipo de residuos. A ese ritmo, en 2050 habrá más plástico que peces en las aguas del mundo, donde la contaminación de este tipo ocasiona cada año la muerte de 100.000 especies marinas. Para la ONU la contaminación por plásticos es uno de los problemas medioambientales más graves a los que se enfrenta la humanidad, tanto que detalló que no hay lugar en la Tierra donde no hayan llegado los desechos plásticos: desde las cumbres más altas hasta las profundidades de los océanos.

Según Naciones Unidas (ONU, cada minuto se arroja a los océanos el equivalente a un camión colmado de basura plástica, lo que significaría una cifra anual de entre 4,8 y 12.8 millones de toneladas de este tipo de residuos

Ante ese panorama el 2 de marzo último representantes de 175 países, entre ellos jefes de Estado y ministros de Ambiente, firmaron una histórica resolución que busca terminar con la contaminación de plásticos mediante un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que debería estar rubricado a finales de 2024. La decisión fue adoptada en la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi, y procura abordar el ciclo de vida completo del plástico: su producción, diseño y eliminación. Según estimaciones internacionales, la contaminación por plásticos pasó de dos millones de toneladas en 1950 a 348 millones en 2017.

La exposición a los plásticos perjudica a la salud humana en distintos aspectos: afecta a la fertilidad, la actividad hormonal, metabólica y neurológica. “Normalmente se ingieren por medio de productos de mar, bebidas e, incluso, sal común. Pueden atravesar tejidos y se inhalan cuando se suspenden en el aire”, destacó a elDiarioAR Andrés Arias, investigador del Conicet en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO; CONICET-UNS) y uno de los integrantes del equipo de científicos que elaboró el reporte “De la contaminación a la solución” para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).

Arias detalló que “existen micropartículas y nanopartículas omnipresentes en los sistemas de producción de elementos que usamos diariamente, como ser vestimentas, objetos vinculados a la industria automotriz y a la construcción, que son transportadas muy fácilmente por el aire. Por eso los científicos dicen que es probable que estemos respirando una cifra no determinada de partículas de plásticos por semana que entran a los organismos, tanto que se han encontrado circulando en los vasos sanguíneos y en la placenta humana”, explicó el investigador del Conicet.

Al respecto, la Food Packaging Forum, una fundación internacional sin fines de lucro con sede en Suiza y que proporciona información sobre productos químicos en todos los materiales de envasado de alimentos y sus impactos en la salud, detalló que los vasos de café forrados de plástico desechables liberan más de 1.000 millones de nanopartículas por litro de agua caliente. También los saquitos plásticos de té liberan más de 14.000 millones de partículas por bolsa durante la preparación.

El impacto de la contaminación por plásticos en el cambio climático

La reducción de plásticos a nivel global permitirá también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y sus consecuencias en el cambio climático. “A priori parece difícil relacionar un producto plástico, como puede ser un envase, con el cambio climático, que tiene que ver con la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, se espera que para 2040 el 20% de este tipo de gases sean provocados por la producción de plásticos a nivel mundial”, explicó Arias.

El científico mencionó la necesidad de “articular con todos los actores de la sociedad y que todos los Estados tomen medidas urgentes de carácter armónico” para avanzar hacia puesta en vigencia de legislaciones e instrumentos de gobernanza global en torno a disminuir la tasa de producción actual, que está en torno a los 400 millones de toneladas anuales y en aumento, rediseñarla bajo conceptos de sostenibilidad y estándares de alta degradabilidad en el ambiente, y aumentar la circularidad en todos los eslabones de la cadena del plástico. “Son necesarios acuerdos globales porque hablamos de mercados y productores que están en múltiples continentes y países. No se puede regular desde un solo país, provincia o municipio”, advirtió.

El Congreso Nacional tiene en estudio un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo, que establece el principio de responsabilidad extendida del productor. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Ambiente y espera ser analizada nuevamente por las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Cámara de Diputados tras no haber sido tratada en el recinto antes de finalizar las sesiones ordinarias de 2021.

El texto del proyecto hace responsables a los fabricantes del impacto ambiental que generan sus productos en la etapa posterior al consumo. Una información publicada semanas atrás en la agencia de noticias Télam destacó que en la Argentina existen cerca de 5.000 basurales a cielo abierto y sitios de disposición final irregulares que se convierten en fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales. Según la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos, en el país se reciclan cerca de 258.000 toneladas anuales de ese material y se estima que la capacidad instalada recicladora de plástico aún presenta un 60% de ociosidad.

En la Argentina rige la Ley de Microplásticos Nº 27.602, que fue sancionada en 2020 y convirtió al país en el primero de Latinoamérica que prohíbe la producción e importación de productos cosméticos y de higiene que contienen micro partículas añadidas, como ser pastas dentales o cremas de limpieza facial.

Argentina, según Arias, tiene en la materia una legislación que sigue a varias de las normas más de avanzada dictadas en Europa, Asia y Norteamérica para reducir la contaminación con plásticos. En varias provincias, por ejemplo, rigen leyes que propician la reducción de elementos de un solo uso, desarrollados a partir de materiales que no son reutilizables y cuya reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y económicas. Entre esos elementos se encuentran botellas, vasos, sorbetes, vajilla, utensilios,hisopos, cotonetes y bolsas. “Puede parecer un pequeño gesto, pero es notable a la escala de kilos por día que suman estos plásticos de un solo uso”, destacó Arias. Además de legislaciones adecuadas, resulta clave que los sistemas de gestión y la deposición de este tipo de residuos funcionen correctamente. “Cuando hablamos de residuos que se encuentran fuera de su circuito de gestión, más del 80% de lo censado en la Argentina corresponde a productos plásticos”, mencionó Arias. La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) difundió en marzo último que cerca del 50% de la basura extraída del cauce principal del río, justamente, fueron plásticos.

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